Intersecciones en Comunicación
LA REGULACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE MAURICIO MACRI EN LA ARGENTINA. Bernadette Califano
Intersecciones en Comunicación 12 (1) 2018 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina
LA REGULACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE MAURICIO MACRI EN LA ARGENTINA
Bernadette Califano. • Investigadora del CONICET / FSOC, Universidad de Buenos Aires / ICEP, Universidad Nacional de Quilmes / CCTS, Universidad Maimónides. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 30/05/18 - Aceptado: 01/06/18
RESUMEN
En este artículo se analizan los cambios regulatorios implementados en materia de comunicación a lo largo del primer año de gobierno de Mauricio Macri en la Argentina (diciembre de 2015 - diciembre de 2016). El trabajo se propone un triple objetivo. En primer lugar, examinar las modificaciones institucionales que se produjeron en el área, en particular en lo referido a la creación de un nuevo ministerio y a la integración del ente regulador. En segundo lugar, evaluar si los cambios normativos buscaron promover efectivamente una convergencia plena entre los sectores del audiovisual (radio y televisión), las telecomunicaciones y las TIC. En tercer lugar, analizar si la política de comunicación del período se ha orientado o no hacia la promoción de la competencia y el fomento de las inversiones. Se concluye que, lejos de impulsar la competencia y la convergencia entre sectores, las medidas promovieron la protección y la consolidación de las grandes empresas que ya gozaban de una posición dominante en el mercado infocomunicacional argentino.
Palabras clave: Políticas de comunicación, Convergencia, Economía Política, Medios de comunicación, TIC.
ABSTRACT
MEDIA REGULATION THROUGHOUT THE FIRST YEAR OF MAURICIO MACRI’S GOVERNMENT IN ARGENTINA. This article analyzes media regulation changes during the first year of Mauricio Macri’s government in Argentina (December 2015 – December 2016). The research follows a triple objective. First, to examine the institutional changes that occurred in the area, particularly with regard to the creation of a new ministry and the integration of the regulatory agency. Secondly, to assess whether the changes sought to promote effectively full convergence between the audiovisual (radio and television), telecommunications and ICT sectors. Third, to analyze whether or not the communication policy of the period has been oriented towards the promotion of competition and investments. It is concluded that, far from promoting competition and convergence between sectors, the measures promoted the protection and consolidation of large companies that already enjoyed a dominant position in the Argentinean info-communication market.
Keywords: Communication policies; Convergence; Political Economy; Media; ICT.
INTRODUCCIÓN
El 10 de diciembre de 2015 asumió la Presidencia de la Nación en la Argentina el ingeniero Mauricio Macri, al frente de una coalición de partidos políticos denominada Cambiemos, luego de derrotar en una segunda vuelta electoral al candidato oficialista del Frente para la Victoria. Si bien la regulación de los medios no era un tema presente en la plataforma electoral de Cambiemos1, algunas declaraciones a la prensa2 permitieron entrever la voluntad del nuevo gobierno de desandar la política de medios llevada adelante durante las sucesivas presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 / 2011-2015).
Al día siguiente de asumir, el primer mandatario comenzó a dictar una serie de decretos que alteraron las regulaciones vigentes en materia de comunicación. En particular, se modificaron las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 (LSCA en adelante) y Argentina Digital N° 27.078, dos normas que habían sido debatidas y aprobadas por el Congreso de la Nación en los años 2009 y 2014, respectivamente. La primera regulaba sobre la comunicación audiovisual (radio y televisión sobre cualquier soporte), mientras que la segunda establecía previsiones sobre el sector de las telecomunicaciones, las tecnologías de información y comunicación (TIC) y sus recursos asociados.
Los fundamentos centrales para justificar los cambios se basaron en la necesidad de actualizar el marco regulatorio vigente en virtud de la superación de las barreras tecnológicas entre las industrias del audiovisual y las telecomunicaciones, en el proceso conocido como “convergencia”. Los decretos declaraban ser el primer paso para abrir el camino hacia una homogeneidad normativa que permitiese favorecer la competencia y promover las inversiones para el desarrollo del sector.
Este trabajo ha sido concebido como parte de una investigación más amplia sobre los desafíos que enfrentan las políticas públicas de comunicación en un contexto de convergencia. El presente artículo focaliza en la situación de la Argentina durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. El recorte se justifica en el hecho de que, como se desarrollará más adelante, desde el día posterior a la asunción presidencial se introdujeron modificaciones sustanciales sobre la regulación del sector infocomunicacional, las que invocaron el argumento de la convergencia tecnológica y transformaron sustancialmente las reglas de juego del sector.
El objetivo de este artículo es triple. En primer lugar, analizar los cambios institucionales que se produjeron durante el primer año de gobierno en el área de comunicación, en particular en lo referido a la creación de un nuevo ministerio y a la integración del ente regulador. En segundo lugar, teniendo en cuenta la definición conceptual de la convergencia tecnológica, estudiar las modificaciones introducidas sobre el marco normativo vigente para evaluar si efectivamente buscaron promover una convergencia plena entre los sectores del audiovisual y las telecomunicaciones. En tercer lugar, examinar si los cambios normativos se orientaron o no hacia los objetivos de promover la competencia y las inversiones en el sector, y de qué modo repercuten sobre la configuración de la estructura de mercado.
El artículo se organiza del siguiente modo. En primer lugar, se desarrolla el marco conceptual de la investigación que focaliza en la noción de políticas de comunicación y en los procesos de convergencia entre las industrias del audiovisual, las telecomunicaciones y las TIC. A continuación, se despliega el análisis a partir de los tres objetivos descritos. Como cierre, se brindan algunas conclusiones.
LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN
EN UN ESCENARIO DE CONVERGENCIA
La noción de políticas de comunicación refiere, en términos generales, al conjunto de principios, objetivos, acciones y normas aplicados por las autoridades para regular diversas aristas vinculadas con el funcionamiento de los medios de comunicación. Dichas regulaciones pueden referirse a la estructura de propiedad de los medios, sus contenidos, sus formas de financiamiento, la configuración de los mercados, las formas de adjudicación de licencias, la infraestructura técnica y los desarrollos tecnológicos, entre otras.
Este trabajo se inscribe dentro de una investigación más amplia que se enmarca en los estudios sobre políticas de comunicación encarados desde la Economía Política de la Comunicación (EPC). En línea con los planteos de la escuela crítica de la EPC (Albornoz, 2011; Becerra y Mastrini, 2017; Birkinbine, Gómez García y Wasko, 2017; Freedman, 2008; Garnham, 1979; McChesney, 2013; Mosco, 2009; Murdock y Golding, 1973; Zallo, 2011; entre otros), se entiende que en la elaboración de las políticas de comunicación inciden desiguales relaciones de poder político y económico que se reproducen a lo largo del tiempo. En este sentido, se trata de un proceso atravesado por el conflicto entre múltiples actores que interactúan en diferentes niveles y recurren a mecanismos formales e informales para tratar de influir sobre la regulación en función de sus intereses (Freedman, 2008; Califano, 2015b).
Estas políticas pueden incidir sobre la configuración de los sistemas de medios y, por consiguiente, sobre la calidad, diversidad y pluralidad de la información disponible para el debate público. En este sentido, son fundamentales para promover y proteger el derecho a la libertad de expresión, controlar los procesos de concentración de la propiedad de los medios, promover la competencia y la circulación de bienes culturales, y regular sobre los avances tecnológicos en función del interés público (Califano, 2016).
Desde sus orígenes en el siglo XIX, cuando aparecieron las primeras regulaciones sobre tecnologías tales como el telégrafo y la telefonía, las políticas de comunicación han atravesado diversas fases y presentado una serie de desafíos (cfr. van Cuilemburg & McQuail, 2003). Históricamente han existido regímenes regulatorios disímiles para medios gráficos, transportadores comunes (common carriers) y radiodifusión, cada uno basado en diferentes principios en función de sus características específicas. Hacia fines de la década de 1960 y principios de 1970, los avances y perfeccionamientos en las tecnologías de información condujeron a la reorganización de las formas de producción en el marco de un nuevo modelo de organización socio-técnico. Esta nueva etapa del capitalismo, signada por la revolución de las tecnologías de información digitales, ha sido objeto de distintas conceptualizaciones, entre las que se hallan la de “sociedad post-industrial” (Bell, 1973), “capitalismo informacional” (Castells, 1995, 2000), “sociedad de la información” (Comisión Europea, 1994), “sociedades de control” (Deleuze, 1999) y “sociedad del conocimiento” (UNESCO, 2005).
Gracias a los procesos de digitalización (es decir, a la transformación de los distintos formatos en código binario), los sectores de las telecomunicaciones y el audiovisual (radiodifusión), que tradicionalmente contaban con patrones de producción, consumo y regulación divergentes, comenzaron a converger. En otras palabras, la digitalización permitió desdibujar las diferencias tradicionales entre estas industrias al habilitar que distintos servicios, aplicaciones y contenidos puedan ser provistos a través de un mismo soporte, afectando también los procesos productivos y los modelos de negocios.
De Sola Pool (1983) acuñó el término “convergencia de modos” para referirse al proceso que tiende a borrar las líneas entre las telecomunicaciones (correo, telégrafo y teléfono) y los medios masivos de comunicación (prensa, radio y televisión). Profetizó tempranamente sobre la posibilidad de que un mismo soporte físico pudiera transportar servicios que en el pasado eran transportados de forma separada, y que un mismo servicio pudiera ser distribuido a través de distintos medios físicos. Según Jenkins (2008), estos desarrollos tecnológicos condujeron a una “cultura de la convergencia”, lo que implica no sólo un cambio en los modos en que circulan los contenidos a través de múltiples plataformas mediáticas sino también en las formas en las que interactúan productores, usuarios y consumidores entre sí. Definiciones más actuales de la convergencia se refieren a este proceso como “la fusión progresiva de los servicios de radiodifusión tradicionales y de internet” (Comisión Europea, 2013: 3).
Algunos autores suelen distinguir entre varios niveles de convergencia, que pueden ser agrupados en tres categorías: tecnológica, económica y regulatoria (Becerra, 2003; Burgelmann, 1995; Bustamante, 2003; Garcia Murillo & MacInnes, 2003; Llorens-Maluquer, 1998; Zallo, 2011). A lo largo de los últimos años se han registrado importantes avances en materia de integración de los distintos soportes de las industrias del audiovisual, las telecomunicaciones y la informática (convergencia tecnológica). Asimismo, se produjeron numerosas fusiones y alianzas entre empresas que comparten recursos y trazan sinergias en la producción y distribución de productos y servicios (convergencia económica, también llamada convergencia de actores o estructural). De este modo, se crearon grandes grupos empresariales con unidades productivas cada vez mayores, capaces de dominar la cadena de valor (integración vertical) o diversificarse más allá de la rama de origen para reducir y compensar riesgos a través de la sinergia (concentración de tipo conglomeral).
Sin embargo, la convergencia tecnológica y económica entre sectores no ha tenido una adecuación paralela en términos regulatorios. A medida que se difuminan las barreras que históricamente separaron a estas industrias, ciertos actores –en particular los vinculados con el sector de las telecomunicaciones– reclaman pasar de una regulación sectorial hacia regulaciones transversales u horizontales, que apuntan a que los mismos servicios estén sometidos a las mismas reglas (Pérez Martínez y Frías Barroso, 2016). Lograr una convergencia regulatoria entre sectores no es una tarea sencilla, puesto que involucra una innumerable cantidad de aristas, no sólo legales sino también sociales, culturales y de configuración de mercados.
En la Argentina, las modificaciones realizadas durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri fueron justificadas en la necesidad de contar con un marco normativo unificado para el audiovisual, las telecomunicaciones y las TIC, que permitiese generar seguridad jurídica para favorecer las inversiones. Aquí se analizan específicamente dichos cambios, para evaluar en qué medida han sido coherentes con la noción de convergencia y con los objetivos que la política pública declara promover.
LOS CAMBIOS EN TÉRMINOS INSTITUCIONALES
Las modificaciones comenzaron al día siguiente de la asunción presidencial, cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 13. Esta norma –que incluyó cambios más amplios en términos de la estructura organizacional del Poder Ejecutivo– creó el Ministerio de Comunicaciones, una cartera nueva para ocuparse de todo lo inherente a las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, los servicios de comunicación audiovisual y los servicios postales. Asimismo, se le concedió la atribución de autoridad de aplicación de las leyes en el área de su competencia. Estas leyes eran –principalmente– la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que regulaba sobre la actividad cultural realizada por los prestadores de radiodifusión televisiva y sonora (independientemente del soporte utilizado, ya sea con o sin suscripción), y la Ley Argentina Digital, que regía para el sector de las telecomunicaciones, las TIC y sus recursos asociados.
Así, se delegó en el Ministerio de Comunicaciones la mayoría de las funciones que hasta entonces cumplían dos organismos descentralizados, autárquicos y con representación federal: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), por un lado, y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), por el otro. En los hechos, ello implicaba modificar por decreto dos leyes votadas por el Congreso de la Nación y subordinar el control de la radiodifusión y las telecomunicaciones al Poder Ejecutivo.
Los entes regulatorios vigentes, AFSCA y AFTIC, habían sido creados en 2009 y 2014, respectivamente, según las leyes 26.522 y 27.078. Estas normas establecían que los directores de los organismos duraban cuatro años en sus cargos, con dos años de diferencia con respecto del mandato del titular del Poder Ejecutivo. Dicha composición derivaba de lo establecido por organismos internacionales en materia de radiodifusión y libertad de expresión, los que sugieren que el mandato de los directores de los entes regulatorios debe desacoplarse de la duración de los cargos de aquellos que los designan, a fin de que sus actuaciones no estén condicionadas políticamente (cfr. CIDH, 2009).
Los directores de AFSCA y AFTIC permanecieron en sus cargos tras el cambio de gobierno en diciembre de 2015, lo que originó cuestionamientos por parte de los nuevos funcionarios, quienes sostuvieron que los directores debían renunciar para permitir al presidente de la Nación elegirlos3.
Algunos días más tarde, dos decretos promulgados con escasa diferencia de tiempo generaron cambios sustanciales con respeto a los entes reguladores del sector. El primero de ellos dispuso la intervención de AFSCA y AFTIC por un plazo de 180 días4. La medida se fundamentaba en una serie de incumplimientos en los que habrían incurrido los organismos. Entre otros, se señalaba que AFSCA contravino los objetivos de “promoción, desconcentración y fomento de la competencia” y la revisión periódica de la LSCA para adecuarla a los cambios tecnológicos. Con respecto a AFTIC, la intervención se justificaba en que el organismo no había desarrollado políticas públicas para revertir la baja calidad del servicio en materia de comunicaciones, ni garantizado satisfactoriamente el acceso a los servicios de comunicaciones en condiciones equitativas para todos los habitantes. Asimismo, se advertía una superposición en las misiones y funciones de ambos entes reguladores.
Si bien algunos de los considerandos sobre los que se apoyaba el decreto tenían un sustento verídico, la intervención apuntaba a remover a los directores de sus cargos sorteando las formas de remoción previstas por ley. En este sentido, la medida recibió críticas por parte de organismos de derechos humanos, asociaciones de periodistas, universidades, redes de carreras de comunicación y medios comunitarios5 por tratarse de una disposición política que “avanzó en forma ilegítima” sobre facultades que la Constitución otorga en forma exclusiva al Congreso de la Nación, y por entrar “en contradicción con los estándares del sistema interamericano en materia de libertad de expresión, que exigen que cualquier regulación en esta materia esté expresamente definida en una ley” (CELS, 2015).
Al colocar bajo control directo del Poder Ejecutivo a los entes reguladores del audiovisual y las telecomunicaciones, el decreto avanzó sobre el carácter federal y autónomo de los organismos, evocando la extendida intervención del ex Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) a lo largo de 26 años6.
A los pocos días, por medio de la promulgación de un decreto de necesidad y urgencia7, la intervención prevista por un lapso de seis meses llegó a su fin. El DNU 2678 dispuso la creación de un nuevo organismo para fusionar ambos entes reguladores (AFSCA y AFTIC): el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). Esta medida –la más relevante del primer año de la política de comunicación del gobierno de Macri– introdujo asimismo modificaciones medulares sobre aspectos clave de la LSCA y la Ley Argentina Digital. En este apartado nos interesa analizar los cambios relativos a la dimensión institucional, pero más adelante examinaremos los que se refieren a las dimensiones tecnológica y económica.
En términos institucionales, el ENaCom, dependiente del Ministerio de Comunicaciones, absorbió las funciones de autoridad de aplicación de las leyes que regían para el sector audiovisual, por un lado, y para las telecomunicaciones y las TIC, por el otro. Se creó así un mega-organismo para actuar en un entorno de convergencia tecnológica. El decreto se justificó en la necesidad de contar con una “homogeneidad normativa”, cuyo primer paso sería la creación de “un ente único de control de todo el sistema, pues la existencia de dos o más controlantes (…) puede generar una dispersión de criterios en su aplicación, produciendo así no sólo ineficiencias y distorsiones sino también inseguridad jurídica”9. En otras palabras, el gobierno consideró que el primer movimiento hacia una convergencia regulatoria era la creación de un ente de control unificado, en lugar de lograr primero una unificación normativa y luego, en una segunda instancia, examinar la posibilidad de cooperación entre los reguladores existentes o la necesidad de crear un nuevo organismo.
Con relación a la composición de ENaCom, el decreto dispuso que su directorio se integraría con siete miembros, de los cuales cinco representarían al partido político oficialista. Ello se debe a que el Poder Ejecutivo puede elegir directamente al presidente y a tres de los directores, y designar a los tres restantes propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y las TIC. Estos últimos deben representar a la primera, segunda y tercera minoría parlamentaria, por lo cual uno de ellos pertenece al partido gobernante. Los directores tienen mandato por cuatro años, no se les exige ningún tipo de idoneidad ni conocimientos específicos sobre la materia, pueden ser reelegidos por un solo período y removidos en cualquier momento en forma directa y sin expresión de causa. Además, las decisiones se toman por mayoría simple, en caso de empate el presidente tiene doble voto, y el quórum para sesionar es de cuatro directores, uno de los cuales puede ser el presidente.
En otras palabras, se creó un ente gubernamental para el control de las comunicaciones cuyos directores no poseen independencia ni estabilidad en sus cargos, y pueden ser removidos sin el debido proceso ni derecho a defensa. Esto canceló lo establecido por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, que señalaban que los directores sólo podían ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño en sus funciones, o por incompatibilidades previstas en la ley de ética pública. Además, su remoción debía ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal, garantizando su derecho a defensa. También se eliminaron los requisitos de idoneidad, la obligatoriedad de publicar los antecedentes curriculares de los candidatos antes de ser designados, y la representación federal y de universidades nacionales10.
Otra de las modificaciones en términos institucionales fue la creación del Consejo Federal de Comunicaciones (CoFeCo) para unificar los consejos federales asesores establecidos por las leyes 26.522 y 27.078 respectivamente: el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Estos organismos tenían en su diseño institucional un carácter plural, con representación de las distintas provincias, de asociaciones de prestadores privados (con y sin fines de lucro), de usuarios y consumidores, universidades nacionales y sindicatos, entre otros. El primero contaba con 38 representantes y el segundo, con 34.
El nuevo CoFeCo intentó unificar los anteriores con una inevitable pérdida de representatividad: de 72 integrantes totales se redujo a 32. Desaparecieron así actores de universidades nacionales con carreras de comunicación, emisoras universitarias, distintas entidades sindicales y sociedades gestoras de derechos, y se redujo sustancialmente la cantidad de entidades privadas con y sin fines de lucro específicas por sector. Sus atribuciones también fueron disminuidas, ya no puede proponer representantes para el organismo regulador ni para el directorio de los medios públicos, pues sólo posee funciones de asesoramiento en el diseño de la política pública. El consejo comenzó a funcionar formalmente en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones en agosto de 201611 pero recién se constituyó el 30 de noviembre de aquel año, cuando se realizó la primera reunión en el Salón de los Pueblos de Originarios de la Casa Rosada12.
Por medio del DNU 267 se transfirieron además una serie de programas y empresas a la órbita del Ministerio de Comunicaciones: el Programa Argentina Conectada; la empresa Argentina Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT), que incluye sus satélites, la red federal de fibra óptica y la operación de la Televisión Digital Abierta; y el Correo Oficial.Estosproyectos estuvieron hasta 2015 bajo la órbita de AFTIC, organismo que ya había recibido críticas por este motivo, pues ello lo convertía no sólo en regulador sino también en operador a través de ARSAT, con el control de la mayor infraestructura estatal de telecomunicaciones del país. A partir de las modificaciones, el Ministerio de Comunicaciones pasó a tener competencias de administrador, regulador, controlante y operador.
Por último, el decreto dispuso la creación de una comisión encargada de elaborar, a partir de marzo de 2016 y en un plazo de seis meses, un proyecto de ley para unificar las normas existentes en materia de audiovisual y telecomunicaciones. A partir de allí la comisión convocó a una serie de audiencias y debates académicos para discutir sobre el tema. Sin embargo, en ningún momento a lo largo del año se difundió ni siquiera un borrador de anteproyecto de ley sobre la base del cual debatir o realizar aportes. Una vez finalizado el lapso previsto, el funcionamiento de la comisión fue prorrogado por sucesivos plazos de 180 días.
LOS CAMBIOS A LA LUZ DE LA CONVERGENCIA TECNOLÓGICA
La evolución en materia de tecnologías digitales ha permitido que distintos servicios puedan ser brindados a través de una misma red y consumidos sobre un mismo dispositivo, habilitando la convergencia tecnológica. Así, diversas compañías comenzaron a empaquetar servicios de banda ancha, televisión y telefonía, y a comercializar prestaciones conocidas como de “triple” y “cuádruple play”.
Las empresas de telecomunicaciones reclaman desde hace tiempo el pasaje de una regulación sectorial a una horizontal, con normas que contemplen los servicios brindados independientemente del modo en que sean provistos (Pérez Martínez y Frías Barroso, 2016). Su argumento central es que las firmas de este sector se encuentran sujetas a una gran cantidad de regulaciones que no alcanzan a quienes han comenzado a brindar servicios a partir del tendido de sus redes, y que existen desigualdades en el tratamiento de los distintos actores del mercado, en particular con relación a las obligaciones de inversión y a las condiciones de uso del espectro radioeléctrico. En este sentido, el DNU 267/15 recoge parcialmente el reclamo de este sector en sus considerandos:
A medida que en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión se van eliminando las barreras tecnológicas que originalmente los separaban, entra en crisis el régimen de regulación económica “sectorial” preexistente, es decir, con regulaciones y reguladores separados para las empresas de medios, por un lado, y para las telecomunicaciones, por el otro (Decreto N°267/15).
Sin embargo, en su parte dispositiva, el decreto da marcha atrás con la regulación de la Ley Argentina Digital que permitía a las empresas de telecomunicaciones brindar servicios de televisión por cable. Concretamente, introduce un período de aplazamiento para autorizar a los operadores del servicio básico telefónico y de telefonía móvil a ofrecer servicios de TV paga, quienes podrán hacerlo recién a partir de enero de 2018, con la posibilidad de extender por un año más el plazo a juicio del ente regulador.
Esta decisión, junto con la limitación para que las operadoras de TV satelital brinden servicios de internet, fue calificada fue como un “retroceso” para la convergencia tecnológica por parte de algunas empresas de telecomunicaciones. En este sentido, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones señaló que “ambas disposiciones son contrarias a lo que se espera de un entorno de convergencia y por tanto deberían resolverse a la brevedad para que el marco normativo pueda avanzar en sintonía con los principios establecidos” (ASIET, 2016a).
Recién un año después, en diciembre de 2016, un nuevo decreto13 pretendió corregir este punto, al precisar que estas compañías podrán ofrecer servicios radiodifusión por vínculo físico o radioeléctrico a partir de enero de 2018, pero sólo en ciertas regiones específicas de la Argentina: Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santa Fe. En el resto del país deberán contar con una autorización del ENaCom a fin de proteger aquellas localidades de menos de 80.000 habitantes, donde el servicio sea prestado únicamente por cooperativas o pequeñas y medianas empresas. En otras palabras, el decreto eliminó la posibilidad de que el organismo regulador extienda el plazo por un año más, y modificó la limitación legal que tenían las empresas satelitales –en particular Direct TV (AT&T)– para brindar servicios de internet14.
Días antes de que se conociera públicamente el Decreto 1340/1615, las empresas de telecomunicaciones volvieron a criticar el proceder del gobierno argumentando que, contrariamente a los objetivos declarados de corregir la política sectorial, se estaban realizando modificaciones que “preservarían las asimetrías existentes, y favorecerían abiertamente a determinados actores en desmedro de otros” (ASIET, 2016b).
Los actores que se vieron particularmente favorecidos para la prestación de servicios convergentes fueron las operadoras de televisión por cable. Estos prestadores pasaron a estar comprendidos dentro del marco normativo de las TIC y las telecomunicaciones (es decir, bajo la Ley Argentina Digital), según las modificaciones del DNU 267/15. Esto implica que con una única licencia pueden prestar servicios en todas las localidades del territorio nacional y que no resultan aplicables para ellos los límites establecidos en la ley audiovisual: el máximo de 24 licencias en todo el país, el tope del 35% del mercado, las obligaciones de cuotas de programación nacional y local, la obligación de emitir una señal propia, o los límites para publicidad, entre otros16. Dicho de otro modo, la televisión por cable pasó a ser considerada un mero transporte, sin tener en cuenta las especificidades del sector audiovisual. Ello va de la mano con la anulación de exigencias en materia de producción audiovisual nacional y propia. Así, las modificaciones desestimaron regulaciones que, tanto a nivel nacional como internacional, sostienen que los medios de comunicación deben promover la diversidad cultural, el acceso y la participación, y los derechos en materia de información y comunicación en las comunidades en las que se instalen.
La medida favoreció en particular al Grupo Clarín, que con su compañía Cablevisión y sus 237 licencias en todo el país superaba ampliamente los límites establecidos por la ley audiovisual, y a otras como Supercanal (Grupo América) y Telecentro (del empresario Alberto Pierri) legalmente habilitados para brindar servicios de telefonía y datos sin necesidad de tramitar nuevas licencias.
LOS CAMBIOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIA Y DE CONCENTRACIÓN DE MERCADO
Entre los principales objetivos del gobierno para introducir modificaciones sobre el marco normativo en materia de audiovisual y telecomunicaciones se hallaban los de promover la competencia y generar “condiciones de seguridad jurídica necesarias para fomentar la realización de nuevas inversiones” (DNU 267/15).
No obstante, como señala Fontanals (2016), la conformación de un organismo regulador totalmente dependiente del Poder Ejecutivo “resulta muy poco proclive a la ‘seguridad jurídica’ de los actores interesados y a la promoción de programaciones de largo plazo, en un sector que se caracteriza por altos costos hundidos que recién maduran en el tiempo”. Además, en la Argentina no hay un organismo de defensa de la competencia autónomo para tomar decisiones relativas a situaciones de concentración económica, distorsiones de mercado y abusos de posición dominante.
El mercado infocomunicacional argentino exhibe altos índices de concentración por parte de los cuatro primeros operadores en los diferentes sectores (Becerra y Mastrini, 2017). En el caso de la televisión paga, con un nivel de penetración del 63% de los hogares (ATVC, 2016)17, dos empresas dominan el mercado: Cablevisión, del Grupo Clarín, con el 39% de participación, seguido por Direct TV (AT&T) con el 30%. En el caso de las telecomunicaciones, si tomamos a la telefonía fija, la empresa Telefónica concentra el 45% del mercado, seguida por Telecom con el 39%. Con relación a la telefonía móvil, tres operadores reúnen el 98% del mercado: Claro (34%), Telefónica (33%) y Telecom (31%). En el caso de la banda ancha fija, las mismas empresas son las dominantes: Cablevisión (31%), Telefónica (26%) y Telecom (24%) (Carrier, 2017).
Sobre la base de una estructura de mercado muy concentrada, la política de comunicación del gobierno de Macri ha tendido a relajar aún más los límites a la concentración económica. Así, el DNU 267/15 eliminó la mayoría de los obstáculos dispuestos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para limitar la concentración de la propiedad de los medios, a saber:
a) Se ampliaron los límites de licencias permitidos para un mismo prestador: aumentó de 10 a 15 la cantidad de licencias para televisión abierta y radio AM/FM en todo el país, y de tres a cuatro dentro de una misma área de cobertura. Se mantuvo el límite de una licencia sobre soporte satelital, lo que impide ser titular de cualquier otro tipo de licencias.
b) Se flexibilizaron todos los plazos: cualquier licenciatario pudo solicitar al ENaCom hasta el 31 de diciembre de 2016 una prórroga excepcional para sus licencias por un plazo de 10 años, a considerarse como un primer período con derecho a prórroga automática por cinco años más. Los plazos regulares pasaron a ser de 10 años, con una prórroga automática por otros cinco, más la posibilidad de extenderse por otros 10 años por decisión de ENaCom. De este modo, se establecieron prórrogas casi indefinidas, sin necesidad de pasar por audiencias públicas para ello.
c) Se facilitó la transferencia de licencias entre empresas: la LSCA sólo habilitaba parcialmente las transferencias luego de transcurridos cinco años y con autorización de la autoridad regulatoria. Los cambios permiten transferir licencias entre licenciatarios con fines de lucro, con aprobación del ENaCom. No obstante, en caso de que el organismo no las rechace expresamente, se entienden por aprobadas de forma tácita a los 90 días. Por el contrario, se prohibieron expresamente las transferencias entre prestadores no comerciales.
d) Se incrementó el porcentaje de retransmisiones permitidas para conformar cadenas privadas de radio y televisión en las ciudades más pequeñas del país.
e) Se derogaron artículos clave sobre prácticas de concentración indebida, el abono social para la televisión paga y la obligatoriedad de que los licenciatarios tengan por objeto social único la prestación de servicios de comunicación audiovisual, entre otros.
El mismo decreto dio marcha atrás con varias de las disposiciones de la Ley Argentina Digital que apuntaban a fomentar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y, en particular, a proteger a los actores más pequeños. Así, las modificaciones se orientaron a:
a) Facilitar la transferencia de licencias, las que –al igual que en el caso audiovisual– se considerarán aprobadas tácitamente si el ENaCom no las rechaza expresamente en 90 días.
b) Derogar medidas regulatorias asimétricas, tales como el establecimiento de zonas de promoción donde los licenciatarios de servicios de TIC con poder significativo de mercado no puedan prestar servicios por plazos limitados.
c) Eliminar previsiones sobre el resguardo de redes comunitarias y sobre el establecimiento de incentivos para el despliegue de infraestructura regional que permitan el fortalecimiento de los actores locales.
d) Derogar el carácter de “servicio público en competencia” para el uso y acceso a las redes para y entre licenciatarios. Ello se refiere a la disposición de la Ley Argentina Digital que permitía al Estado regular el precio al que los grandes operadores alquilan el tendido de red conocido como “bucle local” o “última milla” a los actores más pequeños, a fin de mejorar las condiciones de competencia y la calidad de los servicios recibidos por los usuarios.
Por último, hacia el final del primer año del gobierno de Macri se estableció directamente el bloqueo de la competencia en el tramo final de la comercialización de servicios de banda ancha. El decreto N°1340, firmado el 30 de diciembre de 2016, fijó en 15 años la protección para los licenciatarios de servicios de TIC que desplieguen redes fijas de última milla para banda ancha, modificando parcialmente lo dispuesto por la Ley Argentina Digital sobre la desagregación de la red local. Esto implica, en palabras de Becerra (2017), un “proteccionismo convergente” sobre los operadores que construyan nuevas redes de conexión al hogar, por un plazo inédito en el mundo.
No obstante, se brindaron lineamientos generales de promoción de la competencia para las disposiciones que en adelante se dicten sobre el uso del espectro radioeléctrico. En este caso, contrariamente a la protección de redes de última milla, el decreto promueve la apertura del espectro. Sin embargo, lo hace para actores que ya son dominantes en ese y otros mercados. Concretamente, establece que el ente regulador deberá llamar a concurso para asignar nuevas bandas de frecuencias para servicios de comunicaciones móviles en un plazo de seis meses, y lo habilita a “reatribuir” frecuencias. Se trata del proceso conocido como “refarming” que permite que determinadas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, atribuidas previamente a otros usos y asignadas a prestadores audiovisuales o de servicios TIC, puedan ser reutilizadas para la prestación de servicios móviles o fijos inalámbricos.
En los hechos, esto beneficia al Grupo Clarín pues lo habilita para ingresar al negocio de la telefonía móvil. El multimedios –a través de su operadora de TV paga Cablevisión– adquirió la empresa Nextel en septiembre de 2015. En tanto Nextel no poseía frecuencias para brindar servicios de 3G y 4G, en junio de 2016 anunció la compra de las firmas Trixco S.A., Skyonline Argentina S.A., Netizen S.A., Infotel S.A. y Callbi S.A. Así, obtuvo una serie de frecuencias en las bandas de 2,5 GHz y de 900 MHz, y a continuación solicitó el cambio de atribución para brindar servicios de valor agregado. Con este decreto, ENaCom puede reatribuir esas frecuencias para servicios de telefonía móvil.
El decreto 1340/16 también estableció ciertos principios a seguir en materia de interconexión para redes móviles. Entre ellos se encuentran las tarifas asimétricas de interconexión para servicios móviles, desde su puesta en marcha y por un plazo de 3 años.
En síntesis, las modificaciones analizadas tienden a fomentar la concentración y no la competencia en el sector, puesto que benefician y protegen a los grandes grupos de comunicación que hoy operan en la Argentina. Las facilidades para la transferencia de licencias permiten a los principales operadores adquirir pequeñas y medianas empresas de TV por cable y de provisión de servicios de conectividad en el interior. La flexibilización de los plazos y las nuevas prórrogas, que omiten todo tipo de control ciudadano, obturan la posibilidad de ampliar espacios para nuevas voces y/o llamar a nuevos concursos de licencias. Las disposiciones en materia de espectro radioeléctrico e interconexión avanzan en el mismo sentido de consolidar la estructura de mercado preexistente.
CONCLUSIONES
Luego del recorrido trazado en este artículo podemos sintetizar en qué medida los cambios regulatorios realizados en materia de comunicación a lo largo del primer año de gobierno de Macri se encuentran en línea con los objetivos que la política de comunicación declara perseguir: lograr una convergencia plena entre el sector audiovisual, de telecomunicaciones y TIC, brindar seguridad jurídica para promover las inversiones, y fomentar de la competencia en el sector.
En términos institucionales, las principales modificaciones condujeron a la creación de un nuevo ministerio y del Ente Nacional de Comunicaciones, un organismo totalmente dependiente del Poder Ejecutivo. Ello contradice los estándares internacionales en materia libertad de expresión, que establecen que los entes reguladores deben ser órganos colegiados, autónomos, independientes, con regímenes estrictos de incompatibilidades, protegidos de cualquier tipo de injerencia política y comercial (cfr. CIDH, 2009; “Declaración Conjunta: Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo”, 2001). Cabe señalar que merece un trabajo aparte el análisis de los conflictos de intereses e incompatibilidades de los funcionarios designados para ocupar el directorio de ENaCom, puesto que varios de ellos han estado vinculados con el sector privado de medios de comunicación que ahora deben regular.
De mismo modo, la creación de un ente de control gubernamental va en contra de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina en el año 2013, en la causa llevada adelante por el Grupo Clarín por la constitucionalidad de ciertos artículos de la ley audiovisual. En aquella oportunidad, el máximo tribunal de justicia advirtió que el ente regulador debe ser “un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión” (CSJN, 2013). Asimismo, la creación de un organismo con estas características obstaculiza los objetivos que la política de comunicación del gobierno dice promover (seguridad jurídica para incentivar las inversiones y el desarrollo del sector), debido a que toda decisión puede ser tomada y modificada discrecionalmente por el gobierno, sin ningún tipo de contrapesos institucionales.
Si tenemos en cuenta la definición e implicancias de la convergencia tecnológica, los cambios normativos que se realizaron en este período suponen una marcha atrás para la prestación de servicios convergentes, puesto que derogaron lo establecido por la Ley Argentina Digital que habilitaba a las empresas licenciatarias de telecomunicaciones y TIC a brindar servicios audiovisuales. Las modificaciones introdujeron un período de aplazamiento para que los operadores del servicio básico telefónico y de telefonía móvil puedan ofrecer servicios de TV paga, y no apuntaron hacia una regulación horizontal (por servicio), como reclamaban las empresas de telecomunicaciones. Las nuevas reglas favorecen particularmente a las empresas de televisión por cable, las que pasaron a estar comprendidas dentro del marco normativo de las TIC, por lo que ya no deben cumplir con la mayoría de las disposiciones específicas de la ley audiovisual. Por otra parte, el análisis revela una falta de planificación del gobierno en materia de políticas de comunicación, debido a la cantidad de parches regulatorios dictados para corregir errores o imprecisiones de los mismos decretos promulgados apresuradamente por el Ejecutivo.
Finalmente, con una estructura de mercado muy concentrada, donde tres o cuatro firmas dominan en cada uno de los sectores infocomunicacionales, la política de comunicación del gobierno apuntó a relajar los límites a la concentración económica, ampliando los plazos de licencias, facilitando su transferencia entre privados y derogando medidas regulatorias asimétricas. El objetivo de fomento a la competencia se reveló falaz, mientras se implementaron disposiciones proteccionistas –y de cierta apertura en el caso del espectro radioeléctrico– que favorecieron a los actores ya existentes. Estas modificaciones no respetan tampoco la jurisprudencia argentina en la materia, puesto que derogaron específicamente ciertos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que la Corte Suprema había declarado constitucionales en 2013 (CSJN, 2013).
En síntesis, la regulación de la comunicación a lo largo del primer año de gobierno de Macri se ha caracterizado por modificar, por la vía de decretos –es decir, por decisión unilateral del Poder Ejecutivo, sin consenso ni debate público– las normativas vigentes para el sector, con la promesa de lograr una regulación convergente. Las medidas tomadas fueron inconsistentes con los objetivos que la política pública declaraba perseguir, puesto que, lejos de impulsar la competencia y la convergencia entre sectores, promovieron la protección y la consolidación de las grandes empresas que ya gozaban de una posición dominante en el mercado infocomunicacional argentino.
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NOTAS
1.- La plataforma electoral contenía tres grandes propuestas que intentarían luego ser articuladas discursivamente y de manera retrospectiva con la política llevada adelante en el área de comunicaciones: a) “pobreza cero”, con compromisos educativos, laborales, de protección social, y de inversión en ciencia y tecnología; b) “terminar con el narcotráfico”, desagregada en iniciativas vinculadas con la prevención en el consumo de estupefacientes y con la reorganización de las fuerzas de seguridad; y c) “unir a los argentinos”, la más abstracta de las propuestas que agrupaba un conjunto de reformas relacionadas con las elecciones (por ejemplo, la introducción de la boleta única electrónica) y con la reconfiguración del poder judicial. Disponible en http://cambiemos.com/propuestas (Consulta: 25/11/2017).
2.- Mauricio Macri había criticado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el marco de algunos actos de campaña, señalando que podría llegar a modificarla “para tener una ley que respete los desafíos del siglo XXI, mayor acceso a la información, mayor libertad de expresión e incluya internet” (citado en Califano, 2015a).
3.- El entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, sostuvo ante la prensa: “Una ley del Congreso no puede limitar las capacidades que tiene el presidente de nombrar y remover a los funcionarios públicos (…). Así como el Congreso no se puede meter con las atribuciones del presidente, el presidente no se puede meter con las atribuciones del Congreso.” (“Aguad: ‘La Ley de Medios no subsistirá en nuestro gobierno’”. Entrevista de Pablo Rossi, Cadena 3, 13/12/2015. Disponible en http://www.cadena3.com/contenido/2015/12/13/Aguad-La-Ley-de-Medios-no-subsistira-en-nuestro-Gobierno-155677.asp Consulta: 27/11/2017).
4.- Decreto N° 236/2015 (B.O. 23/12/2015).
5.- Entre ellos se encontraban el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Red de Carreras de Comunicación Social (RedCom) y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
6.- Los gobiernos que se sucedieron en la Argentina entre 1983 y 2007 nunca accedieron a modificar el artículo de la Ley de Radiodifusión de la Dictadura que preveía la integración del organismo por miembros de las Fuerzas Armadas. Por tal motivo, desde el retorno al régimen constitucional en 1983, el COMFER fue sucesivamente intervenido por distintos gobiernos hasta el año 2009, con la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que dispuso la creación de un nuevo organismo.
7.- El dictado de decretos por motivos de necesidad y urgencia se encuentra contemplado dentro de las facultades que la Constitución Nacional le concede al Poder Ejecutivo en la Argentina. No obstante, el texto constitucional indica que estos sólo deberían dictarse cuando motivos de fuerza mayor impidiesen la reunión de las cámaras legislativas para seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes.
8.- Decreto N°267/15 (B.O. 4/01/2016).
9.- Decreto N°267/15 (B.O. 4/01/2016).
10.- Según la LSCA, uno de los dos directores propuestos para el directorio de AFSCA por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual debía ser obligatoriamente un académico representante de facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales.
11.- Decreto N° 916/2016 (B.O. 5/08/2016).
12.- Según la información de prensa divulgada por ENaCom, estuvieron presentes representantes gubernamentales de todas las provincias, el Sindicato de los Trabajadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CePETel), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Confederación Sindical de Trabajadores de Medios de Comunicación Social (COSITMECOS), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA).
13.- Decreto N°1340 (B.O. 2/01/2017).
14.- Concretamente, el DNU 267/15 discriminaba a los proveedores de televisión por suscripción satelital (a diferencia de los proveedores de TV por cable), quienes seguirían regidos por las reglas establecidas en la LSCA. Un año después, el artículo 5° del Decreto N° 1340/16 estableció que “los titulares de licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Licencias de Radiodifusión por Suscripción Mediante Vínculo Satelital que al 29 de diciembre de 2015 prestaran simultáneamente esos servicios, incluyendo sus sociedades controlantes, controladas, vinculadas y sujetas a control común, podrán mantener la titularidad de ambos tipos de licencias”.
15.- Esto revela, además, que todas las medidas implementadas por el gobierno de Macri contaron con un conocimiento previo por parte de las empresas del sector, ya que en numerosas oportunidades sus críticas –como en este caso– aparecieron antes de que los decretos se conocieran públicamente. Lo mismo ocurrió con las empresas de medios de comunicación, que publicaron el detalle de decisiones regulatorias con antelación a su publicación en el Boletín Oficial.
16.- Cabe hacer una salvedad con respecto a las reglas de “must carry”, es decir, las obligaciones que poseen los sistemas de televisión paga de incluir dentro de sus señales a los canales de televisión locales. Estas reglas fueron eliminadas con el DNU 267/15 y, con posterioridad, restauradas por medio de la Resolución N°1394 (B.O. 22/04/2016).
17.- Estas cifras se elevan al 83% si se tienen en cuenta sólo las principales ciudades del país, con mediciones en Capital y Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba y Gran Mendoza, sobre el total de hogares con TV (LAMAC, 2015).
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#2X1: DIÁLOGOS AL COSTADO DE LA GRIETA Natalia Aruguete
Intersecciones en Comunicación 12 (1) 2018 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina
#2X1: DIÁLOGOS AL COSTADO DE LA GRIETA
Natalia Aruguete: • Conicet / Icep-UNQ. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 02/05/18 - Aceptado: 28/05/18
URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2313
RESUMEN
El objetivo de este artículo es analizar el diálogo político en la red #2x1 en Twitter, que generó un intenso debate virtual con la conformación de narrativas diversas —según la región de la red habitada por los usuarios virtuales— que pugnaron por instalarse como encuadres densos y legítimos al interior de las comunidades en las que circularon fluidamente. El caso estudiado aquí aporta singularidades que lo distinguen de hallazgos previos (Aruguete y Calvo, 2017, 2018; Calvo, 2015) por cuanto pone en discusión los conceptos “burbujas de filtro” (Parisier, 2017) y “cámara de eco” (Barberá, Jost, Nagler, Tucker y Bonneau, 2015; Calvo, 2015) como factores explicativos excluyentes de la conformación de comunidades virtuales, al tiempo que invita a explorar la teoría de la “Propiedad sobre los temas” (IssueOwnership) como una nueva arista desde la cual analizar fenómenos de este tipo.
PalabrasClaves:#2x1 – redes sociales – Propiedad sobre los temas – Framing – Derechos Humanos
ABSTRACT
#2x1:Beyondthepoliticaldivide. Theobjectiveofthisarticleistoanalyzethepoliticaldialogueinthe#2x1networkonTwitter,whichgeneratedanintensevirtualdebatewiththeconformationofdiversenarratives—accordingtotheregionofthenetworkinhabitedbyvirtualusers—thatstruggledtoinstallthemselvesasdenseandlegitimatedframeswithinthecommunitiesinwhichtheycirculatedfluidly.Thecasestudiedherebringssingularitiesthatdistinguish it from previous findings (Aruguete y Calvo, 2017, 2018; Calvo, 2015) because it puts into discussion the concepts “filter bubbles” (Parisier, 2017) and “echo chamber” (Barberá, Jost, Nagler, Tucker y Bonneau, 2015; Calvo, 2015) as explanatory factors excluding the formation of virtual communities, while inviting us to explore the theory of “Issue Ownership” as a new edge from which to analyze phenomena of this type.
Keyword:#2x1 – social networks – Issue Ownership – Framing– Human rights.
INTRODUCCIÓN
Dice una máxima de la comunicación política que las candidatas y los candidatos de distintos partidos deben hablar con sus votantes y nunca entre ellos. Antes de debatir con otro político, un candidato que está en desventaja en un tema particular debería rápidamente cambiar el eje de la discusión y dirigir la atención del oyente hacia temas en los cuales pueda ganar votos. Llevada al escenario político argentino, esta máxima se expresaría en los siguientes términos: un dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) no debe hablar sobre Economía, uno del PRO —partido político que se constituyó en el núcleo duro de la Alianza Cambiemos que ganó las elecciones nacionales en Argentina en 2015— tiene que evitar temas de equidad social y un político del Frente Para la Victoria (FPV), cuyos principales representantes han sido el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y actual senadora (2017-2021), esquivar asuntos de seguridad ciudadana y policía. Luego de exclamar “¡Esa es una excelente pregunta!”, cada político debería hablar por encima de sus colegas y responder la misma pregunta cantando el estribillo de su propia canción.
Aveces,sinembargo,esimposiblenohablardeciertostemas.Enuncontextodeprofundacrisiseconómica,elexpresidenteFernandoDeLaRúa(1999-2001)difícilmente evitaba tematizar sobre economía. Ibarra no consiguió esquivar el caso Cromañon y el gobierno de Cambiemos no encontró la forma de soslayar la discusión surgida a partir de la aplicación del beneficio del cómputo de 2x1 para el represor Luis Muiña por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el 3 de mayo del año 2017. En tales momentos, todos los argumentos se desdibujan y un aparente consenso, una semblanza de diálogo, emerge al costado de la grieta. Las burbujas en las redes sociales pierden algo de su habitual consistencia y los debates familiares durante la cena, pese al malestar imperante, pueden durar hasta el postre o el cafecito. Las acusaciones cruzadas de cinismo político o falta de honestidad remplazan el debate duro entre posiciones encontradas.
En no pocas ocasiones —#NiUnaMenos, #Ayotzinapa, #Tarifazo, #BlackLivesMatter e #ImpeachDilma—, las redes sociales muestran su capacidad para traccionar nuevos temas en las agendas políticas, coordinar actos de desobediencia y movilizar a actores sociales y políticos. El fallo supremo del 2x1 que favoreció al represor Luis Muiña en mayo de 2017 desató el repudio de una parte importante de la sociedad argentina que vio amenazado un derecho adquirido, constitutivo de la espina dorsal de la democracia argentina. Aquella desaprobación cristalizó en la marcha del “NoAl2x1” —convocada inicialmente por organismos de DDHH y colectivos sociales a través de los medios sociales—, que contó con una creciente cobertura de los medios tradicionales forzados a la cautela en la definición de sus encuadres noticiosos a partir del crecimiento exponencial del debate público, y tuvo un significativo impacto en la agenda político-institucional: inmediatamente después de aquella gran movilización, el Congreso argentino aprobó una ley según la cual ese cálculo no podría aplicarse a delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio o crímenes de guerra. Casi un año después, la Corte Suprema firmó un fallo por medio del cual modificó su propia decisión al revertir el beneficio del 2x1 para represores.
El objetivo de este trabajo es analizar el diálogo político que tuvo lugar en la red #2x1 en Twitter. Además de convocar a masivas movilizaciones en distintas ciudades del país, celebradas el 10 de mayo de 2017, dicha interacción generó un intenso debate virtual con la conformación de narrativas diversas —según la región de la red habitada por los moradores virtuales— que pugnaron por instalarse como marcos densos y legítimos al interior de las comunidades en las que circularon fluidamente.
Este artículo combina la revisión teórica con el trabajo empírico aplicado al caso estudiado respecto de dos ejes fundamentales. Por un lado, se describe la dinámica que caracteriza a las interacciones en la red a partir de la decisión de los usuarios de aceptar y propagar contenidos con los cuales tienen afinidad cognitiva. Por otro, se identifican los encuadres que forjan las comunidades de usuarios definidas a ambos lados de la grieta así como la consistencia argumentativa que adquieren tales frames. La red #2x1 aporta singularidades que la distinguen de hallazgos previos e invitan a poner en discusión los conceptos “burbujas de filtro” (Parisier, 2017) y “cámara de eco” (Barberá, Jost, Nagler, Tucker, & Bonneau, 2015; Calvo, 2015) como factores explicativos excluyentes de la conformación de comunidades virtuales, al tiempo que invita a explorar la teoría de la “Propiedad sobre los temas” (issueownership) como una nueva arista desde la cual poder analizar este fenómeno.
#2x1¿POLARIZACIÓNOCONSENSO?
La dinámica en las redes sociales suele polarizarse y, por ende, decantar en comunidades virtuales que construyen una agenda consistente con las aceptaciones de sus miembros, que evitan interactuar con los usuarios ubicados del otro lado de la trinchera (Barberá et al., 2015). Al interior de estos barrios virtuales, el diálogo es conducido por la atención y la percepción selectivas de los usuarios que se acercan a información en la medida en que esta confirma sus creencias y sus valores previos. La atención selectiva es resultado de la disonancia o congruencia cognitiva de los usuarios (Bizer, Tormala, Rucker y Petty, 2006; Del Vicario, Bessi, Zollo, Petroni, Scala, Caldarelli y Quattrociocchi, 2016).
La red #2x1 se distingue de otras crisis políticas que hayan movilizado a un sector importante de la población. #Tarifazo (Aruguete y Calvo, 2017, 2018) y #Nisman (Calvo, 2015) se encontraban claramente polarizadas, con dos comunidades primarias —denominadas “comunidad de oposición” y “comunidad de gobierno”— que concentraban la mayoría de los usuarios y no dialogaban entre sí. En #2x1, en cambio, la polarización no es tan clara.
El 3 de mayo de 2017, la Corte Suprema, por mayoría, declaró aplicable la Ley N° 24.390, conocida como “2x1”. La mayoría constituida por los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, declaró aplicable la reducción de los años de prisión según el cómputo del 2x1 a Luis Muiña. Por su parte, los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda advirtieron que dicha reducción no era aplicable a los delitos de lesa humanidad. A Luis Muiña se le atribuye ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterado en cinco oportunidades (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”). El descontento social que despertó aquel fallo fue tan contundente que, inmediatamente después de la marcha del 10 de mayo de 2017, el Congreso argentino aprobó una ley según la cual ese cálculo no podría aplicarse a delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio o crímenes de guerra. Y casi un año después, la Corte Suprema firmó otro fallo mediante el cual revirtió aquel beneficio para el caso de represores.
Laconversaciónenlared#2x1secomponedelosmensajesquesonretuiteadosporlosparesenlínea,asumiendoqueelretuitesunareacciónvirtualostensiblementepositiva.Elautordelostuitsoriginalesesdefinidocomo“autoridad”(authority)yelusuarioqueretuiteainformación,como“seguidor”(hub).Gráficamente,losnodos(usuarios)quedanunidosporaristasquecondensanlarelaciónentreusuariosmedidaenretuits.Lasautoridadesocupanunlugarjerárquicoenestaredsocialporcontarcon unaltonúmerodeseguidores,porendesusmensajestienenmayoresprobabilidadesdeserpropagados.Paraestimarlapertenenciadelosusuariosadistintascomunidades,seutilizaelalgoritmodecaminosaleatorios(randomwalk)delpaqueteIgraph(CsardiyNepusz,2006).Estealgoritmo identificaunacomunidaddeusuariosapartirdeaumentarlainformacióndisponible(caminosaleatorios)yclusterizaralosusuarios,quefiguranunidosporlazosprimariosacomunidadescuyasautoridadessondirigentesoinstitucionesidentificadosconlaoposiciónpolíticaalactualgobiernoo,enlacomunidadcontraria,configuraspúblicasoficialistas.Laposiciónenlaredpermitevisualizaralosusuariosenunplanocartesianoydefinirasílaexistenciaderegiones.
La figura 1 presenta la red primaria conectada, con 86.951 cuentas (nodos) totales que emitieron 724.090 tuits y retuits (aristas). Los puntos azules conforman la comunidad de la oposición (21.276 nodos) y los puntos amarillos, la comunidad de gobierno (12.438 nodos). Por fuera de estas dos regiones se observa una importante cantidad de nodos no afiliados (53.237 nodos), representados por puntos grises que no quedan alojados en ninguna de las dos comunidades principales.
Aun cuando la comunidad más cercana a la oposición presenta una actividad más intensa que aquella que adhiere al discurso oficial, en este caso se observan mayores niveles de consenso con una polarización menos compacta y, por ende, un diálogo más fluido. El comportamiento más consensuado del mapa básico, que reúne la totalidad de la conversación en la red primaria alrededor del #2x1, no inhibe la tendencia hacia una mayor polarización cuando se trata de etiquetas narrativamente más definidas, tales como #NuncaMás, #Noal2x1AGenocidas y #MacriTeOdia. En esos casos, los transeúntes de la tuitósfera se funden en comunidades e interactúan con sus pares al interior de estas. “Las redes sociales son una cámara de eco1, que permanentemente nos devuelve mensajes que son consistentes con nuestros prejuicios” (Calvo, 2015: 14). Los vínculos densos entre usuarios —ya no mediados por criterios topológicos sino ideológicos, políticos y de pertenencia— decantan en burbujas de información que consolidan la congruencia social y cognitiva.
Figura 1. Redprimariaconectadade#2x1,con86.951nodos(usuarios)y724.090aristas,recogidaentreel3yel10demayode2017.Lospuntosazulesdescribenlacomunidaddelaoposición(21.276nodosy267.757aristas),lospuntosamarillos describenlaregiónpro-gubernamental(12.438nodosy58.680aristas)ylospuntosgrises,losnoafiliados(53.237nodosy397.653aristas).
PROPIEDAD SOBRE LOS TEMAS
La investigación sobre el diálogo político muestra que los políticos seleccionan determinados temas sobre los que hablan en base a cómo los ciudadanos evalúan el desempeño de su partido alrededor de tales asuntos, así como en el nivel de importancia que cobran entre el público (Ansolabehere e Iyengar, 1994). La propiedad sobre un tema (IssueOwnership) se refiere a la reputación de los partidos o actores políticos que se muestran creíbles y confiables al expresarse sobre ciertos asuntos, por cuanto se los considera más capaces de manejar y pronunciarse por el problema en cuestión. La propiedad sobre un tema puede ser dinámica a nivel micro, ya que los individuos evalúan la idoneidad sobre ciertas cuestiones de acuerdo a la interacción que establezcan con determinados mensajes. A nivel macro, en cambio, mantiene mayor estabilidad (Walgrave, Lefevere y Nuytemans, 2009).
Aun cuando los organismos de DDHH son vistos como los principales promotores de “Verdad y Justicia”, hay una fuerte identificación de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con una política sostenida y coherente en materia de derechos humanos, de allí que su dirigencia posea una idoneidad más consolidada sobre estos asuntos confirmada por la circulación de determinados encuadres en las redes sociales. Más precisamente, la polarización alrededor de los hashtagsmás ilustrativos de la reacción social contra el fallo son consistentes con el rol de las autoridades en la red #2x1, donde la dirigencia política opositora es autora de los mensajes más retuiteados. Aunque desde distintos encuadres, la asociación del gobierno anterior con este fenómeno tiene lugar en los mensajes de la actual oposición como en los de la comunidad oficialista, que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del #ElCurroDeLosDDHH.
Las emociones que generan los mensajes en Twitter son indicadores de la configuración discursiva del diálogo alrededor de “NoAl2x1” (Figura 2). La comunidad opositora presenta una mayor intensidad de tuits con carga emotiva negativa que la comunidad oficialista. Cuando se trata de tuits positivos, la media en la comunidad de gobierno crece y se ubica por encima del promedio de los usuarios opositores que denostaron la decisión de la CSJN. De allí que en el gráfico de la derecha, donde se calcula la diferencia entre ambas regiones, la media opositora sea negativa (M= -0,1139839), en mayor proporción que la oficialista (M= -0,04925017).
Tweets Positivos
Figura 2.Red#2x1,recogidaentreel3yel10demayode2017.InteracciónencomunidadessegúneltipoEmocionesdelosmensajes.ElprimergráficomuestratuitsconEmociónPositiva(ComunidadopositoraM=0,2386044yComunidadpro-gubernamentalM=0,2553851);elgráficodelmediomuestratuitsconEmociónNegativa(Comunidad opositoraM=0,3525884yComunidadpro-gubernamentalM=0,3046353).Elgráficodeladerechamuestraladiferenciaentreambostiposdeemociones.LamediademensajesdelaComunidadopositoraesnegativaenmayorproporciónquelamediadetuitsdelaComunidadoficialista.
Tweets Negativos
Diferencia
ENCUADRANDO EL #2X1
Además del tono valorativo, se analiza cómo las comunidades progubernamentales y de la oposición enmarcan este fenómeno, calculando el grado en que diferentes palabras clave se correlacionan entre sí. El Framing atiende el proceso de transmisión de significados, signos, símbolos y valores a lo largo del todo el circuito comunicacional (Koziner, 2015). Asumiendo que es posible analizar los frames —principios de la organización de la información que ofrecen perspectivas sobre el asunto tratado para interpretar la información— presentes en el emisor, en los individuos receptores del discurso mediático y en las prácticas sociales y culturales (Cohen y Wolfsfeld, 1993), este artículo se enfoca en los encuadres que aparecen en el contenido que circula en la red de #2x1 en Twitter. Para analizar los elementos de encuadre (frames elements) presentes en los tuits (Koziner y Aruguete, 2017), se parte de la definición de Entman, para quien encuadrar “implica seleccionar y realzar algunos aspectos de eventos o temas, y hacer conexiones entre ellos para promover una interpretación, evaluación y/o solución. Las palabras e imágenes que componen un encuadre pueden ser distinguidas de las demás noticias por su capacidad para estimular apoyo u oposición a los distintos campos de un conflicto político” (Entman, 2003: 417).
La definición de Entman (1993, 2003) permite entender qué frames se configuran a partir de las correlaciones entre palabras clave. Para este autor, encuadrar un mensajesupone definir problemas, diagnosticar sus causas o las fuerzas que lo crean, hacer juicios morales al evaluar el agente causal, medir conqué costos y beneficios y sugerir soluciones, ofreciendo y justificandoun tratamiento o prediciendo sus resultados2 (Entman, 1993). Deesta competencia de narrativas surge, entonces, que en la regióncercana a las ideas del gobierno de Mauricio Macri conviven términosque no guardan una asociación ideológica consistente. #Metrobus y #LaMatanza —en referencia ala inauguración del Metrobus en elpartido de La Matanza— coexistencon #FelizDía —enalusiónaldíadelTrabajo—,#Macriy#Cambiemos.Encambio,entrelosusuariosidentificadosconlaoposición,laspalabrasclaveestructuranunencuadredenso.Lainminenteposibilidaddelos#GenocidasSueltosyel #2x1AGenocidasesconsecuenciadeunadecisiónvaloradanegativamente —#LeyBerlusconi, #FracasoDeMacri, #Fallo2x1, #MacriGato—,cuyosresponsablesaparecenclaramenteidentificados:#CorteSuprema,#CSJN, #Jueces, #JuecesImputados. Estanarrativa,enmarcadadesdeunaperspectivadederechoshumanos,espresentadaentérminosmoralescomo#GolpeALaMemoria#LesaHumanidad,altiempoqueproponeunasolucióncontundente —#GenocidasEnLaCárcel—desdeunaposiciónpolíticaquecuentaconunaltoconsensotantoenlascallescomoenlasredes.
REFLEXIONES FINALES
La conversación en la red #2x1 cobra una dinámica que la distingue de otras conmociones públicas (Aruguete y Calvo, 2017, 2018; Calvo, 2015; Calvo, Dunford y Lund, 2016) por cuanto no deriva en una clara polarización entre usuarios ubicados en comunidades que no dialogan entre sí. Se trata de un caso de estudio elocuente que confirma empíricamente inquietudes planteadas en trabajos previos (Calvo y Aruguete, 2018) acerca de que las burbujas de información en las redes sociales no son un factor que explique, de manera excluyente, la aceptación y difusión de determinados contenidos así como la elusión de otros.
Si bien el concepto de cámara de eco es útil para analizar la dinámica topológica de Twitter, los vínculos densos entre usuarios y la conformación de agendas comunes combinan criterios estructurales y orgánicos con otros que son ideológicos, políticos y de pertenencia. El reconocimiento de la sociedad argentina hacia una política de derechos humanos y hacia los juicios contra delitos de lesa humanidad produce una reacción cauta entre una parte importante de los moradores virtuales de Twitter, que se desafilian de comunidades atrincheradas en posturas inalterables.
Este hallazgo es consistente con el hecho de que los niveles de emoción negativa, indicativos de la fuerte indignación que generó el fallo de los Supremos, sean superiores en la comunidad opositora que en la comunidad de gobierno. Coherente con ello, en la región más confrontativa con las políticas gubernamentales prevalece un encuadre de derechos humanos más robusto que en la región cercana al gobierno, que intentó evitar la problemática y acompañó el discurso oficial tendiente a instalar la idea de que durante el gobierno anterior se había “currado” con la política de derechos humanos. La circulación discursiva oficial, sin embargo, no cobró la misma consistencia que aquella que definió el problema como un beneficio para los “genocidas” —#2x1AGenocidas— y un “golpe a la memoria”, cuya responsabilidad recayó de manera directa sobre el Poder Judicial —en especial, la #CorteSuprema y los #Jueces.
Frente al intento de comprender por qué ciertas comunidades encuadran los eventos políticos de manera tal que sus frames alcanzan una gran difusión mientras que otras no lo logran, la “Propiedad sobre los temas” (Issue Ownership) se constituye en una perspectiva elocuente. Así como fuera de las redes sociales, los partidos en competencia y sus candidatos intentan movilizarse y ganar votos enfatizando aquellos asuntos que son percibidos como “propios” (Budge y Farlie, 1983), #2x1 pone de manifiesto el intento fallido de las autoridades oficialistas en Twitter de traspasar la frontera virtual y acoger cuestiones cuya reputación ha sido apropiada por organismos de derechos humanos y colectivos sociales y, consecuentemente, conformar una narrativa densa y públicamente creíble.
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NOTAS
1.-Eltérmino“cámaradeeco”fueacuñadoporKeyparareferirsealmodoenquelosvotantesresignificanyadhierenaldiscursopolíticodelasélites(KeyyCummings,1966).
2.- El resaltado es propio.
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Intersecciones en Comunicación -Número 13- 2019
Editora (Directora) María Teresa Sansèau Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ArgentinaCo-editora Mónica Cohendoz Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Coordinadora Carolina Ferrer, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Silvia Delfino Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad nacional de La Plata, Argentina
Comisión Asesora
Alejandro Rost, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional del Comahue, Argentina.Sebastían Román, Universidad Nacional de Entre Rios, Argentina
Roxana Cabello, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
María Soledad Segura, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Gladys Mathieu, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Colaboración especial versión digital
Rocio Pereyra, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Exequiel Alonso, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Evaluadores que colaboraron en este número:
Dante A. J. Peralta, Instituto del Desarrollo Humano, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.María Elsa Chapato, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Susana Martins, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Alejandro Ippólito, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Marcelino García, Universidad Nacional de Misiones, Argentina.
Marcelo Bavio, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Edgardo Carniglia (UNRC-ISTE, Argentina)
Jorge Salduondo, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Ivan Schuliaquer, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Universidad Nacional de General Sarmiento/ Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
Esteban Zunino, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
Belén Fernández Massara, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Adrián López, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Argentina.
Paola Ingrassia, Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
Nadia Koziner, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (IEALC- UBA) / Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Argentina.
Analía Umpierrez, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Diseño y diagramación
Mario Pesci
Coordinación general
Carolina Ferrer. Área editorial. Facultad de Ciencias Sociales, UNCPBA
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Rector
Cdor. Roberto Tassara
Vicerector: Dr. Marcelo Aba
Facultad de Ciencias Sociales Decana
Lic. Gabriela Gamberini
Vicedecana:
Dra. María Gutierrez
Sistema de arbitraje: Los trabajos serán evaluados a través del proceso de revisión por pares con el protocolo de arbitraje externo doble ciego.
Información básica: Intersecciones en Comunicación es una publicación gratuita de periodicidad anual en versión impresa y digital ISSN 1515-2332 (versión impresa) ISSN 2250-4184 (versión On-line) editada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tiene como objetivo publicar trabajos originales sobre Comunicación Social, Ciencias de la Comunicación e información, Periodismo y disciplinas afines que son evaluados a través del sistema de referato externo doble ciego. No se cobra ningún tipo de Tasa de Procesamiento de Artículos (Article Processing Charges - APCs), en ninguna etapa del proceso de edición ni envío de los trabajos. Los autores tampoco percibirán ningún tipo de compensación monetaria por parte de la revista. Se publican los siguientes tipos de contribuciones: Artículos inéditos, puesta al día de conocimientos, estudio de casos, Comunicación corta original, reseñas. El contenido publicado está dirigido a investigadores, docentes, estudiantes de grado y postgrado.
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LA CONSTRUCCIÓN PATRIARCAL DEL FEMICIDIO EN LA PRENSA SANJUANINA DURANTE 2015. Paola Ingrassia
LA CONSTRUCCIÓN PATRIARCAL DEL FEMICIDIO EN LA PRENSA SANJUANINA DURANTE 2015
Recibido: 16/04/18 - Aceptado: 11/05/18
URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2328
RESUMEN
El artículo que sigue es el resultado de una investigación realizada en la categoría Iniciación a la investigación de las becas internas de investigación y creación de la Universidad Nacional de San Juan. El objetivo es analizar los mecanismos utilizados por los medios impresos sanjuaninos para construir noticias sobre femicidio en el año 2015.
La investigación se centra en las propuestas metodológicas de la teoría del encuadre y del análisis del discurso (AD). Además, incluye entrevistas a los periodistas responsables de las secciones consideradas clave con el fin de visibilizar los criterios adoptados y elementos emocionales intervinientes a la hora de tratar un femicidio.
El trabajo empírico evidencia que la prensa local construye al femicidio como un hecho aislado y ficcional desde producciones discursivas que reflejan una visión machista e invisibilizan el peligro social de la violencia de género.
Palabras clave: construcción, Framing, discurso, femicidios y medios.
ABSTRACT
THE CONSTRUCTION OF FEMICIDE ON THE PRESS IN SAN JUAN DURING 2015. This paper is the result of a research carried out on the Introduction to research category of the internal scholarships of research and creation of the National University of San Juan. The aim is to analyze the mechanisms the print media in San Juan applied to produce news about femicide in 2015.
The research is based on the methodological proposals of the framing theory and discourse analysis. Furthermore, some interviews to the journalists in charge of key sections are included with the objective of visualizing their adopted criteria and the emotional elements present when dealing with femicide.
The empirical work demonstrates that the local press builds the concept of femicide as an isolated and fictional incident with discursive productions that reflect sexist views and render the social danger of gender violence invisible.
Keywords: construction, Framing, discourse, femicides, press.
INTRODUCCIÓN
En el año 2015 la violencia de género se instaló en la agenda mediática y política y se convirtió en uno de los temas de debate central en la opinión pública a partir del alarmante número de víctimas de femicidio que pasó de 277 en 2014 a 286 en 2015. Es decir, en promedio ese año una mujer fue asesinada cada 30 horas en Argentina, según publicó el Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano», dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro (Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano», 2015). Luego de esa publicación, el reclamo social se reforzó en materia de derechos de la mujer y alcanzó su punto cúlmine cuando el 3 de junio miles de personas se reunieron en las principales plazas de todo el país para reclamar soluciones y gritar “#NiUnaMenos!”. Así, denominaron a una marcha sin precedentes en la historia argentina respecto del repudio a la violencia machista como problemática social.
Actualmente, la violencia de género y la inequidad entre hombres y mujeres continúa siendo uno de los principales problemas sociales que, en buena medida, sostienen y reproducen los medios de comunicación con sus discursos, en su rol de productores de sentido.
En ese contexto, cobra especial relevancia analizar el modo en que la prensa representa al femicidio, en el convencimiento del peso que en las sociedades tienen los encuadres que los medios dan a sus relatos.
La elección del tema se justifica en que, a pesar de los cambios producidos en los últimos años en materia de derechos de género, los asesinatos de mujeres víctimas de sus parejas hombres se abordan desde producciones discursivas que reflejan una visión machista y patriarcal.
Por esa razón, es fundamental considerar el poder del discurso de los medios como constructores de un sentido que refuerza mitos y estereotipos de inferioridad de la mujer respecto al hombre (Gil, 2013).
En línea con estas ideas, el objetivo general es estudiar los mecanismos utilizados por los medios impresos de San Juan para construir noticias sobre femicidio en el año 2015, a partir de las propuestas metodológicas de la teoría del encuadre y del análisis del discurso. La pretensión es reflexionar sobre los modos en que los/as productores/as de noticias construyen sus relatos sobre la problemática social abordada.
Específicamente, se estudia el discurso de los dos diarios y semanarios (en sus versiones impresas) de mayor circulación a nivel local: Diario de Cuyo y Diario Huarpe, por un lado y Tiempo de San Juan y El Nuevo Diario, por otro.
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD, FRAMING, DISCURSO E IDEOLOGÍA
La construcción de la realidad social
Wittgenstein (1953) sostiene que el significado de una palabra radica en el uso que se hace de ella y que ese uso posee determinadas reglas. Estas últimas, a su vez, dependen de las costumbres del lenguaje en el cual se encuentra su patria (Wittgenstein, 1953). Es decir, el uso de las palabras se aprende a través de un entrenamiento, de costumbres.
Por lo antes dicho, puede afirmarse con el pensador austríaco que el significado de las palabras depende de su empleo cotidiano. “No busquéis el significado, buscad su uso” (Wittgenstein, 1953 en Reale y Antiseri, 1988: 589).
En este sentido, Nietzsche (1990) plantea una idea que se considera central a los fines de esta investigación: el lenguaje es una creación arbitraria del hombre.
Es decir, ambos autores coinciden en que las palabras están arbitrariamente delimitadas y que, en consecuencia, la verdad es sólo una ilusión (Nietzsche, 1990).
También, Berger y Luckmann (1993) aseguran que tanto por su génesis como por su existencia, el orden social es un producto humano. Es el propio hombre quien construye su naturaleza, él se produce a sí mismo y esa construcción será siempre, y por necesidad, una construcción social. Por eso, la relación entre el hombre (productor) y el mundo social (su producto) es dialéctica, ambos interactúan entre sí.
Dentro de esta perspectiva de la Construcción Social de la Realidad, Rodrigo Alsina (1989) concibe a la Construcción de la Noticia como un tipo especial de realidad: la realidad pública. “Los periodistas son, como todas las personas, constructores de la realidad de su entorno. Pero además dan forma de narración a esta realidad y, difundiéndola, la convierten en una realidad pública” (Rodrigo Alsina, 1989: 15).
En este punto es posible aseverar con los autores que, si el lenguaje y por tanto la verdad son creaciones del ser humano, entonces las construcciones periodísticas no son más que creaciones de hombres que responden a intereses concretos, ya que los medios son, en definitiva, actores políticos. En palabras de Borrat (1989) se entiende por actor político a todo actor (colectivo o individual) “capaz de afectar al proceso de toma de decisiones en el sistema político” (Borrat, 1989: 10). Por eso, afirma que el periódico es un verdadero actor político de naturaleza colectiva y que su ámbito de actuación es el de la influencia. Asimismo, asevera que los periódicos se definen y actúan en función de los objetivos permanentes de lucrar e influir.
Framing
Sádaba (2007) se refiere al Framing o encuadre de las noticias y explica se trata de encerrar en un marco o cuadro. Es decir, “determinar los límites de algo incluyéndolo en un esquema u organización” (Sádaba, 2007:19).
La autora relaciona tanto el marco como el esquema que organizan la realidad mostrada con la noción de encuadre de la cinematografía, de tal forma que el ángulo de filmación de la cámara es equiparado con el de la mirada humana y la condición del camarógrafo de “primer espectador” se asemeja a la del testigo de los acontecimientos, algo que se supone del profesional de la comunicación.
Al igual que autores como Hunt, Benford y Snow (1994), sostiene que la construcción y consolidación de un marco de interpretación de los problemas sociales es el resultado de un proceso que implica la construcción de un marco de diagnóstico, uno de pronóstico y uno motivacional. Su éxito radica en el nivel de interacción y coherencia que exista entre ellos.
El primero es el marco “con el que se identifica un problema, se atribuye una culpa o una causalidad” (Sádaba, 2007: 48). Es decir, el diagnóstico problematiza y aporta argumentos que señalan las causas del problema social y, de esa forma, permite sintetizar las temáticas abordadas en un concepto. También configura las definiciones de la problemática y de los protagonistas.
El pronóstico, “que identifica una solución, estrategias, tácticas y targets” (Sádaba, 2007: 48), se utiliza para plantear reivindicaciones, recursos y/o medidas.
Por último, el marco motivacional es el que mueve a la participación y se considera, desde este punto de vista, el más importante. Esto último se basa en la preeminencia de exponer los motivos y razonamientos adecuados para justificar una determinada acción. Además, se destaca la importancia de visibilizar los elementos emocionales utilizados por el periodista así como los aspectos simbólicos, metáforas, definiciones, vocabulario y/o estrategias lingüísticas utilizadas. Se refiere, pues, al énfasis de la nota.
En ese marco de ideas, los periodistas cuentan los acontecimientos con un enfoque particular: “Al analizar este enfoque, los estudios consideran las posibles influencias personales y profesionales con las que el periodista aborda la tarea de elaborar un mensaje informativo” (Sádaba, 2007: 14).
Discursos e ideología
Las ideas de Verón (2004) sobre los discursos resultan determinantes en este marco ya que se entienden como productos, fenómenos de sentido cuya superficie discursiva está compuesta por marcas. “Esas marcas pueden interpretarse como huellas de las operaciones de engendramiento (…) o como huellas que definen el sistema de referencias de las lecturas posibles de ese discurso en reconocimiento” (Verón, 2004:42).
Así, resulta preciso considerar que el empleo de ciertos conceptos está sujeto al marco teórico y al seno de las prácticas sociales en el que se produce. Por eso, entender el contenido y la diferencia existente entre los conceptos de ideología e ideológico es determinante. Para Verón la ideología es un sistema de ideas o conjunto de creencias y doctrinas propias de una época, de una sociedad o de una clase. En cambio, lo ideológico designa una dimensión de análisis del funcionamiento social.
“Estamos ante lo ideológico cada vez que una producción significante (sean cuales fueren su soporte y las materias significantes en juego) se aborda en sus relaciones con los mecanismos de base del funcionamiento social entendidos como restricciones al engendramiento del sentido” (Verón, 2004:44).
Entonces, lo ideológico es el sistema de relaciones que se establece entre un discurso y sus condiciones sociales de producción. Por lo tanto, el análisis ideológico se refiere al estudio de las huellas que las condiciones de producción de un discurso dejan en la superficie discursiva y es ese, precisamente, el campo de estudio de la presente investigación. Ya que, a los fines propuestos, el objetivo es identificar esas huellas del discurso patriarcal que las condiciones de producción dejaron en la superficie discursiva de las noticias publicadas por los medios gráficos locales sobre femicidio.
El interés por el análisis de determinados discursos sociales radica en su efecto de poder y en la premisa de que no existe un discurso fuera de un contexto. Existe sí un efecto de poder sobre la idea de un discurso absoluto, que sería la reproducción exacta de lo real, y es la que atribuye un efecto de sentido de lo verdadero.
Por lo expuesto, es menester aquí insistir sobre la noción de “poder” en el análisis de los discursos, y destacar que se refiere al sistema de relaciones que se da entre un discurso y sus condiciones (sociales) de reconocimiento. De esta forma, el poder de un discurso está ligado a los mecanismos significantes que resultan de las operaciones discursivas. Estas últimas, a su vez, derivan de las condiciones ideológicas de producción.
Dicho esto, cabe agregar la definición de discurso que el autor hace. “(…) designa, no únicamente la materia lingüística, sino todo conjunto significante considerado como tal (es decir, considerado como lugar investido de sentido) (…)” (Verón, 2004:48).
Así, resulta preciso hablar del “análisis de los discursos”, lo que pone fin a la idea del discurso en singular.
“Lo que se produce, lo que circula y lo que engendra efectos en el seno de una sociedad constituyen siempre discursos (ciertamente, se trata de tipos de discursos cuyas clases habrá que identificar y cuya economía de funcionamiento habrá que describir)” (Verón, 2004:48).
Por su parte, Barthes (1977) establece que el método de enseñanza/escritura/ investigación debe referirse al propio lenguaje en tanto lucha por desbaratar todo discurso consolidado. Es esa “lucha” a la que alude Barthes la que configura otro de los objetivos de análisis por tratar de poner de manifiesto aquellas operaciones discursivas y construcciones mediáticas que posicionan a la mujer desde una imagen de debilidad y desamparo y que, al mismo tiempo, la comunidad reproduce y naturaliza.
Estas ideas de Barthes son determinantes para comprender cómo se produce en la sociedad el estereotipo, ese discurso consolidado, aquella palabra repetida como si fuese natural.
Esta noción se aplica al tema de estudio de dos formas. Por un lado, se tienen en cuenta aquellos estereotipos de género que vulneran los derechos de la mujer y, por otro, los estereotipos sobre los femicidas que se presentan al lector como sujetos que actúan fuera de sí, bajo el efecto de alguna sustancia o emoción pasajera. Es decir, aquellos estereotipos con los que el/la periodista justifica, en algún punto, su accionar.
Por último, se reflexiona sobre el concepto de Barthes acerca de la naturalización que es la operación discursiva por la cual se produce “lo natural” y que encuentra su lugar de enunciación en la doxa (en adelante: término que refiere a las opiniones o maneras de ver). Para el autor se trata de “la opinión corriente, el sentido repetido, como si nada” (Simón, 2010:37) y es la que impone una determinada mirada del mundo. Cuando se naturaliza la doxa, ésta logra la dominación a través de una suerte de olvido en el que “el lenguaje-estereotipo, el lenguaje-consolidado borra las marcas de la historia y de la cultura” (Simón, 2010:38). A su vez, la naturalización, en tanto operación discursiva, se materializa en el mito, que es el que transforma la historia en naturaleza.
“El poder del mito reside en su recurrencia; el mito no niega las cosas, su función, por el contrario, es hablar insistentemente de ellas; las purifica, las vuelve inocentes (…) las cosas parecen significar por sí mismas” (Barthes, 1997, en Simón, 2010:39).
En suma, Barthes concibe a la ideología como aquello que se repite y persiste, como parte de la lógica de construcción de la realidad. Por eso, propone desnaturalizar la doxa. Esa es, precisamente, la intención que atraviesa este artículo: desnaturalizar y deconstruir el mito de la mujer como un ser inferior al hombre.
Cabe agregar la tesis de Gil (2013) sobre el abordaje mediático y la problemática de la violencia contra la mujer. Esta última, afirma, se construye desde producciones discursivas que reflejan una visión machista y patriarcal, a pesar de incluir términos como “femicidio” o “violencia de género”.
(…) los medios de comunicación social cumplen un papel fundamental, ya que participan en la construcción de un sentido común dominante que refuerza la subordinación de las mujeres en la sociedad y difunde los mitos de la mujer-madre, la pasividad erótica y el amor romántico, relegándolas al espacio privado en tanto doméstico y a los varones al espacio público en tanto espacio decisional y de poder en la sociedad (Gil, 2013: 1).
METODOLOGÍA
En este apartado se desarrolla la operacionalización de las variables elaboradas para el análisis de las notas periodísticas a partir del marco teórico referenciado.
En primer lugar se explicitan algunos datos relacionados con los aspectos formales de una noticia, desde el encabezado (volanta, título, bajada), el/la autor/a, la sección de publicación, la inclusión o exclusión de fotografías hasta la ubicación en la página y la extensión de la noticia.
Luego, se describen los elementos constitutivos de los marcos (frames) periodísticos en el sentido en que se detalla a continuación.
El marco de diagnóstico: se basa en describir aquellas frases o palabras clave con las que el periodista define al problema o identifica las causas/responsabilidades. También se tiene en cuenta la o las ideas en las que la nota hace hincapié. De esta forma se considera posible el acceso a la interpretación del problema que el periodista quiere transmitir que, desde este enfoque metodológico, está directamente vinculada a la ideología que atraviesa a la noticia y al medio que la publica.
El marco de pronóstico: busca indagar si el periodista plantea soluciones a la problemática en materia de políticas públicas y/o si agrega en su relato información vinculada a la prevención de la violencia de género u objetivos a seguir en materia de derechos de género.
El marco de motivación: se observa el énfasis o foco de atención de cada nota y las estrategias lingüísticas a través de las cuales el periodista construye su relato y busca movilizar al lector, a los funcionarios, a las políticas públicas y a las víctimas de violencia de género y/o a los familiares.
Por último, se identifican las huellas del discurso patriarcal a partir de la forma en que se describen los hechos, la caracterización de los actores involucrados y las referencias al rol de la mujer y/o del femicida. En ese sentido, se rastrea la justificación de un femicidio y se identifican aquellas expresiones que refuerzan la subordinación de las mujeres en la sociedad o que caracterizan a los femicidas como dominantes o personas que actuaron fuera de sí.
El cuadro 1 muestra la forma en que se sistematizaron los datos descriptos.
I: Acciones del proceso de elaboración de la noticia |
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SELECCIÓN Encabezado |
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Volanta: |
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Título: |
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Bajada: |
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Autor/a: |
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Sección: |
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-Fotografía que muestre a la mujer |
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-Epígrafe: |
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JERARQUIZACIÓN Ubicación |
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*Número de página: |
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*Ubicación en la página: |
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*Presencia en tapa: |
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Despliegue |
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*Página completa: |
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*Media página: |
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* ¼ de página: |
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*Menos de ¼ de página: |
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II: Elementos constitutivos de los marcos periodísticos |
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DIAGNÓSTICO |
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*Frases para definir al problema |
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*Frases para definir causas/responsabilidades |
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PRONÓSTICO |
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*Propuesta de soluciones a la problemática |
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*Información vinculada a la prevención de la violencia de género |
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*Objetivos a seguir en materia de derechos de género |
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MOTIVACIÓN |
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*Énfasis de la nota |
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*Estrategias lingüísticas |
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III: Huellas del discurso patriarcal |
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Uso de estereotipos de inferioridad de la mujer respecto al hombre/que posicionan al femicida como dominante/que justifican al femicidio |
La voz de los productores de noticias
Esta investigación incluye además el análisis de las entrevistas cualitativas semi-estructuradas realizadas a 3 periodistas, uno por cada medio analizado -no se encontraron notas vinculadas a la problemática de femicidio en El Nuevo Diario, tal como se detallará más adelante-.
El objetivo fue incluir la voz de los propios productores de noticias en el sentido que plantea Portelli (1990): realizar una entrevista significa reconocer al narrador.
En lo concreto, se apuntó a visibilizar los criterios adoptados y elementos emocionales intervinientes a la hora de tratar un femicidio y a observar si las construcciones informativas publicadas por los productores de noticias coinciden con sus opiniones y posiciones ideológicas sobre los roles y derechos de la mujer. “La atribución de significado es un acto cultural que depende de un complejo interjuego de patrones individuales y colectivos” (Portelli, 1990:17).
Por su parte, Guber (1991) señala que la entrevista es “una de las técnicas más apropiadas para acceder al universo de significaciones de los actores” (Guber, 1991: 132).
En base a lo expuesto se utilizó la siguiente guía de entrevista sobre distintos tópicos relacionados con la problemática que se aborda:
-Fuentes que el/la periodista consulta para construir la noticia y tipo de contacto con esa fuente
-Principales datos que tiene en cuenta a la hora de relatar un femicidio-Dónde busca poner el énfasis de la nota
-Selección de su público objetivo
-Selección del/la protagonista de su relato
-Elecciones de la/s foto/s que acompaña/n la noticia
-Consultas a especialistas locales en materia de violencia de género-Informaciones para las víctimas de violencia de género
-Consideraciones sobre el rol del periodista
RESULTADOS
Análisis de las variables formales
En lo referente a la cantidad de notas encontradas, 14 en un año, la relación con los casos de femicidio fue la siguiente: Diario de Cuyo publicó diez noticias sobre femicidios locales a lo largo del 2015 mientras que Diario Huarpe solamente dos.
En cuanto a los semanarios seleccionados, Tiempo de San Juan publicó dos noticias en tanto que El Nuevo Diario ninguna, sólo se encontró una nota vinculada a la problemática pero cuyo eje fue la violencia de género y el sistema acusatorio por lo que no se tuvo en cuenta para el análisis.
Con respecto a las secciones, todos los medios ubicaron a las notas sobre femicidios en Policiales y eligieron fotos que muestran al femicida o a efectivos de la policía. Sólo en tres notas de las 10 publicadas por Diario de Cuyo y en una de las dos que publicó Tiempo de San Juan se mostró el rostro de la víctima con vida.
La construcción de marcos periodísticos y las huellas del discurso patriarcal
Como coincidencias generales observadas puede afirmarse que los tres medios analizados construyeron marcos centrados en los femicidas y/o en la reconstrucción policial de los femicidios.
Por otra parte, ninguno de ellos incluyó información vinculada a la prevención de la violencia de género u objetivos a seguir en materia de derechos de género, dos de las subcategorías del marco de Pronóstico propuesto.
Construcción del marco de diagnóstico
Ninguno de los tres medios analizados,Tiempo de San Juan, Diario Huarpe y Diario de Cuyo, nombró a los femicidios como tales. Los medios utilizaron términos como: asesinato, muerte, homicidio, hecho y caso, con los que la muerte específica de mujeres víctimas de la violencia patiarcal queda invisibilizada.
En lo concreto, Diario de Cuyo privilegió el uso de conceptos como: muerte, brutal crimen, crudos hechos (07/04/2015), resonante y gravísimo caso (19/06/2015), trágico fin (19/06/2015).
En tanto que Diario Huarpe optó por términos propios de la jerga policial como: crimen, homicidio, tragedia y muerte (26/08/2017).
De igual manera, Tiempo de San Juan, usó conceptos como: asesinato, muerte y caso (12/04/2015).
En cuanto a las causas o responsabilidades, los relatos hicieron hincapié en las declaraciones y sentencias de los femicidas con las que los posicionaron como responsables de los asesinatos de mujeres. Cabe aclarar que aunque la afirmación anterior parezca una obviedad, responsabilizar al femicida del femicidio, no lo es en todos los casos ya que en una investigación realizada anteriormente (Ingrassia, 2014) se comprobó que en la mayoría de las notas publicadas a nivel local sobre femicidio en el año 2012 los medios responsabilizaban a las víctimas de femicidio de sus propias muertes.
Construcción del marco de pronóstico
En ninguno de los tres medios analizados se observaron informaciones que sirvan para ayudar a posibles víctimas de violencia de género ni a sus familiares.
Construcción del marco de motivación
La construcción de los marcos de motivación de los tres medios descriptos también evidenció coincidencias respecto de los énfasis elegidos por los/as periodistas: antecedentes, condenas o declaraciones de los femicidas, detalles de cómo asesinaron a las mujeres y reconstrucciones de los hechos a partir de los relatos de la policía, peritos o jueces. Asimismo, las estrategias lingüísticas observadas apuntan a presentar al femicidio como una historia ficcional o conmovedora. En ningún caso se hizo hincapié en la historia de la mujer asesinada, sus proyectos o intentos por escapar de la violencia de género.
A modo de ejemplo se seleccionaron las siguientes citas:
- El cuerpo estaba quemado en un 70 por ciento y yacía encima de una improvisada fogata con caña y ramas. En la parte del rostro tenía un trozo de tela, como si le hubiesen tapado la boca o la cara. En la frente detectaron un posible golpe, también presentaba una fractura en húmedo y en otras partes del cuerpo, según los investigadores (Diario de Cuyo, 06/04/2015).
-“Estoy arrepentido de lo que hice…se me va la vida”. Entre lágrimas, el contratista de finca Segundo Ernesto Melián pronunció sus últimas palabras en la Sala I de la Cámara penal. Pero su gesto no modificó su suerte (Diario de Cuyo, 26/08/2015).
-Resta esperar el resultado de la autopsia, que determinará cuál fue la causa de la muerte de la anciana encontrada aún incinerándose (Diario Huarpe, 07/04/2015).
-Cuando ella llegó al lugar, discutieron y la encerró para que se quede y volviera con él, pasaron unos días y la mujer pudo contactar a sus hermanos, quienes se hicieron presentes en la finca Berenguer, donde vivía Melián, para exigir que deje ir a su ex mujer, él sacó su escopeta para amedrentar a sus ex cuñados y todo terminó en tragedia, según indicaron fuentes policiales (Diario Huarpe, 26/08/2015).
-La muerte llegó a la vida de Narváez cuando éste tenía nada más que 8 años y encontró a sus hermanos muertos dentro de una heladera. Fuentes judiciales aseguraron a Tiempo de San Juan que a raíz de ese incidente “el hombre quedó medio loco” (Tiempo de San Juan, 12/04/2015).
- Cuando la pareja de Julia entró corriendo a la casa se encontró con el fatal escenario. La sábana con florcitas rosadas donde yacía la chica estaba cubierta de sangre y sobre ella, con un pantalón corto y una remera negra, el cuerpo agonizante de Julia (Tiempo de San Juan, 06/12/2015).
Huellas del discurso patriarcal
El análisis de los estereotipos machistas propuesto para esta categoría evidenció que los diarios utilizaron frases que refuerzan el discurso patriarcal imperante en favor del femicida y en contra de la equidad de género. Cabe aclarar que no se evidenció esta categoría en las construcciones periodísticas de Tiempo de San Juan.
-Denominación de la mujer como víctima pasiva: en las notas publicadas sobre femicidios, Diario de Cuyo y Diario Huarpe se refirieron a las mujeres asesinadas con términos como: “La víctima”; “vecina suya”; “expareja”; “La madre de 2 de sus hijos”.
-Estereotipo del femicida que actuó fuera de sí:
-“Sin embargo allí su instinto homicida volvió a apoderarse de su voluntad y otra vez perpetuó un crimen indignante: estranguló varios minutos hasta matar a Emilia mientras dormía, la llevó arrastrada hasta unas malezas en la misma manta con la que la mujer se tapaba y le prendió fuego” (Diario de Cuyo, 19/06/2015).
-“su instinto homicida volvió a apoderarse de su voluntad y otra vez perpetuó un crimen indignante” (Diario de Cuyo, 19/06/2015).
-“La mujer salió y ella y el niño se habrían interpuesto para evitar que dispare a los hombres y en un brote rabia golpeó con la culata del arma, a Carolina en reiteradas oportunidades hasta dejarla grave con pérdida de sangre y hundimiento de cráneo” (Diario Huarpe, 26/08/2017).
-Justificación del femicida en posición dominante: “Era del ambiente, andaba con uno y con otro”, aseguró (Diario de Cuyo, 27/10/2015).
-“Consideraron que, en este caso, no se había probado la existencia de hechos previos de violencia de Melián contra la víctima. Y en todo caso, le pidieron a los magistrados aplicar una pena menor (entre 8 y 25 años) porque existieron “circunstancias extraordinarias de atenuación”. Dieron por acreditado que fue así, con el argumento de que Melián escuchó a la mujer decir que estuvo con otro y eso desató un “estallido” de furia, pues se sintió afectado en su hombría” (Diario de Cuyo, 22/08/2015).
-“(…) habían pedido anular el juicio por la “parcialidad” del tribunal: la inconstitucionalidad del femicidio. Y en todo caso aplicar una pena menor a su cliente, por la “circunstancias extraordinarias de atenuación” del caso, como el “estallido” emotivo que sufrió Melián al escuchar a su ex decirle que había estado con otro, indicaron” (Diario de Cuyo, 26/08/2015).
ELEMENTOS EMOCIONALES, OPINIONES
Y POSICIONES IDEOLÓGICAS
Los datos provenientes de las entrevistas realizadas a los informantes clave (un periodista por cada medio analizado) se sistematizaron a partir un cuadro integrador en base a los tópicos relacionados con la problemática abordada.
Los nombres y pertenencias empresariales de los entrevistados no serán mencionados a los fines de preservar la identidad de las fuentes, en cambio se las mencionará como fuente 1,2 y 3.
Las fuentes 1 y 2 coincidieron en los siguientes aspectos: destacaron a la Policía y juzgados como fuentes principales a consultar a la hora de construir un femicidio, argumentando que es la mejor forma de acceder a la reconstrucción de los hechos. Asimismo, explicaron la necesidad de relatar lo sucedido en un orden cronológico –quién hizo qué para que sucediera algo y luego qué pasó como consecuencia final- y a partir de los antecedentes que pudieran existir tanto a nivel de prontuario del femicida como en el accionar de la policía. Pero ninguna se refirió a la necesidad de conocer la situación de la mujer asesinada en vida.
También aseveraron que no incluyen las voces de especialistas en materia de género en sus notas por falta de tiempo, propia de rutinas periodísticas sobreexigidas, o de espacio para sus publicaciones.
La fuente 3 mostró diferencias sustanciales respecto a las declaraciones de las anteriores en todas sus respuestas. Tanto en la elección de las fuentes consultadas -afirmó que consulta a fiscales pero también a psicólogos- como en el énfasis que persigue con sus palabras- aseveró que a la hora de escribir piensa en que cualquier/a lector/a puede ser víctima de violencia de género o ayudar a alguien que padece esa problemática-.
Respecto de las fotografías que acompañan los textos, las respuestas fueron disímiles. La fuente 1 reflejó que es el/la periodista quien decide la imagen que se publicará. Las fuentes 2 y 3 declararon tener escasa injerencia en la elección de las imágenes. Aunque la diferencia fundamental estuvo en las afirmaciones de las fuentes 1 y 2 respecto de la fuente 3. Las primeras admitieron que aunque sea “morboso” o “amarillista” tienen la necesidad de mostrar la escena tal como la encontraron al momento de llegar, con el objetivo de reflejar su presencia en el lugar de los hechos y “ser precisos/as” con sus noticias.
Por otro lado, la fuente 3 aseguró que prefiere imágenes sugerentes que no re victimicen a las víctimas.
A modo de ejemplo, se seleccionaron frases que aparecen en el cuadro 2.
CONCLUSIONES
El estudio de los mecanismos utilizados por los medios impresos de San Juan para construir noticias sobre femicidio en el año 2015, a partir de las propuestas metodológicas de la teoría del encuadre y del análisis del discurso, permitió observar los modos en que los/as productores/as de noticias construyen sus relatos sobre la problemática social abordada.
Se comprobó que en ninguna de las notas analizadas se nombró a los femicidios como tales. Tanto Diario de Cuyo como Diario Huarpe y Tiempo de San Juan utilizaron términos generales con los que invisibilizaron la muerte de mujeres víctimas de la violencia patiarcal.
Asimismo, el análisis del énfasis de las notas publicadas a nivel local durante 2015, demostró que los periodistas ponen el foco de atención en los antecedentes criminales de los femicidas y en sus declaraciones o condenas. Como consecuencia, las mujeres asesinadas se posicionaron como víctimas pasivas, relegadas al segundo o tercer plano del discurso. Es decir, los medios no informan en ninguna de las investigaciones mencionadas sobre las vidas, los proyectos o los intentos de escapar de la violencia de las mujeres, sino que caracterizan a las víctimas en relación al femicida.
En suma, el femicidio fue construido como un hecho aislado, de índole privado, que no representa, desde el encuadre elegido por los periodistas, un peligro social. De esta manera el femicidio no es posiconado como una problemática real, ni se promueve la reflexión del lector o tomas de posición del Estado en beneficio de la igualdad entre géneros. Es decir, se observó que los medios, en su rol de productores de sentido y constructores de realidades públicas, no estimulan el cambio social necesario para modificar la situación de violencia actual.
Además, ninguno de los medios analizados incluyó informaciones que sirvieran para ayudar a posibles víctimas de violencia de género ni a sus familiares en las notas publicadas sobre la problemática abordada ni mostró interés por la historia de la mujer asesinada, sus proyectos o intentos por escapar de la violencia de género.
En esa línea cabe destacar que el análisis de los estereotipos que reflejan las huellas del discurso patriarcal, en tanto marcas de producción que naturalizan los asesinatos de mujeres en manos de sus parejas, evidenció que los diarios utilizaron frases que reivindican el estereotipo del femicida que actuó fuera de sí o de la víctima en situación pasiva, caracterizada a partir de la relación con el femicida.
Los datos obtenidos del estudio de las notas publicadas sobre femicidios locales coinciden con los recogidos en dos de las tres entrevistas a los/as periodistas responsables de las secciones en las que los femicidios fueron publicados. Al destacar a la Policía y al personal de los juzgados como fuentes principales para armar sus noticias, los/as periodistas centran su interés en la necesidad de reconstruir la secuencia cronológica de los hechos que precedieron al femicidio y en los antecedentes de los femicidas. Así, excluyen en forma total la necesidad de referirse a la vida de la mujer o a sus intentos de escapar de la violencia. Hechos que pueden motivar a otras víctimas de violencia machista a denunciar a sus agresores.
Asimismo, la ausencia de especialistas en materia de género observada en las notas analizadas se atribuye a la falta de tiempo, propia de rutinas periodísticas sobreexigidas, o de espacio para sus publicaciones. Sin embargo, en numerosas declaraciones se observa la importancia que tiene para los/as periodistas la reconstrucción cronológica de la violencia que terminó en femicidio. Por ende, puede advertirse que la palabra de especialistas en violencia de género no representa una urgencia.
Lo anterior se refuerza con las declaraciones que afirman no tener en cuenta al destinatario del mensaje. Aseveraciones como “Trato, en lo posible, de que cualquier persona me lea” o “Nosotros escribimos para todos” reflejan el desinterés por las lectoras que puedan padecer violencia de género y en sus familiares que avizoren en los discursos periodísticos una alternativa o posibles soluciones.
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Intersecciones en Comunicación n12

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HTML #2X1: DIÁLOGOS AL COSTADO DE LA GRIETA - #2x1: Beyond the political divide./35-48 págs. NATALIA ARUGUETE
HTMLCOMUNICACIÓN CIENTÍFICA, UMBRALES SEMIÓTICOS Y DISCURSOS DE (EN) VIAJE (ARGENTINA, 1862 – 1932) SCIENTIFIC COMMUNICATION, SEMIOTIC THRESHOLDS AND DISCOURSES OF (IN) TRAVEL (ARGENTINA, 1862 – 1932) / 119-138 págs. MARIO SEBASTIÁN ROMÁN, MARÍA LIDIA DE BIAGGI y MARÍA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ
HTMLLA CONCEPCIÓN DE LA AMISTAD EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES - THE CONCEPTION OF FRIENDSHIP IN THE AGE OF SOCIAL
NETWORKS / 139-155 págs. MARIANO ARATTA
Recomendaciones para los autores
número 12
COMITÉ EDITORIAL
Intersecciones en Comunicación -Número 12 - 2018
Editora (Directora) María Teresa Sansèau Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Co-editora Mónica Cohendoz Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Coordinadora Carolina Ferrer, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Silvia Delfino Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad nacional de La Plata, Argentina
Comisión Asesora
Alejandro Rost, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional del Comahue, Argentina
Roxana Cabello, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
María Soledad Segura, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Gladys Mathieu, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Colaboración especial versión digital
Rocio Pereyra Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Exequiel Alonso Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Evaluadores que colaboraron en este número:
Maximiliano Perét, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Nadia Koziner, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina.
Pablo Zamora, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Eduardo Arrubia, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Patricia Pérez, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Ana Celina Puebla, Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
Miriam Casco, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Silvia Delfino, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina.
Evaluadores anónimos
Diseño y diagramación
Mario Pesci
Coordinación general
Carolina Ferrer. Área editorial. Facultad de Ciencias Sociales, UNCPBA
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Rector
Cdor. Roberto Tassara
Vicerector: Dr. Marcelo Aba
Facultad de Ciencias Sociales Decana
Lic. Gabriela Gamberini
Vicedecana:
Dra. María Gutierrez
Sistema de arbitraje: SI
Información básica. INTERSECCIONES EN COMUNICACIÓN es una publicación anual de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tiene como objetivo publicar trabajos originales sobre Comunicación Social, Ciencias de la Comunicación e información, Periodismo y disciplinas afines. La revista publica los siguientes tipos de contribuciones: ARTICULOS INEDITOS, ENSAYOS BIBLIOGRÁFICOS, ENTREVISTAS, RESÚMENES DE TESIS O TESINAS, NOTAS BREVES y RESEÑAS DE LIBROS, pudiendo incluirse OBITUARIOS, que serán solicitados oportunamente.
Indizada: Intersecciones en Comunicación está incluida en el Catálogo y Directorio de LATINDEX (Folio Nº 11549) Intersecciones en Comunicación, ha sido incorporada en el Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto (RIDAA) de la Biblioteca Central de la UNICEN. http://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/651 Intersecciones en Comunicación forma parte de LatinRev - Red Latinoamericana de Revistas Académicas de Ciencias Sociales y Humanidades de FLACSO Argentina.
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