Están destinadas a docentes de todos los niveles educativos, estudiantes detenidos de todos los niveles educativos en contextos de privación de libertad, personal del SPB, personal del ámbito de la Justicia, ONGs; otros actores sociales que se sientan convocados.

La organización está a cargo de una comisión Honoraria integrada por: Universidad Nacional del Centro, Programas “Universidad y Cárcel”, dependiente de la Secretaría de Extensión de la UNICEN;  Facultad de Ciencias Sociales, Programa “Educación en Contextos de Encierro”; Delegación Azul del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires; Instituto de Estudios Judiciales de la SCBA; Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia; Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles (GESEC). Y por una Comisión Ejecutiva integrada por: Secretaría de Extensión de UNICEN; Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), Facultad de Derecho, ambas de la UNICEN;  Defensa Pública del Departamento Judicial de Azul. La actividad es auspiciada por la  Asociación Pensamiento Penal (pensamientopenal.org.ar)
Estas Jornadas regionales tienen como objetivos: debatir los paradigmas que soportan las diferentes políticas públicas que aportan al cumplimiento del derecho a la educación; Revisar supuestos y prácticas educativas en instituciones con sede en Unidades penitenciaras; Aportar al desarrollo de formatos que busquen garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la educación.
En este sentido, se pretende reunir a los diferentes actores involucrados en la tarea educativa desarrollada en ámbitos de privación de la libertad, para descentrar la mirada y ampliar las voces, especialmente incluyendo la de los destinatarios de la acción educativa: las personas privadas de la libertad.
Los diferentes objetivos y misiones que persiguen las instituciones intervinientes en el ámbito de la cárcel (justicia, seguridad, educación) demandan establecer acuerdos conducentes a garantizar el derecho a la educación, sin que este cumplimento obstaculice la misión que cada una de estas instituciones tiene. Desde la sanción de la Ley de Educación 26.206/06 se reconoce como una modalidad a la Educación en Contextos de Privación de Libertad, conformando una de las directrices que desde este marco legal se imprime a la política educativa nacional.  Asimismo, la reforma de la Ley de ejecución de la pena (ley 26.695 que modifica la Ley 24.660  y las disposiciones del Código Penal) da cuenta de un lugar específico asignado a la educación. En este sentido se espera poder debatir los sentidos y alcances de estas novedades tanto desde el tratamiento judicial como hacia la cobertura de las necesidades y propuestas educativas específicas, que puedan cubrirse en los diferentes niveles educativos con sede en contextos de privación de la libertad.

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