ARTÍCULO

EL ESCENARIO DEL CONFLICTO POLÍTICO Y SOCIAL EN ARGENTINA. DEL NOMIC A LA LEY 26.522

Zamora Pablo. Lic. En Comunicación Social. Director de la carrera de Comunicación Social. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Recibido 17 de mayo de 2011.

Aceptado 21 de septiembre de 2011.

 

RESUMEN. En 1980, el Informe MacBride se refería a las propuestas para el Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y de la Información (NOMIC) y anunciaba un largo itinerario por recorrer, antes de poder “crear nuevas estructuras, aplicar nuevos métodos y generar una nueva mentalidad”. El propósito de este trabajo es recorrer aquel “largo itinerario” (que podríamos trazar entre 1980 y 2009) que le dio a la joven democracia argentina una Ley de Servicios Audiovisuales en sintonía con los objetivos que destacaba MacBride. Para eso, tomaremos en cuenta el escenario del conflicto político y social en Argentina, que a nuestro criterio es lo que permitió la sanción de la Ley 26.522; y el concepto gramsciano de “guerra de posiciones” en cuanto a la construcción de hegemonía, para explicar por qué esa Ley no logra cumplirse en su totalidad.

Palabras clave: Hegemonía; Medios; Ley democrática; Pluralidad.

Keywords: Hegemony; Mass Media; Democratic Law; Plurality.

 

“No basta el voluntarismo de la industria cultural para producir alteraciones en las sociedades. Los medios ejercen influencia, pero no determinan rupturas históricas. Estas ocurren como producto de las contradicciones socio-económicas, que asumen dimensiones políticas incontrolables en coyunturas especiales”. (José Marqués de Melo, 1993:22)

INTRODUCCIÓN

En 1980, el Informe MacBride daba a conocer los postulados del Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y de la Información (NOMIC), reclamando más justicia, igualdad y reciprocidad en el intercambio de información, y solicitando medidas que limiten la concentración y monopolización, entre otros. Aquellas propuestas no prosperaron debido al rechazo de los países dominantes, con el argumento de que se pretendía impedir el libre flujo de información a nivel mundial, en una medida antidemocrática que buscaba controlar los medios y los mensajes.

Ese mismo año, como metáfora de ese rechazo, la dictadura militar argentina sancionaba el Decreto-Ley 22.285 para regular la actividad audiovisual. Acorde con el modelo económico neoliberal que comenzaba a imponerse en el país, se concebía al servicio como una actividad puramente mercantilista. Dicho marco regulatorio siguió vigente en democracia, durante más de 25 años. Incluso, en los noventa, se profundizó el carácter autoritario del Decreto-Ley, permitiendo el ingreso del capital extranjero y la concentración de medios.

El escenario político y social en Argentina comenzó a modificarse lentamente desde el año 2003, con políticas de Estado que cuestionaban las matrices ideológicas del modelo neoliberal y lograban crear la iniciativa de la voluntad política. Una de esas medidas fue sancionada en 2009 y se conoció como la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual[1], que retomó muchos de aquellos postulados del Informe MacBride. Sin embargo, los intereses de los sectores dominantes (como ocurrió en 1980 con los países desarrollados hacia el NOMIC) se oponen a un proyecto de democratización del país, y los medios de comunicación concentrados actúan de manera funcional a los sectores que tratan de mantener su hegemonía.

El presente trabajo pretende analizar el escenario del conflicto político y social en Argentina que generó las condiciones para la sanción de la nueva Ley, que sin embargo no logra implementarse en su totalidad. Y lo haremos desde el concepto gramsciano de “guerra de posiciones” en cuanto a la construcción de hegemonía[2].

Siguiendo a Gramsci (citado en Portelli 1973), consideramos que se evidencia allí una crisis orgánica en el bloque histórico, la cual permitiría a las nuevas fuerzas sociales construir su propia dirección política e ideológica a través de la consolidación de la democracia. En este sentido, creemos que la nueva Ley representa una oportunidad histórica para garantizar la democracia, la participación ciudadana y el derecho a la comunicación.

EL LARGO ITINERARIO

Ya lo decía Sean Macbride en el prólogo de su famoso Informe: "Se tendrá que caminar paso a paso, llenarse de paciencia y recorrer un largo itinerario antes de poder crear nuevas estructuras, aplicar nuevos métodos y generar una nueva mentalidad" (Macbride 1982:13). Se refería a las propuestas sobre las cuales debería fundamentarse el Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y de la Información (NOMIC) que en 1980 fueron publicadas por la UNESCO bajo el título “Un solo mundo, muchas voces”. Y agregaba: “no es posible entender la comunicación, considerada globalmente, si se hace caso omiso de sus dimensiones políticas. La política –en el sentido más noble de la palabra- no puede disociarse de la comunicación” (MacBride 1982:13).

Diez años más tarde, José Marqués de Melo[3] sostenía que las tesis del NOMIC continuaban siendo válidas y merecían un rescate eficaz en América Latina, pero que era necesaria una profunda autocrítica en la comunidad académica y profesional:

“Urge repensar nuestra conducta intelectual a partir de las alteraciones radicales que se procesan en el escenario político actual. La reconquista de la democracia nos ofrece un espacio favorable para revisar nuestros métodos de actuación y nuestros propósitos para la construcción de un mundo nuevo, marcado por la justicia, la solidaridad y el pluralismo” (Marques de Melo 1993:22).

Cuando se cumplieron 25 años de la publicación del Informe MacBride, Martín Becerra (2005) reflexionaba que los problemas surgidos de aquel diagnóstico bien podrían haber inspirado la agenda de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), realizada en su primera etapa en Ginebra en el año 2003. Y enumeraba:

“La concentración de las industrias culturales y la conformación de mercados oligopólicos, los efectos de la internacionalización de la actividad infocomunicacional, las amenazas sobre la diversidad cultural y sobre el pluralismo informativo que encierra el orden infocomunicacional, la relación entre medios de comunicación y educación, cuestiones relativas a la censura y a la autocensura, fueron enunciados como cuestiones medulares en el marco del NOMIC y hoy están expulsados de una agenda de construcción de sociedades informacionales sostenidas por mercados de tecnologías e infraestructuras cada vez más potentes” (Becerra 2005:134)

Mientras tanto, en un país de América Latina que se venía reconstruyendo de las terribles consecuencias que le dejaron más de 25 años de neoliberalismo, se empezaba a gestar lo que en el año 2009 se conoció en Argentina como la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, con la que se instalaron en la agenda pública varias de aquellas “cuestiones medulares” planteadas por el Informe en el marco del NOMIC[4]:

1- “Que los países amplíen las fuentes de información que necesitan los ciudadanos en su vida cotidiana. Se requiere emprender un examen minucioso de las leyes y reglamentos vigentes para reducir las limitaciones, las cláusulas secretas y las restricciones de diversos tipos en las prácticas de información;

2- “Se debe abolir la censura o el control arbitrario de la información. En los sectores en los cuales estén justificadas unas restricciones razonables, éstas deberían quedar definidas en una ley, su aplicación estar sometida al control judicial y ceñirse a los principios formulados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás instrumentos que adopte la comunidad de naciones;

3- “Los obstáculos y las restricciones que se derivan de la concentración de la propiedad de los órganos de información, independientemente de que sean públicas o privadas, merecen analizarse con toda profundidad para encontrar sus vías democratizadoras. Se debe proceder a un examen crítico del problema de las condiciones financieras que se imponen a los órganos de información y de las medidas adoptadas para reforzar la independencia de la redacción;

4.- “Por último, se deben tomar medidas jurídicas eficaces para limitar la concentración y monopolización; conseguir que las empresas trasnacionales acaten los criterios y las condiciones específicas definidas en la legislación y en las políticas de desarrollo nacional; invertir la tendencia a la reducción del número de responsables cuándo está aumentando la eficacia de la comunicación y la dimensión del público; reducir la influencia de la publicidad sobre la política de redacción y los programas de radiodifusión; y perfeccionar los modelos que permiten fortalecer la independencia y autonomía de los órganos de información” (Esteinou 2004:1-5).

HACIA UNA NUEVA HEGEMONÍA

Néstor García Canclini se preguntaba en 1999:

“¿Qué podemos hacer con este mundo en que pocos observan a muchos?; ¿es posible organizar de otro modo los vínculos mediatizados, sus astucias de simulación para personalizarlos, despegarnos de sus procedimientos de selección y segregación, de exclusión y vigilancia, en breve, de reconvertirnos en sujetos del trabajo y el consumo?”. Y proponía: “Una reacción posible es evocar con nostalgia la época en que la política se presentaba como el combate militante entre concepciones del mundo entendidas como antagónicas” (García Canclini 1999:64).

En este sentido, América Latina ofrece en la actualidad una conformación social que permite analizar el escenario del conflicto desde el concepto gramsciano de “guerra de posiciones” en cuanto a la construcción de hegemonía. Es decir, que la transformación social ya no es algo centrado en un acontecimiento determinado, sino que se trata de un proceso complejo, contradictorio, donde en la era de la política de masas se desarrolla la lucha fundamental tanto de las clases dominantes como subalternas.

Emir Sader[5] (2008), analista político brasileño y director ejecutivo de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), analiza este panorama latinoamericano y habla de un proceso que implica “no sólo integración económica y social, sino también tecnológica, cultural, educacional, mediática y de estructuras políticas (…). El tema, podríamos decir, ahora es político, es discutir futuras relaciones de poder. Qué tipo de sociedad, qué nueva hegemonía queremos construir” (Página 12[P12], 17 de agosto de 2008, suplemento “Cash”).

En este sentido, el pensamiento de Gramsci (1973) apunta a la construcción de una nueva hegemonía, que permita lograr que quienes tienen el consenso de la población para reproducir y sostener su poder lo pierdan en manos de otra construcción social, de otro bloque de poder que pueda albergar a vastos sectores sociales. Algo que bien podría ocurrir en América Latina debido a que se trata de sociedades que manifiestan un fuerte desarrollo de la sociedad civil.

Vale la pena mencionar, entonces, las dos visiones sobre democracia que confrontaron en Latinoamérica desde los primeros años de vida independiente: la visión oligárquica (matriz liberal), que se niega a construir un nosotros con las mayorías sociales; y las corrientes populares (pensamiento popular latinoamericano), que parten de la incorporación del conjunto de los sectores sociales en el sistema político, con el objetivo de construir sociedades equitativas y soberanas.

América Latina, según esta visión, experimentó alternativas populares que tendieron a reivindicarse como sujetos colectivos con expresiones culturales propias, como integrantes de un nosotros social hostigado por otro social diferenciado étnica, racial y culturalmente. Las contradicciones entre clases también se manifiestan en la doble conflictividad de lo nacional y lo social, donde la corriente popular latinoamericana establece una marcada distancia respecto del nacionalismo aristocratizante, cuyo planteo de nacionalidad se sustenta en la identidad de ciertos sectores dominantes.

La concentración de los medios de comunicación ayudó a reproducir la visión de la clase dominante. Tal como señalan Martín Becerra y Guillermo Mastrini,

“en América Latina tempranamente se advirtieron los problemas generados por una excesiva concentración de la propiedad de los medios. Ya en los años sesenta los estudios de sociopolítica de la comunicación definieron dos dimensiones de la concentración: geográfica y económica” (Becerra y Mastrini 2001:5).

En la geográfica se hace referencia a la centralización de la producción, distribución y consumo cultural en los grandes centros urbanos, que deja a amplias regiones fuera del alcance de estaciones de radio y televisión, y cuya diversidad cultural se ve reducida a la visión de las elites capitalinas. Mientras que la concentración económica es vinculada con el complejo entramado de relaciones que tempranamente se estableció entre el poder político, el poder económico y los propietarios de los medios.

Focalizaremos el escenario del conflicto social en la Argentina de hoy, donde la hegemonía del bloque dominante, constituida desde el golpe militar de 1976 para hacer avanzar y organizar la sociedad detrás de la bandera del liberalismo económico, entra en crisis por dos razones: porque el Estado impuso el poder del “gran capital” hasta sus últimas consecuencias, lo que derivó en la crisis de 2001-2002 y la consecuente pérdida de consenso de las clases subalternas; y porque asoman otras clases que pretenden asumir la responsabilidad de reorganizar la sociedad.

Respecto al período previo a la crisis 2001-2002, Eduardo M. Basualdo[6] (2002) advierte una desvinculación del sistema político de los intereses y necesidades del resto de los sectores sociales, que no pueden enfrentar la creciente situación de explotación y exclusión social porque sus intelectuales orgánicos se integraron a los sectores dominantes. El autor sostiene que con la pérdida del contenido básico de los partidos políticos se registra la disolución de la figura emblemática que los caracterizaba, la militancia, que además de no estar convocada es repelida por ser un agente extraño a la nueva situación imperante.

El escenario en Argentina comenzó a modificarse desde el año 2003, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con una actitud cuestionadora de las matrices ideológicas del modelo neoliberal. En los hechos, y durante un proceso lento de crecimiento económico, eso se reflejó en la recuperación por parte del Estado de algunas empresas privatizadas en la década del noventa, la recomposición de la capacidad adquisitiva de los sectores populares, el crecimiento del empleo y las discusiones paritarias, entre otros. Con esto se pone en evidencia, a partir de 2007, la gestación de una nueva crisis que se desarrolla en el interior del sistema hegemónico, tras la ruptura de esa alianza entre el gobierno nacional, la vieja oligarquía agroexportadora y los grupos económicos locales y extranjeros.

Si la crisis consiste en que “muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo”, vemos que en Argentina los intereses de las clases dominantes se oponen a un proyecto de democratización del país que pone en práctica decisiones que están logrando crear la iniciativa de la voluntad política (reestatización de las AFJP, Asignación Universal por Hijo, Ley de Servicios Audiovisuales, Matrimonio Igualitario), mientras el bloque dominante se apoya en algunos sectores de la sociedad civil (medios de comunicación concentrados, asociaciones empresarias, Iglesia, Sociedad Rural) para tratar de desacreditar esas experiencias acusándolas de “no democráticas”.

Sobre esta “guerra de posiciones”, la politóloga belga Chantal Mouffe[7] (2010) se refirió a una serie de intereses que se oponen a la democratización del país y mencionó a

“el Grupo Clarín y todos los que tratan de monopolizar los medios de comunicación”. Desde su punto de vista, en Argentina hay “un gobierno progresista que intenta dar pluralidad de información, quiere generar condiciones igualitarias para la obtención del papel con Papel Prensa (…). Los grupos económicos tratan de monopolizar el poder lo más posible y el Gobierno, de impedirlo. Esas fuerzas que intentan mantener sus privilegios y control las representaron también los sectores del campo; el otro va cambiando según las circunstancias. Cuando tratás de democratizar una sociedad, hacerla más plural e igualitaria, te enfrentás con grupos de poder” (Página 12[P12], 5 de septiembre de 2010: 15).

Gramsci (1973) ubica a los medios de comunicación en la estructura ideológica, por cuanto influyen sobre la opinión pública. Así, en el escenario del conflicto al que hacemos referencia, los medios ocupan un rol fundamental como generadores de consenso, sobre todo porque actúan de manera funcional a las clases dominantes que tratan de mantener su hegemonía.

Sin embargo, se advierte que en este escenario de conflicto social la sociedad civil puede resultar fortalecida, en tanto el nuevo proyecto hegemónico está ganando el apoyo de ciertos sectores (intelectuales, sindicatos, organizaciones civiles, movimientos estudiantiles, algunos medios de comunicación) que pueden ser conquistados para su proyecto de transformación. Un dato alentador si se tiene en cuenta que desde el apogeo del menemismo a principios de los noventa y hasta la crisis de 2001-2002, el sistema político había quedado claramente relegado a los intereses económicos dominantes.

El nuevo escenario se vio reforzado en los dos últimos años con la puesta en valor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Matrimonio Igualitario, donde quedó demostrado que algunos sectores sociales pasaron de la pasividad política a una cierta actividad en la que se plantean reivindicaciones. En este sentido, el punto más alto ocurrió durante la multitudinaria despedida a los restos del ex presidente Néstor Kirchner en octubre de 2010, donde se pusieron de manifiesto dos cuestiones centrales: la recuperación de la confianza en la política y la vuelta de los jóvenes a la militancia.

LA LEY DE LA DICTADURA

El marco regulatorio de la actividad audiovisual que establecía el Decreto-Ley 22.285/1980 de la dictadura militar argentina respondía a un modelo de país que concebía al servicio como una actividad puramente mercantilista. Con su política de aniquilación del campo popular, aquel gobierno de facto iniciado en 1976 creó las condiciones para que el neoliberalismo, principalmente en la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), completara la “extranjerización” de la economía, que tuvo su correlato en el campo de la radiodifusión: en los noventa, el gobierno “democrático” profundizó el carácter autoritario de la Ley 22.285, permitiendo el ingreso del capital extranjero y la concentración, que dieron origen a los monopolios.

En un trabajo realizado por integrantes del Observatorio Político y Social de Medios y del Área de Investigación de la UTPBA[8], se sostiene que,

“en términos normativos, la década menemista dejó condicionada la estructura de funcionamiento del sistema de medios. Como corolario de una serie de modificaciones al cuerpo legal vigente (la ley 22.285 sancionada en 1980, bajo una dictadura militar), que implicaron alteraciones sustanciales a favor de los grupos multimedia, y a dos meses de concluir su segundo mandato, Carlos Menem dictó el decreto de necesidad y urgencia 1005/99 modificando artículos del decreto-ley 22.285/80 de Radiodifusión” (Postolsky et al. 2005:19).

El mencionado decreto pasa así a modificar el régimen de multiplicidad de licencias (de 4 a 24 se extienden las licencias permitidas a un mismo operador), autoriza la transferencia entre titulares, permite la formación de redes y libera el tiempo publicitario por hora de emisión. Según el documento del Observatorio, el Estado utilizó su capacidad reguladora para favorecer la concentración de la propiedad en los medios audiovisuales y legalizar las tendencias y situaciones preexistentes en el ámbito privado.

El mismo trabajo deja en claro que, en el período comprendido entre 1991 y 1995, la fuerte presión de los agentes locales garantizó que dentro de las modificaciones producidas por la ley 23.460 (llamada de Reforma del Estado) a la ley 22.285 de Radiodifusión, los medios no pudieran ser adquiridos por capitales extranjeros. Los grupos editoriales Atlántida y Clarín ganaron los concursos públicos de los canales de aire 11 y 13. “Este cruce entre el sector periodístico gráfico y el audiovisual fue el puntapié inicial para la formación de grandes conglomerados, que derivó en unos pocos ganadores y un desplazamiento de los agentes tradicionales” (Postolski et al. 2005:19).

En el mencionado artículo, Glenn Postolski, Ana Santucho y Daniel Rodríguez agregan que, durante esta etapa, se produjo el posicionamiento del capital nacional, destacándose dos grupos principales: Clarín y Telefe, y otros grupos menores, como Eurnekián (América), Romay (Libertad) y García (Crónica). Y puntualizan que a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (firmado con Estados Unidos en 1991, refrendado por ley del Congreso en 1994), en el área de la radiodifusión argentina se radicalizó el proceso de concentración e internacionalización del capital. En tanto, durante la última etapa de la década, “la irrupción del CEI Citicorp Holdings en la arena mediática y la constitución como grupo económico por parte de las empresas controladas por Clarín, deparó un duopolio privado de medios con gran capacidad de emisión, que era dueño de estaciones de televisión abierta, de cable y satelital, de radios AM y FM, de productoras de contenido, de medios gráficos, de empresas de telecomunicaciones y de acceso a Internet, entre otros” (Postolski et al. 2005:4).

Finalmente, esta situación no será alterada con el recambio en el gobierno tras la asunción del presidente Fernando De la Rúa en 1999. Las políticas emprendidas durante el breve lapso de gobierno de la Alianza marcaron la misma lógica en la orientación reguladora del sector. Así, para 2001, Clarín pasó de ser una empresa monomedia en la década del ’80, a convertirse en el medio de mayor influencia en la agenda pública, constituyéndose como el grupo de capital nacional dominante en el mapa de medios de Argentina. Según el artículo mencionado anteriormente, “con una facturación de 1.400 millones de dólares en el 2001, se convirtió en el quinto holding nacional” (Postolski et al. 2005:11).

No es casual, entonces, que desde la recuperación de la democracia en 1983 y hasta 2009, existieron 37 proyectos de Ley de Radiodifusión que lograron estado parlamentario (entre ellos los presentados por los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001), pero que jamás pudieron cristalizarse afectados por fuertes presiones desde los medios cuyos intereses se veían involucrados. De hecho, y una vez sancionada la nueva Ley en 2009, todavía la clase dominante, representada en este caso por los grandes medios de comunicación concentrados (especialmente el grupo Clarín), está logrando postergar su completa implementación a través de medidas cautelares en la Justicia, con el argumento de que el gobierno nacional pretende, de esta manera, “controlar a la prensa” (llegaron a denominarla “Ley Mordaza”).

Siguiendo a Marqués de Melo, eso podría fundamentarse con antecedentes latinoamericanos donde “las iniciativas de apropiación de los Medios por los gobiernos nacionalistas o populistas del continente redundaron en proyectos manipuladores de la opinión pública, al servicio de los ocupantes del poder” (Marqués de Melo 1993:24). Sin embargo, en el caso de la nueva Ley argentina no se debe descuidar su origen: surgió a partir del trabajo de la denominada Coalición por una Radiodifusión Democrática, definida como “un espacio horizontal, sin un liderazgo, donde hay diferencias entre sus integrantes”. Las coincidencias entre los actores (sindicatos, cooperativas, radios universitarias, comunitarias, movimientos sociales, universidades y estudiantes de comunicación y periodismo y organizaciones no gubernamentales) venían siendo sostenidas desde la recuperación de la democracia, planteando la necesidad del pluralismo informativo y cultural, el desarrollo de medios públicos al servicio de los ciudadanos, y elevando a la comunicación a la categoría de derecho humano fundamental.

La mencionada Coalición recién se hizo visible con la convocatoria presidencial de abril de 2008 para debatir un nuevo proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que finalmente recogió los principios establecidos en los 21 puntos de la propuesta que fue sometida a consulta pública a partir de marzo de 2009.

Además de los integrantes originales de la Coalición, se sumaron a las actividades alrededor de 300 organizaciones, entre ellas la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Foro de Radios Comunitarias, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Confederación Sindicatos de Trabajadores de Medios de Comunicación (Cositmecos), la Confederación de Trabajadores de la Educación República Argentina (CTERA), organizaciones de pueblos originarios y la Asociación Radio de Universidades Nacionales (ARUNA). Así, entre marzo y julio de 2009, en distintos puntos del país se realizaron 23 Foros de Consulta Pública con la participación de 10 mil personas, y se recepcionaron unos 1.200 aportes al proyecto.

Lo que se discute, según Luis Lázzaro[9], actual coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca),

“es que ese dispositivo se ponga al servicio de las posibilidades de acceso, control y participación por parte de los diferentes actores que integran la sociedad democrática en un Estado federal. Para ello, es imprescindible replantear el actual modelo, que ha sido formateado por el autoritarismo neoliberal” (Lázzaro 2009:21).

LA LEY DE LA DEMOCRACIA

Así llegamos a la Ley 26.522, que destaca cuestiones tales como “el derecho a la información”, “más voces de la sociedad civil”, “límite a la conformación de monopolios y oligopolios de medios”, “más contenidos nacionales” y “acceso universal para la transmisión de eventos relevantes”, entre otros. Sobre el primer concepto se aclara que la libertad de prensa no es sólo para quienes poseen medios de comunicación, ni para quienes ejercen el periodismo o trabajan en los medios, sino que es también un derecho de quienes cotidianamente compran y leen diarios o revistas, escuchan radio o ven televisión. El concepto de libertad de prensa habla del derecho a conocer los hechos como facultad para saber qué es lo que ocurre a nuestro alrededor y como forma imprescindible de permitir nuestra participación en la comunidad. Por eso el derecho a la información es caracterizado como un Derecho Humano, y por eso en las sociedades modernas, el derecho a la comunicación tiene la misma jerarquía que el derecho a la educación (Ley 26.522, 2009).

En cuanto a la oportunidad de generar “más voces de la sociedad civil” y para asegurar condiciones que permitan una expresión equitativa de las ideas por parte de los distintos sectores que integran la sociedad, la Ley, en su artículo 89 inciso F, establece “el treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro”.

Por otro lado, con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, la Ley pone límites a la concentración a través de topes aplicados a la cantidad de licencias por tipo de medio. Por ejemplo, a nivel nacional un mismo propietario solo puede acumular hasta 10 frecuencias de radio o televisión abierta y hasta una señal de cable, o 24 servicios de distribución de TV por cable, siempre y cuando la cobertura que alcance no supere el 35% de la población o de los abonados. Mientras que a nivel local un mismo propietario puede tener como máximo 3 licencias de las cuales solo 1 puede ser de radio AM y solo 1 puede ser de televisión (ya sea abierta o por cable). Esto quiere decir que un mismo propietario no puede ser titular de la empresa local de distribución de tv por cable y de un canal de televisión abierta (Ley 26.522, 2009).

La Ley también fija “cuotas de pantalla” que deben respetar las emisoras para fomentar los contenidos nacionales y las producciones independientes. Establece que los canales de televisión abierta o por cable deben estrenar al menos 8 largometrajes de producción nacional y 6 películas de productoras independientes por año. Los licenciatarios de radio deben emitir un 30% de música nacional y la mitad de ese porcentaje debe ser de sellos independientes. Además deben tener un mínimo de producción propia del 50% con informativos locales. En los canales públicos el porcentaje estipulado de producción nacional y propia es del 60% y deben tener además al menos un 20% de programación de contenido educativo, cultural o de bien público. En los canales privados el 60% de la programación debe ser de contenido nacional, el 30% propio con informativos locales y entre un 10 a 30% de contenido local de acuerdo a la ciudad en que se encuentren. Finalmente, la Ley 26.522 garantiza la transmisión abierta de los acontecimientos tanto deportivos como informativos que se declaren “de interés relevante”, entre ellos, la transmisión de partidos de fútbol.

Para controlar el cumplimiento de la Ley, se destaca la existencia de cuatro cuerpos: 1) la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (en reemplazo del COMFER), es un ente autárquico (política y económicamente autónomo) que se financia con fondos del Presupuesto Nacional además de gravámenes a pagar por los licenciatarios de Servicios de Comunicación Audiovisual y lo recaudado por la aplicación de multas. Este organismo está conformado por 7 miembros designados por el Ejecutivo, 3 de ellos en representación de la primera, segunda y tercera minoría Parlamentaria y 2 propuestos por el Consejo Federal de Comunicación, debiendo ser uno de ellos un académico representante de las universidades relacionadas con la comunicación.

2) un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual integrado por un miembro de cada provincia y representantes de las distintas fracciones que integran el sector: 3 representantes de los prestadores comerciales, 3 de las entidades sin fines de lucro, 1 de las emisoras universitarias, 1 de las universidades que dicten la carrera de comunicación, 1 representante de los medios públicos y 2 representantes de los trabajadores.

3) una Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual encargada de atender las consultas, reclamos y denuncias de la audiencia.

4) Una Comisión Bicameral para el Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Esta comisión es la encargada entre otras cosas de proponer a los representantes de la minoría parlamentaria en el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y al Defensor del Público.

CONCLUSIONES

Ese “largo itinerario” que planteaba el Informe MacBride para “crear nuevas estructuras, aplicar nuevos métodos y generar una nueva mentalidad” pudo convertirse en Ley en la República Argentina porque el nuevo escenario del conflicto político y social, en términos de Gramsci (1973), ha puesto en evidencia una crisis orgánica en el bloque histórico. Por esa razón se advierte una resistencia del bloque dominante que impide la implementación total de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales.

Las palabras del intelectual y periodista Ignacio Ramonet en la conferencia de clausura de la Bienal Iberoamericana de Comunicación realizada en 2007[10] son elocuentes respecto del camino que venimos transitando en este trabajo:

“Miren lo que está ocurriendo en América Latina. Uno de los pocos ejemplos en el mundo, donde una serie de gobiernos han combatido la globalización, las sociedades han vivido a sus expensas, la aplicación de medidas neoliberales extremadamente depredadoras, se ponen en práctica una serie de decisiones que vuelven a poner en primera línea la voluntad política, de crear la iniciativa a lo político, frente a lo económico y mediático. Es lo que ocurre en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, y miren con qué violencia el aparato mediático está tratando de desacreditar esas experiencias con la temática de que son experiencias no democráticas cuando no lo son, o de regresión, cuando son de progreso evidente” (Ramonet <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57283 >2007).

 

Becerra y Mastrini (2006) sostienen que históricamente se ha definido que la forma de garantizar el pluralismo es a través de la diversidad de medios y contenidos, de múltiples voces, y de la expresión pública de diferentes definiciones políticas. En este sentido, la nueva Ley representa una oportunidad histórica para garantizar la participación ciudadana y el derecho a la comunicación que toda democracia debe brindar.

En esa dirección deberá profundizar la democracia argentina para que las nuevas fuerzas sociales puedan construir su propia dirección política e ideológica, y así lograr que los sectores dominantes que aún hoy tienen el consenso de la población para reproducir y sostener su poder, finalmente lo pierdan en manos de otro bloque de poder que, en este caso, puede albergar a diversos sectores sociales.

BIBLIOGRAFÍA

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