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Patricia Pérez PROINCOMSCI-FACSO-UNICEN y Ludmida Adad NURES- FACSO-UNICEN

Recibido 10/07/2015

Aceptado: 16/07/2015


genero1Desde  junio de 2015 en el campus de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (sede Tandil) funciona una de las “Escuelas Populares de Formación en Género”. El Proyecto de Extensión “Estudios de Comunicación Cultura y Género” ECCyGE - FACSO es parte de la iniciativa.

Las Escuelas Populares de Formación en Género (de ahora en más EPFG) resultan una interesante y necesaria iniciativa puesta en marcha por el Consejo Nacional de las Mujeres desde al año 2013 (Res. CNM 18/2013) que tienen por objetivo primordial articular el saber académico con los diferentes sectores de la comunidad. La iniciativa, además, propone repensar la teoría en relación directa con los sujetos: adecuar, sensibilizar y otorgar sentidos, promover a la vez que promocionar son parte de los procesos obligatorios que se ponen en marcha al implementar en territorio las EPFG. Asimismo, la decisión puede pensarse como parte de la obligatoriedad que sostiene el Estado Nacional para -de algún modo- dar cumplimiento tanto a las convenciones internacionales que tienen fuerza de ley en Argentina; estas son, básicamente la CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) y la denominada BELEM DO PARA (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer). También, da cumplimiento a lo especificado en la Ley 26.485[1] conocida como ley de violencia de género. Estos instrumentos comprometen a los Estados a trabajar en prevención, promoción e inclusión de los derechos humanos de las mujeres.

En este orden de cosas, cabe recordar que los derechos humanos de las mujeres tuvieron que ser puestos en consideración para su real efectivización en tanto tales, a instancias del movimiento de mujeres, en una enorme cantidad de convenciones tanto regionales como internacionales. Recién en el año 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, certificó que los derechos humanos de las mujeres constituyen una “parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales” y se propone que “se conceda el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y que ésta sea una prioridad para los gobiernos y las naciones unidas”[2].

Es por esto que desde el CNM se reconoce que si bien nuestro país tiene un conjunto de derechos consagrados que son de avanzada para la región, aún es preciso profundizar aquellas políticas públicas que consideren y atiendan las necesidades de las mujeres. En este sentido, el CNM se plantea la necesidad de: “difundirlas y trabajar específicamente en acciones orientadas a favorecer la modificación del contexto estructural en el que hace anclaje un modo de relación jerárquica entre las personas determinado en razón del género.”[3]

Cuando hablamos de género, hacemos referencia a una construcción social que es desigual y que se basa en “la existencia de jerarquías entre ambos sexos y las consiguientes relaciones de poder asimétricas que se generan a partir de allí. Esta última diferenciación no es solo conceptual sino que tiene efectos políticos, sociales y culturales. Es decir, el género refiere a todos aquellos atributos y roles sociales cambiantes (…) que una sociedad asigna a lo femenino y a lo masculino”[4] (Pautassi, 1999: 15).

El problema de las asimetrías radica en que, si bien en términos teóricos -y sobre todo de enunciación político jurídica- todos los sujetos seríamos iguales, en el orden de lo fáctico se evidencian desigualdades de orden jurídico para aquellas personas que no son o no “encajan” dentro de los parámetros impuestos desde la lógica constitutiva de lo social en occidente (hombre, blanco, heterosexual, etc.).

En este sentido, no todas las personas gozan de la denominada “igualdad de derechos” y han tenido que reverse esos parámetros universales en múltiples ocasiones para intentar efectivizar la condición de “igualdad humana”, más de índole enunciativo que concreto. La revisión ha corrido por cuenta y cargo del pujante movimiento feminista, que da por tierra con los supuestos parámetros de igualdad propuestos bajo el acápite de “universal/universales” al desenmascarar las construcción hegemónica que subsumía la condición de mujeres dentro de éste. Este largo desandar de construcciones ideológicas dominantes, implica necesariamente en la actualidad una fuerte presencia del Estado; debe garantizar desde las instancias políticas que correspondan una mayor autonomía de la ciudadanía, y debe intervenir a los efectos de disminuir las desigualdades, en este caso que sufren las mujeres y todas aquellas otras personas que no integrarían la lógica de la heterosexualidad dominante.

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Las EPFG vienen a cumplir un rol fundamental en este camino. Su puesta en marcha es un desafío que propone subvertir la dominación patriarcal sobre la base y las herramientas que otorgan la educación, como práctica emancipadora. Empoderar a mujeres de sectores vulnerables a partir de estrategias de educación popular[5] constituye un requisito imprescindible para lograr desarrollo social. La Cumbre Social de Desarrollo (1995) reconoció que el empoderamiento de la mujer es un requisito insoslayable para el desarrollo social. También la Plataforma de Beijing (1995) planteó que uno de los grandes obstáculos para el avance de la mujer es el creciente peso de la pobreza femenina; sin embargo, las definiciones recientes en torno del concepto de pobreza, sostienen que la ausencia de recursos simbólicos es tan nociva como la carencia de recursos materiales. La pobreza constituye una realidad sumamente compleja que excede ampliamente la cuestión del ingreso económico. LAS EPFG, entonces, tienen la tarea político pedagógica de recomponer la larga inacción del Estado en torno de la implementación de políticas de género.

Las EPFG son pensadas no sólo cómo espacios para reflexionar sobre la realidad cotidiana de las mujeres e identificar desigualdades de género, sino también para promover el desarrollo de iniciativas que contribuyan al pleno ejercicio de derechos vinculados a esta temática.

Como cientistas sociales, pero fundamentalmente como mujeres, consideramos que generar acciones que tiendan a transformar y erradicar ciertas estructuras básicas tributarias de la desigualdad -entre las que “el patriarcado” ocupa un lugar protagónico-, contribuye a la construcción de sociedades más equitativas, menos machistas y por lo tanto menos violentas para todos y todas.

La singularidad de esta propuesta reside en la apertura de las sedes universitarias a personas pertenecientes a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, políticas, ciudadanos/as en general para desarrollar una propuesta formativa enmarcada en la educación popular como educación política.

En la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, las EPFG son puestas en marcha desde el Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión a cargo de la Abogada María Nazabal, quien invita a participar en su implementación y dictado de talleres al ECCyGE (Estudios de Comuniación, Cultura y Género) de la FACSO.

Los ejes temáticos de trabajo previstos son:

1- Perspectiva de género. ¿Qué es el patriarcado? ¿Cómo se construyen estereotipos? Identidades de género: deconstrucción es democratización. Diversidad para la igualdad.

 2 - Violencias de género: configuraciones, modalidades. Herramientas para una vida libre de violencia.

3 - El poder de la palabra: Acoso callejero y violencia mediática.  La lucha por la democratización de la palabra para todos y todas. Hacia una comunicación no sexista.

4 - Salud  e igualdad de género. El derecho a la salud: ¿es igual para todos y todas? Salud Sexual y Reproductiva. Ley de Educación Sexual Integral.

5 - Mercado de trabajo: Los techos de cristal. Las herramientas para una relación de equidad. Conquistas y desafíos. Migraciones y género. Lucha sindical y género.

6- Desnaturalizando alguna(s) violencias: el consumo de prostitución, visibilizando la responsabilidad del prostituyente. La lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual.

7. Género, organizaciones sociales y participación política.  Diagnóstico, monitoreo, sistematización y elaboración de propuestas.



[1]Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
[2] htp://www.un.org/es/development/devagenda/humanrights.shtml. Ultimo acceso: 15 de junio de 2015g.
[4] PAUTASSI, L. (1999). Igualdad de derechos y desigualdad de oportunidades. Ciudadanía, derechos sociales y Género en América Latina. Buenos Aires: Centro Interdisciplinario para el estudio de políticas públicas.
[5]La idea de “educación popular” está pensada desde los postulados sostenidos por el pensador brasilero Paulo Freire. Constituye un proceso de aprendizaje participativo con posibilidades de transformación de la realidad; se basa en las experiencias prácticas de las personas y grupos implicados. La “educación popular” parte de comprender cuáles son los factores sociopolíticos, económicos y culturales que han determinado la situación por la que atraviesan los sectores más desfavorecidos (populares) para así poder proponer cambios.

2015. Newsletter . ISSN 1850-261X Copyright © Facultad de Ciencias Sociales. UNCPBA. Argentina