Alba Rueda, Subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Es Activista Trans e integrante de Noti Trans y Mujeres Trans Argentina. Investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Integrante del Consejo Asesor del Observatorio de Género en la Justicia, Consejo de la Magistratura de C.A.B.A.

Hace pocos días se aprobó a nivel nacional la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán - Lohana Berkins", que se vincula en su nombre con dos grandes referentas travestis. Tanto Lohana como Diana planteaban que sin la posibilidad de acceso al trabajo formal la desigualdad de derechos para travestis y trans seguiría vigente. Diana siempre señaló que la Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, no contemplaba el eje de la desigualdad ligado a las cuestiones materiales de vida. Y por eso insistió y militó por el cupo laboral travesti trans.

Para comprender la profunda necesidad de estas medidas es central tener en cuenta que el promedio de vida de travestis y trans en Argentina es de 40 años. Y también es imprescindible considerar que esas muertes tan tempranas se producen por motivos evitables que se relacionan con condiciones de vida que vulneran los derechos fundamentales de travestis y trans. Esa trama de vulneración se relaciona con la expulsión del hogar, del sistema de salud y educativo, y de las oportunidades laborales, los insultos y la violencia física en la calle, la prostitución y la violencia institucional. Esta es la trama política institucional que visibilizó el movimiento travesti trans argentino y que estas medidas, como la del cupo laboral, vienen a reparar. Considerando esa trama de vulneraciones, la ley establece que no es necesario que las personas contratadas hayan terminado los estudios para acceder a un empleo en el sistema público nacional y que el Estado debe acompañar la terminalidad educativa. En efecto, el Estado tiene la responsabilidad de reparar las dificultades que travestis y trans afrontan para concluir los estudios primarios, secundarios y universitarios.

Desde las universidades también hay mucho por hacer para afianzar el respeto por la diversidad, la igualdad y los Derechos Humanos de todes.

Las instituciones universitarias pueden generar información sobre las trayectorias académicas de las personas travestis y trans. En general, hay una presunción bastante extendida de que travestis y trans no acceden a las carreras universitarias, pero no sabemos qué sucede con aquellas que sí ingresan, una vez que están cursando. Sabemos que en la academia se sostienen dispositivos de violencia hacia lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgéneros, bisexuales, no binaries y, en general, hacia todas las identidades de género no normativas. Pero esos dispositivos no están identificados con precisión y, por lo tanto, carecemos del conocimiento necesario para desmontarlos.  

Las universidades no son espacios aislados y muchas de las transformaciones sociales y políticas que vivimos actualmente se materializan también en ellas. Es importante que conozcamos, apoyemos y difundamos lo que sí se está haciendo en universidades desde la perspectiva de la diversidad, en los programas de formación y de extensión, las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela y la incorporación de la variable de identidad de género en los sistemas de información universitaria. En ese sentido, es asumimos la importancia de las universidades no sólo como centros de construcción de conocimiento sino también como instituciones de legitimación de sentidos. Así, es imprescindible que las universidades, además de constituirse en espacios de formación transfeminista, sean coherentes con las políticas de ampliación de derechos de las personas trans, en principio, con la incorporación de la variable de identidad de género y la aplicación del cupo laboral travesti trans, en todos los estratos institucionales.

Las comunidades académicas son centrales en el accionar político democratizador para establecer temas dentro de la agenda pública, para militar a favor de la expansión de derechos y para consolidar la perspectiva de la diversidad como horizonte de igualdad.

Sra. Alba Rueda. Subsecretaria de Políticas de Diversidad

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