Nombre del proyecto: Conocer para actuar. Propuestas de articulación institucional destinadas a sectores vulnerados de/en una ciudad de rango medio del centro bonaerense en el marco del impacto del Covid-19”

Autoras: María Eugenia Iturralde, (Dra. en Comunicación - CONICET-FACSO/UNICEN) y Daiana Martinefsky (Téc. en Producción Mediática - PROINCOMSCI–FACSO Producciones)

Disciplina científica: Comunicación Social

Campo de aplicación: Ciencias Sociales y Ciencias Humanas

Directora del proyecto: Patricia Pérez

Lugar de trabajo: CONICET-FACSO/UNICEN PROINCOMSCI–FACSO Producciones. 

Resumen: En el presente artículo explicitamos los aportes que vamos a efectuar al proyecto de investigación “Conocer para actuar. Propuestas de articulación institucional destinadas a sectores vulnerados de/en una ciudad de rango medio del centro bonaerense en el marco del impacto del Covid-19”. Teniendo en cuenta nuestra trayectoria laboral, nos proponemos colaborar en dos sentidos: en primer lugar, vamos a analizar las producciones audiovisuales del centro-sudeste bonaerense en contexto de pandemia, teniendo en cuenta el perfil comercial que mayoritariamente sostienen las mismas; y en  segundo término, nos abocaremos a realizar piezas comunicacionales -desde un enfoque participativo- que garanticen el derecho a la comunicación, pero que también permitan acceder a información sobre derechos básicos como salud, educación, alimentación, conocimiento y tecnologías. Las producciones audiovisuales se van a realizar adoptando el enfoque de derechos, dando continuidad al perfil que sostienen los medios de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN -nos referimos específicamente a FACSO Producciones y Radio Universidad. A partir del año 2009, se pusieron en marcha los medios públicos de la UNICEN. Su creación multiplicó las propuestas de producción audiovisual en la región, e introdujo el abordaje de nuevas temáticas y contenidos, constituyéndose en un elemento disruptivo frente a las tradicionales propuestas locales de corte comercial.

Palabras clave: comunicación, enfoque de derechos, centro-sudeste bonaerense, producción audiovisual

Desarrollo del tema investigado

En el marco del proyecto de investigación “Conocer para actuar”, nos proponemos, en primer lugar, analizar las producción audiovisual en el centro-sudeste bonaerense durante la pandemia causada por el SARS-CoV-2- para, en segundo lugar, diagramar estrategias que garanticen el derecho a la comunicación de sectores vulnerados de la ciudad de Olavarría.

Los servicios audiovisuales, antes denominados de radiodifusión, se organizaron de diferentes modos de acuerdo a los contextos sociopolíticos que dieron lugar a su surgimiento y desarrollo. En términos generales, podemos decir que en occidente existen dos modelos antagónicos construidos como tipos ideales: el modelo europeo y el modelo estadounidense. El primero de base pública y el segundo de tipo privado y con fines comerciales (Oriol Costa, 1986).  Estas dos formas de organizar los sistemas de comunicación difieren sustancialmente en el modo de concebir la libertad de expresión. Estados Unidos entiende que su ejercicio debe quedar librado al ordenamiento del mercado, a diferencia de la mirada europea que sostiene que en la práctica el modelo privado no garantiza que todas las personas puedan expresarse libremente en el espacio público, y por eso es necesaria la intervención de los poderes del Estado. Si embargo, es oportuno señalar que los estados nacionales siempre intervienen -en mayor o menor medida- en la administración, porque el número de frecuencias en las que pueden operar los servicios audiovisuales es limitado.

Las frecuencias radioeléctricas, además de ser un bien finito, son reconocidas internacionalmente como patrimonio común de la humanidad, es por esto que los estados nacionales negocian sus derechos de administración en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Si bien este organismo gestiona globalmente el espectro radioeléctrico, cada país dicta su propio sistema normativo sobre sus bandas de frecuencia. En Argentina la regulación de los servicios audiovisuales -de radio y televisión de aire- fue, históricamente, centralizada por el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso de la Nación.

El sistema de medios de comunicación de nuestro país se ha circunscripto al modelo comercial, lógica profundizada en la década de 1990 por los procesos de concentración y extranjerización de la propiedad de las licencias (Mastrini y Becerra, 2001). Una de las consecuencias de la adopción de este modelo, es la centralización geográfica de la producción audiovisual (Becerra, 2015), puesto que la mayor parte de los contenidos se realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Aníbal Ford (1987) analizó esta problemática y concluyó que este ordenamiento da lugar a la unidireccionalidad de la comunicación, fenómeno que genera sobre-información respecto de lo que sucede en la Capital y desinformación sobre las realidades del resto del país. Los canales de televisión de CABA tienen alcance nacional por medio del servicio por suscripción, y un gran número de radios locales en frecuencia modulada, transmite contenidos de radios capitalinas (Iturralde, 2019).   

Sin embargo, a inicios del siglo XXI se registraron modificaciones al modelo comercial de medios de comunicación. Mencionamos dos que resultan relevantes en nuestras indagaciones, por un lado, se dictaron nuevas regulaciones para el sector[1], y por otro, el Estado adoptó el lugar de emisor y gestor de la comunicación. Estas regulaciones atendieron la demanda de sectores vinculados a la sociedad civil, especialmente aquellos que abogaban por una comunicación democrática y participativa, en contra de la concentración mediática –organismos de Derechos Humanos, radios universitarias, comunitarias y cooperativas, trabajadores sindicalizados, académicos, organizaciones políticas y sociales, entre otros.

Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (período 2003-2015), el Estado nacional creó canales de televisión de gestión estatal (Encuentro, PakaPaka, DeporTV,  TEC TV, INCAA TV -actualmente denominado CINE.AR), y el Congreso autorizó el ingreso de nuevos actores para la prestación de servicios. Hasta el año 2005 el Estado argentino no reconoció a los prestadores sin fines de lucro como titulares de licencias. Probablemente eso desalentó la puesta en marcha de proyectos audiovisuales por parte de la sociedad civil. La sanción de la Ley N° 26.053 legitimó la existencia de medios de comunicación sin perfil comercial, y en 2009 -la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual-, habilitó la participación de cooperativas, además de reservar un 33% del uso del espectro a los prestadores privados sin fines de lucro.

En la región centro-sudeste de la Provincia de Buenos Aires, en el período 2009-2015, se registra la creación de medios de comunicación audiovisuales de gestión estatal. Mediante diferentes programas del gobierno nacional se transfirieron equipos de radio FM a instituciones educativas y a una cooperativa. También se creó un Polo Audiovisual en Tandil y una FM universitaria en Olavarría, ambos dependientes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). Los medios de la UNICEN con el correr de los años lograron sostenerse, consolidarse y vincularse con las comunidades en las que se inscriben. Nos referimos particularmente a: Radio Universidad, Productora de Contenidos Audiovisuales UNICEN, FACSO Producciones y ABRA TV. La puesta en marcha de los medios públicos de la UNICEN en la región multiplicó las propuestas de producción audiovisual e introdujo el abordaje de nuevas temáticas y contenidos, constituyéndose en un elemento disruptivo frente a las tradicionales propuestas locales de corte comercial (Iturralde, 2019).

Líneas de acción desde los medios universitarios

El equipo de trabajo del proyecto, además de contar con investigadores e investigadoras, está integrado por dos trabajadoras de los medios universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) -Radio Universidad y FACSO Producciones-, que van a efectuar aportes mediante la producción de piezas comunicacionales. El trabajo conjunto entre especialistas sobre diferentes temáticas y las realizadoras, permite proyectar la circulación de contenidos audiovisuales que den lugar al ejercicio del derecho al acceso a la información por parte de la comunidad. El contexto de pandemia alteró las prácticas cotidianas, y generó la necesidad de informar a la población sobre nuevos modos de conducirse socialmente para acceder a derechos básicos como la salud (en sentido integral: física, emocional y social), la educación, la alimentación, al conocimiento y las tecnologías.   

Así como, los medios de comunicación de la FACSO se abocan a garantizar el acceso a la información, es necesario señalar que también sostienen propuestas que ponen el acento en la participación. En ese sentido, Radio Universidad FM 90.1 se consolidó como medio público de referencia en la región, a partir del trabajo sostenido y coordinado con diferentes actores organizacionales de la sociedad civil que asumen activamente la palabra en la radio[2]. Desde esta perspectiva se reconoce que una comunicación significativa y democrática, es heterogénea y plural. En concordancia con estas líneas de trabajo, Radio Universidad está produciendo mensajes de cuidados y auto cuidado, y para que resulten significativos apela al trabajo dialógico, dando lugar al diseño y elaboración de piezas comunicacionales audiovisuales, para y con les actores de la comunidad.

Por su parte, en el contexto de pandemia mundial, FACSO Producciones desarrolló piezas para difusión por redes sociales, que tuvieron como eje la divulgación de actividades culturales, y la concientización respecto a la circulación pública de información en el entorno virtual, sobre personas en situación de violencia de género. Actualmente, el equipo está abocado a la producción de materiales que se realizan en el marco de un convenio firmado entre las Facultades de todo el país, que contienen entre sus ofertas académicas carreras de Comunicación, y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación (MSAL). Las piezas desarrolladas serán destinadas  a un Banco Federal de Contenidos Audiovisuales en Salud (BAFCAS), cuya curaduría está a cargo del MSAL. Específicamente se está produciendo una  “campaña de difusión con contenidos relacionados al COVID-19, a fin de amplificar los mensajes de prevención y poniendo el acento en la identidad de cada región del país” (Ministerio de SAL, 2020: 2).

En sintonía con el trabajo que habitualmente desarrollan los medios de comunicación de la FACSO, las comunicadoras y realizadoras efectuaran aportes comunicacionales en áreas prioritarias que serán detectadas por las investigadoras y los investigadores que integran el proyecto, entendiendo que en muchas oportunidades el ejercicio del derecho a la información es el primer paso en la garantía de otros derechos fundamentales.

Bibliografía

Becerra, M. (2015). De la concentración a la convergencia. Políticas de medios en Argentina y América Latina. Ciudad autónoma de Buenos Aires: Paidós.

Ford, Aníbal (1987). Aproximaciones al tema de federalismo y comunicación. En Landi, O. (Ed.), Medios transformación cultural y política. Buenos Aires, Argentina: Legasa.

Iturralde, M. (2019) Políticas de comunicación en ciudades intermedias. El proceso de discusión, sanción y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación en Azul, Olavarría y Tandil. La Plata: UNLP. Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73762

Mastrini, G. y Becerra, M. (2001) “50 años de concentración de medios en América Latina: del patriarcado artesanal a la valorización en escala”. En F. Quirós Fernández y F. Sierra Caballero (ed.). Globalización, comunicación y democracia. Crítica de la economía política de la comunicación y la cultura, Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

Ministerio de Salud de la Nación (2020) UNIVERSIDADES | Red Federal de Aportes en Comunicación Estratégica COVID.

Oriol Costa, P. (1986): La crisis de la televisión pública, Paidós, Barcelona.