Juan Pablo Matta (GESC-CONICET-UNICEN)

Matías Rafael Pizarro (GESC-CONICET-UNICEN)

Brenda Bahl (GESC-CONICET-UNICEN)

Natalia Larrea (GESC-CONICET-UNICEN)

Mercedes Mariano (GESC-CONICET-UNICEN)

Mariana Inés Godoy (ICSOH-CONICET-UNSa/GESC)

La coyuntura que inaugura la propagación a escala planetaria de lo que ha sido reconocido como COVID-19 en tanto enfermedad -y SARS-CoV-2 como su virus causante- y que el 11 de marzo de 2020 llevó a la Organización Mundial de la Salud a declararla como pandemia, presenta numerosos interrogantes para las Ciencias Sociales. Se trata de un fenómeno de escala global y de naturaleza compleja y multidimensional que ha impactado en forma drástica -y lo seguirá haciendo- en los más diversos ámbitos de la vida humana alrededor del planeta. En este contexto, la Antropología se enfrenta a nuevos interrogantes y ensaya novedosas modalidades de articulación con los problemas sociales que envuelven sus objetos de estudio. En este artículo repasaremos una experiencia de trabajo en curso desarrollada en el marco del Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto (GESC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN con la colaboración de una investigadora perteneciente al Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Salta y CONICET, y que caracterizamos como un ejercicio antropológico de emergencia en tanto respuesta circunstancial a una situación crítica que requiere de una acción inmediata.

El establecimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) establecido mediante el DNU (297/2020) por el Gobierno de la República Argentina el 19 de marzo de 2020 como medida de contención ante el avance de la pandemia de la COVID-19 supuso la repentina suspensión de la mayor parte de las actividades en el país. Como muchos otros equipos de investigación, el nuestro tuvo que suspender sus agendas de trabajo en curso y redefinir la totalidad de las actividades atendiendo las disposiciones incluidas en el decreto del ASPO. La labor investigativa de quienes hacemos antropología está fuertemente asentada en la interacción directa con las personas que crean -y recrean- los universos sociales que buscamos comprender, de manera que las nuevas condiciones impactaron fuertemente en la dinámica de nuestro trabajo habitual.

En estas circunstancias tomamos conocimiento de una serie de episodios que comenzaban a suscitarse en distintos puntos del país (inicialmente concentrados en el AMBA) vinculados a situaciones de escrache, estigmatización, discriminación, acoso y amenazas a personas sospechadas o confirmadas de COVID-19 (al igual que sus familiares, vecinos/as y compañeros/as de trabajo) y agentes de salud vinculados a su atención. Ante ello, consideramos que sería oportuno reorientar -en parte- nuestras actividades al análisis de estas situaciones (con muchas similitudes a las que habitualmente constituyen nuestros objetos de estudio) con el objeto de proveer en forma rápida conocimiento actualizado y de calidad a los organismos que tengan que elaborar políticas públicas para la gestión de estas situaciones. Desde un primer momento resultaba claro que en forma paralela al desarrollo de la enfermedad se iba desplegando otro tipo de problemática social capaz de agravar mucho situaciones que de por sí ya eran muy complicadas y que esto requeriría de atención estatal. Una mujer que sufrió el contagio de la enfermedad en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, y que fue víctima de distintas acusaciones y hostigamientos reflexiona: “creo que más me dolió e hirió la mentira de la gente que el propio coronavirus”.

Para poder avanzar con el objetivo propuesto elaboramos un breve proyecto de investigación presentado en la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNICEN orientado a relevar situaciones de estigmatización, discriminación, acoso y amenazas por Covid-19 en la Argentina. Siete integrantes del GESC se sumaron voluntariamente al proyecto y permitieron conformar un equipo de trabajo. En este marco se llevaron adelante distintas estrategias de relevamiento de casos (información periodística y entrevistas on-line) siendo el instrumento principal un cuestionario on-line que estuvo activo desde el día 12 de abril hasta el 30 del mismo mes y que permitió el registro en primera persona de 36 casos de hostigamiento por COVID-19 en el país. A partir del trabajo con estas fuentes el equipo comenzó un proceso de discusión orientado a la identificación de dimensiones y categorías de análisis que permitieran la construcción de distintas hipótesis de trabajo.

En función de las características de los casos analizados y de las áreas de especialización de las y los integrantes del equipo de trabajo, estamos trabajando sobre seis problemas articulados pero que requieren de un análisis particular. En primer lugar nos preguntamos acerca de los modos en que diferentes interpretaciones sociales participan de las situaciones analizadas. La pandemia ha resultado un campo propicio para la elaboración de diversas interpretaciones y cada una de estas elabora y asigna algún tipo de responsabilidad (Gluckman, 1972). Así por ejemplo, uno puede identificar interpretaciones de base política que consideran que la desgracia estuvo originada en algún complot internacional o iniciativa de alguna nación poderosa; otras de base tecnológica que vincula la emergencia de la enfermedad a la extensión de cierto tipo de tecnologías (la utilización de la tecnología de comunicación 5G, por ejemplo); algunas más asentadas en ideas ambientalistas en donde la enfermedad es interpretada como una especie de resarcimiento o venganza operada por la naturaleza en compensación de la actividad humana vista como nociva; versiones que tienen como base ciertas concepciones religiosas y morales e inscriben los acontecimientos en el marco de un castigo divino, por lo que se visualiza como una crisis moral de la humanidad; existen también numerosas versiones que minimizan o niegan los impactos de la pandemia e incluso hay quienes consideran que los casos son inventados por los gobiernos con distintos propósitos. Cada una de estas interpretaciones supone un modo singular de atribuir responsabilidad y en algunos casos de reclamar, imponer castigos o amenazar con ello.

Muy cercano a lo anterior, encontramos otro eje en las relaciones que esta pandemia establece entre representaciones médicas, representaciones sociales y los modos en que estas relaciones impactan en las situaciones analizadas. En este sentido se plantea analizar la relación metafórica que se presenta entre las representaciones del mundo social involucradas en situaciones de discriminación y las de la dinámica viral de contagio. Nos preguntamos acerca del impacto del hecho de que, a diferencia de otras situaciones de enfermedad epidémica comparables (HIV-ÉBOLA) la dinámica de transmisión de la COVID-19 sostenida por el saber científico, y recuperada como base de la política pública de prevención por el Estado, se acerca mucho a las representaciones de peligro que suscita en los casos analizados. De este modo nos preguntamos de qué modo la interpretación científica del contagio caracterizada por un alto nivel de transmisión por contacto cercano colabora con representaciones sociales que movilizan altos niveles de violencia y hostilidad hacia las personas enfermas o en contacto probable con la enfermedad (probabilidad que es también construida).

Otro aspecto es la relación que se plantea entre el estatus de enfermo y el de criminal. Se supone que en las sociedades industriales modernas a la persona enferma, a diferencia del criminal, no se le juzga responsable de su condición, siempre y cuando se muestre propensa a cooperar con su tratamiento, sometiéndose al control médico (Ver Conrad, 1992). Sin embargo, el proceso social implicado en esta pandemia muestra una gran confusión entre el status del enfermo y el del criminal en cuanto a la asignación de responsabilidad individual y esto parece operar mucho más en torno a ciertas categorías de personas. Médicos y policías se convierten en los agentes más activos de la política pública combinando la atención sanitaria con operativos capilares de prevención y control de la población, interrupción de la circulación y aislamiento de personas ante sospechas epidemiológicas. A la vez este proceso, puede exponer no sólo al contagio sino también a la acusación estigmatizante a categorías de personas antes excluidas de esta clase de mecanismos discriminatorios –como aquellas que accediendo al turismo internacional han retornado al país infectados-. Sin embargo, encontramos que algunas categorías de personas encuentran mayor inmunidad moral frente al virus que otras conllevando esto un diferencial de poder entre distintas poblaciones a la hora de afrontar las distintas acusaciones sufridas. Concomitantemente, estos grupos sociales expuestos al contagio y susceptibles de acusación han variado en distintas etapas del desarrollo de la pandemia y de la política de aislamiento, por lo cual el eje temporal en este proceso se torna en una matriz de comprensión central.

Un cuarto tópico tiene que ver con la creación y circulación de chismes, rumores y habladurías (Strathern y Stewart, 2008) a propósito de situaciones de contagio y los modos en que estas modalidades de comunicación moldean los casos analizados. La producción de sospechas y de múltiples historias sobre un caso tienen un importante papel en la elaboración y ejecución de las acusaciones y procesos de difamación pública envueltos en los casos analizados. Aquí, las categorías vernáculas de “casos sospechosos” y “casos confirmados”/“personas contagiadas” son centrales para dilucidar la interpretación nativa de esta dinámica que, en principio, se presenta vivida por los actores como confusa e incierta. Los chismes, rumores y habladurías crean una continuidad narrativa con elementos discontinuos y, en general, favorecen versiones acusatorias. En estas circunstancias, las personas que se convierten en posibles portadoras del virus comienzan a ser consideradas como “peligrosas” y se ven envueltas en numerosos chismes y rumores que enfatizan en supuestos comportamientos inmorales.

La vecindad aparece como otro aspecto de central relevancia en los casos analizados. La proximidad espacial es un eje característico tanto de la noción de vecindad como en las concepciones del riesgo (Douglas, 1986) vinculadas a la enfermedad COVID-19. En más de un 50% de los casos relevados, la figura del vecino es indicada como la interviniente en las situaciones de agravio y hostigamiento al mismo tiempo que la mayoría de las personas que fueron objeto de estas circunstancias se engloban en el universo de los denominados “casos sospechosos”, y en buena parte de ellos, sin una sospecha acreditada en términos médicos hospitalarios o sintomáticos. Observamos que se produce un desplazamiento de la idea de “caso sospechoso” desde el ámbito sanitario al de las relaciones vecinales, operando una lógica propia de clasificación y ordenamiento de este tipo de relaciones apoyado en las normativas oficiales del acatamiento y cumplimiento del confinamiento. De este modo la vecindad no sólo aparece como un tipo particular de relación social sino además como una arena de disputa, clasificación y acusación, portadora de una sensibilidad legal específica (Matta, 2016) en el marco de la cual se llevan adelante las acciones de amenaza u hostigamiento analizadas.

Finalmente, la niñez apareció como un núcleo especialmente problemático en el contexto de la pandemia que originó numerosos actos de discriminación. Principalmente situaciones en las cuales mujeres que conviven solas con sus hijxs, se han visto imposibilitadas de ingresar a comercios y lugares públicos acompañadas de ellxs. Se trata mayoritariamente de madres de sectores medios urbanos, profesionales, que en el actual contexto deben combinar las tareas de cuidado de sus hijxs con sus actividades laborales. Observamos que en estos casos se produce una ampliación circunstancial del universo social que habitualmente es objeto de estigmatización social por vincular el trabajo con la crianza de niñxs. Por otra parte las acusaciones de “irresponsabilidad” hacia las madres que circulan con sus hijxs apelan a la infracción a la normativa que prohíbe la circulación de la población como modo de validación. Esta imputación es objetada apelando a la condición de excepción contemplada en el ASPO conllevando una disputa por la interpretación de la normativa entre madres/policías y madres/comerciantes, por el uso situacional de las normas (Gluckman, 1991).

En conjunto, estas hipótesis de trabajo buscan avanzar en una caracterización antropológica de situaciones vinculadas a episodios de acusación, intimidación y hostigamiento a personas asociadas a la COVID-19 en la República Argentina. La modalidad de trabajo ha sido adaptada a las circunstancias presentes en función de lo que hemos entendido desde un primer momento como un ejercicio antropológico de emergencia. Por otra parte, en el corto recorrido de esta experiencia pudimos construir articulaciones institucionales con organismos sensibles al tema (como el INADI), e intervenir ante requerimientos de medios de comunicación en este escenario, lo que esperamos facilite en el corto plazo la traducción de los resultados de estos trabajos en políticas públicas eficaces para la atención de estas problemáticas.

Bibliografía

Conrad P. 1992. Medicalization and social control. Annual Review of Sociology; 18:209-232.

Matta, J. P. 2016. “Entre vecinos eso no se hace. Sentidos de justicia y de vecindad en el marco de un dispositivo institucional de administración de conflictos”. En: Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, Enero-Abril, pp. 55-71.

Strathern, A. Y P. Stewart 2008. Brujería, hechicería, rumores y habladurías. Madrid: Akal.

Gluckman, M. 1972. The allocation of responsibility, Manchester: Manchester University Press

Douglas, M. 1986. Risk Acceptability According to the Social Sciences, Russell Sage Foundation, Nueva York.

Gluckman, M. 1991. Custom and Conflict in Africa. Oxford y Cambridge, Blackwell.

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2020