«Acá en el Fütawillimapu (tierra del sur) llevamos a cabo una gran lucha contra las centrales hidroeléctricas. En Pilmaiken, tenemos un conflicto de 12 años contra una central. Primero, fue contra Pilmaiken S.A. propiedad de Hernán Büchi. Dimos una ardua pelea de cinco años contra esos capitales. En ese período se realizaron ocupaciones territoriales, producto de eso fuimos perseguidos y encarcelados. Luego, la empresa se fue. Vendió su propiedad a una empresa del Estado noruego: Statkraft. Ellos han continuado manipulando a la gente, usando a su favor la inmensa pobreza de las comunidades”.

“El Estado siempre nos ha tenido fuera de todo bienestar. Aquí existe analfabetismo y mucha gente ni siquiera cuenta con lo mínimo para vivir de manera diga: un baño. Este gran nivel de pobreza, se debe a que vivimos en reducciones de tierra. No habitamos nuestro territorio ancestral, sino en los lugares que nos quedaron después del despojo realizado mediante los títulos de merced”.

“Lamentablemente, estas empresas europeas tienen mucho dinero y lo utilizan para comprar la voluntad de la gente. Ofreciendo cosas pequeñas, obtienen el consentimiento y firma de algunas comunidades: un baño, mercadería y utensilios para la siembra. Nuestra gente tiene necesidades, yo no me voy en contra de ellos. Aquí el pensamiento maquiavélico es Statkraft. Estas prácticas no las realizan en su país”.

«Es muy difícil, una vez que se instalan, enmendar el impacto ecológico que producen las centrales hidroeléctricas. Hemos investigado y tienen un período de vida de 60 años. En lo personal, creo que no es posible una reparación del ecosistema. Por eso nos oponemos a que se construyan, nos adelantamos para tratar de evitar todo el daño que provocarán. Es así como llevamos 12 años luchando”.

“Ya paralizamos la Central Osorno que pretendía inundar un territorio que para nosotros es sagrado. Ahora luchamos contra la Central Los Lagos, pero hay nula voluntad política por parte del Estado de Chile. Especialmente, por este gobierno de turno que envió a Carabineros a custodiar las faenas localizadas en el fundo Carimallin, de esta empresa noruega. No puede ser que la policía sirva para proteger inversiones extranjeras. Aquí queda claro para quiénes trabajan las autoridades y policías. Es una decepción tremenda que tenemos respecto a las instituciones y autoridades chilenas».

“Asimismo, las forestales son súper avasalladoras. En el sector de San Juan de la Costa (cercanías de Osorno) hay una gran extensión forestal. Eso ha afectado fuertemente a nuestras comunidades huilliches. Tanto en términos físicos, materiales y espirituales. Varias comunidades ya no tienen agua. No solo en el verano, sino que también en invierno y primavera. Los monocultivos han secado los pozos”.

Pilmaiken, el curso del alma

«Tenemos un sitio ceremonial llamado Ngen Mapu Kintuante, que es un lugar de significación cultural aprobado por Monumento Nacionales. Ahora estamos en tramitación para que sea un monumento histórico, porque ahí nos congregamos más de cuarenta comunidades. Actualmente, se encuentra amenazado por la instalación de la Central Osorno, la cual inundaría el lugar. También peligra por la instalación de la Central Los Lagos».

«En esta última, los lof en resistencia llevan a cabo una movilización de oposición constante. Cerca de nuestra comunidad (Roble Carimallin) ya se instaló la Central Rucatayo. Lamentamos mucho esa situación porque el río Pilmaiken para nosotros es sagrado, es el curso del alma. Por él, se trasladan nuestras almas cuando morimos. Su instalación corta el tránsito de nuestra espiritualidad. Tenemos una cultura, una cosmovisión muy ligada al río. Lamentamos mucho que nuestra cosmovisión no sea comprendida por el pensamiento occidental que le pone precio a todo: a los ríos y a la gente. A la gente que no tiene dignidad ni principios de vida”.

“Como Pueblo Mapuche tenemos un vínculo directo con las fuentes de agua, por eso nos aferramos tanto a los ríos, esteros y lagos. Porque ahí surgen y resurgen los Ngen, que son los protectores de los territorios. Son entes supremos, que interceden entre las comunidades mediante una autoridad ancestral o cualquier mapuche que tenga relación directa con la tierra. El agua es un elemento transportador de energía, que nos comunica directamente con los entes del Wallmapu, según nuestra cosmovisión. Son los seres supremos a quienes les rendimos culto, a quienes le hacemos el Nguillatún. A quienes les pedimos por nuestra vida y salud. Son quienes sostienen nuestra espiritualidad”.

“Todas las plantas que nacen de las fuentes de agua, que se encuentran en las riberas de los ríos tienen esas características sanadoras. Sirven para ciertas enfermedades, que son kutrhan. Son enfermedades propias de la cultura mapuche, que se han agudizado. Yo me inicié hace 12 años como Machi, desde entonces me he dado cuenta que muchas de las enfermedades se encuentran directamente relacionadas con lo que pasa en el entorno. Sin embargo, al momento de querer ir a buscar una hierba el río, se encuentra seco y nada puede brotar. Así, no puedo entregarle bienestar a mi comunidad. Es un menoscabo directo a nuestra espiritualidad, salud, forma de vida y pensamiento. Es un daño a nuestro corazón”.

Un trabajador agrario muere por un disparo en una protesta por los derechos laborales en Perú El presidente, Francisco Sagasti, anunció una investigación y condenó la violencia policial como respuesta a las manifestaciones.

Lima - 03 DEC 2020

Trabajadores del sector agrícola protestan en la carretera de Panamericana, el pasado 2 de diciembre.
Una protesta de trabajadores agrarios que empezó en la costa sur de Perú de forma pacífica terminó con uno de los manifestantes muerto por un disparo de la policía. Jorge Muñoz Jiménez, de 20 años de edad, estaba entre el grupo de empleados del sector de la agroexportación que este jueves en la mañana salió a la carretera Panamericana a protestar por sus derechos laborales y, que en su intento por avanzar hacia la vía norte de esa misma carretera, se encontró con la policía que respondía a la marcha con gases lacrimógenos y disparos. Según el padre de la víctima, José Antonio Muñoz, el impacto fue de perdigón. “Tenemos el casquillo”, dijo a SolTV, un medio local de la región de La Libertad.

El jefe policial del lugar, Ángel Toledo, negó a la emisora Radioprogramas que los agentes hubieran usado perdigones o armas de fuego, pero las imágenes que ha difundido la prensa local contradicen su versión. En estas se ven los cartuchos que quedaron en el pavimento en la zona de las protestas. ”Ha sido una marcha pacífica del pueblo en Valle de Dios, y la policía ha metido bombas lacrimógenas. [A mi hijo] le ha caído un perdigón en la cabeza y le ha quitado la vida. Se había comprometido hace poco, tuvo un hijito, y ahora lo que viene a pasar”, lamentó el papá del joven en el centro de salud de Puente Chao, provincia de Virú.

Minutos después de que circularan los vídeos de la muerte del joven tras la represión policial, el presidente Francisco Sagasti confirmó a EL PAÍS en una rueda de prensa lo ocurrido en la protesta. “Sí, me acaba de llegar la información. Fue en Virú”, dijo. “No está dentro de los esquemas de política del Gobierno, investigaremos exactamente qué fue lo que sucedió, cuáles han sido las circunstancias. Realmente es una tragedia, no queremos que nadie muera en protestas por defender sus derechos laborales”, agregó.

Según el general Toledo, unas 8.000 personas participaron en las manifestaciones del jueves a lo largo de 16 kilómetros de la carretera Panamericana Norte y cuando hubo “agresiones más allá de lo tolerable” las autoridades usaron gases lacrimógenos. Señaló además que no podía saber si el impacto que recibió el trabajador que falleció era de bala o perdigón. “Dejemos que el Ministerio Público investigue las causas del deceso”, anotó.

Otra ola de violencia policial puede generar inestabilidad al Gobierno de Sagasti, como ocurrió con el breve mandato interino de Manuel Merino. Entre el 9 y el 14 de noviembre la Policía peruana atacó a manifestantes pacíficos en Lima y causó la muerte de dos jóvenes y más de 60 lesionados requirieron hospitalización. Las investigaciones contra los responsables políticos y operativos de ese baño de sangre siguen en curso.

 

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Las fotos fueron intervenidas por una tejedora mapuche que cubrió la desnudez con que fueron violentadas al fotografiarlas. La obra podrá recorrerse de manera virtual en el sitio web del Espacio por la Memoria a partir del 30 de octubre.

Una serie de fotografías de mujeres de los pueblos originarios que estuvieron cautivas en el Museo de La Plata, a fines del siglo XIX, fue intervenida por una tejedora mapuche que cubrió la desnudez con que fueron violentadas al fotografiarlas y podrá recorrerse de manera virtual en el sitio web del Espacio por la Memoria.

Según informó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la muestra denominada "Prisioneras de la Ciencia. Restituciones, memorias y territorios" se compone de 40 fotos del archivo del Colectivo Guías (Grupo Universitario de Investigación en Antropología social), quienes rescataron las fotos de estas mujeres de los pueblos Mapuche, Tehuelche, Káwuesqar y Aché que vivieron y murieron en el Museo de La Plata, donde sus esqueletos y fotos estuvieron exhibidas en las vitrinas del Museo platense durante casi 100 años.

La mayoría de estas fotos son del grupo de prisioneras de los pueblos Mapuche y Tehuelche que llegó a La Plata con el logko Inakayal donde sufrieron el cautiverio y muerte en dicha institución como es la mujer del logko, su sobrina Margarita Foyel y una mujer del pueblo Káweqar llamada Eulltyalma, también se presentarán las fotografías de la niña del pueblo Aché llamada por los matadores de sus padres Damiana tomadas días antes de su muerte.

El antropólogo del INAI Fernando Pepe, uno de los organizadores de la muestra que se presentará en el Espacio para la Memoria, para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la exESMA, explicó a Télam que "en 10 años de esta exposición, que lleva más de 130 presentaciones bajo el nombre de ´Prisioneros de la Ciencia", notaron que que su trabajo de visibilización "tenía un sesgo" que quisieron cambiar para "poner el ojo específicamente en las mujeres con una mirada más amplia desde el género por eso se le cambió de nombre" y ahora desde el Espacio para la Memoria y el INAI pudieron "en cierta medida, repararlo".

En esta oportunidad, la tejedora mapuche Yazmine Pérez Alvarado, a modo de reparación a las violencias sufridas por esas mujeres bajo los científicos del museo platense, intervino las fotos donde se las ve desnudas a Damiana y a Eulltyalma, bordandole con hilos rojos sobre las fotografías distintos diseños indígenas.

Además, la poetisa mapuche Liliana Ancalao acompañó la muestra con su poema "Para que drene esta memoria", "dándole un giro emocional muy grande", destacó Pepe.

La muestra está disponible desde el 30 de octubre y se presentó oficialmente el jueves 12 de noviembre a las 17 por la abogada del colectivo Guías, Cintia Chavez, quien en dialogo con esta agencia expresó: que están "muy contentas de contar con los poemas de Liliana Ancalao y la intervención de Yazmine Alvarado porque así la muestra cobra un nuevo matiz acorde a los tiempos que vivimos donde a las mujeres nunca más nos invisibilizarán ni callarán".

"Es muy fuerte poder desarrollarla en el espacio de la exESMA porque de esta manera se da cuenta que el genocidio a los pueblos originarios está estrechamente relacionado con el de la última dictadura cívico militar dándole fuerza al reclamo de las comunidades por una reparación también hacia ellas", afirmó.

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La pandemia ha dejado en claro que los derechos territoriales y la autodeterminación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en América Latina y alrededor del mundo son más importantes que nunca.

Dos años después de la toma de poder como presidente de Colombia, Iván Duque ha convertido el país en el más mortífero del mundo para los defensores de la tierra y del medio ambiente. Un nuevo informe de Amnistía Internacional deja las razones trágicamente claras: “Las fallas en la implementación del Acuerdo de Paz (...) están poniendo en peligro a las personas defensoras de los derechos humanos, particularmente aquellas que defienden los territorios más ricos en recursos naturales del país”.

El legado del activista medioambiental que sigue resonando 32 años después de su asesinato

El deterioro de la situación llevó a miles de miembros y líderes de comunidades indígenas a participar la semana pasada en una minga, una acción colectiva que deriva su nombre de la palabra quechua mik’a, que significa trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad. Los manifestantes tomaron días viajando a Bogotá para exigir un diálogo público con Duque, pero este se negó a dialogar en territorio indígena y en Bogotá.

Los participantes de la minga, que incluyeron miembros de comunidades afrodescendientes e indígenas de todas partes del país, querían abordar en persona los temas de la defensa a la vida, el derecho al territorio, la democracia y la paz; la violencia y la inseguridad que enfrentan como resultado de la minería en sus territorios; la negativa del Gobierno a implementar los acuerdos de paz, y su fracaso en los esfuerzos de protección de la covid-19.

El presidente Duque se ha negado a reunirse con los manifestantes, alegando preocupación de seguridad por la propagación del coronavirus, y a pesar de asistir a otros eventos. Para los manifestantes, sus políticas representan una amenaza mayor para su seguridad, literalmente una cuestión de vida o muerte.

Nada de esto tenía que suceder. El histórico Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) representó un momento de esperanza y una ruptura con el pasado violento del país para muchos colombianos.

El presidente Duque se ha negado a reunirse con los manifestantes, alegando preocupación de seguridad por la propagación del coronavirus, y a pesar de asistir a otros eventos
Pero Duque ha desafiado abiertamente tanto la letra como el espíritu del Acuerdo. La negativa de su Gobierno de abordar el tema de la extraordinaria desigualdad que afecta la propiedad de la tierra en el país, una de las causas clave de la guerra civil de varias décadas de duración, ha puesto en riesgo a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. También ha abierto la puerta a la explotación acelerada de las tierras de las comunidades para la minería, la agroindustria y el ecoturismo.

Ahora, cuando la pandemia ha dejado en claro que los derechos territoriales y la autodeterminación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en América Latina y alrededor del mundo son más importantes que nunca, la Administración Duque quiere lograr la reactivación económica a través de una mayor inversión en industrias de los sectores energéticos y extractivos.

Y el Gobierno pretende hacer esto sin aplicar los principios de no regresividad y protección de los derechos colectivos del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, sin resolver las solicitudes de titulación colectiva de los pueblos indígenas, reiterando una estrategia que creó el ciclo de violencia que nos es familiar a quienes vivimos la guerra civil.

En Colombia existe un trauma que han dejado décadas de violencia y guerra en nuestro país. Pero, después de dos décadas en los Estados Unidos, también hay una perspectiva externa. El resto del mundo ve a Colombia como un país que se recupera de la guerra, pero la realidad sobre el terreno es marcadamente diferente. De hecho, en 2019 se registraron los niveles más altos de violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente en Colombia por la falta de implementación del Acuerdo de Paz, un aumento del 150% en un año. La covid-19 y los esfuerzos para reactivar la tambaleante economía del país mediante una mayor explotación de los recursos naturales han empeorado la situación.

Si bien los grupos paramilitares y los criminales son responsables de muchos de los actos violentos contra las comunidades locales y sus aliados, la Administración del presidente Duque también debe asumir parte de la responsabilidad. No solo el Gobierno actual no ha logrado detener la violencia, sino que ha contribuido activamente a ello. Una noticia de principios de este año ilustra la actitud generalizada de impunidad ante la violación de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Siete soldados colombianos fueron acusados de violar a una niña de 13 años de la comunidad indígena embera. Aún no han sido condenados, subrayando el mensaje de que la violencia contra las comunidades, incluida la violencia sexual, es aceptable.

Estas acciones amenazan la rica diversidad del país y la frágil paz que aún existe, si se puede considerar como tal. La solución es que el Gobierno proteja las vidas y reconozca los derechos a la tierra, la autodeterminación y los medios de subsistencia, de las comunidades afrodescendientes e indígenas.

El presidente Duque podría comenzar llevando ante la Justicia a los asesinos de los defensores y a las personas que les pagan para matarlos. Pero incluso esos pasos serían socavados por una estrategia para reactivar la economía del país a expensas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Los valientes líderes que defienden sus tierras y comunidades buscan solo la supervivencia del planeta y la paz para todos los colombianos. La forma en que Duque implementa su programa de Gobierno pone en peligro ambos objetivos.

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Con el cargo de intérprete bilingüe en el juzgado de Paz y Faltas de El Sauzalito, Orfilia Susy Martinez se convirtió en la primer mujer wichi designada para cumplir tareas de manera itinerante y garantizando el acceso a la justicia de la comunidad wichi, en esa localidad.


Ella viene realizando una tarea desde el año 2012, acompañando a personas a la comisaría y juzgado, ad honorem. Pero desde el mes de agosto de comenzará a recibir una compensación por su tarea realizada.

Cabe destacar que dicho trabajo no tiene horario fijo y la labor debe ser ofrecida a toda la comunidad tanto wichi, como criollas que en situación de inferioridad necesitan del acompañamiento de alguien para realizar denuncias de mal trato o violencia de género.

Muchas veces el trabajo se da en la sucursal del banco tramitando pagos atrasados, pensiones o asignaciones con problemas de cobro o tramites de toda índole.

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