Declaración ante la violencia racista desatada desde el Estado de Chile contra el pueblo
mapuche movilizado.

Ante los hechos de violencia y racismo ocurridos la noche del 1 de agosto como Red de Sitios de Memoria repudiamos la violencia racista desatada ayer contra las comunidades mapuche en toma, por parte de Carabineros de Chile y de civiles organizados.

Es urgente que se investiguen estos hechos y asociaciones entre carabineros y organizaciones de la sociedad civil de extrema derecha, tal como lo vimos y escuchamos ayer a través de videos y audios difundidos por organizaciones a través de redes sociales.

Como organización de derechos humanos solidarizamos con las compañeras, compañeros, niñas, niños y adolescentes reprimidos y detenidos ayer y respaldamos las acciones de las comunidades mapuche exigiendo la liberación de los prisioneros políticos mapuche, que hoy cumplen más de 85 días en huelga de hambre.

Reiteramos que la impunidad en la que se mantienen los crímenes de la dictadura cívico militar allanaron el camino para las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el estallido social del 18 de octubre, pero también señalamos que esa violencia que vimos desatada ayer y hoy es la violencia, represión y discriminación histórica ejercida contra el pueblo mapuche.

Frente a estos hechos:


Exigimos el fin de la sistemática violencia ejercida por el Estado y sus instituciones contra el pueblo mapuche, el fin de la criminalización de sus legítimas demandas y el fin del racismo institucional.
Exigimos que se investigue la participación y responsabilidad de todos los civiles involucrados en estos actos de violencia y racismo; y también una respuesta oficial desde Carabineros de Chile por no detener estos ataques.
Exigimos un pronunciamiento público desde la institucionalidad de derechos humanos, pues nos parece de suma gravedad que al igual que en otras ocasiones, tanto el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, como la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, han mantenido un silencio cómplice y no han condenado los hechos.
Finalmente, exigimos la renuncia del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, responsable directo de los hechos de violencia racista ocurridos ayer. Su llamado a desalojar las municipalidades tomadas en protesta por los presxs políticxs mapuche resonó en todo lo que hemos visto: ataques racistas y fascistas contra el Pueblo Mapuche movilizado. Este actuar se condice con su férrea defensa de la dictadura cívico militar, sus vínculos con la organización criminal Colonia Dignidad, y sus dichos negando las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras la revuelta social del 18 de octubre. En un contexto en que las mayorías del país demandan cambios profundos en nuestra sociedad se requieren representantes que tengan como mínimo ético la defensa y promoción de los derechos humanos para todas, todos y todes, algo de lo que evidentemente carece el actual ministro.
¡Por la verdad y la justicia:
Los pueblos contra el racismo!
Red de Sitios de Memoria

2 de agosto 2020

ANTE LA GRAVE SITUACIÓN OCURRIDA LA NOCHE DEL 01 DE
AGOSTO EN TERRITORIO MAPUCHE, COMO UNIDAD SOCIAL
DECLARAMOS LO SIGUIENTE:
1. Desde el pasado lunes 26 de julio se mantenían tomadas cinco
dependencias municipales de la Provincia de Malleco en las comunas de
Curacautín, Victoria, Ercilla, Traiguén y Collipulli en razón del apoyo a los
presos políticos mapuche que se encuentran detenidos y en huelga de
hambre por casi 90 días, ante la aparente indiferencia del gobierno de
Sebastián Piñera.
2. Luego del nombramiento de Víctor Pérez, ferviente colaborador de la
dictadura pinochetista y alcalde designado por el tirano, como nuevo
ministro de interior y su visita a la zona en conflicto para reunirse con
autoridades policiales y civiles, reconocemos en este hecho una clara
maniobra de presión desde el gobierno hacia las autoridades locales, lo
que pone en responsabilidad a este ministerio por el enfrentamiento
entre las comunidades mapuche y no mapuche.
3. Ante esto el alcalde de la municipalidad de Curacautín, Jorge Saquel
Albarrán no tuvo mejor idea que hacer llamados a los pobladores a
concurrir en defensa del municipio, como una medida inentendible, lo
que terminó con los lamentables hechos que conocemos, donde los
manifestantes en apoyo a los presos políticos mapuche fueron
fuertemente golpeados antes de ser detenidos.
4. Además, denunciamos la presencia de la organización de ultra derecha
reconocida como APRA que opera en Wallmapu con total impunidad,
quienes han azuzado a la población para salir a enfrentarse y desalojar
los municipios tomados. Todo esto bajo la complicidad de las fuerzas
policiales que hoy son defendidos por las autoridades del gobierno
central como verdaderos salvadores de la vida de quienes mantenían las
tomas de los municipios antes señalados.
5. Reiteramos con mucha fuerza que el gobierno de Sebastián Piñera debe
aplicar a la brevedad el Convenio 169 de la OIT referido a los Pueblo
Originarios y Tribales suscrito por nuestro país y no seguir auspiciando
esta oleada fascista en territorio Mapuche.
NO MAS TERRORISMO DE ESTADO HACIA LAS COMUNIDADES MAPUCHE
NO MAS RACISMO NI VIOLACIONES A LOS DD.HH EN WALLMAPU
APLICACIÓN INMEDIATA AL CONVENIO 169

JUL 2020 - 04:01 ART
Cantar en quechua se ha vuelto una forma de resistencia para muchos jóvenes artistas en Perú. Hablado por alrededor de ocho millones de personas, el idioma se difundió por Latinoamérica gracias al imperio Inca y ha resistido a la discriminación que ha sufrido desde la llegada de los españoles. Ni siquiera con la independencia ha podido alcanzar la importancia del castellano y, a menudo, el quechua se considera una lengua innecesaria que se reserva para conversaciones privadas.

Cuando el conflicto entre Sendero Luminoso y el estado peruano se difuminó, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del país descubrió que el 75% de las casi 75.000 víctimas era de nativos hablantes de quechua u otras lenguas indígenas. Ese periodo negro impulsó la fundación de un grupo histórico, los Uchpa (Cenizas), que lanzó un movimiento de blues y rock en quechua y se hizo portavoz de ese dolor. Bandas como Uchpa y también artistas como Yma Sumac, sirven de inspiración para la escena musical contemporánea.

"Cuando me empezaron a preguntar por qué cantaba en quechua fue como un baldazo de agua para mí, fue algo inesperado. Después entendí que tenía que rescatarlo, empezar a mostrar la lengua como algo importante. No deberíamos olvidarlo, especialmente nosotros, que somos peruanos. Sentía que por medio de la música podía rescatarlo y volverlo una resistencia para muchos”.

Amante de la libertad

Ricardo Flores ha elegido como seudónimo Liberato Kani (amante de la libertad). Tiene 26 años, vive en Lima, pero aprendió el quechua durante los tres años que pasó con su abuela en Andahuaylas, ciudad del departamento de Apurímac. En su hip hop relata la realidad del campo, sus recuerdos, y recurre al bagaje musical de su padre y su abuelo, ambos músicos de Taril y Huayno. “El quechua es resistencia”, le gusta decir.

Empezó a rapear en el colegio y, tras unos años con un grupo llamado Quinta Rima, compuso su primera canción, Hip Hop Ruachkani (Hip Hop Estoy Haciendo), dedicada al campo de Apurímac. Otros temas hablan de viajes, de la rebeldía andina y “del encuentro entre el mundo occidental y el andino”. Además de ser músico es también docente de historia y uno de sus sueños es “que se hagan estudios con el quechua, no sobre el quechua”. En otra entrevista dijo: “Desafortunadamente, no es conveniente para [los pueblos indígenas] existir en el siglo XXI, porque sería el fin de carreras académicas, proyectos de investigación, el fin del turismo antropológico”.

Kani quiere que el quechua desempeñe un papel activo en la sociedad y con sus canciones intenta luchar contra la imagen despectiva que proyecta: “Cuando el quechua se adapte un poco más a mostrar otras expresiones será mucho mejor. El ciudadano peruano no va a pensar que si uno se viste de una manera no puede hablar quechua y todas estas ideas se van a tumbar cuando el quechua esté por todos lados. Mostrar algo en quechua no será una cuestión de asombro, sino una cuestión natural. Uno no está investigando a una persona que habla español. Nadie dice nada si alguien que habla castellano se viste de cierta manera, pero sí se juzga al poblador andino. Juzgas a tal persona, pero a otra no”, zanja desde su casa en Lima.

NO SOLO PERÚ

El mercado musical en lengua indígena está creciendo también en otros países latinoamericanos. Liberato Kani cita el gran éxito de Los Hermanos Kichwas, que mezclan rock y jazz en 'kichwa' en Ecuador, además del pequeño movimiento de música en 'aymara' en Bolivia. Según el Atlas Interactivo de las Lenguas en Peligro en el Mundo de la UNESCO, en América Latina existen 248 idiomas que se consideran seriamente en peligro de extinción. Brasil lidera esta clasificación con 64 lenguas en situación crítica, seguido por México, con 53, y Perú, con 29.

Fuente aquí

(Harare, Mayo de 2020)
El hostigamiento en el marco de la pandemia del COVID-19 se suma a las violencias históricamente practicadas contra los pueblos. El foco de las noticias sobre la pandemia no puede hacernos olvidar la violencia sistémica y sistemática ejercida en contra de las y los campesinos y demás trabajadores del campo, y las violaciones a sus derechos.
En búsqueda de un ingreso digno y de asegurar sus medios productivos, trabajadores y trabajadoras del campo de diferentes partes del mundo se enfrentan constantemente a hostilidades, violencia, persecución y criminalización. Esta situación se exacerba bajo el establecimiento de las medidas excepcionales frente al virus. Hoy más que nunca afirmamos.

En su crisis, el capital personificado en las empresas transnacionales de minería, del agronegocio, del hidronegocio, ya acosaba a los pueblos del campo, de las aguas y de los bosques. Con la pandemia, los gobiernos sometidos a esas grandes empresas justifican la persecución.

La preocupación no es salvar vidas, sino intentar salvar la economía capitalista que se asienta en la sangre de miles de trabajadores en todo el mundo.

Para el campesinado, los pueblos pescadores y de los bosques, la lucha a diario bajo el COVID-19 no es sencilla. En diversos países, al tratar de acceder a los mercados para vender sus cosechas o productos, campesinas y otros productores de alimentos enfrentan sanciones económicas o criminales por circular fuera de sus comunidades. Mercados locales, ferias, etc. fueron cerrados como medida preventiva, pero las grandes superficies son estimuladas a seguir funcionando, explotando a sus trabajadoras y a veces especulando con los precios de alimentos y otros productos como las mascarillas.

El campesinado es capaz de adoptar medidas rigurosas de higienización de modo a evitar contaminar y ser contaminado.

En el trabajo agrícola las personas que fueron llevadas a utilizar productos tóxicos, como pesticidas, plaguicidas y otros, integran ahora el grupo de mayor riesgo ante el COVID-19, por la debilidad física y enfermedades que estos productos químicos provocan.

Comunidades afrodescendientes, pueblos originarios, indígenas, migrantes, personas LGBTI, empobrecidos urbanos y mujeres, son algunos de los grupos de personas que sufren el impacto desproporcionado de la crisis sanitaria, social y económica.

La violencia doméstica se ha intensificado con el confinamiento, los hogares se han vuelto más peligrosos para aquellas mujeres, niñas, niños y personas mayores que ya eran víctimas de violencia. Colectivos feministas que apoyan a las personas afectadas por la violencia tienen su labor limitada por la reclusión forzada y sufren ataques a su libertad de expresión en los medios digitales.

La situación también golpea a las y los migrantes internacionales y desplazados internos, en especial en los campamentos de refugiados en estado de hacinamiento. Adultos y niños/niñas enfrentan una detención arbitraria y prolongada, y un trato abusivo en condiciones insalubres y degradantes, además del abuso policial. Personas involucradas en la ayuda alimentaria han sido multadas en países del Norte y perseguidas en países con regímenes autoritarios.

Desde el estallido del COVID-19, los gobiernos de todo el mundo han aplicado restricciones más o menos drásticas a la libertad de movimiento y la libertad de asamblea.
Una pandemia se combate con información, cuidados, salud pública universal y gratuita, no con policías y ejércitos atacando a las personas. Algunos gobiernos se esconden detrás de esta crisis para atacar o dejar atacar, específicamente, a las y los líderes sociales y defensores de los territorios. Muchos periodistas o escritores/escritoras también han sido atacados por difundir críticas a los gobiernos, algunos han sido silenciados. Al mismo tiempo, grandes medios de comunicación han seguido jugando un papel importante en la difusión de la discriminación y los discursos de odio hacia determinados grupos sociales.

La construcción colectiva es fundamental para enfrentar el mundo de ahora y del futuro. La crisis también ha puesto de relieve la solidaridad y la construcción de alternativas, existentes y nuevas, que tienen que ser el motor de acciones colectivas futuras. No volveremos a la “normalidad” de la violencia, a situaciones precarias. El capitalismo no tiene nada que ofrecer a los pueblos, sólo violencia, explotación y muerte. Lo que hoy afirmamos era fundamental ayer y lo será mañana. Es hora de promover nuevos valores, es hora de apropiarnos del conocimiento a través del estudio y fecundar los saberes ancestrales, produciendo en nuestros territorios, alimentando el mundo y preservando el planeta y la humanidad.

¡Es hora de fortalecer la solidaridad, de ejercitar la resistencia, de cultivar la esperanza!

¡Primero la vida, no el lucro!

Fuente aquí

"EL INDIO ES, CADA VEZ MAS, UN SER IGUAL A NOSOTROS" Jair Bolsonaro.

 

Aunque parezca increíble, el presidente del vecino país de Brasil hace declaraciones insólitas.

Bolsonaro es actualmente eje de una nueva polémica por sus declaraciones, mas allá de su pobre actuación política en relación con el tema de la pandemia por el Covid 19.

El presidente brasileño dijo que “el indio es, cada vez más, un ser igual a nosotros”.

Obviamente, luego de estas palabras el mandatario fue criticado por organizaciones indígenas, que lo denunciaron penalmente por racismo.

¿Cómo es posible que los pueblos elijan este tipo de persona para dirigir los destinos de una nación?

Fuente aquí 

 

Pascuala Vázquez, Consejera comunitaria de Chilón, Chiapas, señala que las autoridades los han ignorado totalmente en materia sanitaria por lo que no cuentan con cuidados preventivos frente al COVID-19.

El Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) presentó un amparo frente a la justicia federal exigiendo atención preventiva y sanitaria en sus lenguas de origen.

Servicios de salud, medicamentos y medidas de seguridad son los grandes faltantes en más de las 600 comunidades que están en el proceso de lucha por el reconocimiento de sus derechos a la libre determinación como pueblos originarios de Chilón. Asimismo, a través de un video subido a Youtube, la Consejera del gobierno local apunta que, de no ser atendidos, morirán en silencio.

Migrantes que solían trabajar en zonas turísticas, como Playa del Carmen o zonas agrícolas como Sonora, al regresar a sus comunidades de origen pasan por las comunidades chiapanecas, mientras que la población local, que trabaja en el campo y sale a vender en los mercados de la zona es considerada como riesgo ante la pandemia.
Las comunidades lidian lo mejor que pueden con los recursos que tienen.

Los mismos grupos locales se han organizado para entregar termómetros y formar pequeñas brigadas de monitoreo entre sus paisanos, ayuda humilde entre la que se encuentran medicamentos como el paracetamol, que por supuesto es señalado por parte de las comunidades como insumo insuficiente para la gente y que a su vez, toman sus propias medidas de seguridad con sus medicinas herbolarias.

Una completa falta de acción de trabajadores de salud, tanto locales como federales, se ha visto entre dichas comunidades, situación que la población de la zona califica de apariencia cuando reportan el estado en el que se encuentran ellos, que en realidad han sido abandonados a su suerte.

Otro punto importante a señalar es que no hay campañas de prevención ni información que se encuentre en las lenguas de los pueblos originarios, a fin de que sepan cómo atenderse y evitar los contagios por coronavirus en las 600 comunidades de la etnia Tseltal.

El impacto del virus en la zona se hizo evidente con la muerte de una de las 33 personas que han adquirido el COVID-19, un migrante que estuvo trabajando en Tijuana. Baja California, quien a finales de marzo regresó a su pueblo de origen en el municipio de La Independencia y murió el pasado 6 de abril.

Ante tal situación las mismas comunidades han planteado la posibilidad de aislar a los migrantes que estén de vuelta y, en situaciones extremas, el no permitirles regresar, hecho que Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) han confirmado como una realidad a la que se están enfrentando los indígenas migrantes que quieren volver a sus casas. Este grupo no cuenta con monitoreo ni con alggún tipo de cuidado o lugar de regreso, por lo que si enferman no cuentan con los medios necesarios para salir adelante.

El Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), es decir, parte del pueblo local organizado, presentó un amparo frente a la justicia federal, del que hasta el momento se sabe que se giró una orden a las autoridades estatales y sanitarias de Chiapas para que atiendan a la población demandante. Esto se hizo con mediación de la jueza Julissa González Rojas, quien ordenó que la información fuera provista en las lenguas maternas de los pueblos, tsotsil, tseltal, chol y zoque.

Fuente aquí