Tanto en el campo como en las ciudades, las más de 40 comunidades originarias que habitan en la Argentina reclaman por la recuperación de derechos tras décadas de negación y persecución. Durante una jornada de reflexión y debate, representantes de pueblos indígenas e investigadores dialogaron sobre el rol de las ciencias sociales y la universidad pública en la reparación histórica que demandan.

– Más de 40 pueblos originarios habitan en la Argentina. En contra de lo que suele creerse, acerca de que estas comunidades están ubicadas en zonas rurales, siete de cada diez integrantes de pueblos indígenas residen en ámbitos urbanos. Estos pueblos, que llevan décadas reclamado por la recuperación de sus derechos, han sufrido desde violencia física hasta desplazamiento territorial, así como la invisibilización de sus costumbres y cultura.

“Las formas de violencia contra los indígenas han cambiado, se multiplican y nos deben llamar la atención. Hoy están matando a los líderes que se están organizando en diferentes partes del mundo en la lucha para defender su territorio y un medioambiente más sano”, dijo la antropóloga Irene Bellier, directora de investigación en el Centro Nacional de Investigación Francés (CNRS), durante un encuentro en el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA). Allí, representantes de pueblos originarios, investigadores sociales y estudiantes compartieron experiencias e inquitudes sobre diversas problemáticas que atraviesan a estas comunidades.

“Es importante que la academia esté al servicio de los pueblos y tenga contacto con indígenas y campesinos, para sacar a la luz lo que está pasando en las comunidades y el campo”, destacó Nilo Cayuqueo, del Pueblo Mapuche de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, durante esta actividad que se desarrolló en el marco del programa “Etnicidades y territorios en redefinición”, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la FFyL-UBA. “Si no hubiese sido por la antropología, no nos hubiésemos formado como comunidad”, ejemplificó Nelson Kaipil, Werken de la comunidad mapuche “Kalfu Lafken” de Carhué, también en Buenos Aires, y agregó: “Los antropólogos nos brindaron todo lo que necesitábamos para poder conformarnos y alcanzar los mismos derechos que otros ciudadanos”.


Investigadores y representantes de diversas comunidades originarias participaron del encuentro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Elena González, de la Comunidad del Pueblo Qom “19 de abril”, del partido de Marcos Paz, en la misma provincia, recordó que los pueblos originarios han sido perseguidos por décadas. “Estamos trabajando para que no se pierdan el idioma ni la cultura indígena, y apoyamos para que las universidades públicas no se cierren”, agregó esta referente que, además, es una de las fundadoras de un espacio comunitario que hoy no solo funciona como comedor sino también como lugar de encuentro, talleres y capacitaciones.

Sobre el recorrido de las comunidades para hacer visibles sus demandas a lo largo del tiempo, Cayuqueo, que es activista del movimiento indígena a nivel nacional e internacional desde la década del sesenta, recordó la primera vez que viajó a Naciones Unidas, en 1977, en representación de su comunidad cuando el país estaba bajo la dictadura militar. “Cuando terminé mi exposición se me acercó el el embajador argentino para cuestionarme y luego mandó un informe diciendo que había hablado mal del país, lo que llevó a que en 1979 tuviera que exiliarme. Fue una época dura, las comunidades no se podían reunir, hubo represión contra los Qom y todo era en silencio”, relató.

En 1971, poco antes de ese encuentro en Ginebra, se estableció la denominada Declaración de Barbados. “Fue una primera articulación entre pueblos indígenas y antropólogos, que anunciaban que debía cambiar la universidad. Hoy, 50 años después, todavía urge ver cómo ha cambiando la universidad”, reflexionó Bellier, que también es responsable del Laboratorio de Antropología de las Instituciones y las Organizaciones Sociales del Instituto Interdisciplinario de Antropología de lo Contemporáneo (LAIOS–IIAC).


Siete de cada diez integrantes de pueblos indígenas residen en ámbitos urbanos.
Al respecto, agregó que los pueblos indígenas, por su historia, posicionamientos y luchas, tienen un papel de “lanzadores de alerta” de lo que va a ocurrir a la humanidad. “Dentro de la universidad, la academia y los medios, muchas veces se los ve como gente del pasado, pero son el presente y quieren ser el futuro”, subrayó la especialista que trabaja en ONU/International, y agregó que, a lo largo de su carrera, tuvo “que empujar paredes para que los pueblos indígenas sean reconocidos, no como un objeto de estudio, sino como sujetos de derechos”.

Vecinos indígenas

Cuatro de cada diez integrantes de pueblos indígenas habitan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), adonde el pueblo Qom (Toba) es el más numeroso (con 14.466 integrantes), seguido por el Pueblo Mapuche (9.745), el Pueblo Guaraní (9.089), Tupí Guaraní (8.483), Diaguita y Diaguita Calchaquí (6.217), Ava Guaraní (3.268), Tehuelche (1.664), Rankulche (1.370), Huarpe (1.136) y Selkaman u Ona (114), según datos de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (INDEC, 2004-2005).

Del mismo modo, la presencia de indígenas en centros urbanos se repite en otras partes del país, en especial en lugares cercanos a zonas de alta concentración de población originaria como la Pampa, la Patagonia, el Noreste y el Noroeste. Así, integrantes del pueblo Qom (Toba) se han establecido en Rosario (Santa Fe), Formosa y Resistencia y Sáenz Peña (Chaco); miembros del pueblo Mapuche se instalaron en localidades como Neuquén, Bariloche, Zapala, Junín de los Andes y Esquel; los del pueblo Ranquel se trasladaron a Santa Rosa (La Pampa) y, entre los Comechingones, se movilizaron a diversas localidades de Córdoba. Lo mismo ocurrrió con integrantes de los diversos pueblos indígenas de Salta, que se establecieron en la capital de esa provincia, en Tartagal y Orán; y de los pueblos Koya, Aymara y Guaraní, que se instalaron en San Salvador de Jujuy, Humahuaca y Tilcara, entre otras localidades.

Evolución del Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena

De las 1687 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI), se ha iniciado el proceso de relevamiento a 967 comunidades, que representan apenas un 57% del total, de las cuales apenas un 38% ha terminado, y quedan 720 comunidades por relevar.
¿Por qué se ha producido este desplazamiento poblacional? Las causas han sido variadas y diversas a lo largo del tiempo, puesto que las poblaciones indígenas fueron expulsadas de sus territorios desde tiempos coloniales. Durante las últimas décadas, las migraciones se aceleraron de la mano del avance del modelo agroindustrial y productivo, caracterizado, entre otras cosas, por la mecanización agrícola, el avance de la frontera agraria, la denominada pampeanización de la región chaqueña, los desmontes indiscriminados, la reconversión de usos agrícola-ganaderos a turísticos-inmobiliarios y la crisis de las actividades económicas de productores familiares, como el caso de la ganadería ovina en la Patagonia.

Junto con ellos, familiares de estas comunidades que permanecen en zonas rurales continúan reclamando por la aplicación de la Ley 26.160, que declara la emergencia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupaban los pueblos indígenas del país, que fue sancionada en el año 2006 y fue prorrogada en tres oportunidades, la última vez en 2017 y hasta el año 2021.

Esta medida permite relevar las tierras ocupadas por dichas comunidades, suspender los desalojos de esas tierras y establecer la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, cuya dirección pone a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Sin embargo, trece años después de haber sido sancionada, su implementación continúa siendo insuficiente. De las 1687 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI), se ha iniciado el proceso de relevamiento a 967 comunidades, que representan apenas un 57% del total, de las cuales apenas un 38% ha terminado, y quedan 720 comunidades por relevar.

“La presencia de indígenas en las ciudades es la expresión de la imposibilidad de desarrollar su existencia en los territorios que originariamente poblaron”, afirmó el doctor en Antropológía Juan Engelman, que forma parte de un grupo de extensión y transferencia de la FFyL/UBA que trabaja desde hace años con estas comunidades y participó en la organización del encuentro. “Los derechos indígenas no sólo atañen a un reconocimiento cultural, sino a las reivindicaciones respecto de una vida digna que sólo se concretará a partir del derecho a la tierra, a la vivienda y a un trabajo digno”, sostuvo.

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Este año, el Día Internacional de la Mujer Rural llegó marcado por la conflictividad agraria que sufren millones de campesinas sin tierra propia para cultivar, o que luchan por recuperarla frente a terratenientes y empresas extractivas, muchas de ellas de pueblos originarios.

En el mundo, las mujeres producen la mitad de los alimentos, pero poseen menos del 15% de las tierras y apenas un 2% son propietarias en los países en desarrollo, según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Ellas son también las más afectadas cuando los recursos naturales y la agricultura se ven amenazados por proyectos extractivos y agroindustriales, que impactan dramáticamente sobre sus vidas, despojándolas de sus tierras.

A Lilian Borja sus padres la criaron en el campo, le enseñaron a sembrar maíz, frijol y yuca. Cuenta que su papá siempre le decía que eso era lo que le iba a dejar para que no fuese a sufrir en la vida, y ella le contestaba: “Pero, papi, ¿dónde voy a sembrar si no tenemos tierra?”. Veinte años después, Borja dice sentirse orgullosa de seguir siendo campesina, pero continúa persiguiendo su meta: tener un pedazo de terreno propio. “A la que quieres conseguir tierra, te caen los terratenientes encima. Ser campesina en Honduras es muy duro. La mujer la labra, pero no va a pasar de ahí porque no hay oportunidades ni apoyo. De la casa a la tierra y de la tierra a la casa. Ese es nuestro día a día”, dice a través de videollamada.

La campesina recuerda que el 70% de las mujeres en Honduras son madres solteras y muchas se ven obligadas a migrar o se van a la ciudad a “darle el pulmón” a las maquilas ―talleres industriales de producción que utilizan mano de obra barata y que importan productos sin pagar aranceles―, donde cada día hacen el mismo trabajo y sin derechos. Sin embargo, es la única oportunidad que tienen para poder sustentar a sus hijos, porque la tierra, dice, está en manos de los terratenientes y las trasnacionales. “Nos han quitado hasta lo único que teníamos, que era poder trabajarla”.

En el contexto del confinamiento preventivo y obligatorio, existe otra pandemia que tiene que ver con lo que viven habitantes de nuestro país, particularmente en la provincia de Santiago del Estero, frente a la embestida de empresarios y el agronegocio.

Los movimientos campesinos están llevando adelante distintos relatos a modo de informes de las violaciones a los derechos humanos y de las resistencias campesinas e indígenas ante la embestida de empresarios en los montes santiagueños durante el aislamiento. 

Juan Chazareta, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), afirma que “los empresarios están violando la cuarentena aprovechando el confinamiento y entrando a las comunidades campesinas a seguir violando los derechos. Digo que aprovechan porque hay complicidad policial de los controles y también violan el decreto presidencial y entran a territorios campesinos. Las comunidades han tenido una actitud de respeto al confinamiento y de solidaridad con los pueblos”.

Las comunidades campesinas producen alimentos sanos para las comunidades locales, pero entienden las restricciones de la cuarentena.

El integrante del MOCASE, además, refiere a la situación particular de la pandemia que agrava el contexto ya preexistente de conflicto para las comunidades campesinas. Dentro de una serie de informes producidos por la organización sobre historias de resistencias de los pueblos campesinos, Chazareta refiere al caso de la comunidad de La Guayaca.

“Las comunidades campesinas tienen el rol histórico de abastecer a los mercados regionales con alimentos.
Las comunidades están en su lugar con el rol histórico y social que es la producción de alimentos sanos para los mercados populares. Pero los compañeros y compañeras son estrictos en esto de no estar moviéndose de pueblo en pueblo. En realidad el día a día, en la vida cotidiana, no cambió mucho con la pandemia. Sí hay algunas cuestiones de transporte y problemáticas preexistentes”, afirma Chazareta.

Los países más de corte neoliberal y de derecha están teniendo una cantidad de muertos impresionante, y los gobiernos de tinte más popular están atendiendo más a la salud pública y no tanto a la repercusión económica. Por todo esto es importante el rol de los movimientos sociales y populares.

El integrante de MOCASE habla sobre cómo los países están tratando la expansión del virus: “Es importante el rol de los movimientos sociales y populares en esta pandemia, porque los que bancamos la olla somos nosotros. Sí, a veces el Estado manda mercadería e insumos, pero somos nosotros, porque en Santiago del Estero, en los pueblos, hay mucha gente que depende de su día a día y hoy está todo cortado. Creo totalmente que la pandemia y el virus están íntimamente relacionados a la producción de alimentos del capitalismo que acá tenemos, de igual manera con el tema de los agrotóxicos que nos envenenan”.

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El 12 de octubre es una fecha de luto para los pueblos indígenas de América. Pero también de resistencia y lucha, que en Argentina se expresa en la defensa del territorio y el rechazo a la explotación de litio e hidrocarburos, contra la megaminería y el agronegocio transgénico. Denuncian que en el país se incumplen los derechos establecidos en leyes nacionales y convenios internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos originarios. A 527 años de la llegada de Cristóbal Colón a Abya Yala (nombre reivindicado por las comunidades como previo a América) los pueblos indígenas se movilizan y comunidades mapuches llaman a resistir desalojos.

La Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres de Jujuy inició el 4 de octubre una “caminata por el agua y la vida” que termina este sábado en San Salvador de Jujuy. Durante ocho días atravesaron una decena de ciudades en rechazo a la megaminería y por la falta de aplicación de los derechos indígenas. Partieron de la localidad de Yavi, pasaron por La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, Tumbaya, entre otras. “Gobernador Gerardo Morales basta de violar los derechos indígenas”, se lee en la bandera que encabezaba la marcha.

Un “repartimiento de indios” de 1582, conservado en el Archivo General de la Nación.
“Con la invasión de 1492 el Abya Yala fue sometida a sangre y fuego. Y las naciones originarias fueron despojadas. Hoy la historia continúa con las políticas extractivistas y saqueadoras de los neoliberales”, denunciaron desde la Biblioteca Andina Ñawpayachaykuna, que es parte del reclamo. Raúl Sajama, de la Asamblea de Comunidades, aclaró que el reclamo va dirigido tanto a los actuales gobernantes (provinciales y nacionales) como a los que asuman el 10 de diciembre.

Esta semana se conoció el Premio Nobel de Química para los científicos desarrolladores de las baterías de litio. Notas periodísticas celebraron que Argentina cuenta con grandes reservas del mineral y académicos de diversos rubros publicitaron sus trabajos con propuestas de explotación. No hubo mención a las consecuencias ambientales y sociales que genera en los territorios. En las Salinas Grandes (Jujuy y Salta) las comunidades Kollas y Atacama rechazan desde hace una década la invasión de empresas, que intentan explotar el lugar de vida y trabajo de las comunidades.

La Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes exige que se cumplan los derechos vigentes (Convenio 169 de la OIT), que obliga a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Implica que ninguna empresa ni gobierno puede ingresar a territorio indígena sin el visto bueno de la comunidad.

En tiempos que la crisis climática y la figura de Greta Thunberg ganaron espacio mediático, poco se consulta a los pueblos indígenas, que luchan y protegen la biodiversidad del planeta. “Desde siempre alertamos del desastre al que nos llevan gobiernos y multinacionales, pero no quisieron ni quieren escucharnos”, afirmó Argentina Paz Quiroga, autoridad del Pueblo Warpe de San Juan. Recordó que el cambio climático tiene responsables directos, con distintos rostros según cada región: “Barrick Gold, la megaminería, es un ejemplo claro de la destrucción climática. Y lamentablemente es política de Estado, atraviesa los distintos colores partidarios”.

En el sur, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro realizó un llamado de urgencia a desconocer fallos judicial y resistir los intentos de desalojos. “En un hecho de gravedad institucional inusitada la Justicia rionegrina pretende desalojar comunidades en plena vigencia de la Ley Emergencia Comunitaria Indígena (26160), que expresamente suspende cualquier sentencia de desalojo”, denuncia en el comunicado la Coordinadora Mapuche.

En un hecho inédito, en cinco días distintos jueces (Natalia Costanzo, Diego de Vergilio y Sergio Pichetto-Marcos Burgos) ordenaron el desalojo de las comunidades Pino Quiñe (costa del río Colorado), Newen Kurruf (Catriel) y Buenuleo (Bariloche). La organización mapuche pidió formalmente una reunión al Superior Tribunal de Justicia para “saber si el derecho indígena tiene vigencia” en Río Negro o si el Poder Judicial local ha decidido dejar de lado las leyes nacionales y tratados internacionales.

Recordaron el intento de desalojo, con Prefectura Naval, en la comunidad Lafken Winkul Mapu, con el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel. “No nos queda más opción que la resistencia al accionar policial que va a pretender desalojarnos. No estamos en condiciones de avalar pasivamente el atropello que pretenden hacer, desconociendo la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, leyes provinciales”, alertó la Coordinadora del Pueblo Mapuche.

Amnistía Internacional impulsa desde hace cuatro años un mapa colaborativo de conflictos territoriales indígenas. Ya contabilizó un piso de 250 casos muy variados: litio en Jujuy, Salta, Catamarca y San Luis; petróleo en Vaca Muerta (Neuquén, Río Negro, Mendoza); agronegocio en toda la región del Chaco argentino; megaminería en la Cordillera; hidroeléctricas en Misiones, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. Son algunas de las amenazas que sufren los territorios indígenas. El mapa, al que se puede acceder vía territorioindigena.com.ar, cuenta con la colaboración del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), entre otras organizaciones. “Las comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo –entre otras–), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, denuncia Amnistía Internacional.

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El cono sur del continente americano está en su periodo más seco, con el mayor riesgo de propagación de incendios intencionados de dimensiones dramáticas. Hay millares que afectan al Pantanal y a los biomas de la Amazonía, Cerrado y Gran Chaco. Algunos pueblos originarios los sufren especialmente

Rio de Janeiro 1 OCT 2020

“Alguien vino a quemar la casa de los aislados. El bosque es una casa que protege, que da vida, que da alimentos, da agua”, afirma Aquino Picanerai, indígena ayoreo y líder de la comunidad Campo Loro en el norte de Paraguay. Los ayoreo, que llevan años pleiteando con los gobiernos para que les reconozcan oficialmente sus tierras ancestrales, habitan en la región del Gran Chaco paraguayo y boliviano, y una parte de sus numerosos subgrupos permanecen hasta hoy en situación de aislamiento voluntario. En América Latina existen registros de 185 pueblos indígenas en tal situación (PIAs), 66 de ellos confirmados, según Land is Life. Esta organización alerta de la gran amenaza que suponen los incendios para la supervivencia de los PIAs, en el recién lanzado Informe Trinacional: Incendios y Deforestación en Territorios con Registros de Pueblos Indígenas aislados en Bolivia, Brasil y Paraguay.

La destrucción de los territorios donde viven puede abocarlos a una escasez de alimentos y otros recursos básicos, y a situaciones de contactos forzados con otras poblaciones o con los equipos anti incendios. Esto puede desencadenar, además, la transmisión de enfermedades para las que no tienen inmunidad desarrollada, entre ellas la covid-19. Y las partículas microscópicas suspensas en el humo pueden penetrar en los pulmones. “Esto provoca un proceso inflamatorio, un efecto sistémico, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, una infección respiratoria”, explica la epidemiologista Sandra Hacon, de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, en una investigación recién publicada por el Instituto Socioambiental (ISA). El estudio demuestra que hubo ya un aumento de 25% de los ingresos hospitalarios de indígenas con problemas respiratorios en agosto de 2019 como consecuencia del elevado número de incendios en los municipios amazónicos brasileños. Estos agravantes de salud podrían ser fatales para los pueblos en aislamiento.

“Nuestros hermanos ayoreo en aislamiento voluntario no tienen un lugar fijo para vivir, ellos tienen que moverse en los bosques para poder sobrevivir. Si salen también van a acabar como nosotros que estamos sufriendo mucho”, afirma Picanerai, quien denuncia la ausencia de ayuda del gobierno paraguayo ante la escasez de agua, alimento y trabajo en que vive actualmente su comunidad por el largo periodo de sequía que comenzó en enero y al que se le sumaron la crisis provocada por la pandemia y los estragos ocasionados por los incendios de 2019. Según los ancianos ayoreo, esas áreas quemadas en el Chaco paraguayo tardarán entre 60 y 70 años en regenerarse y estiman que sus hermanos en situación de aislamiento podrían demorar décadas en volver a las inmediaciones de las tierras afectadas donde antes habitaban.

La expansión agropecuaria, el principal detonante

En 2019, Land is Life registró el mayor índice de incendios ilegales en las zonas con presencia de pueblos indígenas en aislamiento, un total de 36.034 focos. El balance de los fuegos descontrolados en la Amazonía, Cerrado, Chiquitanía y Gran Chaco de 2019 fue especialmente dramático entre agosto y septiembre, dos de los meses más secos en el cono sur latinoamericano. Este es el momento del año en el que se suele provocar el mayor número de fuegos intencionados para limpiar terrenos con fines agropecuarios, y muchos afectan criminalmente a tierras indígenas o áreas naturales protegidas donde suelen vivir los PIAs. Actualmente en Brasil hay más de 160.000 focos activos en 84 áreas protegidas; en Bolivia afectan a 41 áreas naturales reservadas, y en Paraguay a 12, según datos satélite del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE) a 30 de septiembre.

En lo que va de año, el total de focos de incendios en Brasil ha aumentado 11% en relación con el mismo periodo de 2019, en Paraguay 63% y en Bolivia se han reducido 40%, de acuerdo al INPE. Una de las regiones actualmente más amenazadas es el Pantanal de Brasil, considerado el mayor humedal del mundo y reconocido como Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO, donde el fuego ha destruido el 23% de la extensión total del bioma durante dos meses de incendios continuados, de acuerdo con los datos del 27 de septiembre del Laboratorio de Aplicaciones de Satélites Ambientais (LASA) de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

El área quemada corresponde a 3,4 millones de hectáreas, lo que equivale a más de la mitad de la extensión de un país como Suiza que tiene 4,1 millones. Este es el mayor récord registrado en este bioma húmedo, una situación extremadamente crítica para las poblaciones urbanas y rurales, así como para los habitantes indígenas y para los animales, lo que ha llevado a los gobiernos estatales de la región a decretar el estado de emergencia. En el Pantanal los incendios se han multiplicado en 201% en relación al año pasado y 13% en el bioma de la Amazonia.

Si bien existen prácticas agrícolas tradicionales de quemas de vegetación a pequeña escala, los incendios a mayor escala son resultado de acciones criminales para el acaparamiento de tierras tanto en la Amazonia como en el Cerrado brasileño, Pantanal y Gran Chaco. “El común denominador en el origen del incremento de los fuegos forestales es la acción humana, impulsada por situaciones tales como prácticas expansivas de los agronegocios y de las industrias extractivas. Esto, aunado a la falta de marcos regulatorios efectivos para la protección de los pueblos indígenas aislados, hace que la situación de estos sea cada vez más precaria”, afirma el informe trinacional.

La constante huída de los pueblos indígenas aislados

Los grupos en aislamiento voluntario son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria y que, además, suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo, según define el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Para ellos el aislamiento no ha sido una opción voluntaria sino una estrategia de supervivencia. “Viven en constante migración como modo de defensa, esto se debe a los traumáticos contactos que tuvieron previamente y que los llevaron a aislarse”, explica Antenor Vaz investigador especializado en pueblos indígenas en aislamiento y autor principal del informe sobre incendios y PIAs para Land is Life.

Estas poblaciones dependen íntegramente del conocimiento del entorno que tradicionalmente han habitado pero actualmente están expuestas a “una situación de fuga permanente y desesperación”, según cita el informe que achaca las responsabilidades al actual modelo económico. Entre las principales presiones que sufren los PIAs figuran la construcción de carreteras e hidroelétricas, extracciones ilegales de madera o minerales, narcotráficantes o guerrilleros que se esconden en los bosques y selvas, destrucción directa de los territorios donde viven por deforestación e incendios, así como el recuerdo de epidemias pasadas.

“Si hoy la sociedad mundial está sintiendo lo que significa aislamiento voluntario por miedo a contagiarse del coronavirus, la mayoría de los PIAs viven en tal situación desde hace siglos por el miedo constante a morir de cualquier enfermedad externa o a recibir un tiro de un traficante o un maderero que invade sus territorios”, relata Vaz, poniendo el foco sobre la presión psicológica a la que están sometidos. Según añade, algunos grupos pueden incluso optar, en situaciones de amenaza, por evitar hasta los embarazos ya que el llanto de los bebés podría alertar a los invasores.