Celebrar las lenguas maternas, celebrar la diversidad

Su preservación va más allá de los derechos lingüísticos e incluso de la valoración de las culturas autóctonas. Se trata también de la protección de un conocimiento intransferible

La Carta Cultural Iberoamericana está disponible en 12 idiomas, incluyendo el aymara, quechua, guaraní, gallego, euskera y catalán. RUSLANA IURCHENKO / SHUTTERSTOCK
ANA PAULA LABORINHO

El 21 de febrero de 1952, estudiantes y activistas de Bengala Oriental, la actual Bangladés, se enfrentaron a los militares paquistaníes para exigir el reconocimiento de la lengua bengalí como oficial. Esta fecha se conoció como el Día de los Mártires de la Lengua y su lucha contribuyó a la creación del estado soberano de Bangladés, que se separó de Pakistán en 1971.

Lenguas indígenas, un legado en extinción - Más allá del español: 500 lenguas corren peligro en América Latina

Sin embargo, el bengalí tenía una larga tradición literaria, e incluso un Premio Nobel, concedido en 1913 a Rabindranath Tagore, el primer escritor asiático en recibir tal distinción, y sus obras contribuyeron al reconocimiento del bengalí. Sobre todo, se ha convertido en un símbolo del derecho humano a la lengua materna.

La celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, establecido por la Unesco en 1999, marca un derecho fundamental, pero también nos alerta sobre las lenguas que están desapareciendo. La plataforma más conocida de estadísticas lingüísticas, Ethnologue (2020), indica la existencia de 7.117 lenguas en uso en el mundo, seis más que en su edición anterior, pero no deja de subrayar que alrededor del 40% de ellas están en peligro de extinción, mientras que 23 representan más de la mitad de la población humana.

El 21 de febrero de 2018 Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, advirtió: “Una lengua es mucho más que un medio de comunicación: es la condición misma de la humanidad. Es la base de nuestros valores, nuestras creencias y nuestra identidad. Gracias a ella transmitimos nuestras experiencias, nuestras tradiciones y nuestros conocimientos. La diversidad de las lenguas refleja la riqueza irreductible de nuestra imaginación y nuestras formas de vida”.

Y, de hecho, una lengua es mucho más que un medio de comunicación, porque es transversal a todos los ámbitos de la actividad humana.

En 2021, la Unesco propone como lema para este día Fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad. En un año marcado por una pandemia que ha sacado a millones de niños y jóvenes de la escuela, con gran impacto sobre todo entre los más desfavorecidos que tienen grandes dificultades para optar a medios alternativos para acceder al conocimiento, es fundamental centrarse en la inclusión educativa.

Si bien es importante acelerar el acceso a la educación digital, la cuestión de los idiomas también es crucial, sobre todo en un momento en que todas las dificultades son factores de riesgo para el abandono escolar. Si los niños utilizan su lengua materna en el hogar o en la educación preescolar tienen más probabilidades de ser alfabetizados en su lengua materna y de aprender también una segunda lengua (por ejemplo, la lengua nacional) e incluso una tercera lengua con mayor facilidad.

El reconocimiento de la creciente importancia de las lenguas maternas en los resultados del aprendizaje ha llevado al desarrollo de proyectos centrados en las lenguas nativas.

En 2009 Unicef, en colaboración con la Aecid y la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Multiculturalidad (FUNPROEIB Andes), lanzó el Atlas Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América Latina, contribuyendo a hacer visible la diversidad cultural y lingüística de la región. El atlas recoge información de 21 países, 522 pueblos indígenas y 420 lenguas. Si bien su objetivo fundamental era recopilar información sobre los pueblos indígenas para poder intervenir más eficazmente en las políticas de educación y salud, se ha convertido en una herramienta central para lograr una educación intercultural y bilingüe.

Otros proyectos han aprovechado las capacidades de la tecnología. En Perú, el Ministerio de Cultura ha desarrollado una aplicación móvil para difundir la diversidad cultural y lingüística del país, que permite un acceso práctico a la información sobre las 47 lenguas indígenas o autóctonas, los lugares donde se hablan y el número de sus hablantes. Esta aplicación se basa en el Mapa Estadístico Sonoro de las Lenguas Indígenas y Originarias, disponible en versión digital, que recibió en 2015 el Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Pública.

También en Bolivia, como parte de un proyecto apoyado por la Organización de Estados Iberoamericanos, se lanzó en 2019 una herramienta digital para el aprendizaje recreativo de cinco lenguas nativas. En este caso, se trata de una pequeña muñeca, Nayra (New AymaraRoboticAssistant), vestida con trajes locales, que es el primer robot con reconocimiento de voz de lenguas nativas.

Las lenguas no son neutrales y su uso está estrechamente ligado al pensamiento y también a las representaciones del poder

La OEI siempre ha prestado especial atención a esta dimensión educativa, tanto más importante en una región donde coexisten tantas lenguas. Cuando se trabaja en la educación inclusiva, se convierte en una dimensión que repercute en los resultados escolares y en la forma de aprender otras lenguas. Además, representa uno de los mayores activos de la región iberoamericana, como pone de manifiesto la Carta Cultural Iberoamericana, que este año celebra su 15º aniversario, y cuyos objetivos, principios y alcance no han perdido vigencia desde su aprobación en 2006 por los Jefes de Estado y de Gobierno que integran esta comunidad. Demostrando el valor de esta multiplicidad de identidades, la carta está disponible en 12 idiomas, incluyendo el aymara, quechua, guaraní, gallego, euskera, catalán.

Pero la preservación de las lenguas va más allá de los derechos lingüísticos e incluso de la valoración de las culturas autóctonas. También se trata de la protección de un conocimiento intransferible. Por eso, estas hablas se resisten a la traducción automática y a las capacidades de la Inteligencia Artificial. Cuanto más se alejen estas de las tecnologías emergentes, más tenderán a desaparecer o a convertirse en lenguas menores, y en esa lista podemos incluir al portugués y al español.

Asistimos a una peligrosa tendencia al monolingüismo o a la reducción de las lenguas de aprendizaje, privando a las comunidades de sus idiomas maternos. Las lenguas no son neutrales y su uso está estrechamente ligado al pensamiento y también a las representaciones del poder.

Desde una lengua se puede ver el mar, las montañas, las nubes, según el lugar en el que uno se encuentre. Por eso, preservar la diversidad lingüística es también una forma de mantener nuestra dimensión de humanidad.

Ana Paula Laborinho es directora General de Bilingüismo y Difusión de la Lengua Portuguesa de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

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Pueblo Yuqui, 360 personas intentan sobrevivir a los colonos y a la covid-19

Esta pequeña comunidad indígena de la Amazonía boliviana se encuentra en peligro de extinción. La pandemia se suma a la deforestación y al despojo de su territorio
Salomon Quispe es un pescador yuqui. Cada miembro de la comunidad tiene una especialidad; algunos son cazadores, otros, recolectores. Las mujeres generalmente se dedican a la artesanía y otros, como Salomon, pescan para alimentar a las familias.
Salomon Quispe es un pescador yuqui. Cada miembro de la comunidad tiene una especialidad; algunos son cazadores, otros, recolectores. Las mujeres generalmente se dedican a la artesanía y otros, como Salomon, pescan para alimentar a las familias.SARA ALIAGA TICONA / EL PAÍS

Cochabamba (Bolivia) - 12 ENE 2021

Para llegar a la comunidad de Bia Recuaté, donde vive el pueblo yuqui, hay que cruzar senderos y caminos estrechos que conectan varias aldeas. Casi todas estas localidades están habitadas por colonos que llegaron desde otras partes de Bolivia. El viaje dura unas cinco horas desde la ciudad de Cochabamba. Luego de cruzar el Puente Roto se empieza a sentir el olor de la humedad de la selva amazónica y uno va perdiendo la noción del tiempo.

Bia Recuaté, que es el nombre de la comunidad que habita el pueblo Yuqui, parece ser un lugar sin tiempo y con un movimiento constante. Es un territorio muy rico en flora y fauna que protegen y valoran.

Este mismo bosque ha sido testigo de las luchas del pueblo yuqui contra aquellos que intentaron arrebatarles su territorio a finales de los años cincuenta, cuando el Gobierno boliviano inició el proyecto de colonización de extensas áreas en la provincia del Chapare. Antes de eso, esta comunidad vivía recolectando frutas, pescando y cazando en lo profundo de la Amazonía.

En los sesenta llegaron los misioneros del grupo evangélico Misión Nuevo Tribo (MNT), con sede en Estados Unidos. Ese fue el primer contacto de los yuqui con el mundo exterior. Según estudios antropológicos del científico boliviano Roy Querejazu Lewis, recibieron nombres bíblicos por parte de los misioneros y aprendieron, aseguran, de los religiosos a cultivar diferentes tipos de plantas. No fue hasta mediados de los noventa cuando sus miembros recuperaron apellidos referentes a elementos de la selva, como flores, frutos o animales, para fortalecer su conexión con la naturaleza y afirmar su identidad y su cultura como comunidad de cazadores y recolectores.

Los yuqui habitan, sobre todo, en la comunidad Bia Recuaté, en la provincia Chapare, una región conocida por ser una de las principales zonas de producción de hoja de coca en Bolivia. Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y de acuerdo con datos del Estado Plurinacional de Bolivia, en junio del 2019 —todavía bajo el gobierno de Evo Morales— la mayor parte de esta producción estuvo vinculada con el narcotráfico.

Bia Recuaté está a unos 260 kilómetros de Cochabamba. Este es un territorio donde conviven al menos tres pueblos indígenas diferentes: yuquis, yuracarés y trinitarios. Su territorio fue declarado oficialmente un TCO, es decir, Tierra Comunitaria de Origen, de acuerdo con la terminología estatal y, en los últimos años, ese nombre devino en una adaptación: TIOC, Territorio Indígena Originario Campesino.

Existen 298 TIOC en Bolivia y constituyen aproximadamente un 25% de la Amazonía boliviana. Son territorios destinados para la vida de pueblos indígenas, se distinguen de las propiedades individuales porque están amparados en el derecho colectivo sobre el territorio y son reconocidos como tales por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y por el Convenio 169 de la OIT que reconoce los derechos de los pueblos y los territorios indígenas. El TCO yuqui-CIRI comprende 115.924.86 hectáreas en total.

La covid-19, nueva enemiga de los yuqui

Carmen Isategua es la cacique mayor, la autoridad máxima de la comunidad. A sus 35 años —el rostro preocupado, la mirada inquieta—, ella relata cómo la covid-19 enfermó a la comunidad. “Pero no hemos muerto porque somos fuertes”, dice.

Los yuqui son uno de los pueblos indígenas más pequeños de Bolivia, con tan solo 360 habitantes. Según estudios del International Work Group for Indigenous Affairs (Iwgia) y según la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), están considerados altamente vulnerables e incluidos en la categoría de Contacto Inicial, un apartado adicional para los que se describen como población en aislamiento voluntario.

Como medidas de bioseguridad y debido a la falta de sistemas de comunicación tecnológicos en el territorio yuqui, se optó por poner en los puntos de ingreso carteles, pidiendo el uso de barbijos. Pincha en la imagen para ver toda la fotogalería.
Como medidas de bioseguridad y debido a la falta de sistemas de comunicación tecnológicos en el territorio yuqui, se optó por poner en los puntos de ingreso carteles, pidiendo el uso de barbijos. Pincha en la imagen para ver toda la fotogalería.SARA ALIAGA TICONA
Bajo los criterios de vulnerabilidad construidos con el aporte de varias instituciones y validados por la Cidob, se identifica a este pueblo como el de mayor vulnerabilidad del territorio boliviano, priorizando los criterios inmunológicos o de salud, y el criterio territorial.

Los yuqui reconocen que la amenaza a sus territorios ya no es la única que deben enfrentar. La precaria atención de salud, que ya arrastra una cadena de enfermedades como la tuberculosis, que mermó a una parte de su población, se agudizó desde que llegó el coronavirus.

A pesar del optimismo de Isategua, según el Secretario de Salud de Bia Recuaté, Leandro Quispe, hasta finales de octubre se habían registrado 19 casos de contagio y un muerto en la comunidad. La situación preocupó también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en junio ya advirtió mediante su cuenta oficial en Twitter que esta minoría estaba en peligro ante la pandemia, la cual “podría representar un grave riesgo para la supervivencia del pueblo indígena”. Al menos, desde entonces no se han detectado nuevos casos. Sí que se les ha dado acceso a pruebas rápidas, pero no ha habido sintomáticos para covid-19, según confirma la doctora de la comunidad, Gimena Torrico. Ahora, se preparan para auto aislarse como medida de prevención ante la segunda ola, tal y como están haciendo otros pueblos indígenas de la Amazonía.

La enfermedad y la muerte son asuntos de todos

Cuando un familiar yuqui está internado en algún hospital fuera de la comunidad, cuenta Isategua, los miembros de la comunidad acostumbran a acompañar al enfermo hasta que reciba el alta. Esta líder se molesta mucho ante la incomprensión de los abba (en su lengua, este vocablo nombra a las personas externas a la comunidad) y de los médicos, porque no les permiten quedarse junto al enfermo. “Cuando nos enfermamos no va uno, va toda la familia a vigilarle porque esa es nuestra costumbre. En cambio, los abba se enferman y dejan a sus parientes. Nosotros no somos así. Se enferman y los perseguimos. Les miramos qué le están haciendo, hacemos su seguimiento, estamos al lado de ellos”, proclama enérgica.

Al llegar a la comunidad se encuentran muy pocas familias. La mayoría de las casas están vacías y con un candado en la puerta. Los vecinos que aún residen allí explican que algunos se han ido al bosque a cazar o a pescar. “Es casi que imposible saber dónde un yuqui se va a encontrar mañana. Son libres y no siguen lógicas”, explica el líder Abel Laira. “Se van de un momento a otro, desaparecen y no hay cómo ubicarlos porque no hay señal para llamarles. Algunos se van para el monte y otros a lugares que no se sabe”.

Los yuqui tienen una visión colectiva muy profunda de la muerte. El fallecimiento de una persona se convierte en una pena que involucra a toda la comunidad. Como muestra de respeto y dolor por el luto, los miembros de la comunidad pueden dejar de comer durante días. “Es una tristeza recordar, muy doloroso. Un hermano que perdamos aquí es como perder cien yuquis”, cuenta Jhonathan Isategua, un hombre de 52 años, ex cacique de la comunidad.

Los yuqui usaron el aislamiento voluntario para evitar el coronavirus, pero esta medida devino en una grave crisis alimentaria
La llegada de la pandemia les causó mucho miedo al principio. Como ocurrió con muchos otros pueblos indígenas amazónicos, los yuqui usaron la estrategia de aislamiento voluntario para evitar contacto con personas de afuera de su comunidad. Pero esta medida también devino en una grave crisis alimentaria. Al cumplir con el aislamiento, los dirigentes no pudieron salir a comprar los productos que distribuyen comúnmente entre los pobladores de la comunidad. Ese déficit en sus rutinas alimentarias provocó su debilitamiento y el estado de salud ya vulnerable de muchos comuneros empeoró. El temor por el nuevo coronavirus se sumó a los varios casos de tuberculosis, anemia y micosis que hay entre los miembros.

Luchando por la luz

Aunque Bia Recuaté es una comunidad que conserva las tradiciones de cazar, pescar y recolectar frutas, su alimentación se complementa con el consumo de otros productos que requieren de refrigeración, pues el intenso calor de la Amazonía acelera la putrefacción de los alimentos. Pero aquí no hay energía eléctrica. El único punto de conexión a la electricidad y a Internet que tienen los yuqui está en un pequeño corredor del aula del colegio. Un cable alargador de tres enchufes sirve para que los pocos que tienen un teléfono móvil, entre ellos el personal de salud, recargue la batería de sus aparatos electrónicos y se conecte a la Red de manera intermitente.

Bia Recuaté, que es el nombre de la comunidad que habita el pueblo yuqui, parece ser un lugar sin tiempo y con un movimiento constante. Es un territorio muy rico en flora y fauna que protegen y valoran.
Algunos jóvenes creen que es indispensable tener energía eléctrica, pero la cacique mayor, Carmen Isategua, cree que esto afectaría a la economía de las familias que no tienen recursos para pagar las facturas mensuales, resultado del congelamiento de sus recursos con la implementación del Plan de Manejo de territorio TCO yuqui-CIRI, un instrumento que establece el aprovechamiento sostenible y legal de los recursos forestales del territorio indígena.

La sanitaria de la comunidad, Gimena Torrico, dice que más importante que la energía eléctrica es el agua potable. “Si bien cuentan con agua del río Chimoré, solo les sirve para bañarse y lavar ropa”, explica. El río está contaminado a causa de las aguas servidas provenientes de pueblos aledaños, como Chimoré y varios pobladores han reportado ya constantes molestias estomacales.

El narcotráfico

Como parte del mismo territorio amazónico, el pueblo yuqui y el pueblo yuracaré comparten recursos forestales de su TCO yuqui-CIRI. El aprovechamiento de los recursos del TCO ha sido planificado de forma sostenible y responsable. Con apoyo de la Usaid (La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo), ingenieros forestales y la Organización Indígena Forestal (OIF) Yagua Samu, que se encarga de la administración del Plan de Manejo y del censo forestal, se ha calculado cuántos y qué árboles se puede talar y cuáles no se debe tocar, para preservar el equilibrio ecológico de la selva.

El Plan de Manejo establece el aprovechamiento legal de los recursos forestales del territorio a través de mecanismos y procedimientos técnicos avalados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Estos recursos sirven para solventar gastos dentro de la comunidad como la subvención de alimentos que se le da a cada familia cada lunes, la manutención de niños del internado y medicamentos que faltan en la posta médica. Pero actualmente el Plan de Manejo se encuentra congelado debido a varios desacuerdos y conflictos entre los dos pueblos indígenas, luego de que los yuqui denunciaran la existencia de cultivos ilegales de coca, narcotráfico y tala ilegal de madera en el área correspondiente a los yuracaré.

El ex cacique Jhonathan Isategua no teme alzar la voz a pesar de los riesgos: “Ellos trabajan cosas ilegales. Hemos puesto una tranca de control y hemos decomisado paquetes de coca (cocaína)”.

Tres comunarios yuquis encuentran un árbol ilegalmente talado y laminado dentro de su territorio TCO Yuqui-CIRI. El TCO consiste en 125.000 hectáreas y conviven al menos tres pueblos indígenas diferentes: los yuquis, los yuracarés y los trinitarios. Existen 298 TCO (ahora llamados TIOC) en Bolivia y representan casi el 25% de la Amazonía boliviana. Pincha en la imagen para ver toda la fotogalería.
Tres comunarios yuquis encuentran un árbol ilegalmente talado y laminado dentro de su territorio TCO Yuqui-CIRI. El TCO consiste en 125.000 hectáreas y conviven al menos tres pueblos indígenas diferentes: los yuquis, los yuracarés y los trinitarios. Existen 298 TCO (ahora llamados TIOC) en Bolivia y representan casi el 25% de la Amazonía boliviana. Pincha en la imagen para ver toda la fotogalería.SARA ALIAGA TICONA
El puesto de control al que se refiere Jhonathan es un punto de delimitación del TCO yuqui-CIRI. En julio del 2020, su comunidad presentó incluso una demanda oficial ante la Asamblea Departamental de Cochabamba sobre la presencia de narcotráfico en su territorio y la existencia de una pista ilegal dentro del mismo TCO.

Pero las autoridades también constataron la presencia del narcotráfico que el pueblo yuqui denunció. En agosto del 2020, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), junto al entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, descubrió una pista clandestina que había sido usada para el traslado de droga producida en un laboratorio ubicado en esa misma zona, y que, según publicó la prensa local, habría sido protegida por “un lugarteniente de Evo Morales”. A la vez, el ministro denunció la tala indiscriminada que se había realizado para la construcción de la pista.

La resistencia

Tanto la llegada del nuevo coronavirus como las amenazas de los colonos a sus territorios, la tala ilegal, el narcotráfico y la desidia estatal constituyen un largo historial de violación de los derechos de los yuqui. La salud y la educación dependen de los recursos del Plan de Manejo que se suspendió y, como consecuencia, el orfanato del pueblo, donde albergan a 35 niños y niñas que quedaron huérfanos luego de que sus padres murieran, víctimas de una epidemia de tuberculosis que ocurrió en 2012, ha quedado a la deriva.

Al inicio de la pandemia, los yuqui tuvieron que comprar sus propios medicamentos para poder combatir la enfermedad, pues las autoridades gubernamentales llegaron tarde. La pandemia solo fue la última de una larga serie de amenazas para este pequeño pueblo indígena de la Amazonía boliviana que se ha declarado en resistencia. El pueblo yuqui se empeña en cuidar su identidad, sus costumbres y su selva a costa de lo que sea.

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La mujer en el campo

Las mujeres desempeñan un papel importante en la economía rural como agricultoras, asalariadas y empresarias. También asumen la responsabilidad del bienestar de los miembros de sus familias, incluido el suministro de alimentos y el cuidado de los niños y los ancianos. Sin embargo, las mujeres de las zonas rurales se enfrentan a limitaciones para participar en actividades económicas debido a la discriminación por motivos de género y las normas sociales, la participación en trabajos no remunerados y el acceso desigual a la educación, la atención de la salud, la propiedad y los servicios financieros y de otro tipo. La promoción y garantía de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer rural no sólo contribuye al crecimiento económico inclusivo y sostenible, sino que también aumenta la eficacia de las iniciativas de reducción de la pobreza y seguridad alimentaria.

Urbanización

La población mundial está aumentando rápidamente, pero ese crecimiento dista mucho de estar distribuido de manera uniforme en todas las zonas geográficas, con una evidente tendencia a la urbanización. Mientras que en 1990 alrededor del 57% de la población mundial vivía en zonas rurales, en 2019 sólo el 44% de la población seguía siendo rural, y se prevé que esta proporción disminuya al 40% para 2030.

Esta tendencia de urbanización mundial ha ido acompañada naturalmente de cambios en ocupación. A medida que las zonas urbanas se expanden y atraen cada vez a más personas, las actividades agrícolas (típicas de las zonas rurales) se vuelven menos frecuentes en términos de personas empleadas. En consonancia con ello, en 1991, el 44% de los trabajadores del mundo estaban empleados en la agricultura, mientras que el 34% de ellos trabajaban en los servicios y el 22% en el sector industrial. En 2019, el sector de los servicios representaba la mitad del total mundial ocupación . Mientras que el sector industrial se mantuvo bastante estable en cuanto a la proporción de ocupación , que representaba el 23% del total de ocupación en 2019, la proporción de ocupación agrícola se redujo considerablemente al 27% en 2019.

Sin embargo, aunque la agricultura está profundamente asociada a las zonas rurales, no todas las ocupaciones rurales son agrícolas y no todas las actividades agrícolas están ubicadas en las zonas rurales. De hecho, las estimaciones recientes de OIT muestran que el 89% de la agricultura mundial está ubicada en zonas rurales, lo que significa que el 11% de los trabajadores agrícolas del mundo viven en zonas urbanas. Tal vez lo más sorprendente sea que sólo el 49% de todos los trabajadores del mundo que viven en zonas rurales trabajan en la agricultura, mientras que el 10% de ellos trabajan en la industria manufacturera y el 8% en la construcción.

La diferencia de participación de la mujer en la fuerza de trabajo es mayor en las zonas rurales de la mayoría de las regiones

En 2019, la tasa de participación de la fuerza de trabajo rural en el mundo era del 62%, en comparación con el 60% en las zonas urbanas. La tasa de participación en la fuerza de trabajo es mayor en las zonas rurales que en las urbanas de África y Asia y el Pacífico, mientras que en América, Europa y Asia central y los Estados árabes ocurre lo contrario. En lo que respecta al nivel de ingresos de los países, las personas participan en la fuerza de trabajo a tasas más altas en las zonas rurales en todos los grupos de ingresos, salvo en los países de altos ingresos.

Esto podría sugerir que en las regiones más desarrolladas económicamente los mercados laborales rurales son menos impulsores de la creación de ocupación que los mercados laborales urbanos. Por el contrario, en las economías menos desarrolladas (y especialmente en los países de bajos ingresos), las personas que viven en las zonas rurales tienen una mayor tendencia a participar en la fuerza de trabajo, y en particular en ocupación.
Las personas de las zonas rurales pueden verse obligadas a incorporarse a ocupación independientemente de las características del trabajo o de las condiciones laborales, mientras que en las zonas urbanas los desempleados pueden estar más capacitados para permitirse buscar un trabajo adecuado durante más tiempo o para abandonar la fuerza de trabajo por completo. Entre las personas que no forman parte de la fuerza de trabajo figuran (entre otros) los jubilados, los estudiantes que se dedican a tiempo completo a su educación y las amas de casa. Cuando la informalidad está más extendida en las zonas rurales, la correspondiente menor cobertura de protección social y las insuficientes pensiones de vejez en las zonas rurales pueden hacer que las personas mayores se vean obligadas a permanecer en ocupación en lugar de jubilarse. Asimismo, el contexto socioeconómico de las zonas rurales puede impedir que los estudiantes se dediquen exclusivamente a su educación.

La persistencia de los estereotipos de género se traduce en tasas de participación en la fuerza de trabajo más elevadas para los hombres que para las mujeres en todas las regiones y todos los grupos de ingresos del mundo. Además, la diferencia de género en la participación en la fuerza de trabajo es mayor en las zonas rurales que en las urbanas en todas las regiones, excepto en África, y en todos los grupos de ingresos, excepto en los países de bajos ingresos. Esto sugiere que en la mayor parte del mundo las normas sociales de género están más arraigadas en las zonas rurales.

Así pues, para ser eficaces, las políticas destinadas a promover la igualdad de género en los mercados laborales deben tener en cuenta las circunstancias particulares de las zonas rurales.

Es importante señalar que la participación en la fuerza de trabajo se refiere a la participación en una forma específica de trabajo: ocupación (trabajo remunerado realizado para ser utilizado por otros). Esto excluye otras formas de trabajo, como la agricultura de subsistencia, el trabajo de cuidado no remunerado y otros tipos de trabajo de producción de uso propio, que suelen realizar las mujeres y que típicamente prevalecen en las zonas rurales.

Subutilización de la fuerza de trabajo toma diferentes formas en las zonas rurales y urbanas

Por definición, desocupación es subutilización de la fuerza de trabajo , ya que los desempleados son trabajadores explícitamente dispuestos a trabajar y cuya mano de obra no se utiliza. Sin embargo, también puede haber subutilización de la fuerza de trabajo entre los ocupados (personas en subempleo por tiempo, es decir, que trabajan menos horas de las que están disponibles) o entre los que están fuera de la fuerza de trabajo (personas sin empleo disponibles para un trabajo aunque no lo estén buscando y los que buscan un trabajo aunque no estén inmediatamente disponibles para él).

La desocupación es la forma predominante de subutilización de la fuerza de trabajo en las zonas urbanas: En 2019, el 46% de los habitantes de subutilización de la fuerza de trabajo en las zonas urbanas del mundo estaban desempleados. En cambio, en las zonas rurales subutilización de la fuerza de trabajo suele adoptar la forma de subempleo por tiempo, y el 46% de todas las personas de subutilización de la fuerza de trabajo en las zonas rurales del mundo estaban en situación de subempleo por tiempo en 2019.

Además, existe una pauta de género en la prevalencia de las diferentes formas de subutilización de la fuerza de trabajo : tanto en las zonas rurales como en las urbanas, los desempleados representan una mayor proporción de personas en subutilización de la fuerza de trabajo entre los hombres que entre las mujeres, mientras que la fuerza de trabajo potencial representa una mayor proporción entre las mujeres que entre los hombres. Esto podría indicar una vez más la persistencia de los estereotipos de género que subyacen en las decisiones económicas y domésticas de las personas, como la decisión de qué miembros del hogar deben incorporarse a la fuerza de trabajo y la distribución de las tareas domésticas y las actividades de cuidado de los niños. Las normas sociales de género pueden llevar a los hombres a estar más disponibles para aceptar un trabajo y buscarlo explícitamente.

Diversos factores pueden explicar por qué subutilización de la fuerza de trabajo adopta diferentes formas en las zonas rurales y urbanas.

En cierto sentido, desocupación (el acto de estar sin empleo pero disponible y buscar un trabajo) es un privilegio. La desocupación es un obstáculo para el trabajo decente y el desarrollo sostenible, y los desempleados se enfrentan a dificultades. No obstante, en algunos contextos, la posibilidad de desocupación existe sólo para quienes pueden permitirse estar sin trabajo, gracias a las suficientes prestaciones de desocupación , ahorros, apoyo familiar u otros medios de alivio económico.

La prevalencia de la pobreza en las zonas rurales, combinada con la falta de prestaciones adecuadas desocupación, de seguridad social o de ahorros o apoyo económico suficientes, puede hacer que los trabajadores rurales en algunos contextos no puedan permitirse permanecer desempleados durante mucho tiempo, recurriendo a cualquier trabajo disponible, incluso si las condiciones de trabajo son menos que deseables. En particular, pueden recurrir a la creación de sus propios empleos como trabajadores por cuenta propia o trabajadores familiares auxiliares, a menudo en la informalidad, en lugar de esperar a encontrar un empleador. También pueden centrarse más en otras formas de trabajo como alternativa a ocupación (como el trabajo de producción propia), dedicando más horas al trabajo no remunerado.

Todo esto puede contribuir a explicar por qué el subempleo relacionado con el tiempo es una forma de subutilización de la fuerza de trabajo mayor en las zonas rurales que en desocupación.
Además, en algunos contextos rurales puede ser difícil buscar activamente un empleo si no hay servicios públicos o privados ocupación cercanos o no hay un acceso generalizado a plataformas centralizadas de anuncios de empleo. En esos contextos, es posible que las personas abandonen la búsqueda de empleo por desánimo aunque sigan estando disponibles para ocupación . Las dificultades asociadas a la búsqueda de empleo en las zonas rurales pueden contribuir a explicar por qué desocupación parece ser más frecuente en las zonas urbanas.

Los jóvenes, y especialmente las mujeres jóvenes, se enfrentan a un importante desafío subutilización de la fuerza de trabajo que en las zonas rurales se suma a las dificultades de acceso a la educación y la formación
En 2019, los jóvenes (de 15 a 24 años de edad) que vivían en zonas rurales de todo el mundo tenían una tasa de participación en la fuerza de trabajo del 43%, en comparación con el 39% de los que vivían en zonas urbanas.

Los jóvenes de las zonas rurales tienen una tasa de participación en la fuerza de trabajo más elevada que los de las zonas urbanas en todas las regiones y todos los grupos de ingresos. La brecha entre las zonas rurales y urbanas en cuanto a la participación de los jóvenes en la fuerza de trabajo es particularmente notable en África y en los países de bajos ingresos.

Es posible que en las zonas rurales, y especialmente en las zonas rurales pobres, los jóvenes se vean obligados a incorporarse a la fuerza de trabajo antes que en las zonas urbanas, donde pueden estar más capacitados para dedicarse a tiempo completo a los estudios de nivel superior o al trabajo de aprendiz no remunerado.

De hecho, esto es lo que transmiten los datos sobre la participación de los jóvenes en ocupación , la educación o la capacitación en las zonas rurales y urbanas. En 2019, el 47% de los jóvenes urbanos del mundo se dedicaban exclusivamente a la educación o la capacitación, mientras que sólo el 37% de los jóvenes que vivían en zonas rurales lo hacían. Asimismo, la proporción de jóvenes empleados era del 38% en las zonas rurales, en comparación con el 33% en las urbanas. Es más, la proporción de jóvenes que no estaban en ocupación , educación o capacitación era del 25% en las zonas rurales, en comparación con el 20% en las urbanas.

La proporción de hombres jóvenes que no están en ocupación , la educación o la formación es prácticamente la misma en las zonas rurales y urbanas. En el caso de los hombres jóvenes, la pauta por área geográfica parece ser que en las zonas urbanas pueden participar exclusivamente en la educación o la capacitación en gran número, mientras que en las zonas rurales muchos recurren a ocupación .

Por el contrario, en el caso de las mujeres jóvenes, es su participación en ocupación lo que menos difiere en las zonas rurales y urbanas. En las zonas urbanas, las mujeres jóvenes (al igual que los hombres jóvenes) pueden participar exclusivamente en la educación o la formación en gran número. Sin embargo, en las zonas rurales, en lugar de participar en ocupación a un ritmo más elevado, tienen una mayor tendencia a no estar en ocupación ni en la educación o la capacitación.

Esto sugiere una vez más que las normas sociales de género siguen profundamente arraigadas en las zonas rurales, donde es más probable que las mujeres jóvenes participen en trabajos domésticos y de cuidado no remunerados.

Autoocupación en las zonas rurales: el patrón de género de los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares auxiliares
Dado que los empleados suelen beneficiarse de mejores condiciones de trabajo, la proporción de empleados en el total de ocupación (también conocida como la tasa de ocupación pagada) permite vislumbrar las condiciones de trabajo de la población empleada.

El hecho de que los trabajadores estén situados en una zona rural o urbana parece tener una gran repercusión en sus posibilidades de ser remunerados ocupación : en 2019, el 70% de los empleados del mundo que vivían en zonas urbanas eran empleados, en comparación con sólo el 32% de los que vivían en zonas rurales. De hecho, la proporción de empleados en ocupación era mayor en las zonas urbanas que en las rurales en todas las regiones y todos los grupos de ingresos.

Al mismo tiempo, la proporción de trabajadores por cuenta propia y la proporción de trabajadores familiares auxiliares son mayores en las zonas rurales que en las urbanas en general, con la excepción de las trabajadoras de los países de bajos ingresos, que tienen más probabilidades de ser trabajadoras por cuenta propia en las zonas urbanas.

Curiosamente, en todas las regiones y todos los grupos de ingresos, la diferencia entre las zonas rurales y urbanas en la proporción de trabajadores por cuenta propia es mayor para los hombres que para las mujeres, y la diferencia entre las zonas rurales y urbanas en la proporción de trabajadores familiares auxiliares es mayor para las mujeres que para los hombres. Esto implica que tanto los trabajadores masculinos como los femeninos de las zonas rurales tienen pocas posibilidades de ser empleados, pero los hombres tienen más probabilidades de ocupar puestos de trabajo como trabajadores por cuenta propia, mientras que las mujeres tienen más probabilidades de ser trabajadoras familiares auxiliares.

Actividades rurales en tiempos de pandemia

Los trabajadores agrícolas del mundo, la mayoría de los cuales viven en zonas rurales, han asegurado los cimientos de la cadena de suministro de alimentos con su trabajo continuo durante la pandemia. Dado que la gran mayoría de ellos se encuentran en el sector informal ocupación , se encuentran en una situación muy vulnerable durante la crisis sanitaria mundial de COVID-19. A pesar de los esfuerzos por seguir el distanciamiento social y las normas de higiene en las empresas agrícolas, los trabajadores agrícolas todavía pueden estar expuestos a mayores riesgos para la salud. Mientras tanto, rara vez tienen acceso a la licencia por enfermedad, a las prestaciones de desocupación o a la protección social en general, y las mujeres agricultoras se encuentran entre las menos protegidas.

Además, en muchos países del mundo, las actividades agrícolas dependen de la migración estacional de la mano de obra. Las restricciones generalizadas a la circulación internacional están planteando un importante problema a este respecto, lo que da lugar a una escasez de mano de obra en algunos contextos y a un aumento de la pobreza en las zonas rurales.

A medida que la pandemia y la crisis resultante continúan desarrollándose, sólo estamos empezando a ver el alcance de los daños tanto en la salud como en los resultados socioeconómicos. En este contexto, es fundamental seguir de cerca la evolución en las zonas rurales y urbanas, en particular porque las mujeres de las zonas rurales suelen encontrarse en situaciones vulnerables, de modo que las políticas específicas puedan ser eficaces.

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México. La lucha indígena que busca ponerle freno al Tren Maya

Pueblos originarios y organizaciones ambientalistas han emprendido una batalla legal para detener la construcción de uno de los proyectos estrella de López Obrador

TERESA DE MIGUEL
México - 16 DIC 2020

Genomelín López no ha votado nunca. En su remota comunidad enclavada en la selva de Calakmul, en el Estado mexicano de Campeche, pocos se interesan por unos políticos que rara vez se han preocupado por ellos. Indígena chontal y guardián de las semillas nativas de su tierra, Genomelín, de 40 años, ha dedicado su vida a cultivar maíz amarillo y palomero, chiles jalapeños, frijoles negros o ajonjolí.

Por eso le sorprende que el presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, haya afirmado que hay intereses “políticos y electorales” detrás del amparo que él y un centenar de indígenas, habitantes de la península de Yucatán y organizaciones en defensa del medio ambiente interpusieron en contra de una de las megaobras insignia del Gobierno, el Tren Maya.

La ofensiva legal obtuvo la semana pasada una importante victoria después de que un juzgado de Campeche ordenase la suspensión de las obras del segundo tramo del tren mientras se resuelve el juicio. No es la primera vez que el plan de infraestructura llega a los tribunales: hasta ahora acumula tres suspensiones derivadas de nueve amparos presentados por indígenas mayas, chuun t’aan y chol.

La vía férrea recorrerá 1.500 kilómetros a través de los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pero el proyecto es mucho más que un tren de pasajeros. Se estima que el 70% de los ingresos resulten del transporte de carga, en buena parte de combustibles (para dar servicio a los seis gasoductos del sureste del país) y productos de la pujante agroindustria de la región, como la soya o el cerdo.

Además, contempla la construcción de “polos de desarrollo” alrededor de las 19 estaciones del tren en los que “se propiciará el ordenamiento urbano” e incluirán “servicios e infraestructura”. La opacidad con la que se ha mantenido el plan no ha permitido conocer muchos detalles sobre ese reordenamiento territorial, pero es lo que más preocupa a los demandantes.

En la comunidad de Ricardo Payro, donde vive Genomelín López, inquieta de dónde saldrá el agua para abastecer un polo de desarrollo en un lugar donde escasea. Sus cosechas dependen de la temporada de lluvias y para el uso doméstico la recolectan en cisternas para los meses secos. “Nos vamos a quedar sin agua para complacer al turismo”, teme.

El acceso a esta recóndita área de México es complicado, lo que ha mantenido al turismo masivo alejado a pesar de que alberga una de las zonas arqueológicas más importantes del país y la segunda mayor extensión de bosque tropical de América, después del Amazonas. El jaguar es el más distinguido de los 86 tipos de mamíferos de la reserva, donde habitan más de 280 especies de aves y 50 de reptiles.

“No queremos convertirnos en otro Cancún, allí ya se acabaron todo el manglar. Aquí todavía nos queda selva alta”, dice Geno, como le conocen los compañeros del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. Quince miembros de la organización se han sumado a la batalla legal.

El amparo argumenta que el megaproyecto viola el derecho a un medio ambiente sano, establecido en el artículo 4º de la Constitución. El presidente dio el banderazo de inicio a las obras en junio pasado a pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) todavía no había autorizado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), algo que no ocurrió hasta principios de diciembre. Esa dependencia no atendió las solicitudes de entrevista de EL PAÍS sobre el tema y se limitó a responder que las acciones legales interpuestas corresponden al Poder Judicial.

La MIA no solo se presentó después del inicio de la construcción, sino que dividió el proyecto en diferentes fases en lugar de contemplar las posibles afectaciones del conjunto de la obra. Esto viola la Ley General de Equilibrio Ecológico, asegura Xavier Martínez, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), una de las organizaciones que presentó la querella.

El abogado alerta que el Tren Maya “fragmentará los ecosistemas de la península de Yucatán”. Además de Calakmul, la línea ferroviaria atravesará ocho importantes áreas naturales, como la reserva de Los Petenes, en Campeche, o la de Sian Ka’an, en Quintana Roo. “El proyecto está repitiendo un esquema de desarrollo que trae grandes impactos a la sostenibilidad y pareciera que no hemos aprendido la lección”, dice Martínez.

La manifestación de impacto ambiental prevé deforestar 800 hectáreas de selva (equivalentes a unos 1.120 campos de fútbol) en la primera de las dos fases de la construcción. El documento argumenta que compensará la tala con un programa de reforestación y reubicación de especies.

“Estos megaproyectos dicen: ‘hay 50 ceibas que cuestan 1.000 pesos, pero yo voy a invertir un millón de pesos, entonces está justificado que las tale’. Pero nosotros no vemos el valor económico, para nosotros la ceiba es un árbol que simboliza los tres planos del universo”. Pedro Uc, indígena maya de la localidad de Buctzotz, en Yucatán, abandona su hablar pausado a medida que avanza la conversación sobre lo que califica como “el mal llamado Tren Maya”.

“Ni se consulta, ni nos preguntan, ni nos toman en cuenta cuando se decide construir este proyecto que responde a intereses ajenos a los de las comunidades indígenas”, dice ya con el ritmo acelerado, calificando como una “farsa” la consulta pública que promovió el Gobierno de López Obrador en diciembre de 2019, criticada incluso por las Naciones Unidas.

En 2018, Pedro Uc se unió con representantes de 25 comunidades de Yucatán para formar la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y luchar contra los megaproyectos, las granjas porcícolas y la soya transgénica que dice que amenazan su territorio. Crítico con López Obrador, reprueba que “esté trabajando con las mismas empresas corruptas que los Gobiernos anteriores”.

Un reciente informe de la organización Poder reveló que el 90% de las licitaciones del Tren Maya han sido adjudicadas de forma directa. Uno de los contratos más jugosos, el del tramo cuatro, se entregó sin concurso público por 25.800 millones de pesos a la constructora mexicana ICA. Esa fue una de las firmas que participó en la edificación del aeropuerto de Ciudad de México, que finalmente fue cancelado en 2018 por el presidente bajo acusaciones de corrupción.

Además, el contrato del tramo dos de la obra –el que ha quedado suspendido esta semana por orden del juez– lo ganó un consorcio formado por una filial de Grupo Carso, del magnate Carlos Slim y gran inversionista del cancelado aeródromo, y la española FCC, imputada en Panamá por un caso de corrupción relacionado con Odebrecht, la mayor trama de sobornos de América Latina. Un portavoz de Grupo Carso declinó hacer comentarios a este diario sobre la decisión judicial.

Pedro Uc y sus compañeros de la Asamblea han impulsado otros tres amparos contra el Tren Maya asesorados por la organización en defensa de los derechos humanos Indignación. Todos fueron rechazados por el juez, pero un tribunal superior decidió turnar uno de ellos a la Suprema Corte para que decida si deben ser admitidos o no.

El activista sabe que la lucha será complicada “porque hay demasiados intereses económicos involucrados”. Ha vivido en carne propia lo que significa en México luchar contra esos intereses: a finales de 2019, él y su hijo recibieron una amenaza de muerte que les daba un plazo de 48 horas para abandonar su comunidad. Pero allí siguen. “Aunque sepamos que no tenemos esperanzas de ganar vamos a luchar siempre”.
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