Exigen implementar acciones específicas de prevención del coronavirus para comunidades campesinas y nativas
Si bien las medidas que viene tomando el gobierno para frenar la expansión del coronavirus son positivas y están dando resultados en el sector urbano, es necesario que también se implementen medidas específicas y urgentes para defender a las comunidades campesinas y nativas de los impactos de la pandemia.
Amalia Pesantes Villa, doctora en Antropología y especialista en salud en comunidades indígenas, ha alertado a las autoridades peruanas sobre el riesgo y vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a la expansión de la enfermedad Covid-19, y demanda tomar acciones específicas para defender la salud de este sector de la población.
“Las comunidades indígenas sufren una serie de problemas relacionados con su salud, y puede ser que ello las haga más vulnerables al coronavirus; pero, por otro lado, la lejanía en que viven varias de estas comunidades, podría ser un factor para retrasar la llegada de la enfermedad.
Sin embargo, el hecho de no tener acceso a sistemas de agua y saneamiento de buena calidad les genera un mayor riesgo a sus poblaciones”, sostiene la especialista. “Lo que viene ocurriendo con esta pandemia debe servir para que el Estado cumpla cuanto antes con dotar de estos servicios básicos a estas comunidades campesinas y nativas, como parte del derecho a la salud que tenemos las peruanas y peruanos”, señala la doctora.
Por otro lado, las organizaciones agrarias y campesinas del país han emitido recientemente un comunicado en el que, entre otras acciones, exigen al Ministerio de Salud, MINSA, poner en marcha una estrategia sanitaria para las zonas rurales, con el objetivo de tener comunidades y distritos rurales libres del coronavirus.
“Los distritos rurales, las comunidades campesinas y nativas deben convertirse en espacios de control territorial en esta situación de emergencia, con un protocolo urgente que registre y regule el flujo de personas de la ciudad al campo”, indica el documento presentado por CONVEAGRO al gobierno peruano.
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La erradicación forzosa de plantaciones de coca en Colombia, una chispa en medio de la pandemia
El Gobierno de Iván Duque intensifica el combate contra los cultivos ilícitos en la cuarentena, mientras productores cocaleros salen de sus casas a impedirlo y se enfrentan a la Policía. Ya hay dos muertos
CATALINA OQUENDO. Bogotá - 23 ABR 2020
La erradicación de cultivos de coca en Colombia
Mientras las grandes ciudades en Colombia están volcadas a la crisis del coronavirus, en el campo colombiano se libra otra batalla que ya ha dejado dos cultivadores de hoja de coca muertos y un policía herido. De acuerdo con varias asociaciones de productores, durante la cuarentena el Gobierno de Iván Duque ha intensificado la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y los campesinos han salido de sus casas, donde cumplen el aislamiento obligatorio, para evitar que les arranquen las hojas.
El miércoles fue el indígena Ángel Artemio Nastacuas quien murió en Tumaco, sur del país, después de enfrentamientos con la Fuerza Pública que acompaña a las brigadas encargadas de la erradicación; pero la resistencia se ha presentado en varias regiones. En el otro extremo, en la frontera con Venezuela, el 26 de marzo la víctima mortal fue Alejandro Carvajal, un caso por el que se investiga a un soldado que le disparó con su arma de dotación.
La Coalición de Acciones para el Cambio, que reúne a 11 organizaciones civiles del país, ha detectado que durante el aislamiento obligatorio por la covid-19, el Ejército ha realizado operativos de erradicación forzada en siete departamentos. La organización solicitó al Ministerio de Defensa que se suspendan para “garantizar el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas”. El Ministerio les respondió que no interrumpirán las operaciones militares.
Colombia tiene 169.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, a cierre de 2018, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). Dada la magnitud del fenómeno, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC contempló un programa de sustitución voluntaria de la coca en algunos de los territorios con más sembrados. Cerca de 100.000 familias campesinas se acogieron a él y arrancaron sus propias matas a la espera de lo prometido por el Estado. Sin embargo, la transición entre la Administración de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque supuso un viraje de la política antidroga. El actual Gobierno privilegió la erradicación forzosa en lugar de la sustitución voluntaria, y apostó por el prohibicionismo y el retorno de la aspersión aérea.
La violencia silenciosa que arrecia en el campo colombiano en medio de la pandemia
Desde la frontera con Venezuela, Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Acamcat), cuenta que muchos de los que hoy “se van detrás del Ejército a impedir la erradicación” son campesinos que creyeron en el Gobierno, firmaron los acuerdos colectivos de sustitución de cultivos en 2018 y, tras sentirse abandonados y sin sustento económico, volvieron a sembrar cultivos ilícitos. “En Sardinata, Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, son cerca de 1.500 familias productoras de hoja de coca que se habían comprometido a sustituir. Ni el Gobierno de Santos ni el de Duque han hecho la tarea completa ni han cumplido con la segunda parte del proceso”, afirma. Precisamente estos productores llevaban varios días de protesta en las carreteras cuando el Ejecutivo decretó la cuarentena por el coronavirus. Por temor al virus decidieron detener las manifestaciones y aislarse en sus casas.
La preocupación por un posible contagio de coronavirus es otra de las razones que argumentan los pobladores para pedir que se detengan las erradicaciones forzosas. Temen que los erradicadores, civiles contratados por el Gobierno, les lleven el virus desde las ciudades. Y a su manera, intentan protegerse de la covid-19. En El Capricho, un pequeño poblado del selvático departamento del Guaviare, los campesinos instalaron un puesto de control donde desinfectan a los vehículos que abastecen de comida y la ponen en cuarentena durante 12 horas en una casa. En esa zona, como explica Olmes Rodríguez, líder de Asocapricho, antes raspachín de hoja de coca y ahora defensor de bosques, unas 6.000 familias cambiaron sus cultivos de forma voluntaria pero luego no les cumplieron con el dinero para el recambio a otros productos.
La realidad es similar en los departamentos de Córdoba, Chocó, Cauca y Caquetá, pero en otras zonas como Putumayo y Nariño, en frontera con Ecuador, la violencia de los grupos armados suma dramatismo a la ecuación. Durante los primeros días de la cuarentena fue asesinado en Putumayo Marco Rivadeneira, uno de los líderes más visibles de la sustitución de cultivos ilícitos. Los armados les cobran a los líderes haber intentado abandonar la hoja de coca. Y en Nariño, los choques entre los cocaleros y el Ejército cada vez son más fuertes. “Nunca la erradicación forzada va a ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia. Hoy tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como la covid-19, las amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y las agresiones desmedidas contra los indígenas”, expresó a través de un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá y exigió investigaciones tras la muerte de su compañero en el cultivo de hoja de coca.
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La erradicación forzosa de plantaciones de coca en Colombia, una chispa en medio de la pandemia
El Gobierno de Iván Duque intensifica el combate contra los cultivos ilícitos en la cuarentena, mientras productores cocaleros salen de sus casas a impedirlo y se enfrentan a la Policía. Ya hay dos muertos
CATALINA OQUENDO. Bogotá - 23 ABR 2020
La erradicación de cultivos de coca en Colombia
Mientras las grandes ciudades en Colombia están volcadas a la crisis del coronavirus, en el campo colombiano se libra otra batalla que ya ha dejado dos cultivadores de hoja de coca muertos y un policía herido. De acuerdo con varias asociaciones de productores, durante la cuarentena el Gobierno de Iván Duque ha intensificado la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y los campesinos han salido de sus casas, donde cumplen el aislamiento obligatorio, para evitar que les arranquen las hojas.
El miércoles fue el indígena Ángel Artemio Nastacuas quien murió en Tumaco, sur del país, después de enfrentamientos con la Fuerza Pública que acompaña a las brigadas encargadas de la erradicación; pero la resistencia se ha presentado en varias regiones. En el otro extremo, en la frontera con Venezuela, el 26 de marzo la víctima mortal fue Alejandro Carvajal, un caso por el que se investiga a un soldado que le disparó con su arma de dotación.
La Coalición de Acciones para el Cambio, que reúne a 11 organizaciones civiles del país, ha detectado que durante el aislamiento obligatorio por la covid-19, el Ejército ha realizado operativos de erradicación forzada en siete departamentos. La organización solicitó al Ministerio de Defensa que se suspendan para “garantizar el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas”. El Ministerio les respondió que no interrumpirán las operaciones militares.
Colombia tiene 169.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, a cierre de 2018, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). Dada la magnitud del fenómeno, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC contempló un programa de sustitución voluntaria de la coca en algunos de los territorios con más sembrados. Cerca de 100.000 familias campesinas se acogieron a él y arrancaron sus propias matas a la espera de lo prometido por el Estado. Sin embargo, la transición entre la Administración de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque supuso un viraje de la política antidroga. El actual Gobierno privilegió la erradicación forzosa en lugar de la sustitución voluntaria, y apostó por el prohibicionismo y el retorno de la aspersión aérea.
La violencia silenciosa que arrecia en el campo colombiano en medio de la pandemia
Desde la frontera con Venezuela, Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Acamcat), cuenta que muchos de los que hoy “se van detrás del Ejército a impedir la erradicación” son campesinos que creyeron en el Gobierno, firmaron los acuerdos colectivos de sustitución de cultivos en 2018 y, tras sentirse abandonados y sin sustento económico, volvieron a sembrar cultivos ilícitos. “En Sardinata, Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, son cerca de 1.500 familias productoras de hoja de coca que se habían comprometido a sustituir. Ni el Gobierno de Santos ni el de Duque han hecho la tarea completa ni han cumplido con la segunda parte del proceso”, afirma. Precisamente estos productores llevaban varios días de protesta en las carreteras cuando el Ejecutivo decretó la cuarentena por el coronavirus. Por temor al virus decidieron detener las manifestaciones y aislarse en sus casas.
La preocupación por un posible contagio de coronavirus es otra de las razones que argumentan los pobladores para pedir que se detengan las erradicaciones forzosas. Temen que los erradicadores, civiles contratados por el Gobierno, les lleven el virus desde las ciudades. Y a su manera, intentan protegerse de la covid-19. En El Capricho, un pequeño poblado del selvático departamento del Guaviare, los campesinos instalaron un puesto de control donde desinfectan a los vehículos que abastecen de comida y la ponen en cuarentena durante 12 horas en una casa. En esa zona, como explica Olmes Rodríguez, líder de Asocapricho, antes raspachín de hoja de coca y ahora defensor de bosques, unas 6.000 familias cambiaron sus cultivos de forma voluntaria pero luego no les cumplieron con el dinero para el recambio a otros productos.
La realidad es similar en los departamentos de Córdoba, Chocó, Cauca y Caquetá, pero en otras zonas como Putumayo y Nariño, en frontera con Ecuador, la violencia de los grupos armados suma dramatismo a la ecuación. Durante los primeros días de la cuarentena fue asesinado en Putumayo Marco Rivadeneira, uno de los líderes más visibles de la sustitución de cultivos ilícitos. Los armados les cobran a los líderes haber intentado abandonar la hoja de coca. Y en Nariño, los choques entre los cocaleros y el Ejército cada vez son más fuertes. “Nunca la erradicación forzada va a ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia. Hoy tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como la covid-19, las amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y las agresiones desmedidas contra los indígenas”, expresó a través de un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá y exigió investigaciones tras la muerte de su compañero en el cultivo de hoja de coca.
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Los pueblos originarios de América Latina en la era Covid-19
Autor: Gerardo Szalkowicz. Mayo, 2020
Sin servicios básicos, excluidos por el sistema de salud, sin documentación para acceder a programas sociales y con caminos cortados que impiden abastecerse de alimentos, ¿cómo impacta la pandemia en las comunidades indígenas de Latinoamérica?
“En esta pandemia no estamos todos en el mismo barco, estamos en el mismo mar; unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas”. La sencilla metáfora a la que apelaron en un comunicado siete organizaciones indígenas en el estado mexicano de Hidalgo ayuda a problematizar a qué sectores sociales afectará más el impacto del coronavirus. En América Latina, los pueblos originarios aparecen entre quienes van tirando manotazos en el agua, resistiendo al menosprecio de gobernantes y ninguneados en pantallas y micrófonos.
Nulas o insuficientes medidas focalizadas o protocolos especiales; carencia de servicios básicos (principalmente agua potable); enfermedades preexistentes vinculadas a la pobreza y ausencia o lejanía de servicios de salud; complicaciones para la venta y compra de alimentos por el cierre de caminos y mercados; falta de documentación para acceder a programas sociales; poca difusión preventiva con enfoque intercultural y en lenguas indígenas. Un combo de problemáticas que dejan a gran parte de las comunidades originarias de la región en extrema vulnerabilidad. Si el panorama previo ya era de emergencia, la pandemia profundiza las desigualdades.
Pueblos indígenas sin contacto
El catastrófico impacto de las enfermedades nuevas es una de las razones por las que hay más de 100 pueblos indígenas en la Tierra actualmente que evitan deliberadamente la interacción con foráneos. Se los conoce como pueblos indígenas no contactados y la mayoría viven en la Amazonia. Sus experiencias previas de contacto con forasteros condujeron, en la mayoría de los casos, a muchas muertes, por la violencia y las enfermedades, a manos de quienes invadieron sus tierras para robar sus recursos. Muchas personas no contactadas huyeron o son los descendientes de supervivientes de la fiebre del caucho en la Amazonia que tuvo lugar a principios del siglo XX; algunos habrán sufrido ataques genocidas hace décadas, otros incluso más recientemente.
No hay nada romántico en vivir evitando el contacto. Tiene que ser duro. Imaginate ser el último de la tribu, el único superviviente que atestiguó la masacre de su pueblo y ahora vivis completamente solo. Este hombre solitario vive en un pequeño pedazo de bosque en la Amazonia, rodeado de agricultores y granjeros hostiles. No sabemos quién es, el nombre de su tribu o qué idioma habla. Su pueblo probablemente fue masacrado a manos de agroganaderos que invadieron su región a toda velocidad durante los años 70 y 80. Utilizaban pistoleros para perseguir y asesinar a indígenas no contactados y así reclamar la tierra como suya. Hoy en día rechaza furiosamente todo contacto y continúa cazando y cultivando sus huertos. Cuando muera, todo vestigio de su pueblo, su lengua, su conocimiento, habrá desaparecido para siempre.
Para algunas tribus, estos esfuerzos por sobrevivir les han supuesto adaptar toda su forma de vida: se han visto forzados a abandonar la vida en aldeas y el cultivo de sus huertos para acostumbrarse a la vida nómada como cazadores-recolectores y así dejar las mínimas huellas posibles en la tierra, y poder escapar rápidamente para evitar su descubrimiento y contacto.
Nunca saben cuándo llegará el próximo ataque, cuándo la siguiente ola de epidemias asolará sus hogares. Algunos vivían prácticamente en silencio para evitar que les descubrieran, imitando las llamadas de las aves y los animales del bosque para comunicarse, siempre pendientes de sonidos extraños. El pueblo de los Avá Canoeiros se escondía en cuevas durante el día y cazaba por la noche, siempre preparados para huir tras el grito de alarma de los macacos; incluso dejaron de tener hijos.
El temor por la supervivencia de los pueblos indígenas no contactados en Brasil es cada vez mayor a medida que el coronavirus amenaza con arrasar el país. El servicio de salud indígena es precario y está infrafinanciado en el mejor de los casos. El presidente Bolsonaro insiste en negar la pandemia. Su Gobierno quiere facilitar que los agentes gubernamentales puedan establecer contacto con pueblos indígenas no contactados, contraviniendo la vital política brasileña de no contacto.
Numerosas organizaciones indígenas temen que misioneros evangélicos aprovechen la tesitura para contactar con dichos pueblos. La Misión Nuevas Tribus (ahora conocida como Ethnos360 en EE UU), una de las organizaciones misioneras más radicales, precisamente acaba de comprar un nuevo helicóptero que, según ha anunciado su presidente, va a servir para “abrir las puertas para contactar a diez grupos humanos adicionales que viven en completo aislamiento”. Líderes indígenas del Valle del Javarí han denunciado los planes de la organización misionera describiéndolos como “un ataque genocida”.
Las estadísticas son estremecedoras. Las pérdidas poblacionales derivadas de enfermedades introducidas durante y tras el contacto han sido catastróficas. Más del 50% de la tribu de los Matis murió después del primer contacto en los años 70. Prácticamente todos sus chamanes con conocimientos médicos perecieron a medida que la gripe los diezmaba.
Bina Matis, superviviente de la epidemia, contó a Survival: "Al principio tuvimos mucho miedo de los blancos porque siempre quieren matarnos. Así que salí corriendo al bosque. Luego bajamos al campamento de FUNAI [Fundación Nacional del Indio] y ese fue nuestro primer contacto. Nos dieron hachas y machetes y también nos llevamos dos perros. Intenté hablar con los blancos, pero no entendían. Nos contagiamos de enfermedades en su campamento y entonces todo el mundo se fue corriendo al bosque... Enfermamos de neumonía. Mucha gente murió. La enfermedad afectó a todos y ahora ya no tenemos más chamanes".
Si los gobiernos no logran proteger las tierras indígenas y son incapaces de hacer cumplir la cuarentena, el coronavirus probablemente acabará completando el genocidio de los pueblos no contactados de la Amazonia, que comenzó con las primeras invasiones europeas hace más de 500 años.
Hace pocas semanas, el chamán y portavoz Yanomami Davi Kopenawa hacía un llamamiento a la ONU pidiendo su apoyo para los yanomamis no contactados que podrían ser muy pronto exterminados por los mineros de oro invasores: “Los indígenas en este momento están rodeados… No conozco sus hogares mejor que tú. Solo los vi desde el cielo, desde la avioneta. Nunca los he visitado a pie. Nunca hemos hablado. Por eso estoy tan preocupado. Es posible que pronto sean exterminados… Los buscadores de oro acabarán sin duda con ellos, matándolos con sus fusiles y con sus enfermedades, con su malaria y sus neumonías”. Es posible que los peores temores de Davi acaben por cumplirse ahora: la primera muerte por coronavirus entre el pueblo yanomami acaba de confirmarse.
La forma de vida de los pueblos indígenas no contactados es enteramente autosuficiente y sostenible. Cualquier argumento que afirme que deberían ser contactados por su bien está totalmente equivocado. Poseen conocimiento enciclopédico de su tierra, las plantas y animales, y sus tecnologías finamente ingeniadas y sus habilidades únicas, perfeccionadas a lo largo de generaciones, indican que pueden obtener comida, ropas, medicinas, herramientas, materiales de construcción y cualquier otra cosa que necesiten de manera completamente autónoma; lo único que necesitan es su tierra. Cuando el territorio de los pueblos indígenas no contactados se protege adecuadamente, ellos continúan prosperando.
Durante más de 50 años, Survival International ha luchado en todo el mundo para que las tierras de los pueblos indígenas no contactados sean protegidas de manera firme y segura. Luchamos en defensa de su decisión de vivir en aislamiento, por su supervivencia, que debe ser respetada por todos.
Fiona Watson es directora de investigación y campañas de Survival International.
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