Alrededor de 500 lideresas de pueblos originarios se dan cita en la Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas para definir sus desafíos, proteger sus derechos y exigir una mayor representación en la toma de decisiones

Tienen mucho que decir y poco espacio en la sociedad para hacerlo. Las mujeres indígenas son el motor de muchas comunidades a lo largo y ancho del globo y, sin embargo, su representación en la toma de decisiones sigue siendo aún un enorme desafío. A menudo, enfrentan la peor cara de los daños sociales y ambientales, y son testigos de la violación de los derechos de los pueblos originarios, sin que su liderazgo sea tenido en cuenta. La discriminación para ellas es doble. Para ponerle fin a la cadena de desigualdades, este jueves dará comienzo la Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas, un espacio virtual en el que se citan cerca de 500 lideresas de todo el mundo para abordar los grandes retos que enfrentan como la disputa por la tierra, las múltiples violencias que sufren y la soberanía alimentaria basada en la identidad cultural. El horizonte es común: “Nada sobre nosotras, sin nosotras”.

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Los pueblos originarios representan el 6,2% de la población mundial. Cerca de 476,6 millones de personas pertenecen a una comunidad ancestral. De todos ellos, 238,4 millones son mujeres. En cambio, son el 15% de las personas más pobres del planeta, según los datos del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII). La pobreza es una enorme zancadilla de las comunidades ancestrales, que, según el Estudio global sobre la situación de las Mujeres y Niñas Indígenas en el marco del 25 Aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, realizado por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), ha provocado la migración forzada de estas a la ciudad debido a la escasez de oportunidades económicas, la falta de servicios sociales básicos y la expropiación de la tierra.

Este informe, publicado en 2020, hace hincapié en los retos similares a los que se enfrentan estas mujeres. Los cinco informes regionales documentaron de forma independiente altos niveles de violencia estructural, discriminación y marginación. Por otra parte, la renuencia de varios gobiernos de África, Asia y el Pacífico a reconocer a los pueblos indígenas como tales sigue representando el problema fundamental para la protección y promoción de sus derechos humanos. Son invisibles en el desarrollo de las políticas públicas. Y ellas, más.

Queremos decir: aquí estamos. Y mostrarnos como agentes de cambio de lo local a lo global que somos

En 2013 más de 200 lideresas de todo el mundo se reunieron en la Conferencia Global de Mujeres Indígenas en Lima, Perú. Entonces se consensuó un Posicionamiento Político y Plan de Acción para impulsar la creación de políticas públicas y la asignación de presupuestos específicos en áreas como la eliminación de la violencia, la erradicación de la pobreza y la incorporación de estas en la política, la economía y la promoción del acceso a la tierra, la educación y la salud. Ocho años después, y a propósito de la evaluación de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín en 2021, las mujeres indígenas celebran el segundo encuentro para llevar a cabo su propio balance.

Para Teresa Zapeta, directora ejecutiva de FIMI, el objetivo es claro: “Queremos decir: aquí estamos. Y mostrarnos como agentes de cambio de lo local a lo global que somos”. La líder maya k’iche’ espera que la plataforma global sirva para juntar diferentes contextos y realidades similares en las siete regiones rurales y “también para dar a conocer nuestras buenas prácticas y nuestros aportes en las comunidades y los países”.

En la #2CGMI tendremos la oportunidad de intercambiar conocimientos entre Mujeres Indígenas de todo el mundo. Será un espacio para compartir, inspirarnos y encontrar soluciones a desafíos comunes.

Sobre el evento: https://t.co/hlkPFjcj6R pic.twitter.com/CG0V6VNeoE

Las conferencias, con temáticas que van desde educación a salud sexual y reproductiva o el acceso a la tecnología, serán virtuales (y se podrán seguir aquí) a causa de la pandemia y se llevarán a cabo todos los jueves del próximo mes, en diferentes horarios para que puedan ser seguidas desde cualquier rincón. Las ponentes se postularon para participar en el acto tras obtener el respaldo de su organización o comunidad, asegurando así que sean ellas las voces de los pueblos en la conferencia y que ellas repliquen a estos las conclusiones.

Ellas, motores del cambio

Durante la conferencia se intercambiarán experiencias sobre cómo están transformando el mundo, desde los liderazgos en cargos públicos e instituciones internacionales, pero también desde las buenas prácticas transformadoras y sostenibles en lo local. Los conversatorios reúnen lideresas indígenas de distintas regiones y experiencias –parlamentarias, artistas, miembros de Naciones Unidas, alcaldesas y activistas sociales– para compartir un testimonio en primera persona.

Así, el jueves 12 de agosto, la conferencia inaugural versará sobre la influencia de estas en la agenda internacional y participarán la ministra de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, la maorí Nanaia Mahuta; la ministra de Género y Derechos Humanos de Burundi, la twa Imelde Sabushimike; la nepalí Pratima Gurung, de la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad; la activista quechua y presidenta de FIMI, Tarcila Rivera Zea, y la sami Christina Henriksen, presidenta del Consejo Sami en Noruega.

Los jueves 19 y 26 de agosto se ampliará la discusión con lideresas como Victoria Tauli-Corpuz, relatora de la ONU para los Pueblos Indígenas hasta 2020; la actual Secretaria del Interior de los Estados Unidos, Debra Anne Haaland; la ministra de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Nanaia Mahuta; la parlamentaria keniana Silvia Kihoro Museiya, de la Asamblea del condado de Nairobi; la ambientalista filipina, Joan Carling, y Gladys Acosta, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

“Esperamos salir de este encuentro con un documento base o una agenda global que recoja nuestras principales líneas de acción y las prioridades para los próximas”, añade Zapeta. “Queremos que quede claro dónde pondremos nuestra fuerza y también dónde le estamos pidiendo al estado que responda a su responsabilidad con nuestros derechos individuales y colectivos”.

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El 4 de julio, en una decisión cargada de simbolismo, los 155 convencionales constituyentes que transitan el desafío de redactar una nueva Constitución para Chile, eligieron como presidenta del cuerpo a Elisa Loncón.

La profesora, lingüista y activista mapuche –la etnia indígena mayoritaria del país sudamericano– logró el respaldo de 96 curules en la segunda vuelta de la sesión inaugural de la asamblea; su designación provocó gran sorpresa dentro y fuera del país sudamericano.

“Agradezco el apoyo a las diferentes coaliciones que depositaron su confianza y sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de este país”, señaló la lideresa al celebrar el triunfo y aceptar el reto más trascendente de su vida política, según reconoció. Lo hizo con el puño en alto y enfundada en una wiphala, la bandera de los pueblos originarios del continente.

En una entrevista con Deutsche Welle –el servicio de radiodifusión internacional financiado por el presupuesto federal de Alemania–, Loncón plantea su certeza de que “el modelo económico neoliberal es el que ha sacrificado a las comunidades y a los recursos naturales” en Chile.

“Esto no se resolverá con más dinero en los bolsillos. Tenemos empresas multinacionales que explotan la naturaleza. Ya es hora de instalar un nuevo paradigma”, razona y propone.

“Queremos que la Constitución que surja de esta Convención sea plurinacional, intercultural y que instale los derechos de la madre naturaleza”.
Elisa Loncón
En otro tramo del diálogo con DW, Loncón reconoce que la plurinacionalidad significa para las comunidades indígenas que “se incorporen los derechos colectivos” de los pueblos originarios: “la autodeterminación, la autonomía, derechos territoriales, derechos lingüísticos, culturales, a tener una historia e identidad distintas”, lista.

“Es esa plurinacionalidad la que favorecerá la demanda de más pluralidad en la nueva Constitución. Entre ellas, las demandas de las mujeres, de las regiones, de los movimientos por el agua y por una mayor diversidad sexual”, agrega.

Consensos

Consultada sobre la dificultad para lograr acuerdos al interior de la Convención, la lideresa mapuche responde que “la responsabilidad de conseguir consensos es una tarea de todas y todos”, y que “al Gobierno le falta comprender el proceso social histórico que está ocurriendo”, tanto en su país como en otros lugares de la Región. “Los derechos van por la línea de la condición humana, por la línea del buen vivir. Necesitamos el equilibrio en las comunidades y el equilibrio con la naturaleza”, propone.

Loncón suscribe, además, la declaración para pedir al Gobierno la liberación de los detenidos en el contexto del estallido social de octubre de 2019. “Para los convencionales sí existe la prisión política por manifestarse en contra de un sistema que estaba reduciendo los derechos sociales y de todas las personas. Nosotros debemos a esa movilización que hoy día exista el debate de la nueva Constitución”, argumenta.

“Yo soy profesora, y nosotros tenemos el deber ético de pronunciarnos frente a la falta de democracia. Nosotros queremos ver a nuestros jóvenes libres”, señala Loncón al respecto.

Militarización de la Araucanía

En relación con la militarización de la Araucanía, la lideresa mapuche sostiene que “no se puede naturalizar esa idea. Es difícil escribir y trabajar en una Constitución, mientras los niños están siendo afectados por esa militarización”, reconoce.

La región de la Araucanía, en el centro del país, abarca una superficie de 31.844 kilómetros cuadrados; varía desde la costa del Pacífico en el oeste hasta los volcanes y las montañas de los Andes en el este. Al sureste está la región de Los Lagos de Chile, con lagos de agua dulce y bosques lluviosos templados. Las reservas de la naturaleza, como el Parque Nacional Huerquehue y el Parque Nacional Conguillío, protegen los ecosistemas con lagos, ríos y bosques de araucarias.

“Todo lo que está ocurriendo en la zona se debe a una negación de nuestros derechos. No es un problema de seguridad, es un problema político”, opina. “Gran parte del problema es que no hemos sido incorporados como agentes políticos, como parte de la solución”..
Elisa Loncón
“Queremos que la lectura de este proceso sea desde la libre determinación y no desde un sistema colonial, racista, donde otros decidan por nosotros”, concluye la presidente de la Convención Constituyente de Chile.

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La lideresa bora ha sido premiada con el ‘Nobel Verde’ por proteger las últimas selvas intactas del mundo frente a la minería ilegal y otras amenazas
Para Liz Chicaje Churay (Boras de Pucaurquillo, Perú, 1982) cada premio que gana lleva la memoria de sus ancestros. Ellos murieron en la densa selva del extremo noreste de Perú, durante la fiebre del caucho hace un siglo. “Es un lugar sagrado para nosotros porque por acá pasaron huyendo nuestros abuelos, que eran torturados y no llegaron a su meta”, recuerda la lideresa bora que este mes ha sido galardonada con el Premio Ambiental Goldman por defender esta franja tropical de casi un millón de hectáreas cerca a la frontera colombiana.

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Lo sagrado de este lugar mantiene a Chicaje, desde hace 20 años, al frente de su defensa contra la minería y tala ilegales. “Crecimos escuchando las historias de cómo teníamos que cuidar nuestro bosque”, dice la activista, quien desde adolescente acompañaba a su padre a reunirse con otros dirigentes indígenas. “Él siempre decía que no dejásemos que nadie nos quitara nuestro territorio, que nunca desmayemos en nuestra lucha. Eso me marcó desde que tuve uso de razón”.

Por más de dos décadas, los boras, yaguas, ocainas y otros pueblos originarios que viven muy cerca de los límites de esta área, lucharon para que fuera protegida con la creación del Parque Nacional de Yaguas. Tras cuatro años a la cabeza de la Federación de Comunidades Indígenas del Río Ampiyacu, en 2018 Chicaje lo consiguió. Ese arduo trabajo la llevó a convertirse en la segunda defensora de la Amazonía peruana condecorada con el Premio Goldman, o ‘Nobel Verde’, el cual se suma al galardón de derechos humanos que Francia y Alemania le otorgaron en 2019.

“A veces la gente piensa que sin hacer nada gané estos premios, pero no es así”, lamenta en una llamada telefónica. “Tuve que abandonar un año completo a mi familia para desplazarme a las comunidades o a la ciudad a reunirme con los políticos”, remarca. De hecho, cuando asumió la presidencia de esta federación, esperaba a Cielo, la menor de sus cinco hijos. “A los nueve días de nacida a mi niña la hice andar de viaje por todas partes”.

Aunque en esa ajetreada carrera convenció a 23 de las 29 comunidades aledañas de la creación del parque nacional y obtuvo el respaldo de siete organizaciones indígenas, también se topó con la oposición de algunos dirigentes. “Fue un baldazo de agua fría, porque al final tenían intereses personales y les ganaba el egoísmo. Algunos hasta se habían unido con los señores que trabajan en la minería y la coca ilegal. Ellos querían entrar a mis comunidades y tuve amenazas para que no me siguiera metiendo en el tema”.

Quienes defienden la Amazonía como Chicaje están sometidos a este tipo de intimidaciones para que cesen en su lucha. En lo que va de la pandemia en Perú, al menos ocho defensores ambientales han sido asesinados, siendo la mayoría indígenas. Al hablar de las amenazas que recibía, la activista bora evoca la valentía de Benjamín Rodríguez, líder ocaina con quien fue nominada al mismo galardón, pero falleció en julio del año pasado de covid-19. “Fue una persona muy importante para mí porque cuando nos amenazaban decía: ‘Sea lo que sea voy a morir siendo un líder, voy a descansar defendiendo los derechos de nuestros pueblos y sus territorios”, recuerda. “Siempre voy a tener en mi mente su fuerza y su convicción, porque eso me inspiró a ser más fuerte”.

Pero para defender con esa misma convicción este territorio, primero hay que entenderlo. “Muchas veces nosotros mismos no sabemos a qué nivel nos afecta su destrucción”, recalca Chicaje. “No podemos volver atrás 10 o 15 años cuando se estaban deforestando estos bosques, porque necesitamos su naturaleza para tener un aire puro, agua limpia y no contaminarnos”.

El Parque Nacional de Yaguas es el lugar más diverso en peces de agua dulce de Perú, albergando casi dos tercios de las especies que existen en el país. También atesora más de 3.000 especies de plantas, 500 de aves y 160 de mamíferos
Si bien el Parque Nacional de Yaguas no está habitado por comunidades, este ofrece beneficios irremplazables para las más cercanas. Según un inventario del Field Museum de Chicago, este es el lugar más diverso en peces de agua dulce de Perú, albergando casi dos tercios de las especies que existen en el país que aseguran la alimentación de las poblaciones. Además es hábitat de más de 3.000 especies de plantas, 500 de aves y 160 de mamíferos, incluyendo algunas están en peligro de extinción como la nutria gigante. Por si fuera poco, abundan las turberas, un tipo particular de humedales, que lo posicionan entre las 10 reservas forestales que almacenan más carbono en el país.

Sin embargo, el inmenso valor de este bastión natural era ignorado por aquellos que toman las decisiones desde Lima. “Cuando íbamos a la capital a hablar con los congresistas veías que definitivamente desconocían. Nosotros teníamos que caminar con nuestros mapas para decirles: mira aquí estamos nosotros y aquí no tenemos presencia del Estado. ¿Qué pasa?”.

Para acabar con ese desconocimiento, científicos y ONGs dejaron evidencia de lo que estaba en juego en esta área, en particular, en términos económicos. Según cálculos de la Fundación Conservación Estratégica, por ejemplo la minería y tala ilegales que operaban allí, iban a afectar 157.067 hectáreas en los próximos 20 años. Al contrario, el Parque Nacional traería beneficios que superarían los 20 millones de soles (4,2 millones de euros) en el mismo periodo. También evitaría que se perdieran alrededor de 1,5 millones de toneladas de carbono en las próximas dos décadas, equivalentes a 8,3 millones de soles (1,7 millones de euros).

Los frutos de esta apuesta ya se están viendo. A tres años de su creación, el Parque Nacional de Yaguas conserva intactos el 100% de sus bosques tropicales, según el Gobierno peruano. Hace unos meses, Chicaje pudo sobrevolarlo en avioneta. “Me alegró mucho el corazón. Yo hablaba sobre este lugar por las historias de mis ancestros, pero cuando hice este sobrevuelo comprobé que es un espacio tan hermoso, con tantos hábitats que hoy en día van aumentando. Estoy orgullosa y contenta porque el esfuerzo que hicimos no fue en vano. Defender nuestros bosques es para toda la vida”.

A pesar de que ahora dirige una cooperativa de mujeres que producen y procesan yuca y ya no preside la federación, Chicaje sigue firme en la defensa de los derechos indígenas y abogando por un mayor entendimiento entre sus comunidades. “Mi lucha es para que ya no exista más separación entre compañeros indígenas. Para que entendamos por qué es importante cuidar juntos este bosque”.

Se utilizaron gas lacrimógeno y pimienta para dispersar la manifestación frente al edificio donde funciona la Cámara de Diputados, cuya sesión debió ser suspendida a causa de la represión.

Los pueblos originarios de "Levante pela Terra" (Levántate por la Tierra) fueron nuevamente reprimidos este martes por la policía militar de Brasil, cerca del Congreso Nacional en Brasilia, cuando protestaban de forma pacífica en contra un proyecto de ley que amenaza con anular la demarcación de tierras indígenas y viabilizar la apertura de territorios protegidos para la minería.

La policía utilizó gas lacrimógeno y pimienta para dispersar la manifestación frente al edificio donde funciona la Cámara de Diputados, cuya sesión de votación, agendada para este martes, debió ser suspendida a causa de la represión.

A ancianos y niños que se encontraban en la protesta que fue reprimida por la Tropa de Choque de la policía militar, que argumentó que los manifestantes les dispararon flechas e indicaron que un agente resultó herido.

Después, Prensa de la Cámara de Diputados indicó que unos 500 manifestantes "intentaron invadir" un acceso al Congreso y que los heridos fueron dos miembros de la Policía Legislativa y un policía militar, todos con flechas, según la agencia AFP.

Hay informes de niños y ancianos que se sintieron enfermos al inhalar gases lacrimógenos, informó el Consejo Indígena Misionero (Cimi).

"Nuevamente fuimos atacados con irrespeto, como si fuéramos animales; una discriminación muy grande contra los pueblos indígenas", dijo Dário Vitório Kopenawa, del pueblo Yanomami, informó el medio local Brasil de Fato.

La del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva fue de las primeras voces que se alzó para repudiar la represión.

"La cobardía con la que la policía de Brasilia reprimió las manifestaciones de los pueblos indígenas es inaceptable. La sociedad brasileña debe rechazar la banalización de estas agresiones. Un país que no respeta a sus pueblos originarios no puede avanzar", advirtió el ex mandatario en su cuenta de la red Twitter.

Ante las imágenes publicadas por la Asociación de Pueblos Indígenas Brasileños (Apib) que muestran la brutal represión de la policía disparando a la multitud de manifestantes que intentan huir, también el Partido de los Trabajadores alertó a través de Twitter que hay que "frenar el avance del fascismo y el odio en Brasil".

"La policía ataca a los pueblos indígenas con bombas y gas frente a la Cámara. Brasil necesita purgar el fascismo que contamina nuestra sociedad. La movilización popular es fundamental para frenar el avance del fascismo y el odio en Brasil", agregó la publicación.

Por su parte, Joenia Wapichana, la primera diputada indígena de Brasil, consideró que se trató de un "día bastante preocupante en lo que respecta a las manifestaciones, pero también a la democracia".

En la agenda estaba tratar el proyecto de la ley PL 490, una de las prioridades del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA).

El texto prevé, entre otras medidas, la creación de un marco temporal para delimitar tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas.

Según el texto, aquellas son las que, a la fecha de promulgación de la Constitución del 5 de octubre de 1988, se encontraban habitadas por los pueblos originarios de forma permanente.

El texto agrega, entre las condiciones para reconocerlas como tierras ocupadas, si son utilizadas para actividades productivas; son esenciales para la preservación de los recursos ambientales necesarios para el bienestar; y si son necesarias para la reproducción física y cultural, según los usos, costumbres y tradiciones.

Los críticos argumentan que el texto va más allá de los límites de un reglamento y trata de cambiar los preceptos constitucionales a través del derecho común.

Las entidades vinculadas a los derechos indígenas también afirman que la Constitución funciona de manera retroactiva, lo que salvaguarda los derechos territoriales violados antes de 1988.

En cambio, los defensores del proyecto afirman que solo pretende dar "seguridad jurídica" a los agricultores. La represión de este martes es la segunda que sufre la movilización indígena.

El jueves pasado, representantes de más de 35 pueblos indígenas se manifestaron frente al edificio de la Fundación Nacional Indígena (Funai), en Brasilia, cuando fueron atacados por la Policía Militar.

En ese entonces, los militares también utilizaron bombas de gas lacrimógeno y gas pimienta y desplegaron el tropa de choque, mientras que los indígenas, en cambio, tiraron flechas y objetos.

Según el medio O Globo, también se registraron actos contra la propuesta en otros estados, como Acre y Alagoas.

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Se trata de ocho restos de integrantes ancestrales del pueblo Querandí, restituidos a través de un convenio con el Municipio de Tigre. Se trata del primer antecedente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Ocho restos humanos de miembros ancestrales del pueblo Querandí fueron restituidos el pasado 6 de marzo a la Comunidad Punta Querandí de Dique Luján en el Municipio de Tigre. El acto se desarrolló en la sede del Instituto Nacional de Antropología, en el barrio porteño de Belgrano. Se trata del primer antecedente de restitución de restos a las comunidades originarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Gobierno bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), en cumplimiento de una resolución de 2019 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), restituyó a la Comunidad Indígena Punta Querandí los restos humanos excavados durante la década del ’90 de los sitios arqueológicos Arroyo Garín, La Bellaca I y La Bellaca II, que se encuentran situados en las cercanías de su territorio comunitario.

Luego del acto se realizó una marcha que trasladó los tres cofres de madera con los restos humanos a un parque próximo ubicado en las Barrancas de Belgrano. Los representantes de la comunidad firmaron con el intendente de Tigre, Julio Zamora, un acuerdo de custodia temporal de los restos hasta sus entierros definitivos previstos para los próximos meses. Quedan por restituir 42 cuerpos encontrados en 1925 en el sitio arqueológico Arroyo Sarandí, además de otro centenar hallado en Escobar, Campana y otros distritos.

Este nuevo triunfo de Punta Querandí llega luego de haber conseguido meses atrás el reconocimiento de la propiedad comunitaria de su territorio, a través de un convenio con el Municipio de Tigre.

“Nuestra sangre y nuestra memoria viven»

La ceremonia oficial se realizó en la sede del INAPL, donde trabajan los arqueólogos que tenían los esqueletos en custodia. Los restos fueron recibidos por Reinaldo Roa y Santiago Chara, del Consejo de Ancianos, y Soledad Roa, del Consejo de Mujeres, entre otras y otros integrantes de Punta Querandí.

Soledad Roa agradeció “a la Nación, la Provincia y el Municipio, y a los hermanos de otras comunidades que nos acompañaron en esta lucha”. Además agregó la importancia del hecho ya que reconoce la preexistencia indígena en Buenos Aires al mismo tiempo que “reconoce que aún estamos acá, que nuestra sangre y nuestra memoria vive”.

Por su parte, Reinaldo Roa expresó: “Hay que luchar, hermanos, por la vida. Nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de la vida”. Mientras que a su turno, Santiago Chara manifestó: “Gracias a todos. Ahora nos vamos a sentir más enteros, porque nos faltaba una parte”.

En el acto oficial estuvieron funcionarios y funcionarias de distintos organismos estatales que intervinieron en el proceso: el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Facundo Moreno, el secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, Nehuen Sosa; el Director Provincial de Patrimonio Cultural, Pedro Delheye; la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda; el coordinador del programa de restituciones de dicho organismo, Fernando Pepe; la Subsecretaria de Derechos Humanos de Tigre, Natalia Reynoso; la Directora del Instituto Nacional de Antropología, Leonor Acuña; el Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Böckel; y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Roxana López, entre otras autoridades.

Punta Querandí: la primera recuperación de ancestros en el AMBA

Afuera del Instituto de Antropología aguardaron la salida de la comunidad y de los ancestros casi un centenar de personas entre miembros de comunidades y organizaciones indígenas, movimientos sociales, ambientales, académicos, instituciones locales de Dique Luján y dirigentes políticos. «Allí se generó un momento de reflexión y de fuertes denuncias contra lo que se calificó como ciencia racista; hubo ceremonias, abrazos, danzas, música y cantos reivindicativos. Se sentía la emoción por conquistar un derecho inédito en el conurbano: la primera recuperación de ancestros«, informó el sitio Punta Querandí.

“Fue un día muy fuerte, eran sentimientos encontrados, de alegría y por otro lado bronca porque (los ancestros) estuvieron presos en cajas de cartón”, manifestó la cacica Cintia López de la Comunidad Qompi de Garín y referente de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, a la que pertenece Punta Querandí. Junto a ella estuvieron muchos miembros de su comunidad y el artesano qom Amancio Rojas de la localidad Ricardo Rojas, también representante de la Unión.

“Los ancestros vuelven a su territorio después de años de maltrato y encierro dentro del INPL”, definió Mayra Juárez, docente kolla-guaraní que milita en el medio de comunicación TeleSISA. “Fue muy emocionante esperarlos, verlos salir y recibirlos. Una jornada de lágrimas y nudos en la garganta”, señaló Mayra quien durante 2012 y 2013 participó activamente de Punta Querandí.

Delia Claros tomó la palabra representando a la Comunidad Pluriétnica Tres Ombúes de La Matanza, que protege un espacio arqueológico conocido como “sitio Ezeiza”, resistencia iniciada hace más de diez años. De esta comunidad estuvieron Valentín Callamullo, Paula Alvarado Mamani, Jakeline Mariaka, Guillermo Mamani, Amaru Barrios, entre otros. “Es una pequeña porción de reparación, queda muchísimo por hacer. Es un gran paso volver a traer a nuestros hermanos”, señaló Delia y remarcó que Buenos Aires es territorio ancestral querandí, chaná y guaraní, entre otras nacionalidades.

“Hoy estamos recibiendo a los ancestros físicamente, aunque espiritualmente ya están con nosotros. Fueron ellos los que han movido esta fuerza necesaria para lograr esta restitución”, resaltó Miriam Liempe del Pueblo Mapuche, Secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de CTA Autónoma y referente del Parlamento Plurinacional de Argentina. Y advirtió: “Todavía se hacen ciudades arriba de cementerios. Necesitamos organizarnos y abrir conciencia”.

Por su parte, la comunicadora quechua Zulema Enriquez, docente y militante del Encuentro Plurinacional de Argentina, expresó: “Se cierra un ciclo de lucha, de organización y concientización dando cuenta de que Buenos Aires es indígena, pluricultural y plurinacional”.

Otra mirada la aportó Laura Zalazar del Pueblo Kolla y de la Red de Memoria India en Buenos Aires. “Punta Querandí fue un lugar de resignificación de mi identidad”, señaló. En ese sentido, subrayó que la lucha fortaleció a los indígenas en la urbanidad. Y destacó el rol que tuvieron los medios de comunicación indígenas, alternativos y comunitarios.

«Es importante la reparación histórica«
La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, calificó el acto como “un gran momento porque es un proceso de mucha lucha de la comunidad de Punta Querandí en Tigre, es la mayor restitución que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires y está en el marco que ha dado el presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: la reparación histórica”.

“Este paso que se ha dado aquí va a ser visto y va a ser imitado ojalá por muchas comunidades. Los restos humanos que se encuentran en museos o en colecciones privadas y públicas, tienen que descansar en paz en sus territorios”, señaló en declaraciones al Periódico Renacer.

Esta restitución es “histórica” y “combativa”, subrayó por su parte Fernando Pepe, coordinador del Programa de Restitución de Restos Humanos del INAI, ya que “la comunidad resistió contra todo y todos desde 2004″. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, su responsable Matías Moreno destacó que se vivieron “muchas matanzas y genocidios” y “por eso es importante en la reparación histórica un Estado presente”. En ese sentido, subrayó que “es muy importante que en términos ejecutivos se haya trabajado con el municipio, la provincia y la nación” y mencionó la voluntad de seguir dando respuestas a las demandas de los Pueblos Originarios.

Por su parte, el jefe comunal Julio Zamora expresó a los medios que “es un acto reparador y un hito muy importante” que se suma a otro triunfo que es el proceso de reconocimiento de la propiedad comunitaria, para que en Punta Querandí “se desarrollen políticas destinadas a visibilizar las problemáticas que viven los pueblos originarios, para que puedan inculcar los idiomas para que no se pierdan y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con mantener de pie y viva la historia de aquellos que vivieron antes de los españoles aquí”.

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