El servicio de salud pública del país está colapsado, según el testimonio de los agentes sanitarios, y esto se confirmó con la muerte por Coronavirus de al menos seis personas por falta de atención en las calles, frente a los centros asistenciales o en sus casas.

15 junio de 2020
Las denuncias médicas sobre el colapso de los hospitales en Bolivia comenzaron a confirmarse con la muerte por coronavirus de al menos seis personas por falta de atención en las calles, frente a los centros asistenciales o en sus casas, registradas en La Paz, Cochabamba y Beni, mientras que en Santa Cruz los enfermos deben esperar que alguien fallezca para ser internados.

“No nos atendieron. Estábamos aquí (en la puerta del hospital Cochabamba) desde las siete de la mañana. Nos han dicho que están haciendo rotación de personal”, lamentó el nieto de una mujer de la tercera edad que era sospechosa de tener Covid-19 y murió ayer en la puerta de ese centro asistencial.

Los testimonios del nieto y otras personas que estaban en el lugar coinciden en que al ver que la anciana se ahogaba pidieron asistencia a los gritos, que alguien sacara un tubo de oxígeno al menos, pero que no obtuvieron respuesta.

También se conoció el deceso de una persona en camino hacia una clínica privada. “Aparentemente tuvo un cuadro respiratorio y dejó progresar la enfermedad -como la mayoría de la gente está haciendo- y no pudo llegar a una atención oportuna. Falleció en el camino”, indicó al medio paceño el jefe de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo.

El secretario de relaciones del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) Cochabamba, Carlos Nava, lamentó que en los últimos días se estén registrando decesos en las puertas de hospitales, domicilios y calles, pero aseguró que eso se debe a que el servicio de salud pública está colapsado.

“Lamentablemente, eso sucede porque la gente no cumple las medidas de bioseguridad”, dijo.

Castillo confirmó que los hospitales están saturados. “Las 18 camas de UTI (terapia intensiva) están siendo utilizadas al momento”.

En Santa Cruz un testimonio recogido ayer también da cuenta del colapso de las hospitales. Una mujer, identificada como Pamela afirmó que pidió ayuda para su esposo, de 33 años, que dio positivo en el test de coronavirus pero no consiguió que lo internaran en el hospital Pampa de la Isla.

“Los médicos me comunicaron que no había espacio y debía esperar a que un paciente fallezca para que mi esposo ingrese a la intubación endotraquial”, relató la mujer al diario digital Clave300.

En La Paz la situación es similar. Las 14 camas de UTI de los hospitales que atienden casos Covid-19 están llenas. Por esa razón, el viernes una persona peregrinó por diferentes hospitales, pero cuando llegó al Hospital de Cotahuma falleció.

La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva advirtió hace unos días que Bolivia tiene un poco más de 100 camas para Covid-19, cuando se requiere al menos siete veces más, y también se precisa duplicar la cantidad de médicos terapistas intensivos, que actualmente son 210.

Frente a este cuadro, el gobierno anunció que entregará un lote de 30 respiradores a la Gobernación de Santa Cruz para UTI, que fueron adquiridos con un crédito del Banco Mundial.

Este fin de semana la Gobernación instaló 16 camas de UTI “prestados de la Udabol” en uno de los domos que se construyó en el Hospital de Santa Cruz, pero hasta ayer no fueron usados.

“Gracias a Dios no fueron utilizados esos ventiladores debido a que los pacientes mostraron estabilidad, no ingresaron a la fase crítica del coronavirus”, señaló el ministro de Gobierno y delegado gubernamental en Santa Cruz, Arturo Murillo.

Por el momento Bolivia tiene cerca de 18.500 casos de coronavirus positivos y suma 611 muertes por la enfermedad, según el conteo global que lleva adelante la universidad estadounidense Johns Hospkins.

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El 19 de abril de 1940 se realizó el primer Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en Patzquaro, Michoacán, México; desde entonces en esta fecha se recuerda el Día del Indígena Americano.


A 80 años de aquel congreso, hoy más que nunca es necesario proteger a las comunidades originarias frente a una pandemia tan peligrosa como es el COVID-19, reivindicar sus derechos, respetar su identidad y reconocer su preexistencia étnica y cultural.

“No se puede dejar que el virus llegue a los pueblos indígenas y no tomar medidas, ocultar información pertinente sobre el nuevo coronavirus y no ofrecerla en los idiomas originarios y de forma apropiada, es un hoy una nueva forma de etnocidio”, advierten desde la Amazonía brasileña.

Uno de los temas principales a difundir en forma virtual en la Semana de los Pueblos Indígenas, fue la preocupación por la grave ausencia de los gobiernos en la atención de las comunidades indígenas por COVID-19.

En primer lugar, la cuarentena obligatoria expone esta debilidad en la Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y Brasil principalmente, países donde se denuncian desmontes y las quemas con actividades ilegales: tala de árboles, caza y pesca indiscriminada, avasallamiento de tierras y otros, ponen en grave peligro a los Pueblos Indígenas y amenazan sobre su territorio.

En Paraguay reclaman asistencia por coronavirus

Ochenta años después de ese Congreso, del documento que se entregó a los Estados, los mandatos mencionados no se llevaron en cuenta en ningún un país de América (salvo en Bolivia durante el Gobierno de Evo Morales) y en Paraguay mucho menos. “Hasta hoy los pueblos indígenas no figuramos en la agenda política, económica, social y cultural del Gobierno, están olvidados históricamente, inclusive hay tendencias de exterminio de los y las indígenas”, advierten la Organización Nacional de Aborígenes Independientes – ONAI.

Desde la entidad se exige al Estado paraguayo que “se prioricen las políticas para los pueblos indígenas, tan olvidados en cuanto a salud, educación, producción, mercado, precio. Es necesaria una política integral para que las comunidades indígenas salgan de la miseria”.

Actualmente, en esta crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus, los pueblos indígenas se encuentran cumpliendo la cuarentena tal cual exige el decreto presidencial; nadie sale de sus casas, no van a ningún lado, inclusive han prohibido la entrada y salida de las comunidades, “pero el Gobierno no cumple su responsabilidad con nosotros y nosotras”, advierten los pueblos indígenas.


“No nos llega el apoyo, la cantidad de víveres que llega es muy pequeña, a algunas familias les duran solo 3 a 4 días, es imposible que esas cantidades miserables duren más que eso; ya hizo más de 1 mes de la primera entrega a muchas comunidades, menos aún nos llegan las transferencias monetarias. Desde el Chaco pasan fotos de paquetes de harina de 5 kilos y solo 2 kilos de cada producto, más 2 latas de vaka’i y eso debe durar supuestamente 1 mes, todo esto para nosotros es una gran humillación”, explican.

Desde la ONAI plantean que el Gobierno priorice las políticas y atención a las comunidades, y alerta que los pueblos indígenas están despertando y que existen altas probabilidades que cuando esta medida se levante las comunidades salgan de forma masiva a reclamar en las calles.

Otro mandato de aquel histórico encuentro del 19 de abril, fue la preservación de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos originarios, el respeto a los no contactados con la sociedad blanca y en cuanto a quienes tengan contacto la priorización de políticas acordes con la realidad de cada pueblo, sus costumbres, su alimentación, sus creencias, la preservación de sus culturas. “Sin embargo actualmente miles y miles de indígenas no tienen tierra, fueron despojados de sus territorios, están en lucha por recuperarlas, el Gobierno de Mario Abdo debe recuperar, por lo menos una parte de los territorios indígenas y cumplir con todos los acuerdos internacionales asumidos para que las poblaciones indígenas vivan dignamente”, explican desde Paraguay.

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La pandemia del coronavirus no solo está arrebatando vidas y trabajos. También ha quebrado los rituales y símbolos funerarios esenciales para la identidad mexicana

DAVID MARCIAL PÉREZ
México - 31 MAY 2020

Brandon y sus primos han estado toda la mañana raspando la tumba de su abuelo. Raspar significa cavar la tierra, quitar la lápida, abrir el féretro, guardar los huesos en bolsas y dejar espacio en el hoyo para el siguiente difunto. Mientras maniobraban con los restos del señor Fernando, los primos no han parado de fumar cigarro tras cigarro. Dicen que es para protegerse del aire que sale de la tumba, dicen que “el aire” te entra por la boca, te pone los ojos rojos y te da dolor de cabeza.

El féretro de Doña Urita, la esposa del señor Fernando, llegó al cementerio a las 3 de la tarde a hombros de siete de sus 12 nietos. El guarda del panteón les abrió la puerta que llevaba cerrada todo el día y sólo dejó entrar a la familia. Caminaron en silencio bajo un sol de plomo. No hubo pétalos de flores por el suelo, ni cohetes en el cielo, ni alcohol, ni música de mariachis. La pandemia ha obligado a rebajar las tradicionales exequias mexicanas hasta convertirlas casi en un recuerdo legendario.

El panteón de San Andrés Mixquic lleva tres semanas cerrado y nadie termina de acostumbrarse. El cementerio es el lugar más famoso de este pueblo de campesinos y agricultores de la periferia de la capital, casi en el borde con Estado de México. Desde antes de la colonia —cuando Mixquic era un islote en medio del lago de Chalco—, el pueblo tiene una relación especial con la muerte. Mictlantecuhtli era la deidad mexica de los muertos, el custodio del bien morir durante el largo viaje por el inframundo. Una escultura suya, de cuerpo entero y terminada en una calavera sonriente con un tocado sobre el cráneo, preside el patio de la iglesia, que aún forma parte del recinto del cementerio.

A Mictlantecuhtli lo encontraron los frailes franciscanos cuando empezaron levantar la iglesia sobre las ruinas del templo, arrasado en 1521 por las tropas de Cortés. Parte de la cosmovisión nahua —la cultura de los antiguos pueblos del valle de México— sobrevivió sin embargo a la evangelización católica, dando paso a este particular sincretismo mítico-religioso que mezcla calaveras sonrientes y patios barrocos.

La expresión más acabada de este mestizaje es la celebración del Día de Muertos, reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural. El día 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos para la Iglesia Católica, el panteón de Mixquic se convierte en una gran fiesta con las tumbas decoradas y repletas de comida y bebida para agasajar a los muertos, que por un día regresan a visitar a sus familiares. El fervor baja de intensidad durante el resto del año, pero cada sepelio solía ser otra celebración.

En Colombia, país de conflictos ambientales y campesinos maltratados, las Zonas de Reserva Campesina se erigen como una solución que protege el desarrollo rural sostenible y la biodiversidad.

Doña Irene Ramírez es hija de padres desplazados y creció en medio de esa violencia del conflicto armado colombiano, de ver cómo matan al vecino o cómo dejan al hijo sin padre. “Hay que hacer algo para que mis nietos vivan mejor que yo en un país sin violencias, en un país que nos reconozca como campesinos y no nos señale por lo que hacemos, que no es más que proteger el medio ambiente y la cultura campesina de los intereses de las multinacionales y la inacción del Estado”, señala con firmeza

Doña Irene habla ya como presidenta de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), una organización con 23 años de historia donde sus campesinos se dieron a la tarea de poder permanecer y sobrevivir en el territorio. Lo hicieron resistiendo los embates del terror paramilitar y de un latifundismo improductivo reivindicando una Zona de Reserva Campesina (ZRC) como figura de protección territorial que aspiraba a acceder a la tierra y formalizar la propiedad.

Cuando el campo se empodera. Una red para proteger la vida de los activistas de derechos humanos

Tras años de persecución y estigmatización, en el año 2010 su lucha obtuvo el reconocido Premio Nacional de Paz en el país. Fue un punto de inflexión. Hoy, la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra es el gran referente de las seis ZRC que funcionan en Colombia legalizadas por el Gobierno.
Se ubica en un área geográfica de producción campesina conocida como el Magdalena Medio, que comprende varios municipios de cuatro regiones del centro de Colombia. En total cobija a unas 25.000 familias, pero de las 500.000 hectáreas propugnadas, solo les fueron concedidas 184.000. Con todo, doña Irene está orgullosa de lo logrado. “Hemos resistido aquí y hemos hecho lo que el Estado no ha sido capaz de hacer: ordenar nuestro propio territorio y decidir cómo podemos manejarlo y como lo compartimos entre todos”, dice.

La aldea comunitaria de Puerto Matilde es el corazón de la ZRC del Valle del río Cimitarra. Está en el municipio antioqueño de Yondó, a dos horas de la ciudad de Barrancabermeja, en la región de Santander. Aquí convergen un proyecto de vivienda, otro de canalización de agua y varias iniciativas productivas, entre ellas la cooperativa Ecobúfalo Campesino, auténtico orgullo de la comunidad. Se trata de un proyecto de elaboración y comercialización ecológica de carne, queso y leche de este animal en el que los campesinos controlan todo el ciclo económico del producto, desde la crianza hasta la venta al consumidor final.

Los búfalos se convirtieron para muchas familias en una alternativa al cultivo de coca. “Pasamos ya la cifra de mil cabezas reproducidas y el proyecto ha sido sostenible, aunque limitado a no más de 200 reses, entre búfalos y ganado blanco. Mucha gente se había metido en la coca porque el cultivo de arroz no daba para vivir, pero los campesinos que se quieran acoger al proyecto de aldea comunitaria han de comprometerse a un proceso de sustitución de sus cultivos de coca”, explica Carlos Martínez, histórico líder de la ACVC. Junto a los búfalos, el arroz vuelve a ser importante en la economía de esta ZRC. Hay también otros cultivos de subsistencia y, en convenio con una universidad, funciona ya un nuevo proyecto para producir plantas aromáticas con el fin de obtener aceites esenciales para usos cosméticos y medicinales.

El camino no ha sido fácil y queda mucho por recorrer. En un país que sigue sin reconocer los derechos de sus campesinos, las ZRC legalizadas tuvieron finalmente que abrirse camino con las uñas porque al Estado realmente apenas las tuvo en cuenta. Legalizaron primero cinco en diferentes partes del país para poco después ser proscritas por el expresidente Álvaro Uribe que las acusó de ser santuarios de la guerrilla de las FARC. Tras el proceso de paz, el expresidente Juan Manuel Santos se comprometió a apoyarlas pero en ocho años legalizó solo una más. Existen otros 50 procesos aglutinados en torno a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) que siguen esperando poderse constituir.

Si bien las medidas que viene tomando el gobierno para frenar la expansión del coronavirus son positivas y están dando resultados en el sector urbano, es necesario que también se implementen medidas específicas y urgentes para defender a las comunidades campesinas y nativas de los impactos de la pandemia.

Amalia Pesantes Villa, doctora en Antropología y especialista en salud en comunidades indígenas, ha alertado a las autoridades peruanas sobre el riesgo y vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a la expansión de la enfermedad Covid-19, y demanda tomar acciones específicas para defender la salud de este sector de la población.

“Las comunidades indígenas sufren una serie de problemas relacionados con su salud, y puede ser que ello las haga más vulnerables al coronavirus; pero, por otro lado, la lejanía en que viven varias de estas comunidades, podría ser un factor para retrasar la llegada de la enfermedad.

Sin embargo, el hecho de no tener acceso a sistemas de agua y saneamiento de buena calidad les genera un mayor riesgo a sus poblaciones”, sostiene la especialista. “Lo que viene ocurriendo con esta pandemia debe servir para que el Estado cumpla cuanto antes con dotar de estos servicios básicos a estas comunidades campesinas y nativas, como parte del derecho a la salud que tenemos las peruanas y peruanos”, señala la doctora.

Por otro lado, las organizaciones agrarias y campesinas del país han emitido recientemente un comunicado en el que, entre otras acciones, exigen al Ministerio de Salud, MINSA, poner en marcha una estrategia sanitaria para las zonas rurales, con el objetivo de tener comunidades y distritos rurales libres del coronavirus.

“Los distritos rurales, las comunidades campesinas y nativas deben convertirse en espacios de control territorial en esta situación de emergencia, con un protocolo urgente que registre y regule el flujo de personas de la ciudad al campo”, indica el documento presentado por CONVEAGRO al gobierno peruano.

 

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