Los reclamos por tierras fueron identificados por Amnistía Internacional mayoritariamente en la Patagonia, pero también hay en el NEA y NOA. Actualmente existen al menos 5 millones de hectáreas en disputa
Iván Ruiz Sandra Crucianelli

La tensión con la comunidad mapuche en Villa Mascardi es apenas un ejemplo de un fenómeno en aumento que, por ahora, el Estado no puede resolver: los conflictos con las comunidades indígenas crecieron como nunca antes en los últimos años. Los reclamos de los pueblos originarios aumentaron un 74% en el período 2015-2020 y los especialistas aseguran que la conflictividad continúa en ascenso.

Motivados por su histórica demanda para que el Estado reconozca tierras ancestrales, estas comunidades mantienen abiertos por lo menos 319 reclamos. Ninguno de los espacios políticos que gobernaron el país en los últimos años pudo resolver este problema que, en algunos casos -como ejemplifica el conflicto con los mapuches-, se volvió una bomba de tiempo.

La información analizada se desprende de un relevamiento realizado por Amnistía Internacional para su proyecto Territorio Indígena, que se realiza sobre los reportes de las propias comunidades y sobre investigaciones de esta organización. El estudio indica que allá por 2015 había 183 conflictos relevados a lo largo de todo el país. Dos años después, ya con Mauricio Macri en la Casa Rosada, ese número creció hasta los 225 conflictos y, con los últimos datos disponibles, la cifra trepó hasta los 319.
Como ya ocurrió en los últimos años, otra crisis con los mapuches en Villa Mascardi volvió a darle visibilidad al tema esta semana e incomodó al gobierno de Alberto Fernández. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta calificó como “gravísimo” el desalojo de la comunidad indígena que culminó con mujeres y niños detenidos por las fuerzas de seguridad. Después, renunció a su cargo.

Aunque en los últimos años el reclamo de los mapuches es el más recordado por distintos hechos de violencia, las demandas indígenas que motivaron intervención policial son la minoría. Amnistía Internacional indicó que menos del 15% de los reclamos que registraron llegaron a contar con intervención policial, desalojos, criminalización o algún tipo de violencia. El mapeo realizado por esta organización es apenas un punto de partida que tiene como objetivo visibilizar esta problemática, pero no incluye todos las demandas de pueblos originarios del país, indicaron.

Casi el 60% de esos reclamos indígenas tienen como objetivo el reconocimiento de tierras en distintas provincias del país. Esta es una problemática que no afecta sólo a la Patagonia, sino que atraviesa de Norte a Sur distintos puntos de Argentina. El total de la superficie afectada por los conflictos resulta de casi 5 millones de hectáreas.

¿Por qué está en aumento la conflictividad? Desde Amnistía explican que el gran detonante es el crecimiento de actividades como la minería, la agricultura y la explotación petrolera, así como la venta de tierras rurales a privados tanto argentinos como extranjeros. Todos estos procesos avanzan sobre tierras que las comunidades reclaman históricamente. Ante esta situación -indican- el Estado no ofrece espacios de diálogo con los pueblos indígenas para solucionar estos conflictos.

Los conflictos por provincia

Entre Neuquén (42 reclamos), Chubut (21) y Río Negro (20) suman casi un cuarto del total de los conflictos del país, la zona más caliente por las demandas de los pueblos originarios que registraron en los últimos años con hechos de violencia. El tema se instaló en los medios en agosto de 2017 cuando Santiago Maldonado murió ahogado después de que Gendarmería reprimiera a los manifestantes del Pu Lof en Cushamen, provincia de Chubut.

Aunque el conflicto de la comunidad mapuche en el Sur visibilizó esta problemática a nivel nacional, el Norte del país acumula mayor cantidad de conflictos abiertos y, muchos de ellos, registraron a lo largo de los años alguna intervención de las fuerzas de seguridad y, por ese motivo, fueron calificados como reclamos “violentos” por la organización.

En el NOA, Salta (35 reclamos), Jujuy (25) y Tucumán (17) también suman casi la cuarta parte del total de las protestas de los pueblos originarios a nivel nacional. La mayoría de los reclamos que requirieron intervención de las fuerzas de seguridad en algún momento de los últimos años se concentraron en las afueras de San Miguel de Tucumán, como el conflicto con la comunidad india Quilmes en Amaicha del Valle. También se registraron otros reclamos de este tipo entre el Río Bermejo y la frontera salteña con Bolivia.

En el NEA, Formosa (26 casos), Misiones (27) y Chaco (16) también aparecen como otra de las regiones con diversos conflictos entre el Estado y los pueblos originarios. Las Lomitas, en Formosa, es una de las más conflictivas de esa región, según el relevamiento de Amnistía Internacional. Esa zona fue, además, el escenario de la “Masacre de Rincón Bomba” una matanza que sufrió la comunidad pilagá en 1947. La Justicia decidió hace tres años que aquel ataque de la Gendarmería fue un crimen de lesa humanidad y ordenó distintas medidas de reparación, como becas estudiantiles, fijar la fecha homenaje a las víctimas en el calendario escolar y construir un monumento, entre otras.

Después de los reclamos territoriales, las protestas ambientales representan un 13% sobre los conflictos registrados por esta organización. Salta es la provincia que más reclamos acumula en ese sentido, en especial quejas que incluyen desde desmontes, la construcción de gasoductos o la intervención de empresas mineras y petroleras en las tierras de las comunidades consideran suyas.

“Si la mayoría de los conflictos tienen como denominador común la falta de resolución de los reclamos territoriales es porque la ley que se había propuesto hacer este relevamiento no avanzó con los compromisos dispuestos en 2006. Fue una ley muy relevante porque por primera vez hubo una voluntad política para conocer sus reclamos, pero después nunca se avanzó en ese reconocimiento territorial”, Paola García Rey, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

La especialista se refiere a la ley de Emergencia Territorial Indígena aprobada en 2006 mediante la cual el Estado se comprometía a hacer un relevamiento sobre los reclamos de los pueblos originarios en los cuatro años posteriores a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pero el censo nunca se terminó de ejecutar (se relevó al 43% de las comunidades inscriptas) y la ley fue nuevamente prorrogada el año pasado. Infobae contactó al INAI, pero las autoridades prefirieron no hacer comentarios.

“Es una bomba de tiempo que siempre está a punto de estallar. Los casos van a seguir creciendo en cantidad y en violencia. El mundo privado avanza con proyectos y las comunidades no cuentan con herramientas para protegerse. Brindar seguridad jurídica en los territorios es clave para pacificar estos conflictos tan convulsionados. El Estado tiene un compromiso para recorrer el territorio y generar instancias de diálogo para el reconocimiento de sus reclamos y, así integrar a las comunidades indígenas. Hoy, en cambio, la única respuesta es el choque constante”, agregó García Rey.

Casi un millón de personas en Argentina se identifican como indígenas o descendientes, según el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA por sus siglas en inglés). El Estado ha reconocido oficialmente a 35 pueblos indígenas, lo que implica la asignación de derechos constitucionales tanto a nivel nacional como a través de las provincias.

“Las tensiones y los conflictos sobre los reclamos territoriales de los pueblos indígenas empeoraron desde 2017. El Estado argentino no garantiza ni hizo cumplir los derechos indígenas sobre la tierra y, además, criminalizó a los miembros de las comunidades indígenas”, indicaron desde la organización.

El conflicto en Villa Mascardi

El mensaje de la comunidad mapuche en medio de las tomas en Villa Mascardi

Las afueras de la ciudad de Bariloche es una de las zonas más conflictivas del país con siete reclamos, muchos de ellos que registraron antecedentes de violencia. El caso más recordado ocurrió en noviembre de 2017, cuando el manifestante mapuche Rafael Nahuel murió tras recibir un disparo en medio de la represión de la Prefectura Naval en un sector montañoso de Villa Mascardi.

La jueza federal de Bariloche, Silvia Domínguez, envió a juicio oral a cinco integrantes de la fuerza especial Albatros de la Prefectura por la muerte de Nahuel. El conflicto por las tierras en Villa Mascardi, ubicadas a 35 kilómetros al sur de Bariloche, genera desde hace varios años tensión entre habitantes de la zona y el asentamiento de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

Esa tensión volvió a tener otra escalada de violencia esta semana. Dos nuevas tomas de tierras y un atentado incendiario sobre una casilla de Gendarmería despertaron las alertas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que armó una fuerza unificada que intervino en el conflicto para desalojar a la comunidad mapuche.

“Estamos recuperando territorio mapuche, donde vivieron nuestros antepasados, y recuperando nuestra vida mapuche”, dijeron dos de sus integrantes en un video que se encargaron de compartir a través de las redes sociales.

Más de 100 vehículos participaron el domingo pasado de una caravana organizada por un grupo de vecinos de Bariloche con el objetivo de llegar a Villa Mascardi, para manifestarse en contra de las ocupaciones de supuestos mapuches y los hechos vandálicos en la zona. La ex ministra Patricia Bullrich se sumó a la movilización, que fue frenada por la policía de Río Negro para evitar un enfrentamiento con los mapuches.

La intervención del comando unificado de las fuerzas de seguridad terminó esta semana con las ocupaciones de tierras en Villa Mascardi en un operativo que contó con decenas de detenidos, entre ellos, siete mujeres y cinco menores de edad. “No ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño”, dijo el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

El operativo tuvo su costo para el gobierno. Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad renunció a su cargo después de cuestionar el accionar de las fuerzas policiales. “La situación es sumamente preocupante. Es gravísimo”, había anticipado en una entrevista por la detención de mujeres y niños en el desalojo. Horas después presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae (fuente de este artículo) relevó el repositorio del proyecto Territorio Indígena y al mismo tiempo solicitó información detallada a Amnistía Internacional Argentina, que desde 2014 viene relevando los conflictos indígenas en el país.

Fuente aquí

Hace veinte años, entre el 7 y el 10 de marzo de 2006, se celebró en Porto Alegre (Brasil) la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD). Esta conferencia histórica reunió a Estados de todo el mundo junto con movimientos sociales y actores de la sociedad civil que representaban a campesinos, pueblos indígenas y otras comunidades similares, con el fin de subrayar la importancia de las reformas agrarias redistributivas y el acceso equitativo a los recursos naturales, abordados desde una perspectiva política colectiva y basada en los derechos humanos.

Justo antes de la Conferencia, entre el 6y el 9de marzo de 2006, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP), anteriormente conocido como Comité Internacional de Planificación de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria, principal facilitador de la participación de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la ICARRD, organizó el Foro «Tierra, territorio y dignidad» , un espacio independiente y autónomo diseñado para permitir que los movimientos sociales se reunieran para debatir, articular sus posiciones y desarrollar propuestas que se incorporaran a la Conferencia.

El Foro tenía como objetivo amplificar las luchas de los movimientos sociales por la tierra, el agua, las semillas, los caladeros, los bosques y el desarrollo rural agroecológico, presentar propuestas basadas en la soberanía alimentaria sobre la reforma agraria, denunciar la represión y la violencia en los espacios rurales, al tiempo que se promovían estrategias de resistencia contra la criminalización de las luchas rurales y se cuestionaba el modelo de desarrollo imperante.

Los años siguientes trajeron consigo victorias. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra (VGGT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) se construyeron sobre los cimientos de la Conferencia de Porto Alegre.

A pesar de estos logros, siguen existiendo retos persistentes. Dos décadas después de la ICARRD, la tierra sigue siendo una cuestión fundamental. La concentración extrema de la propiedad de la tierra, la inseguridad de la tenencia y el acaparamiento de tierras a gran escala por parte de intereses extractivos y agroindustriales siguen impulsando la pobreza rural, alimentando el hambre de más de 730 millones de personas y desplazando a comunidades, mientras que las presiones agravantes del cambio climático, la discriminación de género y la exclusión de los jóvenes amenazan aún más los medios de vida y el futuro de los pequeños productores y las comunidades rurales de todo el mundo.

Así pues, una vez más, el Grupo de Trabajo sobre Tierra, Bosques, Agua y Territorios (Grupo de Trabajo) del CIP organizó un espacio preparatorio los días 22 y 23 de febrero de 2026 denominado «Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidos por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad», con el fin de recopilar propuestas concretas antes de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), celebrada en Cartagena (Colombia) entre el 24 y el 28 de febrero de 2026.

La ICARRD+20 tiene por objeto evaluar de manera exhaustiva los sistemas de tenencia de la tierra a nivel mundial, evaluar la aplicación y la eficacia de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y promover la reforma agraria y el desarrollo rural mediante sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles. Mediante la promoción de la cooperación internacional, especialmente en materia de justicia social y climática, la Conferencia pretende garantizar que las comunidades rurales sean reconocidas como custodias de la tierra, los territorios y los ecosistemas. 6 Al mismo tiempo, el CIP también ha esbozado su visión, en la que pide una reforma agraria basada en cuatro pilares: el reconocimiento de los derechos indígenas y consuetudinarios sobre la tierra, los territorios y el agua; la redistribución de la tierra y los bienes comunes naturales, incluyendo límites a la acumulación por parte de empresas y militares; la restitución a las comunidades desposeídas por el acaparamiento de tierras, el colonialismo, la ocupación y los conflictos; y una regulación estricta de los mercados de tierras para proteger los
territorios productores de alimentos de las industrias extractivas, la especulación inmobiliaria y la apropiación militar.

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El Foro de Pueblos y Movimientos Sociales se inauguró con las declaraciones de los coordinadores de los grupos de trabajo para establecer la agenda.

Saul Vicente, del Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC), lamentó que, veinte años después de la ICARRD, los movimientos sociales sigan exigiendo «tierra, territorio y dignidad», a pesar de logros como las VGGT, la UNDRIP y la UNDROP. Instó a que los derechos sobre la tierra y el territorio se sitúen en el centro de las respuestas globales a las crisis climática, alimentaria y social, y afirmó la disposición de los movimientos a ofrecer soluciones o defender los bienes comunes a través del Foro de los Pueblos en la ICARRD+20.

Nuri Martínez, de La Vía Campesina (LVC), acogió con satisfacción la decisión de celebrar la ICARRD+20 en Colombia, reconociendo el compromiso político del Gobierno con la reforma agraria y su reconocimiento constitucional de los campesinos como titulares de derechos. Identificó un enemigo común en el imperialismo y el modelo económico extractivo que amenaza tanto a las comunidades rurales como a los gobiernos progresistas de toda la región, y pidió una fuerte coordinación y una declaración audaz de los movimientos sociales para mantener y avanzar en la lucha.

Tras las declaraciones de bienvenida, se celebró una mesa redonda sobre cómo la ICARRD+20 puede contribuir a promover el derecho a los territorios.

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, abrió el debate reafirmando el compromiso del Gobierno colombiano con la reforma agraria y su solidaridad con quienes luchan contra la violencia y la injusticia, incluidos el pueblo de Gaza, el campesinado y los pueblos indígenas. La ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez Torres, identificó tres obstáculos que impiden a las comunidades rurales ejercer sus derechos: la criminalización de los agricultores, el despojo disfrazado de conservación y la exclusión de las personas de sus territorios en nombre de la naturaleza, y recomendó la zonificación participativa y el reconocimiento de las autoridades indígenas como autoridades medioambientales, como parte de un esfuerzo más amplio por conciliar la protección del medio ambiente con los derechos de las comunidades que administran la tierra.

Los ponentes, procedentes de movimientos sociales de todo el mundo, aportaron perspectivas distintas pero interrelacionadas, que convergían en un diagnóstico común: que las estructuras económicas y de gobernanza actuales han agravado la precariedad de las mismas comunidades que cuidan nuestras tierras y aguas.

Musa Sowe, de la Red de Organizaciones Campesinas y de Productores de África Occidental (ROPPA), destacó que los pequeños agricultores, que producen la mayor parte de los alimentos del mundo, deben tener garantizada una participación inclusiva e igualitaria en los procesos de reforma agraria, libre de la influencia de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y tener acceso a los mercados territoriales y soberanía sobre sus tierras, semillas y sistemas de e o alimentario. Daniela Crabali, de Proceso de Comunidades Negras (PCN), hizo hincapié en que, para las comunidades negras, el territorio es inseparable de la cultura, la identidad y la vida misma, y pidió una reforma agraria basada en un marco antirracista, protector, restaurador y reparador. Khalid Khawaldeh, de la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas y Pastores Nómadas (WAMIP), señaló que, si bien la ICARRD fue un momento crucial, sus acuerdos pasaron por alto en gran medida a los pastores, y pidió a la ICARRD+20 que reconociera sus derechos a la movilidad, al uso colectivo de la tierra y a la participación en la formulación de políticas, subrayando que los sistemas pastorales se encuentran entre las formas más eficientes y sostenibles de producción ganadera.

Melanie Brown, del Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP), advirtió que la acuicultura y la economía azul están despojando a las comunidades pesqueras y destruyendo las poblaciones de peces silvestres, y pidió un mayor reconocimiento de la contribución de los pescadores artesanales a los sistemas alimentarios. Rodrigo Niño, de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), subrayó que la reforma agraria debe revisarse en el contexto de siglos de despojo indígena, haciendo hincapié en el acceso a la tierra y los recursos naturales, junto con estructuras sociales como la educación y un diálogo más sólido entre las zonas urbanas y rurales. Yurani Pérez, de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), reconoció que la organización social es la base de una reforma agraria significativa, y pidió al Gobierno que escuche a los campesinos y las mujeres e invierta en las economías campesinas y la educación.

Tras la mesa redonda, se celebraron dos rondas de sesiones plenarias denominadas «bloques de contenido».

El primer bloque de contenido examinó la situación de las comunidades en lo que respecta a los derechos sobre sus territorios, las amenazas que impulsan el despojo y las estrategias que se están elaborando para combatirlas, reuniendo perspectivas de todo el espectro del movimiento social.

Hatem Aouini, de LVC, destacó la lucha por la reforma agraria en un contexto global de auge del fascismo, el imperialismo y el extractivismo, señalando los casos de Palestina, Sudán y el Congo, al tiempo que afirmó que los movimientos han obtenido victorias en la India y América Latina y tienen una propuesta concreta en los cuatro pilares del IPC para una reforma agraria popular. Fernando García Dory, de WAMIP, pidió el reconocimiento de los derechos pastorales colectivos, señalando como ejemplos los modelos de gobernanza de Chad y Kirguistán, al tiempo que advirtió de las amenazas que suponen la minería, las energías renovables y los intereses de la ganadería industrial que invaden las tierras comunales.

Virginie Lagarde, de la WFFP, advirtió sobre la aceleración del acaparamiento azul y verde que amenaza a las comunidades pesqueras artesanales, y pidió compromisos vinculantes y un control comunitario genuino sobre los territorios marinos y costeros. Dmitry Berezhkov, del Comité Internacional de los Pueblos Indígenas de Rusia (ICIPR), señaló la inseparabilidad de los derechos territoriales indígenas de la soberanía alimentaria y la justicia climática, advirtiendo sobre el extractivismo verde a y el auge del autoritarismo, al tiempo que llamó la atención sobre la detención de la líder indígena selkup Daria Egereva en Rusia como ejemplo de la criminalización global de los defensores de la tierra.

Elga Betty, de la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM), evocó las reformas agrarias históricas, incluidas las revoluciones de México en 1910, Bolivia en 1950, Cuba en 1959, Chile en 1962 y Perú en 1969. Afirmó que las comunidades seguían lidiando con las consecuencias de la pandemia de COVID y pidió que se apostara por la agroecología, la protección de las semillas autóctonas y la aplicación de la UNDROP y la Convención sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 como camino a seguir. Sophie Nglapi, de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), puso de manifiesto la cruda contradicción de que las mujeres producen entre el 60 % y el 80 % de los alimentos del mundo, pero poseen menos del 15 % de las tierras cultivables, y pidió una economía feminista y la soberanía sobre la tierra.

Carlos Bona, del Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica (MIJARC), advirtió que sin la transferencia generacional de la tierra y la autodeterminación, el acceso de los jóvenes a la identidad rural es limitado. Mohammed Abdel Rahman Salem, de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), habló desde la primera línea de la expropiación palestina, rechazando el enfoque neoliberal de la tierra como mercancía y afirmando que la resistencia se expresa mediante la plantación de olivos, la reconstrucción de viviendas y la organización para la soberanía alimentaria.

Drazen Simlesa, de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS), promovió los mercados solidarios, las cadenas de suministro cortas y los sistemas de atención comunitaria como expresiones de una economía social y solidaria, afirmando que sin territorio no hay soberanía alimentaria y sin soberanía alimentaria no hay dignidad. Isa Alvarez, de URGENCI, cuestionó la dicotomía productor-consumidor, haciendo un llamamiento a la conciencia alimentaria y a las transiciones agroecológicas desde el lado del consumo, al tiempo que advirtió contra la normalización de los sistemas alimentarios tóxicos. Graciela Inés, de People’s Health Movement (PHM), argumentó que la salud humana es inseparable de la salud de los territorios y los ecosistemas, y que la concentración de la tierra y el acaparamiento verde están provocando malnutrición y pobreza, y pidió una reforma agraria y la soberanía alimentaria como condiciones esenciales para comunidades saludables y soberanas.

La primera jornada del Foro concluyó con el segundo bloque de contenidos, que situó en contexto la ICARRD+20 y la visión del CIP.

Lo inauguró Morgan Ody, de LVC, quien remontó los orígenes de la primera ICARRD a la ola de privatización neoliberal de la tierra impulsada por el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la década de 1990, enmarcándola como una respuesta deliberada que finalmente se tradujo en victorias clave para las VGGT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ( ) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Desplazados (UNDROP). Señaló que desde entonces han surgido nuevas formas de acaparamiento de tierras a través de la digitalización, los créditos de carbono y las compensaciones por biodiversidad, y relató las tribulaciones por las que pasó la idea de la ICARRD+20 hasta que resurgió tras la COVID y finalmente se consolidó gracias a la intervención de Colombia en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Expresó su decepción por la falta de apoyo a la ICARRD+20 por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y aplaudió el firme compromiso mostrado por los gobiernos de Colombia y Brasil.

Tammi Jonas, de la Alianza para la Agroecología y la Soberanía Alimentaria (AFSA), presentó el documento de posición del IPC, elaborado mediante un amplio proceso de consulta entre las organizaciones miembros, que abarca la historia del acaparamiento de tierras, el contexto actual y propuestas concretas que incluyen la tributación de la tierra, la redistribución, las reparaciones y la restitución, con un comité de redacción de la declaración que trabaja para destilar sus puntos clave en una declaración del foro.

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El segundo día del Foro se reanudaron los debates críticos.

El tercer y último bloque de contenidos abordó la reforma agraria y la soberanía alimentaria desde una perspectiva regional, y los delegados se dividieron en distintos grupos de América, África, Asia y el Pacífico, Oriente Medio y Norte de África (MENA), Europa y Asia Central para debatir los principales retos a los que se enfrenta la reforma agraria en sus regiones, la relevancia de la visión actualizada del CIP, sus expectativas respecto a la ICARRD+20 y el borrador de las medidas que los movimientos adoptarían al regresar a sus países para impulsar la reforma agraria.

Philip Seufert, de FIAN, quien también dirige el Grupo de Trabajo, ofreció unas observaciones orientativas, y el bloque fue moderado por Saphia Ngalapi, de WMW, y Benjamin Mutambukah, de WAMIP. Todos los grupos de trabajo regionales regresaron exigiendo una reforma agraria urgente y compromisos responsables que devuelvan el derecho al territorio a las manos del pueblo.

El grupo de trabajo regional africano, dirigido por Chengeto Muzira, de LVC, presentó una imagen desoladora de un continente vulnerable debido al acaparamiento de tierras por parte de actores estatales y privados, la debilidad de los marcos jurídicos, la inestabilidad política, el cambio climático, la expansión de las empresas y la promoción de los OMG, que agravan una situación ya de por sí frágil. Se identificó el reconocimiento como la prioridad más urgente, en particular la garantía de los derechos consuetudinarios, pastorales, colectivos y de las mujeres sobre la tierra, seguido de la regulación para combatir el acaparamiento de tierras y la redistribución y restitución para corregir las profundas desigualdades históricas. El grupo esperaba que la ICARRD+20 diera lugar a un cambio decisivo, pasando del diálogo político a la aplicación, respaldado por mecanismos de seguimiento y evaluación, el fortalecimiento institucional de la sociedad civil, el aumento de la inversión pública y la participación genuina de las mujeres y los jóvenes en el diseño de políticas. A su regreso a casa, los participantes de se comprometieron a construir posiciones comunes con las redes campesinas, a involucrar directamente a los gobiernos para que incluyan la reforma agraria en las agendas políticas nacionales, a promover la agroecología y los mercados territoriales, y a establecer plataformas regionales de seguimiento para exigir responsabilidades a los gobiernos.

El grupo de trabajo de las Américas, dirigido por Melanie Brown, del WFFP, y Taily Terena, del CITT, presentó una declaración sucinta. Entendiendo el territorio no solo como la tierra, sino como el espacio mismo de la lucha política y la vida digna, el grupo planteó la reforma agraria como algo inseparable del reconocimiento de la desposesión histórica, los legados coloniales y los sistemas patriarcales. Sus propuestas se centraron en el consentimiento libre, previo e informado, la protección de los campesinos y los pueblos indígenas y la eliminación de la deuda externa que se utiliza como herramienta de dominación imperial, al tiempo que pedían políticas agrarias públicas, la recuperación masiva de tierras y la inclusión de economías solidarias en los marcos de la reforma agraria, unidos por una visión del poder popular construido en todo el Sur y el Norte globales.

El grupo de Asia-Pacífico, facilitado por Asma Aamir, de la MMM, destacó una región plagada de crisis interconectadas, desde el acaparamiento de tierras y océanos, los conflictos, la ocupación, la guerra y la militarización, hasta el colapso climático y la pérdida de biodiversidad, la digitalización como nueva frontera de control y las desigualdades estructurales agravadas por la complicidad del Estado y las medidas de austeridad impulsadas por la deuda a través de instituciones como el FMI y el Banco Mundial. El grupo hizo hincapié en el reconocimiento y la autodeterminación de las comunidades agrarias y los pueblos indígenas, la redistribución mediante una reforma agraria integral que evite la captura corporativa, la restitución para las comunidades desplazadas por el cambio climático y la regulación mediante reformas legales nacionales concretas. También propusieron tres R adicionales más allá de los cuatro pilares del IPC: representación, recursos y revolución. De cara al futuro, el grupo pidió la unificación y la interseccionalidad de los movimientos locales, vínculos más fuertes entre la ICARRD+20 y los procesos de los organismos de las Naciones Unidas, incluidas las visitas de relatores especiales para informar sobre los progresos, y la reforma de la FAO como condición previa para la aplicación, sin la cual los compromisos de la conferencia corren el riesgo de quedarse en papel mojado.

Souad Mahmoud, de Coordination Féministe pour la Souveraineté Alimentaire (CFSA), junto con Khalid Khawaldeh, de WAMIP, lideran el grupo de trabajo de Oriente Medio y Norte de África, que subrayó que la reforma agraria no puede discutirse al margen de las realidades coloniales de la región, incluidas las crisis actuales en Palestina, Siria y Líbano. Además, la situación se vio agravada por la desigualdad de género, el patriarcado y la falta de voluntad política para llevar a cabo una reforma estructural. El grupo hizo hincapié en que, en esta coyuntura, la reparación era más adecuada que la restitución, al tiempo que pidió una aplicación más estricta de los mecanismos establecidos desde 2006 y el abandono de las soluciones impuestas desde arriba en favor de la formación de base y el fortalecimiento de las redes.

El grupo de Europa y Asia Central, moderado por Morgan Ody, de LVC, y Sylvia Kay, del Transnational Institute (TNI), reflexionó sobre los retos que plantea la elaboración de una estrategia común en una región geográficamente extensa y políticamente compleja que se extiende desde Groenlandia hasta Mongolia. Tras identificar como factores clave la guerra en Ucrania, las amenazas a Groenlandia, la criminalización en los países postsoviéticos y el cambio climático y la deforestación, el grupo expresó su esperanza de que la próxima declaración destaque la agroecología y las prácticas inclusivas, aborde la concentración de la tierra mediante la reforma agraria, reconozca los derechos colectivos de las comunidades agrarias e incluya la diversidad de género y de identidades sexuales. También señalaron la COP17 en Mongolia como un momento importante para la construcción del movimiento.

El Foro concluyó con las observaciones finales de los coordinadores de los grupos de trabajo y una declaración de Paulo Teixeira, ministro de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, en representación del Gobierno de Brasil. Comenzó reconociendo los esfuerzos del presidente colombiano Gustavo Petro en la lucha contra el imperialismo y exigiendo respeto para los latinoamericanos, y expresó su solidaridad con Cuba, Venezuela y el pueblo colombiano, situando la reforma agraria en el contexto de la larga historia de despojo colonial de América Latina. Destacó los compromisos de Brasil con la delimitación de las tierras indígenas, incluidas las del pueblo quilombola, y con el avance de la reforma agraria como garantía de justicia social. Concluyó con urgencia, recordando que la primera ICARRD tuvo lugar veinte años después de la masacre de Eldorado Carajás y advirtiendo que el mundo no puede permitirse esperar otros veinte años para la tercera.

La representante pampeana de Mujeres de la Ruralidad Argentina, Rocío Severino, habló sobre la convocatoria al Premio Lía Encalada, el rol de las mujeres rurales y el impacto de los recortes en el sector.

La representante pampeana de la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina, destacó la importancia de visibilizar el trabajo de las mujeres vinculadas al campo y convocó a postular historias para la V edición del Premio Lía Encalada.

En diálogo con Radio Kermés, advirtió sobre el impacto de los recortes nacionales en el sectores, puso en valor el acompañamiento del Gobierno provincial y pidió ampliar la participación pampeana en la iniciativa.

La convocatoria fue lanzada por el Ministerio de la Producción de La Pampa junto a la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina, en el marco del III Foro Internacional de Género y Ruralidad y la V edición del Premio Lía Encalada, una propuesta que desde 2022 busca reconocer y visibilizar a mujeres rurales de todo el país.

Severino explicó que el premio lleva el nombre de Lía Encalada, la primera mujer recibida de ingeniera agrónoma en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. “Fue una mujer que hizo mucho por la producción”, señaló. Además, recordó que durante mucho tiempo su historia quedó relegada, en parte por las marcas de una época en la que las trayectorias de las mujeres solían quedar opacadas. Incluso, indicó, Encalada había adoptado el apellido de su marido, lo que contribuyó a que su propio nombre quedara en segundo plano.

La referente pampeana remarcó que el reconocimiento no está dirigido únicamente a mujeres productoras, sino también a quienes habitan o atraviesan la ruralidad desde distintos lugares. “Hablamos de mujeres vinculadas a la ciencia, a la tecnología, a la educación, a la salud, que también transitan la ruralidad”, explicó.
En esa línea, sostuvo que el premio permite poner en primer plano historias que muchas veces permanecen invisibilizadas. “Las mujeres son las que generan el arraigo en el campo. Donde hay una mujer hay arraigo”, afirmó. Para Severino, la iniciativa busca “darles esa luz” a mujeres que trabajan en soledad o sin reconocimiento público, y que al ser postuladas “se sienten miradas por primera vez y comprenden que no están solas en su lucha”.

"Momento muy difícil"

Consultada por el contexto económico y social, Severino fue contundente. “Es un momento muy difícil. En general, para las minorías”, sostuvo. Señaló que los recortes nacionales y la retracción de políticas públicas golpean primero a quienes ya se encontraban en situaciones de mayor vulnerabilidad. “Hay trabajos que se han dejado de hacer, producto de los recortes, de esta mirada de que hay que terminar con todo”, expresó.

La dirigente mencionó particularmente el impacto sobre áreas y programas vinculados al acompañamiento territorial, entre ellos el trabajo que se venía realizando desde organismos como el INTA. Según planteó, esos retrocesos afectan de manera directa a las mujeres rurales, porque muchas veces son ellas quienes dependen de redes de asistencia, capacitación, asesoramiento técnico y acceso a herramientas para sostener proyectos productivos o comunitarios.

“Eso impacta primero en las más vulnerables”, advirtió. Frente a ese escenario, Severino destacó que la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina funciona como una red federal de contención e intercambio. “En el grupo encuentran siempre una compañera que está dispuesta a ayudar, que atraviesa la misma complicación o que tiene una capacitación al respecto”, señaló.

También explicó que muchas veces existen programas, capacitaciones o herramientas disponibles —provenientes de organismos provinciales, nacionales o internacionales—, pero esa información no siempre llega a las mujeres rurales. “A través de la Asociación se trata de acercárselas”, indicó.

Durante el Encuentro Trinacional del Colectivo de Mujeres del Chaco, realizado en Filadelfia, departamento de Boquerón, más de cien mujeres indígenas y campesinas del Gran Chaco Americano —provenientes de Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia— se reunieron bajo el lema “Nosotras movemos el territorio”. Durante tres jornadas de trabajo, compartieron experiencias, debatieron sobre los desafíos comunes y elaboraron propuestas para fortalecer su participación activa en la toma de decisiones regionales.

Los debates se centraron en temas fundamentales como tierra y territorio, economía, liderazgo femenino, juventud, cambio climático y la lucha por una vida libre de violencias. Las conclusiones y propuestas fueron presentadas en el Encuentro Mundial del Chaco Americano, desarrollado en la misma localidad, y se compartirán también en la próxima COP30, que tendrá lugar en Belén, Brasil.

El encuentro culminó con la lectura del “Pronunciamiento del Colectivo de Mujeres del Gran Chaco Americano”, una declaración conjunta que reafirma el papel protagónico de las mujeres como fuerza transformadora y defensoras ambientales. En el documento, las participantes expresan: “Somos memoria y raíz, constructoras de economías que sostienen la vida y enfrentamos con resiliencia los impactos del cambio climático. Alzamos nuestra voz contra las violencias”.

El pronunciamiento destaca el acceso al agua como demanda histórica del Chaco y reclama políticas públicas que garanticen el uso familiar y comunitario de este recurso vital. También exige que las mujeres formen parte de las decisiones sobre gestión territorial y desarrollo económico, reconociendo su rol esencial en las economías locales.

Las jóvenes, por su parte, plantearon la importancia de rescatar y digitalizar los saberes ancestrales para construir una memoria viva y fortalecer su liderazgo frente a los desafíos del cambio climático. En tanto, las mujeres líderes de distintas generaciones coincidieron en que el poder colectivo y la empatía son las bases para transformar los territorios chaqueños en espacios seguros, donde las voces femeninas sean escuchadas y respetadas.

“Somos parte de la solución. Somos el motor del cambio. Movemos el territorio”, concluye el documento.

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El MNCI-Somos Tierra presentó un estudio integral sobre la crisis socioproductiva y el cambio climático. Revela que el 61% de las mujeres rurales enfrentan una "triple jornada laboral" y sufren el impacto directo de la retracción del Estado.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra) presentó en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el informe “Análisis Integral de la Situación Socio productiva con perspectiva de género”. El documento revela una realidad crítica: más del 70% de las familias relevadas perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza.

La investigación participativa, que abarcó territorios en Mendoza, Córdoba, Jujuy, Neuquén y Misiones, pone el foco en cómo la crisis económica y el cambio climático impactan sobre las mujeres campesinas e indígenas. El estudio no solo ofrece datos estadísticos, sino que funciona como una hoja de ruta para la planificación de políticas de soberanía alimentaria.

Triple jornada y «pobreza de tiempo»

Uno de los conceptos más potentes del informe es la «pobreza de tiempos». Según explicó Carolina Llorens, integrante de la Coordinación Nacional del MNCI-Somos Tierra, las jornadas laborales rurales se extienden entre 10 y 16 horas.

“Más del 61 por ciento de las compañeras abordan lo que se llama triple jornada simultánea: realizan trabajo productivo, cuidado de niños y tareas organizativas al mismo tiempo”, señaló Llorens a ANSOL. Esta sobrecarga se traduce en niveles críticos de estrés para el 78% de las encuestadas.

Pese a que las mujeres representan el 32% de la toma de decisiones productivas, su incidencia cae drásticamente en la comercialización. Esta brecha de género afecta su autonomía económica, ya que muchas, a pesar de producir, se autoperciben solo como «amas de casa» debido a que no manejan el ingreso monetario.

El impacto del cambio climático

La crisis ambiental no es una amenaza futura, sino una realidad que ya destruye unidades productivas. El informe destaca que el 12% de los hogares sufrió pérdidas totales por eventos climáticos extremos, como sequías o granizo fuera de temporada.

Dhana, referente del MNCI en Mendoza, explicó que el cambio climático obliga a modificar roles históricos: “Muchos productores hortícolas están pasando a la apicultura porque es más rentable ante la falta de agua, lo que implica un cambio cultural drástico y forzado”.

En este contexto, la organización funciona como la principal red de contención. El 36% de los hogares utiliza al MNCI-Somos Tierra como su canal de comercialización principal, mitigando la retracción de las políticas públicas estatales en el sector de la agricultura familiar, problemática que está en debate permanentemente.

Datos clave del Informe del MNCI-Somos Tierra

Salud: El 78% reporta problemas de sueño y estrés.

Producción: El 74,7% se identifica como productor primario.

Clima: El 79% de las familias sufre las consecuencias de la sequía.

Comercialización: El 41% coloca en el mercado tres cuartas partes de lo que produce, equilibrando la venta con el autoconsumo.

El documento de acceso gratuito está disponible a partir del 17 de abril, en el marco del Día de La Lucha Campesina, en la web oficial del MNCI-Somos Tierra en tres versiones: el informe completo, una versión abreviada y un resumen ejecutivo.

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