El MNCI-Somos Tierra presentó un estudio integral sobre la crisis socioproductiva y el cambio climático. Revela que el 61% de las mujeres rurales enfrentan una "triple jornada laboral" y sufren el impacto directo de la retracción del Estado.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra) presentó en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el informe “Análisis Integral de la Situación Socio productiva con perspectiva de género”. El documento revela una realidad crítica: más del 70% de las familias relevadas perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza.

La investigación participativa, que abarcó territorios en Mendoza, Córdoba, Jujuy, Neuquén y Misiones, pone el foco en cómo la crisis económica y el cambio climático impactan sobre las mujeres campesinas e indígenas. El estudio no solo ofrece datos estadísticos, sino que funciona como una hoja de ruta para la planificación de políticas de soberanía alimentaria.

Triple jornada y «pobreza de tiempo»

Uno de los conceptos más potentes del informe es la «pobreza de tiempos». Según explicó Carolina Llorens, integrante de la Coordinación Nacional del MNCI-Somos Tierra, las jornadas laborales rurales se extienden entre 10 y 16 horas.

“Más del 61 por ciento de las compañeras abordan lo que se llama triple jornada simultánea: realizan trabajo productivo, cuidado de niños y tareas organizativas al mismo tiempo”, señaló Llorens a ANSOL. Esta sobrecarga se traduce en niveles críticos de estrés para el 78% de las encuestadas.

Pese a que las mujeres representan el 32% de la toma de decisiones productivas, su incidencia cae drásticamente en la comercialización. Esta brecha de género afecta su autonomía económica, ya que muchas, a pesar de producir, se autoperciben solo como «amas de casa» debido a que no manejan el ingreso monetario.

El impacto del cambio climático

La crisis ambiental no es una amenaza futura, sino una realidad que ya destruye unidades productivas. El informe destaca que el 12% de los hogares sufrió pérdidas totales por eventos climáticos extremos, como sequías o granizo fuera de temporada.

Dhana, referente del MNCI en Mendoza, explicó que el cambio climático obliga a modificar roles históricos: “Muchos productores hortícolas están pasando a la apicultura porque es más rentable ante la falta de agua, lo que implica un cambio cultural drástico y forzado”.

En este contexto, la organización funciona como la principal red de contención. El 36% de los hogares utiliza al MNCI-Somos Tierra como su canal de comercialización principal, mitigando la retracción de las políticas públicas estatales en el sector de la agricultura familiar, problemática que está en debate permanentemente.

Datos clave del Informe del MNCI-Somos Tierra

Salud: El 78% reporta problemas de sueño y estrés.

Producción: El 74,7% se identifica como productor primario.

Clima: El 79% de las familias sufre las consecuencias de la sequía.

Comercialización: El 41% coloca en el mercado tres cuartas partes de lo que produce, equilibrando la venta con el autoconsumo.

El documento de acceso gratuito está disponible a partir del 17 de abril, en el marco del Día de La Lucha Campesina, en la web oficial del MNCI-Somos Tierra en tres versiones: el informe completo, una versión abreviada y un resumen ejecutivo.

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El Senado aprobó la ley contra crímenes sexuales a niñas y mujeres indígenas


La normativa busca visibilizar y desnaturalizar la violencia racista que vulnera derechos de mujeres e infancias de pueblos originarios de la provincia, históricamente atacadas por criollos. También prevé un protocolo de actuación con el fin de colaborar en el acceso a la justicia de las víctimas. Por otro lado, la Cámara aprobó la prohibición de la doble afiliación partidaria.

Finalmente, la insistencia de mujeres a través de la organización de base indígena Na Nechepa (Levantémonos) logró su cometido ayer con la aprobación en definitiva, en la Cámara de Senadores de Salta, de la Ley Octorina, iniciativa que tiene el objetivo de visibilizar, desnaturalizar y prevenir la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres de pueblos originarios.

El proyecto de ley, que venía de la Cámara de Diputados con modificaciones y por eso hubo que ratificarlo, se aprobó por unanimidad, tal como había pedido insistentemente el senador del departamento Molinos, Edgardo Guaymás (del oficialismo provincial), quien se confesó con cierta “incomodidad” ante el hecho de tener que aprobar una ley para visibilizar estos crímenes de odio porque exhibe que “como sociedad hemos aprendido muy poco”.

El encargado de informar sobre el proyecto, una vez más, fue uno de sus autores, el senador por Iruya, Walter Cruz, integrante del Pueblo Kolla.

“Estos delitos no solo lesionan a una persona, sino que buscan deshumanizar a todo un colectivo históricamente vulnerado, como son nuestras comunidades indígenas”, sostuvo en el inicio. En el recinto, lo siguió con atención un grupo de mujeres indígenas, entre ellas la médica wichí Tujuay Zamora, hija de Octorina Zamora, que por años denunció la persistencia de estas prácticas de odio instauradas con la colonia. Precisamente, estos delitos afectan sobre todo a las mujeres y niñas de los pueblos del Chaco salteño, donde residen wichís, chané, qom, chorotes, tapietés y guaranís y iogys y weenhayecks.
Walter Cruz recordó, precisamente a Octorina, cuyo nombre lleva esta ley. Este camino se cimentó en el legado de Octorina Zamora, “cuya voz nos guió para visibilizar lo que muchos pretendían callar, el horror de los crímenes de odio contra nuestros pueblos originarios”, subrayó.

El senador consideró que las modificaciones de Diputados fortalecen el texto original de esta ley. En el artículo primero se especifica que las víctimas principales de estas agresiones son las mujeres, niñas y adolescentes de los pueblos originarios, “esta precisión no es menor, es un acto de justicia que reconoce la vulnerabilidad extrema de nuestras infancias y de nuestras juventudes indígenas”, sostuvo.

También se incorporó un protocolo interinstitucional de actuación, que “permitirá la detección temprana, y sobre todo, la asistencia integral coordinando acciones entre seguridad, salud, educación y justicia”. Habrá un registro de los casos que servirá de base para políticas reales, dijo.

Cientos de kilómetros para un control médico, discriminación por parte de los profesionales de la salud, negativa a que decidan sobre su propio cuerpo, afectación por agrotóxicos. Son hechos confirmados en una investigación del CELS, realizada durante dos años, con mujeres rurales de Argentina. El rol clave de las organizaciones campesinas para exigir el cumplimiento de derechos.

“Muchas mujeres resignan la propia salud por la sobrecarga en sus tareas cotidianas de sostenimiento de la vida.” La frase, que resonará en el cuerpo de toda mujer que la lea, forma parte del inicio del informe “Campesinas. Organización para la salud” elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que explora el acceso a ese derecho básico por parte de las campesinas en Argentina. La investigación muestra que la desigualdad de género se ve agravada aún más cuando esas mujeres habitan en parajes y poblaciones rurales. Los resultados son concluyentes: las malas condiciones de acceso a la atención médica, la sobrecarga en las tareas de cuidado y la falta de políticas públicas hacen que no accedan al derecho a la salud.

Una de las conclusiones del estudio es que las mujeres de zonas rurales no cuentan con disponibilidad del mismo tratamiento que en zonas urbanas, sobre todo cuando se trata de acceder a métodos anticonceptivos, controles ginecológicos frecuentes, el seguimiento de un embarazo o las posibilidades de su interrupción, y adecuada atención del momento del parto y el postparto.

La investigación, a la que se puede acceder aquí, recupera testimonios de mujeres de distintas provincias del país. En ellos se revela que, en el campo, todo queda lejos y a contramano. Las largas distancias por recorrer para llegar a un lugar de atención primaria se agrava por la falta de profesionales especializados y la imposibilidad de darle continuidad a los tratamientos.

Las conversaciones en los territorios fueron clave para relevar la realidad que viven cotidianamente. Las autoras del informe, Daiana Aizenberg y Agustina Bender, explican que estuvieron con comunidades campesinas alejadas de las capitales de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Jujuy. También visitaron la zona de Abasto, en la provincia de Buenos Aires, donde se ubica el cinturón hortícola platense.

Las dificultades se transitan de forma diferente y con distintas estrategias, pero en todos los casos las mujeres campesinas quedan más lejos de gozar de sus derechos. En ese contexto, mencionan las propias entrevistadas, las organizaciones campesinas son una respuesta fundamental para el ejercicio de los derechos negados por un Estado que pocas veces llega a las comunidades rurales.

Entre lo que dice el marco legal, que es un paraguas amplio, y las maneras en que esos derechos se garantizan, hay un trecho, resumen las autoras. “Los derechos están, pero poder acceder es una tortura” subraya Leti, una de las entrevistadas en Quimilí, Santiago del Estero.

Las mujeres de Quimilí deben recorrer 200 kilómetros hacia la capital de la provincia para acceder al hospital regional más cercano. Para las infancias, el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) Eva Perón y el Hospital de Niños son los dos establecimientos que más valoran, pero también se encuentran en la capital. El dato grafica la “tortura” que implica el lograr una atención adecuada.

La odisea para conseguir un turno

La salud depende de las condiciones estructurales de acceso. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) —recuerda el informe— esto incluye la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo, agua potable, alimentación y vivienda adecuadas”.

En las zonas rurales de Argentina, la infraestructura adecuada para facilitar la atención médica siempre queda lejos. Las distancias que deben recorrer muchas mujeres para encontrar lugares de atención impiden la consulta de control. Sólo se llega a la consulta cuando pasa algo grave. Además de los problemas y gastos que implican el traslado, la odisea no termina allí. Es habitual que los turnos no sean el mismo día. Si eso ocurre, tienen que conseguir un lugar para quedarse en la capital o, en el peor de los casos, viajar nuevamente hasta sus casas y volver en unos meses.

“Concurren a atenderse cuándo ya no pueden más del dolor. Antes que atender sus propias dolencias, les dan prioridad a los niños o a las personas adultas mayores. Resignan su propia salud, el autocuidado, por la sobrecarga de tareas.”, cuenta Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS y del relevamiento realizado. De este modo, la prevención de los problemas de salud queda absolutamente relegada.

Una de las entrevistadas (solicitó mantener anonimato), de la comunidad misionera de San Antonio, afirma: “Es tan complicado hacerse estudios médicos, que me los termino haciendo únicamente cuando estoy embarazada”. A la dificultad de las distancias, se le suma la complejidad de la logística familiar para el cuidado de su salud. Los viajes que realizan en esa provincia son de 120 a 170 kilómetros, para llegar a las ciudades de Eldorado, Puerto Iguazú y San Vicente. Allí se encuentra la mayoría de los hospitales de alta complejidad.

A las dificultades materiales se le suma la incomprensión. Las campesinas manifiestan sentirse, y con frecuencia, juzgadas por el personal de salud durante las consultas. En algunos casos reciben críticas sobre el tiempo que pasa entre una consulta y la siguiente, sin considerar la odisea que implica movilizarse. No faltan relatos que señalan también un fuerte cuestionamiento sobre el uso que ellas hacen de la medicina ancestral: “Te anulan, te hacen olvidar tu sabiduría. Después ellos se quedan sin remedios, y nosotras sin el pan y sin la torta”, dice en el informe Guadalupe, una de las integrantes de la Red Puna (en Jujuy), organización que es parte del MNCI Somos Tierra.

Ese acceso sin equidad a la salud se profundiza aún más cuando sólo se depende de la atención pública. En las zonas en las que se depende sólo de instituciones estatales, éstas se encuentran en menor cantidad y con menos complejidad para la atención. Con la cantidad de personal médico y de enfermería ocurre lo mismo.

Según los datos publicados por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (2024), aproximadamente el 32 por ciento de los establecimientos de salud del país son públicos. Sin embargo, en el NOA y en el NEA los establecimientos públicos alcanzaron proporciones que superan este promedio, con 42 por ciento y 53 por ciento respectivamente. El NEA y NOA fueron las de mayor relación de establecimientos públicos por habitantes.

Estas regiones, a su vez, tuvieron la mayor frecuencia de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), que —en algunos casos— logran achicar las distancias. Pero en la mayoría de ellos, según el relevamiento del CELS, no se cuenta con medicamentos, equipamiento ni personal médico de especialidades necesarias.

Cuerpos y vidas a la deriva

La vida sexual y reproductiva de una mujer abarca múltiples aspectos. Esos accesos inequitativos a los servicios más básicos de salud las alejan del pleno goce de sus derechos y de la posibilidad de tomar elecciones informadas sobre sus cuerpos. Lo mismo sucede con los partos y sus controles, tanto antes como luego del nacimiento.

Muchas campesinas de Santiago del Estero hacen sus controles en puestos móviles o “camioncitos de salud”. En esos casos, las distancias se achican. Pero el recorrido de estas postas móviles no siempre es constante ni frecuente. En Bernardo de Irigoyen (Misiones) y en Quimilí (Santiago del Estero), las mujeres campesinas relatan que jamás recibieron los resultados de sus estudios de papanicolau (que sirve para detectar el cáncer de cuello uterino), colposcopía (examen de cuello de útero, vagina y vulva) y mamografía, por lo que quedaron sin saber su estado de salud.

A pesar de las leyes nacionales de Parto Humanizado y de Protección Integral de las Mujeres, las campesinas relatan que los sentimientos, percepciones, experiencias y saberes sobre el propio cuerpo, muchas veces resultan ignorados durante el proceso de pre y post parto. Maltrato verbal o físico, deslegitimación, restricción de información sobre los procesos y las decisiones que pueden tomar, medicalización al momento del parto y escaso acompañamiento fueron algunos de los temas que se repitieron.

marzo 12, 2026

Morgan Ody, coordinadora de La Vía Campesina, señala las características que deben presentar las reformas agrarias del siglo XXI. Apunta a “una reforma integral”, que incluya distribuir las tierras, pero también el crédito, la maquinaria, las semillas, el conocimiento y la formación. Y marca la importancia de la unidad entre el campesinado y los pueblos indígenas para enfrentar al capitalismo y al colonialismo.

Organizaciones campesinas, pueblos indígenas y Estados fueron parte de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Ciradr+20), realizada en Colombia. El encuentro culminó con una declaración conjunta de los movimientos sociales y de los pueblos indígenas, en el que remarcaron su unidad. También expresaron que la Conferencia permitió “volver a situar la reforma agraria en el centro de la agenda multilateral“ y que "no puede haber solución a las múltiples crisis interconectadas actuales sin una reforma agraria genuina, integral y popular". Morgan Ody es la coordinadora general de La Vía Campesina. En diálogo con Tierra Viva, resaltó la importancia de distribuir la tierra de forma justa “para superar el hambre, la pobreza extrema y el impacto que el sistema económico tiene sobre los recursos naturales”.

La primera Conferencia sobre Reforma Agraria tuvo lugar en Brasil, en 2006. Dos décadas después, Ody analiza las diferencias entre cada contexto. Marca que ahora hay mayor conciencia sobre la crisis ambiental y sobre el hecho de que “los recursos naturales del planeta son limitados”. Asegura: “Eso implica un nuevo imperialismo, especialmente desde Estados Unidos pero también desde Rusia y desde otros países que quieren capturar esos recursos para su propia riqueza y acumulación“. Y agrega: “También sabemos que si no hacemos nada frente a la crisis climática y de biodiversidad, tenemos un problema muy grave para la humanidad”.

Entre 2006 y 2026 hubo avances normativos para los pueblos campesinos e indígenas. En 2007 se sancionó la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (Undrip, por sus siglas en inglés) y, en 2018, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (Undrop). “Esas Declaraciones son importantes porque reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas y del campesinado y nuestro papel en torno a un mundo que sea sostenible”, destaca.

El documento de unidad, al que adhirió La Vía Campesina, expresa su desacuerdo con la declaración final de la conferencia respecto al uso indefinido de los conceptos “comunidades locales“ y “pueblos indígenas“. Señala: “Los pueblos indígenas no deben agruparse con un conjunto indefinido de comunidades que pueden tener derechos e intereses muy diferentes“.

Sin embargo, entre la primera y la segunda conferencia, indica que prevalece “la ideología neoliberal de pensar que es normal privatizar todos los bienes comunes“. Y contrapone: “Pero los territorios son vida, no mercancías, y tienen que estar al servicio de todos, de intereses comunes. Eso estuvo presente en la Ciradr+20”.

Como aspectos positivos del encuentro, destaca la unidad proclamada entre el campesinado y los pueblos indígenas. Y añade que es necesaria una “reforma integral“, que incluya distribuir las tierras, pero también el crédito, la maquinaria, las semillas y el conocimiento.

La tierra, el agua y los territorios no son mercancías

El Banco Mundial incide desde hace décadas en la transformación de la tierra y de otros bienes comunes (como el agua) en activos que pueden comercializarse en los mercados financieros mundiales. Además impulsa falsas soluciones, como los mercados de carbono y promueve, junto al Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, megaobras como las hidroeléctricas, lo que contribuye al acaparamiento de tierras y a la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas. Estos casos se registraron en Brasil, Tailandia, Kenia, Francia, Indonesia, Corea de Sur, India, Nepal y Sri Lanka, entre otros países.

marzo 9, 2026

Hace veinte años, entre el 7 y el 10 de marzo de 2006, se celebró en Porto Alegre (Brasil) la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD). Esta conferencia histórica reunió a Estados de todo el mundo junto con movimientos sociales y actores de la sociedad civil que representaban a campesinos, pueblos indígenas y otras comunidades similares, con el fin de subrayar la importancia de las reformas agrarias redistributivas y el acceso equitativo a los recursos naturales, abordados desde una perspectiva política colectiva y basada en los derechos humanos.

Justo antes de la Conferencia, entre el 6y el 9de marzo de 2006, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP), anteriormente conocido como Comité Internacional de Planificación de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria, principal facilitador de la participación de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la ICARRD, organizó el Foro «Tierra, territorio y dignidad» , un espacio independiente y autónomo diseñado para permitir que los movimientos sociales se reunieran para debatir, articular sus posiciones y desarrollar propuestas que se incorporaran a la Conferencia.

El Foro tenía como objetivo amplificar las luchas de los movimientos sociales por la tierra, el agua, las semillas, los caladeros, los bosques y el desarrollo rural agroecológico, presentar propuestas basadas en la soberanía alimentaria sobre la reforma agraria, denunciar la represión y la violencia en los espacios rurales, al tiempo que se promovían estrategias de resistencia contra la criminalización de las luchas rurales y se cuestionaba el modelo de desarrollo imperante.

Los años siguientes trajeron consigo victorias. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra (VGGT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) se construyeron sobre los cimientos de la Conferencia de Porto Alegre.4

A pesar de estos logros, siguen existiendo retos persistentes. Dos décadas después de la ICARRD, la tierra sigue siendo una cuestión fundamental. La concentración extrema de la propiedad de la tierra, la inseguridad de la tenencia y el acaparamiento de tierras a gran escala por parte de intereses extractivos y agroindustriales siguen impulsando la pobreza rural, alimentando el hambre de más de 730 millones de personas y desplazando a comunidades, mientras que las presiones agravantes del cambio climático, la discriminación de género y la exclusión de los jóvenes amenazan aún más los medios de vida y el futuro de los pequeños productores y las comunidades rurales de todo el mundo.5

Así pues, una vez más, el Grupo de Trabajo sobre Tierra, Bosques, Agua y Territorios (Grupo de Trabajo) del CIP organizó un espacio preparatorio los días 22 y 23 de febrero de 2026 denominado «Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidos por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad», con el fin de recopilar propuestas concretas antes de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), celebrada en Cartagena (Colombia) entre el 24 y el 28 de febrero de 2026.

La ICARRD+20 tiene por objeto evaluar de manera exhaustiva los sistemas de tenencia de la tierra a nivel mundial, evaluar la aplicación y la eficacia de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y promover la reforma agraria y el desarrollo rural mediante sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles. Mediante la promoción de la cooperación internacional, especialmente en materia de justicia social y climática, la Conferencia pretende garantizar que las comunidades rurales sean reconocidas como custodias de la tierra, los territorios y los ecosistemas. 6 Al mismo tiempo, el CIP también ha esbozado su visión, en la que pide una reforma agraria basada en cuatro pilares: el reconocimiento de los derechos indígenas y consuetudinarios sobre la tierra, los territorios y el agua; la redistribución de la tierra y los bienes comunes naturales, incluyendo límites a la acumulación por parte de empresas y militares; la restitución a las comunidades desposeídas por el acaparamiento de tierras, el colonialismo, la ocupación y los conflictos; y una regulación estricta de los mercados de tierras para proteger los

El Foro de Pueblos y Movimientos Sociales se inauguró con las declaraciones de los coordinadores de los grupos de trabajo para establecer la agenda.

Saul Vicente, del Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC), lamentó que, veinte años después de la ICARRD, los movimientos sociales sigan exigiendo «tierra, territorio y dignidad», a pesar de logros como las VGGT, la UNDRIP y la UNDROP. Instó a que los derechos sobre la tierra y el territorio se sitúen en el centro de las respuestas globales a las crisis climática, alimentaria y social, y afirmó la disposición de los movimientos a ofrecer soluciones o defender los bienes comunes a través del Foro de los Pueblos en la ICARRD+20.

Nuri Martínez, de La Vía Campesina (LVC), acogió con satisfacción la decisión de celebrar la ICARRD+20 en Colombia, reconociendo el compromiso político del Gobierno con la reforma agraria y su reconocimiento constitucional de los campesinos como titulares de derechos. Identificó un enemigo común en el imperialismo y el modelo económico extractivo que amenaza tanto a las comunidades rurales como a los gobiernos progresistas de toda la región, y pidió una fuerte coordinación y una declaración audaz de los movimientos sociales para mantener y avanzar en la lucha.