Mujeres rurales, un empoderamiento que avanza por toda América Latina
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Desde la Red de Educación a Distancia y Ruralidad (REDYR) más de 4 mil personas a se capacitaron en distintas temáticas que afianzan el desarrollo rural y el arraigo territorial.
Con una visión innovadora, hace poco más de diez años nacía la Red de Educación a Distancia y Ruralidad (REDYR), con el objetivo de generar un espacio de “aprendizaje, conocimiento e intercambio, que apunte al desarrollo local y al bienestar de los territorios rurales respetando su cultura local”, explica Norma Carosio, fundadora y coordinadora General de esta red regional.
Carosio recuerda que la propuesta surgió en el año 2012 en México, durante uno de los trece seminarios anuales de educación a distancia, tecnología y ruralidad que organizó como vicepresidenta para Cono Sur (Uruguay, argentina y chile), y luego como representante legal de la oficina del CREAD en Argentina, en el marco del evento Virtual Educa. “Con la idea de generar más de un encuentro por año, propuse realizar charlas y capacitaciones para tratar diversos temas como educación, tecnología, conectividad rural, género, comunidad y comunicación”. Así, aplicó su experiencia de 22 años de trabajo en el INTA donde creó el programa de educación a distancia PROCADIS, y junto a un equipo de profesionales de distintas áreas y el apoyo de empresas, universidades e instituciones de la región, comenzó a hacer realidad su proyecto.
Surge así la propuesta de trabajar bajo la temática de género vinculada a la mujer rural como eje transversal de la Red y nace el Programa “La Mujer Rural Hoy” con el que ya llevan una década cumpliendo con el propósito de contribuir al empoderamiento y fortalecimiento de la mujer rural latinoamericana desde la educación a distancia y las tecnologías de la información y comunicación.
Esta iniciativa que hoy reúne a más de 800 mujeres, es coordinada por la oficina de CREAD Argentina (Consorcio Red de Educación a Distancia) y cuenta con cinco nodos distribuidos en Colombia, Guatemala, Puerto Rico, Uruguay y México.
Empoderar a través de la capacitación
Con la cercanía que permite la virtualidad, desde REDYR ya reunieron a más de 4 mil mujeres rurales de toda Latinoamérica que participaron de seminarios, conferencias, conversatorios y los encuentros anuales “La mujer Rural Hoy”.
Su coordinadora afirma que con cada actividad buscan afianzar “el empoderamiento de las mujeres y que puedan ver que si una lo hizo, otra puede hacerlo, sin importar la actividad o el grado de profesionalismo que cada una tenga” y agrega que al hablar de mujer rural se hace referencia a todas aquellas que estén vinculadas con la ruralidad, “ya sean profesionales, campesinas, indígenas, pequeñas o grandes productoras”.
Enfocadas en la búsqueda de un denominador común entre estas mujeres, trabajan desde la solidaridad y el acompañamiento para ofrecer herramientas que aporten a la valoración de su trabajo, su rol en el sistema agroalimentario, el cuidado de la seguridad alimentaria, la salud y el medio ambiente. “Una vez que se acordó la temática, buscamos un profesional que aporte el marco conceptual, pero además siempre tienen que haber mujeres que cuenten su experiencia en relación al tema”, dice Norma. En cada encuentro “la idea es que las mujeres puedan conocerse, dialogar entre sí, descubrir otras realidades. Nos propusimos que sea un espacio de mujeres para las mujeres”, asegura.
Todas las actividades que se realizan en REDYR son desde el voluntariado, por lo que se encuentran en la búsqueda de recursos económicos como el apoyo de empresas sponsors que les permitan sumar a una persona en el área de comunicación para coordinar las inscripciones y difusión de los cursos. “Para este año queremos trabajar el tema de ecología y medio ambiente a través de los jóvenes, con propuestas que tengan impacto en la comunidad, y de cuidados de la salud y nutrición”, expresa la referente de Argentina.
La mujer rural hoy
De acuerdo a datos compartidos por la Red, las mujeres rurales constituyen un tercio de la población global, son responsables del 43% de la producción de alimentos del mundo y el 27% lo hace trabajando en forma directa. Además, solo el 4% percibe un ingreso propio, y se rigen por leyes y prácticas que las discriminan solo por su condición de mujer.
En este sentido, Carosio detalla que “Argentina y Uruguay tienen una ruralidad muy semejante con pequeñas y medianas productores, pero al alejarnos hacia Centro y Norte América se ve más el campesinado y la población indígena y de raza negra”. Asimismo, destaca que existen elementos en común como “las dificultades que han tenido para ser valoradas en su trabajo”.
Sin embargo, en los últimos años la profesional observa que “algo que las caracteriza también es que se unen y tienden a agruparse en redes” y resalta que “están cada vez más profesionalizadas y han comenzado a salir de la producción hacia el agregado de valor”.
Sin dudas, dice, “en la mujer en general, y especialmente en la rural, hay un empoderamiento cada vez mayor. Es más consciente de quién es, de lo que puede hacer, se está fortaleciendo, se está capacitando mucho más. La mujer se está plantando mucho más fuerte, con más certezas y seguridad frente a esta realidad”. De esta forma, visibilizando las habilidades personales a través de las oportunidades que brinda la capacitación a distancia, esta red educativa pone en primer plano los valores de la ruralidad con las mujeres como protagonistas.
Por Paola Papaleo
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Sector agrícola de Colombia arrancó 2024 con el mayor presupuesto de la historia
Habrá nueva línea de crédito con beneficios en tasas de interés para pequeños, medianos y grandes agricultores
El Gobierno colombiano anunció que para 2024 hay buenas noticias para el campo, ya que se destinará más dinero que nunca para apoyar a los campesinos y mejorar la agricultura en todo el país, así lo reveló NotiCentro 1 CM& en su habitual sección Secreto CM&.
Para acceder al subsidio Renta Ciudadana debe pertenecer al grupo A del Sisbén - crédito Prosperidad Social
Este año, el Ministerio de Agricultura dispondrá de 9,1 billones de pesos, más de lo que se había invertido en años anteriores, aclaró el noticiero nacional. Especificando que estos recursos serán usados para comprar terrenos y avanzar en la reforma rural, que es una promesa muy importante que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando estaba en campaña.
En el mismo sentido, recordó que hay varios retos que el sector agrícola tiene que afrontar este año. Por ejemplo, el fenómeno de El Niño, que puede dañar muchos cultivos, pero el Gobierno quiere ayudar a los campesinos para que puedan superar estos problemas.
Uno de los planes es otorgar más dinero para que los agricultores puedan pedir préstamos a través del Banco Agrario y Finagro. Se espera entregar hasta 26 billones de pesos en 2024 para que se pueda producir más comida y mejorar la agricultura.
También se van a construir molinos y plantas donde se procesa la comida para ayudar a que los campesinos puedan trabajar mejor y conseguir más beneficios de sus cosechas.
Sobre los créditos, el Ministerio de Agricultura confirmó que en 2023 la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que es un grupo que decide sobre los préstamos en el campo, tuvo una reunión muy relevante.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y la viceministra de Hacienda, María Fernanda Valdés, acordaron crear una nueva línea de crédito para cambiar y mejorar la producción en el campo. Además, se aprobó un plan que permite entregar entre 25 y 26 billones de pesos en préstamos para la agricultura este año.
Los campesinos van a ser los más beneficiados con estos préstamos. El Gobierno quiere dar entre 4,8 billones y 5,5 billones de pesos a los pequeños productores y a quienes tienen menos recursos. Este dinero lo manejará Finagro y viene con unos beneficios especiales, como intereses bajos, para ayudar a los productores a cambiar sus maneras de trabajar, cuidar el medioambiente y conseguir que más mujeres, jóvenes y comunidades que han sufrido por el conflicto y otras injusticias puedan trabajar en la agricultura.
También habrá tasas de interés muy bajas para grupos como mujeres y jóvenes del campo, indígenas y afrocolombianos, así como para aquellas personas que están regresando a la vida civil después de haber estado en el conflicto.
Ángela María Penagos, presidenta de Finagro, sostuvo que con estas decisiones se busca que más campesinos y pequeños agricultores puedan acceder a préstamos con intereses bajos, que les ayudarán a mejorar sus cultivos y su manera de trabajar.
“Se priorizan los campesinos, campesinas y pequeños productores con un crédito barato que permita impulsar las transformaciones que requiere el sector agropecuario”, añadió.
Por último, también se entregarán más recursos para el Incentivo a la Capitalización Rural, que es un beneficio que le baja la deuda a los campesinos cuando piden préstamos para proyectos. Con esto, a un campesino que no tiene muchos recursos se le podría bajar hasta el 40% de lo que debe de su préstamo, un campesino normal hasta el 30% y uno más grande hasta el 25%.
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Asociación de Mujeres de la Tierra: «Ninguna política pública apunta a la mujer rural»
El constante aumento de la canasta básica, la violencia económica, la sequía histórica, el desmonte y la falta de políticas públicas: todos los reclamos de las mujeres rurales.
–En marco del Día Internacional de La Mujer, la Asociación de Mujeres de La Tierra (AMUTI) publicó un comunicado que resume todos los reclamos del área de género de las productoras de alimentos, flores, plantas y biodiversidad.
Como principal consigna “La deuda es con nosotras”, en el comunicado se detallan múltiples razones como justificación, nombrando problemáticas que afectan a las mujeres trabajadoras de la tierra en todo el país, como “las productoras frutilleras de Corrientes que cada vez ganan menos por su producción y gastan más en insumos dolarizados”
Rosalia Pellegrini, integrante de la comisión directiva de AMUTI, expresó a ANSOL: “Creo que hay dos puntos muy importantes que nos afectan: uno tiene que ver con el aumento de la canasta básica familiar. En nuestra organización hay muchas compañeras muchas mujeres rurales campesinas que han logrado terminar con vínculos de violencia, sin embargo, no pudieron cortar con la violencia económica de un sistema productivo”.
Asociación de Mujeres de la Tierra: "Ninguna política pública apunta a la mujer rural"
“A los precios de los insumos dolarizados y la falta de tierra también se suma la sequía, estamos en ante una crisis climática”, aseguró Pellegrini. En este sentido, comentó la situación de las trabajadoras cebolleras de Pedro Luro, cuyas producciones se mandan a Brasil y “a ellas se les siguen pagando monedas, 30 pesos el kilo de cebolla”, cuando en el pueblo se accede a “una cebolla de mala calidad a un precio cada vez más alto”.
“Estas son consecuencias del modelo productivo, la falta de planificación productiva, genera que hoy la canasta básica esté por arriba de los 160 mil pesos y por otro lado ese mismo modelo de desmonte ha deteriorado y eso está generando estas olas de calor y una sequía histórica que no da para más. Entonces nosotras decimos: Ahora es cuando reforma agraria en Argentina y un programa de reforestación nacional”, agregó la integrante de la Asociación.
Como otro punto de reclamo, Rosalia Pellegrini destacó: “Seguimos insistiendo que ninguna política pública por parte de los ministerios de las mujeres apunta a la mujer rural. Nosotras hace años que venimos planteando que políticas de igualdad tienen que traducirse en cuestiones concretas como bueno que las mujeres rurales aprendan a manejar y sacan el registro”
“¿Por qué no se puede hacer un convenio entre vialidad, entre los distintos que otorgan la licencia de conducir para que se le dé prioridad a las mujeres que viven en un territorio rural, que no tenés transporte público? Cansadas de exigirlo, desarrollamos nuestro propio curso en convenio con academias de conducción y logramos que nuestras referentes puedan hacer el curso de manejo y este año saquen el registro”, detalló Pellegrini.
Por último, la integrante de la asociación agregó sus dos ejes de trabajo fundamentales, por un lado “la agroecología para reemplazar los insumos dolarizados y dejar de producir alimento con veneno”. Y por otro, contó que están construyendo una red de mujeres productoras de plantas nativas “para proponer una política pública de reforestación nacional en el territorio ante el desmonte. La idea es que el estado le compre al sector de la economía popular las plantas para esa reforestación”.
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Se prorrogó la suspensión de desalojos de familias campesinas
Con reclamos de que se destinen más fondos, el Senado le dio media sanción al proyecto que modifica la ley que creó el Programa de Regularizacion Dominial y Asistencia al campesinado. Así se da otro plazo de un año para avanzar con este proceso.
El Senado de Salta (norte argentino) aprobó por unanimidad el proyecto de ley que modifica el artículo 9° de la Ley 7658, del Programa de Regularizacion Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales. De esta manera se prorroga por un año más la suspensión de desalojos.
El artículo 9 quedó redactado ahora de esta forma: “Suspéndase hasta el 31 de diciembre de 2024, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial”
Al momento de presentar la iniciativa, su autor, el senador Miguel Calabró (La Caldera, Evita Conducción), recordó que es “una prórroga más” de una ley “que se viene trabajando en la Legislatura hace más de diez años”. Es la intervención de la Legislatura salteña “para frenar los desalojos compulsivos, legales, de pequeños productores”. Aunque la conflictividad por la tierra se encuentra en todo el territorio provincial, la gran mayoría están concentrados en los departamentos Rivadavia y San Martín.
Calabró repasó que esa conflictividad emergió cuando el boom de la soja, el trigo, el maíz y demás cultivos extensivos, y demás emprendimientos productivos en gran escala, valorizó estas tierras. Señaló también que hay conflictos que comprenden a tierras fiscales, otros en tierras en manos de particulares que tienen títulos de propiedad perfectos y otros en tierras en manos de campesinos y campesinas que tienen la posesión por muchos años, de varias generaciones, pero no cuentan con títulos de propiedad.
"A valorizarse estas tierras", "empresas como la de Gianfranco Macri, la de Molinos Cañuelas, por nombrar algunos, pero hay muchos otros, compraban" propiedades a veces sin visitarlas siquiera, pero sabiendo que podía haber ocupantes, y luego, cuando pretendieron avanzaron con sus proyectos productivos, y desolojar a las familias poseedoras, se suscitaron los conflictos.
Con el agravante de que “Algunos jueces, fundamentalmente del distrito Tartagal", comenzaron a fallar sistemáticamente a favor de los grandes titulares registrales. Por eso urgió la aprobación de esta ley. Calabró afirmó que si no fuera por esta ley "más de 12 mil familias campesinas ya estarían desalojadas".
El año pasado, al prorrogarla por un año, la Legislatura le agregó la creación de una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que se encarga de la regularización dominial en la provincia, un proceso que viene llevándose a cabo de manera lenta, en gran parte, debido a la complejidad de estos procesos, pero también por la falta de recursos para llevar a cabo una política más activa de solución del conflicto.
El senador caldereño explicó que la prórroga se acordó solo por un año más porque "la prórroga en sí misma no resuelve el conflicto dominial”. Pero tampoco lo resuelven los fallos judiciales, y por eso es necesario poner el foco en el trabajo de la UEP, afirmó.
"Si no existiera esta ley habría una gran conflictividad", añadió. Para dar una idea, contó que ahora mismo 67 mil hectáreas se están negociando con unas 80 familias que habitan los lotes 16, 21 y 20 del extenso departamento Rivadavia. Añadió que la Unidad Unidad Ejecutora ya llevó a cabo 16 mesas en las que se sientan a negociar titulares registrales con poseedores. Y hay un caso en que un titular registral negocia con una comunidad originaria.
“(Las y los técnicos de la UEP) Van avanzando, pero necesitan más tiempo, por eso el pedido de esta prórroga”, agregó. Pero también necesitan mayor presupuesto, porque deben hacerse mensuras y planos, se necesitan vehículos para recorrer el territorio. “Este es un proceso que necesita inversión”, insistió Calabró. Esa más, considera que la UEP debería tener una oficina descentralizada, ubicada tentativamente en Embarcación, un lugar a donde poseedores y titulares puedan ir y haya un trato más cercano, que se pueda generar la confianza necesaria para avanzar en este proceso, porque, por distintas razones, “hay una gran desconfianza de los productores".
El senador Walter Wayar (Cachi, FdT), que preside la Comisión de Seguimiento del trabajo de la UEP, recordó a su turno que esta ley abarca a la totalidad de la provincia, entonces comprende distintas problemáticas y distintas formas de encararlas. Explicó que es muy difícil llegar a acuerdos entre privados, y hasta es difícil avanzar en la entrega de tierras estatales. “El resultado es escaso. Necesitaríamos otros 40, 50 años de democracia, para poder resolver el problema, al paso que vamos. Porque es una cuestión de recursos”, aseguró.
Por eso instó: “El Ejecutivo debe pensar en el presupuesto", que debe contemplar un monto que "sirva para empezar a resolver estos problemas. Lo que se necesite, en lo humano, lo tecnológico y en lo financiero". El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para que lo revise.
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Sólo tres de cada diez mujeres campesinas de América Latina tienen título de propiedad sobre la tierra en donde trabajan
A pesar de garantizar alimentos para sus familias y comunidades, la gran mayoría no tiene derechos sobre los territorios que cultiva.
Una investigación realizada por LatFem y WeEffect en torno a las desigualdades en el acceso a la tierra de las mujeres campesinas en América Latina demostró que 7 de cada 10 mujeres rurales tienen acceso a tierra para producir alimentos, pero en sólo 3 de cada 10 casos la tierra está a su nombre.
El informe “Ellas alimentan al mundo”, de reciente publicación, se centra en Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Según la Comisión Interamericana de Mujeres, que pertenece a la Organización de los Estados Americanos (OEA), las mujeres son responsables del 50 por ciento de la fuerza laboral formal de producción de alimentos en el mundo.
Sin embargo, son quienes menos derechos tienen sobre los territorios donde producen. A pesar de garantizar alimentos para sus familias y comunidades, la gran mayoría no tiene derechos sobre los territorios que cultiva.
En ese sentido, el informe explica que para que las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes se conviertan en dueñas de su tierra la mayoría tiene que enviudar, divorciarse o separarse de su pareja. En efecto, el derecho sobre las parcelas es adquirido a través de la herencia, al quedar viudas o huérfanas.
En Bolivia, esto sucede en el 38 por ciento de las encuestadas, en Guatemala representa al 24 por ciento, en El Salvador el 23 por ciento, en Colombia representa al 16 por ciento y en Honduras equivale al 14 por ciento.
El informe expresa además que entre las afrodescendientes, los registros son prácticamente inexistentes. En estas encuestas, solo ocho mujeres de este grupo aparecen como propietarias y de menos de un cuarto de hectárea.
“La falta de acceso y control sobre la tierra impacta directamente sobre la autonomía económica de as mujeres rurales, campesinas, indígenas, originarias y afrodescendientes. También repercute en el ejercicio de otros derechos económicos, políticos, sociales y culturales”, sostiene la investigación.
Testimonios
Ana Rosalía Tiul, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC) en Guatemala incluido en el informe.
“La mujer indígena tendría que tener ese título de propiedad porque es ella la que se mantiene en el hogar, es ella la que lucha, es ella la que vela por la sostenibilidad de su familia, para que a los hijos no les haga falta nada, pero para adueñarse de sus tierras tiene que quedar viuda o divorciada o separada. Solo de esa manera la mujer puede lograr su tierra: no es lo mismo tener la co-propiedad con el esposo”.
Wilma Mendoza Miro, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).
“La tierra significa todo para nosotras porque, sin la tierra, ¿dónde estoy? Nosotras siempre decimos eso: si no tenemos un espacio donde pisar suelo, no somos nadie. La tierra y nuestro territorio es fundamental, y luego podemos hablar de nuestra autonomía, de nuestro territorio personal y de todo lo demás que queramos. La tierra es vida”.
Yasmín López, coordinadora General del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) de Honduras.
“Los desalojos violentos han sido históricos en este país. Con el golpe de Estado en el 2009 se profundizó esta técnica que ya venía dándole resultado a los gobiernos neoliberales, que ha sido una forma de perseguir a los líderes y a las lideresas. La lucha por la tierra en Honduras es una cosa bien difícil, pero es también un tema de sobrevivencia”.
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