El informe “Mujeres campesinas, cuidados y crisis climática” visibiliza los graves efectos del abandono estatal sobre las mujeres.

La agricultura campesina produce el 60% de los alimentos que se consumen.

El informe “Mujeres campesinas, cuidados y crisis climática” visibiliza los graves efectos del ajuste económico y el abandono estatal sobre el tiempo y los cuerpos de las mujeres y diversidades de la agricultura familiar. El trabajo, realizado por medio de encuestas con perspectiva de género y entrevistas en profundidad a 150 familias campesinas en 5 provincias argentinas, estableció que el 66,7% de los hogares relevados cuenta con ingresos inferiores a la línea de pobreza.

El documento, presentado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST), señala que durante el último año casi 4 de cada 10 unidades productivas abandonaron al menos una producción. Los motivos principales fueron la falta de rentabilidad, la escasez de agua y los eventos climáticos extremos (sequías y heladas), lo que evidencia una alta vulnerabilidad económica y ambiental.

Frente a la escasez de agua o la precariedad económica, las mujeres realizan un mayor esfuerzo físico e incrementan los trabajos de cuidado no remunerados, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y su salud. En períodos de sequía —mencionada por el 85% de las encuestadas— se impone una carga adicional de 2 a 3 horas diarias dedicadas exclusivamente al acarreo de agua; mientras que los calores extremos, presentes en el 75% de los casos, obligan a reconfigurar los horarios laborales hacia la madrugada, disminuyendo las horas de descanso y afectando los cuidados de las personas a cargo.

Esto se traduce en un incremento de la “pobreza de tiempo estructural” que sufren las mujeres campesinas, quienes enfrentan jornadas de 16 a 18 horas de trabajo realizando dos, tres o más tareas en simultáneo, como producir alimentos, cocinar y cuidar de las infancias. Esta no es una realidad nueva: el tiempo de las mujeres de la ruralidad viene sosteniendo la falta de infraestructura básica (como el acceso al agua o al gas) y la carencia de políticas de cuidado y servicios públicos. Sin embargo, resulta alarmante comprobar la agudización de esta brecha a medida que el Estado se retira y la comercialización de las producciones campesinas se ve más afectada.

Esta simultaneidad de tareas no es una elección, sino una condición impuesta por la necesidad de sostener la vida y la unidad productiva en contextos de alta precariedad, donde el aporte económico que realizan es invisibilizado y las posibilidades de autocuidado son escasas. Así, el deterioro de la salud es otra de las variables donde impacta la asfixia económica actual sobre quienes sostienen la defensa de los territorios frente a la expansión del extractivismo.

El relevamiento pone en evidencia cómo las mujeres priorizan la vida de otros a costa del desgaste de su propio cuerpo, funcionando como la variable de ajuste final ante la ausencia de sistemas públicos de salud y la presión de la crisis climática. El 48% de las encuestadas no realiza las consultas médicas necesarias, y no por un estado de bienestar: el deterioro de la salud integral es abrumador. El 85% reportó estrés constante y el 70% manifestó sufrir enfermedades físicas, al tiempo que la mayoría expresó sentir tristeza y desánimo ante las pérdidas productivas y la migración familiar. Además, aquellas más afectadas por eventos climáticos extremos presentaron los indicadores de mayor vulnerabilidad física y psicológica.

La agricultura campesina produce el 60% de los alimentos que se consumen en el país mientras dispone de solo el 13% de la tierra cultivable. En tiempos donde la vida es amenazada y donde el avance de los extractivismos y los capitales extranjeros sobre la tierra y el agua ponen en riesgo la soberanía alimentaria, se vuelve imprescindible reconocer el rol central de las mujeres campesinas.

Es urgente redoblar los esfuerzos en el desarrollo de políticas públicas y de la infraestructura necesaria para la reconstrucción de un país que pueda garantizar un futuro para todos y todas. “La sostenibilidad de la vida no se construye a partir del sacrificio silencioso, sino del acceso efectivo a derechos, del fortalecimiento comunitario y de una redistribución más justa del cuidado y de los recursos”, concluye el informe.

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Argentina es un país federal integrado por 23 provincias y una ciudad autónoma (Buenos Aires, capital), con una población total de 45.892.285 millones de personas, según los datos del censo de 2022. Este último censo contabilizó 1.306.730 personas en viviendas particulares que se reconocieron indígenas o descendientes de Pueblos Indígenas, lo cual representa el 2,9 % del total de la población en este tipo de viviendas. A su vez, los resultados del censo determinaron la existencia de 58 Pueblos Indígenas. Legalmente poseen derechos constitucionales específicos a nivel federal y en la mayoría de Estados provinciales. Además, están vigentes, conformando el bloque de constitucionalidad, un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, entre otros.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene jerarquía supra legal (no se encuentra dentro del bloque de constitucionalidad), fue ratificado en 2000 y está vigente con estatus de tratado internacional desde 2001. En Argentina, la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se encuentran vigentes y tienen fuerza normativa.

Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí

Contexto adverso, ausencia de políticas públicas

El contexto político en Argentina es francamente adverso al reconocimiento e implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas. Las regresiones en materia de políticas han sido documentadas en un informe especial;[1] sin embargo, es pertinente insistir en la desinstitucionalización que ha significado la relocalización en el organigrama estatal del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y su desdibujamiento, en un marco estatal que ignora la existencia de los Pueblos indígenas.

De la mano de la reducción del Estado nacional, se trasladan las facultades a los Estados provinciales que habilita espacios de discrecionalidad local (por ejemplo, para explotar territorios indígenas, reconocer/desconocer esos territorios, o reconocer/desconocer personerías jurídicas, como es el caso de Neuquén). Esta dinámica no contribuye a alcanzar un piso mínimo a nivel nacional de protección de derechos indígenas. La ausencia de políticas públicas se hace sentir cuando los despojos territoriales se profundizan; cuando se insiste con la estrategia de la estigmatización/criminalización (como en los casos de Facundo Jones Huala y Pablo Colhuan Nahuel, detenidos con prisión preventiva en Chubut, o en la detención de referentes de la comunidad Wichí de la Misión Chaqueña en la provincia de Salta); o cuando se explota y contamina sus territorios.

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil obliga a revisar el rol del Estado en una problemática que tiene de rehenes a las infancias.
12/06/2026

Cada 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil nos interpela como sociedad. Nos obliga a mirar una realidad que muchas veces permanece invisible y que golpea con mayor fuerza en los sectores más vulnerables. Nos obliga, especialmente, a mirar hacia las zonas rurales, donde miles de niños y niñas siguen viendo vulnerados sus derechos más básicos.

Las cifras son contundentes. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, 138 millones de niños y niñas en todo el mundo se encuentran en situación de trabajo infantil y 54 millones realizan tareas peligrosas que ponen en riesgo su salud, su seguridad y su desarrollo integral. La agricultura continúa siendo el sector con mayor incidencia, concentrando aproximadamente el 61% de los casos registrados a nivel mundial.

Detrás de cada número hay una historia. Hay una infancia que pierde oportunidades, que abandona o retrasa su trayectoria educativa, que ve afectado su desarrollo físico y emocional. Hay niños y niñas que asumen responsabilidades que no les corresponden y que deberían estar destinadas a los adultos.

En Argentina, esta problemática adquiere características particulares. Los datos de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) muestran que el trabajo infantil tiene una incidencia significativamente mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Esto es consecuencia de desigualdades estructurales, de la falta de infraestructura básica, de las dificultades para acceder a servicios esenciales y de la ausencia de políticas públicas sostenidas que garanticen igualdad de oportunidades para quienes nacen y crecen lejos de los grandes centros urbanos.

Por eso resulta imposible abordar el problema del trabajo infantil sin hablar del rol del Estado. Su erradicación requiere decisión política, inversión pública y presencia territorial. Requiere escuelas, caminos, conectividad, acceso a la salud, programas de acompañamiento familiar e inspecciones laborales eficaces. Requiere garantizar empleo registrado y salarios dignos para los trabajadores y trabajadoras rurales, porque cuando el ingreso de los adultos no alcanza, son los niños quienes terminan pagando las consecuencias.

Infancias a la deriva

La reciente Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra volvió a poner en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de protección laboral. Allí, tras las presentaciones realizadas por las organizaciones sindicales argentinas, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT instó al Gobierno nacional a reforzar la inspección del trabajo, garantizar el diálogo social y adoptar medidas concretas para cumplir con los compromisos asumidos ante la comunidad internacional. Estas recomendaciones no pueden ser ignoradas cuando hablamos de trabajo infantil, porque la fiscalización y la presencia estatal son herramientas fundamentales para prevenir situaciones de explotación y vulneración de derechos.

En este contexto, preocupa la retirada del Estado nacional de numerosas políticas de protección social y la falta de iniciativas orientadas a fortalecer la presencia institucional en los territorios más vulnerables. También hemos asistido a discursos que relativizan el papel del Estado en la protección de derechos.

Sin embargo, cuando hablamos de trabajo infantil no hay lugar para ambigüedades: la pobreza, la desigualdad y la ausencia de políticas públicas generan condiciones que favorecen la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. El verdadero desafío consiste en garantizar empleo registrado, salarios dignos y acceso efectivo a derechos para que las familias no tengan que enfrentar esa realidad.

La Argentina ha ratificado los Convenios 138 y 182 de la OIT, que establecen la edad mínima de admisión al empleo y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Estos compromisos internacionales no pueden convertirse en declaraciones vacías. Deben traducirse en acciones concretas y sostenidas que coloquen a la niñez en el centro de las prioridades públicas.

La defensa de las infancias rurales es una responsabilidad colectiva. Por eso acompañamos iniciativas como los Centros CRECER impulsados por RENATRE, espacios de cuidado, contención y acompañamiento para hijos e hijas de trabajadores rurales durante los períodos de cosecha y mayor demanda laboral.

Del mismo modo, defendemos y promovemos el fortalecimiento de las escuelas rurales, una herramienta fundamental para garantizar derechos, prevenir el trabajo infantil y generar oportunidades de desarrollo en comunidades que muchas veces se encuentran alejadas de los grandes centros urbanos. Cada escuela abierta y cada espacio de cuidado representan una oportunidad concreta para construir un futuro con más igualdad.

Los trabajadores rurales conocemos mejor que nadie las dificultades que atraviesan las comunidades del interior profundo. Sabemos que donde falta una escuela, un centro de salud, un camino transitable o una oficina pública, los derechos se vuelven más frágiles. Por eso el movimiento obrero organizado seguirá siendo una voz activa en la defensa de las infancias rurales, impulsando políticas de protección, denunciando situaciones de explotación y promoviendo oportunidades para las nuevas generaciones.

La deuda con las infancias rurales no se salda con discursos. Se salda con inversión pública, educación, salud, infraestructura, trabajo registrado y presencia estatal. Ese es el camino que la Argentina necesita recorrer si realmente pretende erradicar el trabajo infantil.

Desde UATRE seguiremos trabajando junto a las familias rurales, las organizaciones sociales, la comunidad educativa y todos los actores comprometidos con la defensa de los derechos de la niñez. El movimiento obrero tiene una responsabilidad histórica en esta tarea: proteger a quienes más lo necesitan y construir condiciones para que las futuras generaciones tengan más oportunidades que las anteriores. Porque la infancia no trabaja. La infancia estudia, juega, aprende y sueña. Y esos derechos deben ser garantizados por una sociedad y un Estado presentes.

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Delegados brasileños e invitados de otras naciones acuden al Encuentro del Movimiento de los Pequeños Agricultores. Intercambian experiencias y consolidan una estrategia común frente a los desafíos globales. 12 de mayo de 2026

El Encuentro Nacional del Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA) inició en Brasilia con la participación de 100 delegados provenientes de 20 estados de Brasil. Los asistentes, muchos de los cuales viajaron durante tres días para alcanzar la capital federal, reafirmaron durante los debates de este lunes la importancia del campesinado en la protección de la naturaleza y la vida del pueblo brasileño.

El MPA centró su segunda jornada en la construcción de la soberanía alimentaria como respuesta a la crisis climática y el avance de la agroindustria. Activistas, investigadores y representantes del Gobierno Federal reforzaron la necesidad de fortalecer los territorios campesinos para garantizar una vida digna.

Durante el panel, los ponentes reafirmaron que no existirá soberanía nacional mientras el modelo agroindustrial mantenga su vigencia, proponiendo la agroecología como un proyecto político estratégico para el país, priorizando la producción de alimentos sanos y la defensa de la dignidad en el campo.

Este espacio de articulación internacional, que concluirá el próximo 14 de mayo, busca definir acciones conjuntas entre campesinos de Latinoamérica y el mundo para fortalecer la soberanía alimentaria. La reunión marca además el 30 aniversario del movimiento y rinde un homenaje especial a Frei Sergio (1954-2026), líder histórico de la organización quien falleció hace pocos meses.

Brasil: Movimiento de Pequeños Agricultores inicia cuarto encuentro nacional en Brasilia

Durante las jornadas de trabajo, los delegados internacionales aportan visiones regionales que enriquecen la lucha por la tierra y el acceso a recursos básicos.

Por su parte, Letícia Turra, directora de la ONG Fase, destacó que la destrucción ambiental y las desigualdades sociales derivan directamente del modelo de producción actual.
La cobertura especial desde la capital brasileña destaca este encuentro como un hito para la unidad de los movimientos populares. Los organizadores enfatizan que la protección del medio ambiente y la alimentación de las mayorías dependen directamente del fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina frente a los modelos extractivistas y depredadores de la naturaleza.

Denunciaron que la agroindustria genera el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil mediante la concentración de tierras y el uso intensivo de pesticidas. En contraposición, las comunidades rurales presentaron un plan basado en la autonomía comunitaria y la preservación de semillas y suelos, calificando esta labor como una acción revolucionaria para la conservación del medio ambiente.

Asimismo, el coordinador nacional del MPA, Leomárcio Araújo, recalcó que la comida representa un derecho sagrado y patrimonio del pueblo, rechazando su tratamiento como simple mercancía. Antônio Barbosa, líder de Articulación Semiárido Brasileño (ASA), defendió la reforma agraria como una necesidad urgente para solucionar los problemas estructurales de distribución y acceso.

El encuentro concluyó con un llamado a generar autonomía territorial para evitar que corporaciones multinacionales controlen la producción de alimentos, situando la vida y el cuidado de la naturaleza en el centro del debate político.

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Los reclamos por tierras fueron identificados por Amnistía Internacional mayoritariamente en la Patagonia, pero también hay en el NEA y NOA. Actualmente existen al menos 5 millones de hectáreas en disputa
Iván Ruiz Sandra Crucianelli

La tensión con la comunidad mapuche en Villa Mascardi es apenas un ejemplo de un fenómeno en aumento que, por ahora, el Estado no puede resolver: los conflictos con las comunidades indígenas crecieron como nunca antes en los últimos años. Los reclamos de los pueblos originarios aumentaron un 74% en el período 2015-2020 y los especialistas aseguran que la conflictividad continúa en ascenso.

Motivados por su histórica demanda para que el Estado reconozca tierras ancestrales, estas comunidades mantienen abiertos por lo menos 319 reclamos. Ninguno de los espacios políticos que gobernaron el país en los últimos años pudo resolver este problema que, en algunos casos -como ejemplifica el conflicto con los mapuches-, se volvió una bomba de tiempo.

La información analizada se desprende de un relevamiento realizado por Amnistía Internacional para su proyecto Territorio Indígena, que se realiza sobre los reportes de las propias comunidades y sobre investigaciones de esta organización. El estudio indica que allá por 2015 había 183 conflictos relevados a lo largo de todo el país. Dos años después, ya con Mauricio Macri en la Casa Rosada, ese número creció hasta los 225 conflictos y, con los últimos datos disponibles, la cifra trepó hasta los 319.
Como ya ocurrió en los últimos años, otra crisis con los mapuches en Villa Mascardi volvió a darle visibilidad al tema esta semana e incomodó al gobierno de Alberto Fernández. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta calificó como “gravísimo” el desalojo de la comunidad indígena que culminó con mujeres y niños detenidos por las fuerzas de seguridad. Después, renunció a su cargo.

Aunque en los últimos años el reclamo de los mapuches es el más recordado por distintos hechos de violencia, las demandas indígenas que motivaron intervención policial son la minoría. Amnistía Internacional indicó que menos del 15% de los reclamos que registraron llegaron a contar con intervención policial, desalojos, criminalización o algún tipo de violencia. El mapeo realizado por esta organización es apenas un punto de partida que tiene como objetivo visibilizar esta problemática, pero no incluye todos las demandas de pueblos originarios del país, indicaron.

Casi el 60% de esos reclamos indígenas tienen como objetivo el reconocimiento de tierras en distintas provincias del país. Esta es una problemática que no afecta sólo a la Patagonia, sino que atraviesa de Norte a Sur distintos puntos de Argentina. El total de la superficie afectada por los conflictos resulta de casi 5 millones de hectáreas.

¿Por qué está en aumento la conflictividad? Desde Amnistía explican que el gran detonante es el crecimiento de actividades como la minería, la agricultura y la explotación petrolera, así como la venta de tierras rurales a privados tanto argentinos como extranjeros. Todos estos procesos avanzan sobre tierras que las comunidades reclaman históricamente. Ante esta situación -indican- el Estado no ofrece espacios de diálogo con los pueblos indígenas para solucionar estos conflictos.

Los conflictos por provincia

Entre Neuquén (42 reclamos), Chubut (21) y Río Negro (20) suman casi un cuarto del total de los conflictos del país, la zona más caliente por las demandas de los pueblos originarios que registraron en los últimos años con hechos de violencia. El tema se instaló en los medios en agosto de 2017 cuando Santiago Maldonado murió ahogado después de que Gendarmería reprimiera a los manifestantes del Pu Lof en Cushamen, provincia de Chubut.

Aunque el conflicto de la comunidad mapuche en el Sur visibilizó esta problemática a nivel nacional, el Norte del país acumula mayor cantidad de conflictos abiertos y, muchos de ellos, registraron a lo largo de los años alguna intervención de las fuerzas de seguridad y, por ese motivo, fueron calificados como reclamos “violentos” por la organización.

En el NOA, Salta (35 reclamos), Jujuy (25) y Tucumán (17) también suman casi la cuarta parte del total de las protestas de los pueblos originarios a nivel nacional. La mayoría de los reclamos que requirieron intervención de las fuerzas de seguridad en algún momento de los últimos años se concentraron en las afueras de San Miguel de Tucumán, como el conflicto con la comunidad india Quilmes en Amaicha del Valle. También se registraron otros reclamos de este tipo entre el Río Bermejo y la frontera salteña con Bolivia.

En el NEA, Formosa (26 casos), Misiones (27) y Chaco (16) también aparecen como otra de las regiones con diversos conflictos entre el Estado y los pueblos originarios. Las Lomitas, en Formosa, es una de las más conflictivas de esa región, según el relevamiento de Amnistía Internacional. Esa zona fue, además, el escenario de la “Masacre de Rincón Bomba” una matanza que sufrió la comunidad pilagá en 1947. La Justicia decidió hace tres años que aquel ataque de la Gendarmería fue un crimen de lesa humanidad y ordenó distintas medidas de reparación, como becas estudiantiles, fijar la fecha homenaje a las víctimas en el calendario escolar y construir un monumento, entre otras.

Después de los reclamos territoriales, las protestas ambientales representan un 13% sobre los conflictos registrados por esta organización. Salta es la provincia que más reclamos acumula en ese sentido, en especial quejas que incluyen desde desmontes, la construcción de gasoductos o la intervención de empresas mineras y petroleras en las tierras de las comunidades consideran suyas.

“Si la mayoría de los conflictos tienen como denominador común la falta de resolución de los reclamos territoriales es porque la ley que se había propuesto hacer este relevamiento no avanzó con los compromisos dispuestos en 2006. Fue una ley muy relevante porque por primera vez hubo una voluntad política para conocer sus reclamos, pero después nunca se avanzó en ese reconocimiento territorial”, Paola García Rey, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

La especialista se refiere a la ley de Emergencia Territorial Indígena aprobada en 2006 mediante la cual el Estado se comprometía a hacer un relevamiento sobre los reclamos de los pueblos originarios en los cuatro años posteriores a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pero el censo nunca se terminó de ejecutar (se relevó al 43% de las comunidades inscriptas) y la ley fue nuevamente prorrogada el año pasado. Infobae contactó al INAI, pero las autoridades prefirieron no hacer comentarios.

“Es una bomba de tiempo que siempre está a punto de estallar. Los casos van a seguir creciendo en cantidad y en violencia. El mundo privado avanza con proyectos y las comunidades no cuentan con herramientas para protegerse. Brindar seguridad jurídica en los territorios es clave para pacificar estos conflictos tan convulsionados. El Estado tiene un compromiso para recorrer el territorio y generar instancias de diálogo para el reconocimiento de sus reclamos y, así integrar a las comunidades indígenas. Hoy, en cambio, la única respuesta es el choque constante”, agregó García Rey.

Casi un millón de personas en Argentina se identifican como indígenas o descendientes, según el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA por sus siglas en inglés). El Estado ha reconocido oficialmente a 35 pueblos indígenas, lo que implica la asignación de derechos constitucionales tanto a nivel nacional como a través de las provincias.

“Las tensiones y los conflictos sobre los reclamos territoriales de los pueblos indígenas empeoraron desde 2017. El Estado argentino no garantiza ni hizo cumplir los derechos indígenas sobre la tierra y, además, criminalizó a los miembros de las comunidades indígenas”, indicaron desde la organización.

El conflicto en Villa Mascardi

El mensaje de la comunidad mapuche en medio de las tomas en Villa Mascardi

Las afueras de la ciudad de Bariloche es una de las zonas más conflictivas del país con siete reclamos, muchos de ellos que registraron antecedentes de violencia. El caso más recordado ocurrió en noviembre de 2017, cuando el manifestante mapuche Rafael Nahuel murió tras recibir un disparo en medio de la represión de la Prefectura Naval en un sector montañoso de Villa Mascardi.

La jueza federal de Bariloche, Silvia Domínguez, envió a juicio oral a cinco integrantes de la fuerza especial Albatros de la Prefectura por la muerte de Nahuel. El conflicto por las tierras en Villa Mascardi, ubicadas a 35 kilómetros al sur de Bariloche, genera desde hace varios años tensión entre habitantes de la zona y el asentamiento de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

Esa tensión volvió a tener otra escalada de violencia esta semana. Dos nuevas tomas de tierras y un atentado incendiario sobre una casilla de Gendarmería despertaron las alertas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que armó una fuerza unificada que intervino en el conflicto para desalojar a la comunidad mapuche.

“Estamos recuperando territorio mapuche, donde vivieron nuestros antepasados, y recuperando nuestra vida mapuche”, dijeron dos de sus integrantes en un video que se encargaron de compartir a través de las redes sociales.

Más de 100 vehículos participaron el domingo pasado de una caravana organizada por un grupo de vecinos de Bariloche con el objetivo de llegar a Villa Mascardi, para manifestarse en contra de las ocupaciones de supuestos mapuches y los hechos vandálicos en la zona. La ex ministra Patricia Bullrich se sumó a la movilización, que fue frenada por la policía de Río Negro para evitar un enfrentamiento con los mapuches.

La intervención del comando unificado de las fuerzas de seguridad terminó esta semana con las ocupaciones de tierras en Villa Mascardi en un operativo que contó con decenas de detenidos, entre ellos, siete mujeres y cinco menores de edad. “No ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño”, dijo el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

El operativo tuvo su costo para el gobierno. Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad renunció a su cargo después de cuestionar el accionar de las fuerzas policiales. “La situación es sumamente preocupante. Es gravísimo”, había anticipado en una entrevista por la detención de mujeres y niños en el desalojo. Horas después presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae (fuente de este artículo) relevó el repositorio del proyecto Territorio Indígena y al mismo tiempo solicitó información detallada a Amnistía Internacional Argentina, que desde 2014 viene relevando los conflictos indígenas en el país.

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