La erradicación forzosa de plantaciones de coca en Colombia

El Gobierno de Iván Duque intensifica el combate contra los cultivos ilícitos en la cuarentena, mientras productores cocaleros salen de sus casas a impedirlo y se enfrentan a la Policía. Ya hay dos muertos
Bogotá 2020

Mientras las grandes ciudades en Colombia están volcadas a la crisis del coronavirus, en el campo colombiano se libra otra batalla que ya ha dejado dos cultivadores de hoja de coca muertos y un policía herido. De acuerdo con varias asociaciones de productores, durante la cuarentena el Gobierno de Iván Duque ha intensificado la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y los campesinos han salido de sus casas, donde cumplen el aislamiento obligatorio, para evitar que les arranquen las hojas.

Primero fue el indígena Ángel Artemio Nastacuas quien murió en Tumaco, sur del país, después de enfrentamientos con la Fuerza Pública que acompaña a las brigadas encargadas de la erradicación; pero la resistencia se ha presentado en varias regiones. En el otro extremo, en la frontera con Venezuela, otra víctima mortal fue Alejandro Carvajal, un caso por el que se investiga a un soldado que le disparó con su arma de dotación.

La Coalición de Acciones para el Cambio, que reúne a 11 organizaciones civiles del país ha detectado que durante el aislamiento obligatorio por la covid-19, el Ejército ha realizado operativos de erradicación forzada en siete departamentos. La organización solicitó al Ministerio de Defensa que se suspendan para “garantizar el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas”. El Ministerio les respondió que no interrumpirán las operaciones militares.

Colombia tiene 169.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, a cierre de 2018, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). Dada la magnitud del fenómeno, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC contempló un programa de sustitución voluntaria de la coca en algunos de los territorios con más sembrados. Cerca de 100.000 familias campesinas se acogieron a él y arrancaron sus propias matas a la espera de lo prometido por el Estado. Sin embargo, la transición entre la Administración de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque supuso un viraje de la política antidroga. El actual Gobierno privilegió la erradicación forzosa en lugar de la sustitución voluntaria, y apostó por el prohibicionismo y el retorno de la aspersión aérea.

El coronavirus no detiene la violencia en Colombia

Desde la frontera con Venezuela, Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Acamcat), cuenta que muchos de los que hoy “se van detrás del Ejército a impedir la erradicación” son campesinos que creyeron en el Gobierno, firmaron los acuerdos colectivos de sustitución de cultivos en 2018 y, tras sentirse abandonados y sin sustento económico, volvieron a sembrar cultivos ilícitos. “En Sardinata, Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, son cerca de 1.500 familias productoras de hoja de coca que se habían comprometido a sustituir. Ni el Gobierno de Santos ni el de Duque han hecho la tarea completa ni han cumplido con la segunda parte del proceso”, afirma. Precisamente estos productores llevaban varios días de protesta en las carreteras cuando el Ejecutivo decretó la cuarentena por el coronavirus. Por temor al virus decidieron detener las manifestaciones y aislarse en sus casas.

La preocupación por un posible contagio de coronavirus es otra de las razones que argumentan los pobladores para pedir que se detengan las erradicaciones forzosas. Temen que los erradicadores, civiles contratados por el Gobierno, les lleven el virus desde las ciudades. Y a su manera, intentan protegerse de la covid-19. En El Capricho, un pequeño poblado del selvático departamento del Guaviare, los campesinos instalaron un puesto de control donde desinfectan a los vehículos que abastecen de comida y la ponen en cuarentena durante 12 horas en una casa. En esa zona, como explica Olmes Rodríguez, líder de Asocapricho, antes raspachín de hoja de coca y ahora defensor de bosques, unas 6.000 familias cambiaron sus cultivos de forma voluntaria pero luego no les cumplieron con el dinero para el recambio a otros productos.

La realidad es similar en los departamentos de Córdoba, Chocó, Cauca y Caquetá, pero en otras zonas como Putumayo y Nariño, en frontera con Ecuador, la violencia de los grupos armados suma dramatismo a la ecuación. Durante los primeros días de la cuarentena fue asesinado en Putumayo, Marco Rivadeneira, uno de los líderes más visibles de la sustitución de cultivos ilícitos. Los armados les cobran a los líderes haber intentado abandonar la hoja de coca. Y en Nariño, los choques entre los cocaleros y el Ejército cada vez son más fuertes. “Nunca la erradicación forzada va a ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia. Hoy tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como la covid-19, las amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y las agresiones desmedidas contra los indígenas”, expresó a través de un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá y exigió investigaciones tras la muerte de su compañero en el cultivo de hoja de coca.

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SALVADOR MILLALEO, ABOGADO MAPUCHE: “La nueva Constitución chilena debe resolver la exclusión política del pueblo mapuche”

A menos de dos meses del plebiscito constitucional, el académico mapuche dice que “Chile puede tener su propia ruta hacia la plurinacionalidad”

Santiago De Chile SEP 2020

Chile se prepara para el plebiscito constitucional del 25 de octubre, cuando determinará si reemplaza o no la Constitución vigente desde 1980, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los más de 14 millones de ciudadanos habilitados para votar, además, decidirán quiénes la redactarán: si 155 personas especialmente elegidas o una convención mixta, compuesta también por parlamentarios. A menos de dos meses del referéndum, existe un asunto central que todavía no ha sido resuelto por el Parlamento chileno: si los pueblos indígenas, que representan el 13% de la población, tendrán o no escaños reservados en el órgano de decisión. Justamente cuando en la Araucanía se vive una nueva escalada de violencia –con camioneros protestando por seguridad, bloqueando rutas y poniendo en peligro el abastecimiento–, la representación de los mapuches en una posible asamblea es un aspecto de especial relevancia para quienes apuntan a desactivar el conflicto atacando una de sus causas remotas: la exclusión política.

Es lo que explica el abogado mapuche Salvador Millaleo (Talca, 1973), uno de los más reconocidos expertos en asuntos indígenas, integrante de diversos grupos que ya debaten sobre los contenidos de una eventual nueva Constitución. Militante socialista, académico de Derecho de la Universidad de Chile con doctorado en Sociología en Bielefeld, Alemania, indica que de los 155 convencionales de la eventual convención constitucional –la opción que ganaría, de acuerdo a las encuestas–, deben sumarse 23 representantes de los nueve pueblos originarios.

“Lo central es que se asegure la participación a través de un principio de justicia política. La de las mujeres fue asegurada por la paridad, porque representan la mitad de la sociedad. En el caso de los pueblos indígenas, por lo tanto, debe corresponder a su proporción demográfica, el 13%”, explica Millaleo, al teléfono desde su casa en el municipio de La Florida, en la zona sur de la capital, Santiago. “El problema es que en Chile nos han acostumbrado a pensar que los pueblos indígenas son el 2% o 3%, porque vivimos en una sociedad que quiere pensarse a sí misma como no indígena. Pero es un porcentaje muy relevante, parecido al de México, que está en algo más del 15%”, reflexiona.

Si no es así, el proceso constituyente quedaría “bastante cojo”, según Millaleo, que informa que del 13% de población indígena que tiene Chile, un 10% es mapuche (es decir, unos 1,7 millones de personas). “Uno de los motivos declarados del estallido social de octubre pasado en Chile fue la exclusión de los pueblos indígenas. En las calles, la bandera mapuche fue la más usada, el símbolo de todo el resto de las injusticias. Por lo tanto, sería poco explicable que en una nueva Constitución –un proceso que se abrió justamente a causa de este movimiento­ de protesta–, no hubiese una preocupación central por la representación de los pueblos originarios”. Para el abogado, que integra como consejero el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en octubre “se produjo una suerte de empatía” entre los chilenos y las etnias originarias: “Todo lo que denunciaban ­los mapuches –las agresiones por parte de carabineros, las violaciones de los DD.HH., la represión innecesaria– los manifestantes lo vivieron en carne propia en el estallido social”.

Ciudadanos de segunda categoría

El abogado hace historia y se remonta a la formación del Estado. Explica que se trata de “un problema político, de poder, entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche y que, por lo tanto, debe resolverse como tal”. De acuerdo con Millaleo, lo que ha ocurrido hasta ahora es más bien una exclusión de los pueblos indígenas: “Nominalmente son ciudadanos, pero la forma en que se construyó el Estado determina que son de segunda categoría y que para ser plenamente chilenos, tienen que dejar de pertenecer a su pueblo”. Es un asunto que está en la raíz de todos los conflictos, según el académico: “Si bien hay pobreza y violencia étnica, ambas han sido más bien una consecuencia de la exclusión política. Por ello, la nueva Constitución chilena debe resolver la exclusión política del pueblo mapuche y de los otros pueblos originarios”.

Chile tuvo una historia común con otros Estados coloniales. Pero a diferencia de otros países como Estados Unidos y muchos latinoamericanos, “Chile no logró consolidar un momento para empezar a revertir esta historia”. Por el contrario, señala Millaleo: “Los países democráticos comenzaron a compensar a los pueblos indígenas, a restaurar sus instituciones, a respetar sus culturas y –si bien en todas partes hay desigualdad–, los Estados han generado políticas inclusivas”. Sucedió en Latinoamérica desde los años ochenta, cuando Nicaragua debutó con una Constitución avanzada respecto de sus etnias. En paralelo, sin embargo, en Chile hace cuarenta años nacía la Carta Fundamental vigente. “La Constitución de 1980 fue mucho más rígida que todas las otras constituciones y no ha permitido hasta hoy un reconocimiento institucional de los pueblos indígenas. Su modelo neoliberal ha profundizado la pérdida de tierras y el empobrecimiento”.

Millaleo se refiere al modelo económico extractivo que empujó la dictadura militar y a la instalación de las forestales, mineras, salmoneras, pesqueras que, desreguladas, generan desarrollo económico, pero muy desigual: “Perjudican a muchas comunidades y al entorno natural y profundiza un conflicto de raíces históricas profundas”, cuya expresión más visible en los últimos años es la lucha por las tierras, dice. El abogado reconoce que los gobiernos de la democracia realizaron avances desde 1990, pero que “la elite no ha tenido la decisión de terminar con la exclusión”. “Si se afirma querer erradicar la violencia, el sistema político chileno debe abrir un camino a una solución genuina, porque los que ha abierto hasta ahora, en lugar de resolver el conflicto, lo escala aún más”, indica.

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Tres indígenas mueren por disparos de la policía en Perú

Las muertes se producen durante una protesta contra el Estado por falta de atención en salud en la Amazonía

Un grupo de indígenas llevaba seis días de protesta contra el Estado en la región amazónica de Loreto, debido a la falta de atención de salud y medicinas en plena pandemia. “Amigo policía, la huelga no es contigo”, clamaban desde el primer día. La mayoría eran jóvenes de la etnia kukama. Al no obtener respuesta del Estado, la noche del sábado los manifestantes amenazaron con ocupar la sede de la empresa canadiense Petrotal, que opera en esa zona petolera. La madrugada del domingo, día internacional de los pueblos indígenas, la policía antimotines mató a tres manifestantes e hirió a otros diez, cuatro de los cuales están en estado crítico, según las autoridades sanitarias locales. Seis policías resultaron heridos.

El Ministerio de Interior reportó que unas 70 personas se apostaron el sábado por la noche en la entrada de la empresa petrolera, ubicada en el Lote 95. Según la versión oficial, algunos pobladores usaban “retrocargas (perdigoneras) y demandaban la paralización de las labores del campamento petrolero”.
Interior señaló que “al no llegar a un acuerdo, los pobladores habrían realizado disparos impactando en un efectivo policial”. El presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), Jorge Pérez, rechazó que los manifestantes portaran armas. “Nadie llevó ningún tipo de arma, como siempre en todas nuestras luchas se han usado lanzas, que son herramientas de defensa tradicional. Por eso estamos pidiendo que la fiscalía haga una investigación sobre estas muertes, nosotros como federación indígena también vamos a investigar”, comentó desde Iquitos, capital de Loreto.

”Es una mentira, los policías han lanzado una especie de bombas en la oscuridad, por eso entre ellos se han herido. Nosotros solamente hacemos la protesta con lanzas. Siempre es así: cuando queremos hacer un bien para nuestros hermanos somos vulnerados, nos responden así. Si no salimos a protestar nunca nos contestan: siempre vivimos abandonados, nos insultan que somos unos indios”, relató a EL PAÍS Agnita Saboya, presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas del Marañón, quien participó de la protesta desde el miércoles.

Saboya, de 38 años, es una indígena del pueblo kukama que vive en la comunidad nativa Cuninico, afectada en 2014 por un derrame petrolero del Oleoducto Norperuano. En solidaridad con las comunidades cercanas del Lote 95 se sumó a los reclamos, pese a que vive lejos de allí. “Desde mucho antes de la pandemia vivimos con enfermedad y el Estado no nos apoyaba con nada”, añadió la lideresa.

Loreto fue la región amazónica cuyo sistema de salud colapsó a inicios de mayo debido a la alta propagación del nuevo coronavirus, la precariedad de los establecimientos sanitarios, la falta de oxígeno y de equipos de bioseguridad, y el contagio del personal médico.

En la provincia de Requena, donde se ubica el Lote 95, la mayoría de la población es indígena. Según la Dirección de Salud de Loreto, hasta el 7 de agosto eran 935 personas infectadas en Requena, y 80 en el distrito de Puinahua, donde se ubican las comunidades cercanas al lote petrolero.

Demandas no atendidas

El presidente de Orpio explicó que aunque el Lote 95 es de reciente operación y no hay derrames de petróleo, está pendiente una agenda que el Estado no ha cumplido desde 2018. ”En la cuenca del río Puinahua no hay ningún apoyo directo ni en la pandemia ni en otro momento. El petróleo sale de acá pero es un abandono total, a raíz de eso las comunidades han planteado que un 5% de la producción del hidrocarburo se pueda destinar a algún mecanismo para la lucha contra la pobreza. Han pedido reuniones, llegó la pandemia y se ha suscitado la represión”, anotó Pérez.

”La atención médica ha sido pésima, escasa e inoportuna. Aún no termina la pandemia, y en la cuenca del río Urituyacu los niveles de la enfermedad están muy fuertes, todo esto se agudizó con los impactos de la explotación petrolera. Por eso las comunidades afectadas por la contaminación y la falta de remediación de los pasivos ambientales se han solidarizado con este pedido de la población cercana al Lote 95″, refirió el líder de Orpio.

El defensor adjunto de conflictos sociales, Rolando Luque, dijo a EL PAÍS que en abril de 2019 la Defensoría del Pueblo registró la plataforma de lucha de las comunidades cercanas al Lote 95. “Los pedidos son principalmente dirigidos al Estado: sobre construcción de establecimientos de salud, instalación de energía eléctrica, entre otros. Pero no se han dado pasos concretos en ese plan de cierre de brechas anunciado por el ex primer ministro Vicente Zeballos”, detalló.

“Es lamentable la respuesta del gobierno peruano en el día de los pueblos indígenas, estamos de luto por tres hermanos que han caído pidiendo atención sanitaria”, declaró a este diario Lizardo Cauper, presidente de Aidesep, la principal organización de pueblos amazónicos. La tarde del domingo, una comitiva encabezada por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, integrada por un funcionario del Ministerio de Energía y Minas y otro del Ministerio de Salud viajaron a Loreto para dialogar.

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América Latina. Importante llamamiento de los pueblos originarios, afrodescendientes y las organizaciones populares del continente

La crisis que globalmente ha provocado el COVID-19 nos presenta una encrucijada a los pueblos de Abya Yala – América Latina. Las organizaciones populares somos la primera línea de resistencia frente a las peores expresiones del sistema en descomposición:

Estamos atravesando una crisis integral que amenaza la vida en todas sus formas. El COVID-19 se transformó en pandemia en un momento de agudización de la crisis capitalista y de reiterados intentos desde el poder económico de que la clase trabajadora cargue con la recomposición de la tasa de ganancia empresarial; que confluye con el debilitamiento de los sistemas de salud, el deterioro de las condiciones de vida y el despojo de lo público como resultado del giro neoliberal. La asfixia a la que nos someten la deuda externa, los organismos internacionales y el agobio permanente del imperialismo contra nuestra soberanía le dan forma a un escenario que anticipa las graves consecuencias.

En una América donde nos negamos a aceptar los ajustes estructurales y el desembarco de nuevas políticas imperialistas, y donde nuestros pueblos han encarnado importantes levantamientos populares en los últimos meses, la pandemia se ha convertido en una excusa para legitimar la presencia de las fuerzas armadas en nuestros territorios e implementar medidas de ajuste y el deterioro de las condiciones de existencia de la clase trabajadora. Asimismo, esta crisis puso de manifiesto nuevamente la brutalidad de la violencia patriarcal sobre las mujeres y disidencias sexuales, así como la exclusión histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes expuestos a enfrentar la pandemia en condiciones de vulnerabilidad extremas.

Como es la mejor tradición de nuestra gente, somos las organizaciones del pueblo, obreras, campesinas, de pueblos originarios, feministas, afrodescendientes, piqueteras, de pobladoras/es, las que estamos poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón en desarrollar respuestas inmediatas, pero también a proyectar los lazos comunitarios y de unidad popular, territorial y regional, que alimentemos durante esta batalla, serán parte del tejido que construya los horizontes de transformación en Abya Yala.

Ante la falta de vivienda construimos casas; ante la falta de trabajo organizamos cooperativas, recuperamos fábricas y enfrentamos cierres, despidos y suspensiones; ante el ataque patronal peleamos por mejores condiciones de trabajo; ante la falta de educación generamos escuelas; ante la opresión hacia las mujeres y disidencias construimos feminismos populares; ante la explotación construimos organización sindical de base y luchamos contra la precarización y por salarios dignos; contra el hambre construimos comedores y merenderos populares; ante la crisis climática desarrollamos la agroecología; frente al monocultivo y el monopolio de los alimentos, construimos territorios campesinos agroalimentarios para garantizar la soberanía y autonomía alimentaria; ante la militarización, el paramilitarismo y el narcotráfico hacemos sustitución de cultivos y luchamos por la paz. Nuestra alternativa es de vida contra los que nos proponen muerte.

Frente a la política de fronteras cerradas y de fragmentación, y frente a la xenofobia y el neofascismo que proponen desde arriba, retomamos el horizonte de la solidaridad continental y la unidad de los pueblos.

Frente a las políticas de los y las capitalistas, para usar la crisis como revestimiento del ajuste, profundicemos y replanteemos nuestras luchas históricas por la defensa de los territorios, la vida y la socialización de las riquezas, construyamos poder popular y comunitario.

Por eso, exigimos a los gobiernos y llamamos a los pueblos una salida a esta crisis que no sea una vuelta atrás a la normalidad capitalista, sino un camino hacia una sociedad mejor. Ello será posible si tomamos lo mejor de nosotros como pueblos:

1. Priorizar la vida sobre la deuda. No al pago de la deuda externa, investigación exhaustiva y condonación de la misma. Es criminal que se escatimen fondos a la salud y los derechos, por pagar las obligaciones con el FMI y otros acreedores. Los sistemas de salud y de protección social para enfrentar la pandemia son la prioridad.

Necesitamos recuperar nuestra riqueza estratégica y el manejo de nuestros bancos y comercio exterior, fuente permanente de la sangría económica de los países latinoamericanos. Solo una política de soberanía económica, desde el avance del poder popular, puede aliviar la crisis económica y la mundial que estamos empezando a vivir.

2. Combatir las desigualdades. Impuesto extraordinario a los ricos, a la ganancia de los bancos y las grandes empresas, a los que fugaron capitales. Que los gobiernos asuman el papel de eliminar las desigualdades promovidas por el mercado, que las inversiones necesarias en políticas de emergencia se financien enfrentando la concentración de la riqueza, no con rebajas salariales a los trabajadores. Reorientar las líneas de producción de las grandes empresas para la producción de insumos destinados a combatir el Coronavirus, así como las enfermedades que soportamos sin atención del Estado como la desnutrición, el dengue, el chagas y la tuberculosis.

3. Fortalecimiento urgente de los sistemas de salud pública. Inversión urgente y prioritaria en el sistema público de salud, estatización de la salud privada y fortalecimiento de las medidas de contención pandémica por parte de los estados. La pandemia reafirma la necesidad de que todos y todas reciban asistencia de salud universal, fortaleciendo la promoción pública de estos servicios. Que los Estados tomen control de la producción y administración de todos los insumos necesarios para enfrentar la crisis con participación y control de los y las trabajadoras. Eliminación del sistema de patentes sobre los medicamentos para desarrollar con plenitud la investigación y aplicación científica para resolver los problemas humanos, y reconocimiento a la medicina originaria y ancestral.

4. Por trabajo con todos los derechos. Ingreso universal garantizado para todas y todos, prohibición de despidos y suspensiones. Es esencial reconocer los derechos de las y los trabajadores para vivir una cuarentena digna. Que esta emergencia no sea la excusa para seguir avanzando en la precarización del trabajo. No al cierre de empresas, apoyo estatal a su ocupación y recuperación por parte de los y las trabajadoras.

5. La vivienda y el hábitat digno como derecho social, la cuarentena solo puede realizarse bajo un techo, con servicios básicos garantizados y en un barrio saludable. Es necesario suspender desalojos, pagos de alquiler y de servicios; las políticas de hábitat deben direccionarse hacia una reforma urbana integral que garantice el acceso a la vivienda en barrios dignos para todas las familias trabajadoras.

Acceso universal al agua, luz y gas y urbanización de los barrios populares: no hay lucha contra la pandemia sin que todas las personas puedan tener agua potable, gas y acceso a la electricidad en el hogar, barrio o comunidad. Ni casas sin personas ni personas sin casas. Requisición de propiedades vacías para la población en situación de calle y albergues populares.

6. Enfrentar el hambre y garantizar la alimentación universal, priorizar el financiamiento y el rol de la agricultura familiar cooperativa, comunitaria y agroecológica en el abastecimiento de alimentos para el pueblo, comedores, merenderos y cocinas comunitarias. Es necesario avanzar en la promoción del acceso a los alimentos, como una forma de impulsar la economía y no causar una crisis de suministro. Garantizar una canasta básica con precios regulados y exentas de impuestos. Exigir sanciones a la especulación con los precios el acaparamiento de supermercados e intermediarios. Condonación de las deudas de los campesinos y campesinas, la redistribución de la tierra productiva e implementación de sistemas de protección y colonias agroecológicas con financiamiento del Estado.

7. Contra la mercantilización de la naturaleza, necesitamos recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes como el agua, el gas, el petróleo, la tierra, riqueza estratégica que es usurpada por pulpos económicos con las complicidad de gobiernos y empresarios locales. Pleno respeto a los territorios de los pueblos y replanteo del modelo económico y extractivo. La explotación de recursos naturales debe respetar a la madre tierra como así a los pueblos que la habitan.

8. Fortalecimiento del cerco sanitario y asistencia humanitaria con garantía de soberanía de los territorios a pueblos originarios, nacionalidades indígenas y afros. Especialmente a todo aquellos cuyo hábitat se encuentra en ecosistemas vitales como la Amazonía, para quienes la amenaza epidemiológica puede significar un etnocidio. Fortalecimiento del gobierno propio y sus sistemas para la pervivencia territorial y cultural de la vida de los pueblos indígenas y afros. Prohibición de desalojos y acciones que violen la soberanía de los pueblos indígenas.

9. Políticas reales para enfrentar la violencia machista. Con las medidas de aislamiento social, existe la posibilidad de aumentar la violencia doméstica y otras formas de violencia contra las mujeres. Que para las mujeres, cis y trans, la expansión de las plataformas tecnológicas para garantizar su uso cuando la violencia contra las mujeres es un hecho no es suficiente para prevenirla y erradicarla. Presupuesto para prevenir femicidios y transfemicidas. Refugios para personas en situación de violencia, entrega de subsidio económico especial a sobrevivientes. Planes de empleo y educación orientados hacia mujeres y disidencias.

10. Más prevención, no a la represión. Muchos gobiernos han utilizado el contexto del coronavirus para intensificar la lógica represiva y de vigilancia y para aumentar el encarcelamiento de los más pobres, a líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos y de la madre tierra. Es hora de reducir la población carcelaria y otros cuidados como un problema de salud pública. También es necesario revalorizar las autoridades propias y las guardias comunitarias que cuidan los territorios ancestrales y están siendo un efectivo organismo comunitario para cuidad la vida.

11. No a la intervención política, económica y militar imperialista. Rechazamos de manera categórica el uso de la crisis como excusa para una intromisión militar en Venezuela por parte del imperialismo yankee y sus socios, el asesinato permanente de líderes indigenas y populares de Colombia, la feroz represión del regimen golpista en Bolivia y del gobierno antipopular de Piñera en Chile, la expansión de proyectos extractivos en territorios indígenas y campesinos. Exigimos que se levanten los bloqueos hacia Cuba y Venezuela.

12. Ayuda Humanitaria Internacionalista. Exigimos a los gobiernos que soliciten ayuda humanitaria a Cuba y a otros países que han desarrollado experiencia técnica para enfrentar la pandemia y que pueden ayudar a contener el brote de Covid-19 en las ciudades donde la pandemia se ha expandido con más crudeza, cómo Guayaquil y San Pablo.

Contra la riqueza de pocos, por la soberanía de los pueblos. ¡Por la vida, no el FMI!

Como luchan los pueblos latinoamericanos: Diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, diciendo-haciendo.

¡Solidaridad internacionalista!

Adhesiones a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Ecuador
Congreso de los Pueblos-Colombia
MTST Movimiento de Trabajadores Sin Techo-Brasil
CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana- Ecuador
FPDS Frente Popular Darío Santillán-Argentina
ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia-Colombia
FOL Frente de Organizaciones en Lucha- Argentina
Ukamau-Chile
CRBZ Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora-Venezuela
CNTE-SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-México
AUTE sindicato electricista-Uruguay
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej- Guatemala
CNA Coordinador Nacional Agrario-Colombia
Movimiento de los Pueblos/por un socialismo feminista desde abajo.(Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social – Izquierda Latinoamericana Socialista-Movimiento 8 de Abril)-Argentina
CLOC (ANAMURI, Ranquil, Conaproch, Red Apícola Nacional, ANMI)-Chile
FENASIBANCOL Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos-Colombia MPA Movimiento de Pequeños Agricultores -Brasil
CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca-Colombia
UTT Union de Trabajadores de la Tierra-Argentina
PCN Proceso de Comunidades Negras-Colombia
CONAMURI Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas – Paraguay
União Nacional de Trabaladoras(es) Camelôs, Feirantes e Ambulantes do Brasil-Brasil MICC Movimiento Indigena y Campesino de Cotopaxi – Ecuador
PAPDA Plate-forme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif-Haiti Comisión Intereclesial de Justicia y Paz-Colombia
MNCI Movimiento Nacional Campesino Indígena “Somos Tierra”- Argentina CENPAZ Coordinación Nacional de Paz-Colombia
MBL Movimiento de Barrios en Lucha-Ecuador
Brigadas Populares-Brasil
Zona humanitaria de San pedro del Ingara Chocó Territorio de paz-Colombia UNORCAC – Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi – Ecuador MTD Aníbal Verón-Argentina
FOB Autónoma-Argentina
FOB La Libertaria-Argentina
MTR por la democracia directa-Argentina
FAR Frente Arde Rojo/COPA-Argentina
Frente Popular – Ecuador
Coordinadora Simón Bolívar-Venezuela
Radio al Son del 23-Venezuela
Plataforma de Lucha Campesina- Venezuela
Colectivo Caminos Verdes-Venezuela
FNL Frente Nacional de Lutas -Brasil
Movimiento de Mujeres por la Vida de Cajibio y Popayán-Colombia
Comité por la Abolición de las deuda ilegítimas CADTM Abya Yala Nuestra América (Colombia, Haití, Uruguay, Argentina, Venezuela, Brasil y Puerto Rico)
Red Emancipa de Educación Popular-Brasil
Feministas del Abya Yala
MPLT Movimiento Pueblo Lucha y Trabajo-Argentina
Pañuelos en Rebeldía-Argentina
Red de la Diversidad-Bolivia
Escuela Popular Permanente-Chile
Colectivo Whipala-Bolivia
Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Colombia
OLP Resistir y Luchar-Argentina Colectivo Alexis Vive-Venezuela
Venceremos Partido de Trabajadores-Argentina Corriente Social y Política Marabunta-Argentina
Juntos! – Juventud en Lucha-Brasil
Fabrika Zurda – Ecuador
FECAOL Movimiento Nacional Campesino – Ecuador
Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte (ASOTRASET) – Ecuador Corriente Sindical Carlos Chile-Argentina
Convergencia 2 de Abril-Chile
Democracia Socialista-Argentina
ASL Acción Socialista Libertaria-Argentina
La Junta-Peru.
Venceremos Abriendo Caminos-Argentina
ORG Organización Revolucionaria Guevaristas-Argentina
Organización Política Presentes por el Socialismo «PPS» – Colombia
CPI Corriente Política de Izquierda -Argentina

Fuente: Resumen Latinoamericano

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