La educación rural en Argentina
Caracterización del ámbito rural en la Argentina
Si bien se ha incrementado en los últimos años su cobertura, la educación secundaria en la región y en la Argentina continúa siendo objeto de análisis y de acción política porque aún mantiene niveles de desigualdad en el acceso y no logra resolver la retención, la terminalidad y la calidad de los aprendizajes para todos los adolescentes y jóvenes que asisten a ella.
Se considera como educación rural aquella que se imparte en el ámbito rural definido demográfica y geográficamente. En relación con la educación secundaria, el foco está puesto en la educación común, que se organiza en planes de estudio de cinco, seis o siete años de duración según las estructuras académicas del nivel en las jurisdicciones.
Esta decisión implicó establecer una diferencia con los modos en que las áreas educativas a cargo de la “modalidad” o del “contexto” rural caracterizan el universo que gestionan. En este caso, tanto la Ley de Educación Nacional (LEN) como los documentos que de modo específico se refieren a la enseñanza en estos contextos construyen nuevas definiciones.
A la complejidad habitual señalada por geógrafos/as y especialistas en torno a la definición de la ruralidad es necesario agregar las “especificidades” que asume en el ámbito educativo y otras que provienen de los estudios sociales, enfatizando el aspecto dinámico y multidimensional que discute con descripciones más cristalizadas de la ruralidad. Esas cristalizaciones no hacen referencia únicamente al medio sino también al tipo de instituciones que, en el sentido común, son referidas como “escuelitas”.
El aislamiento es otro de los atributos con el que se caracteriza a la ruralidad y a sus escuelas, sobre todo aquellas que están en parajes distantes, para las cuales las restricciones de la accesibilidad se transforman en fuertes condicionantes. De allí que algunas propuestas desarrollen estrategias “de llegada” o de traslado y asistencia (de estudiantes y docentes) que resultan las únicas posibles de ser implementadas. Del mismo modo, la existencia de escuelas sedes con anexos (estructura radial) o el agrupamiento de escuelas constituyen otros modos de solución que dialogan con esa condición (estos aspectos serán desplegados en la segunda parte del estudio).
En términos demográficos, el ámbito rural se define en función de la cantidad de habitantes, de modo que aquellos territorios que tienen menos de 2.000 habitantes se consideran rurales. A su vez, se identifican como rurales agrupados y dispersos, siendo estos últimos los espacios habitados en campo abierto o que no conforman un poblado y tienen hasta 499 habitantes (Steinberg y otros, 2011).
Esta definición es utilizada con fines estadísticos, pero también con fines administrativos. En el año 2010, según el último censo de población, el 8,9% de la población argentina habitaba en áreas rurales; y de ella, el 64% lo hacía en el ámbito rural disperso (INDEC, 2010).
El sistema estadístico del sector educación sigue esta definición para clasificar a las escuelas según su ámbito de emplazamiento. De esta clasificación se deriva, por ejemplo, la participación en programas educativos, la asignación de pagos adicionales a los y las docentes designados, las normativas que regulan el funcionamiento o los tipos de organización de los servicios educativos en esas localidades y parajes. Sin embargo, esta dicotomía resulta insuficiente cuando se requiere describir de modo cualitativo el ámbito rural considerando otras variables.
La disputa por el oro verde: pasado y presente de la yerba mate
De la crisis yerbatera de 1935 al megadecreto de Milei, de las grandes empresas a la lucha campesina y el histórico "tractorazo" que conmovió a Misiones. Radiografía de una disputa centenaria y el recuerdo del "Plan Ñande Yerba”, iniciativa estatal que beneficiaba a las familias productoras pero que fue boicoteada por las corporaciones del agro.
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó el fallo de primera instancia que suspendía el artículo del Decreto 70/2023 que le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la potestad de fijar los precios de la hoja verde. Sin embargo, abril comenzó con la nueva modalidad de fijación de precios sin la mediación del INYM y con las familias productoras libradas a la voluntad del poderoso emporio molinero. Advierten que con la desregulación del mercado yerbatero, impulsada por el Gobierno, se busca imponer un nuevo modelo agrario en Misiones, similar a lo ocurrido en la década del noventa. Pasado y presente de la disputa por el "oro verde".
Volver al pasado
Desde el 1 de abril, y como consecuencia directa de la vigencia —pese a su rechazo en el Senado de la Nación— del Decreto 70/2023, el mercado de la yerba mate en Argentina quedó completamente desregulado, retrotrayendo la situación del sector al año 1991, cuando otro decreto (2284), había eliminado la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. Estos entes tenían competencias similares al ahora acéfalo e incierto INYM, herramienta que desde 2002 mediaba entre los actores de la cadena, en la fijación del precio de la materia prima.
“Resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”, expresa textualmente en sus fundamentaciones el decreto firmado por Javier Milei y redactado por Federico Sturzenegger.
Una última novedad en materia judicial tuvo lugar el pasado 9 de abril, cuando la Cámara La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el recurso de amparo que el 12 de enero suspendió los artículos del DNU 7023 y que le impedían al INYM fijar los precios de referencia. Por estas horas, asesores jurídicos del INYM analizan la decisión judicial y los pasos a seguir en pos de recuperar las funciones que le fueron extirpadas.
Ante este panorama —que favorece decidida y exclusivamente al poderoso sector molinero—, pequeños productores y cooperativas de yerba mate (cultivo que se concentra en un 90 por ciento en Misiones) advierten que las consecuencias esperables de la desregulación no son ni serán otras que las que ya se vivieron en la década del noventa, ya que se trata de políticas calcadas.
“La desregulación nos deja en un estado de angustia y debilidad ante la cadena superior de la industria. Porque no se fija más el precio, y el mercado no nos reconoce los aumentos de los costos del 10 de diciembre para acá. Habrá algún productor que no entiende lo que va a pasar y que quizá festeja, pero cuando empiece la cosecha gruesa, que es a partir de marzo o abril, se va a dar cuenta que la libertad no llegó para todos sino que solo para los grandes empresarios", le dice a Agencia Tierra Viva el productor yerbatero Cristian Klingbeil, que hasta el 2023 fue presidente dela Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM).
“Van a desaparecer todos los pequeños productores y van a subsistir solamente los grandes: Los pequeños vamos a perder rendimiento y van a venir a comprar nuestra chacras, y va a desparecer la economía regional. Esto ya nos pasó, en los años noventa, desregularon el precio, vinieron multinacionales, compraron todas las chacras con yerba y llenaron de pino. Hoy esos ex productores de yerba son empleados de esas empresas”, advierte por su parte Ariel Steffen, presidente de la Cooperativa Siete Estrellas, del municipio norteño de San Pedro, un espacio que impulsa la producción de yerba mate a partir de la actividad de 96 pequeños productores de la zona, cuyas chacras oscilan entre las 13 y las 20 hectáreas cada una, es decir “microyerbales”, aquellas unidades que fueron las primeras en extinguirse cuando hace más de dos décadas se desreguló la actividad.
Menos yerba, más monocultivo de pinos
La referencia que hace Steffen, más allá de las negociaciones desiguales —o inexistentes— que se abran de aquí en más entre el sector molinero y los productores para la fijación del precio de la hoja verde, remite a un contexto que hace 23 años marcó el viraje del modelo productivo de la provincia desde la predominancia de la agricultura familiar y la yerba mate, hacia la expansión desmedida del modelo forestal basado en capitales extranjeros.
Los datos actuales son elocuentes: una sola empresa de origen chileno (Arauco) ostenta la posesión jurídica del doce por ciento del total de la superficie territorial de la provincia.
“La desregulación de la actividad yerbatera durante la década de 1990 acarreó mutaciones estructurales en la economía rural provincial: las crisis de sobreproducción, la caída de los precios pagados por kilogramo de hoja verde, la concentración del capital y las prácticas abusivas de intermediarios comerciales y agroindustriales implicaron la tala rasa de yerbales y su sustitución por pinares; o bien la venta a precios irrisorios de las desvalorizadas chacras yerbateras a grandes compañías forestales extranjeras”, explica Sebastián Gómez Lende, doctor en Geografía e Investigador del Conicet, quien estudió el caso de Arauco en Misiones.
Pero la desregulación del mercado yerbatero no fue la única herramienta que favoreció al proceso de despojo de los pequeños productores y acumulación de capitales forestales. Otras medidas de la reforma neoliberal del Estado fueron la apertura irrestricta a los flujos financieros externos, la laxitud en materia de regulaciones ambientales y la eliminación del Instituto Forestal Nacional (Ifona).
Entre los años 1991 y 2000, la Inversión Extranjera Directa (IED) que el complejo foresto-industrial argentino recibió fue de 3.500 millones de dólares, en su mayoría provenientes de Chile (46 por ciento), Estados Unidos (31 por ciento), y Canadá (15 por ciento), entre otros países. Un 40 por ciento del total de esas inversiones se concentraron en Misiones, en consonancia con la decadencia del sector productivo primario de la yerba mate.
Campesinas e indígenas de Argentina denunciaron en Europa el impacto del extractivismo
El Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, el Parlamento Mapuche de Río Negro y el Serpaj llegaron hasta Suiza para denunciar el rol de entidades financiaras y países europeos en el extractivismo que arrasa territorios de Argentina. "Los campesinos y las campesinas sabemos que somos la alternativa a la crisis climática", afirmaron desde la comitiva.
En Europa, organizaciones campesinas e indígenas denunciaron el impacto del extractivismo en el sur.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST) visitó Suiza, Italia y Bélgica junto a Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche de Río Negro, y Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). Quienes participamos de esta gira relatamos las luchas que estamos llevando a cabo contra el extractivismo en Argentina y fortalecimos lazos de cooperación internacional. La invitación fue hecha por el colectivo ambiental suizo BreakFree.
En este viaje buscamos visibilizar que las democracias cada vez más frágiles que estamos viviendo, por ejemplo en Argentina, tienen un objetivo hecho a la medida del capital financiero. El saqueo de nuestros bienes naturales requiere normativas y modificaciones legislativas que les permitan un mayor avance. Por eso apuntamos a reflexionar junto a organizaciones sociales, jóvenes, activistas y representantes gubernamentales sobre la transición energética, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos e indígenas.
Realizamos varias actividades. Una de ellas fue llevar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, la gravedad de la crisis alimentaria que vivimos y de las violaciones a los derechos humanos, específicamente de los pueblos indígenas y campesinos. Mantuvimos una reunión con ese organismo y nos comprometimos a entregar un informe que brinde elementos acerca de cómo se está afectando el derecho al alimento en nuestro país.
Por otro lado, denunciamos ante el Banco Suizo el impacto del fracking, actividad financiada por esa entidad. También en Suiza participamos de la Huelga por el Clima. Allí analizamos cómo la crisis climática afecta a los pueblos del sur. Mantuvimos varias reuniones con representantes del gobierno suizo y del gobierno local de Ginebra con los que discutimos sobre políticas públicas agrarias y sobre las alternativas que protegen los derechos campesinos y el derecho a un alimento sano y a precio justo.
En Italia expusimos las vulneraciones que genera la explotación del litio en Jujuy, ante el encuentro de ministros de Energía del G7 (Grupo de los 7). En Bélgica mantuvimos reuniones con parlamentarios europeos, parlamentarios belgas y una reunión con organizaciones de la Vía Campesina europea en la que expusimos nuestros argumentos contra el Tratado Mercosur-Unión Europea, acuerdo de libre comercio pensado a favor del modelo de producción agroalimentaria industrial.
Durante la visita estrechamos lazos con las organizaciones socioambientales y campesinas, fortaleciendo esta resistencia que sabemos que tiene que ser global, que nos una desde nuestras identidades diversas y que, frente a las falsas soluciones que nos proponen los poderosos del mundo, podamos generar espacios de encuentro y articulación.
Los Pueblos Indígenas, diversidad clave para la sostenibilidad
Los Pueblos Indígenas son representantes de la diversidad cultural humana. Aportan la mayoría de las 7,000 lenguas existentes, son transmisores de conocimientos ancestrales y mantienen intacta su profunda conexión con la naturaleza.
América Latina tiene casi 50 millones de habitantes de comunidades indígenas. Más de 500 etnias diferentes, que representan aproximadamente al 8% de la población de la región. De ellos, el 14% son pobres y el 17% de las personas viven en la pobreza extrema. Y sin embargo, estos pueblos siguen enfrentándose a situaciones de marginación sistemática.
Los Pueblos Indígenas como parte clave de la solución para el cambio climático
En Latinoamérica trabajamos con las comunidades Indígenas y locales bajo el enfoque de Manejo Integral Forestal Comunitario. Esto es una estrategia que incluye: Fortalecer su economía y autonomía. Capacitar a sus dirigentes para así tener organizaciones con visión y liderazgo. Fortalecer las habilidades de los miembros de estas organizaciones en temas técnicos y administrativos de producción. Acceso a mercados más responsables. Gestión empresarial. Acceso a créditos para favorecer su economía. Finalmente, inclusión de mujeres y jóvenes indígenas.
Las comunidades indígenas para muchos son guardianes del 80% de la biodiversidad del planeta. La Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI) demuestra que logran mejores o iguales resultados de conservación que los gobiernos, con menos inversión. Por eso, trabajamos con varias de estas comunidades.
A continuación, presentamos algunas de las iniciativas que trabajamos a lo largo de Latinoamérica para ofrecer mejores oportunidades a los Pueblos Indígenas y comunidades locales.
Perú: logrando la inclusión de los Pueblos Indígenas
En Perú, es fundamental el trabajo con comunidades indígenas. Sobre todo ahora que tienen derechos para administrar más del 20% de más de 70 millones de hectáreas de bosque tropical. Actualmente trabajamos con 14 comunidades miembros de la Federación de Pueblos Indígenas Kichwas de la Región San Martín (FEPIKRESAM). También colaboramos con una de AIDESEP, dos de COICA y dos de CODIPESAM.
Mujeres liderando negocios con enfoque ancestral
Warmi Awadora es una marca colectiva de un grupo de 51 mujeres de 5 comunidades Kichwa. Ellas han logrado generar un negocio sostenible de confección de artesanías de algodón nativo y otras fibras naturales provenientes de la Amazonía. Luego de cuatro años intentándolo, lograron formalizarse y ahora podrán tener acceso a créditos y otras herramientas necesarias para su crecimiento.
Warmi Awadora, Perú
Ya han desarrollado más de 13 productos, tienen una tienda virtual, presencia en redes sociales, cinco tiendas comunales e igual número de acuerdos comerciales. Las mujeres involucradas y sus familias entienden el valor del liderazgo y qué significa ser administradoras de sus ingresos. Ya que con ellos ayudan a más de 3,000 personas en su comunidad.
Aprovechamiento forestal permitido
La comunidad nativa de Yurilamas cuenta con un área de más de 30 mil hectáreas. De éstas, 26 mil son de conservación y manejo sostenible de productos del bosque. Estos productos son la sangre de grado, la uña de gato, entre otros. La formalización y legalización de la comercialización de sangre de grado, a nivel regional y nacional, fue clave. Así han logrado aumentar el precio de venta por litro en un 75%. Este precio les ha generado mejores ingresos para las 11 familias de la comunidad. Este logro es un hito a nivel nacional, ya que, hasta el momento, no se podía comerciar de manera legal este producto.
Créditos y sostenibilidad
Con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino (COPIAC Norandino) diseñamos el Crédito verde, un producto financiero para miembros de comunidades nativas y pequeños productores. Lanzado hace unas semanas, esperamos que los créditos sean más accesibles en San Martín, adaptándolos a las necesidades de la pequeña agricultura.
Al la fecha, hemos capacitado a más de 820 miembros de comunidades nativas, incluyendo mujeres y jóvenes. Los temas cubren buenas prácticas agrícolas en café, cacao y plantas medicinales, manejo agroforestal sostenible, fincas modelo, educación financiera, liderazgo y gestión empresarial.
México: Trabajando por mejores oportunidades para los más vulnerables
Más del 60% de los bosques y selvas en México son de propiedad colectiva, y están en manos de ejidos y comunidades. Aunque son población indígena, la mayoría son hombres. Las mujeres y jóvenes rara vez tienen derecho a la propiedad y menos posibilidad para optar a financiamiento de proyectos productivos.
En alianza con el MDE (Mecanismo Dedicado Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales) buscamos promover su inclusión. Rainforest Alliance ha fortalecido las capacidades administrativas y técnicas de 86 organizaciones y grupos para implementar y consolidar proyectos productivos.
También se han beneficiado a 4,127 productores. De los cuales, 3,281 productores son medianos y 846 son pequeños productores. Cerca de USD 3,350,000 en ventas generaron empleo para más de 500 personas en diferentes actividades forestales y agrícolas. Además, ya tenemos más de 134 mil hectáreas con mejores prácticas implementadas.
Mujer indígena en Latinoamérica
"Ser mujer indígena en Latinoamérica es ser valiente y luchadora frente a las desigualdades, la exclusión, y las brechas sociales y de género que aún aquejan a cada país", sostiene Janet Nina Cusiyupanqui, integrante del pueblo quechua, desde el Departamento de Cusco, en Perú.
Y su percepción es compartida más allá de las fronteras nacionales. "Aquí en La Paz, nos siguen viendo de manera peyorativa. Creen que las indias retrasamos el avance de una sociedad urbana", indica Yola Mamani Mamani, del pueblo aimara, desde Bolivia.
"Las indias son las ignorantes, las que no saben comportarse en una ciudad, las que no tienen educación, las que son ladronas y sucias. Nos echan la culpa de todo", relata Mamani Mamani, sobre los prejuicios que deben enfrentar.
"Esta sociedad, que es racista y clasista, quiere que los indígenas nos mantengamos en la Edad de Piedra, para decir: 'tenemos un pueblo auténtico, que guarda la identidad nacional', ironiza la joven Mamani Mamani, estudiante de sociología y conductora de un espacio radial. "Pero cuando una decide salir de ese espacio y rebelarse contra los mandatos, entonces la sociedad comienza a decirte: 'tú no tienes que hablar'", completa.
Lo personal es político
"Mi abuela siempre usó una trenza larga hasta la cintura, y la portaba con orgullo, pero recibió muchas humillaciones por eso", cuenta, por su parte, conmovida aun hoy, Georgina Diédhiou Bello, descendiente de mixtecas y zapotecas por parte de madre, y afrodescendiente por parte de padre.
"La sociedad se encarga de recordarte constantemente que ser una persona indígena es malo, que te tienes que sentir avergonzada de tu lengua, de tu aspecto, de tu color de piel y de tu origen", dice Diédhiou Bello, miembro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Consejera Consultiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México.
Con todo, y en los diferentes ámbitos sociales, familiares, económicos y políticos, su rol es esencial.
"Sabemos sobrellevar toda la responsabilidad del cuidado del hogar —aunque esta no sea reconocida ni remunerada—, nos ocupamos del cuidado de los recursos naturales, de salvaguardar y transmitir los saberes a nuestros hijos e hijas, de mantener nuestras costumbres vivas, y del cuidado de las semillas, para poder seguir cultivando nuestros alimentos", detalla Cusiyupanqui, agricultora e ingeniera agrónoma.
Además, sus recorridos y sus historias son diferentes y particulares, y así reclaman ser consideradas: "No solamente somos personas indígenas: tenemos nombre y apellido, y pertenecemos a diferentes grupos étnicos", puntualiza Diédhiou Bello. En México, "existen más de 68 lenguas diferentes y estamos representados en los 32 Estados de la República", agrega.
Así las cosas, ¿cuál sería el mayor deseo con motivo de este día? "Los Gobiernos deberían dejar de lucrar con los pueblos originarios", responde la lideresa mexicana. "Lucran con nuestra cultura, con nuestra ropa, con nuestras prendas, con nuestros textiles, con nuestros territorios y con la extracción de bienes sustentables", enumera.
"Y deberían dejar de simular que trabajan a favor de la igualdad y los derechos humanos, y realmente enfocarse en cambiar la vida de estas poblaciones y en preservar su identidad", completa.
"Que se respeten los derechos de los pueblos originarios y, sobre todo, de las mujeres", reclama, desde Perú, Cusiyupanqui. "Y que se reconozca que desempeñamos un papel fundamental en la preservación del medioambiente", agrega. Y concluye: "No pierdo la esperanza".
Fuente aquì
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