La crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Un grupo de organizaciones alertamos sobre la situación y pedimos una respuesta urgente de parte del Estado federal y los provinciales.

La pandemia impactó sobre la vida de todas las personas, pero quienes ya estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad fueron aún más afectades. Es el caso de las comunidades indígenas de nuestro país, y en particular, de las del noreste y noroeste, por el agravamiento de problemas históricos como la falta de acceso al agua potable, a los servicios de salud y a los medicamentos y la persistencia de los desalojos. Además, tuvieron que enfrentar nuevas dificultades, como la exigencia de cumplir protocolos que entraban en contradicción con sus modos de vida y prácticas culturales.

Frente a esta situación, las autoridades ignoraron la necesaria participación de las comunidades en los asuntos que las afectan e, incluso, permitieron los desalojos, la represión, el hostigamiento, la detención de sus referentes, su criminalización y estigmatización.

Acceso a la salud, agua y servicios

La falta de acceso al agua potable que afecta a muchas comunidades, y que es un reclamo histórico y persistente en el NEA y en el NOA, provocó problemas serios de subsistencia debido a la postergación de las obras y la ausencia de alternativas para el acceso. Sin este bien indispensable es imposible cumplir con los protocolos sanitarios básicos recomendados por las autoridades.

Por mencionar sólo algunos ejemplos: la comunidad wichí de Pocitos, en Formosa, reclama desde 2015 mejoras para el acceso al agua potable. En noviembre de 2020 se organizaron para exigir respuestas ante la falta de agua para lavarse las manos y preparar sus alimentos, y la insuficiente cantidad de piletones que comparten con sus animales. La respuesta estatal fue una violenta represión a la protesta, la detención de integrantes de la comunidad y su criminalización con distintas figuras penales. Antes de su liberación, fueron trasladados a un centro de aislamiento a más de 400 kilómetros, para cumplir con las medidas de prevención del Covid.

La comunidad Cueva del Inca en Tucumán sigue sin poder acceder al agua potable y tampoco tiene luz por una medida judicial de no innovar que favorece el reclamo de un interés privado. Estas condiciones se sostuvieron a pesar de la pandemia.

Con frecuencia, los centros de servicios de salud pública de los territorios comunitarios no tienen los recursos e insumos suficientes. La mayoría de las comunidades del Pueblo Diaguita y Lule de Tucumán, por ejemplo, sólo tienen acceso a servicios de salud primarios o de baja complejidad (CAPs), con recursos limitados para hacer frente a la pandemia.

Al mismo tiempo algunos sistemas de salud pública provinciales no brindan un servicio con adecuación cultural de la atención médica para las poblaciones indígenas ni desarrollan estrategias para respetar sus cosmovisiones. Además, genera dificultades en la atención la falta de personal que hable lenguas indígenas.

Consulta y participación

Un informe de instituciones académicas de todo el país demostró que el diseño de políticas públicas para la prevención y tratamiento del Covid desconoce la realidad de las comunidades.

Por citar algunos ejemplos, en distintas provincias se restringió la circulación en rutas, sin tener en cuenta que de este modo las comunidades quedaban aisladas, sin acceso a bienes básicos, entre ellos la comida y los medicamentos. El gobierno de Tucumán abrió la circulación al turismo interno sin un acuerdo básico con las comunidades de Amaicha y Quilmes, del Valle Calchaquí, que tuvieron que autoaislarse.

La falta de conectividad a internet también excluyó a las comunidades de los programas de ayuda económica a los que sólo se podía acceder online. En Formosa, las comunidades wichí de María Cristina y Santa Teresa reclamaron por un cajero móvil para el acceso a haberes, pensiones y otros programas de transferencia de ingresos. Sin respuesta, en enero realizaron una manifestación. La policía provincial reprimió el corte de ruta, detuvo a 16 personas y luego las criminalizó bajo las figuras de resistencia a la autoridad y daños. Al igual que en Pocitos, antes de ser liberadas tuvieron que cumplir con el aislamiento obligatorio provincial en centros muy distantes de sus comunidades.

Acceso a la tierra

Durante 2020 decenas de comunidades fueron desalojadas en clara violación a la normativa federal que suspendió los desalojos de comunidades indígenas.

En el norte, hubo desalojos en Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Santa Fe. En julio, la comunidad guaraní Cheru Tumpa, de Colonia Santa Rosa, Salta, vivió un proceso de desalojo con heridos, incluyendo niñes y un bebé con un perdigón en la frente. En septiembre, algunas de las familias de esa misma comunidad, que habían permanecido en un sector del terreno, también fueron desalojadas. Noventa familias quedaron sin un lugar donde vivir. En octubre, la policía desalojó a cinco familias de la comunidad indígena de Tusca Pacha, en Palpalá, Jujuy. Las tierras, reclamadas por una inmobiliaria, estaban habitadas desde hace décadas. Durante el operativo destrozaron las viviendas e hirieron a miembros de la comunidad, incluyendo un niño. Estos son sólo algunos ejemplos de los despojos que vivieron las comunidades en plena pandemia.

En un informe presentado al Comité DESC de Naciones Unidas sobre el nivel de cumplimiento de la ley 26.160, organizaciones sociales denunciamos estos desalojos o sus amenazas, y señalamos preocupación por el escaso nivel de avance de los instrumentos de protección de la ley, como el relevamiento territorial y la marcada disparidad en su aplicación en todo el territorio nacional.

Frente a la petición de disculpas, Felipe VI afirma que “hay que estar orgulloso” de la herencia hispana

Frente a los movimientos indigenistas, que ven en la conquista de América una operación de exterminio de las poblaciones precolombinas y expolio de sus recursos naturales, Felipe VI ha elogiado este martes en Puerto Rico el “modelo de presencia de España en América”; un modelo en el que, ha asegurado, “los nuevos territorios se incorporaban a la Corona en situación de igualdad con los demás reinos”. En el Ayuntamiento de San Juan, la capital del país, de cuya fundación se cumple ahora el quinto centenario, el alcalde, Miguel Romero, le ha entregado las llaves de la ciudad. El Rey ha reivindicado a Juan Ponce de León, conquistador y primer gobernador de la isla, cuya estatua fue derribada pocas horas antes de su llegada por un grupo autodenominado Fuerzas Libertarias de Borikén, nombre con el que llamaban a la isla los indígenas taínos, en protesta por la visita. Esta mañana estaba de nuevo sobre su pedestal, con protección policial.

En contraste con quienes solo ven en los colonizadores a criminales y genocidas —lo que en 2020 desató una ola iconoclasta de ataques a estatuas y monumentos en Estados Unidos—, Felipe VI ha destacado que en las primeras ciudades hispanas en América “España impulsó construcciones y edificaciones que hoy, más de 500 años después, siguen albergando las instituciones públicas”; y han hecho que el centro histórico de San Juan fuera declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1993. Más allá de la arquitectura, la colonización española, ha subrayado, “implicó la creación de instituciones de gobierno, la construcción de universidades, escuelas, hospitales e imprentas. España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo; y con todo ello aportó valores y principios como las bases del Derecho Internacional o la concepción de derechos humanos universales”, ha insistido.

Lejos de sentir vergüenza por la colonización, el Rey ha llamado a sentirse “orgullosos todos, puertorriqueños, españoles y resto de pueblos hispanos” de los valores y principios que llevó España a América; “muchos de los cuales están todavía vigentes y nutren el acervo de lo mejor de las sociedades democráticas”. Unos valores, ha insistido, “tan básicos que hoy nos parecen evidentes, pero que no lo eran en otras épocas”, en alusión a la consideración de los indios como seres humanos dotados de alma.

En Puerto Rico, el indigenismo es muy minoritario, pero en otros países iberoamericanos la opinión sobre la etapa de dominación española es mucho más crítica y ha provocado choques con el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien, en 2019, reclamó por escrito al rey de España que pidiera perdón por la conquista. Felipe VI ignoró la demanda y solo recientemente el presidente mexicano dio el asunto por zanjado. “Lo tomaron mal y ni siquiera me respondieron a la carta. Sin embargo, eso ya pasó, cada quien que asuma su responsabilidad”, afirmó López Obrador la semana pasada.

El Rey ha recorrido caminando las calles adoquinadas y cuajadas de balcones que separan el palacio del Gobernador de Puerto Rico del consistorio de San Juan y ha comprobado que en la capital de este Estado Libre Asociado de Estados Unidos “se respira mucha hispanidad, como no podía ser de otra manera”, con más de dos terceras partes de su historia bajo la corona española.

A continuación, Felipe VI ha inaugurado un encuentro empresarial con casi un centenar de directivos de compañías españolas y portorriqueñas en el que han participado, entre otros, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, así como los consejeros delegados de Mapfre o Abertis. El Rey ha subrayado el papel jugado por Puerto Rico para el desembarco de empresas españolas en Estados Unidos y ha ofrecido que España cumpla la misma función para las empresas puertorriqueñas en la UE. Aunque ha elogiado las buenas relaciones económicas y comerciales entre los dos países, ha admitido que estas “pueden ser más fluidas”, para lo que ha instado a las autoridades locales a mantener “una comunicación abierta”.

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Marsella - 10 ENE 2022

“Una mujer, ¿para qué? Solo necesitamos un candidato que vaya a competir”, le dijeron los hombres a Sara Omi (Ipeti, Panamá, 1987) cuando, después de años como autoridad tradicional y presidenta del territorio emberá del Alto Bayano, quiso optar al puesto de cacique, la representación más alta en su comunidad. A pesar de que perdió las elecciones “con mañas y fraudes”, como ella denunció, ahora que han pasado varios meses de ese duro momento, se siente orgullosa de su papel y su trayectoria: “Decidí, como mujer, ser parte de este proceso. Y no salí llorando, salí más fuerte”, corrobora Omi, primera emberá abogada y todo un referente de la lucha por la igualdad de las mujeres indígenas en Panamá.

“Yo nací en la comunidad de Ipeti Emberá del territorio colectivo Alto Bayano”, cuenta. “Mis abuelos fueron desplazados de manera forzosa por la construcción de la hidroeléctrica Ascanio Gua Villalaz. Toda su vida quedó bajo el agua. Mi madre tenía nueve años cuando sucedió, así que yo pertenezco a un colectivo que fue reubicado para tener una nueva vida”.

Criada en un grupo reasentado en un terreno sobre el que no contaba con título de propiedad colectiva de tierras, la inseguridad jurídica era una constante por la pérdida de territorios y bosques y las invasiones de empresas con intereses en los recursos naturales de la zona. Todo eso hizo que, desde joven, Sara Omi fuera muy consciente de las necesidades de su comunidad y los derechos que reivindicaban. “Mi madre se llama Omayra Casama y me considero una líder desde que estaba en su vientre porque con sus enseñanzas me ha inculcado no apartarme nunca de la búsqueda de oportunidades, no solamente para mí misma, sino para abrir puertas a otras mujeres” explica.

Tenemos un trabajo enorme para fortalecer las capacidades de otras mujeres para que crean en ellas mismas

Un 12,8% de la población de Panamá es nativa y pertenece a alguno de los siete pueblos reconocidos como tal. En una entrevista de 2018, Dianna Pizarro, especialista sénior en desarrollo social del Banco Mundial, indicaba que la brecha de inclusión entre indígenas y no indígenas en el país era todavía muy grande, con un 86% de la población en territorios originarios en situación de pobreza. Pizarro añade que las primeras tienen cinco veces más riesgo de mortalidad materna que las panameñas que no lo son. Asimismo, un informe de 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recoge que, aunque en los últimos años se han reducido el número de madres adolescentes y están funcionando diferentes sistemas de planificación familiar, las tasas de fecundidad entre las nativas siguen siendo elevadas y que las situaciones de dependencia y sumisión a los hombres son muy frecuentes.

La presencia materna como referente clave

La presencia de su madre es fundamental en la historia de Omi, que nació cuando ella apenas tenía 15 años. Cuenta que, a pesar de tener que renunciar a muchas cosas por tener una familia tan joven, su madre realizó infinidad de cursos y trabajos para poder sacar adelante a sus hijos, siempre buscando que no pasaran por lo que ella había tenido que vivir. Recuerda también –y aquí se llena de orgullo al explicarlo– que de forma paralela, su madre siempre estuvo vinculada a los procesos de lucha de la comunidad por el territorio y que en el año 2000 se convirtió en la primera mujer cacique del pueblo emberá, rompiendo muchas barreras de discriminación.

Su ejemplo y su tenacidad fueron indispensables para que Omi pudiera continuar sus estudios más allá de la educación secundaria, que era hasta donde podía estudiar donde ella vivía. En esa época, una congregación de religiosas católicas visitaban la zona y disponían de una casa para jóvenes en Ciudad de Panamá, y su madre decidió enviarla con ellas. “Yo tendría 14 años, y mi madre me dijo algo como ‘bueno, al próximo año vas a ir a la ciudad, vas a estudiar, pero te vas a convertir en monja”, cuenta entre risas.

Sin necesidad de profesar votos, la experiencia en la capital fue determinante para Omi, quien adquirió una formación doble: desde su cosmovisión indígena emberá y desde un enfoque occidental. Además de ser la primera indígena en conseguir una beca completa en la Universidad Católica Santa Mª la Antigua de Panamá para estudiar Derecho, se convirtió también en la primera mujer emberá abogada.

Para no perder la conexión con sus raíces, durante esos años entró a formar parte de la Organización de jóvenes Emberá-Wounaan de Panamá y comenzó a participar en los movimientos de liderazgo. Desde su triple papel de estudiante de Derecho, mujer e indígena, aprovechó para analizar la realidad indígena más allá de las necesidades de su comunidad.

El Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Bogotá falló a favor de las comunidades indígenas asentadas en el parque Nacional desde el pasado 29 de septiembre, la acción de tutela interpuesta por el Personero de Bogotá. La juez Viviana Gutiérrez concedió las medidas cautelares solicitadas por el funcionario. Entre las entidades que fueron notificadas en el fallo, se encuentran las secretarías de Gobierno, Integración Social, Salud, Hábitat y la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno.

La determinación del juez obliga a las entidades distritales a garantizar “la protección y garantía de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, derechos prevalente de niños y niñas, integridad étnica, diversidad e identidad cultural, derechos de los adultos mayores, seguridad alimentaria, mínimo vital, vivienda en condiciones dignas, unidad familiar, salubridad, reparación y atención integral con enfoque diferencial étnico indígena, autodeterminación, confianza legítima y consulta previa”.

El mecanismo fue instaurado el pasado 14 de diciembre y cobija a las comunidades indígenas Emberá Katío, Emberá Chamí, Emberá Dobidá, Muisca Gue Gata Thizhinzuqa, Tullpa Yanacona, Kokonuko, Nasa, Cumbaltar Pasto, Uitoto Monifue + Uruk, Kubeo, Koreguaje, Wayuú Bakatá, Zenú, Pijao Mohan y Eperara Siapidara, oriundos de diferentes regiones del país, y quienes, en su gran mayoría, son víctimas del conflicto.

En la acción de tutela, presentada directamente por el personero Julián Enrique Pinilla, se hacía un recuento de todos los acontecimientos ocurridos desde finales de septiembre y de las cinco mesas de diálogo que se han desarrollado entre el Distrito Capital y las autoridades Indígenas Organizadas en Bakatá.

"La medida conmina a la administración distrital a brindar a los grupos de las comunidades indígenas asentadas en Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, condiciones de salud, alimentación, agua potable, elementos de aseo personal, manejo de residuos y desagües para gozar de condiciones sanitarias de habitabilidad mientras se resuelve su reubicación", señaló la Personería de Bogotá.

Igualmente, la Personería hizo un llamado para que se proteja a las poblaciones indígenas de la ciudad y se respeten su autonomía y costumbres.

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El uso de semillas transgénicas y agroquímicos fue aprobado en la Argentina en 1996, pero hasta hoy no hay cifras oficiales sobre su uso. Informes privados indican que, en 2018, se utilizaron 525 millones de litros de herbicidas, mientras se acumulan los estudios sobre los perjuicios que generan en la salud y el ambiente.

El 3 de diciembre de 1984 ocurrió un desastre sanitario por la filtración de toneladas de gas de una planta de la compañía Dow Chemical en India. El resultado fue 25.000 muertos y 100.000 personas con enfermedades crónicas. La Red de Acción en Plaguicidas, que reúne a 400 organizaciones de 60 países, dispuso esta fecha para conmemorar el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas. A 36 años de aquella masacre, 10 hechos para debatir el uso de agrotóxicos en la Argentina:

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es un ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Luego de un año de trabajo de 17 expertos de once países, en marzo de 2015, entregó un estudio por el cual el glifosato fue categorizado en el «Grupo 2A» que, en parámetros de la Organización Mundial de la Salud, significa: «Probablemente cancerígeno para los seres humanos». La reclasificación del IARC-OMS fue un gran respaldo para las comunidades que luchan contra la afectación que producen los agrotóxicos.

El informe Antología Toxicológica del Glifosato +1000, recopilado por Eduardo Martín Rossi y editado por la ONG Naturaleza de Derechos, reúne 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del glifosato en el ambiente y en la salud. Entre ellos, más de 200 trabajos científicos son de universidad públicas de la Argentina. La antología recoge informes que vinculan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. También investigaciones que lo asocian a mecanismos de fisiopatología celular (promotor el cáncer), apostosis celular (muerte celular programada), genotoxicidad y trastornos en el sistema endocrino. Y, por último, su afectación en los sistemas reproductivo, inmunitario, digestivo, nervioso, renal y cardiovascular.

El glifosato es el agrotóxico más utilizado en el mundo, el primero creado por Monsanto para utilizar en el paquete químico junto a la «soja RR», aprobada en la Argentina el 23 de marzo de 1996, antes que en ningún otro país de la región. La resistencia generada por las “malezas” fueron promoviendo el uso de otros complementos y sustitutos químicos: Atrazina; 2,4D, Endosulfán, Paraquat, Glufosinato de amonio, Dicamba.
El uso de agrotóxicos en la Argentina a impulsado, entre 2003 y 2019, al menos 28 fallos judiciales que prohíben o limitan las fumigaciones con agrotóxicos en ocho provincias. Uno de los casos emblemáticos es el de Entre Ríos, que en 2018 protegió a todas las escuelas rurales de la provincia alejando las fumigaciones terrestres a 1.000 metros de distancia, y 3.000 metros cuando se trata de fumigación aérea. En 2019, el gobernador Gustavo Bordet desoyó el fallo, emitió un decreto que permite fumigar a solo 100 metros y consiguió el visto bueno del Supremo Tribunal provincial, que había emitido cinco fallos consecutivos para proteger a la población.
La materia Práctica Final de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (Argentina) cuenta con una experiencia inédita que consiste en un «campamento sanitario» para analizar el impacto del uso de agrotóxicos en la Argentina. Llevan realizados 37 campamentos en cuatro provincias (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba). Entrevistaron a 115.000 personas (el 65% de los habitantes de los lugares estudiados). «El incremento de abortos espontáneos, malformaciones congénitas, así como de las enfermedades oncológicas (cánceres de distintos tipos, linfomas, leucemias) y su diferencia con los datos de los registros nacionales fue algo que nos hizo pensar en la necesidad de profundizar el análisis acerca de los procesos de determinación de la salud de estas comunidades”, señala el informe del Instituto de Salud Socioambiental (Inssa).

ONG Naturaleza de Derechos

El Estado ha renunciado a su función de contralor en registrar la cantidad de litros/kilos de agrotóxicos que se usan efectivamente en la agricultura industrial. Todo se rige por resoluciones de despachos administrativos que trascienden a los gobiernos, autorizan transgénicos y hacen oídos sordos a todas las evidencias científicas. Por ejemplo, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) fue creada en 1991 y su confirmación se mantuvo en secreto hasta 2017. De 34 miembros de la comisión, 26 representaban a empresas del agronegocio o tenían conflicto de intereses.

En Argentina el uso de herbicidas se incrementó en un 1.279 por ciento en un período de 20 años (de 1991 a 2011), según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se trata de un dato aislado de un organismo estatal, ya que no hay registros oficiales del uso de agrotóxicos. La ONG Naturaleza de Derechos sistematizó datos en base a información de las empresas y a los datos recogidos de los diarios donde se publicita el agronegocio, y concluyó que durante el año 2018 llegaron a usarse 525 millones de kg/l de herbicidas.

En 2015 se utilizaron 427 millones de kg/l de agrotóxicos: un promedio de 9,7 kg/l por persona. En 2016 el uso ascendió a 460 millones de kg/l (10,4 por persona). En 2017 aumentó a 480 millones de kg/l (10,9 por persona), y en 2018 llegó a los 525 millones de kg/l (promedio de 11,9 por persona). Según la misma ONG -siempre en base a datos oficiales y de las empresas del agronegocio- el promedio de herbicida aplicado por hectárea cultivada también aumentó. En 1996 se utilizaban 4 kg/l por hectárea, en 2003 aumentó a 7 kg/l, en 2010 alcanzó los 10 kg/l por hectárea, y en 2018 llegó a los 13 kg/l por hectárea.
El Espacio Multidisciplinario de Interacción Ambiental (EMISA) de la Universidad de La Plata, coordinado por el profesor Damián Marino, publicó en 2015 el estudio Plaguicidas en alimentos, donde revelaron el residuo de plaguicidas en frutas y verduras del Mercado Central platense. Entre noviembre de 2014 y abril de 2015 analizaron lechuga, acelga, zanahoria, morrón, naranja y mandarina.El 80 por ciento dieron positivas para al menos 1 compuesto agrotóxico. 3 de cada 10 tenían al menos 3 compuestos. El más encontrado fue el endosulfán, que se encuentra prohibido.
En noviembre de 2018, la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU entregó un informe sobre la Argentina en el que instó al Poder Ejecutivo a «tomar en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción de la agricultura industrial en relación con el suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras» y advirtió que el glifosato «se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías». Como contrapunto, la Relatoría insistió en «la importancia de la agricultura familiar para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos» y subrayó que «las prácticas agroecológicas han demostrado ser exitosas en varias partes del mundo».

Fuentes aquí