El gobierno de Alberto Fernández enfrenta un problema: el rápido financiamiento con actividades extractivas para afrontar la crisis implica también un veloz deterioro de las condiciones ambientales. ¿Cómo lidiará con esta tensión? ¿Qué políticas deberían diseñarse para los pueblos originarios afectados? ¿Cuáles son las demandas urgentes que plantean? Alejandro Balazote y Sebastián Valverde sostienen que el desafío es elaborar una agenda pública que implique una reparación histórica para estos grupos y, a la vez, tenga consecuencias concretas en el acceso a la tierra y a los recursos naturales.

El gobierno de Alberto Fernández abre y reformula interrogantes que, durante el descalabro socioeconómico de la gestión macrista, fueron obturados. Los últimos cuatro años debimos enfocarnos en minimizar la pérdida de derechos que considerábamos ―hasta hacía poco tiempo― inalienables, denunciar la transferencia obscena de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía y expresar nuestra solidaridad con reclamos urgentes de los sectores sociales más vulnerabilizados. Hoy, uno de los desafíos del nuevo Gobierno es diseñar una nueva estructura productiva para el financiamiento y el funcionamiento del Estado. Abordar este campo complejo y multidimensional abre una infinidad de preguntas.

¿Cómo se financiarán los gastos para atender urgencias como la pobreza y la alimentación de millones de argentinos que pasan hambre? ¿Cuál es la estructura impositiva que permitirá obtener estos recursos? ¿Cómo conciliar el voraz requerimiento de recursos que demanda el complejo agroexportador con el invalorable aporte que realiza la producción familiar? ¿Cuál será el rol de los pequeños productores familiares en la producción de alimentos? ¿Cómo será encarada la cuestión ambiental? ¿Cuáles serán las políticas implementadas en relación con los pueblos originarios de nuestro país? ¿Cuáles son las demandas urgentes que plantean a partir del cambio de Gobierno? Nos detendremos en este último sector social, ya que hace décadas que nos dedicamos a investigar y desarrollar diferentes trabajos junto con los pueblos indígenas y, en particular, con el pueblo mapuche.

Queda claro que las actividades extractivas generan ingresos fiscales casi inmediatos y esto resulta fundamental para las arcas exhaustas de un Estado desfinanciado. El balance del 2019 de los ingresos del Estado, por ejemplo, da cuenta de los aportes provenientes del rubro “Derechos de exportación” por 398.311 millones de pesos ($). A esta cifra se le suma que las retenciones a las exportaciones se incrementaron de forma notable (248,9% de suba) respecto de 2018 –cuando este valor era de 114.160 millones de pesos- como resultado del aumento del tipo de cambio nominal y el aumento en las proporciones recaudadas. Además de representar una fuente de divisas “frescas” en dólares, compensan la baja en otros rubros como los basados en el consumo.

Pero la capacidad contributiva del complejo agroexportador, más allá de las tensiones de su aplicación, es proporcional al impacto ambiental que genera. Las rentas extraordinarias que se obtienen impulsan el corrimiento de las fronteras agrarias y, por ende, el desplazamiento de miles de agricultores familiares, pequeños productores y campesinos indígenas, así como la destrucción de bosques y montes nativos. El rápido financiamiento del Estado implica también el veloz deterioro de las condiciones ambientales. Si bien el extractivismo clásico de los gobiernos conservadores y el neoextractivismo de los gobiernos progresistas latinoamericanos de los primeros años del siglo XXI se diferencian, según Gudynas, en relación con la apropiación de lo producido, generan similares efectos ambientales.

En este escenario, el nuevo Gobierno deberá enfrentar múltiples desafíos: reparar lo dañado, reconstruir lo destruido y rearmar una estructura estatal que garantice la efectiva implementación de las diversas líneas políticas diseñadas.

Abril, 2020

En las entrañas de la selva colombiana y atrincherados para restringir el ingreso a sus resguardos, los pueblos indígenas del país buscan refugios para evitar el contagio y la propagación de la COVID-19 en sus territorios y echan mano de sus conocimientos ancestrales para enfrentar la pandemia.

Las comunidades indígenas, que representan el 4,4 % de la población colombiana (1.905.617 de habitantes), han establecido una estrategia de prevención nacional que incluye, entre otras medidas, el bloqueo de vías permitiendo únicamente el ingreso de vehículos que transporten alimentos y productos de primera necesidad para su subsistencia.

“La estrategia de prevención y contención la dividimos en tres acciones específicas: pedagogía para entender la pandemia, control territorial a través de las guardias indígenas y movilización del conocimiento de los sabedores en medicina indígena”, explicó a Efe Ángel Jacanamejoy, secretario general de las Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia.

La guardia indígena, un organismo de defensa de los derechos, el territorio y la autonomía de las comunidades étnicas, se organizó desde La Guajira hasta el Amazonas para impedir el ingreso de personas ajenas a las poblaciones como turistas, visitantes de instituciones privadas, delegados de ONG o cooperantes internacionales.

Las primeros en hacerlo fueron las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habitan pueblos como los arhuacos, kogis,wiwas o kakuamos, quienes pidieron al Gobierno que prohibiera el ingreso de turistas al Parque Nacional Tayrona, uno de los grandes atractivos de Colombia.

La medida se extendió por casi todo el país y los pueblos fueron cerrando poco a poco sus fronteras, advirtiéndole al Gobierno de las necesidades de muchas de sus comunidades, algunas de ellas sin un acceso al agua que garantice su higiene para evitar el contagio.

Contingencia para una bomba de tiempo

La comunidad indígena es uno de los grupos más vulnerables ante la pandemia de la COVID-19, pues según un informe del 2016 del Ministerio de Salud, las infecciones respiratorias agudas son la tercera causa de muerte en estas poblaciones.

Además, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de la mitad de esta población vive bajo la línea de pobreza y más del 40 % se encuentra en la pobreza extrema, lo que dificulta su acceso a servicios básicos tan necesarios para enfrentar la pandemia.

Por esa razón, la Organización Indígena de Colombia (ONIC) puso en marcha un plan de contingencia para “evitar que la pandemia llegue y se propague en los territorios indígenas” de la mano del personal de salud, los médicos tradicionales, la guardia indígena y estructuras del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

La estrategia, articulada con autoridades nacionales, pretende fortalecer los sistemas de medicina tradicional de los pueblos a través de sus plantas, usos y costumbres, y gestionar con el Gobierno la ayuda humanitaria para que las comunidades puedan recibir alimentación, prevención y agua potable.

Hoy más que nunca, los indígenas promueven la práctica de sus conocimientos ancestrales, de su propia medicina y de los rituales con los que se conectan con la naturaleza para ahuyentar, dicen ellos, a los espíritus.

Las comunidades incluyeron, entre sus medidas de prevención, danzas ancestrales y bebedizos con plantas medicinales como sahumerio, ruda, romero y manzanilla, a los que les han atribuido propiedades sagradas.

“Todo esto hace parte de un gran fortalecimiento de la espiritualidad como el elemento que históricamente nos ha permitido ser fuertes física y emocional”, detalló Jacanamejoy.

Por su parte, los indígenas Nukak, en el departamento del Guaviare, solicitaron al Gobierno nacional dotaciones de alimentos y medicamentos para aislarse en sus reservas ecológicas, muchas de ellas erigidas en las montañas del país.

En un fallo inédito, la Corte dictamina que el país sudamericano debe emitir un título propietario único para 132 comunidades de la provincia de Salta

Existen cientos de reclamos de pueblos indígenas al Estado argentino para que reconozca la propiedad ancestral de las tierras, pero es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expide en uno. Se trata del conflicto más grande y antiguo en este país, involucra 400.000 hectáreas del Chaco salteño (noreste del país) habitadas por unas diez mil personas. “Argentina es responsable por violar los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a un ambiente sano, a la identidad cultural, a la alimentación y al agua”, se afirmó desde la CIDH. Las víctimas son 132 comunidades originarias a quienes Argentina deberá expedir un título de propiedad colectivo y reparar en varios aspectos. Por ejemplo, garantizándoles acceso al agua potable y a una alimentación adecuada. La zona es crítica, allí se vive en la indigencia y los niños mueren regularmente de hambre, sed o infecciones.

“Estoy contento, fue una lucha larga. Las comunidades se sienten bien, tranquilas. Saben ahora que su territorio es recuperado”, dijo Francisco Pérez, cacique de la comunidad Cañaveral y uno de los coordinadores de la asociación Lhaka Honhat. “La sentencia es muy importante: acepta la razón de nuestro pedido. Estamos contentos. Faltaría pensar cómo vamos a desarrollar, a usar nuestro territorio para el futuro. Para nuestros hijos”, sostuvo Pérez en Lhapakas (“Nuestras voces”, en wichí), una emisora popular indígena.

Abril 2020
En el mundo, la población femenina produce la mitad de los alimentos, pero siete de cada 10 pasa hambre. Es hora de abordar los retos a los que se enfrentan las campesinas.

Abordar las desigualdades y reducir las brechas que afrontan las mujeres rurales requiere conocer la situación que ellas viven todos los días como productoras, reproductoras e integrantes de organizaciones.

“Esa creencia de que la mujer rural es invisible es para los que no quieren ver”
Mujer indígena: la desigualdad de género en Colombia

Políticas públicas sólidas, programas y acciones afirmativas que incorporen el enfoque de género al ámbito rural requieren también, junto a estrategias adecuadas, una gran coalición social capaz de sensibilizar sobre un aspecto crucial para el mundo moderno.

Las mujeres que viven en el campo se caracterizan por la diversidad: son indígenas, afrodescendientes, campesinas, pescadoras, artesanas, migrantes, jóvenes y adultas. En América Latina y el Caribe viven 60 millones de mujeres rurales, de las cuales 17 millones están registradas como económicamente activas y solo 4,5 millones son consideradas como productoras agrícolas. A pesar de que muchas son grandes productoras, exportadoras y líderes de organizaciones, todavía se las considera “la esposa del productor” o una “ayudante”, relegándolas a un rol subordinado.

En el mundo las mujeres producen la mitad de los alimentos, pero siete de cada 10 personas con hambre son de sexo femenino.
Las mujeres poseen menos del 15% de las tierras y menos del 2 % de las propiedades en los países en desarrollo. Además, reciben solo el 10 % de los ingresos en el mundo pese a realizar dos tercios de todo el trabajo. De 800 millones de personas analfabetas, las mujeres rurales constituyen hasta dos tercios y representan el 43 % de la mano de obra agrícola en el mundo.

Más del 60 % de las familias más pobres están encabezadas por mujeres y viven en tierras marginales, sin acceso a los avances tecnológicos.

En el caso de las jóvenes, trabajan más horas, pero menos horas remuneradas, por lo que suelen carecer de ingresos propios, lo que las hace más dependientes de sus padres, hermanos o parejas. Esto deriva en muchos casos en situaciones de abuso y control, y otras expresiones de violencia de género.

Las mujeres en las zonas rurales tienen los peores índices de empleo y de acceso a los servicios básicos, y predominan en los trabajos informales y de más baja remuneración. Si tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, el rendimiento de sus cosechas aumentaría hasta un 30%, con una reducción del hambre de hasta un 17%.
Más del 60 % de las familias más pobres están encabezadas por mujeres y viven en tierras marginales, sin acceso a los avances tecnológicos que permiten una producción de más alto rendimiento. Su pobreza incluso les impide acceder a los insumos básicos para la producción, como fertilizantes, pesticidas y maquinaria básica para participar en las cadenas productivas y de comercialización. Estas desigualdades afectan directamente la productividad de los territorios rurales y la seguridad alimentaria del mundo.

La subrepresentación política y la exclusión digital son otros aspectos de esta realidad.
Se trata de un escenario que nos obliga a pasar a la acción y promover decididamente, con la participación de gobiernos, organismos internacionales, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, el ejercicio de ciudadanía de todas las mujeres en los territorios rurales de nuestra América.
Una acción rápida, consistente y con visión a largo plazo producirá un enorme y beneficioso impacto social.
Las mujeres que reciben ingresos son más propensas que los hombres a invertir en la alimentación y una mejor educación para sus hijos e hijas. Por eso, además de inmoral, la discriminación es ineficiente.  No se puede esperar más.

Manuel Otero es director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

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Marzo, 2020

“La situación de salud de los pueblos indígenas por enfermedades infecto contagiosas introducidas ya es grave debido a su alta prevalencia y el muy deficiente servicio de salud. El coronavirus agravaría más esta situación”, dice la antropóloga peruana Beatriz Huertas, especializada en pueblos indígenas, sobre las condiciones de salud y los riesgos que deben enfrentar ahora los pueblos amazónicos ante la presencia del COVID-19 o coronavirus.

Una pandemia que tiene en vilo a la población mundial y que ha llevado a varios países de América Latina al cierre de fronteras y la declaración del estado de emergencia, como medidas de contención frente el aumento de los casos de personas infectadas por el virus.

En Perú, el presidente Martín Vizcarra decretó estado de emergencia nacional por 15 días; mientras que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cuarentena en siete estados del país. Ecuador también dispuso restricciones para la movilización de personas y vehículos, mientras los aeropuertos están prohibiendo la llegada y salida de vuelos a diferentes partes del mundo.

Dentro de este paquete de medidas no se ha mencionado cómo tienen planeado los gobiernos de Latinoamérica atender a las poblaciones indígenas. Se ha comenzado a conversar con expertos y líderes de estos grupos para tener un panorama claro de los riesgos que enfrentan estas comunidades y, sobre todo, los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la región.

En riesgo permanente

La situación de los pueblos indígenas es de extrema vulnerabilidad. Huertas menciona que en las comunidades indígenas la prevalencia de enfermedades como la hepatitis B, la tuberculosis, la malaria o el dengue es alta. “¿Cómo afrontarán el COVID-19? Además, las altas tasas de anemia afectan su sistema inmunológico y los dejan sumamente expuestos a las enfermedades”.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más del 50% de los indígenas mayores de 35 años padece diabetes tipo 2. Además, los pueblos indígenas experimentan altos niveles de mortalidad materna e infantil, desnutrición, afecciones cardiovasculares, VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas —como el paludismo y la tuberculosis—, se menciona en la página web del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

“Los pueblos indígenas tienen una salud mucho más precaria, más probabilidades de quedar discapacitados y de que su calidad de vida disminuya y, en última instancia, de morir más jóvenes que los demás pueblos”, explican desde la ONU.