La crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Un grupo de organizaciones alertamos sobre la situación y pedimos una respuesta urgente de parte del Estado federal y los provinciales.
La pandemia impactó sobre la vida de todas las personas, pero quienes ya estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad fueron aún más afectades. Es el caso de las comunidades indígenas de nuestro país y en particular, de las del noreste y noroeste, por el agravamiento de problemas históricos como la falta de acceso al agua potable, a los servicios de salud y a los medicamentos y la persistencia de los desalojos. Además, tuvieron que enfrentar nuevas dificultades, como la exigencia de cumplir protocolos que entraban en contradicción con sus modos de vida y prácticas culturales.

Frente a esta situación, las autoridades ignoraron la necesaria participación de las comunidades en los asuntos que las afectan e, incluso, permitieron los desalojos, la represión, el hostigamiento, la detención de sus referentes, su criminalización y estigmatización.

Acceso a la salud, agua y servicios

La falta de acceso al agua potable que afecta a muchas comunidades, y que es un reclamo histórico y persistente en el NEA y en el NOA, provocó problemas serios de subsistencia, debido a la postergación de las obras y la ausencia de alternativas para el acceso. Sin este bien indispensable es imposible cumplir con los protocolos sanitarios básicos recomendados por las autoridades.

Por mencionar sólo algunos ejemplos: la comunidad wichí de Pocitos, en Formosa, reclama desde 2015 mejoras para el acceso al agua potable. En noviembre de 2020 se organizaron para exigir respuestas ante la falta de agua para lavarse las manos y preparar sus alimentos, y la insuficiente cantidad de piletones que comparten con sus animales. La respuesta estatal fue una violenta represión a la protesta, la detención de integrantes de la comunidad y su criminalización con distintas figuras penales. Antes de su liberación, fueron trasladados a un centro de aislamiento a más de 400 kilómetros, para cumplir con las medidas de prevención del Covid.

La comunidad Cueva del Inca en Tucumán sigue sin poder acceder al agua potable y tampoco tiene luz por una medida judicial de no innovar que favorece el reclamo de un interés privado. Estas condiciones se sostuvieron a pesar de la pandemia.

Con frecuencia, los centros de servicios de salud pública de los territorios comunitarios no tienen los recursos e insumos suficientes. La mayoría de las comunidades del Pueblo Diaguita y Lule de Tucumán, por ejemplo, sólo tienen acceso a servicios de salud primarios o de baja complejidad (CAPs), con recursos limitados para hacer frente a la pandemia.

Al mismo tiempo algunos sistemas de salud pública provinciales no brindan un servicio con adecuación cultural de la atención médica para las poblaciones indígenas ni desarrollan estrategias para respetar sus cosmovisiones. Además, genera dificultades en la atención la falta de personal que hable lenguas indígenas.

Consulta y participación

Un informe de instituciones académicas de todo el país demostró que el diseño de políticas públicas para la prevención y tratamiento del Covid desconoce la realidad de las comunidades.

Por citar algunos ejemplos, en distintas provincias se restringió la circulación en rutas, sin tener en cuenta que de este modo las comunidades quedaban aisladas, sin acceso a bienes básicos, entre ellos la comida y los medicamentos. El gobierno de Tucumán abrió la circulación al turismo interno sin un acuerdo básico con las comunidades de Amaicha y Quilmes, del Valle Calchaquí, que tuvieron que autoaislarse.

La falta de conectividad a internet también excluyó a las comunidades de los programas de ayuda económica a los que sólo se podía acceder online. En Formosa, las comunidades wichí de María Cristina y Santa Teresa reclamaron por un cajero móvil para el acceso a haberes, pensiones y otros programas de transferencia de ingresos. Sin respuesta, en enero realizaron una manifestación. La policía provincial reprimió el corte de ruta, detuvo a 16 personas y luego las criminalizó bajo las figuras de resistencia a la autoridad y daños. Al igual que en Pocitos, antes de ser liberadas tuvieron que cumplir con el aislamiento obligatorio provincial en centros muy distantes de sus comunidades.

Acceso a la tierra

Durante 2020, decenas de comunidades fueron desalojadas, en clara violación a la normativa federal que suspendió los desalojos de comunidades indígenas.

En el norte, hubo desalojos en Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Santa Fe. En julio, la comunidad guaraní Cheru Tumpa, de Colonia Santa Rosa, Salta, vivió un proceso de desalojo con heridos, incluyendo niñes y un bebé con un perdigón en la frente. En septiembre, algunas de las familias de esa misma comunidad, que habían permanecido en un sector del terreno, también fueron desalojadas. Noventa familias quedaron sin un lugar donde vivir. En octubre, la policía desalojó a cinco familias de la comunidad indígena de Tusca Pacha, en Palpalá, Jujuy. Las tierras, reclamadas por una inmobiliaria, estaban habitadas desde hace décadas. Durante el operativo destrozaron las viviendas e hirieron a miembros de la comunidad, incluyendo un niño. Estos son sólo algunos ejemplos de los despojos que vivieron las comunidades en plena pandemia.

En un informe presentado al Comité DESC de Naciones Unidas sobre el nivel de cumplimiento de la ley 26.160, organizaciones sociales denunciamos estos desalojos o sus amenazas, y señalamos preocupación por el escaso nivel de avance de los instrumentos de protección de la ley, como el relevamiento territorial y la marcada disparidad en su aplicación en todo el territorio nacional.

Represión y violencia policial

La policía reprimió manifestaciones, cortes de ruta y todo tipo de protestas de las comunidades indígenas por el acceso al agua potable y a servicios esenciales o en contra de políticas públicas implementadas de manera inconsulta por sobre sus culturas y sus costumbres. En algunos casos, supuestas faltas de cumplimiento de las medidas de aislamiento fueron utilizadas por las fuerzas de seguridad como justificación para el hostigamiento y persecución a comunidades indígenas.

En Formosa, el 28 de octubre de 2020 la comunidad wichí de Pozo del Oso reclamó la liberación de dos de sus integrantes que habían sido acusados de intentar cruzar el límite interprovincial entre Formosa y Salta. La respuesta fue una violenta represión con balas de goma y el arresto de 20 integrantes de la comunidad bajo la figura de atentado y resistencia a la autoridad. Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Las Lomitas y allí, como consecuencia de la detención, debieron realizar el aislamiento obligatorio. En la misma provincia, el 18 de enero la policía reprimió el reclamo de comunidades wichí en Ingeniero Juárez, quienes habían solicitado al Interventor del Hospital de la Ciudad información sobre los resultados de reiterados hisopados a integrantes de la comunidad. El operativo se desplegó con la policía montada y cuerpos de infantería. De los 4 detenidos bajo el cargo de amenazas a funcionarios del hospital, 3 eran mujeres. Al día siguiente, el reclamo por un banco móvil fue reprimido con violencia y con un despliegue policial inusitado que incluyó la presencia de 8 camiones, patrulleros y un camión celular previsto para el traslado de los 16 detenidos como consecuencia del reclamo.

En Fontana, efectivos de la Policía de Chaco, varios de ellos sin uniforme, irrumpieron durante la madrugada en la casa de una familia qom, sin orden de allanamiento, y les torturaron, golpearon y humillaron. También se conocieron otros hechos de violencia policial contra comunidades indígenas de esa provincia, como el ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek a principios de abril y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio. Si bien el gobierno provincial estableció canales de diálogo para intervenir en muchos de estos conflictos, condenó el gravísimo episodio y suspendió a los efectivos involucrados, resulta particularmente relevante poner en el centro de atención estas prácticas policiales sumamente violentas sobre comunidades indígenas.

Una respuesta específica y urgente

Las condiciones históricas de discriminación y pobreza de las comunidades indígenas obligan a los gobiernos a establecer políticas específicas para atender su situación agravada en pandemia.

Es indispensable que haya mecanismos de participación y consulta en la toma de decisiones e información suficiente y adecuada para que esos mecanismos sean efectivos. El gobierno federal podría desarrollarlos dentro de los ámbitos de gestión que tiene con los gobiernos provinciales. También podría poner en funcionamiento canales para que las comunidades realicen sus reclamos y se agilicen las respuestas a sus necesidades.

A principios de 2020, el gobierno federal promovió en el marco del Consejo de Seguridad Interior un acta acuerdo para crear una “Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios”, que intervenga en conflictos territoriales en la búsqueda de soluciones consensuadas. Hasta el momento, sólo tomamos conocimiento de la intervención de esta mesa en Río Negro. Es necesario que amplíe su intervención en otras provincias y conflictos y que las provincias comprometan su participación.

También resulta urgente organizar dispositivos e instrumentos efectivos para la eliminación de prácticas discriminatorias y estigmatizantes por parte de la policía y en el ámbito de la salud, la educación y la justicia. A la vez, tienen que desarrollarse instrumentos que aseguren una participación auténtica de las comunidades, con información clara, formulada de manera sencilla y desde un abordaje intercultural para el desarrollo de medidas de autocuidado y cuidado mutuo.

Los estados nacional y provinciales tienen que tomar medidas para garantizarles a las comunidades la seguridad en la tenencia de la tierra. Esto incluye avanzar en el proceso de relevamiento de los territorios de las comunidades exigido por la ley 26160 y adoptar las medidas necesarias para garantizar que nadie más pueda reclamar esas tierras. Además, el Congreso nacional tiene que sancionar las leyes demandadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer el marco normativo de protección de las comunidades: una ley de propiedad comunitaria indígena y una ley para la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas ante cualquier decisión que afecte sus territorios ancestrales.

Fuente aquí

Considerada Tesoro Vivo de la Humanidad por la Unesco, se lleva a los 93 años las voces de los indígenas canoeros de Tierra del Fuego, en el extremo sur de América

Ya nadie hablará yagán. A los 93 años ha muerto Cristina Calderón, y se ha llevado consigo el idioma de sus antepasados, los yagán, el pueblo indígena más austral del planeta, nómades canoeros que durante 6.000 años habitaron Tierra del Fuego, en el extremo sur de América. Con Calderón murió la última yámana étnicamente pura y la custodio de una cultura que se ha ido perdiendo fruto del mestizaje con otros pueblos indígenas y el hombre blanco.

Cristina Calderón había sido declarada Tesoro Vivo de la Humanidad por el Gobierno chileno y la Unesco. Dejó siete hijos y 14 nietos, pero ninguno habla el idioma como ella. Su hija menor, Lidia González Calderón, es una de las legisladoras indígenas que en estos momentos redactan la nueva Constitución chilena. “Todo lo que haga en el trabajo en el que estoy, será en tu nombre. Y en él, estará también reflejado tu pueblo. Tengo una pena profunda por no estar con ella al momento de partir. Es una noticia triste para los yagán”, escribió González en Twitter.

“Cuando falleció mi hermana Úrsula me quedé solita, sin nadie con quien hablar”, dijo Cristina Calderón en 2016. “Aprendí español a los nueve años. El papá de una sobrina era gringo, y me fueron enseñando de poquito”, recordaba en su casa de Villa Ukika, en Puerto Williams, con vista al canal de Beagle. “Entonces todos hablaban yagán, pero después empezaron a fallecer, y quedé yo no más. Las guaguas [niños] no quisieron aprender. Tenían vergüenza. La gente blanca se reía de ellos”. El yagán tenía 32.400 vocablos, una enormidad si se lo compara con las 5.000 palabras que maneja cualquiera de nosotros habitualmente.

Cristina Calderon trabaja la tierra en cercanías de la cordillera Darwin, cordón montañoso chileno ubicado en el suroeste de la isla Grande de Tierra del Fuego.

Los yagán recorrián con sus canoas los gélidos canales fueguinos y vivían de la pesca. Una investigación publicada en la revista Science en octubre pasado presentó evidencias paleontológicas que apuntan a la presencia de indígenas yagán en las Islas Malvinas mucho antes de que británicos o argentinos pisasen el archipiélago. Cuando el hombre blanco llegó a la isla de Tierra del Fuego en el siglo XIX, había unos 3.000 yagán o yámanas, como también se los conoce. Medio siglo después, las enfermedades traídas por los conquistadores habían reducido su número a 130.

El mestizaje, la evangelización anglicana y las presiones culturales derivadas de la colonización rompieron la cadena natural de la transmisión oral; el idioma se fue perdiendo con la muerte de sus últimos hablantes. La hermana de Calderón, Úrsula, murió en 2003. En 2012 falleció Emelinda Acuña, otra yagán hablante. Hoy solo quedaba Cristina Calderón.
Hasta sus últimos años, Calderón se empeñó en conservar y transmitir todo lo que sabía de su idioma y su cultura. Junto con su nieta, Cristina Zárraga, creó un diccionario del yagán al español, acompañado de un CD donde se escuchan algunas palabras. Abuela y nieta editaron además un libro de leyendas, canciones e historias originarias llamado Hai Kur Mamašu Shis (Quiero contarte un cuento). Su hija Lidia Calderón prometió, como constituyente, defender el legado de su madre y el idioma yagán, pese a los desafíos que eso supone: “Si bien con su partida se pierde un caudal de conocimiento empírico especialmente valioso en términos lingüísticos, las posibilidades de rescate y sistematización del idioma están abiertas”.

Fuente aquí

La crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Un grupo de organizaciones alertamos sobre la situación y pedimos una respuesta urgente de parte del Estado federal y los provinciales.

La pandemia impactó sobre la vida de todas las personas, pero quienes ya estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad fueron aún más afectades. Es el caso de las comunidades indígenas de nuestro país, y en particular, de las del noreste y noroeste, por el agravamiento de problemas históricos como la falta de acceso al agua potable, a los servicios de salud y a los medicamentos y la persistencia de los desalojos. Además, tuvieron que enfrentar nuevas dificultades, como la exigencia de cumplir protocolos que entraban en contradicción con sus modos de vida y prácticas culturales.

Frente a esta situación, las autoridades ignoraron la necesaria participación de las comunidades en los asuntos que las afectan e, incluso, permitieron los desalojos, la represión, el hostigamiento, la detención de sus referentes, su criminalización y estigmatización.

Acceso a la salud, agua y servicios

La falta de acceso al agua potable que afecta a muchas comunidades, y que es un reclamo histórico y persistente en el NEA y en el NOA, provocó problemas serios de subsistencia debido a la postergación de las obras y la ausencia de alternativas para el acceso. Sin este bien indispensable es imposible cumplir con los protocolos sanitarios básicos recomendados por las autoridades.

Por mencionar sólo algunos ejemplos: la comunidad wichí de Pocitos, en Formosa, reclama desde 2015 mejoras para el acceso al agua potable. En noviembre de 2020 se organizaron para exigir respuestas ante la falta de agua para lavarse las manos y preparar sus alimentos, y la insuficiente cantidad de piletones que comparten con sus animales. La respuesta estatal fue una violenta represión a la protesta, la detención de integrantes de la comunidad y su criminalización con distintas figuras penales. Antes de su liberación, fueron trasladados a un centro de aislamiento a más de 400 kilómetros, para cumplir con las medidas de prevención del Covid.

La comunidad Cueva del Inca en Tucumán sigue sin poder acceder al agua potable y tampoco tiene luz por una medida judicial de no innovar que favorece el reclamo de un interés privado. Estas condiciones se sostuvieron a pesar de la pandemia.

Con frecuencia, los centros de servicios de salud pública de los territorios comunitarios no tienen los recursos e insumos suficientes. La mayoría de las comunidades del Pueblo Diaguita y Lule de Tucumán, por ejemplo, sólo tienen acceso a servicios de salud primarios o de baja complejidad (CAPs), con recursos limitados para hacer frente a la pandemia.

Al mismo tiempo algunos sistemas de salud pública provinciales no brindan un servicio con adecuación cultural de la atención médica para las poblaciones indígenas ni desarrollan estrategias para respetar sus cosmovisiones. Además, genera dificultades en la atención la falta de personal que hable lenguas indígenas.

Consulta y participación

Un informe de instituciones académicas de todo el país demostró que el diseño de políticas públicas para la prevención y tratamiento del Covid desconoce la realidad de las comunidades.

Por citar algunos ejemplos, en distintas provincias se restringió la circulación en rutas, sin tener en cuenta que de este modo las comunidades quedaban aisladas, sin acceso a bienes básicos, entre ellos la comida y los medicamentos. El gobierno de Tucumán abrió la circulación al turismo interno sin un acuerdo básico con las comunidades de Amaicha y Quilmes, del Valle Calchaquí, que tuvieron que autoaislarse.

La falta de conectividad a internet también excluyó a las comunidades de los programas de ayuda económica a los que sólo se podía acceder online. En Formosa, las comunidades wichí de María Cristina y Santa Teresa reclamaron por un cajero móvil para el acceso a haberes, pensiones y otros programas de transferencia de ingresos. Sin respuesta, en enero realizaron una manifestación. La policía provincial reprimió el corte de ruta, detuvo a 16 personas y luego las criminalizó bajo las figuras de resistencia a la autoridad y daños. Al igual que en Pocitos, antes de ser liberadas tuvieron que cumplir con el aislamiento obligatorio provincial en centros muy distantes de sus comunidades.

Acceso a la tierra

Durante 2020 decenas de comunidades fueron desalojadas en clara violación a la normativa federal que suspendió los desalojos de comunidades indígenas.

En el norte, hubo desalojos en Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Santa Fe. En julio, la comunidad guaraní Cheru Tumpa, de Colonia Santa Rosa, Salta, vivió un proceso de desalojo con heridos, incluyendo niñes y un bebé con un perdigón en la frente. En septiembre, algunas de las familias de esa misma comunidad, que habían permanecido en un sector del terreno, también fueron desalojadas. Noventa familias quedaron sin un lugar donde vivir. En octubre, la policía desalojó a cinco familias de la comunidad indígena de Tusca Pacha, en Palpalá, Jujuy. Las tierras, reclamadas por una inmobiliaria, estaban habitadas desde hace décadas. Durante el operativo destrozaron las viviendas e hirieron a miembros de la comunidad, incluyendo un niño. Estos son sólo algunos ejemplos de los despojos que vivieron las comunidades en plena pandemia.

En un informe presentado al Comité DESC de Naciones Unidas sobre el nivel de cumplimiento de la ley 26.160, organizaciones sociales denunciamos estos desalojos o sus amenazas, y señalamos preocupación por el escaso nivel de avance de los instrumentos de protección de la ley, como el relevamiento territorial y la marcada disparidad en su aplicación en todo el territorio nacional.

Frente a la petición de disculpas, Felipe VI afirma que “hay que estar orgulloso” de la herencia hispana

Frente a los movimientos indigenistas, que ven en la conquista de América una operación de exterminio de las poblaciones precolombinas y expolio de sus recursos naturales, Felipe VI ha elogiado este martes en Puerto Rico el “modelo de presencia de España en América”; un modelo en el que, ha asegurado, “los nuevos territorios se incorporaban a la Corona en situación de igualdad con los demás reinos”. En el Ayuntamiento de San Juan, la capital del país, de cuya fundación se cumple ahora el quinto centenario, el alcalde, Miguel Romero, le ha entregado las llaves de la ciudad. El Rey ha reivindicado a Juan Ponce de León, conquistador y primer gobernador de la isla, cuya estatua fue derribada pocas horas antes de su llegada por un grupo autodenominado Fuerzas Libertarias de Borikén, nombre con el que llamaban a la isla los indígenas taínos, en protesta por la visita. Esta mañana estaba de nuevo sobre su pedestal, con protección policial.

En contraste con quienes solo ven en los colonizadores a criminales y genocidas —lo que en 2020 desató una ola iconoclasta de ataques a estatuas y monumentos en Estados Unidos—, Felipe VI ha destacado que en las primeras ciudades hispanas en América “España impulsó construcciones y edificaciones que hoy, más de 500 años después, siguen albergando las instituciones públicas”; y han hecho que el centro histórico de San Juan fuera declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1993. Más allá de la arquitectura, la colonización española, ha subrayado, “implicó la creación de instituciones de gobierno, la construcción de universidades, escuelas, hospitales e imprentas. España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo; y con todo ello aportó valores y principios como las bases del Derecho Internacional o la concepción de derechos humanos universales”, ha insistido.

Lejos de sentir vergüenza por la colonización, el Rey ha llamado a sentirse “orgullosos todos, puertorriqueños, españoles y resto de pueblos hispanos” de los valores y principios que llevó España a América; “muchos de los cuales están todavía vigentes y nutren el acervo de lo mejor de las sociedades democráticas”. Unos valores, ha insistido, “tan básicos que hoy nos parecen evidentes, pero que no lo eran en otras épocas”, en alusión a la consideración de los indios como seres humanos dotados de alma.

En Puerto Rico, el indigenismo es muy minoritario, pero en otros países iberoamericanos la opinión sobre la etapa de dominación española es mucho más crítica y ha provocado choques con el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien, en 2019, reclamó por escrito al rey de España que pidiera perdón por la conquista. Felipe VI ignoró la demanda y solo recientemente el presidente mexicano dio el asunto por zanjado. “Lo tomaron mal y ni siquiera me respondieron a la carta. Sin embargo, eso ya pasó, cada quien que asuma su responsabilidad”, afirmó López Obrador la semana pasada.

El Rey ha recorrido caminando las calles adoquinadas y cuajadas de balcones que separan el palacio del Gobernador de Puerto Rico del consistorio de San Juan y ha comprobado que en la capital de este Estado Libre Asociado de Estados Unidos “se respira mucha hispanidad, como no podía ser de otra manera”, con más de dos terceras partes de su historia bajo la corona española.

A continuación, Felipe VI ha inaugurado un encuentro empresarial con casi un centenar de directivos de compañías españolas y portorriqueñas en el que han participado, entre otros, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, así como los consejeros delegados de Mapfre o Abertis. El Rey ha subrayado el papel jugado por Puerto Rico para el desembarco de empresas españolas en Estados Unidos y ha ofrecido que España cumpla la misma función para las empresas puertorriqueñas en la UE. Aunque ha elogiado las buenas relaciones económicas y comerciales entre los dos países, ha admitido que estas “pueden ser más fluidas”, para lo que ha instado a las autoridades locales a mantener “una comunicación abierta”.

Fuente aquí

Marsella - 10 ENE 2022

“Una mujer, ¿para qué? Solo necesitamos un candidato que vaya a competir”, le dijeron los hombres a Sara Omi (Ipeti, Panamá, 1987) cuando, después de años como autoridad tradicional y presidenta del territorio emberá del Alto Bayano, quiso optar al puesto de cacique, la representación más alta en su comunidad. A pesar de que perdió las elecciones “con mañas y fraudes”, como ella denunció, ahora que han pasado varios meses de ese duro momento, se siente orgullosa de su papel y su trayectoria: “Decidí, como mujer, ser parte de este proceso. Y no salí llorando, salí más fuerte”, corrobora Omi, primera emberá abogada y todo un referente de la lucha por la igualdad de las mujeres indígenas en Panamá.

“Yo nací en la comunidad de Ipeti Emberá del territorio colectivo Alto Bayano”, cuenta. “Mis abuelos fueron desplazados de manera forzosa por la construcción de la hidroeléctrica Ascanio Gua Villalaz. Toda su vida quedó bajo el agua. Mi madre tenía nueve años cuando sucedió, así que yo pertenezco a un colectivo que fue reubicado para tener una nueva vida”.

Criada en un grupo reasentado en un terreno sobre el que no contaba con título de propiedad colectiva de tierras, la inseguridad jurídica era una constante por la pérdida de territorios y bosques y las invasiones de empresas con intereses en los recursos naturales de la zona. Todo eso hizo que, desde joven, Sara Omi fuera muy consciente de las necesidades de su comunidad y los derechos que reivindicaban. “Mi madre se llama Omayra Casama y me considero una líder desde que estaba en su vientre porque con sus enseñanzas me ha inculcado no apartarme nunca de la búsqueda de oportunidades, no solamente para mí misma, sino para abrir puertas a otras mujeres” explica.

Tenemos un trabajo enorme para fortalecer las capacidades de otras mujeres para que crean en ellas mismas

Un 12,8% de la población de Panamá es nativa y pertenece a alguno de los siete pueblos reconocidos como tal. En una entrevista de 2018, Dianna Pizarro, especialista sénior en desarrollo social del Banco Mundial, indicaba que la brecha de inclusión entre indígenas y no indígenas en el país era todavía muy grande, con un 86% de la población en territorios originarios en situación de pobreza. Pizarro añade que las primeras tienen cinco veces más riesgo de mortalidad materna que las panameñas que no lo son. Asimismo, un informe de 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recoge que, aunque en los últimos años se han reducido el número de madres adolescentes y están funcionando diferentes sistemas de planificación familiar, las tasas de fecundidad entre las nativas siguen siendo elevadas y que las situaciones de dependencia y sumisión a los hombres son muy frecuentes.

La presencia materna como referente clave

La presencia de su madre es fundamental en la historia de Omi, que nació cuando ella apenas tenía 15 años. Cuenta que, a pesar de tener que renunciar a muchas cosas por tener una familia tan joven, su madre realizó infinidad de cursos y trabajos para poder sacar adelante a sus hijos, siempre buscando que no pasaran por lo que ella había tenido que vivir. Recuerda también –y aquí se llena de orgullo al explicarlo– que de forma paralela, su madre siempre estuvo vinculada a los procesos de lucha de la comunidad por el territorio y que en el año 2000 se convirtió en la primera mujer cacique del pueblo emberá, rompiendo muchas barreras de discriminación.

Su ejemplo y su tenacidad fueron indispensables para que Omi pudiera continuar sus estudios más allá de la educación secundaria, que era hasta donde podía estudiar donde ella vivía. En esa época, una congregación de religiosas católicas visitaban la zona y disponían de una casa para jóvenes en Ciudad de Panamá, y su madre decidió enviarla con ellas. “Yo tendría 14 años, y mi madre me dijo algo como ‘bueno, al próximo año vas a ir a la ciudad, vas a estudiar, pero te vas a convertir en monja”, cuenta entre risas.

Sin necesidad de profesar votos, la experiencia en la capital fue determinante para Omi, quien adquirió una formación doble: desde su cosmovisión indígena emberá y desde un enfoque occidental. Además de ser la primera indígena en conseguir una beca completa en la Universidad Católica Santa Mª la Antigua de Panamá para estudiar Derecho, se convirtió también en la primera mujer emberá abogada.

Para no perder la conexión con sus raíces, durante esos años entró a formar parte de la Organización de jóvenes Emberá-Wounaan de Panamá y comenzó a participar en los movimientos de liderazgo. Desde su triple papel de estudiante de Derecho, mujer e indígena, aprovechó para analizar la realidad indígena más allá de las necesidades de su comunidad.