Salvador Millaleo: un análisis del conflicto mapuche en la zona mapuche del sur de Chile

El autor del programa de Gabriel Boric en temas mapuches, y tras haber renunciado como asesor del Gobierno, analiza en entrevista el conflicto en el sur de Chile

Viernes 27 de mayo de 2022. Santiago de Chile

El constitucionalista mapuche Salvador Millaleo (Talca, 49 años), uno de los más reconocidos abogados expertos en asuntos indígenas, fue el hombre clave del programa presidencial de Gabriel Boric en estas materias. Militante de Revolución Democrática del Frente Amplio de izquierda, el académico de la Universidad de Chile ha sido uno de los cerebros de una propuesta de Constitución marcada por la plurinacional y debutó en marzo en La Moneda como coordinador de temas indígenas del Ministerio del Interior, liderado por Izkia Siches.

Luego de un aterrizaje complejo de Siches en la cartera, marcado por un atentado en un viaje a una comunidad indígena a tres días de asumir, Millaleo renunció al cargo tempranamente. En esta entrevista, la primera que concede desde entonces, analiza el conflicto “entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”, como lo llama, la decisión del Gobierno de decretar un Estado de excepción acotado en la zona –pese a las promesas de campaña de sacar a los militares– y reivindica la vía política. Todo, en medio de un recrudecimiento de la violencia en La Araucanía.

Pregunta. ¿El Gobierno se encontró con una realidad más compleja en el tema indígena?

Respuesta. El tema indígena no es fácil para nadie. Se requiere mucha preparación para desarrollar estrategias políticas eficaces en un tema tan complejo. Se ha requerido tomar las cosas con mayor calma y mayor planificación y, sobre todo, entender que esto no se puede hacer –ni siquiera ahora– sin las fuerzas políticas mapuche más relevantes que están dispuestas al diálogo institucional. La posibilidad de acuerdo con los grupos radicalizados, en tanto, quizás fue sobrevalorada.

P. ¿Cómo describiría lo que ocurre en La Araucanía y en las zonas vecinas?

R. Es la profundización de un conflicto que tiene raíces históricas, pero que ha sido tan mal tratado que ha generado derivaciones ahora mucho más violentas. En términos internacionales, cuando uno lo explica en foros, este es un conflicto que sigue siendo de baja intensidad. De hecho, hay una variable de objetividad que se usa que es bastante cruel, el número de muertos. Y el número de muertos sigue estando en los estándares de baja intensidad, aunque está creciendo. Pero no es una guerra civil, no hay cientos de muertos.

P. ¿Es una guerrilla?

R. No, no califica para un conflicto armado interno. Pero lo problemático, por supuesto, es que la violencia se está incrementando no solo en número, sino en la calidad e intensidad. Porque cuando un conflicto como éste de índole étnico-político se maneja mal, empieza a expandirse y se entra en dimensiones más difíciles de manejar, con nuevos factores de criminalidad organizada.

P. ¿Piensa, entonces, que se están dando las condiciones para hablar, ahora sí, de terrorismo?

R. No creo, todavía. Me atemorizaría pensar que fuera una profecía que se auto cumpla. Que, si el Estado lo maneja todavía más mal, alguna vez aparezca algo más fuerte.

P. ¿A qué se refiere cuando habla de un mal manejo del Estado?

R. Una perspectiva que ha sido muy determinante en el mal manejo del conflicto ha sido el populismo penal, un punitivismo que ha tachado esto de terrorismo desde hace 20 años y que aplicó la Ley Antiterrorista cuando se producían ataques a maquinarias y no comprometían la vida humana. Eso determinó que el Estado haya empezado a aplicar ciertas políticas de criminalización que lo único que hicieron fue agravar el conflicto hasta llegar a la actualidad donde, repito, los hechos han crecido en número e intensidad.

P. ¿Cómo se explica este aumento?

R. Hay dos factores. Uno, que la relación con el pueblo mapuche se deteriora mucho. El Estado no logra generar un acuerdo con el pueblo mapuche. Por eso, a partir de 2010, la protesta pacífica política y no violenta pierde intensidad, mientras que aumenta la violencia política, lo que indica el fortalecimiento de los actores radicalizados.

P. ¿Y el segundo factor?

R. Que cuando se retira el Estado, el espacio lo comienzan a llenar otros poderes –como el robo de madera–, que generan ingresos, recursos. No es, como dice la derecha, que todo el movimiento mapuche subversivo está en esto o en el narcotráfico, pero sí que hay ciertos grupos que tienen algún contacto y dentro de ciertos grupos, partes que sí y partes que no.

P. ¿Los financian?

R. El mito del populismo penal es que estos delitos son el gran motor de financiamiento de los grupos radicalizados, pero creo que todavía no es así. Todavía hay una oportunidad de conducir las cosas de otra manera.

P ¿En el fondo del asunto sigue estando la restitución de tierras?

R. El tema de las tierras, efectivamente, es la base del conflicto histórico y el motor de las primeras orgánicas. Pero esto ha ido evolucionando. Se agregan los conflictos socioambientales: se aprueban proyectos de inversión sin consulta indígena y eso genera tensiones territoriales. Ahora, además, tienes una segunda generación, donde ya tienes presos y parte del conflicto se explica por la situación de los que fueron apresados los años anteriores.

P. ¿Es nuevo el enfrentamiento entre los mismos mapuche?

R. Tiene que ver con la tensión entre los que tienen una lógica político-institucional, de participación política y protesta, versus la lógica de la acción directa. Y un segundo elemento, la infiltración de los fenómenos [del robo de madera y del narco] que provoca problemas internos incluso dentro de los grupos que están por la vía armada.

P. ¿Cree que seguirá aumentando la violencia en la zona mapuche?

R. La violencia previsiblemente va a escalar, porque no hay nada que se haya hecho que permita pensar lo contrario. Los factores de escalamiento –más medios de violencia, no hay grandes transformaciones estructurales– no permiten decir que algo vaya a aplanar la curva. Aunque tengo esperanzas en que las transformaciones estructurales puedan partir con la nueva Constitución.

P. ¿Cómo caracterizaría a los grupos que están por la vía política?

R. Fue un espacio que estuvo muy decaído hasta el proceso constituyente, que logra generar un espacio institucional que estaba completamente anulado. Ese espacio ha seguido avanzando y, en el marco actual, si quieres buscar noticias positivas, están todas en la convención. La convención ha generado normas que van en la dirección de solucionar las grandes demandas históricas del movimiento mapuche e indígena. Por cierto, esto está amenazado por un establishment que no quiere una nueva Constitución y sigue apostando por un rechazo en el referendo

P. ¿Cómo debería implementarse la nueva Constitución?

R. Los actores políticos, ya no la convención, deben establecer un diálogo con los dirigentes institucionales del mundo indígena y llegar a grandes acuerdos con ellos. Es un camino correcto, aunque no un camino que vaya a producir mágicamente resultados por sí mismo. Respecto al otro diálogo, con los grupos violentos, hay que ser realistas: un diálogo con todos los actores no es posible porque ellos mismos han cerrado la puerta.

P. ¿Es una propuesta de Constitución indigenista, en un país con un 13% de indígenas?

R. Es una propuesta de Constitución que toma en serio el tema indígena. Quienes la catalogan de indigenista, irresponsables, son los mismos que piden que se recrudezca el Estado de excepción y quieren dejar sin espacio para generar la única vía posible para una solución del conflicto.

P. Lo político parece ser el camino largo, pero ¿qué se hace en lo inmediato con la violencia en el sur?

R. Nuestro dilema está en estos dos imaginarios que nos han distorsionado la visión para enfrentar el asunto. Está, por una parte, el populismo penal, que dice que el problema se va a resolver en la medida que el Estado incremente la criminalización y la disposición de recursos para perseguir criminal –y ahora militarmente– a las violencias. Y, por otra parte, un imaginario romántico, que uno no puede negar que está presente en ciertos elementos de la izquierda: de pensar que estos grupos corresponden a revolucionarios que surgen de situaciones de inequidad. Esos dos elementos nublan el diagnóstico.

P. ¿Cómo se debe analizar, según usted?

R. Con realismo progresista. Aceptar que la situación es compleja, que se ha recrudecido, que es necesario hacer un trabajo de seguridad, pero un trabajo de seguridad que funcione. El Estado de excepción es populismo penal puro, porque implica desplegar militares que son fuerzas que no tienen la preparación para tratar con temas de orden público. Es muy difícil construir seguridad si no se hace en conjunto con el pueblo mapuche.

P. ¿Por qué cree que el Gobierno de Boric, pese a sus planes originales, decretó el Estado de excepción en la zona?

R. La presión ha sido muy fuerte –efectivamente hay un recrudecimiento de la violencia–, pero todavía tengo la confianza en la visión del presidente de que esto sigue siendo un problema fundamentalmente político. Y el Gobierno va a recibir una segunda oportunidad muy importante para encauzar su estrategia a partir de la aprobación de la nueva Constitución y su implementación. Lo crucial es retomar el camino político.

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EXPLOTACIÓN LABORAL Y ESCLAVITUD. Un caso increíble en Brasil

Rescatan a una mujer que era "criada" de una familia tras 72 años de esclavitud en Brasil, sin salario ni vacaciones.

Es el caso de esclavitud contemporánea más prolongado descubierto en el país, que celebra el 134º aniversario de su abolición
São Paulo - 14 MAY 2022

Se desconoce su nombre porque no ha sido divulgado por las autoridades, pero sí se sabe que tiene 86 años, que es negra y que fue explotada por una familia apellidada Mattos Maia. Es la víctima del caso de esclavitud contemporánea más prolongado descubierto en Brasil. A partir de la adolescencia y durante 72 años, trabajó como criada para tres generaciones de una familia sin cobrar un salario ni tener vacaciones. Su historia fue divulgada este viernes, precisamente en el día en que se conmemora el 134 aniversario desde que la princesa Isabel firmó la abolición de la esclavitud.

Cuando la anciana fue rescatada en una vivienda de Río de Janeiro hace dos meses, dormía en un sofá a las puertas de la habitación de la patrona —también octogenaria, de edad similar a la suya— de la que cuidaba. Su avanzada edad le impedía ya ocuparse de las tareas de limpieza o de planchar. La Auditoría Fiscal del Trabajo la localizó allí tras recibir una denuncia anónima. La víctima está desde entonces en un asilo al cuidado de los servicios sociales, intentando adaptarse a la libertad, a tomar sus propias decisiones. Todo un desafío tras una vida entera aislada del mundo más allá de las cuatro paredes de la casa.

Las autoridades publicaron esta imagen del sofá en el que dormía la mujer de 86 años, fuera del cuarto de su empleadora.

La víctima nació en una finca de la familia Mattos Maia, donde trabajaban sus padres, y en la adolescencia fue enviada a casa de los patrones a servir. Fue así que comenzó una explotación a la que estuvo sometida durante las siguientes siete décadas por tres generaciones. Por aquella época, en torno a los cincuenta, Getulio Vargas gobernaba Brasil por segunda vez y en Inglaterra una veinteañera era coronada como Isabel II.

Con los años, la familia y ella se trasladaron a Río capital. Los Mattos Maia, con los que ha vivido casi toda su vida, alegaron que no hay delito alguno, que ella es una más de la familia. Es un argumento esgrimido a menudo por los explotadores. El inspector que lleva el caso, Alexandre Lyra, ha explicado en declaraciones al portal G1, del grupo Globo, por qué considera que este no es de ninguna manera el caso. “Esta señora, de la que los empleadores dicen que es de la familia, aunque no lo es, se comporta de manera absolutamente sumisa. El empleador habla por ella. Cualquier respuesta que le pidamos a ella, es el empleador quien responde. Ella no custodia sus propios documentos. Los tiene el empleador”.

Un largo pasado de esclavitud

Brasil abolió la esclavitud en 1888, después del resto de los países de las Américas. El inhumano régimen estuvo vigente durante 350 años. Y hasta sus puertos fueron trasladados en barcos negreros cinco millones de personas, más que a ningún otro país del continente. Por eso, sus efectos son muy evidentes en la desigualdad que desgarra la sociedad brasileña hasta la actualidad. Los ciudadanos negros viven menos, son más pobres.

El año pasado, las autoridades rescataron a casi 2.000 brasileños explotados como esclavos, 27 de ellos ejercían de empleados domésticos. Desde que se tipificó el delito y comenzaron las inspecciones, 58.000 brasileños explotados en circunstancias gravísimas han recuperado la libertad. El caso de Madalena Giordano tuvo especial repercusión, quizá porque la familia que la explotó durante 40 años la casó con un pariente mayor que era militar para seguir cobrando la pensión. Las denuncias aumentaron. Y transcurridos unos meses, acusados y víctima llegaron a un acuerdo por el que la antigua criada fue indemnizada con el apartamento familiar.

Estos casos tan prolongados de empleadas domésticas convertidas en esclavas contemporáneas son especialmente dramáticos porque las víctimas pierden todo contacto con sus familias. Recluidas en los hogares, no tienen amigos, solo a la familia con la que viven y que a su vez las explota. “Ella no tiene noción de que estaba esclavizada”, ha explicado la directora del centro de mayores donde permanece mientras las autoridades buscan parientes suyos. Una especialista en trabajo esclavo entrevistada por Reporter Brasil explica que, aunque las víctimas suelen ser conscientes de que no son uno más en la familia, como no tienen otra opción, mantienen una lealtad, una especie de deuda de gratitud, hacia las personas a las que sirven, para las que cocinan, lavan y a las que a menudo han criado.

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COLOMBIA - Los 2.000 indígenas del Parque Nacional llegan a un acuerdo con el Gobierno para volver a sus territorios

Bogotá - 09 MAY 2022

Está a punto de terminar una de las tomas más emblemáticas de Bogotá. Indígenas de distintas partes de Colombia llegaron al Parque Nacional hace ocho meses para denunciar las amenazas y la violencia que sufren de parte de los grupos armados. La lucha, después de aguantar malviviendo en carpas en el parque de la capital, empieza a dar resultados. El Gobierno firmó la semana pasada un acuerdo con ellos para garantizar unas condiciones seguras en el regreso a sus pueblos. No es la solución a todos sus problemas, pero es un principio. A pesar del acuerdo, agunos han optado por ser realojados en Bogotá.

Los autobuses llevan desde este sábado aparcados frente al parque para empezar el traslado de los 15 pueblos indígenas a su hogar. Entre la lluvia, las distintas familias se debaten entre qué empacar y qué dejar en el parque que ha sido su vivienda en los últimos meses. “Llevemos las ollitas y una leña por si acaso necesitamos cocinar por el camino”, dice Luz, de 49 años.

El acuerdo incluye la participación de los indígenas en la política pública Indígena que el Distrito iniciará en los próximos días y apoyo para sus emprendimientos. Además, se acordó que el Ministerio del Interior y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas se encargue de garantizar el regreso a sus territorios de origen de manera segura. También se les dará apoyo económico para financiar sus proyectos productivos y alternativas de vivienda acordes con sus prácticas socioculturales.

El Gobierno firmó un acuerdo con los pueblos para garantizar unas condiciones seguras para que puedan volver a sus pueblos.

Cae la tarde sobre el Parque Nacional, donde hasta hace unos meses a estas horas decenas de jóvenes entrenaban al fútbol, paseaban novios tomados de la mano y los niños comían un helado después de pasar un rato jugando. Hoy el paisaje es completamente diferente para los transeúntes que pasan por una de las principales arterias de la ciudad, la carrera séptima. La entrada al parque público está vallada y los indígenas hacen guardias para vigilar quién entra y sale.

Las tiendas de campaña improvisadas hechas con plásticos y los colchones sobre la tierra han sido su hogar este tiempo. En uno de estos cambuches, como le llaman ellos a las chozas, dormía la líder de la comunidad zenú, Luz Marina Navarro, de 56 años. Navarro fue secuestrada por la guerrilla durante tres años por ser la líder social en su pueblo. Desde entonces, no ha podido volver a su territorio. Le tocó mudarse a Bogotá, donde lleva viviendo 15 años. “Nosotros pedimos que nos reubiquen en la ciudad o poder retornar a nuestros territorios con garantías. Estamos aquí por el conflicto armado. Ha sido muy difícil aguantar el frío, la lluvia, la falta de comida y el no poder dormir. Pero aquí seguimos luchando por nuestros derechos”, contaba hace unos días.

Dentro del parque han vivido casi 600 niños. Han muerto dos y han nacido tres en este tiempo. A los padres les preocupa mucho el nivel de desnutrición que están sufriendo sus pequeños, además del hecho de que no están escolarizados. A esto suman la inseguridad de dormir al raso.

La comida que ha llegado al campamento durante estos meses viene de donaciones solidarias y a veces no alcanza para todos. “Desayunamos casi siempre una libra de arroz, pero a veces no es suficiente”, explicaba Navarro. Ella ha dormido con su pareja en un colchón debajo de un plástico junto con otras 16 familias con las que comparten las pocas mantas que tienen. A la lideresa se le iluminan los ojos cuando recuerda los desayunos que hacía en su tierra. Se levantaban todas las mañanas a pescar en el río. “Si estuviéramos en nuestro territorio, tendríamos nuestro cultivo y nuestros animales”. Recuerda todo lo que le ha tocado vivir y suspira: “En la guerra siempre se pierde”.

Los más de 1.900 indígenas han bebido agua de un solo grifo que tiene una pequeña manguera. Muchos se han enfermado porque no es potable. Es, además, la misma que utilizan para bañarse y lavar la ropa al lado de una cancha de hockey. Dos baños públicos dieron servicio a todos.

Desde el 29 de septiembre de 2021 –el primer día en que las comunidades llegaron al Parque Nacional– la administración del distrito abrió un diálogo con ellos que hasta esta última semana no había avanzado. Aquellos que no quieran regresar a sus territorios, ahora podrán trasladarse a la Unidad de Protección Integral de Engativá. Allí, el Distrito les ha asegurado alimentación, servicios de salud, educación y atención a la primera infancia. Además, se abrirán espacios para la comercialización de sus productos. Con estos compromisos los indígenas se han ido subiendo a los autobuses durante todo el fin de semana, cargados con bolsas llenas de ropa en busca de un hogar seguro.

 

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Paraguay: luchas prolongadas contra el desalojo y encarcelamiento de pueblos campesinos e indígenas

3 MAYO 2022

Militantes de Conamuri denuncian la criminalización de quienes luchan por el derecho a la tierra en Paraguay y señalan experiencias de resistencia

Estamos en una jornada de luchas exigiendo que se derogue la ley 6.830, conocida como Ley Zabala-Ribera, que criminaliza a las personas que luchan por su derecho a la tierra. La ley modifica el artículo 142 del Código Penal y eleva de cinco a diez años la pena máxima en cárcel para la invasión de propiedad privada, sin que hayan juicios. El cambio se aprobó en menos de ocho días. Los grandes terratenientes de la soja y la ganadería, organizados en los gremios de productores, inciden en las políticas públicas y cambian las leyes a su favor para desalojar poblaciones.

Una vez que la ley fue aprobada, en septiembre de 2021, un conjunto de comunidades indígenas fue desalojado forzosamente. Las personas pasaron a vivir en las calles de la capital. Las mujeres, en especial las jóvenes, se ven ahora en situación de explotación sexual. La niñez practica la mendicidad. Sin embargo, las personas que luchan en defensa de sus territorios son criminalizadas y acusadas de invadir la propiedad privada.

Ya no hay protocolo de desalojo con previo aviso, lo que permitía a las personas que defendieran su producción, sus animales, sus casas. El desalojo ocurre sin aviso, con las Fuerzas Armadas y empresarios, que llegan ya quemando las casas y la topadora va plantando soja. Queman cementerios ancestrales y, por encima de ellos, plantan la soja.

A menos de un mes de la aprobación de la ley, ya fue desalojada por segunda vez una comunidad llamada Ka’a Poty. Salieron a marchar las comunidades y pueblos indígenas en favor de esta comunidad. Hubo enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y sus antimotines, y varias personas resultaron heridas. La ley da aún más poder a las Fuerzas Armadas de Paraguay, porque los guardacostas de las ganaderas extensivas son los militares.

Oficialmente, son más de 800 asentamientos y comunidades indígena a desalojar. Esa cifra es resultado de la inacción de las instituciones, como INDI (Instituto Paraguayo del Indígena), el Ministerio de Agricultura y la Fiscalía; y de la existencia de las tierras «mal habidas», tierras fiscales que se distribuyeron a aliados del gobierno en la época de la dictadura. La derogación de la ley no va a cambiar por completo esa situación. Por eso, se exige el freno de los desalojos por lo menos por un año, durante el cual podamos avanzar en la regularización de los asentamientos.

El punto clave de una nueva jornada de luchas

En 2021 las organizaciones sociales y campesinas se reunieron para analizar lo que se movió en nuestra situación durante ese tiempo de pandemia. Se cambiaron cuestiones políticas, económicas, sociales, hay leyes que se aprobaron en plena pandemia. En cuanto al económico, el producto es el avance del agronegocio en nuestro territorio. A eso obedece el cambio de ley.

Estamos en una situación muy desventajosa en cuanto a la justicia. Vivimos la opresión y la represión, que resulta en prisiones políticas por las luchas por la tierra. La fiscalía general del Estado es uno de los tres poderes nacionales, y está apoyando fuertemente la narcopolítica y los desalojos forzosos en comunidades indígenas. Paraguay se ha convertido en un Estado narco. Es con este rostro del capitalismo que nos enfrentamos.

Supuestamente, las comunidades indígenas tenemos INDI (Instituto Paraguayo del Indígena), pero esta institución tampoco tiene poder para defender a las comunidades cuando un juez o un fiscal de la zona ordena el desalojo forzoso.

En Paraguay existen 21 pueblos indígenas de diferentes culturas e idiomas. Los que tienen un territorio fértil, con bosques y aguas nacientes son los elegidos por las empresas transnacionales para su producción de soja transgénica y la ganadería extensiva. Afortunadamente, es cada vez más común el sicariato en el campo. Para impedir la lucha por la tierra indígena, se queman ranchos, casas y comunidades. Han quemado instituciones educativas y el lugar sagrado donde los ancianos y ancianas hacen sus oraciones culturales. Se derribaron viviendas construidas hace años, bien como los cultivos. Es muy simbólico también que, cuando hacen desalojos, destruyen las fuentes de agua y los pozos.

Todo eso nos unió. En noviembre llegamos a un gran plenario nacional reuniendo personas campesinas, indígenas, urbanas. Hicimos una movilización el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Fuimos miles en las calles reclamando el fin de las violaciones. Allí anunciamos que en marzo íbamos a tener grandes movilizaciones.

Empezamos con el 8 de marzo, Día Internacional de Lucha de las Mujeres, y el 9 nos quedamos a seguir las luchas prolongadas. Las llamamos «luchas prolongadas» porque no van a terminar, y porque sabemos que, sin fuerza popular, no vamos a derogar la ley de criminalización.

El 24 de marzo, realizamos una marcha campesina indígena y popular, unificando nuestros esfuerzos. Fue una marcha histórica que reunió 20 mil personas, una masa en donde el espíritu de valentía no dejó espacio para el cansancio y el hambre. 20 mil personas movilizadas en Asunción no es una cosa fácil: implica un proceso organizativo extraordinario. Gran parte de ese proceso de articulación tiene que ver con La Vía Campesina y sus organizaciones nacionales: La Coordinadora Nacional de Organización de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas (Conamuri), Federación Nacional Campesina (FNC), Organización de Lucha por la Tierra (OLT), que son las que lideran la conducción política de la marcha.

Sin unidad y organización, una no puede estar segura por sí misma.

La lucha prolongada tuvo 16 días de actividades. En ellos, se ha visto cómo resiste el pueblo, sean niños, jóvenes o dirigentes, que se han puesto al lado de su pueblo. Hubo cierre de ruta en 60 lugares en todo el país durante estos días. En la carpa, tuvimos necesidades básicas, vivimos lluvias y tormentas, pero también bellas asambleas populares. Resistimos a todo, y ahora damos el cuarto intermedio, es decir, volvemos a nuestros territorios para prepararnos mejor y seguir.

Reivindicaciones de las luchas prolongadas

Exigimos hablar con los tres poderes del Estado. Logramos sentarnos a hablar, pero no se llegó a ningún acuerdo permanente. El cese de desalojo fue acordado por ahora, pero no sabemos hasta cuándo.

Es urgente la liberación de las personas presas a causa de la lucha por la tierra. Exigimos discutir una política de reforma agraria para regularizar los asentamientos.

Dentro de nuestras reivindicaciones, también está el tema de negociación de la usina hidroeléctrica Itaipú Binacional, una vez que el 2023 será el año de nuevos acuerdos referentes a sus bases financieras. Pedimos la representación de nuestro sector popular en las negociaciones y estamos en defensa de la soberanía de Itaipú y de la soberanía energética del pueblo paraguayo. La Ruta Bioceánica, que viene de Brasil y sale por Bolivia, también es un tema que nos alerta, pues pasa por las comunidades indígenas y las destruye por completo.

También demandamos políticas públicas para el tema de la producción, una vez que el cambio climático se siente con fuerza en nuestro país. Pasamos sequía en la época de producción, perdemos semillas y producciones. Los grandes productores tienen subsidios; sin embargo, las organizaciones campesinas, indígenas y populares no tienen ni una respuesta del gobierno. No logramos todavía que haya una política pública de aseguramiento de la producción campesina indígena, más allá de las políticas de asistencialismo y distribución de canastas básicas por cortos periodos de tiempo.

El cambio climático también afecta la vida de las mujeres. Nuestra economía feminista y solidaria, con ferias locales y venta de productos, es nuestra forma de ingreso. Pero, ahora que no tenemos producción, ni semillas, ni insumos para la artesanía, la pobreza nos afecta mucho más a las mujeres, especialmente a las compañeras indígenas.

Conamuri, 2022
Organización masiva

La participación de los pueblos indígenas dentro de esta lucha prolongada fue muy impactante. La fuerza de organización conjunta de los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas se enmarca después de 20 años desde el proceso de articulación contra la privatización, en 2002, cuando seis leyes sobre privatizaciones estaban en discusión en simultáneo en el parlamento. De allá hasta ahora, han habido cientos de movilizaciones de todo tipo, con el tema central de la tierra y la reforma agraria. Pero una lucha articulada es lo que se repite ahora.

Nos hartamos y la gente se sentía muy satisfecha por haber aportado está lucha de cuerpo a cuerpo. Cuando el pueblo se harta de todas esas injusticias, como nosotros estamos pasando ahora, cuando se levanta y alza su voz, ya no hay nadie quien pueda decir «basta», hasta llegar al objetivo. El factor subjetivo de fortalecimiento de un sujeto político colectivo es fundamental para el campesinado.

Esa relación machista que reclamamos con nuestras parejas es la misma que nos tiene el Estado con relación a los pueblos. En muchos medios de prensa salió que esta lucha tuvo la cara de las mujeres. Muchísimas mujeres están haciendo frente en el asentamiento, en la comisión sin tierra, en el asentamiento urbano, en las comunidades indígenas. Las organizaciones mixtas que estuvieron con nosotras en las carpas hablaron mucho sobre temas de violencia durante las asambleas populares. Esa atención a los temas feministas en espacios mixtos es algo nuevo y muy interesante.

Marzo, además de ser el mes de las mujeres, es un mes de luchas históricas del campesinado. La primera gran marcha campesina después de la caída de la dictadura fue en marzo de 1994 reunió 50 mil campesinos y campesinas en Asunción. Acá, el 8 de marzo fue el día de la movilización de las mujeres, y las jornadas empezaron el 9. Fue un ejercicio de reconocimiento y consideración, que demuestra un paso más de nuestros compañeros hombres. También las compañeras feministas campesinas y urbanas que estaban en el liderazgo de la movilización asumieron las propuestas del campesinado como suyas. Y recibimos mucha solidaridad promovida por las compañeras feministas, en una conexión en buena parte impulsada por Conamuri.

En estas jornadas, ha habido un protagonismo extraordinario de las compañeras. La carpa implica un proceso de aprendizaje respecto al trabajo colectivo, a cómo convivir en situaciones muy extremas, pero también a cómo las cuestiones políticas y cotidianas se resuelven colectivamente.

Las mujeres siempre estuvimos en grandes procesos de lucha, pero nunca nos reconocieron. Ahora, hay este reconocimiento porque hay un trabajo colectivo: las mujeres toman la palabra, reclaman, proponen, insisten.

17 de Abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas

La lucha por soberanía alimentaria, derechos campesinos, unidad y solidaridad contra el hambre marcan la convocación de La Vía Campesina este 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas. Desde 1996, La Vía Campesina conmemora esa fecha para mantener la memoria viva y denunciar los ahora 26 años de impunidad de la masacre de Eldorado do Carajás, en Brasil, donde asesinaron a 21 personas sin tierra. Historias como estas, aun hoy, se repiten en países como Colombia, Paraguay, Filipinas, Brasil y Honduras con miles de personas campesinas e indígenas criminalizadas y asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes para sembrar alimentos sanos para sus pueblos.

Con la consigna “30 años de luchas colectivas, esperanza y solidaridad”, La Vía Campesina conmemora su nacimiento como movimiento global, y llama a la unidad de acción en todo el mundo. Están previstas acciones simbólicas durante todo el mes de abril, como donación de alimentos, ferias, debates, plantación de árboles nativos, intercambio de semillas. Las acciones forman parte de la denuncia al sistema alimentario industrial y el agronegocio.

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