En primera persona: el testimonio de un pequeño productor rural chaqueño

Los productores de pequeña escala, como todos los trabajadores de la producción primaria, soportan otro año más de condiciones climáticas adversas que "hacen que sea muy difícil mantenerse en el campo".

"La vida en el campo no es fácil y mucha gente se está yendo a la ciudad, dejando las quintas, porque si las condiciones climáticas son adversas se pierde todo y con una economía de escasos o nada de ahorros no se puede volver a sembrar", respondió ante la consulta de NORTE RURAL Fabián Ibarra, presidente del Consorcio de Servicios Rurales 51 en el departamento Comandante Fernández.

El campo, para los pequeños productores, es todo un desafío que no pueden afrontar por las condiciones económicas. Es necesario que el Estado se ocupe de reinsertarlos en otros cultivos o actividades no tradicionales para poder subsistir
Las chacras sin trabajar, "algunas quedan abandonadas y otras son compradas por los propietarios de campos más grandes". "Siempre ocurre lo mismo y en los últimos tiempos varios productores se fueron a la ciudad", remarcó. La realidad tiene el complemento de que "los mayores que vivían en las chacras ya no están más y los jóvenes no tienen interés por la ruralidad".

En la visión de Ibarra, no es un problema solamente de la precaria infraestructura de los servicios que se brindan al sector campesino, "sino que es poco el interés de la juventud por vivir y trabajar el campo".

Los chacareros, encuadrados hoy dentro del rango de la agricultura familiar, fueron los que otrora sumaban hectáreas de algodón a la producción provincial, cultivo que "dejaron de sembrar porque no les resultaba rentable y se dedicaron a la cría de ganado menor o a la horticultura".

FRÁGIL ECONOMÍA

Las condiciones del tiempo, desde hace varias campañas, truncan las cosechas y las frágiles economías de los campesinos de pequeña y mediana escala no resisten. Los consorcios de servicios rurales tratan de sostener a sus asociados, pero los recursos económicos disponibles quedaron minimizados por la elevada inflación.

El Consorcio de Servicios Rurales 51, en la zona noreste de Sáenz Peña, con un radio de cobertura de cien kilómetros cuadrados, asocia a 140 productores de pequeña escala, con horticultura y ganado menor.

Fabián Ibarra: “Se hace muy difícil mantenerse en el campo”.

"El consorcio está trabajando normalmente pero con limitaciones, porque se brinda el servicio básico pero no se dispone de otra asistencia y los socios no tienen recursos económicos para comprar semillas para reponer la huerta o las pasturas y es casi imposible lograr quién nos financie", relató Fabián Ibarra.

"Lo más complicado, ahora que llegaron las lluvias, es disponer de las semillas", insistió.

PRODUCCIÓN CASTIGADA

En los primeros días de febrero la lluvia fue una bendición en el centro chaqueño, pero previamente "el sol castigó demasiado, los productores hortícolas perdieron todo y los que hacen ganado menor no tuvieron la posibilidad de sembrar pasturas y estaban quedando sin alimento para sus animales porque comprar no es rentable".

Entre los productores que hacen horticultura, también son muchas las complicaciones, porque se perdió la producción por efecto de la ola de calor y la posibilidad de siembra, después de las precipitaciones, se les dificulta "por el alto precio de las semillas". "Los valores de los híbridos se fueron muy arriba y se hace difícil comprar", explicó el presidente del Consorcio de Servicios Rurales 51.

"SE HACE LO QUE SE PUEDE"

El aumento del combustible adiciona otro problema para el pequeño productor que "refiere que no tiene ni siquiera para pagar el laboreo de la tierra que ofrece el consorcio y que tiene un costo mínimo". "El consorcio hace lo que puede porque el dinero que se recibe regularmente es escaso y no podemos asistir con semillas a los asociados, que son muchos".

"Los fondos disponibles son mínimos y no contamos con dinero para comprar el combustible para el laboreo, es por eso que se les cobra un mínimo aporte a los productores para poder trabajar la chacra", indicó Ibarra. "La hectárea se está cobrando al costo del gasoil, en consecuencia no sobra nada y el dinero que llega mensualmente se utiliza para pagar el arreglo del tractor que ya está viejito y todos los días tiene algún problema, además del pago al tractorista", refirió el consorcista.

La entidad de servicios rurales cuenta con una rome, rastra de disco, pala para la construcción de represas, desmalezadora y un tractor "que ya tiene once años de trabajo". "El dinero llega desde la provincia a tiempo, pero es muy poco debido al incremento que mensualmente tienen todos los bienes", recalcó.

El consorcio, "hasta ahora", después de las lluvias no recibió ninguna asistencia extraordinaria para la siembra de pasturas "y la época ya se está pasando".

"Los productores que hacen ganadería, menor en la mayoría de los casos, van a ingresar al invierno muy limitados porque ya deberíamos tener las tierras preparadas y la semilla disponible para aprovechar la humedad de los primeros días de febrero, después ya no dan los tiempos para preparar el forraje", finalizó diciendo el referente campesino.

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Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres rurales no solo es lo correcto, sino que es un ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición.

Y es que, si las mujeres rurales tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos, la producción agrícola en los países en desarrollo aumentaría entre 2,5 y 4% y el número de personas desnutridas en el mundo disminuiría aproximadamente entre un 12% y un 17% (FAO, 2011).

Sin embargo, las mujeres en entornos rurales se enfrentan a una discriminación significativa en lo que respecta a la propiedad, la remuneración, la capacidad decisoria o el acceso a recursos y mercados.

A estos obstáculos de base se une ahora la guerra en Ucrania, un conflicto que atañe intensamente a las mujeres ucranianas, pero también a las mujeres de todo el mundo y, más aún, a las rurales.

De acuerdo al último informe de ONU Mujeres al respecto, el actual varapalo a los mercados alimentario y energético no ha hecho sino intensificar las disparidades de género, provocando tasas de inseguridad alimentaria, desnutrición y pobreza energética.

Las interrupciones mundiales del suministro de petróleo, gas y materias primas, junto con los vertiginosos precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes, han provocado una crisis del coste de vida que amenaza la subsistencia, la salud y el bienestar de las mujeres, especialmente las rurales.

Los aumentos alarmantes de la violencia de género, el sexo transaccional para la alimentación y la supervivencia, el matrimonio infantil (con niñas obligadas a abandonar la escuela) y las cargas de trabajo doméstico y de cuidados no remuneradas de las mujeres y las niñas están poniendo en peligro aún más su salud física y mental.

Este Día Internacional cuya temática es "Las mujeres rurales se enfrentan al incremento mundial del coste de la vida", no olvidemos sus demandas, apreciemos su labor en el suministro de alimentos y servicios en zonas menos desarrolladas y reivindiquemos unas zonas rurales en las que puedan contar con las mismas oportunidades que los hombres.

Mujer con un cuenco de comida y el eslogan Las mujeres rurales son fundamentales para lograr el hambre cero

La inestimable contribución de las mujeres rurales al desarrollo

Las mujeres rurales-una cuarta parte de la población mundial- trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.

Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.

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Algunas veces las personas nos ven y piensan que porque somos indígenas no sabemos nada, y que no sabes nada y que lo que ellos van a decir lo vas a hacer. No es así nosotros tenemos que defender nuestros derechos. Como mujer indígena, como mujer que ha migrado a la capital.

Mi nombre es Olinda Silvano. En mi lengua nativa, en shipibo, es Reshin Jabe. Soy de la comunidad nativa de Paoyhan, Ucayali, en la región amazónica de Perú.

Yo me dedico al arte. Soy muralista, soy activista, hago también pintura, también doy conferencias, también doy cuentos, talleres, también soy cantora, soy mil oficios.

Decidí venir acá a la capital de Lima hace más de 20 años en busca de oportunidades, en busca de visibilizar mi identidad cultural, también hacer estudiar mis hijos. La educación es primero, es la mejor herencia que podemos tener.

Hemos pasado muchas cosas. mi padre era presidente de nuestra comunidad de Cantagallo. Un día, a las 5 de la mañana tocaron la puerta. Mi padre pensó que era alguien que necesitaba su ayuda. Al salir lo golpearon con un palo. Mi hermana intentó intervenir, pero ya le habían hecho varios golpes y salía sangre. Yo no sabía mis derechos, no lo sabía qué es la violencia. Solamente pensé que había pasado, que mi papá iba a vivir y que iba a pasar. No pasó, se enfermó. Viajó a la selva y ya no regresó.

Antes de irse, mi padre dijo: "Cantagallo, cuídenlo. Yo estoy abriendo el camino y ustedes harán el camino grande. Yo lucho, yo sacrificaré mi vida por la comunidad, para que ustedes puedan vivir acá, mis nietos, mis hijos".

Había un tiempo de discusiones que nos tiraban las piedras, nuestros hijos tenían que entrar abajo de la cama. Hasta que un día nos enfrentamos con flechas, desde ahí nos dejaron en paz.

En 2016 fue incendiada toda la comunidad, ya no solamente un pedazo, ya no solamente uno, sino fue quemado todo.

Mi padre era presidente de la comunidad, como yo. En la comunidad Shipibo-Konibo en Cantagallo, hay una asociación con 238 familias.

Hasta el momento no hay título de propiedad. Solamente nos dicen que salgamos, que es tierra contaminada. Nosotros ahorita estamos haciendo investigación… Estamos luchando por eso.

En tiempo de campaña Cantagallo se llena de políticos, que quiere ser congresistas, que quiere ser presidentes, pero una vez que llega al sillón se olvidan de todo lo que es Cantagallo, "¿Quién es Cantagallo?". No es así. Nos sentimos utilizados, no debe ser así.

Nosotros padecemos del agua. No hay 24 horas el agua, solamente a la hora nomás. Va y viene. Luz eléctrica también es igual.

Acá en el capital no tenemos chacras, no tenemos un río que bota pescado. Todo es dinero. Todo se come con dinero. Tienes que buscar también como visibilizar nuestro arte, nuestro diseño kené, que es expresión artística Shipibo-Konibo.

Quiero empoderar a las mujeres, empoderar a los varones también… para que ellas no digan "yo no soy valiosa. Yo soy esto". No, todas somos valiosas, depende de nosotros sacar el coraje o encontrar el don que tú tienes.

Tú le das un pedazo de tela, tú le das algo, una pintura, esa persona va a salir adelante, va a sacar adelante a su familia. Peor es no dar nada y criticarla. Yo busco de todo.

Ahora que estoy en la cabeza pude hacer tópico de emergencia dónde acudir cuando estamos muy mal. Tenemos también nuestro comedor, un comedor popular. También tenemos nuestra tienda de nuestra artesanía donde las madres pueden generar algo, donde las madres pueden trabajar ahí esperando al turista.

Busco ayudar a la comunidad como presidenta de la asociación. Sacar adelante, reclamar nuestros derechos en diferentes sitios. En las reuniones participar y también pintar mural. Yo tengo que abandonar mi casa un mes, 15 días, estar en otros países.

En tiempo de pandemia pasamos muchas dificultades. Estar cerrado fue complicado.

Las madres se me acercaron. Me decían, "Olinda, yo me voy a morir del COVID-19, coronavirus. Yo voy a morirme de hambre porque yo vivo de mi trabajo, vendiendo mi artesanía, mis collares, mis telas. Si yo no salgo, ¿dónde voy a vender? ¿Quién me va a dar algo para comer?".

Con ayuda de mi hijo Roné comenzamos a usar Facebook, Instagram y Zoom para difundir nuestro arte, con fotos y videos. La primera vez que escuché palabra Zoom. "¿Qué será? ¿Qué será?". Hicimos, abrimos… De esa manera aprendimos, y empezaron a inscribirse de diferentes países.

Al hacer esa actividad revives, renaces. Sientes que el mundo existe. El arte es terapia. El arte es vida. El arte te saca adelante. El arte te da ánimo de vivir. De esa manera, nosotros pasamos en tiempos de COVID así trabajando.

Amo Cantagallo y amo Perú. me siento muy feliz como mujer peruana, como mujer indígena. Hacer mi trabajo, llevar mi arte, sacar pecho por mi país.

No soy eterna. En cualquier momento me puede pasar algo. Ahora estoy sufriendo de diabetes de tanta preocupación por mi comunidad.

A mí me duele como persona, como humano que nos consideren así. Somos personas llenas de inteligencia, llenos de sabiduría y somos capaces también de salir adelante, ¿sí o no? Solamente las diferencias con lo que palabras que hablamos en nuestro idioma o vestimos diferente, pero somos de acá… pertenezco a este país.

Hay que hacerse respetar, pero sin violencia, solamente conversando. Esta es una comunidad única que mantiene sus costumbres, tiene su colegio bilingüe.

Queremos vivir tranquilos, queremos construir nuestras casas. Mira, tantos años vivimos así, vulnerados, piso que está con lluvia. Ya nosotros veremos cómo vamos a vivir. Estamos cansados de vivir así.

Pedimos ayuda al Ministerio de la Vivienda para que protegiera esta comunidad…Para que Cantagallo sea patrimonio cultural y material de la Nación. Si hasta animales, tienen derechos, tienen protección ¿y nosotros?

Datos y cifras

Los Shipibo-Konibo tradicionalmente estaban establecidos a lo largo de las riberas del río Ucayali y sus afluentes. Son conocidos por su gran movilidad y por su capacidad de organizar conglomerados de población indígena en las zonas urbanas.

En América Latina y el Caribe hay más de 800 grupos indígenas, lo que representa 54,8 millones de personas.
Aproximadamente 52 por ciento de esta población indígena ha migrado hacia las zonas urbanas, en búsqueda de mejores oportunidades de generar ingresos.
La expropiación de las tierras, el cambio climático, la degradación ecológica, el desplazamiento causado por los conflictos y la violencia, también son factores que inciden en la migración.
La crisis de la COVID-19 afectó especialmente a los pueblos indígenas, poniendo de manifiesto los obstáculos que enfrentan, como el acceso a la salud, la seguridad social y la educación.
Los pueblos indígenas están sobrerrepresentados en la economía informal y se encuentran entre las comunidades más pobres. 85 por ciento de las mujeres y hombres indígenas están ocupados en la economía informal, muy por encima de la tasa de la población en general, de 50 por ciento.
El Convenio de la OIT núm. 169 promueve los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
15 de 24 ratificaciones de este Convenio son de países de América Latina y el Caribe.

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En tiempos llamativamente cortos y bajo el argumento de una supuesta “gravedad institucional”, la Corte Suprema le ordenó al Estado nacional no implementar una sentencia que les reconocía la propiedad sobre las tierras donde vive esa comunidad mapuche. El máximo tribunal debe convocar a una audiencia pública y escuchar a los pueblos indígenas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado nacional no implementar una sentencia que le reconocía a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue la propiedad sobre las tierras en las que viven. Una vez más, las comunidades indígenas ven postergado su derecho a la posesión y propiedad comunitarias de sus territorios ancestrales, reconocido en la Constitución nacional desde 1994. La decisión de la CSJN llega, además, en un contexto de mensajes racistas de distintos sectores políticos contra los pueblos originarios como, por ejemplo, la aprobación en la Legislatura de Mendoza de una declaración para no reconocer al pueblo mapuche como pueblo originario.

La comunidad, integrada por 6 familias, vive desde siempre en la ladera oeste del Cerro Otto, a 8 kilómetros del centro de Bariloche, y a un kilómetro del Lago Gutiérrez. Son pequeños agricultores y ganaderos familiares que conservan y protegen el bosque milenario del despojo forestal andino. También en ese territorio, un machi (médico mapuche) atiende a más de 100 personas cada vez que visita la región. Las tierras que la comunidad reclama desde hace ya muchos años, habían sido tituladas a nombre de la Administración de Parques Nacionales, luego de la mal llamada Campaña del Desierto, y en la década de 1940, esas tierras pasaron a estar registradas a nombre del Ejército Argentino. Durante todo ese tiempo, sin reconocimiento formal alguno, la comunidad continuó habitando el territorio que hoy reivindica.

En el año 2020, el Juzgado Federal de Bariloche le ordenó al Estado nacional que le entregue a la comunidad mapuche Millalonco Ranquhue el título de propiedad comunitaria de sus tierras, en el marco de una acción de amparo iniciada por la comunidad. El territorio donde vive había sido relevado por el INAI en 2012, en el marco de la ley 26.160 de emergencia territorial indígena. El INAI reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de esa comunidad sobre una superficie de 180 hectáreas. Sin embargo, casi 10 años después, el Estado no había realizado ninguna acción concreta para que ese relevamiento se transforme en un instrumento jurídico (título de propiedad comunitaria, por ejemplo) que les otorgue un nivel mayor de seguridad jurídica en la tenencia de las tierras. Ante un desalojo parcial en 2020, la comunidad decidió iniciar la acción de amparo para de una vez por todas contar con su título de propiedad.

El Ministerio de Defensa apeló este fallo. Por haberlo hecho fuera de plazo, la Cámara de segunda instancia rechazó la apelación y, por este motivo, el Procurador General de la Nación Interino y el Ministerio de Defensa de la Nación se presentaron con un recurso de queja ante la CSJN y le solicitaron que de manera inmediata suspenda la ejecución de la sentencia y no se le otorgue la propiedad comunitaria a la comunidad.

Desde el CELS nos presentamos como amicus ante la CSJN y solicitamos que se llame a una audiencia pública. En la presentación sostuvimos que, de hacer lugar al recurso de queja, se estaría incumplimiento con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, en su resolución del 29 de marzo, la CSJN hizo lugar a la solicitud de la Procuración y el Ministerio de Defensa y dictó, en tiempos llamativamente cortos, la suspensión de la implementación de la sentencia, amparándose en una supuesta “gravedad institucional”, sin fundamentarla.

La Corte Suprema debería convocar a una audiencia pública para resolver el caso y escuchar ampliamente a comunidades indígenas y a otras organizaciones, de modo de hacer valer los compromisos constitucionales y los asumidos a nivel internacional con los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus derechos territoriales. Hace ya tres años, la Corte IDH, en el caso “Lhaka Honhat contra la Argentina”, le reclamó al Estado una ley que reconozca el derecho a la propiedad comunitaria indígena y la obligación de contar con una legislación sobre consulta libre, previa e informada.

Foto: Colectivo Al Margen
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