Enero 2023
La abogada Luz Estella Romero Villalba huyó de su país después de que policías armados trataran de secuestrar a su hijo en Barranquilla para que dejara de abogar por los derechos de las campesinas, la mujer ha sido galardona por el Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia que otorga la Iglesia sueca, posa en centro histórico de la ciudad española de Cáceres.

Luz Estella Romero Villalba (Baranoa, Colombia, 45 años) ha vivido gran parte de su vida rodeada de violencia. Creció en el departamento de Magdalena (norte), uno de los más peligrosos del país latinoamericano, en mitad de un conflicto armado que entre 1985 y 2018 ha provocado la muerte de más de 450.000 personas, según la Comisión de la Verdad, la entidad surgida del acuerdo de paz con las FARC. Las barbaries que la guerrilla, el paramilitarismo y las propias fuerzas públicas cometieron contra la población civil, y de las que esta abogada ecofeminista asegura haber sido testigo, hicieron que la resistencia contra las violaciones de derechos humanos se convirtiera en su vocación. Con un doble objetivo: frenar los desplazamientos forzosos de civiles de sus propias tierras —la Comisión de la Verdad cifra en casi 753.000 las personas obligadas a abandonar su hogar entre 1985 y 2019—y situar a la mujer como pilar del desarrollo. En 2022 fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia que otorga en Bogotá la iglesia sueca con el apoyo de Suecia. Pero también la ha obligado a exiliarse a España junto a su hijo, que en 2019 sufrió un intento de secuestro por parte de policías colombianos en Barranquilla.

La defensa de los derechos humanos es “lo más hermoso que uno puede hacer en la vida”, asegura Romero Villalba durante una entrevista en la ciudad española de Cáceres. Ha dedicado su energía a esta tarea desde que era estudiante, cuando comenzó a ayudar a la gente de su comunidad, a “sus vecinos de siempre”. El contexto que se vivía en aquella Colombia rural de los noventa, una década en la que el país sufrió un recrudecimiento del conflicto armado —entre 1995 y 2004 se concentra el 45% de las víctimas mortales, según la Comisión de la Verdad—, era de una gran crisis humanitaria. Es entonces, concretamente en 1998, cuando la activista, todavía estudiante de Derecho, creó junto con otras universitarias el Colectivo de Mujeres al Derecho (COLEMAD). Su primer caso fue el de una señora demandada por miles de millones de pesos colombianos para despojarla de sus tierras, un proceso que aunaba el doble objetivo de Romero, propiedad y género.

La verdadera raíz del problema radica en la invisibilización de la mujer en las leyes colombianas

“Estoy hablando de una época en que no se hablaba todavía de despojo. Empezamos a analizar las leyes, los proyectos, los tratados internacionales de libre inversión, e intuimos que detrás de todo esto había poderes económicos desconocidos hasta el momento”, explica la abogada. Pero la verdadera raíz del problema, según considera, radica en la invisibilización de la mujer en las leyes colombianas. El más claro ejemplo está en la propiedad de tierras. Como explica Romero, el enfoque familiar de las leyes rurales privilegia al hombre sobre la mujer y provoca que ellas nunca obtengan la titularidad. “Soy feminista por decisión y convicción. Por eso creo que la ley tiene que tener un enfoque feminista para transformar la realidad de un mundo excluyente que no incluyó a las mujeres y a las niñas”, afirma.

COLEMAD descubrió que el Estado estaba enjuiciando a familias mediante la invención de causas, como abandono o presuntas deudas, para justificar la expropiación de sus tierras, según cuenta la abogada. Y las del departamento de Magdalena no solo eran ricas en petróleo, sino que los terrenos son tan productivos que permiten prácticamente cualquier tipo de cultivo. Sin embargo, según relata la activista, quienes acaparaban aquellas propiedades, plantaban principalmente palma aceitera, un cultivo utilizado en muchos casos para ocupar la superficie o como tapadera para la producción de base de coca. Magdalena, además de fértil, alberga la Ciénaga Grande de Santa Marta, un enclave geoestratégico por su salida al mar, ya que facilita el tráfico de esta sustancia.

Como buena conocedora de las leyes, Romero Villalba se empeñó en demostrar casos concretos en los que el Estado colombiano no estaba cumpliendo la convención internacional que había firmado del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en su sigla en inglés) de Naciones Unidas. Su artículo 14 establece que “los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios”.

La discriminación histórica que las mujeres habían sufrido hasta entonces en Colombia jugó, sin embargo, a favor del colectivo COLEMAD, según recuerda Romero, ya que cree que les facilitó adentrarse en los territorios sin levantar sospechas para probar que las mujeres estaban siendo víctimas de desplazamientos forzosos. En un primer momento, lograron detener 23 procesos de expropiación. Después, documentaron el caso de 55 comunidades que estaban a punto de perder sus tierras y lo llevaron al Congreso para demostrar que las mujeres estaban sufriendo un despojo de sus propiedades. Era legal, según la legislación colombiana, pero contrario a las convenciones internacionales. El año pasado lograron que un juez condenara al antiguo Gobierno del expresidente Iván Duque por aquel caso y que obligara al Estado a entregar 1.500 hectáreas de tierra a aquel grupo de campesinas. Pero no cualquier tierra, reclama Romero, que exige que se han de tener en cuenta “sus formas de producción, porque el Estado normalmente manda a las mujeres para una tierra sin pensar que unas son agricultoras, que otras se dedican a la pesca o a la artesanía”.

El riesgo de defender la tierra

El activismo contra los desplazamientos forzosos está plagado de riesgos. Entre 2012 y 2021, fueron asesinados 322 defensores de la tierra y del medio ambiente, según la ONG Global Witness. Y los crímenes continúan: en el primer semestre de 2022 fueron documentadas en Colombia 42 agresiones contra estos activistas, que se traducen en 11 asesinatos, 19 amenazas, cuatro desplazamientos y ocho atentados, según una investigación realizada por la Corporación Regional Yariguies Grupo de Estudios Sociales Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY-GEAM) junto con la Fundación Conflict Responses (CORE) y la organización Extinction Rebellion Colombia.

Romero también ha sido víctima de esta violencia. La primera amenaza que COLEMAD enfrentó en la Magdalena ocurrió a nivel local, como sucedía en muchas otras regiones colombianas. La abogada relata que los paramilitares y otros grupos armados establecieron vínculos con los poderes públicos de la región, como alcaldes, gobernadores, jueces y funcionarios. Y a partir de 2008, la amenaza también comenzó a llegar desde sectores militares y policiales. “Entonces llegan estos actores de las Fuerzas Armadas con la intención de intimidar a las comunidades para que dejen los procesos, y nosotras también empezamos a tener vigilancia militar. Nuestros vecinos nos avisaban de que había soldados que preguntaba por nosotras, empezamos a tener rondas policiales que nunca habíamos pedido o un coche de la policía que estaba siempre enfrente de nuestra oficina,” denuncia.

Nuestros vecinos nos avisaban de que había soldados que preguntaba por nosotras y había un coche patrulla que estaba siempre enfrente de nuestra oficina
A partir de 2018, las amenazas llegaron directamente desde actores privados. Romero denuncia que sufrió el robo de sus documentos informáticos y que fue intimidada de forma directa para sentarse a negociar. Pero lo más grave, y lo que le ha obligado a abandonar su país para exiliarse en España, fue que su familia se convirtiera en objetivo de los ataques. En diciembre de 2019, un grupo de al menos seis policías armados trataron de llevarse a su hijo en una zona pública de Barranquilla sin dar ninguna explicación.

“Como no me habían podido callar, decidieron atacar a mi hijo”, lamenta Romera. Ahora el joven es solicitante de asilo. “Lo voy a dejar en España, y a todas las personas que tengo aquí les pido que me lo protejan porque yo me voy a regresar a Colombia a seguir luchando por ganar estos casos. Porque si no puedo lograr este sueño, los sueños no me dejarán dormir,” sentencia Luz evidentemente emocionada.

Fuente aquí

Decreto 729/2022
DECNU-2022-729-APN-PTE - 03/11/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-105743299-APN-DGDA#MEC, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificaciones), las Leyes Nros. 26.737 y 27.118 y su modificatoria, el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el Prólogo de Recomendaciones de Política para la Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe publicadas en 2014 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (F.A.O.) de la ORGANIZACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS (O.N.U.) sostiene que la agricultura familiar es un sector clave para lograr la erradicación del hambre y el cambio hacia sistemas agrícolas sostenibles en todo el mundo.

Que, en ese sentido, allí se destacó que los pequeños agricultores y las pequeñas agricultoras son aliados y aliadas de la seguridad alimentaria y actores protagónicos y actoras protagónicas en el esfuerzo de los países por lograr un futuro sin hambre, señalando asimismo que en la región de América Latina y el Caribe el 80 % de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural.

Que, asimismo, el citado documento remarcó que los referidos agricultores y las referidas agricultoras no solo producen la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países de la región, sino que habitualmente desarrollan actividades agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, razón por la cual el año 2014 fue declarado por la 66ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas como el “Año Internacional de la Agricultura Familiar (A.I.A.F.)”.

Que, a tal efecto, se estableció como meta posicionar a dicho sector en el centro de las políticas agrícolas, ambientales y sociales en las agendas nacionales, identificando desafíos y oportunidades para promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado.

Que los resultados alentadores obtenidos durante el Año Internacional de la Agricultura Familiar (A.I.A.F.) se consideraron la mejor garantía para prever un período de gran utilidad para los agricultores y las agricultoras familiares alrededor del mundo, razón por la que poco tiempo después se proclamó la solicitud de un Decenio para la Agricultura Familiar.

Que, por ello, en 2019 la F.A.O. conformó el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028) con el objetivo de aportar una nueva perspectiva sobre lo que significa ser un agricultor o una agricultora familiar en un mundo que cambia rápidamente y destacar el importante papel que desempeñan los campesinos y las campesinas familiares en la erradicación del hambre y en la construcción de nuestro futuro alimentario.

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La pandemia por COVID-19 afecto desproporcionadamente a más de 800 pueblos indígenas con sobrerrepresentación en la informalidad y entre los más pobres, pocas oportunidades de trabajo decente, así como obstáculos a su acceso a educación y participación política, dice nuevo informe de la OIT

15 de diciembre de 2022. LIMA

La crisis provocada por la COVID-19 puso en evidencia la vulnerabilidad en la que viven más de 800 pueblos indígenas en América Latina, y replanteó el desafío de lograr una mejor cobertura de los sistemas de protección social en toda la región, destacó hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La crisis ha afectado desproporcionadamente a los pueblos indígenas, poniendo de relieve las barreras preexistentes a que dichos pueblos se enfrentan en el acceso a la atención de salud y a la seguridad social”, dice un nuevo informe elaborado por la Oficina Regional de OIT, al señalar que esto ha sido “consecuencia de la discriminación y marginación histórica”.

“Las brechas preexistentes en el acceso a la protección social han colocado a estos pueblos en una situación de mayor vulnerabilidad enmarcada en el contexto pandémico”, añade.

El documento titulado “Panorama laboral de los pueblos indígenas en América Latina: La protección social como ruta hacia una recuperación inclusiva frente a la pandemia de COVID-19 ” tiene como objetivo presentar un panorama sobre las características socioeconómicas de los pueblos indígenas en América Latina y el estado de su acceso a la protección social.

En la región hay casi 55 millones de mujeres y hombres indígenas, “representando el 8,5 por ciento del total de la población” latinoamericana.

Se advierte que “hay tendencias globales que se reproducen en la región, como la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas en la economía informal y entre los más pobres, el bajo acceso al trabajo decente, así como los obstáculos a su acceso a la educación y a la participación política”.

Se destaca que entre los pueblos indígenas se está produciendo una tendencia importante, como es el crecimiento de la población indígena que vive en centros urbanos. En la actualidad aproximadamente el 52 por ciento de la población indígena vive en zonas urbanas, el 48 por ciento vive en zonas rurales.

La migración hacia zonas urbanas está impulsada por un lado por la búsqueda de mejores oportunidades de generación de ingresos y, por otro lado por factores impulsores como el despojo de tierras, el cambio climático, el deterioro ecológico, los desplazamientos debido a conflictos y violencia, entre otros.

Con respecto a la situación en el empleo, datos de la OIT demuestran que un 85 por ciento de las mujeres y hombres indígenas en América Latina y el Caribe están ocupados en la economía informal, muy por encima de la tasa de alrededor de 50 por ciento para la población ocupada en general.

Los trabajadores indígenas tienden a ser más autoempleados y trabajadores familiares no remunerados que el resto de la población. De acuerdo con los datos disponibles el 16 por ciento de los indígenas en edad de trabajar están en el trabajo familiar no remunerado, el porcentaje para sus contrapartes no indígenas es del 4 por ciento.

Además, América Latina es la región con la mayor brecha de ingresos laborales. Los salarios indígenas equivalen a un 33 ciento de los que perciben no indígenas.

Los datos recopilados por OIT provienen de información recogida en las encuestas de hogares de los países. Aún así, de los 18 países de América Latina y el Caribe que disponen de información de encuestas de hogares y empleo, solo 8 cuentan con información étnica de las personas, indagando sobre su pertenencia a pueblos indígenas, a saber, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú.

La OIT considera que esto genera una situación de “invisibilidad estadística”, que constituye “el primer peldaño dentro de una secuencia de tratos no igualitarios que pueda recibir este segmento de la población”.

“Al no estar representados en las estadísticas oficiales es más difícil incluirlos dentro de los indicadores de metas de desarrollo de los países, y su condición de bienestar tiene menos probabilidades de ser materia de políticas públicas”, advierte el documento.

Garantizar el acceso a oportunidades de trabajo decente para las personas indígenas, así como su acceso a la protección social, son pasos decisivos para corregir la situación de postergación, dice el informe.

En cuanto a la protección social, los pueblos indígenas de la región son en menor proporción aportantes y pensionistas que los no indígenas, y tienen menor acceso a los sistemas de salud, dice el informe. Al mismo tiempo, “en los países analizados, las mujeres y hombres indígenas dependen más de los sistemas de ayuda social que sus homólogos no indígenas”.

Frente a este escenario socioeconómico, la OIT considera que “el establecimiento de sistemas de protección social, incluidos los pisos de protección social, que consideren las particularidades de los pueblos indígenas es fundamental para acortar la brecha de las desigualdades y vulnerabilidades que los afectan”.

El documento recuerda que la Recomendación núm. 202 de OIT indica que los pisos de protección social deberían comprender por lo menos las cuatro siguientes garantías básicas:
La protección social de la infancia: beneficios familiares y por niño
La protección social de las mujeres y de los hombres en edad de trabajar: prestaciones de maternidad y discapacidad, protección en caso de accidentes laborales, enfermedad profesional y desempleo, pensiones de invalidez, prestaciones de enfermedad
La protección social de las mujeres y de los hombres mayores: las pensiones de vejez y sobrevivientes
La protección de la salud
La necesidad de garantizar una mayor protección en materia de seguridad social y en salud a los pueblos indígenas también está claramente establecida en el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT .

Fuente aquí

En América latina y el Caribe, las comunidades indígenas constituyen más del 8,5 por ciento de la población total regional. Las prácticas discriminatorias y la falta de posibilidades afectan en general a las etnias nativas.

Desde 1994, el 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La fecha fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre las múltiples Poblaciones de Pueblos Originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, celebrada en 1982.

El órgano asesor del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas recuerda que hay más de 476 millones de personas que pertenecen a pueblos indígenas repartidos en 90 países; representan alrededor del 6,2 por ciento de la población mundial.

En América latina y el Caribe los pueblos originarios constituyen más del 8,5 por ciento de la población, la proporción más elevada de todas las regiones del mundo. También son los que tienen el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza extrema, según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca de la aplicación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169; se trata de un compromiso adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989 y ratificado por 22 estados miembro del organismo especializado de la ONU que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales.

De los países firmantes, 15 son de América latina y el Caribe; entre ellos, la Argentina.

Artífices de su destino

El objetivo de este convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos originarios y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas, previstas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por los 193 dirigentes mundiales que participaron en la cumbre de la ONU en Nueva York.

El plan global contiene seis referencias específicas a los pueblos indígenas, incluido el compromiso de duplicar la productividad agrícola de los pequeños agricultores indígenas, y de garantizar el acceso igualitario a la educación para los niños indígenas. Además, hace menciones directas a las aspiraciones de las comunidades originarias en las esferas económica, social y ambiental.

En la sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas realizada del 19 al 30 de abril último en Nueva York, se actualizó información relacionada con la situación de los pueblos indígenas en el mundo.

En la oportunidad, se remarcaron las desigualdades existentes y las injusticias históricas que enfrentan los pueblos indígenas, cuestiones que se agudizaron de manera sensible desde la irrupción de la pandemia de Covid-19.

Pobreza extrema

El trabajo de la OIT mencionado con anterioridad en esta nota destaca además que a partir de la información suministrada por nueve países de la región se estableció que el 30 por ciento de la población censada vive en situación de pobreza extrema, cuando el promedio mundial es del 19 por ciento.

La problemática en el continente está asociada al género. De acuerdo con la OIT, el 85 por ciento de las mujeres indígenas trabajan en la economía informal y reciben una paga inferior a la de sus homólogas no indígenas.

Además, los pueblos indígenas tienen posibilidades muy acotadas de conseguir empleo de calidad.

El documento señala también que el salario de las personas indígenas con empleo remunerado está un 31 por ciento por debajo del de otros trabajadores, la mayor brecha salarial de las personas indígenas en el mundo.

Otra desigualdad manifiesta se advierte en el plano de la educación. Mientras el 47 por ciento de las personas indígenas que trabajan no tienen estudios, las no indígenas que se encuentran en esa situación representan el 17 por ciento.

Como se dijo, la pandemia de Covid-19 expuso con crudeza y exacerbó las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a poblaciones de todo el mundo que ya sufrían pobreza, enfermedades, discriminación, inestabilidad institucional y otros males.

Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el contraste es aún más marcado.

De ahí que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas insistirá hoy con la necesidad de revisar el contrato social en los países signatarios del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169 de la OIT, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Fuente aquí