En medio de la detención del autoproclamado líder de la Resistencia Ancestral Mapuche, Facundo Jones Huala, el Gobierno nacional argentino reconoció la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al pueblo mapuche, en la provincia de Mendoza.

“Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al Pueblo Mapuche, con asiento en la provincia de Mendoza, con Personería Jurídica Nro. 754 del 06 de agosto de 2014 del Registro Nacional de Comunidades Indígenas”, indica la resolución 47 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicada hoy en el Boletín Oficial.

De esa forma, según se precisó, “se da por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral dispuesto por el Artículo 3° de la Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07″ en la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al Pueblo Mapuche, en Mendoza”.

La resolución lleva la firma de Alejandro Fabián Marmoni, titular del INAI.

En los considerandos de la medida, se indica que el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional”.

Simultáneamente, se sostiene que el” Estado Nacional en el marco de sus políticas publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar y demarcar las tierras que ocupan las comunidades indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional”.

Los considerandos hacen referencia también a que, mediante resolución INAI Nº 587/07, se creó el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº 26.160, con el fin de “demarcar y relevar el territorio que ocupan las Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública”.

Además, cita que con el objeto de manifestar la “íntima relación de la Comunidad Lof Limay Kurref con su territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa a través de los distintos contextos históricos, se elaboró un informe histórico antropológico”.

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En el año 2022, el Centro Cultural ede Formação Indígena (CCFI) realizó cuatro encuentros de Medicina Tradicional Indígena con la participación de 20 indígenas migrantes de las etnias warao, wuayu, e’ñepa, akawayo e indígenas locales que integran la Organización de Mujeres Indígenas de Roraima (OMIR) y la Comunidad Raposa 1, del municipio de Normandía, Roraima, generando así un espacio de coexistencia pacífica e intercambio de saberes entre ellos.

Tatiana Soares Peixoto, de la etnia macuxi, y Rosa Maria Cadete, de la etnia wapixana, fueron las ponentes de los talleres y transmitieron sus conocimientos adquiridos durante generaciones, transmitidos por sus ancestros.

Los talleres, que tuvieron lugar entre marzo y agosto, proporcionaron la manipulación de plantas medicinales cosechadas en el Huerto Medicinal del CCFI para la preparación de jabones, pomadas, tinturas y jarabes, permitiendo a cada participante llevarse una muestra de los productos para su uso medicinal.

Además de su importancia para la salud, este conjunto de encuentros promueve el diálogo interétnico y el fortalecimiento de la cultura indígena ancestral, y puede ser una semilla para nuevas posibilidades de emprendimientos ecológicos y culturales.

Boris Puerto López, servidor humanitario de la Federación Humanitaria Internacional (FFHI), destaca la relevancia de los talleres para el mantenimiento, la actualización y el fortalecimiento de los saberes indígenas en el ámbito de la medicina tradicional: «los encuentros son muy importantes porque permiten la transferencia de conocimientos a los indígenas que están interesados en rescatar estas tradiciones».

Un saber ancestral

Los saberes, los usos y los rituales de la medicina tradicional indígena abarcan la prevención, promoción y recuperación de la salud, y contribuyen a tender puentes con los conocimientos milenarios transmitidos de generación en generación, que proporcionan autonomía y resiliencia para los pueblos indígenas.

Tatiana, emprendedora de la marca TATIPEPE de productos medicinales, habló acerca de las prácticas tradicionales y del carácter ancestral de la medicina tradicional indígena: «Nosotros, los macuxi, tenemos la ascendencia como riqueza familiar; mi abuelo era curandero (chamán), mis abuelas y bisabuelas eran parteras y trabajaban con hierbas».

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Las manifestaciones por un cambio social en Perú se originaron lejos de la centralidad limeña, sobre todo en los departamentos del sur. Son los pueblos indígenas y campesinos, discriminados por el Estado, los protagonistas de una revuelta reprimida en forma brutal por el Gobierno de Dina Boluarte. En las calles se pide su renuncia y el urgente llamado a elecciones.

Ernesto Benavides

La crisis en Perú volvió a estallar tras la destitución de Pedro Castillo y la asunción a la presidencia de Dina Boluarte. Desde entonces, 56 personas fallecieron por hechos vinculados a las protestas que exigen la renuncia de la mandataria y el adelanto de elecciones generales para 2023. El Congreso avanza en una reforma para que los comicios sean en 2024, desoyendo lo que claman las calles, sobre todo del sur peruano.

Nuevo estallido

Las protestas en Perú estallaron el 7 de diciembre, día en que el entonces presidente Castillo anunció la disolución del Congreso y la reorganización de todo el sistema de justicia. La decisión de Castillo, adoptada horas antes de que el Congreso vote la tercera propuesta de vacancia en su contra, fue denunciada como un golpe de Estado pues infringía la Constitución. El Congreso aprobó su vacancia, Castillo fue detenido y apresado de manera preventiva. La vicepresidenta Dina Boluarte juró al cargo como nueva presidenta interina.

Al inicio de su mandato como presidenta, Boluarte tuvo un discurso mesurado y llamó a todos los actores políticos a darse una “tregua” para enrumbar al país de forma democrática hasta julio de 2026. Sin embargo, manifestantes empezaron a exigir en las calles el adelanto de elecciones, pues consideraban que la mandataria no los representaba y había traicionado su promesa de irse junto a Castillo si este era destituido. Las movilizaciones pedían además el cierre del Congreso, que cuenta con un nivel de desaprobación del 88 por ciento de la población, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución.

La situación llevó a la Presidenta a declarar el estado de emergencia en regiones donde las protestas eran más notorias, sobre todo del sur peruano, permitiendo el despliegue de militares. La titular del Ejecutivo justificó la medida argumentando la necesidad de hacerle frente a la violencia que algunas personas cometían en medio de las protestas, incendiando instituciones públicas y saqueando comercios. Esto desencadenó la muerte de 27 personas, entre el 11 y 21 de diciembre. La indignación creció y tras el cese de las protestas por las fiestas de fin de año, estas retomaron con más fuerza el 4 de enero de 2023.

Perú en crisis y dos modelos en pugna

En la nota "El embrollo peruano", publicada en Servindi, la periodista María Sosa Mendoza señala que Perú atraviesa una gran polarización política y social: "En el país se establecieron dos coaliciones enfrentadas: una coalición proestablishment y otra antiestablishment". Y, citando al politólogo Carlos Meléndez, explica que "la primera se encuentra conformada por las bancadas parlamentarias de derecha y centroderecha, las fuerzas de seguridad, los grandes empresarios, los medios de comunicación tradicionales y las clases altas y medias limeñas"; y "en la segunda se encuentran los diferentes grupos de izquierda, la población rural perteneciente a los sectores socioeconómicos más bajos y el heterogéneo mundo de la informalidad". En el último tiempo, se lee en el artículo, al núcleo duro de apoyo a Pedro Castillo se sumaron diversos actores con demandas específicas ligadas a la minería, los derechos laborales, el cuidado ambiental y los servicios básicos.

Puno, una de las zonas más afectadas por la represión de la Policía Nacional del Perú, se encuentra al sur del país. Esa región contiene la mayor reserva de litio del país, es productora de oro, de estaño, de uranio y de plata. En su geografía se extiende el lago Titicaca, contaminado por aguas servidas y por la explotación minera. Además, en la isla de Amantani se encuentran los centros ceremoniales que son el origen de la dualidad en la cosmovisión andina. Las protestas que se llevan a cabo en Puno, y en otras localidades alejadas de la centralidad limeña, tienen como protagonistas a campesinos e indígenas que hace tiempo ven postergados sus derechos básicos.

Salidas a la crisis

Desde el retorno de las protestas se han producido otras muertes, con denuncias que apuntan a una responsabilidad directa de la Policía y los militares por el uso excesivo de su fuerza. Así, suman en total 56 fallecidos por hechos vinculados a las protestas (55 civiles y un policía), además de 912 personas y 580 policías heridos, según la Defensoría del Pueblo.

Todas las muertes han ocurrido en regiones fuera de Lima, sobre todo el sur y donde habitan pueblos indígenas y campesinos que sufren una discriminación histórica por parte del Estado.

Cansados de esta situación, delegaciones de diversas regiones del país se organizaron para llegar a Lima y hacer sentir su voz de protesta en una marcha convocada para el 19 de enero. La jornada de ese día fue fue masiva, pero terminó con el incendio de un edificio en el Centro de Lima que testigos acusan fue provocado por la Policía para culpar a los manifestantes.

El 21 de enero la policía montó una intervención para desalojar a los ciudadanos de regiones que habían sido alojados en la reconocida Universidad San Marcos por los estudiantes. Esto último ha acrecentado aún más la indignación por escenas grabadas en las que se aprecia la prepotencia policial durante el operativo y las denuncias de abusos que hicieron los detenidos. La reacción inmediata a estos últimos acontecimientos ha sido la convocatoria a una marcha universitaria, impulsada por frentes estudiantiles de las universidades de Lima y Callao, para el 24 de enero.

El clamor popular exige la renuncia de la presidenta Boluarte, que llevaría a que el Presidente del Congreso asuma como Jefe de Estado y convoque de inmediato a elecciones generales. Por ello, también se pide la renovación de la Mesa Directiva actual del Congreso, presidida por un militar en retiro, para que se elija a una nueva figura que garantice una transición democrática.

Boluarte ya expresó que no renunciará, mientras que el Congreso, desoyendo el pedido en las calles, avanza en la aprobación de una reforma para adelantar las elecciones recién a abril de 2024. Los gobiernos regionales, por su parte, piden que se presente otra propuesta para adelantar las elecciones a diciembre de 2023, hecho que es posible según las autoridades electorales.

La salida a esta crisis, en todo caso, sigue en manos de la presidenta Boluarte y el Congreso. Por lo pronto, lo único garantizado son nuevas movilizaciones en Lima y regiones del Perú.

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La ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco presentará una guía de terminología jurídica en lenguas de cuatro pueblos originarios

Santiago de Chile - 20 FEB 2023

Es una primera etapa, pero se pretende avanzar en el futuro con más tramos. Así es la iniciativa que lanzará el Poder Judicial chileno, en el contexto de la comisión de lenguaje claro, para promocionar por primera vez cartillas que traducen términos jurídicos clave de acceso a la justicia en el idioma de cuatro de los diez pueblos originarios reconocidos en la ley indígena de 1993: mapudungún, rapa nui, aymara y quechua.

Quien lidera esta iniciativa es la ministra y vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco, que además es presidenta de la comisión de lenguaje claro y está a cargo del comité de grupos y personas vulnerables y acceso a la justicia del Poder Judicial. En paralelo, y por segunda vez, la magistrada es parte de la comisión constitucional del máximo tribunal que se instaló de cara al segundo intento de Chile de elaborar una nueva Carta Magna, luego que en septiembre de 2022 se rechazase la primera propuesta.

“El trasfondo de esta iniciativa es que Chile tiene una unidad como país, pero esa unidad no puede desconocer que existen distintos grupos que tienen culturas, lenguas originarias y una individualidad. En otras palabras, que sea Chile un Estado unitario no significa que no haya distintas etnias y realidades”, dice Ángela Vivanco. “Esas realidades, desgraciadamente, han vivido etapas históricas muy carenciadas por falta de difusión de su cultura y su lengua, lo que ha generado niveles de aislamiento de esos grupos al no ser reconocidos en su amplitud y su riqueza del mismo modo que otras realidades nacionales”, agrega.

De los cuatro pueblos originarios seleccionados para esta etapa inicial, dos tienen la mayor población. De acuerdo con el Censo de 2017, el 12,8% de las personas consultadas se identificó con un pueblo indígena. De ellas, el 79%,se declaró mapuche, el 7% aymara, el 1,55% Quechua y el 0,43% Rapa Nui, entre otros.

Las cartillas, que se presentarán oficialmente el 21 de febrero, se titulan Guía de acceso a la justicia para ciudadanas y ciudadanos de pueblos originarios. Y abordan en lenguaje claro, sin tecnicismos jurídicos, desde cuál es la labor y cómo se compone el Poder Judicial hasta a qué tribunales dirigirse en materias laborales, civiles, de familia y penales; cómo revisar digitalmente el estado de las causas y, entre otros puntos, los derechos y deberes tanto de víctimas como imputados.

“Desde el punto de vista tradicional, muchas veces el acceso a la justicia se ha mirado solo desde la perspectiva de que la ley permita a todos poder ejercer acciones frente a la justicia. Pero hay un segundo nivel que tiene que ver con que también importa la comprensión de los procesos, porque no puedo acceder a la justicia en términos sustantivos si no comprendo qué es lo que tengo que hacer, para qué lo hago y cuáles van a ser los resultados posibles”, señala Vivanco.

La magistrada explica que el uso de lenguaje claro no solo implica que la terminología se use correctamente, sino que los jueces tienen que ser capaces de decodificarlo “para que el ciudadano común lo pueda entender. En el caso de las personas que pertenecen a los pueblos originarios, no es lo mismo recibir esa información en el idioma común que nosotros tenemos, que es el castellano, que en sus propios lenguajes, porque les resulta más cercano y de más fácil comprensión”.

Justicia indígena y proceso constitucional

Esta es la segunda vez que Ángela Vivanco integra la comisión constitucional de la Corte Suprema. En el proceso anterior, el Poder Judicial fue crítico frente a varias propuestas relativas a la judicatura de la Convención Constitucional, el órgano electo que en 2022 elaboró el texto que fue rechazado por un 62% de la ciudadanía.

Uno de los puntos que criticó el Poder Judicial fue el alcance de la propuesta sobre justicia indígena. Cuestionó que no quedaba claro a quiénes se aplicaría, si era voluntaria o no y quiénes la impartirían.

Vivanco recuerda aquellos cuestionamientos: “Chile es un Estado unitario, por lo que todo el sistema de justicia constituye una unidad. Pero cuando se dice que va a haber un sistema paralelo, significa que no existe esa unidad. En la propuesta solo se planteaba que se unificara en la Corte Suprema, pero por una unificación de jurisprudencia, entonces, perfectamente podía haber muchas causas que nunca llegaran al sistema unitario, pues había dos sistemas de justicia. Eso generaba mucha inquietud y muchas preguntas. ¿Qué determinaba que una persona fuera a un sistema o a otro? ¿el demandado o el demandante, la materia o el lugar? Eso nunca se definió”.

La jueza señala que el Poder Judicial debe ir de la mano con el Estado unitario de Chile. “Puede haber espacios locales para justicia indígena, particularmente en temas que se puedan resolver de acuerdo con las costumbres de las comunidades, lo que no puede significar una dualidad de sistemas. Por ejemplo, para resolver problemas vecinales o temas de pequeña propiedad”.

El segundo proceso de elaboración de la nueva Carta Maga de Chile se inicia el 7 de marzo con la instalación de la comisión experta que hará un anteproyecto que servirá de base para el trabajo del Consejo Constitucional, que tendrá 50 integrantes electos en mayo.

En Chile, los pueblos originarios no están reconocidos en la Constitución, sino solo por ley. Pero, en el acuerdo político que selló este segundo proceso se establecieron 12 bases fundamentales. Entre ellas, así como se reafirma que Chile es un Estado unitario, se señala que “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”.

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