La iniciativa, que hace parte de las reformas agrarias del Gobierno Petro, pasó su último debate en sesión plenaria de la Cámara de Representantes

El acto legislativo reconoce al campesinado como sujeto de derechos y fue aprobado en su último debate, de ocho que pasó en el Congreso de la República. El texto contó con 149 votos a favor y cero en contra, luego de debatirse en sesión plenaria de la Cámara de Representantes.

Lo que hace esta iniciativa es modificar el artículo 64 de la Constitución Política, al cual se le añadiría la mención que reza que, “el campesinado es sujeto político de derechos y de especial protección” y que “las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos”.

Lo último, “en garantía de la seguridad y soberanía alimentaria, conforme a la economía campesina, agricultura familiar (...) mejorar la productividad de sus cultivos, las tecnologías para su transformación y las estrategias de comercialización que permitan darle valor agregado a sus productos y la protección del ambiente, así como en tradiciones y costumbres compartidas que los distinguen de otros grupos sociales”, se lee en el texto aprobado.

Aunque en el texto la modificación es pequeña, significa un gran avance para el movimiento campesino del país, que ha venido reclamando este reconocimiento desde hace años. Así lo reconoció Diogenes Quintero, coordinador ponente del proyecto y representante de las curules de paz por la Circunscripción Especial de Paz (CITREP) por el Catatumbo, Norte de Santander:

La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, respaldó desde la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo para reconocer al campesinado colombiano como sujeto de derechos y especial protección. @MinAgricultura/Twitter

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, igualmente se refirió a la decisión de la Cámara: “por unanimidad la sesión de plenaria de Cámara aprobó en su último debate de la segunda vuelta el acto legislativo que reconoce al Campesinado como sujeto Especial de Protección Constitucional. Gana el campesinado. Un avance histórico que nos permite sentar las bases como Gobierno del Cambio para saldar una deuda de muchos años con nuestros territorios”.

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Las más de 5 millones 760 mil mujeres rurales que hay en el país desempeñan actividades del hogar y netamente agropecuarias.

Junio es una época importante para los hombres y mujeres rurales en Colombia. Cada primer domingo del sexto mes del año se conmemora el Día Nacional del Campesino, una fecha que se convierte en el reconocimiento de sus labores y en la importancia que tienen para garantizar la seguridad alimentaria del país.

Históricamente se ha dado un reconocimiento a la brecha que existe entre el trabajo del campo y la ciudad. La ruralidad ha llevado mayores desafíos en temas sociales, culturales, de educación y equidad. Precisamente, en este ámbito, hay un trabajo por hacer y con muchos pendientes, igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer.

Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el país hay 11.969.822 personas de población rural, de esa cifra, 5.760.524 son mujeres, lo que representa el 48.13 por ciento.

Aunque se tiene casi una igualdad en el porcentaje de hombres y mujeres, el género femenino ha tenido más dificultades en acceso a la educación, trabajo y superar aspectos como discriminación, violencias de género, entre otros.

Panorama de la mujer rural en Colombia

Las más de 5 millones 760 mil mujeres rurales que hay en Colombia desempeñan actividades del hogar y netamente agropecuarias. Son reconocidas por llevar las “riendas del hogar” y se caracterizan por su resiliencia. Un gran porcentaje de ellas, son víctimas de la violencia y el desplazamiento.

Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Nariño, La Guajira, el archipiélago de San Andrés, Cauca y Córdoba, son los departamentos que tienen mayor representatividad de mujeres campesinas. En cuanto al grupo étnico, en total 1.232.417 mujeres son indígenas, afrodescendientes, mulatas o rom.

Según organizaciones sociales y lo reportado por el Dane, uno de los grandes inconvenientes de las mujeres campesinas está en la falta de acceso a educación. El 35 por ciento no tiene ningún nivel de estudios, el 30 por ciento ha terminado la primaria y los porcentajes continúan reduciéndose, a medida que aumenta el nivel de escolaridad. Solo el 9 por ciento de ellas ha estado en educación secundaria, el 5 por ciento en una educación técnica y el 0.4 por ciento ha logrado llegar a la educación superior.

Precisamente, sobre este tema de las dificultadas en temas de educación de la mujer rural, Sandra Palacios, gerente y representante legal de Cooagronevada, una cooperativa de caficultores y agricultores que está ubicada en la zona norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, aseguró que la falta de capacitación en diferentes temas ha llevado a las mujeres campesinas a tener carencia de criterio y empoderamiento.

“Una persona educada tiene su propio criterio, es muy fácil inducir por la falta de conocimiento y no solo a la mujer, en la medida en que seamos educados, vamos superar esta barrera o limitaciones que afectan negativamente”, asegura la líderesa gremial, quien representa a 26 asociadas de este emprendimiento campesino.

Las brechas en la educación llevan a que esas deficiencias se intensifiquen en el mercado laboral, en general, el panorama que se encuentra, es que las mujeres campesinas tienen unas tasas de desempleo más altas que las de los hombres.

Del universo total de mujeres rurales, 4.089 están en edad de trabajar; sin embargo, según el Dane, el 68.1 por ciento de esa población se encuentra inactiva y solo se tienen 1.599 mujeres rurales que trabajan y devengan algún tipo de salario.

En las zonas rurales, las mujeres ocupadas se emplean principalmente en actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (36,2 por ciento), comercio, hoteles y restaurantes (27,3 por ciento), servicios comunales, sociales y personales (18,6 por ciento) e industria manufacturera (11,5 por ciento).

Sin embargo, hay otro dato que preocupa: “El promedio total de horas de trabajo diario de las mujeres es mayor al de los hombres y la mayor parte de ese trabajo es no remunerado. En las zonas rurales las mujeres trabajan en promedio 1 hora con 11 minutos más que los hombres al día”, según revela el Dane.

El promedio total de horas de trabajo de las mujeres campesinas es de 12 horas con 42 minutos diarios; de este tiempo, el 62 por ciento es trabajo no remunerado. En conclusión, las mujeres rurales reciben remuneración por el 38 por ciento del tiempo diario trabajado.

Ana Velasco es representante de la Organización Mujeres Campesinas de Cundinamarca (Fedemuc), que reúne a 3.017 agremiadas y trabaja por su empoderamiento y superación. Ella asegura que el trabajo femenino también se ve afectado por otras situaciones del país.

Indica que la falta de vías y conectividad también ha representado una dificultad para aquellas mujeres que trabajan, esas deficiencias hacen que sus productos no sean comercializados de la manera correcta.

“La situación de las mujeres en el campo no es fácil, nos superamos, pero tenemos retos en todos los frentes. Faltan vías para sacar los productos, la tenencia de tierras, la valorización e invisibilización del trabajo, la falta de servicios públicos, créditos blandos. Hay una línea que tiene el Ministerio de Agricultura con el Banco Agrario, pero la mujer llega allí y no son atendidas como merecen, se les ponen tramitologías innecesarias. Hay muchas mujeres campesinas que no saben ni leer, los intereses económicos son muy altos”, afirma Velasco.

Lo anterior son datos relacionados con el trabajo remunerado, porque el resto de mujeres campesinas realizan otras actividades, pero no reciben ningún tipo de contraprestación. El 65,8 por ciento se dedican a oficios del hogar como actividad principal.

Las violencias y el conflicto

La mayoría de mujeres campesinas también han sido víctimas del conflicto armado del país. Despojo de tierras y pérdida de sus seres queridos, son algunas de las principales problemáticas en este aspecto.

Sin embargo, María Fajardo, miembro de la Asociación Café Sello Mujer, aseguró que estas formas de violencia, paradójicamente, también trajeron oportunidades de crecimiento para ellas.

“Ya en la época de la violencia, cuando las mujeres, esposas e hijas enfrentaban la pérdida de sus esposos, padres y abuelos, se vieron en la obligación de aprender a administrar. Las mujeres empezaron a reconocerse y reclamar participación, hasta ver hoy en día el empoderamiento que hemos ganado, no solo en producción, sino en comercialización del café. La mujer sabe hoy todo lo referente al cultivo, beneficio, comercialización y valor agregado. Esto nos permitió también entender que debemos asociarnos con otras mujeres para ser más fuertes, productivas y participativas”, explica.

Por último, la violencia contra la mujer es otra de las problemáticas que enfrentan las campesinas en el país. Para contrarrestar este panorama preocupante, el Gobierno, a través del Consejería de la Mujer, lanzó el año pasado ‘Inés’, una iniciativa, que busca fortalecer los mecanismos de prevención y atención de las distintas formas de violencia contra las mujeres rurales y promover sus derechos, brindándoles información puerta a puerta que permita evitar, pero también actuar frente a cualquier señal de maltrato.

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En su informe, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial le recomendó al Estado avanzar en el relevamiento y titularización de los territorios de los pueblos indígenas, poner fin a la criminalización de la protesta y estigmatización del pueblo mapuche y eliminar obstáculos para el acceso a derechos por las personas migrantes, entre otros puntos.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas evaluó al Estado argentino sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales para garantizar la eliminación de la discriminación racial. La última evaluación fue en el año 2016. Junto con otras organizaciones, acercamos informes sobre la situación en el país.

En sus observaciones el Comité destacó la persistente discriminación y racismo estructural que enfrentan indígenas, afrodescendientes y migrantes, lo que se manifiesta en los altos índices de pobreza y exclusión social, en los abordajes represivos y en su limitada participación en los asuntos públicos. Más allá de destacar algunas medidas del Estado argentino, como la derogación del DNU 70/2017 que restableció la vigencia plena de la ley de migraciones o el reconocimiento que hizo sobre la situación de discriminación estructural. Ante estas situaciones, el CERD le reclamó a la Argentina una serie de medidas urgentes para cumplir con sus obligaciones internacionales.

El Comité de la ONU manifestó preocupación por los actos de represalias, intimidación, amenazas y de recurso desproporcionado a procesos penales contra líderes e integrantes de pueblos indígenas que defienden sus derechos, así como contra quienes abogan por los derechos de estos grupos. El Comité destacó el caso de la detención de siete mujeres mapuche y seis niños y niñas de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, en el marco de un allanamiento y desalojo violentos. Le pidió a la Argentina adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de reunión sin discriminación por motivos de raza, ascendencia u origen étnico y para investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza, represalias, intimidación y amenazas.

También le recomendó al Estado argentino tomar medidas contra la estigmatización hacia integrantes del pueblo mapuche, inclusive por parte de altos funcionarios provinciales, y los discursos que los asocian al terrorismo o que les acusan de “falsos mapuches”. Se señaló asimismo el aumento de medidas e iniciativas legislativas a nivel provincial que restringen indebidamente el derecho de reunión pacífica de las minorías, en particular de los pueblos indígenas. Un ejemplo es la resolución que aprobó la Cámara de Diputados de Mendoza en el que se afirma que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.

En sus observaciones el Comité se refirió particularmente a los limitados avances del relevamiento de tierras ancestralmente ocupadas por pueblos indígenas y reclamó asegurar que la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de comunidades indígenas, se aplique e implemente de manera íntegra y efectiva en todo el territorio nacional y que se investigue la violencia policial cuando se producen desalojos o protestas. Reclamó también la falta de un mecanismo para la titularización de sus tierras, a pesar de la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat que le exigió una ley de reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena.

El Comité refirió a la falta de información estadística detallada sobre afroargentines, afrodescendientes, indígenas y migrantes. Consideró la inclusión de la variable étnico-racial en el último censo nacional como un buen avance, destacando la importancia del autoreconocimiento. En su evaluación recomendó a la Argentina promover la recopilación sistemática de datos, incluyendo la variable étnico-racial, por parte de las instituciones públicas en todos los niveles de gobierno.

Respecto a la situación de las personas migrantes, el Comité alertó sobre la persistencia de la violencia policial sobre ese colectivo, especialmente les vendedores ambulantes senegaleses y haitianes. A su vez, recomendó revisar y modificar las normas y prácticas que establecen distinciones discriminatorias en el acceso a derechos y servicios básicos entre migrantes y nacionales. Finalmente, advirtió sobre la reciente situación de las personas que solicitaron asilo durante la pandemia de Covid-19 y el cierre de fronteras. En este contexto muchas de ellas vieron desestimadas sus solicitudes sin evaluación y corren el riesgo de ser expulsadas.

Para que el CERD pueda conocer con más profundidad la situación en la Argentina, desde el CELS, junto a Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), Asociación de Mujeres Abogadas Indígena (AMAI), Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Comisión Argentina de Refugiados y Migrantes (CAREF), Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) y Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), presentamos dos informes sobre discriminación estructural y la situación de los pueblos indígenas, que se pueden descargar acá y acá.

El racismo es un fenómeno estructural y sistémico que se produce desde las instituciones hacia los individuos. El origen del racismo en la Argentina está asociado a la búsqueda de construcción de una sociedad blanca y europea como reflejo de la noción de progreso en la construcción del Estado nación. Las particularidades del racismo criollo permiten la invisibilización y habilitan la violencia estructural e institucional hacia las poblaciones no blancas, incluidas las afrodescendientes y originarias.

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En primera persona: el testimonio de un pequeño productor rural chaqueño

Los productores de pequeña escala, como todos los trabajadores de la producción primaria, soportan otro año más de condiciones climáticas adversas que "hacen que sea muy difícil mantenerse en el campo".

"La vida en el campo no es fácil y mucha gente se está yendo a la ciudad, dejando las quintas, porque si las condiciones climáticas son adversas se pierde todo y con una economía de escasos o nada de ahorros no se puede volver a sembrar", respondió ante la consulta de NORTE RURAL Fabián Ibarra, presidente del Consorcio de Servicios Rurales 51 en el departamento Comandante Fernández.

El campo, para los pequeños productores, es todo un desafío que no pueden afrontar por las condiciones económicas. Es necesario que el Estado se ocupe de reinsertarlos en otros cultivos o actividades no tradicionales para poder subsistir
Las chacras sin trabajar, "algunas quedan abandonadas y otras son compradas por los propietarios de campos más grandes". "Siempre ocurre lo mismo y en los últimos tiempos varios productores se fueron a la ciudad", remarcó. La realidad tiene el complemento de que "los mayores que vivían en las chacras ya no están más y los jóvenes no tienen interés por la ruralidad".

En la visión de Ibarra, no es un problema solamente de la precaria infraestructura de los servicios que se brindan al sector campesino, "sino que es poco el interés de la juventud por vivir y trabajar el campo".

Los chacareros, encuadrados hoy dentro del rango de la agricultura familiar, fueron los que otrora sumaban hectáreas de algodón a la producción provincial, cultivo que "dejaron de sembrar porque no les resultaba rentable y se dedicaron a la cría de ganado menor o a la horticultura".

FRÁGIL ECONOMÍA

Las condiciones del tiempo, desde hace varias campañas, truncan las cosechas y las frágiles economías de los campesinos de pequeña y mediana escala no resisten. Los consorcios de servicios rurales tratan de sostener a sus asociados, pero los recursos económicos disponibles quedaron minimizados por la elevada inflación.

El Consorcio de Servicios Rurales 51, en la zona noreste de Sáenz Peña, con un radio de cobertura de cien kilómetros cuadrados, asocia a 140 productores de pequeña escala, con horticultura y ganado menor.

Fabián Ibarra: “Se hace muy difícil mantenerse en el campo”.

"El consorcio está trabajando normalmente pero con limitaciones, porque se brinda el servicio básico pero no se dispone de otra asistencia y los socios no tienen recursos económicos para comprar semillas para reponer la huerta o las pasturas y es casi imposible lograr quién nos financie", relató Fabián Ibarra.

"Lo más complicado, ahora que llegaron las lluvias, es disponer de las semillas", insistió.

PRODUCCIÓN CASTIGADA

En los primeros días de febrero la lluvia fue una bendición en el centro chaqueño, pero previamente "el sol castigó demasiado, los productores hortícolas perdieron todo y los que hacen ganado menor no tuvieron la posibilidad de sembrar pasturas y estaban quedando sin alimento para sus animales porque comprar no es rentable".

Entre los productores que hacen horticultura, también son muchas las complicaciones, porque se perdió la producción por efecto de la ola de calor y la posibilidad de siembra, después de las precipitaciones, se les dificulta "por el alto precio de las semillas". "Los valores de los híbridos se fueron muy arriba y se hace difícil comprar", explicó el presidente del Consorcio de Servicios Rurales 51.

"SE HACE LO QUE SE PUEDE"

El aumento del combustible adiciona otro problema para el pequeño productor que "refiere que no tiene ni siquiera para pagar el laboreo de la tierra que ofrece el consorcio y que tiene un costo mínimo". "El consorcio hace lo que puede porque el dinero que se recibe regularmente es escaso y no podemos asistir con semillas a los asociados, que son muchos".

"Los fondos disponibles son mínimos y no contamos con dinero para comprar el combustible para el laboreo, es por eso que se les cobra un mínimo aporte a los productores para poder trabajar la chacra", indicó Ibarra. "La hectárea se está cobrando al costo del gasoil, en consecuencia no sobra nada y el dinero que llega mensualmente se utiliza para pagar el arreglo del tractor que ya está viejito y todos los días tiene algún problema, además del pago al tractorista", refirió el consorcista.

La entidad de servicios rurales cuenta con una rome, rastra de disco, pala para la construcción de represas, desmalezadora y un tractor "que ya tiene once años de trabajo". "El dinero llega desde la provincia a tiempo, pero es muy poco debido al incremento que mensualmente tienen todos los bienes", recalcó.

El consorcio, "hasta ahora", después de las lluvias no recibió ninguna asistencia extraordinaria para la siembra de pasturas "y la época ya se está pasando".

"Los productores que hacen ganadería, menor en la mayoría de los casos, van a ingresar al invierno muy limitados porque ya deberíamos tener las tierras preparadas y la semilla disponible para aprovechar la humedad de los primeros días de febrero, después ya no dan los tiempos para preparar el forraje", finalizó diciendo el referente campesino.

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