Desde Nación pidieron investigar casos de abuso sexual en las comunidades wichí de Salta.
El INAI efectuó una denuncia y solicitó que la Justicia actúe frente a esta problemática tildada como machista y racista.
Una inagotable fuente de injusticia.
Luego de que Gabriela Souto, de la Fiscalía Embarcación, presentara una denuncia por casos de “chineo” en Salta, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, solicitó que se investiguen las causas de abuso sexuales a menores de la comunidad wichí de la provincia.
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El chineo es la violación sistemática de niñas indígenas desde los siete años a manos de hombres con poder político y/o económico. En este sentido, desde Nación publicaron la solicitud por indagar sobre estos episodios de violencia de género, psicofísica, abuso sexual y femicidio, a partir de las que resultan víctimas también adolescentes y mujeres de distintos pueblos originarios.
Desde las Áreas de Niñez y Adolescencia, y el Área Mujer y Diversidad Indígena, expresaron: “La gravedad de los acontecimientos es inusitada; no se trata de hechos aislados, sino que se enmarcan en una forma de violencia sistemática a consecuencias de las desigualdades y de racismo estructural”.
Luego explicaron que a eso se le suma las muchas denuncias que no han sido debidamente investigadas. Por el contrario, señalaron que fueron silenciadas con conductas coactivas desplegadas hacia las denunciantes/tutores/familiares/autoridades tradicionales de las comunidades, a fin de que a los actores materiales del delito no se le aplique ninguna sanción penal.
La titular del INAI explicó que la denuncia va de la mano de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.
Desde Nación pidieron investigar casos de abuso sexual en las comunidades wichí de Salta.
Odarda, en diálogo con Radio Nacional Salta, habló de un caso de abuso sexual hacia una nena de la Comunidad Indígena La Puntana, ubicada en el Municipio de Santa Victoria Este. En este sentido, comentó: “Resulta intolerable que en la actualidad se sigan llevando adelante prácticas aberrantes de abuso sexual como el ‘Chineo’”.
“Hicimos una denuncia justamente para que se investiguen no solamente los casos concretos y de mujeres que hoy están pidiendo el reconocimiento de filiaciones o de prestaciones alimentarias para sus hijos, sino también que se investigue este crimen aberrante, que es el abuso sexual basado en el concepto de discriminación o de considerar que la mujer es un ser inferior al hombre”, señaló.
Luego se detalló que también se analizan las distintas formas de esconder estos hechos delictivos. Por ello, dijo que el argumento que se utiliza en defensa del chineo es que se trata de una “cuestión cultural”. El femicidio de Pamela Flores y la causa de Octorina Zamora -fallecida recientemente- derivó en la intervención de la fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto. No obstante, se valoró la Educación Sexual Integral y se indicó que esta permite que las nuevas generaciones dejen de normalizar situaciones de abuso.
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Si bien las comunidades indígenas han pasado del exterminio y desprecio al reconocimiento de su valor, aún hace falta que de verdad se tenga en cuenta lo que sus enormes saberes pueden aportar a la sociedad
Cada 9 de agosto los Pueblos Indígenas del mundo conmemoran su día internacional reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Aunque los datos estadísticos no son precisos y tienden al subregistro, en el mundo viven alrededor de 500 millones de personas que pertenecen a algunos de los cinco mil pueblos indígenas que existen en el planeta.
En América Latina y el Caribe existen 826 pueblos indígenas, entre los cuales más de 100 son transfronterizos, ya que habitan en al menos dos países y un número mayor de pueblos en aislamiento voluntario, casi todos en la Amazonia. Cerca de 60 millones de indígenas habitan la región y son hablantes de unas 550 lenguas, la mayor parte de ellas en riesgo de extinción por diversas causas.
En esta fecha es bueno recordar que a partir del año 1989, cuando se adoptó el Convenio Internacional del Trabajo 169, seguido luego por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, y la Declaración americana sobre la misma materia, en 2016, las comunidades originarias han logrado avanzar notablemente en el reconocimiento de su calidad de sujetos de derechos individuales y colectivos.
En el ámbito regional, la creación del Fondo para el Desarrollo para los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, que este año 2022 cumple sus primeros 30 años de vida, es sin duda un avance notable, entre otras razones, por el carácter paritario, con participación equitativa de delegaciones nativas y gubernamentales en todos sus espacios de toma de decisiones.
Además, no puede dejar de mencionarse que estos cambios tan positivos en el plano internacional han sido acompañados dentro de varios países por reformas constitucionales, legales e institucionales que han implicado un salto cualitativo en relación con la situación existente algunas décadas atrás.
En términos históricos se ha logrado pasar de la lógica del exterminio, el sometimiento, el desprecio y la negación, al reconocimiento de que las sociedades son multiculturales y que las diversas culturas deben ser respetadas integralmente, avanzando hacia la construcción de sociedades interculturales con relaciones equitativas entres sus integrantes.
Sin embargo, estos reconocimientos, todos ellos producto de las luchas a lo largo y ancho del planeta, no han logrado cambiar la realidad concreta de las personas y comunidades indígenas. En términos generales, están muy lejos de ser consideradas de manera prioritaria por la gran mayoría de los Estados, viven en condiciones de pobreza y tampoco logran los índices de participación social y política previstos por las normas internacionales mencionadas.
Es también necesario profundizar un cambio cultural global que valore en sus justos términos las enormes riquezas y potencialidades de los pueblos indígenas quienes, durante centurias, han conformado un bagaje de conocimientos sostenidos en prácticas concretas que son de enorme utilidad para el conjunto de la sociedad.
Las comunidades indígenas aún están muy lejos de ser consideradas de manera prioritaria por la gran mayoría de los Estados
En el mundo actual, donde nos enfrentamos a crisis superpuestas a consecuencia de un desarrollo social y productivo excluyente, generador de desigualdades y agresor de la naturaleza, los conocimientos tradicionales de las comunidades ancestrales deben ser vistos como parte esencial de las respuestas a los grandes desafíos del presente. Y en especial los saberes de las mujeres, pues ellas son celosas guardianas y trasmisoras de los mismos.
Necesitamos que la construcción y mantenimiento de la paz esté en el centro de la agenda política global. No debemos resignarnos a contemplar muerte y destrucción sin intentar evitarlo, sabiendo, además, que las consecuencias de la guerra terminan golpeando a los más vulnerables tarde o temprano, sin importar dónde se encuentren.
Se trata de lograr acuerdos que permitan que cada cultura que convive en la tierra aporte lo mejor que tiene para torcer el rumbo actual. De ahí que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas propusiera, en sus sesiones del año 2021, un nuevo contrato social.
Se trata de poner en marcha un amplio diálogo intercultural, una interacción equitativa y horizontal entre las culturas que conviven en el continente, sus expresiones y formas de ver el mundo, incluyendo sinergias entre las innovaciones científicas y los conocimientos tradicionales propios de los pueblos indígenas como herramientas necesarias para entender la realidad y actuar sobre ella.
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Un asentamiento agrícola paraguayo llamado Rosarino, cercano a la frontera con Brasil, amaneció hace unos meses con el estruendo de disparos al aire. Las tierras donde vivían unas cien familias desde 2008 estaban siendo invadidas por civiles armados disfrazados de policías. Todas las personas corrieron a refugiarse en un pequeño bosque cercano. Lograron llegar hasta la comisaría de Maracaná, departamento de Canindeyú, también frontera con Brasil, y presentar una denuncia.
Cuatro días después, un grupo de agricultores que salía de la comunidad en coche fue asaltado por los mismos civiles armados que hicieron los disparos al aire. Esta vez apuntaron directamente al vehículo. Un hombre resultó gravemente herido y otros leves.
“No es la primera vez, siempre guardias privados vienen a hacer sus locuras”, dijo el mismo día el comisario de la zona, Roberto Romero. Las tierras son un asentamiento campesino desde hace 13 años, pero un inversor alemán pretende ahora ocuparlo, según Celino Salinas, dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT). Salinas denunció también que la policía no persigue a los asaltantes porque “las autoridades de la zona actúan en complicidad con la mafia local”. El dirigente campesino Arnaldo Solís, de 33 años, fue asesinado a balazos por un matón “al servicio del dirigente colorado Gerónimo Sanabria, que es uno de los tantos terratenientes que se apropiaron de tierras falseando títulos y aprovechando influencia política”, según denunció el Partido Comunista Paraguayo.
La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) afirmó que este suceso es similar a otros recientes, con asesinatos incluidos, “de paraguayos, que buscan acceder al derecho a la tierra, medio que les permite la alimentación y una vida digna”. Por lo menos 124 líderes campesinos han sido asesinados desde 1989 hasta hoy. La ONG instó a las autoridades a investigar las denuncias sobre civiles armados, figura cada vez más frecuente para avasallar a campesinos, campesinas y sus familias. Aunque han pasado 150 años de la Guerra Guasú (grande en guaraní) en la que Argentina y Brasil invadieron, saquearon y ocuparon Paraguay, un 15% del territorio paraguayo está ocupado actualmente por latifundistas brasileños, una cifra que llega al 35% en los departamentos fronterizos con Brasil.
Son medio millón de hectáreas dedicadas íntegramente al agronegocio, una superficie como la que se quemó en 2020 en los incendios de California, según una investigación de la organización paraguaya Base-Is. Antaño estas tierras eran selvas tropicales, tierras ancestrales de pueblos indígenas, con abundantes ríos y manantiales, valles y colinas, de numerosos pequeños agricultores en un país mayoritariamente rural. Pero ahora son silos gigantes, camiones humeantes y tractores modernísimos entre un inmenso mar verde de monocultivo de soja transgénica y pastos para las vacas que han sustituido a los árboles, los pájaros o los jaguares, y a la mayoría de las comunidades agrícolas nativas y criollas.
Al menos un millón de agricultores paraguayos han abandonado el campo en dirección a la capital, Asunción, y también hacia Buenos Aires, São Paulo y Madrid, según la Federación Nacional Campesina (FNC), ante la falta crónica de trabajo y tierras.
Este país sin mar, ubicado en el corazón de América del Sur, es uno de los diez mayores exportadores de granos y carne del mundo, pero esa inmensa riqueza está concentrada en menos del 2,5% de la población que es dueña de más del 85% de las tierras cultivables. Es uno de los países con la distribución de la tierra más desigual de América y del mundo, según datos de Naciones Unidas.
Ardía el sol de verano a las tres de la tarde cuando unos 35 hombres con escopetas y picanas eléctricas aparecieron por sorpresa en otro asentamiento rural de casas de madera y lona que se llama Loma Piro’y. Golpearon a hombres, mujeres y niños, varios tienen brazos fracturados. Quemaron sus casas, su pequeña iglesia y su escuela. Robaron sus teléfonos y su comida. También sus animales. Los agredidos son un centenar de personas del pueblo mbya guaraní que viven en sus tierras ancestrales. Ocurrió el 16 de diciembre de 2020 y los agresores no han sido detenidos.
“Es tierra ancestral, es nuestra tierra, nos pertenecía hace miles de años”, cuenta tras el desalojo Mario Rivarola, miembro de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI). Los mby’a guaraní son uno de los cinco pueblos guaraníes, de los 19 pueblos o naciones indígenas diferentes que viven en Paraguay desde antes de la colonización europea. El 75% de ellos está en situación de extrema pobreza según el censo, y las pocas tierras que les quedan, se las quieren quitar empresarios y terratenientes.
El 75% de mby’a guaraní está en situación de extrema pobreza según el censo, y las pocas tierras que les quedan se las quieren quitar empresarios y terratenientes
“Nosotros somos los dueños verdaderos, nosotros somos los títulos vivientes”, destaca Rivarola. La líder de la comunidad Elida Prieto reclama que quedaron absolutamente desamparados y que las autoridades nada hacen para protegerlos y garantizar su territorio por más que está reconocido por el propio Instituto de la Tierra (Indert) gubernamental.
Tres días antes de la expulsión de los mbya guaraní, otras 300 personas fueron desalojadas de una comunidad campesina no muy lejos de allí, también con violencia de por medio, pero, esta vez, causada por la policía. Ocurrió en el distrito 3 de Mayo del departamento de Caazapá. Hubo al menos 35 detenidos, entre ellos mujeres, niños y ancianos que fueron torturados, según denunciaron sus familias.
El acecho a la agricultura campesina no se detiene. En junio se viralizaba en redes un helicóptero de la policía disparando a labriegos y otros enfrentamientos con la policía. Pero, ¿cómo comenzó todo esto?
Miriam Pascual Jiménez, mujer zapoteca de la sierra norte de Oaxaca, es antropóloga social y abogada y ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y a la preservación de su cultura, su tierra y su lengua. Su historia ha sido recogida en un libro or ONU Derechos Humanos en México.ONU México
Miriam Pascual Jiménez, mujer zapoteca de la sierra norte de Oaxaca, es antropóloga social y abogada y ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y a la preservación de su cultura, su tierra y su lengua. Su historia ha sido recogida en un libro or ONU Derechos Humanos en México.
ONU Derechos Humanos en México acaba de publicar un libro contando historias sobre las valientes acciones de mujeres indígenas defendiendo sus propios derechos. En vísperas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Noticias ONU te trae la historia de Miriam, una mujer zapoteca que lucha por la preservación de su cultura, su tierra y su lengua.
Miriam Pascual Jiménez es una mujer zapoteca, originaria de la sierra norte de Oaxaca, de la comunidad de Guelatao. Es antropóloga social y abogada y ha dedicado estos últimos años a trabajar por la defensa de mujeres y niñas en temas relacionados con la defensa del territorio, el combate a la trata de personas y la defensa de los derechos de las mujeres en Guelatao.
Miriam, es una mujer muy alegre, solidaria y decidida que ha dedicado una gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos y a la preservación de su cultura, tierra y lengua. Su historia ha sido documentada recientemente en el libro Las valientes aventuras de mujeres defensoras. Relatos para niñas y niños de todas las edades, editado por ONU Derechos humanos.
Miriam creció y vivió en Guelatao y vio como sus familiares, aunque salían de la comunidad por motivos de trabajo o para estudiar, al final siempre volvían para regresar algo a la comunidad.
Ella fue afortunada ya que tuvo la oportunidad de estudiar dos licenciaturas.
Después de la declaración del lugar donde fueron encontrados como "sitio sagrado", las comunidades originarias piden la devolución de los restos que son exhibidos en la actualidad en el Museo salteño de Arqueología de Alta Montaña (MAAM).
"Vemos con muy buenos ojos esta declaración. De hecho, siempre le dimos tal tratamiento al Llullaillaco porque es el rol que le dieron los Incas a este tipo de Apus (montañas divinas) y eso fue así desde el momento constitutivo del museo", dijo a Télam el director del MAAM, Mario Bernaski.
La declaración del INAI
El INAI, a través de una resolución firmada por su presidenta, María Magdalena Odarda, declaró "sitio sagrado" de los pueblos originarios al Volcán Llullaillaco, ubicado en el departamento Los Andes, en plena Puna de la provincia de Salta.
En este volcán, de 6.739 metros de altura, fueron hallados en marzo de 1999 los cuerpos extraordinariamente conservados de dos niñas y un niño, conocidos como "Los Niños del Llullaillaco", en el marco de una expedición de la National Geographic Society comandada por el explorador Johan Reinhard.
Estos cuerpos permanecieron en el lugar por más de 500 años, y los investigadores establecieron que fueron ofrecidos en una ceremonia religiosa incaica conocida como Capacocha, uno de los rituales más importantes del imperio, en gratitud al sol.
En sus considerandos, la resolución de INAI recuerda que "numerosas comunidades y organizaciones indígenas a lo largo de dos décadas han solicitado la declaración de sitio sagrado a los enterratorios ubicados en el Volcán Llullaillaco y la restitución de 'La niña del Rayo', 'La doncella' y 'El niño', exhumados del centro ceremonial con restos humanos más alto del mundo, a 6.730 metros de altura, en la cumbre del volcán".
El INAI señala que el centro ceremonial Llullaillaco es "uno de los más importantes del continente, cuenta con un cementerio comunitario a 4.900 metros de altura, con un camino que incluye edificios que van desde la base hasta la cima, constituyéndose así en un centro de ofrendas único en el país".
En el museo están exhibidas las fotografías del volcán "como el sector ceremonial más importante, que tiene que ver fundamentalmente con la sacralidad que se le dio al Llullaillaco dentro del Collasuyo, del incanato en ese momento", señaló Bernaski.
Tras la publicación de esta resolución del INAI, el Equipo Pueblos Originarios del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) recordó, a través de la red social Facebook, que "hace 12 años la Comunidad Aborigen Kolla de Tolar Grande hizo una presentación donde pide la restitución de los restos de estos niños", solicitud reiterada en 2020, que "hasta ahora no tuvo respuesta".
"Poreste reconocimiento creemos que es importante destacar que, desde hace aproximadamente 10 años, a través de la política que en este sentido ha tenido el INAI, y haciendo caso al pedido de numerosas comunidades, se han producido varias e importantes restituciones", expresó el Serpaj en su publicación.
Asimismo, puso a disposición un audio con declaraciones del encargado del área de Identificación y Restitución de Restos Humanos de los Derechos Indígenas del INAI, Fernando Pepe Tessaro, quien comentó que desde el organismo nacional se viene "acompañando a las comunidades originarias de Tolar Grande, Salta, y de todo el país, que han reclamado en sucesivos momentos la restitución y el retiro de la exhibición de los llamados Niños del Llullaillaco".
"Son las comunidades las que deciden sobre sus ancestros", dijo el funcionario, y agregó: "si consideran que se pueden trasladar, con las condiciones de criopreservación, hacia la comunidad, los vamos a acompañar, y si deciden que deben volver a la cima de ese altar sagrado tan importante, que es el Llullaillaco, donde se preservaron durante 500 años en óptimas condiciones, también acompañaremos el proceso".
Para el director del MAAM, el tema de la restitución de los cuerpos se debe abordar "desde la cosmovisión andina" porque, "más que una cuestión territorial, es una cuestión abarcativa de todo lo que tiene que ver con la cuestión del incanato".
"El Llullaillaco es un sector ceremonial muy importante, quizás el más importante del incanato, tanto que es el punto más alto donde se halla una plataforma ceremonial", explicó Bernaski, quien destacó "el tránsito que tuvieron los niños desde el Cusco hasta acá, de aproximadamente seis meses, realmente una odisea". Cusco es ciudad ubicada en los actuales Andes peruanos, que supo ser la capital del Imperio Inca.
En este sentido, Bernaski agregó que "entender la ceremonia de la capacocha es abordarla sin los límites geográficos de Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Es un abordaje mucho más amplio y complejo, sin desconocer a la gente de Tolar Grande, porque es abarcativa".
"Si me permite la analogía, el Llullaillaco es la catedral de Collasuyo. Es imponente por la estructura, por la manifestación en sí de la ceremonia", sostuvo el director del MAAM, quien precisó que "en Salta tenemos alrededor de 30 sectores ceremoniales preincaicos e incaicos, todos ellos prehispánicos".
Luego, consideró que la discusión acerca de la restitución de los niños debe darse: "Creo que hay que sentarse con todas y todos a charlar el tema", y añadió que "somos un espacio realmente de debate, pero nuestro rol primario es conservar, mantener, indagar y transmitir esta cultura".
El museo, inaugurado en 2004 especialmente para albergar a los niños, recibió este año, por segunda vez consecutiva, el Premio Traveller´s Choice de Tripadvisor, tras haber sido votado por los viajeros como el mejor de Argentina.
Su colección principal presenta el patrimonio arqueológico descubierto en 1999, que incluye a los tres niños y todo el ajuar que los acompañaba, compuesto por unos 150 objetos con arte plumario, metal, cerámica, textil, con componentes orgánicos que se deben mantener con iluminación filtrada, una temperatura estable de 18 grados, y una humedad del 45%.
"El hallazgo llega después del descubrimiento del Nevado del Quehuar, cercano al Llullaillaco, donde se sacó un cuerpo que tenemos nosotros en el museo, al que intentaron robar, le pusieron dinamita, lo dañaron parcialmente y le sustrajeron gran parte del ajuar", detalló Brenaski, quien abundó: "Como ya se veía tránsito al Llullaillaco, la expedición decidió hacer un rescate".
Además, contó que, en 2007, antes de hacer la apertura de la exhibición de los niños, las autoridades del museo se reunieron con 15 caciques de comunidades originarias, y uno de ellos dijo "déjalos que cuenten en su silencio".
"Esa es la idea, dejarlos que cuenten en su silencio, en un marco de respeto. Por supuesto que es debatible, genera sensaciones, a unos les gusta, a otros no, pero nos da la posibilidad de verlos, indagar y nos transmiten una cultura que sigue estando viva en nuestra forma de pensar y hacer las cosas. Es una cuestión de aprendizaje e identidad que nos van ayudando a recuperar", concluyó.
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