La Defensoría del Pueblo denunció que la EPS no la remitió a una unidad de cuidados intensivos por la falta del documento de identidad necesario para la afiliación. El papel se expidió una hora después de su muerte

Bogotá

Se llamaba María Camila, había nacido hacía apenas dos meses en un resguardo indígena de Tierralta, en el departamento de Córdoba y murió porque la Entidad Promotora de Salud (EPS) que la debía atender no la quiso remitir a una unidad especializada. Su pecado, no tener registro de nacimiento, el documento de identidad. El papel se expidió una hora después de su muerte.

Su historia, ha denunciado la Defensoría del Pueblo, es la muestra de cómo en Colombia mueren niños por negligencia. “Resulta inconcebible que por obstáculos administrativos se pierda la vida de una bebé que debió recibir atención sin importar si estaba o no afiliada oficialmente al sistema de salud y que, además, por pertenecer a un grupo étnico, debió ser tratada con protección reforzada”, ha dicho el defensor del Pueblo, el cordobés Carlos Camargo.

María Camila sufría de desnutrición severa y llegó al hospital después de que sus padres sortearan dificultades para salir del resguardo, que no tiene centro médico: seis horas en lancha hasta Tierralta y luego una hora más por carretera para llegar a Montería, la capital del departamento. Fue atendida en el hospital San Jerónimo, pero necesitó ser remitida a una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica. Sin embargo, según la Defensoría, la Nueva EPS no autorizó el traslado porque la menor no estaba afiliada por no tener registro civil de nacimiento.

Nadie tuvo en cuenta la barrera a la que se enfrentan los indígenas que no tienen a la mano un registrador. Usualmente, cuando nacen niños en los resguardos, los gobernadores indígenas los anotan en un certificado como “nacidos vivos” y luego, con ese papel los padres buscan una oficina de la Registraduría. Pero estas no están cerca de sus territorios y en ocasiones no entienden la lengua de las comunidades. En Koredó, donde nació Maria Camila, hay al menos 12.000 indígenas y de ellas solo 8.400 están afiliados al sistema de salud; del resto no se sabe.

Mientras intentaban expedir el documento para afiliarla, la niña falleció. Según cuentan funcionarios de la Defensoría, los padres metieron a su bebé en una caja de cartón y regresaron al resguardo. “En un estado social de derecho no puede permitirse que, por negligencia y trámites ordinarios, sigan poniéndose en riesgo la vida de los niños y las niñas”, agregó Camargo. La Nueva EPS difundió un comunicado asegurando que ellos sí garantizaron la atención de la niña. El caso ya está en la Superintendencia de Salud, que se lo confirmó a este diario.

En ese mismo hospital se vivió otra situación similar. Allí permanecía otro menor indígena de 4 meses que tenía una infección respiratoria y esperaba ser trasladado a una clínica de mayor complejidad. Como María Camila, Lian Erick Pernia, de la comunidad embera, no tenía afiliación por falta del documento. Lian tuvo mejor suerte: lograron registrarlo y afiliarlo en tiempo récord y lo trasladaron a una UCI donde se recupera.

Barreras estructurales

A las barreras administrativas como estas se suman la desnutrición y el dificil acceso a agua potable, que son estructurales y ponen en riesgo la vida de los indígenas, reconoce la Defensoría del Pueblo. Jairo Montañez, líder wayú y defensor de derechos humanos, dice que esa es una situación que no solo afecta a la comunidad embera, sino que se extiende a otros pueblos indígenas y dificulta que los niños sean atendidos. “Hay niños que nacen en los territorios y solo tienen un certificado de nacido vivo sin muchos detalles; a veces, los padres indígenas no tienen documentos o no los cargan con ellos y, en tercer lugar, muchos tienen dificultades para acceder a las notarías donde deben sacar el registro de nacimiento de los hijos”.

La denuncia se da cuando inicia el debate sobre la reforma a la salud que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro y que se dirige hacia la eliminación o reforma de las EPS, las empresas privadas o públicas que funcionan como aseguradoras y pagan a los prestadores de servicios médicos. Creadas en la década de los 90, manejan recursos públicos. Según la ministra de Salud e impulsora de la reforma, Carolina Corcho, la mayoría no cumplen las exigencias. “No es que las queramos eliminar, es que se han estado eliminando”, dijo en octubre a este medio y agregó que de las 30 EPS que existen, 14 están en proceso de liquidación. Corcho también aseguró que el sistema actual de salud “discrimina por raza y por ingresos económicos” y que los mayores problemas están en las zonas rurales.

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El Gobierno formaliza la constitución o ampliación de 10 resguardos de pueblos originarios, tras años de obstáculos para las comunidades

Saudi Muchaviso, gobernadora del resguardo indígena Rumiñawi (Cauca), estuvo de visita en Bogotá. Culminó casi veinte años de lucha: recibió de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la titularidad de la tierra en la que vive su comunidad. En 1997, doce familias del pueblo Inga compraron 1.222 hectáreas en el municipio de Piamonte a un colono mestizo, tras realizar rifas y eventos para recolectar los fondos. El problema fue que formalmente la tierra no era de él. Los Inga intentaron regularizar la situación desde el 2003, pero la burocracia y la falta de asistencia del Estado obstaculizaron el proceso.

El primer intento, en 2003, fue con la Asociación Nukanchipa Atunkunapa Alpa. Fracasó antes de comenzar porque era un proceso asociativo con otras comunidades que no entregaron los papeles necesarios o los entregaron incompletos. La gran oportunidad llegó en 2010, de la mano de Argosy Energy International (hoy Gran Tierra Energy), una compañía petrolera que quería emprender un proyecto de exploración sísmica en la zona. La comunidad accedió a autorizar la iniciativa a cambio de recibir ayuda con los trámites para la formalización del resguardo, una propiedad colectiva indígena protegida.

El proceso inició ese mismo año con una resolución del Ministerio del Interior de Colombia de que decretaba la viabilidad del resguardo, pero los obstáculos se extendieron durante toda una década. Muchaviso explica que el Estado les notificó en 2013 que no existían los recursos técnicos necesarios para realizar un estudio topográfico, uno de los requisitos para avanzar con los trámites. En 2018, la ANT les comunicó que debían entregar la solicitud en Popayán, la capital del Cauca, pero las autoridades del resguardo no la realizaron.

El caso del resguardo Rumiñawi no es un caso aislado, pese a que los derechos indígenas están reconocidos en la Constitución Política de Colombia. El martes el Gobierno entregó títulos sobre las tierras de otras nueve comunidades, para un total de casi 300.000 hectáreas. Presentó el evento como el primer paso de la reforma agraria que promete el presidente Gustavo Petro para cumplir con el capítulo primero de los Acuerdos de Paz con las FARC. Varios de los representantes de las comunidades resaltaron en el acto que ha sido una lucha larga. El nuevo director de la ANT, Gerardo Vega, reconoció que el proceso ha sido “tortuoso”. “Se debe a la falta de voluntad para reconocer derechos”, declaró en clara crítica a las administraciones anteriores.

Entre los principales problemas están la burocracia, la falta de recursos técnicos para ayudar a las comunidades y la violencia en algunas zonas de Colombia. El miembro de la asociación indígena Gobierno Mayor Eduard Imbachi comenta que hay comunidades que esperan desde hace más de 40 años. El Estado no les ha agendado la visita técnica necesaria para avanzar porque no hay profesionales disponibles o porque es peligroso acceder a los territorios. Imbachi remarca que especialmente en el sur del país hay una gran cantidad de títulos coloniales que aún no han sido reconocidos. Para él, a la voluntad política se debe sumar la cooperación con oenegés que aporten los insumos técnicos necesarios.

El resguardo Rumiñawi, en el que viven 202 personas de 64 familias, pudo avanzar en el proceso cuando se involucró Amazon Conservation Team (ACT), una ONG que coopera con la ANT. Saudi Muchaviso remarca que, en 2020, ACT les mandó los profesionales necesarios para avanzar. Aunque la pandemia ralentizó los trámites, consiguieron la aprobación de la titulación de tierras en junio de 2022, antes de la llegada de Petro al poder. La decisión la tomó el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, conformado por delegados de 11 entidades estatales, entre ellas los ministerios de Justicia, Agricultura, Ambiente e Interior. Faltaba la inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos, el trámite formal que determina quién es dueño de un inmueble, que ocurrió con el nuevo Gobierno.

La coordinadora del programa de tierras de la ACT, Linda García, explica que la visita técnica que se necesita, y que ellos garantizaron para Rumiñawi, incluye aspectos como realizar un censo, estudiar en qué se utiliza la tierra y conocer si hay conflictos con campesinos vecinos. Después vienen estudios socioeconómicos, jurídicos y topográficos, para lo cual el Estado no tiene los instrumentos necesarios, según García. En el caso del resguardo Rumiñawi fue clave identificar que las tierras eran originalmente del Estado colombiano.

La ACT defiende que las oenegés son importantes para asegurar un seguimiento constante de los casos, frente a la rotación de personal que se ve en el Estado. No obstante, García remarca que la participación de ACT en el caso del resguardo Rumiñawi se debe a que era una oportunidad estratégica para la organización, que se constituyó para proteger bosques tropicales. Eso porque en ese lugar los indígenas son “guardianes” de una zona de gran biodiversidad, superpuesta con parte del Parque Nacional Serranía de los Churumbelos, ubicado en el sur de Colombia. “Sabemos que las comunidades étnicas tienen un manejo de recursos naturales más amigable que otros que a veces están al margen de la ley”, comenta.

El director de la ANT, Gerardo Vega, sostiene que para acelerar estos procesos la voluntad política es más importante que las herramientas técnicas. No obstante, reconoce en su despacho que “hay que simplificar los procedimientos” y promete que el Gobierno revisará la burocracia que implica que la decisión final la deba tomar un consejo directivo conformado por delegados de 11 entidades. Explica que en contraste la creación de un sindicato basta con una resolución de una entidad especializada en el tema, el Ministerio de Trabajo. Los resguardos indígenas, en cambio, están sometidos a largos procedimientos en varios organismos. “Esas personas, para las cuales nunca se hizo una reforma agraria, tienen que tener igualdad de derechos para asociarse y hacer valer sus derechos”, remarca.

Vega también afirma que es necesario delegar facultades en oficinas regionales que agilicen los procesos. “El tema de la tierra está en los departamentos, hacerlo desde Bogotá tiene muy poco sentido. Allá está el conflicto, hay que desplazarse”, enfatiza. El acto, sin embargo, se hizo en la capital. Vega explicó durante la entrega que querían hacerlo en Leticia (Amazonas), pero que no fue posible porque el día previsto tuvo que asistir al Congreso para dar explicaciones por el fenómeno de invasiones de tierras. Según Vega, el presidente Petro cuestionó su decisión de priorizar el Legislativo: “Dijo que la próxima vez vayamos para allá e invitemos a la Cámara para que sesionen allá. Y tiene razón”.

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Un estudio alerta de que hasta el 91% de la sabiduría de estas comunidades sobre plantas con potencial farmacológico y terapéutico desaparecerá con la muerte de sus lenguas

Podría parecer que, en la era de la información, todo está registrado. Nada más lejos de la realidad. Entre el 73% y el 91% del conocimiento de los servicios medicinales de las plantas (sus propiedades farmacológicas y terapéuticas) de regiones de América del Norte, la Amazonia y Nueva Guinea corre el riesgo de desaparecer porque solo los conocen los indígenas de cada zona y no hay más registro que sus voces. Si muere su lengua (más del 30% de las 7.400 del mundo ya no se hablarán a finales de siglo, según la Unesco), desaparece el conocimiento que guarda. Un estudio publicado en la revista PNAS por Rodrigo Cámara Leret y Jordi Bascompte, del departamento de Biología Evolutiva y Estudios Ambientales de la Universidad de Zúrich, ha identificado, en estas tres regiones 12.495 servicios medicinales de las plantas, de los que el 75% son solo conocidos en una lengua. Y “cada dos semanas”, según la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, “desaparece una en el mundo”. Ante esta emergencia, Jordi Bascompte lamenta: “Es como una biblioteca quemada, como amputar una extremidad. Estamos perdiendo oportunidades terapéuticas”.

Los beneficios de la dehesa

Cámara Leret pone algunos ejemplos del potencial farmacológico de las plantas conocidos por los indígenas: los integrantes del pueblo Cubeo de la Amazonia utilizan los tallos y raíces de la Connarus ruber como “barbascos” o “matapeces” para pescar porque las plantas tienen metabolitos que interfieren en la respiración branquial del pez. Los tucanos del Río Negro de Brasil recurrían para cazar a las propiedades anestésicas de la corteza de la Leptolobium nitens, que usaban como ingrediente del curare (veneno para las flechas). Los siona, habitantes de las riberas del río Putumayo, entre Colombia y Ecuador, usan el látex lechoso de la Euphorbia hirta para tratar infecciones fúngicas en los pies.

El botánico recuerda que el conocimiento indígena ha servido para el desarrollo de fármacos, aunque calcula que menos de un 10% ha pasado por estudios farmacológicos o ensayos. La vinblastina, utilizada en el linfoma de Hodgkin, en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, y en los de mama, cabeza, cuello y testicular, fue aislada por Robert Noble y Charles Thomas Beer de la planta Catharanthus roseus de Madagascar. Es un caso frente a miles de posibles opciones terapéuticas que están en peligro de quedar enterradas.

La singularidad del conocimiento indígena asociado a lenguas amenazadas sugiere que la pérdida de estas será aún más crítica para la extinción del conocimiento medicinal que la pérdida de biodiversidad

Dos investigadores han recogido, por primera vez, datos de hasta 3.597 especies de plantas medicinales e identificado 12.495 servicios medicinales (combinación de una especie vegetal y una subcategoría medicinal, como Ficus insipida y sistema digestivo) asociados a 236 lenguas indígenas. Cámara Leret advierte: “Es solo la punta del iceberg. Mucho conocimiento medicinal está contenido en idiomas que están en peligro de extinción”. Las conclusiones del estudio avalan la afirmación: “La singularidad del conocimiento indígena asociado a lenguas amenazadas sugiere que la pérdida de estas será aún más crítica para la extinción del conocimiento medicinal que la pérdida de biodiversidad”.

La amenaza es doble, según la investigación. Por una parte, el desuso lingüístico está fuertemente asociado a la disminución de los conocimientos indígenas sobre las plantas. Por otra parte, el cambio climático global limita la extensión geográfica de muchas especies y cultivos endémicos utilizados por el hombre. El trabajo concluye: “Juntas, la extinción del lenguaje y la reducción de las especies útiles en el próximo siglo, pueden limitar el potencial completo de las contribuciones de la naturaleza a las personas y el descubrimiento de usos imprevistos”.

La única salvaguarda de este conocimiento es que en algunos casos se comparte oralmente con otros grupos indígenas que hablan otros idiomas. Pero es insuficiente porque estos también están amenazados. Por esta razón, los investigadores consideran “prioritario” un esfuerzo de documentación.

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Siete de cada diez mujeres productoras de alimentos tienen acceso a la tierra para producir alimentos, pero solo tres tienen títulos de propiedad sobre los campos y la tierra donde trabajan. Los datos fueron revelados en el informe "Ellas alimentan al mundo", realizado por el medio feminista LatFem y la organización internacional WeEffect. El trabajo evidencia las desigualdades en cuanto al derecho a la tierra de mujeres campesinas en América Latina.

La encuesta aborda los impactos de la desigualdad en las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes de América Latina en temas como el acceso a la tierra, el impacto de la pandemia del Covid19, el derecho a la alimentación y la defensa de la tierra en las regiones más peligrosas en el mundo para activistas ambientales, según Global Witness. Los países analizados en la encuesta fueron Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Las mujeres son responsables del 50 por ciento de la fuerza laboral formal de producción de alimentos en el mundo, según la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sin embargo, son quienes menos derechos tienen sobre los territorios donde producen. A pesar de garantizar alimentos para sus familias y comunidades, la gran mayoría no tiene derechos sobre los territorios que cultiva.

Acceder a las parcelas por herencia

"La mujer que se convierte en dueña de su tierra simplemente tiene que ser viuda, divorciada o separada", dice una de las entrevistadas en el marco del informe, Ana Rosalía, del Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala. En efecto, la mayoría adquiere el derecho sobre las parcelas a través de la herencia, al quedar viudas o huérfanas. Este es el caso del 38 por ciento de las encuestadas en Bolivia, del 24 por ciento de las consultadas en Guatemala, del 23 por ciento de las entrevistadas en El Salvador, del 16 por ciento de las participantes en Colombia y del 14 por ciento de las informantes en Honduras.

Entre las afrodescendientes, los registros son prácticamente inexistentes. Solo ocho mujeres de este grupo en la encuesta aparecen como propietarias, y de menos de un cuarto de hectárea.

La investigación refuerza la noción de que la estructura patriarcal que disminuye el rol de la mujer también se reproduce en bosques y campos, más allá de las cuatro paredes de la realidad doméstica urbana. "Su trabajo y actividades diarias, como réplica de lo que ocurre en el mundo de los sistemas de cuidado, históricamente han sido invisibles o naturalizados como parte de un must be [deber ser]".

No es de extrañar que las mujeres y las niñas sean más vulnerables frente al trabajo esclavo, como lo revelaron recientemente reconocidos relatores independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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