El Gobierno formaliza la constitución o ampliación de 10 resguardos de pueblos originarios, tras años de obstáculos para las comunidades

Saudi Muchaviso, gobernadora del resguardo indígena Rumiñawi (Cauca), estuvo de visita en Bogotá. Culminó casi veinte años de lucha: recibió de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la titularidad de la tierra en la que vive su comunidad. En 1997, doce familias del pueblo Inga compraron 1.222 hectáreas en el municipio de Piamonte a un colono mestizo, tras realizar rifas y eventos para recolectar los fondos. El problema fue que formalmente la tierra no era de él. Los Inga intentaron regularizar la situación desde el 2003, pero la burocracia y la falta de asistencia del Estado obstaculizaron el proceso.

El primer intento, en 2003, fue con la Asociación Nukanchipa Atunkunapa Alpa. Fracasó antes de comenzar porque era un proceso asociativo con otras comunidades que no entregaron los papeles necesarios o los entregaron incompletos. La gran oportunidad llegó en 2010, de la mano de Argosy Energy International (hoy Gran Tierra Energy), una compañía petrolera que quería emprender un proyecto de exploración sísmica en la zona. La comunidad accedió a autorizar la iniciativa a cambio de recibir ayuda con los trámites para la formalización del resguardo, una propiedad colectiva indígena protegida.

El proceso inició ese mismo año con una resolución del Ministerio del Interior de Colombia de que decretaba la viabilidad del resguardo, pero los obstáculos se extendieron durante toda una década. Muchaviso explica que el Estado les notificó en 2013 que no existían los recursos técnicos necesarios para realizar un estudio topográfico, uno de los requisitos para avanzar con los trámites. En 2018, la ANT les comunicó que debían entregar la solicitud en Popayán, la capital del Cauca, pero las autoridades del resguardo no la realizaron.

El caso del resguardo Rumiñawi no es un caso aislado, pese a que los derechos indígenas están reconocidos en la Constitución Política de Colombia. El martes el Gobierno entregó títulos sobre las tierras de otras nueve comunidades, para un total de casi 300.000 hectáreas. Presentó el evento como el primer paso de la reforma agraria que promete el presidente Gustavo Petro para cumplir con el capítulo primero de los Acuerdos de Paz con las FARC. Varios de los representantes de las comunidades resaltaron en el acto que ha sido una lucha larga. El nuevo director de la ANT, Gerardo Vega, reconoció que el proceso ha sido “tortuoso”. “Se debe a la falta de voluntad para reconocer derechos”, declaró en clara crítica a las administraciones anteriores.

Entre los principales problemas están la burocracia, la falta de recursos técnicos para ayudar a las comunidades y la violencia en algunas zonas de Colombia. El miembro de la asociación indígena Gobierno Mayor Eduard Imbachi comenta que hay comunidades que esperan desde hace más de 40 años. El Estado no les ha agendado la visita técnica necesaria para avanzar porque no hay profesionales disponibles o porque es peligroso acceder a los territorios. Imbachi remarca que especialmente en el sur del país hay una gran cantidad de títulos coloniales que aún no han sido reconocidos. Para él, a la voluntad política se debe sumar la cooperación con oenegés que aporten los insumos técnicos necesarios.

El resguardo Rumiñawi, en el que viven 202 personas de 64 familias, pudo avanzar en el proceso cuando se involucró Amazon Conservation Team (ACT), una ONG que coopera con la ANT. Saudi Muchaviso remarca que, en 2020, ACT les mandó los profesionales necesarios para avanzar. Aunque la pandemia ralentizó los trámites, consiguieron la aprobación de la titulación de tierras en junio de 2022, antes de la llegada de Petro al poder. La decisión la tomó el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, conformado por delegados de 11 entidades estatales, entre ellas los ministerios de Justicia, Agricultura, Ambiente e Interior. Faltaba la inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos, el trámite formal que determina quién es dueño de un inmueble, que ocurrió con el nuevo Gobierno.

La coordinadora del programa de tierras de la ACT, Linda García, explica que la visita técnica que se necesita, y que ellos garantizaron para Rumiñawi, incluye aspectos como realizar un censo, estudiar en qué se utiliza la tierra y conocer si hay conflictos con campesinos vecinos. Después vienen estudios socioeconómicos, jurídicos y topográficos, para lo cual el Estado no tiene los instrumentos necesarios, según García. En el caso del resguardo Rumiñawi fue clave identificar que las tierras eran originalmente del Estado colombiano.

La ACT defiende que las oenegés son importantes para asegurar un seguimiento constante de los casos, frente a la rotación de personal que se ve en el Estado. No obstante, García remarca que la participación de ACT en el caso del resguardo Rumiñawi se debe a que era una oportunidad estratégica para la organización, que se constituyó para proteger bosques tropicales. Eso porque en ese lugar los indígenas son “guardianes” de una zona de gran biodiversidad, superpuesta con parte del Parque Nacional Serranía de los Churumbelos, ubicado en el sur de Colombia. “Sabemos que las comunidades étnicas tienen un manejo de recursos naturales más amigable que otros que a veces están al margen de la ley”, comenta.

El director de la ANT, Gerardo Vega, sostiene que para acelerar estos procesos la voluntad política es más importante que las herramientas técnicas. No obstante, reconoce en su despacho que “hay que simplificar los procedimientos” y promete que el Gobierno revisará la burocracia que implica que la decisión final la deba tomar un consejo directivo conformado por delegados de 11 entidades. Explica que en contraste la creación de un sindicato basta con una resolución de una entidad especializada en el tema, el Ministerio de Trabajo. Los resguardos indígenas, en cambio, están sometidos a largos procedimientos en varios organismos. “Esas personas, para las cuales nunca se hizo una reforma agraria, tienen que tener igualdad de derechos para asociarse y hacer valer sus derechos”, remarca.

Vega también afirma que es necesario delegar facultades en oficinas regionales que agilicen los procesos. “El tema de la tierra está en los departamentos, hacerlo desde Bogotá tiene muy poco sentido. Allá está el conflicto, hay que desplazarse”, enfatiza. El acto, sin embargo, se hizo en la capital. Vega explicó durante la entrega que querían hacerlo en Leticia (Amazonas), pero que no fue posible porque el día previsto tuvo que asistir al Congreso para dar explicaciones por el fenómeno de invasiones de tierras. Según Vega, el presidente Petro cuestionó su decisión de priorizar el Legislativo: “Dijo que la próxima vez vayamos para allá e invitemos a la Cámara para que sesionen allá. Y tiene razón”.

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Un estudio alerta de que hasta el 91% de la sabiduría de estas comunidades sobre plantas con potencial farmacológico y terapéutico desaparecerá con la muerte de sus lenguas

Podría parecer que, en la era de la información, todo está registrado. Nada más lejos de la realidad. Entre el 73% y el 91% del conocimiento de los servicios medicinales de las plantas (sus propiedades farmacológicas y terapéuticas) de regiones de América del Norte, la Amazonia y Nueva Guinea corre el riesgo de desaparecer porque solo los conocen los indígenas de cada zona y no hay más registro que sus voces. Si muere su lengua (más del 30% de las 7.400 del mundo ya no se hablarán a finales de siglo, según la Unesco), desaparece el conocimiento que guarda. Un estudio publicado en la revista PNAS por Rodrigo Cámara Leret y Jordi Bascompte, del departamento de Biología Evolutiva y Estudios Ambientales de la Universidad de Zúrich, ha identificado, en estas tres regiones 12.495 servicios medicinales de las plantas, de los que el 75% son solo conocidos en una lengua. Y “cada dos semanas”, según la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, “desaparece una en el mundo”. Ante esta emergencia, Jordi Bascompte lamenta: “Es como una biblioteca quemada, como amputar una extremidad. Estamos perdiendo oportunidades terapéuticas”.

Los beneficios de la dehesa

Cámara Leret pone algunos ejemplos del potencial farmacológico de las plantas conocidos por los indígenas: los integrantes del pueblo Cubeo de la Amazonia utilizan los tallos y raíces de la Connarus ruber como “barbascos” o “matapeces” para pescar porque las plantas tienen metabolitos que interfieren en la respiración branquial del pez. Los tucanos del Río Negro de Brasil recurrían para cazar a las propiedades anestésicas de la corteza de la Leptolobium nitens, que usaban como ingrediente del curare (veneno para las flechas). Los siona, habitantes de las riberas del río Putumayo, entre Colombia y Ecuador, usan el látex lechoso de la Euphorbia hirta para tratar infecciones fúngicas en los pies.

El botánico recuerda que el conocimiento indígena ha servido para el desarrollo de fármacos, aunque calcula que menos de un 10% ha pasado por estudios farmacológicos o ensayos. La vinblastina, utilizada en el linfoma de Hodgkin, en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, y en los de mama, cabeza, cuello y testicular, fue aislada por Robert Noble y Charles Thomas Beer de la planta Catharanthus roseus de Madagascar. Es un caso frente a miles de posibles opciones terapéuticas que están en peligro de quedar enterradas.

La singularidad del conocimiento indígena asociado a lenguas amenazadas sugiere que la pérdida de estas será aún más crítica para la extinción del conocimiento medicinal que la pérdida de biodiversidad

Dos investigadores han recogido, por primera vez, datos de hasta 3.597 especies de plantas medicinales e identificado 12.495 servicios medicinales (combinación de una especie vegetal y una subcategoría medicinal, como Ficus insipida y sistema digestivo) asociados a 236 lenguas indígenas. Cámara Leret advierte: “Es solo la punta del iceberg. Mucho conocimiento medicinal está contenido en idiomas que están en peligro de extinción”. Las conclusiones del estudio avalan la afirmación: “La singularidad del conocimiento indígena asociado a lenguas amenazadas sugiere que la pérdida de estas será aún más crítica para la extinción del conocimiento medicinal que la pérdida de biodiversidad”.

La amenaza es doble, según la investigación. Por una parte, el desuso lingüístico está fuertemente asociado a la disminución de los conocimientos indígenas sobre las plantas. Por otra parte, el cambio climático global limita la extensión geográfica de muchas especies y cultivos endémicos utilizados por el hombre. El trabajo concluye: “Juntas, la extinción del lenguaje y la reducción de las especies útiles en el próximo siglo, pueden limitar el potencial completo de las contribuciones de la naturaleza a las personas y el descubrimiento de usos imprevistos”.

La única salvaguarda de este conocimiento es que en algunos casos se comparte oralmente con otros grupos indígenas que hablan otros idiomas. Pero es insuficiente porque estos también están amenazados. Por esta razón, los investigadores consideran “prioritario” un esfuerzo de documentación.

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Siete de cada diez mujeres productoras de alimentos tienen acceso a la tierra para producir alimentos, pero solo tres tienen títulos de propiedad sobre los campos y la tierra donde trabajan. Los datos fueron revelados en el informe "Ellas alimentan al mundo", realizado por el medio feminista LatFem y la organización internacional WeEffect. El trabajo evidencia las desigualdades en cuanto al derecho a la tierra de mujeres campesinas en América Latina.

La encuesta aborda los impactos de la desigualdad en las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes de América Latina en temas como el acceso a la tierra, el impacto de la pandemia del Covid19, el derecho a la alimentación y la defensa de la tierra en las regiones más peligrosas en el mundo para activistas ambientales, según Global Witness. Los países analizados en la encuesta fueron Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Las mujeres son responsables del 50 por ciento de la fuerza laboral formal de producción de alimentos en el mundo, según la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sin embargo, son quienes menos derechos tienen sobre los territorios donde producen. A pesar de garantizar alimentos para sus familias y comunidades, la gran mayoría no tiene derechos sobre los territorios que cultiva.

Acceder a las parcelas por herencia

"La mujer que se convierte en dueña de su tierra simplemente tiene que ser viuda, divorciada o separada", dice una de las entrevistadas en el marco del informe, Ana Rosalía, del Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala. En efecto, la mayoría adquiere el derecho sobre las parcelas a través de la herencia, al quedar viudas o huérfanas. Este es el caso del 38 por ciento de las encuestadas en Bolivia, del 24 por ciento de las consultadas en Guatemala, del 23 por ciento de las entrevistadas en El Salvador, del 16 por ciento de las participantes en Colombia y del 14 por ciento de las informantes en Honduras.

Entre las afrodescendientes, los registros son prácticamente inexistentes. Solo ocho mujeres de este grupo en la encuesta aparecen como propietarias, y de menos de un cuarto de hectárea.

La investigación refuerza la noción de que la estructura patriarcal que disminuye el rol de la mujer también se reproduce en bosques y campos, más allá de las cuatro paredes de la realidad doméstica urbana. "Su trabajo y actividades diarias, como réplica de lo que ocurre en el mundo de los sistemas de cuidado, históricamente han sido invisibles o naturalizados como parte de un must be [deber ser]".

No es de extrañar que las mujeres y las niñas sean más vulnerables frente al trabajo esclavo, como lo revelaron recientemente reconocidos relatores independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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En Mato Grosso, las explotaciones agrícolas a menudo se libran de sus responsabilidades de conservación y deforestan más de lo permitido. Las comunidades se han organizado para replantar su territorio degradado.

Ripá (Brasil) - 12 OCT 2022
Una mañana de calor húmedo del pasado mes de diciembre, ocho mujeres y su jefe salieron de la aldea indígena xavante de Ripá, una etnia amerindia que habita una región de Brasil, para atravesar una sabana boscosa en el estado de Mato Grosso. Tras unos pocos kilómetros, el camino se terminó. Siguieron andando en fila y atraversaron la hierba que les llegaba hasta las rodillas.

La mayor parte de los 20.000 xavantes que sobreviven están en el Cerrado, un mosaico de bosques espinosos y pastizales arbolados que cubre el 40% de este Estado al oeste de Brasil. Más seco y menos denso que la selva amazónica al norte, el Cerrado tiene su propia flora y fauna exóticas. Los biólogos conservacionistas lo consideran la sabana más rica del mundo en términos biológicos y los investigadores afirman que el 5% de las especies vegetales y animales del mundo habitan en ella. Pero, en las últimas décadas, los madereros han talado enormes franjas de bosque en Mato Grosso, y han transformado el 12% del Cerrado en pastos y tierras de cultivo.

Los madereros han talado enormes franjas de bosque en Mato Grosso, y han transformado el 12% del Cerrado en pastos y tierras de cultivo.
Hace siete años, los miembros de Ripá se unieron a un grupo que trabajaba para restaurar parte de la vegetación de la zona y, al mismo tiempo, apuntalar la menguante fortuna de los residentes mediante la venta de las semillas que cosechaban allí. Desde que tienen uso de razón, los aldeanos han realizado frecuentes viajes de recolección por su territorio, llamados dzomoris, expediciones en las que cazaban y recolectaban frutos y raíces de forma experta. Ahora hacen estos viajes específicamente para recoger las semillas necesarias para replantar los terrenos degradados del Cerrado. “Con las semillas, reforestaremos”, afirmaba el jefe de Ripá, José SerenhomoSumenéXavante. “Por eso necesitamos semillas autóctonas”. Hasta ahora, el movimimento ha ayudado a replantar 74 kilómetros cuadrados de bosque.

Irónicamente, los compradores son a veces las mismas personas y empresas culpables de los grandes proyectos de tala que han generado la necesidad de replantar. Y, entre los gobiernos que promueven la reforestación, se encuentran los mismos organismos que no impidieron la destrucción del bosque en primer lugar.

Un día después de la jornada de recolección de semillas, el jefe xavante se levantó temprano y se pintó la espalda, el pecho y el pelo con pintura de guerra roja y negra. Se colocó en el claro, donde los niños de Ripá suelen jugar al fútbol. Bajo un cielo nublado, varios hombres también embadurnados de pintura de colores se reunieron a su alrededor. Cantaban y golpeaban el suelo con pesados garrotes y arcos de caza. El jefe estaba furioso por la profanación del bosque de su territorio por parte de los forasteros. Rabiaba por una operación minera no indígena dentro de su reserva. “¡Miren cómo están robando la tierra!”, exclamó. Cerró la reunión con un ulular que imitaba el canto de un pájaro.

Los casos de “invasión, explotación ilegal y daños” en tierras nativas en Brasil por parte de extranjeros casi se han triplicado desde que el presidente derechista del país, Jair Bolsanaro, asumiese el cargo en 2019.

Según un informe publicado en agosto por el Consejo Misionero Indígena, una organización afiliada a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, los casos de “invasión, explotación ilegal y daños” en tierras nativas en Brasil por parte de extranjeros casi se han triplicado desde que el presidente derechista del país, Jair Bolsanaro, asumiese el cargo en 2019. El jefe explicó que, por muy indignantes que sean esas ofensas, la mayor parte de la destrucción del bosque de sabana se ha producido en tierras privadas fuera del territorio indígena. Y que resulta “aún más difícil detener eso que desalojar a los intrusos en sus tierras”. Los inversores han comprado y arrasado enormes zonas de bosque primario y las han sustituido por plantaciones industrializadas de soja, maíz y algodón. Esta destrucción se ha acelerado durante los casi cuatro años de gobierno de Bolsonaro. El Cerrado está experimentando la mayor tasa de deforestación desde 2015, según datos recientes publicados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Entre agosto de 2020 y julio de 2021 se perdieron unos 8.531 kilómetros cuadrados de bosque entre Mato Grosso y una docena de otros Estados brasileños.

El día anterior, el jefe xavante había cruzado la sabana calurosa para recoger semillas y ayudar a restaurar los bosques talados de Mato Grosso, aunque solo fuera de forma simbólica. Una vez que los recolectores bajaron del camión, subieron la suave pendiente hacia las montañas de Roncador, una cresta rocosa sagrada. Cuanto más se acercaban a la cima, más altos y juntos crecían los árboles y el aire sofocante se iba refrescando.

Se detuvieron en un pantano que cubre un cerro entre riscos y las mujeres se desplegaron por los laberínticos riachuelos de agua. Recogieron puñados de buriti, el fruto de una palmera (mauritia flexuosa), del suelo empapado, porque es ahí donde prospera, y los depositaban en las cestas de cuerda que tejen con la fibra de las hojas de la palmera.

El beneficio neto de toda la comunidad por la venta del buriti y otras semillas será de unos 1.200 dólares (1.210,88 euros) este año
Los xavantes comen habitualmente buriti y saben que es popular en todo Brasil. Pero, estas mujeres no venden la fruta fresca, sino que venden las semillas. El beneficio neto de toda la comunidad por la venta de estas y otras semillas será de unos 1.200 dólares (1.210,88 euros) este año, y complementará sus ingresos por la venta de artesanía y las modestas subvenciones del Gobierno. Los ingresos no son la razón principal para llevar a cabo este trabajo. “Los no indígenas están destruyendo el Cerrado y no entienden la naturaleza”, se lamenta Neusa. Cada dzomori (expedición de recolección en la lengua xavante) ayuda a reparar el daño. En este viaje, que duró un día entero, los buscadores encontraron más cosas que buriti.

Una mujer del equipo se subió a la nudosa y achaparrada copa de un árbol de murici (Byrsonimacrassifolia). Agarró unas ramas y lo sacudió con fuerza. El árbol vibró y cayeron frutos maduros que parecían manzanitas amarillas. Un poco más lejos, otras arrancaban frutos pálidos del tamaño de un mango de las esbeltas ramas de un árbol angelim. Echaron la fruta en las cestas y por la tarde, cada una de las mujeres había recogido más de seis kilos de fruta, toda ella con semillas comercializables.

El Código Forestal de Brasil y las leyes estatales exigen que los terratenientes conserven una parte de su propiedad en su estado original y el porcentaje varía según la región y el tipo de vegetación. En Mato Grosso, se supone que entre el 35% y el 80% de la selva está protegida, aunque la realidad es que las explotaciones agrícolas a menudo se libran y conservan menos de lo que deberían. Los propietarios que desbrozan ilegalmente, ignorando el requisito de conservación de terrenos, deben volver a plantar árboles autóctonos y, en algunos casos, lo hacen, lo que crea la demanda de semillas como el buriti, el murici y el angelim.

Las grandes explotaciones de productos básicos representan la mayor parte del mercado. El Código Forestal es el que más atención presta a la replantación de las riberas de los ríos, y la construcción de carreteras y otros proyectos de obras públicas suelen estar obligados a reponer la vegetación que dañan. Las semillas recogidas por comunidades como la de Ripá contribuyen a restaurar esas tierras.

En sus 15 años de actividad, la Rede de Sementes do Xingu ha vendido más de 300 toneladas de 220 especies de semillas
Los lugareños de Ripá y otros 24 grupos indígenas del Estado venden lo que recogen a un mayorista conocido como Rede de Sementes do Xingu (RSX). Es el mayor proveedor de semillas autóctonas de Brasil. En 2007, una coalición de indígenas y no indígenas la fundó como forma de reforestar las tierras a lo largo del río Xingu, un importante afluente del Amazonas, cuyo nacimiento está en Mato Grosso. La tala para la extracción de madera y la apertura de explotaciones ganaderas habían desnudado las orillas del río, debilitando y contaminando los arroyos de la cuenca del Xingu.

RSX envía semillas a los agricultores y otros clientes y también ayuda a plantarlas. Los agricultores de dentro y fuera de los territorios indígenas y también algunos habitantes de las ciudades contribuyen a las reservas de RSX, la mayoría de las cuales se plantan dentro de Mato Grosso.

En sus 15 años de actividad, RSX ha vendido más de 300 toneladas de 220 especies de semillas, entre ellas del árbol pequi, que tiene el tamaño de una nuez, y la semilla del embaúb, que es más pequeña que un grano de arroz.

La cantidad de terreno que ha replantado hasta la fecha es extraordinaria, una superficie casi del tamaño de Barcelona. Los compradores combinan las semillas secas que adquieren con docenas de otras especies en una mezcla que, sembrada a mano, debería crecer hasta convertirse en una arboleda que se asemeje al bosque nativo en una década.

Pero, en Mato Grosso, el mayor productor de cereales de Brasil y que alberga la mayor cabaña ganadera del país, ni siquiera 74 kilómetros cuadrados pueden equilibrar lo que se tala cada año. Solo el año pasado, los madereros deforestaron más de 30 veces más de lo permitido, 1.000 kilómetros cuadrados.

Bruna Ferreira, que lleva muchos años como directora de RSX, reconoce que la tarea digna de Sísifo de recuperar los bosques “a veces parece inútil”. Pero en una entrevista señalaba que sus logros no deben juzgarse enteramente por el pequeño porcentaje de tierra deforestada que se restaura. El esfuerzo es “una labor de resistencia, que hace más fuertes a estas comunidades”. Revitarlizar el Cerrado parece sobre todo una obra de amor, pero merece la pena, añade Neusa. “Si amas el Cerrado, te devuelve lo que le das”, concluía.

Después de que el jefe, su hija y las demás mujeres regresaran a la aldea, tenían más trabajo que hacer. DjaniraPe’WeeXavante revisó los frutos de murici que habían traído, eligió los mejores para comer, quitó las partes podridas y dejó las semillas fuera para que se secaran.

No muy lejos de ella, un enorme campo de soja excavado en la espesa selva muestra que el amor, por sí solo, no protegerá la selva que queda en Mato Grosso. El campo es plano como un tablero de mesa y sin rasgos distintivos, aparte de las interminables hileras de plantas de soja idénticas y las líneas dejadas por las máquinas agrícolas, tan rectas como las de una cartilla de caligrafía. El líder xavante, José SerenhomoSumenéXavante, señala con enfado que esta granja fue permitida por uno de los muchos jefes que piensan que el dinero que ganan ahora es más importante que un bosque sano.

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