Hace veinte años, entre el 7 y el 10 de marzo de 2006, se celebró en Porto Alegre (Brasil) la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD). Esta conferencia histórica reunió a Estados de todo el mundo junto con movimientos sociales y actores de la sociedad civil que representaban a campesinos, pueblos indígenas y otras comunidades similares, con el fin de subrayar la importancia de las reformas agrarias redistributivas y el acceso equitativo a los recursos naturales, abordados desde una perspectiva política colectiva y basada en los derechos humanos.

Justo antes de la Conferencia, entre el 6y el 9de marzo de 2006, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP), anteriormente conocido como Comité Internacional de Planificación de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria, principal facilitador de la participación de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la ICARRD, organizó el Foro «Tierra, territorio y dignidad» , un espacio independiente y autónomo diseñado para permitir que los movimientos sociales se reunieran para debatir, articular sus posiciones y desarrollar propuestas que se incorporaran a la Conferencia.

El Foro tenía como objetivo amplificar las luchas de los movimientos sociales por la tierra, el agua, las semillas, los caladeros, los bosques y el desarrollo rural agroecológico, presentar propuestas basadas en la soberanía alimentaria sobre la reforma agraria, denunciar la represión y la violencia en los espacios rurales, al tiempo que se promovían estrategias de resistencia contra la criminalización de las luchas rurales y se cuestionaba el modelo de desarrollo imperante.

Los años siguientes trajeron consigo victorias. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra (VGGT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) se construyeron sobre los cimientos de la Conferencia de Porto Alegre.

A pesar de estos logros, siguen existiendo retos persistentes. Dos décadas después de la ICARRD, la tierra sigue siendo una cuestión fundamental. La concentración extrema de la propiedad de la tierra, la inseguridad de la tenencia y el acaparamiento de tierras a gran escala por parte de intereses extractivos y agroindustriales siguen impulsando la pobreza rural, alimentando el hambre de más de 730 millones de personas y desplazando a comunidades, mientras que las presiones agravantes del cambio climático, la discriminación de género y la exclusión de los jóvenes amenazan aún más los medios de vida y el futuro de los pequeños productores y las comunidades rurales de todo el mundo.

Así pues, una vez más, el Grupo de Trabajo sobre Tierra, Bosques, Agua y Territorios (Grupo de Trabajo) del CIP organizó un espacio preparatorio los días 22 y 23 de febrero de 2026 denominado «Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidos por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad», con el fin de recopilar propuestas concretas antes de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), celebrada en Cartagena (Colombia) entre el 24 y el 28 de febrero de 2026.

La ICARRD+20 tiene por objeto evaluar de manera exhaustiva los sistemas de tenencia de la tierra a nivel mundial, evaluar la aplicación y la eficacia de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y promover la reforma agraria y el desarrollo rural mediante sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles. Mediante la promoción de la cooperación internacional, especialmente en materia de justicia social y climática, la Conferencia pretende garantizar que las comunidades rurales sean reconocidas como custodias de la tierra, los territorios y los ecosistemas. 6 Al mismo tiempo, el CIP también ha esbozado su visión, en la que pide una reforma agraria basada en cuatro pilares: el reconocimiento de los derechos indígenas y consuetudinarios sobre la tierra, los territorios y el agua; la redistribución de la tierra y los bienes comunes naturales, incluyendo límites a la acumulación por parte de empresas y militares; la restitución a las comunidades desposeídas por el acaparamiento de tierras, el colonialismo, la ocupación y los conflictos; y una regulación estricta de los mercados de tierras para proteger los
territorios productores de alimentos de las industrias extractivas, la especulación inmobiliaria y la apropiación militar.

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El Foro de Pueblos y Movimientos Sociales se inauguró con las declaraciones de los coordinadores de los grupos de trabajo para establecer la agenda.

Saul Vicente, del Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC), lamentó que, veinte años después de la ICARRD, los movimientos sociales sigan exigiendo «tierra, territorio y dignidad», a pesar de logros como las VGGT, la UNDRIP y la UNDROP. Instó a que los derechos sobre la tierra y el territorio se sitúen en el centro de las respuestas globales a las crisis climática, alimentaria y social, y afirmó la disposición de los movimientos a ofrecer soluciones o defender los bienes comunes a través del Foro de los Pueblos en la ICARRD+20.

Nuri Martínez, de La Vía Campesina (LVC), acogió con satisfacción la decisión de celebrar la ICARRD+20 en Colombia, reconociendo el compromiso político del Gobierno con la reforma agraria y su reconocimiento constitucional de los campesinos como titulares de derechos. Identificó un enemigo común en el imperialismo y el modelo económico extractivo que amenaza tanto a las comunidades rurales como a los gobiernos progresistas de toda la región, y pidió una fuerte coordinación y una declaración audaz de los movimientos sociales para mantener y avanzar en la lucha.

Tras las declaraciones de bienvenida, se celebró una mesa redonda sobre cómo la ICARRD+20 puede contribuir a promover el derecho a los territorios.

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, abrió el debate reafirmando el compromiso del Gobierno colombiano con la reforma agraria y su solidaridad con quienes luchan contra la violencia y la injusticia, incluidos el pueblo de Gaza, el campesinado y los pueblos indígenas. La ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez Torres, identificó tres obstáculos que impiden a las comunidades rurales ejercer sus derechos: la criminalización de los agricultores, el despojo disfrazado de conservación y la exclusión de las personas de sus territorios en nombre de la naturaleza, y recomendó la zonificación participativa y el reconocimiento de las autoridades indígenas como autoridades medioambientales, como parte de un esfuerzo más amplio por conciliar la protección del medio ambiente con los derechos de las comunidades que administran la tierra.

Los ponentes, procedentes de movimientos sociales de todo el mundo, aportaron perspectivas distintas pero interrelacionadas, que convergían en un diagnóstico común: que las estructuras económicas y de gobernanza actuales han agravado la precariedad de las mismas comunidades que cuidan nuestras tierras y aguas.

Musa Sowe, de la Red de Organizaciones Campesinas y de Productores de África Occidental (ROPPA), destacó que los pequeños agricultores, que producen la mayor parte de los alimentos del mundo, deben tener garantizada una participación inclusiva e igualitaria en los procesos de reforma agraria, libre de la influencia de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y tener acceso a los mercados territoriales y soberanía sobre sus tierras, semillas y sistemas de e o alimentario. Daniela Crabali, de Proceso de Comunidades Negras (PCN), hizo hincapié en que, para las comunidades negras, el territorio es inseparable de la cultura, la identidad y la vida misma, y pidió una reforma agraria basada en un marco antirracista, protector, restaurador y reparador. Khalid Khawaldeh, de la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas y Pastores Nómadas (WAMIP), señaló que, si bien la ICARRD fue un momento crucial, sus acuerdos pasaron por alto en gran medida a los pastores, y pidió a la ICARRD+20 que reconociera sus derechos a la movilidad, al uso colectivo de la tierra y a la participación en la formulación de políticas, subrayando que los sistemas pastorales se encuentran entre las formas más eficientes y sostenibles de producción ganadera.

Melanie Brown, del Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP), advirtió que la acuicultura y la economía azul están despojando a las comunidades pesqueras y destruyendo las poblaciones de peces silvestres, y pidió un mayor reconocimiento de la contribución de los pescadores artesanales a los sistemas alimentarios. Rodrigo Niño, de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), subrayó que la reforma agraria debe revisarse en el contexto de siglos de despojo indígena, haciendo hincapié en el acceso a la tierra y los recursos naturales, junto con estructuras sociales como la educación y un diálogo más sólido entre las zonas urbanas y rurales. Yurani Pérez, de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), reconoció que la organización social es la base de una reforma agraria significativa, y pidió al Gobierno que escuche a los campesinos y las mujeres e invierta en las economías campesinas y la educación.

Tras la mesa redonda, se celebraron dos rondas de sesiones plenarias denominadas «bloques de contenido».

El primer bloque de contenido examinó la situación de las comunidades en lo que respecta a los derechos sobre sus territorios, las amenazas que impulsan el despojo y las estrategias que se están elaborando para combatirlas, reuniendo perspectivas de todo el espectro del movimiento social.

Hatem Aouini, de LVC, destacó la lucha por la reforma agraria en un contexto global de auge del fascismo, el imperialismo y el extractivismo, señalando los casos de Palestina, Sudán y el Congo, al tiempo que afirmó que los movimientos han obtenido victorias en la India y América Latina y tienen una propuesta concreta en los cuatro pilares del IPC para una reforma agraria popular. Fernando García Dory, de WAMIP, pidió el reconocimiento de los derechos pastorales colectivos, señalando como ejemplos los modelos de gobernanza de Chad y Kirguistán, al tiempo que advirtió de las amenazas que suponen la minería, las energías renovables y los intereses de la ganadería industrial que invaden las tierras comunales.

Virginie Lagarde, de la WFFP, advirtió sobre la aceleración del acaparamiento azul y verde que amenaza a las comunidades pesqueras artesanales, y pidió compromisos vinculantes y un control comunitario genuino sobre los territorios marinos y costeros. Dmitry Berezhkov, del Comité Internacional de los Pueblos Indígenas de Rusia (ICIPR), señaló la inseparabilidad de los derechos territoriales indígenas de la soberanía alimentaria y la justicia climática, advirtiendo sobre el extractivismo verde a y el auge del autoritarismo, al tiempo que llamó la atención sobre la detención de la líder indígena selkup Daria Egereva en Rusia como ejemplo de la criminalización global de los defensores de la tierra.

Elga Betty, de la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM), evocó las reformas agrarias históricas, incluidas las revoluciones de México en 1910, Bolivia en 1950, Cuba en 1959, Chile en 1962 y Perú en 1969. Afirmó que las comunidades seguían lidiando con las consecuencias de la pandemia de COVID y pidió que se apostara por la agroecología, la protección de las semillas autóctonas y la aplicación de la UNDROP y la Convención sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 como camino a seguir. Sophie Nglapi, de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), puso de manifiesto la cruda contradicción de que las mujeres producen entre el 60 % y el 80 % de los alimentos del mundo, pero poseen menos del 15 % de las tierras cultivables, y pidió una economía feminista y la soberanía sobre la tierra.

Carlos Bona, del Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica (MIJARC), advirtió que sin la transferencia generacional de la tierra y la autodeterminación, el acceso de los jóvenes a la identidad rural es limitado. Mohammed Abdel Rahman Salem, de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), habló desde la primera línea de la expropiación palestina, rechazando el enfoque neoliberal de la tierra como mercancía y afirmando que la resistencia se expresa mediante la plantación de olivos, la reconstrucción de viviendas y la organización para la soberanía alimentaria.

Drazen Simlesa, de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS), promovió los mercados solidarios, las cadenas de suministro cortas y los sistemas de atención comunitaria como expresiones de una economía social y solidaria, afirmando que sin territorio no hay soberanía alimentaria y sin soberanía alimentaria no hay dignidad. Isa Alvarez, de URGENCI, cuestionó la dicotomía productor-consumidor, haciendo un llamamiento a la conciencia alimentaria y a las transiciones agroecológicas desde el lado del consumo, al tiempo que advirtió contra la normalización de los sistemas alimentarios tóxicos. Graciela Inés, de People’s Health Movement (PHM), argumentó que la salud humana es inseparable de la salud de los territorios y los ecosistemas, y que la concentración de la tierra y el acaparamiento verde están provocando malnutrición y pobreza, y pidió una reforma agraria y la soberanía alimentaria como condiciones esenciales para comunidades saludables y soberanas.

La primera jornada del Foro concluyó con el segundo bloque de contenidos, que situó en contexto la ICARRD+20 y la visión del CIP.

Lo inauguró Morgan Ody, de LVC, quien remontó los orígenes de la primera ICARRD a la ola de privatización neoliberal de la tierra impulsada por el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la década de 1990, enmarcándola como una respuesta deliberada que finalmente se tradujo en victorias clave para las VGGT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ( ) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Desplazados (UNDROP). Señaló que desde entonces han surgido nuevas formas de acaparamiento de tierras a través de la digitalización, los créditos de carbono y las compensaciones por biodiversidad, y relató las tribulaciones por las que pasó la idea de la ICARRD+20 hasta que resurgió tras la COVID y finalmente se consolidó gracias a la intervención de Colombia en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Expresó su decepción por la falta de apoyo a la ICARRD+20 por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y aplaudió el firme compromiso mostrado por los gobiernos de Colombia y Brasil.

Tammi Jonas, de la Alianza para la Agroecología y la Soberanía Alimentaria (AFSA), presentó el documento de posición del IPC, elaborado mediante un amplio proceso de consulta entre las organizaciones miembros, que abarca la historia del acaparamiento de tierras, el contexto actual y propuestas concretas que incluyen la tributación de la tierra, la redistribución, las reparaciones y la restitución, con un comité de redacción de la declaración que trabaja para destilar sus puntos clave en una declaración del foro.

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El segundo día del Foro se reanudaron los debates críticos.

El tercer y último bloque de contenidos abordó la reforma agraria y la soberanía alimentaria desde una perspectiva regional, y los delegados se dividieron en distintos grupos de América, África, Asia y el Pacífico, Oriente Medio y Norte de África (MENA), Europa y Asia Central para debatir los principales retos a los que se enfrenta la reforma agraria en sus regiones, la relevancia de la visión actualizada del CIP, sus expectativas respecto a la ICARRD+20 y el borrador de las medidas que los movimientos adoptarían al regresar a sus países para impulsar la reforma agraria.

Philip Seufert, de FIAN, quien también dirige el Grupo de Trabajo, ofreció unas observaciones orientativas, y el bloque fue moderado por Saphia Ngalapi, de WMW, y Benjamin Mutambukah, de WAMIP. Todos los grupos de trabajo regionales regresaron exigiendo una reforma agraria urgente y compromisos responsables que devuelvan el derecho al territorio a las manos del pueblo.

El grupo de trabajo regional africano, dirigido por Chengeto Muzira, de LVC, presentó una imagen desoladora de un continente vulnerable debido al acaparamiento de tierras por parte de actores estatales y privados, la debilidad de los marcos jurídicos, la inestabilidad política, el cambio climático, la expansión de las empresas y la promoción de los OMG, que agravan una situación ya de por sí frágil. Se identificó el reconocimiento como la prioridad más urgente, en particular la garantía de los derechos consuetudinarios, pastorales, colectivos y de las mujeres sobre la tierra, seguido de la regulación para combatir el acaparamiento de tierras y la redistribución y restitución para corregir las profundas desigualdades históricas. El grupo esperaba que la ICARRD+20 diera lugar a un cambio decisivo, pasando del diálogo político a la aplicación, respaldado por mecanismos de seguimiento y evaluación, el fortalecimiento institucional de la sociedad civil, el aumento de la inversión pública y la participación genuina de las mujeres y los jóvenes en el diseño de políticas. A su regreso a casa, los participantes de se comprometieron a construir posiciones comunes con las redes campesinas, a involucrar directamente a los gobiernos para que incluyan la reforma agraria en las agendas políticas nacionales, a promover la agroecología y los mercados territoriales, y a establecer plataformas regionales de seguimiento para exigir responsabilidades a los gobiernos.

El grupo de trabajo de las Américas, dirigido por Melanie Brown, del WFFP, y Taily Terena, del CITT, presentó una declaración sucinta. Entendiendo el territorio no solo como la tierra, sino como el espacio mismo de la lucha política y la vida digna, el grupo planteó la reforma agraria como algo inseparable del reconocimiento de la desposesión histórica, los legados coloniales y los sistemas patriarcales. Sus propuestas se centraron en el consentimiento libre, previo e informado, la protección de los campesinos y los pueblos indígenas y la eliminación de la deuda externa que se utiliza como herramienta de dominación imperial, al tiempo que pedían políticas agrarias públicas, la recuperación masiva de tierras y la inclusión de economías solidarias en los marcos de la reforma agraria, unidos por una visión del poder popular construido en todo el Sur y el Norte globales.

El grupo de Asia-Pacífico, facilitado por Asma Aamir, de la MMM, destacó una región plagada de crisis interconectadas, desde el acaparamiento de tierras y océanos, los conflictos, la ocupación, la guerra y la militarización, hasta el colapso climático y la pérdida de biodiversidad, la digitalización como nueva frontera de control y las desigualdades estructurales agravadas por la complicidad del Estado y las medidas de austeridad impulsadas por la deuda a través de instituciones como el FMI y el Banco Mundial. El grupo hizo hincapié en el reconocimiento y la autodeterminación de las comunidades agrarias y los pueblos indígenas, la redistribución mediante una reforma agraria integral que evite la captura corporativa, la restitución para las comunidades desplazadas por el cambio climático y la regulación mediante reformas legales nacionales concretas. También propusieron tres R adicionales más allá de los cuatro pilares del IPC: representación, recursos y revolución. De cara al futuro, el grupo pidió la unificación y la interseccionalidad de los movimientos locales, vínculos más fuertes entre la ICARRD+20 y los procesos de los organismos de las Naciones Unidas, incluidas las visitas de relatores especiales para informar sobre los progresos, y la reforma de la FAO como condición previa para la aplicación, sin la cual los compromisos de la conferencia corren el riesgo de quedarse en papel mojado.

Souad Mahmoud, de Coordination Féministe pour la Souveraineté Alimentaire (CFSA), junto con Khalid Khawaldeh, de WAMIP, lideran el grupo de trabajo de Oriente Medio y Norte de África, que subrayó que la reforma agraria no puede discutirse al margen de las realidades coloniales de la región, incluidas las crisis actuales en Palestina, Siria y Líbano. Además, la situación se vio agravada por la desigualdad de género, el patriarcado y la falta de voluntad política para llevar a cabo una reforma estructural. El grupo hizo hincapié en que, en esta coyuntura, la reparación era más adecuada que la restitución, al tiempo que pidió una aplicación más estricta de los mecanismos establecidos desde 2006 y el abandono de las soluciones impuestas desde arriba en favor de la formación de base y el fortalecimiento de las redes.

El grupo de Europa y Asia Central, moderado por Morgan Ody, de LVC, y Sylvia Kay, del Transnational Institute (TNI), reflexionó sobre los retos que plantea la elaboración de una estrategia común en una región geográficamente extensa y políticamente compleja que se extiende desde Groenlandia hasta Mongolia. Tras identificar como factores clave la guerra en Ucrania, las amenazas a Groenlandia, la criminalización en los países postsoviéticos y el cambio climático y la deforestación, el grupo expresó su esperanza de que la próxima declaración destaque la agroecología y las prácticas inclusivas, aborde la concentración de la tierra mediante la reforma agraria, reconozca los derechos colectivos de las comunidades agrarias e incluya la diversidad de género y de identidades sexuales. También señalaron la COP17 en Mongolia como un momento importante para la construcción del movimiento.

El Foro concluyó con las observaciones finales de los coordinadores de los grupos de trabajo y una declaración de Paulo Teixeira, ministro de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, en representación del Gobierno de Brasil. Comenzó reconociendo los esfuerzos del presidente colombiano Gustavo Petro en la lucha contra el imperialismo y exigiendo respeto para los latinoamericanos, y expresó su solidaridad con Cuba, Venezuela y el pueblo colombiano, situando la reforma agraria en el contexto de la larga historia de despojo colonial de América Latina. Destacó los compromisos de Brasil con la delimitación de las tierras indígenas, incluidas las del pueblo quilombola, y con el avance de la reforma agraria como garantía de justicia social. Concluyó con urgencia, recordando que la primera ICARRD tuvo lugar veinte años después de la masacre de Eldorado Carajás y advirtiendo que el mundo no puede permitirse esperar otros veinte años para la tercera.

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