Con reclamos de que se destinen más fondos, el Senado le dio media sanción al proyecto que modifica la ley que creó el Programa de Regularizacion Dominial y Asistencia al campesinado. Así se da otro plazo de un año para avanzar con este proceso.
El Senado de Salta (norte argentino) aprobó por unanimidad el proyecto de ley que modifica el artículo 9° de la Ley 7658, del Programa de Regularizacion Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales. De esta manera se prorroga por un año más la suspensión de desalojos.
El artículo 9 quedó redactado ahora de esta forma: “Suspéndase hasta el 31 de diciembre de 2024, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial”
Al momento de presentar la iniciativa, su autor, el senador Miguel Calabró (La Caldera, Evita Conducción), recordó que es “una prórroga más” de una ley “que se viene trabajando en la Legislatura hace más de diez años”. Es la intervención de la Legislatura salteña “para frenar los desalojos compulsivos, legales, de pequeños productores”. Aunque la conflictividad por la tierra se encuentra en todo el territorio provincial, la gran mayoría están concentrados en los departamentos Rivadavia y San Martín.
Calabró repasó que esa conflictividad emergió cuando el boom de la soja, el trigo, el maíz y demás cultivos extensivos, y demás emprendimientos productivos en gran escala, valorizó estas tierras. Señaló también que hay conflictos que comprenden a tierras fiscales, otros en tierras en manos de particulares que tienen títulos de propiedad perfectos y otros en tierras en manos de campesinos y campesinas que tienen la posesión por muchos años, de varias generaciones, pero no cuentan con títulos de propiedad.
"A valorizarse estas tierras", "empresas como la de Gianfranco Macri, la de Molinos Cañuelas, por nombrar algunos, pero hay muchos otros, compraban" propiedades a veces sin visitarlas siquiera, pero sabiendo que podía haber ocupantes, y luego, cuando pretendieron avanzaron con sus proyectos productivos, y desolojar a las familias poseedoras, se suscitaron los conflictos.
Con el agravante de que “Algunos jueces, fundamentalmente del distrito Tartagal", comenzaron a fallar sistemáticamente a favor de los grandes titulares registrales. Por eso urgió la aprobación de esta ley. Calabró afirmó que si no fuera por esta ley "más de 12 mil familias campesinas ya estarían desalojadas".
El año pasado, al prorrogarla por un año, la Legislatura le agregó la creación de una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que se encarga de la regularización dominial en la provincia, un proceso que viene llevándose a cabo de manera lenta, en gran parte, debido a la complejidad de estos procesos, pero también por la falta de recursos para llevar a cabo una política más activa de solución del conflicto.
El senador caldereño explicó que la prórroga se acordó solo por un año más porque "la prórroga en sí misma no resuelve el conflicto dominial”. Pero tampoco lo resuelven los fallos judiciales, y por eso es necesario poner el foco en el trabajo de la UEP, afirmó.
"Si no existiera esta ley habría una gran conflictividad", añadió. Para dar una idea, contó que ahora mismo 67 mil hectáreas se están negociando con unas 80 familias que habitan los lotes 16, 21 y 20 del extenso departamento Rivadavia. Añadió que la Unidad Unidad Ejecutora ya llevó a cabo 16 mesas en las que se sientan a negociar titulares registrales con poseedores. Y hay un caso en que un titular registral negocia con una comunidad originaria.
“(Las y los técnicos de la UEP) Van avanzando, pero necesitan más tiempo, por eso el pedido de esta prórroga”, agregó. Pero también necesitan mayor presupuesto, porque deben hacerse mensuras y planos, se necesitan vehículos para recorrer el territorio. “Este es un proceso que necesita inversión”, insistió Calabró. Esa más, considera que la UEP debería tener una oficina descentralizada, ubicada tentativamente en Embarcación, un lugar a donde poseedores y titulares puedan ir y haya un trato más cercano, que se pueda generar la confianza necesaria para avanzar en este proceso, porque, por distintas razones, “hay una gran desconfianza de los productores".
El senador Walter Wayar (Cachi, FdT), que preside la Comisión de Seguimiento del trabajo de la UEP, recordó a su turno que esta ley abarca a la totalidad de la provincia, entonces comprende distintas problemáticas y distintas formas de encararlas. Explicó que es muy difícil llegar a acuerdos entre privados, y hasta es difícil avanzar en la entrega de tierras estatales. “El resultado es escaso. Necesitaríamos otros 40, 50 años de democracia, para poder resolver el problema, al paso que vamos. Porque es una cuestión de recursos”, aseguró.
Por eso instó: “El Ejecutivo debe pensar en el presupuesto", que debe contemplar un monto que "sirva para empezar a resolver estos problemas. Lo que se necesite, en lo humano, lo tecnológico y en lo financiero". El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para que lo revise.
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A pesar de garantizar alimentos para sus familias y comunidades, la gran mayoría no tiene derechos sobre los territorios que cultiva.
Una investigación realizada por LatFem y WeEffect en torno a las desigualdades en el acceso a la tierra de las mujeres campesinas en América Latina demostró que 7 de cada 10 mujeres rurales tienen acceso a tierra para producir alimentos, pero en sólo 3 de cada 10 casos la tierra está a su nombre.
El informe “Ellas alimentan al mundo”, de reciente publicación, se centra en Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Según la Comisión Interamericana de Mujeres, que pertenece a la Organización de los Estados Americanos (OEA), las mujeres son responsables del 50 por ciento de la fuerza laboral formal de producción de alimentos en el mundo.
Sin embargo, son quienes menos derechos tienen sobre los territorios donde producen. A pesar de garantizar alimentos para sus familias y comunidades, la gran mayoría no tiene derechos sobre los territorios que cultiva.
En ese sentido, el informe explica que para que las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes se conviertan en dueñas de su tierra la mayoría tiene que enviudar, divorciarse o separarse de su pareja. En efecto, el derecho sobre las parcelas es adquirido a través de la herencia, al quedar viudas o huérfanas.
En Bolivia, esto sucede en el 38 por ciento de las encuestadas, en Guatemala representa al 24 por ciento, en El Salvador el 23 por ciento, en Colombia representa al 16 por ciento y en Honduras equivale al 14 por ciento.
El informe expresa además que entre las afrodescendientes, los registros son prácticamente inexistentes. En estas encuestas, solo ocho mujeres de este grupo aparecen como propietarias y de menos de un cuarto de hectárea.
“La falta de acceso y control sobre la tierra impacta directamente sobre la autonomía económica de as mujeres rurales, campesinas, indígenas, originarias y afrodescendientes. También repercute en el ejercicio de otros derechos económicos, políticos, sociales y culturales”, sostiene la investigación.
Testimonios
Ana Rosalía Tiul, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC) en Guatemala incluido en el informe.
“La mujer indígena tendría que tener ese título de propiedad porque es ella la que se mantiene en el hogar, es ella la que lucha, es ella la que vela por la sostenibilidad de su familia, para que a los hijos no les haga falta nada, pero para adueñarse de sus tierras tiene que quedar viuda o divorciada o separada. Solo de esa manera la mujer puede lograr su tierra: no es lo mismo tener la co-propiedad con el esposo”.
Wilma Mendoza Miro, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).
“La tierra significa todo para nosotras porque, sin la tierra, ¿dónde estoy? Nosotras siempre decimos eso: si no tenemos un espacio donde pisar suelo, no somos nadie. La tierra y nuestro territorio es fundamental, y luego podemos hablar de nuestra autonomía, de nuestro territorio personal y de todo lo demás que queramos. La tierra es vida”.
Yasmín López, coordinadora General del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) de Honduras.
“Los desalojos violentos han sido históricos en este país. Con el golpe de Estado en el 2009 se profundizó esta técnica que ya venía dándole resultado a los gobiernos neoliberales, que ha sido una forma de perseguir a los líderes y a las lideresas. La lucha por la tierra en Honduras es una cosa bien difícil, pero es también un tema de sobrevivencia”.
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DOCUMENTO DE POSICION POLITICA DE LAS COMUNIDADES MAPUCHE –
TEHUELCHE Y PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ante las
expresiones vertidas por el gobernador de Chubut, Ignacio Agustín Torres.
1 de febrero de 2024. Provincia de Buenos Aires. Argentina
Distintas comunidades y Pueblos Originarios de la provincia de Buenos Aires, nos
pronunciamos ante la grave situaciónn del incendio en el Parque los Alerces en la ciudad de
Esquel, Provincia de Chubut.
Nos duele profundamente ver dañada la madre tierra con el fuego que la arrasa, y que, sin
dudas, es producto del descuido o intencionalidad. Es desgarrador ver asesinar la naturaleza,
nuestra ñuke mapu (madre tierra) milenaria, cuidada y resguardada por el Pueblo Mapuche-
Tehuelche.
Nos preocupan profundamente las expresiones irresponsables vertidas por el Gobernador del
Chubut, Ignacio Torres, que con tanta facilidad señala que fue el Pueblo Mapuche el
responsable de dicho incendio. Acusa, en particular, a la Comunidad Mapuche “Pillan
Mahuiza”; y en ella, indica a la lamngen (hermana) Moira Millan. Es de tal ignorancia política y
territorial, como mala es la intencionalidad de culpabilizar a la hermana mapuche por los
incendios. El gobernador en sus dichos da por hecho que nuestra lamgen es la autora
intelectual
En sus dichos el gobernador alude a la RAM, organización INEXISTENTE,inventada por los
medios de comunicación y por sectores del gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich,
entre 2015 y 2019.
En el siglo XXI no se pueden sostener semejantes mentiras. Es de suma gravedad que un
mandatario público exprese odio racial a través de los medios de comunicación, como el
diario La Nación. Esto posibilita y profundiza el racismo, hostigamiento y criminalización hacia
el Pueblo Mapuche que hemos sufrido durante más de 120 años. Vemos con mucha
preocupación cómo se acentúa una campaña de estigmatización y difamación, a través de
mentiras y dichos irresponsables, en contra el pueblo Mapuche.
Claramente ésta es otra campaña más de odio racial, orquestada por aquellos descendientes
de los colonizadores que invadieron nuestros territorios por la fuerza, territorios que nos
usurparon, despojaron, y expropiaron. Esos usurpadores continúan con la misma metodología
que usaron los ideólogos fundantes del Estado Nacional, como Domingo Faustino Sarmiento,
Bartolomé Mitre y Julio argentino Roca, ejecutores de la cruel invasión y parcial exterminio de
nuestro pueblo.
Esta campaña de distorsión, difamación y confusión hacia la sociedad argentina sobre la
historia de nuestro pueblo no es casual, está perfectamente pensada en marco de una
coyuntura política que estamos viviendo, dentro del marco de debate por del Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, que intenta imponer el gobierno; con la venta y extranjerización de los territorios. Observamos que se está manipulando a la opinión pública que está
bastante desinformada al respecto. Los incendios en los territorios del sur existen y los
lamentamos. No son nuestros/as hermanos/as quienes queman los bosques y la vida que ellos
resguardan. Para nosotros/as la tierra y los seres que las habitan (humanos/as y no
humanos/as) son nuestros/as hermanos/as (pu lamgen); allí viven los newen (fuerzas) que nos
dan alimento y vida. Por eso hemos vivido durante milenios sin destruir los entornos donde
fuimos paridos por nuestras madres.
Quienes ven en el territorio, sus bosques y cursos de agua un simple “recurso” o “mercancía”
para comprar y vender, no somos nosotros/as. Esa clase de gente que instrumentaliza la vida
humana y los seres que habitan el planeta se llaman “empresarios”, “comerciantes” que basan
su existencia en la ganancia y el negocio. Quemar para ellos el territorio es transformarlo en
tierra ociosa, lista para ser parcelada y vendida. Es el mercado y sus agentes, políticos y
económicos, el que arrasa con la gente y su territorio; no somos el pueblo mapuche.
Repudiamos las expresiones xenófobas de parte del Gobernador y de todos aquellos que
niegan nuestra preexistencia a lo largo de los territorios de la actual República Argentina.
Nos solidarizamos con la lamngen Moira Millán y el LOF PILLAN MANHUIZA, y con todas las
comunidades Indígenas que resisten el despojo de sus territorios en la zona de la Patagonia.
Abrazamos a la Ñuke Mapu, pu newén (fuerzas) de cada territorio, como nos enseñaron
nuestros ancestros y ancestras; resguardando cada lugar, y nos reafirmamos en nuestro andar
con la palabra y el buen vivir.
¡¡Marici weu!! ¡¡Marici weu!!
Firmas de los Pueblos / comunidades que adhieren:
- Comunidad Tribu Ignacio Coliqueo de los Toldos
- Comunidad Trawünko, Punta Indio.
- Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke – Olavarría
- Integrante del grupo Intercultural Wün Reñma de la ciudad de Lobos
-Comunidad Ñuke Mapu, Los Toldos
- Comunidad Mapuche Calfulafken de Carhue
- Comunidad Lof Cayulao, Tres Arroyos
- Colectivo Raíces Originarias (estudiantes, docentes y graduados con raíces originarias) de la
Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).
- Lof Cacique Pincén, Trenque Lauquen
- Comunidad urbana guaraní Mbo'ehara Jasy Rendy de José C. Paz
- Comunidad perteneciente al Pueblo Quechua Ayllu Mink'akuy Tawantinsuyupaq.
Hurlingham, Provincia de Buenos Aires
- Comunidad Multiétnica Tres Ombúes. Cdad. Evita, Provincia de Buenos Aires
- Comunidad Indígena Punta Querandí de Tigre y Escobar.
- Comunidad Guaraní tata GUASU de San Martin- Simón Romero mburuvicha ( presidente)
- Comunidad Guaraní AreteGuasu Bs As.
- Asociación Encuentro Indígena de Tres Arroyos.
- Comunidad Qadhuoqte Pueblo Qom- Rosario Santa Fe.
- Comunidad Mapuche kumelen Newen Mapu de Bahia Blanca.
- Adhiere al documento como organización a nivel nacional EPI KAMBA (ESPACIO
PLURINACIONAL INDIGENA) integrado por las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Entre Ríos,
Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires.
Firmas de Adhesiones de otras instituciones:
- Asociación Civil Radio Comunitaria de Punta Indio
- Ay! La Meme! Medio de comunicación – Junín Pcia Bs As
- Cátedra del Seminario Temático III: Pueblos Originarios, Territorio, Derechos Humanos,
Derechos Culturales e Interculturalidad del UNMa.
- SISAS. Medio de comunicación indígena, antirracista y antipatriarcal.
- Prof. Maria Alejandra Ballester FCH-Unicen
- H.I.J.OS de Punta Indio.
- Martín Raninqueo artista y miembro del CECIM LA PLATA.
La propuesta responde a un exhorto de la Cámara de Diputados para promover, preservar y fortalecer las lenguas indígenas a nivel estatal.
La Paz, Baja California Sur.- En una sesión ordinaria celebrada este jueves, el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por consenso la iniciativa presentada por la diputada Eufrocina López Velasco, que establece que el mes de abril del año 2024 sea designado como “Abril, Mes en el que las Lenguas Indígenas toman Tribuna en Baja California Sur”. Esta conmemoración especial tendrá lugar durante las tres primeras sesiones ordinarias del mencionado mes, en la Sala de Sesiones “General José María Morelos y Pavón”.
La propuesta, respaldada por los legisladores locales, establece que durante las sesiones ordinarias de abril de 2024, se otorgará un espacio a tres personas hablantes de lenguas indígenas que residen en el estado. Estos representantes de los pueblos originarios expresarán en su lengua materna sus opiniones sobre temas cruciales como el uso oficial de las lenguas indígenas, la preservación y recuperación de estas, las políticas públicas para incentivar su uso, la fortaleza cultural de los pueblos originarios, así como la persistente discriminación que enfrentan los hablantes de lenguas originarias.
La diputada Eufrocina López Velasco fundamentó su propuesta haciendo referencia al Oficio del 26 de abril del mismo año, emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. En dicho documento, se exhorta a los Congresos locales a considerar la réplica de la iniciativa “Las lenguas Toman Tribuna”, con el objetivo de promover, preservar y fortalecer las lenguas indígenas en todo el territorio nacional.
Cabe destacar que, como parte de esta conmemoración, todos los documentos oficiales emitidos o remitidos por los tres poderes del Estado o los cinco ayuntamientos durante el mes de abril de 2024 llevarán la leyenda: “Abril, Mes en el que las Lenguas Indígenas Toman Tribuna en Baja California Sur”, en su parte superior. Esta medida busca enfatizar el compromiso del estado en la promoción y valorización de la riqueza lingüística y cultural de sus pueblos indígenas.
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Cerca de 3.000 campesinos e indígenas en Nariño están huyendo de sus territorios por enfrentamientos armados
Estos desplazamientos se concentran en los municipios Samaniego y Santacruz, en el occidente del departamento de Nariño
En el occidente del departamento de Nariño, específicamente en los municipios de Samaniego y Santacruz, la crisis humanitaria se ha agravado debido a un desplazamiento masivo que ha afectado a más de 800 indígenas del resguardo del Sande y a más de 2.000 campesinos. Esta situación ha sido causada por los intensos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN en su lucha por el control territorial.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, indicó que es clave escuchar a todos los actores para que se pueda alcanzar la tan anhelada paz estable y duradera después de tantas décadas de violencia y conflicto armado - crédito Defensoría del Pueblo
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Defensor del Pueblo pidió al Gobierno implementar la Reforma Rural Integral de manera concertada para evitar conflictos sociales
En Samaniego, el casco urbano ha acogido a 2.025 campesinos que han estado desplazados durante más de un mes. Estos campesinos provienen de 18 veredas ubicadas en la zona montañosa del municipio. La escalada de violencia ha obligado a estas comunidades a abandonar sus hogares y buscar refugio en el área urbana.
El resguardo indígena awá El Sande emitió un comunicado informando que este último desplazamiento se debió a combates entre grupos armados que comenzaron el 13 de septiembre. En este éxodo forzado se encuentran 800 indígenas, incluyendo mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Se espera que otras 600 personas se unan a ellos a lo largo del día.
La situación ha sido reportada a las autoridades locales, incluyendo el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, y el secretario de Gobierno, José Obregón. Se ha solicitado la activación de rutas de atención de emergencia humanitaria, de acuerdo con una publicación del periódico colombiano El Tiempo.
Las comunidades afectadas han expresado que, debido a los violentos enfrentamientos, hay informes de población civil herida. Además, en las veredas Claraval y Campoalegre en el municipio de Santacruz, varias familias se encuentran confinadas en sus viviendas. Han colocado banderas blancas como señal de paz para evitar ataques de grupos armados en sus espacios de convivencia civil, de acuerdo con ese medio de comunicación.
70 familias en Riohacha fueron desplazadas por enfrentamientos entre grupos armados
La Defensoría del Pueblo alertó por la ola de violencia que vive el municipio de Riohacha y el aumento del desplazamiento forzado a causa de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la región de La Guajira.
A través de la Alerta Temprana de Inminencia 025 de 2023 emitida por la entidad el pasado 21 de junio de 2023, con la cual advirtió el escenario de riesgo que se venía configurando en el departamento, se informó del desplazamiento de 70 familias que tuvieron que emigrar de sus corregimientos Tigreras y Matitas.
Durante agosto de 2023, la Defensoría registró masivos asesinatos y secuestros que afectaron a la población en general asentada en sus áreas urbana y rural.
Estos hechos de violencia se atribuyen a los constantes combates entre dos principales guerrillas: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC), las cuales están en disputa por el control territorial.
“Los hechos violentos son el resultado de la disputa entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el frente Francisco José Morelos Peñate, bloque Nelson Darío Hurtado Simanca, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Estos dos grupos armados están enfrentados por el control territorial de la Troncal del Caribe y sus áreas circundantes”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, tan solo en los primeros seis meses del 2023 se presentaron 59 desplazamientos masivos, que equivalen a 18.755 personas sacadas a la fuerza de sus territorios por culpa de la violencia - crédito Indepaz
Tras la incursión de hombres armados en Tigreras y el asesinato subsiguiente de un hombre de 31 años el 13 de agosto de 2023, las autoridades informaron la liberación de una persona en el mismo corregimiento. Este tuvo lugar en el contexto de un enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y miembros de las Autodefensas. Según la Defensoría, el incidente resultó en la captura de seis presuntos miembros del grupo ilegal y ha sumido a la comunidad en un estado de incertidumbre y temor.
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