"Diálogos a quince años de la Ley de Bosques Nativos. ¿Qué ley tenemos y qué ley necesitamos?", fue el título del encuentro de investigadoras e investigadores de universidad públicas y del Conicet. Desde su aprobación, se desmontaron en Argentina 4,2 millones de hectáreas. Entre sus responsables figuran el agro, la ganadería y la especulación inmobiliaria.
La deforestación es uno de los problemas ambientales que generan mayor preocupación a nivel global, debido a su impacto en el cambio climático, en la pérdida de diversidad biológica y cultural, y en la alteración de los ciclos del agua, entre otros aspectos. Entre los años 2000 y 2020 la reducción neta de bosques en el mundo fue de 101 millones de hectáreas, de los que 3,6 millones corresponden a la Argentina, según datos de la organización Global Forest Watch. Esto coloca al país en el séptimo lugar a nivel mundial en cuanto a la superficie neta deforestada.
La Ley de Bosques (26.331), sancionada en 2007, no sacó a la Argentina de esta triste nómina: desde el año de su aprobación y hasta 2021, la Dirección Nacional de Bosques registra una deforestación de 4.260.511 hectáreas en todo el país. El 83 por ciento de este total corresponde a los bosques de la región chaqueña, característicos del centro norte del país (provincias de Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y de Córdoba, y este de Tucumán, Catamarca y La Rioja).
Sin embargo, también otras regiones han sufrido importantes pérdidas en relación a su tamaño. Los principales motores de esta deforestación son la agricultura y la ganadería a gran escala que se expanden en zonas previamente cubiertas por bosques, pero en años recientes los incendios han cobrado creciente importancia. En el sur del país, como en el delta del Paraná, la mayor parte de la pérdida de bosques obedece a esa causa. A su vez, los proyectos inmobiliarios con fines de urbanización y de turismo, aunque afecten extensiones de bosques más reducidas, tienden a concentrarse en zonas ambientalmente frágiles como las sierras cordobesas o las laderas patagónicas, y a vulnerar también los derechos de las poblaciones preexistentes, pertenecientes en muchos casos a pueblos originarios.
¿Qué Ley de Bosques tenemos?
La Ley de Bosques es un hito fundacional en la política ambiental de Argentina. Contribuyó decisivamente a visibilizar la cuestión de los bosques nativos en la opinión pública, generando debates, producción de conocimientos, acuerdos y desacuerdos políticos en todas las provincias. Ninguna otra ley ambiental ha tenido un despliegue comparable en todas las provincias, con el fortalecimiento de los organismos encargados de aplicarla, la formación de una comunidad de diálogo académica, política y social en torno a sus desafíos, y recursos destinados anualmente a su cumplimiento.
Sin embargo, en los quince años de su implementación ha tropezado con numerosos obstáculos y dificultades. Uno de los principales es la insuficiencia de esos recursos, reflejo de la baja prioridad que tiene la protección de los bosques en la agenda política nacional.
Si bien la Ley de Bosques estipula que debe destinarse a su cumplimiento como mínimo el 0,3 por ciento del presupuesto nacional, la cifra que el Congreso le otorga año tras año está muy lejos de alcanzar ese piso. Este año (2022) no alcanzó siquiera al 0,01 por ciento del presupuesto nacional, o sea, treinta veces menos de lo exigido por la ley.
Esto reduce tanto la capacidad operativa de los órganos de control y de asistencia técnica como los incentivos que pueden ofrecerse a quienes cuidan sus bosques.
Otra falencia clave es que las poblaciones que conviven a diario con el bosque —indígenas, campesinas, productores familiares— encuentran persistentes dificultades para que sus intereses sean tomados en cuenta en el diseño y la implementación de una política que las afecta directamente. Sus saberes y valoraciones sobre los bosques pasan a un segundo plano frente a las decisiones de funcionarios asesorados por lejanos expertos. Esto, evidentemente, resta legitimidad a la política y dificulta su aplicación efectiva, porque las decisiones frecuentemente terminan siendo incompatibles con las realidades del territorio.
La jornada "Diálogos a quince años de la Ley de Bosques Nativos" se realizó el 14 de noviembre en Córdoba
A esto se suma la falta de control efectivo de la deforestación por parte de las provincias, ya sea por escasez de recursos y capacidad técnica o de voluntad política e incluso, como se ha denunciado en varios casos, por corrupción y tráfico de influencias. En efecto, cuando se llegan a sancionar las transgresiones, las multas que se aplican son insuficientes para disuadir a potenciales infractores.
Por esta razón, diferentes organizaciones ambientalistas y actores políticos proponen reforzar la disuasión mediante una sanción penal que incluya penas de cárcel.
También es notoria la reaparición de conflictos y controversias al momento de la actualización de los ordenamientos territoriales ("OTBN") provinciales, con intentos de revisión francamente regresivos que atentan contra el principio de no regresividad consagrado en la normativa ambiental.
Todas estas dificultades —y otras— no deben, sin embargo, opacar la importancia de la Ley de Bosques como una herramienta fundamental de nuestra política ambiental. Más bien, deben servir de incentivo para defender y profundizar su implementación y sus alcances.
Mucho más que producción o conservación
Es necesario pensar al bosque desde múltiples dimensiones y escalas. No basta con una mirada binaria que oponga “producción” y “conservación”. Tampoco con considerar al bosque meramente como fuente de bienes, como la madera, o incluso como proveedor de variados servicios ecosistémicos como la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad o la moderación de los ciclos hídricos.
Los bosques son lugar de producción y reproducción de formas de vida diversas, con sus economías, sus saberes y sus equilibrios dinámicos, en algunos casos muy frágiles. En ellos conviven, de forma no siempre armoniosa, una multiplicidad de actores con diferentes proyectos, prácticas y cosmovisiones.
Por esta razón, la gestión de los bosques nativos no puede ser solamente una cuestión técnica. Implica una dimensión político-distributiva que pone en juego derechos e intereses, muchas veces enfrentados.
La articulación entre esos intereses y la traducción entre diversos saberes y lenguajes de valoración, en algunos casos inconmensurables entre sí, es un desafío que no se saldará con una solución unívoca y definitiva, sino que exigirá un diálogo continuado y abierto, con acuerdos provisorios, resultados ambiguos y aprendizajes progresivos.
Este camino exige facilitar espacios de participación genuina para los actores más vulnerables y menos poderosos. Supone en especial atender a las particularidades culturales y lingüísticas de los pueblos originarios, sin encorsetarlos en procesos de decisión poco compatibles con sus hábitos. Esto, entre otras cosas, se refiere a los tiempos, muchas veces demasiado acelerados, a los que se acotan los procesos participativos promovidos desde el Estado. Supone también adoptar una perspectiva de género que visibilice las prácticas del cuidado de la vida, trascendiendo una valoración productivista de la naturaleza.
Protagonismo social y mirada integral
Tanto la sanción de la Ley de Bosques como el control de su implementación se deben en gran parte a procesos de movilización social protagonizados por pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales y asambleas ambientalistas, organizaciones campesinas y de pequeños productores y productoras, entre otros colectivos. Mediante acciones de protesta, participación en instancias de consulta, reclamos ante el Poder Judicial, producción y difusión de información, contribuyeron de manera decisiva a visibilizar en la esfera pública la deforestación y degradación de los bosques, y a exigir la efectiva aplicación de la Ley.
Todos estos colectivos continúan interpelando a responsables técnicos y políticos a profundizar la defensa de los bosques.
Pero una ley ambiental parcial, como lo es la Ley de Bosques, necesita formar parte de un ordenamiento ambiental integral del territorio, tal cual lo exige la Ley General del Ambiente (25.275). De lo contrario, sistemas naturales que funcionan de manera interdependiente —y que así son concebidos por sus habitantes— corren peligro de quedar regulados por políticas inconexas o incluso contradictorias, y la protección de unos ecosistemas puede conducir a una mayor presión sobre otros.
La construcción de este ordenamiento integral debe nutrirse de la experiencia de estos quince años en la implementación de la Ley de Bosques, con sus aciertos y sus errores. En lo inmediato, un nuevo peldaño en esa construcción lo propone el proyecto de Ley de Humedales, cuya sanción consideramos urgente.
A quince años de la sanción de la Ley de Bosques resaltamos, entonces, la importancia que ha tenido como dinamizadora de la política ambiental en Argentina y como palestra de aprendizaje para las organizaciones, los organismos públicos y quienes hacemos investigación. Pero advertimos, también, los enormes desafíos para hacer de esta Ley un instrumento eficaz dentro de una política ambiental integral, en el contexto de emergencia climática global. En especial, frente a la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra, suscrita este año en Glasgow por la Argentina y otros 140 países, que incluye el compromiso de alcanzar la deforestación cero a partir de 2030.
*Lorenzo Langbehn (Indes-UNSE/Conicet), Alma Tozzini (IIDyPCa UNRN/Conicet), Carlos Ortega Insaurralde (Inenco-UNSa/Conicet), Constanza Casalderrey Zapata (IIDyPCa-UNRN/Conicet), Cristian Schneider (ACEN/FTA-UPC), Gabriel Stecher (Ausma-UNCO), Ignacio Alonso (CIPAF-INTA), Luján Ahumada (E.Ftal.V.Dolores-INTA), Malena Castilla (UNLaM/Conicet), Walter Mioni (INTA Salta/UNSa), Mariana Schmidt (IIGG UBA/Conicet), Lucas Figueroa (IIP-Unsam/Conicet), Adrián Gustavo Zarrilli (CEAR- UNQ/Conicet), Ricardo Gutiérrez (IIP-Unsam/Conicet).
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Desde la Red de Educación a Distancia y Ruralidad (REDYR) más de 4 mil personas a se capacitaron en distintas temáticas que afianzan el desarrollo rural y el arraigo territorial.
Con una visión innovadora, hace poco más de diez años nacía la Red de Educación a Distancia y Ruralidad (REDYR), con el objetivo de generar un espacio de “aprendizaje, conocimiento e intercambio, que apunte al desarrollo local y al bienestar de los territorios rurales respetando su cultura local”, explica Norma Carosio, fundadora y coordinadora General de esta red regional.
Carosio recuerda que la propuesta surgió en el año 2012 en México, durante uno de los trece seminarios anuales de educación a distancia, tecnología y ruralidad que organizó como vicepresidenta para Cono Sur (Uruguay, argentina y chile), y luego como representante legal de la oficina del CREAD en Argentina, en el marco del evento Virtual Educa. “Con la idea de generar más de un encuentro por año, propuse realizar charlas y capacitaciones para tratar diversos temas como educación, tecnología, conectividad rural, género, comunidad y comunicación”. Así, aplicó su experiencia de 22 años de trabajo en el INTA donde creó el programa de educación a distancia PROCADIS, y junto a un equipo de profesionales de distintas áreas y el apoyo de empresas, universidades e instituciones de la región, comenzó a hacer realidad su proyecto.
Surge así la propuesta de trabajar bajo la temática de género vinculada a la mujer rural como eje transversal de la Red y nace el Programa “La Mujer Rural Hoy” con el que ya llevan una década cumpliendo con el propósito de contribuir al empoderamiento y fortalecimiento de la mujer rural latinoamericana desde la educación a distancia y las tecnologías de la información y comunicación.
Esta iniciativa que hoy reúne a más de 800 mujeres, es coordinada por la oficina de CREAD Argentina (Consorcio Red de Educación a Distancia) y cuenta con cinco nodos distribuidos en Colombia, Guatemala, Puerto Rico, Uruguay y México.
Empoderar a través de la capacitación
Con la cercanía que permite la virtualidad, desde REDYR ya reunieron a más de 4 mil mujeres rurales de toda Latinoamérica que participaron de seminarios, conferencias, conversatorios y los encuentros anuales “La mujer Rural Hoy”.
Su coordinadora afirma que con cada actividad buscan afianzar “el empoderamiento de las mujeres y que puedan ver que si una lo hizo, otra puede hacerlo, sin importar la actividad o el grado de profesionalismo que cada una tenga” y agrega que al hablar de mujer rural se hace referencia a todas aquellas que estén vinculadas con la ruralidad, “ya sean profesionales, campesinas, indígenas, pequeñas o grandes productoras”.
Enfocadas en la búsqueda de un denominador común entre estas mujeres, trabajan desde la solidaridad y el acompañamiento para ofrecer herramientas que aporten a la valoración de su trabajo, su rol en el sistema agroalimentario, el cuidado de la seguridad alimentaria, la salud y el medio ambiente. “Una vez que se acordó la temática, buscamos un profesional que aporte el marco conceptual, pero además siempre tienen que haber mujeres que cuenten su experiencia en relación al tema”, dice Norma. En cada encuentro “la idea es que las mujeres puedan conocerse, dialogar entre sí, descubrir otras realidades. Nos propusimos que sea un espacio de mujeres para las mujeres”, asegura.
Todas las actividades que se realizan en REDYR son desde el voluntariado, por lo que se encuentran en la búsqueda de recursos económicos como el apoyo de empresas sponsors que les permitan sumar a una persona en el área de comunicación para coordinar las inscripciones y difusión de los cursos. “Para este año queremos trabajar el tema de ecología y medio ambiente a través de los jóvenes, con propuestas que tengan impacto en la comunidad, y de cuidados de la salud y nutrición”, expresa la referente de Argentina.
La mujer rural hoy
De acuerdo a datos compartidos por la Red, las mujeres rurales constituyen un tercio de la población global, son responsables del 43% de la producción de alimentos del mundo y el 27% lo hace trabajando en forma directa. Además, solo el 4% percibe un ingreso propio, y se rigen por leyes y prácticas que las discriminan solo por su condición de mujer.
En este sentido, Carosio detalla que “Argentina y Uruguay tienen una ruralidad muy semejante con pequeñas y medianas productores, pero al alejarnos hacia Centro y Norte América se ve más el campesinado y la población indígena y de raza negra”. Asimismo, destaca que existen elementos en común como “las dificultades que han tenido para ser valoradas en su trabajo”.
Sin embargo, en los últimos años la profesional observa que “algo que las caracteriza también es que se unen y tienden a agruparse en redes” y resalta que “están cada vez más profesionalizadas y han comenzado a salir de la producción hacia el agregado de valor”.
Sin dudas, dice, “en la mujer en general, y especialmente en la rural, hay un empoderamiento cada vez mayor. Es más consciente de quién es, de lo que puede hacer, se está fortaleciendo, se está capacitando mucho más. La mujer se está plantando mucho más fuerte, con más certezas y seguridad frente a esta realidad”. De esta forma, visibilizando las habilidades personales a través de las oportunidades que brinda la capacitación a distancia, esta red educativa pone en primer plano los valores de la ruralidad con las mujeres como protagonistas.
Por Paola Papaleo
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Habrá nueva línea de crédito con beneficios en tasas de interés para pequeños, medianos y grandes agricultores
El Gobierno colombiano anunció que para 2024 hay buenas noticias para el campo, ya que se destinará más dinero que nunca para apoyar a los campesinos y mejorar la agricultura en todo el país, así lo reveló NotiCentro 1 CM& en su habitual sección Secreto CM&.
Para acceder al subsidio Renta Ciudadana debe pertenecer al grupo A del Sisbén - crédito Prosperidad Social
Este año, el Ministerio de Agricultura dispondrá de 9,1 billones de pesos, más de lo que se había invertido en años anteriores, aclaró el noticiero nacional. Especificando que estos recursos serán usados para comprar terrenos y avanzar en la reforma rural, que es una promesa muy importante que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando estaba en campaña.
En el mismo sentido, recordó que hay varios retos que el sector agrícola tiene que afrontar este año. Por ejemplo, el fenómeno de El Niño, que puede dañar muchos cultivos, pero el Gobierno quiere ayudar a los campesinos para que puedan superar estos problemas.
Uno de los planes es otorgar más dinero para que los agricultores puedan pedir préstamos a través del Banco Agrario y Finagro. Se espera entregar hasta 26 billones de pesos en 2024 para que se pueda producir más comida y mejorar la agricultura.
También se van a construir molinos y plantas donde se procesa la comida para ayudar a que los campesinos puedan trabajar mejor y conseguir más beneficios de sus cosechas.
Sobre los créditos, el Ministerio de Agricultura confirmó que en 2023 la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que es un grupo que decide sobre los préstamos en el campo, tuvo una reunión muy relevante.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y la viceministra de Hacienda, María Fernanda Valdés, acordaron crear una nueva línea de crédito para cambiar y mejorar la producción en el campo. Además, se aprobó un plan que permite entregar entre 25 y 26 billones de pesos en préstamos para la agricultura este año.
Los campesinos van a ser los más beneficiados con estos préstamos. El Gobierno quiere dar entre 4,8 billones y 5,5 billones de pesos a los pequeños productores y a quienes tienen menos recursos. Este dinero lo manejará Finagro y viene con unos beneficios especiales, como intereses bajos, para ayudar a los productores a cambiar sus maneras de trabajar, cuidar el medioambiente y conseguir que más mujeres, jóvenes y comunidades que han sufrido por el conflicto y otras injusticias puedan trabajar en la agricultura.
También habrá tasas de interés muy bajas para grupos como mujeres y jóvenes del campo, indígenas y afrocolombianos, así como para aquellas personas que están regresando a la vida civil después de haber estado en el conflicto.
Ángela María Penagos, presidenta de Finagro, sostuvo que con estas decisiones se busca que más campesinos y pequeños agricultores puedan acceder a préstamos con intereses bajos, que les ayudarán a mejorar sus cultivos y su manera de trabajar.
“Se priorizan los campesinos, campesinas y pequeños productores con un crédito barato que permita impulsar las transformaciones que requiere el sector agropecuario”, añadió.
Por último, también se entregarán más recursos para el Incentivo a la Capitalización Rural, que es un beneficio que le baja la deuda a los campesinos cuando piden préstamos para proyectos. Con esto, a un campesino que no tiene muchos recursos se le podría bajar hasta el 40% de lo que debe de su préstamo, un campesino normal hasta el 30% y uno más grande hasta el 25%.
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El constante aumento de la canasta básica, la violencia económica, la sequía histórica, el desmonte y la falta de políticas públicas: todos los reclamos de las mujeres rurales.
–En marco del Día Internacional de La Mujer, la Asociación de Mujeres de La Tierra (AMUTI) publicó un comunicado que resume todos los reclamos del área de género de las productoras de alimentos, flores, plantas y biodiversidad.
Como principal consigna “La deuda es con nosotras”, en el comunicado se detallan múltiples razones como justificación, nombrando problemáticas que afectan a las mujeres trabajadoras de la tierra en todo el país, como “las productoras frutilleras de Corrientes que cada vez ganan menos por su producción y gastan más en insumos dolarizados”
Rosalia Pellegrini, integrante de la comisión directiva de AMUTI, expresó a ANSOL: “Creo que hay dos puntos muy importantes que nos afectan: uno tiene que ver con el aumento de la canasta básica familiar. En nuestra organización hay muchas compañeras muchas mujeres rurales campesinas que han logrado terminar con vínculos de violencia, sin embargo, no pudieron cortar con la violencia económica de un sistema productivo”.
Asociación de Mujeres de la Tierra: "Ninguna política pública apunta a la mujer rural"
“A los precios de los insumos dolarizados y la falta de tierra también se suma la sequía, estamos en ante una crisis climática”, aseguró Pellegrini. En este sentido, comentó la situación de las trabajadoras cebolleras de Pedro Luro, cuyas producciones se mandan a Brasil y “a ellas se les siguen pagando monedas, 30 pesos el kilo de cebolla”, cuando en el pueblo se accede a “una cebolla de mala calidad a un precio cada vez más alto”.
“Estas son consecuencias del modelo productivo, la falta de planificación productiva, genera que hoy la canasta básica esté por arriba de los 160 mil pesos y por otro lado ese mismo modelo de desmonte ha deteriorado y eso está generando estas olas de calor y una sequía histórica que no da para más. Entonces nosotras decimos: Ahora es cuando reforma agraria en Argentina y un programa de reforestación nacional”, agregó la integrante de la Asociación.
Como otro punto de reclamo, Rosalia Pellegrini destacó: “Seguimos insistiendo que ninguna política pública por parte de los ministerios de las mujeres apunta a la mujer rural. Nosotras hace años que venimos planteando que políticas de igualdad tienen que traducirse en cuestiones concretas como bueno que las mujeres rurales aprendan a manejar y sacan el registro”
“¿Por qué no se puede hacer un convenio entre vialidad, entre los distintos que otorgan la licencia de conducir para que se le dé prioridad a las mujeres que viven en un territorio rural, que no tenés transporte público? Cansadas de exigirlo, desarrollamos nuestro propio curso en convenio con academias de conducción y logramos que nuestras referentes puedan hacer el curso de manejo y este año saquen el registro”, detalló Pellegrini.
Por último, la integrante de la asociación agregó sus dos ejes de trabajo fundamentales, por un lado “la agroecología para reemplazar los insumos dolarizados y dejar de producir alimento con veneno”. Y por otro, contó que están construyendo una red de mujeres productoras de plantas nativas “para proponer una política pública de reforestación nacional en el territorio ante el desmonte. La idea es que el estado le compre al sector de la economía popular las plantas para esa reforestación”.
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Con reclamos de que se destinen más fondos, el Senado le dio media sanción al proyecto que modifica la ley que creó el Programa de Regularizacion Dominial y Asistencia al campesinado. Así se da otro plazo de un año para avanzar con este proceso.
El Senado de Salta (norte argentino) aprobó por unanimidad el proyecto de ley que modifica el artículo 9° de la Ley 7658, del Programa de Regularizacion Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales. De esta manera se prorroga por un año más la suspensión de desalojos.
El artículo 9 quedó redactado ahora de esta forma: “Suspéndase hasta el 31 de diciembre de 2024, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial”
Al momento de presentar la iniciativa, su autor, el senador Miguel Calabró (La Caldera, Evita Conducción), recordó que es “una prórroga más” de una ley “que se viene trabajando en la Legislatura hace más de diez años”. Es la intervención de la Legislatura salteña “para frenar los desalojos compulsivos, legales, de pequeños productores”. Aunque la conflictividad por la tierra se encuentra en todo el territorio provincial, la gran mayoría están concentrados en los departamentos Rivadavia y San Martín.
Calabró repasó que esa conflictividad emergió cuando el boom de la soja, el trigo, el maíz y demás cultivos extensivos, y demás emprendimientos productivos en gran escala, valorizó estas tierras. Señaló también que hay conflictos que comprenden a tierras fiscales, otros en tierras en manos de particulares que tienen títulos de propiedad perfectos y otros en tierras en manos de campesinos y campesinas que tienen la posesión por muchos años, de varias generaciones, pero no cuentan con títulos de propiedad.
"A valorizarse estas tierras", "empresas como la de Gianfranco Macri, la de Molinos Cañuelas, por nombrar algunos, pero hay muchos otros, compraban" propiedades a veces sin visitarlas siquiera, pero sabiendo que podía haber ocupantes, y luego, cuando pretendieron avanzaron con sus proyectos productivos, y desolojar a las familias poseedoras, se suscitaron los conflictos.
Con el agravante de que “Algunos jueces, fundamentalmente del distrito Tartagal", comenzaron a fallar sistemáticamente a favor de los grandes titulares registrales. Por eso urgió la aprobación de esta ley. Calabró afirmó que si no fuera por esta ley "más de 12 mil familias campesinas ya estarían desalojadas".
El año pasado, al prorrogarla por un año, la Legislatura le agregó la creación de una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que se encarga de la regularización dominial en la provincia, un proceso que viene llevándose a cabo de manera lenta, en gran parte, debido a la complejidad de estos procesos, pero también por la falta de recursos para llevar a cabo una política más activa de solución del conflicto.
El senador caldereño explicó que la prórroga se acordó solo por un año más porque "la prórroga en sí misma no resuelve el conflicto dominial”. Pero tampoco lo resuelven los fallos judiciales, y por eso es necesario poner el foco en el trabajo de la UEP, afirmó.
"Si no existiera esta ley habría una gran conflictividad", añadió. Para dar una idea, contó que ahora mismo 67 mil hectáreas se están negociando con unas 80 familias que habitan los lotes 16, 21 y 20 del extenso departamento Rivadavia. Añadió que la Unidad Unidad Ejecutora ya llevó a cabo 16 mesas en las que se sientan a negociar titulares registrales con poseedores. Y hay un caso en que un titular registral negocia con una comunidad originaria.
“(Las y los técnicos de la UEP) Van avanzando, pero necesitan más tiempo, por eso el pedido de esta prórroga”, agregó. Pero también necesitan mayor presupuesto, porque deben hacerse mensuras y planos, se necesitan vehículos para recorrer el territorio. “Este es un proceso que necesita inversión”, insistió Calabró. Esa más, considera que la UEP debería tener una oficina descentralizada, ubicada tentativamente en Embarcación, un lugar a donde poseedores y titulares puedan ir y haya un trato más cercano, que se pueda generar la confianza necesaria para avanzar en este proceso, porque, por distintas razones, “hay una gran desconfianza de los productores".
El senador Walter Wayar (Cachi, FdT), que preside la Comisión de Seguimiento del trabajo de la UEP, recordó a su turno que esta ley abarca a la totalidad de la provincia, entonces comprende distintas problemáticas y distintas formas de encararlas. Explicó que es muy difícil llegar a acuerdos entre privados, y hasta es difícil avanzar en la entrega de tierras estatales. “El resultado es escaso. Necesitaríamos otros 40, 50 años de democracia, para poder resolver el problema, al paso que vamos. Porque es una cuestión de recursos”, aseguró.
Por eso instó: “El Ejecutivo debe pensar en el presupuesto", que debe contemplar un monto que "sirva para empezar a resolver estos problemas. Lo que se necesite, en lo humano, lo tecnológico y en lo financiero". El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para que lo revise.
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