Las dos propuestas de organizaciones de Costa Rica seleccionadas en la Convocatoria IberCultura Viva de Apoyo a Redes y Proyectos de Trabajo Colaborativo 2023 son proyectos que tratan de la defensa de la tierra y de los derechos de pueblos originarios y comunidades campesinas. Uno de ellos es el Encuentro Nacional en Defensa de la Cultura de la Tierra, presentado por la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad. El otro, presentado por Coordinadora de Lucha Sur Sur, se llama “Derechos humanos colectivos: Encuentros de los pueblos Bribri, Cabécar y Brörán desde sus identidades y prácticas culturales en el trabajo y cuido de la tierra y los bienes comunes”. A continuación, detallamos las dos propuestas que recibirán un apoyo de aproximadamente 5 mil dólares cada una para utilizar en los gastos de producción y comunicación de los eventos.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) es un espacio de encuentro, solidaridad y articulación que desde 2007 reúne a organizaciones sociales, pueblos originarios y comunidades campesinas de la Zona Sur Sur de Costa Rica. Su objetivo principal es potenciar las capacidades organizativas, de defensa de los derechos humanos, territorios, bienes comunes e identidades culturales de las organizaciones participantes por medio de la articulación y el trabajo colaborativo.

El proyecto que la CLSS presenta a la Convocatoria IberCultura Viva de Apoyo a Redes y Proyectos de Trabajo Colaborativo 2023 busca fortalecer la defensa de los derechos e identidades culturales de los pueblos Cabécar, Bribri y Bröran, de la Zona Sur de Costa Rica, mediante encuentros e intercambios de experiencias.

Entre junio y noviembre se realizarán cuatro encuentros comunitarios (de un día y medio, un encuentro por territorio) en el Territorio Cabécar de China Kichá (Pérez Zeledón, San José); en los Territorios Bribris de Salitre y Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), en la Finca San Andrés y Comunidad Crun Shurín del Territorio Brörán de Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas.

La intención es que cada uno de los encuentros cuente con delegaciones de los otros tres territorios para que todos participen de las discusiones y reflexiones propuestas. Entre los temas que serán abordados se encuentran: violencia, discriminación y violación a los derechos humanos de los pueblos originarios; ataques a las normas culturales sobre pertenencia e identidad cultural; pérdida de conocimientos, saberes y prácticas culturales relacionadas al trabajo y cuido de la tierra y los bienes comunes.

Las actividades tendrán registro audiovisual y se realizarán en idiomas propios y en español. También están previstas diversas actividades culturales durante y al final de los eventos, y un intercambio de semillas y productos agropecuarios mediante un recorrido de dos días y medio por los cuatro territorios participantes.

Las organizaciones participantes

Cuatro organizaciones que presentan este proyecto en nombre de la Coordinadora de Lucha Sur Sur son de pueblos originarios y comunidades campesinas de Buenos Aires de Puntarenas, y una de Pérez Zeledón, en San José. Son ellas: Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre, fundado en 1979 en el Territorio Bribri de Salitre; Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kàtá, del Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra); Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba, que desde 2015 ha trabajado en la defensa del Territorio Brörán de Térraba y de la comunidad Finca San Andrés; Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba, y Recuperadoras/es Cabécar de China Kichá, de Pérez Zeledón.

Nombre de la red o articulación: Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad

Nombre del proyecto: Encuentro Nacional en Defensa de la Cultura de la Tierra

El Encuentro Nacional en Defensa de la Cultura de la Tierra, presentado por la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad en la Convocatoria IberCultura Viva de Apoyo a Redes 2023, pretende ser un espacio donde personas defensoras de la tierra, el agua, las semillas y los bosques se encuentren para fortalecer sus vínculos y posibilidades de organización.

El evento, a realizarse en San José entre julio y octubre de 2023, tiene como objetivo crear tres mesas de trabajo conjunto, con la presencia de cerca de 40 líderes comunitarios. La red proponente espera lograr una convocatoria amplia, con participación de las siete provincias de Costa Rica (Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas y San José), para generar un encuentro nacional y al menos tres productos de comunicación.

Para incentivar el diálogo entre comunidades indígenas, campesinas, de la ciudad y organizaciones ambientales, se deben usar estrategias variadas, desde charlas y mesas magistrales hasta conversaciones colectivas y espacios lúdicos, creativos, de intercambio cultural. También se harán entrevistas a las principales personas participantes para colgar en redes sociales así como en el sitio web www.agroecologa.org.

Con este proyecto la red espera reactivar las redes de personas defensoras de la cultura campesina (desarticuladas con la pandemia de Covid-19) y revitalizar los canales de comunicación entre las organizaciones.

La red

La Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) es una organización creada en 1998, donde confluyen campesinos, ecologistas y académicos de universidades públicas. La tarea de la RCB se enfoca en generar investigación sobre distintos fenómenos relacionados a las políticas públicas en materia de biodiversidad y de las comunidades que dependen de ella.

Además de ser parte de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, la red pertenece a la Alianza Biodiversidad, una red latinoamericana de más de 13 organizaciones que editan y publican la Revista Biodiversidad Sustento y Culturas. La RCB trabaja de forma colaborativa con otras organizaciones de base, como la Red de Mujeres Rurales, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, CoecoCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica y la Unión Nacional de Pequeños Agricultores.

El proyecto seleccionado en esta edición de la convocatoria fue presentado en conjunto con la Red de Mujeres Rurales, fundada en 2007 en Cartago, y las Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOceiba Amigos de la Tierra), de Heredia, que desde 1995 tienen entre sus actividades la facilitación y articulación de organizaciones de base en materia ambiental y la investigación en biodiversidad y pueblos indígenas.

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Se estima que en América Latina habitan alrededor de 42 millones de personas pertenecientes a comunidades indígenas, según el informe del Banco Mundial titulado "Latinoamérica indígena en el siglo XXI". Entre los países con las mayores poblaciones indígenas se encuentran México, Guatemala, Perú y Bolivia, los cuales en conjunto representan más del 80 % del total regional, es decir, aproximadamente 34 millones de individuos indígenas.

La pobreza afecta al 43 % de la población indígena en la región, cifra que supera más del doble la proporción de personas no indígenas en la misma situación. Además, un 24 % de todos los individuos indígenas viven en condiciones de pobreza extrema, una proporción que es 2,7 veces mayor que la de las personas no indígenas en esa misma condición. Esta desigualdad se agrava, ya que el simple hecho de nacer de padres indígenas incrementa significativamente la probabilidad de crecer en un hogar empobrecido, lo que contribuye así a un círculo de pobreza que obstaculiza el pleno desarrollo de los niños indígenas.

En muchos casos, las comunidades indígenas carecen de un reconocimiento formal sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Además, suelen ser los últimos en recibir inversiones públicas destinadas a servicios básicos e infraestructura, enfrentando múltiples obstáculos para participar plenamente en la economía formal, acceder a la justicia y tener voz en los procesos políticos y de toma de decisiones.

Esta herencia de desigualdad y exclusión ha dejado a los Pueblos Indígenas más expuestos a los impactos del cambio climático y a las amenazas naturales, incluyendo brotes de enfermedades como la COVID-19.

Cuando escribimos el informe en 2015, nos impactó que, a pesar de los avances de las décadas pasadas en términos de marcos legales y representación, los pueblos indígenas seguían rezagados detrás de todos los demás en casi todos los aspectos. Desde entonces, las cosas han empeorado aún más, debido a los efectos acumulativos de la pandemia, el cambio climático y el crecimiento de la desigualdad. Los pueblos indígenas necesitan estar al volante de su propio desarrollo para que este sea sostenible y resiliente

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El trabajo infantil y la exclusión de los niños indígenas de la educación son consecuencia directa de la marginación de las comunidades indígenas, según un nuevo análisis.

Un nuevo análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que los niños de las comunidades indígenas corren un riesgo significativo de ser víctimas del trabajo infantil y a menudo carecen de acceso a la educación.

El estudio concluye que los niños indígenas enfrentan desventajas educativas que los hacen más vulnerables al trabajo infantil. En los países estudiados, los niños indígenas, y en particular las niñas indígenas, tienen tasas de asistencia a la escuela inferiores a las de otros niños.

El "Documento temático sobre el trabajo infantil y la exclusión educativa de los niños indígenas " muestra que los niños indígenas están sobrerrepresentados en trabajos peligrosos. La mayoría de ellos trabajan en la agricultura, pero también en la construcción, el comercio, la industria manufacturera y el trabajo doméstico.

El análisis revela importantes diferencias regionales. En Perú, el trabajo infantil indígena es casi tres veces superior a la media, mientras que en Ecuador, los niños indígenas tienen unas 11,6 veces más probabilidades de realizar trabajos peligrosos que la media nacional de todos los niños.

Según el documento, el trabajo infantil indígena es consecuencia directa de la marginación social, económica y cultural de las comunidades indígenas. Estas comunidades tienen tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema. A menudo son desposeídas de sus tierras, soportan el peso del cambio climático y los conflictos, tienen un acceso limitado a los servicios esenciales y se enfrentan a obstáculos para mantener sus modos de vida tradicionales.

Esta situación puede obligar a los niños indígenas a trabajar para ayudar a sus familias, convirtiéndose en un elemento vital para su supervivencia. También puede tener otras consecuencias, como la explotación de las niñas indígenas por parte de traficantes que se aprovechan de la ruptura de los lazos familiares y comunitarios.

Para superar el trabajo infantil y la exclusión escolar se necesitan respuestas que incluyan también la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en general, señala el análisis. Esto incluye intensificar los esfuerzos para establecer mecanismos de participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, el diseño y la aplicación de políticas y programas, el acceso a una educación de calidad culturalmente apropiada, el acceso a la protección social y la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Este documento se basa en anteriores investigaciones y orientaciones políticas de la OIT. Fue elaborado con financiación del Departamento de Trabajo de EE.UU. y analiza datos de informes de todo el mundo, grupos de discusión con organizaciones de pueblos indígenas (en Camboya, Kenia, la Federación Rusa, Nepal y Tanzania) y datos cuantitativos nacionales de seis países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú).

El documento se presentó el 25 de septiembre durante una mesa redonda organizada en la sede de la OIT a la cual asistieron el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay, y la Directora Ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, Teresa Zapeta.

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Cuatro comunidades wichí junto con actores territoriales, el INTA, Universidades y organizaciones nacionales e internacionales, analizaron las prácticas productivas y modos de vida para identificar las causas profundas que derivaron en la emergencia socioalimentaria. En el marco del proyecto “Por una Alimentación de Vida”, se inició un proceso de Investigación Acción Participativa cuyo primer producto es el calendario cultural.

La vida de la comunidad y su alimentación está íntimamente ligada al territorio. De hecho, los conocimientos que dejaron sus ancestros sobre estas prácticas son su mayor legado junto con el idioma que define la cultura de los pueblos originarios. Wichí Lahäk –que significa comidas del pueblo wichí– es una construcción colectiva que busca revalorizar los saberes ancestrales y modos de vida para fortalecer las comunidades del norte de Salta.

“En chelchup –verano– llega el tiempo de la siembra, antiguamente sembrábamos maíz, sandia, anco, zapallo; es el tiempo de la algarroba, una fruta silvestre que da abundancia de comida. También se caza en el monte”, explicó Robin Díaz, miembro de la comunidad wichí de La Puntana, en Santa Victoria Este –Salta–, y desde 2017 es parte del equipo técnico del INTA como representante de pueblos originarios.

“Antes de fwiyetil –invierno– llega el tiempo de la pesca, nosotros tenemos el Pilcomayo, donde llega el sábalo que nosotros pescamos por dos o tres meses. Vendemos los peces en la frontera con Bolivia, miles de pescados. Ese es el sustento, entre otras cosas, de la gente wichí. Cuando llega la época se vende, son temporadas que cuando pasan ya no hay más ventas”, agregó Díaz, quien fue parte importante en la construcción colectiva del calendario que busca revalorizar los saberes ancestrales y modos de vida para fortalecer las comunidades del norte de Salta. En su comunidad viven 600 familias wichí, lo que representan alrededor de 1500 personas.

Las comunidades indígenas se alimentan de los productos que cosechan, cazan, recolectan y pescan. Sin embargo, en esta época del año hay poco consumo porque “la comida blanca” de los negocios de cercanía es una opción más accesible para las comunidades. Debido a que para poder pescar o recolectar –por ejemplo– algarroba, muchas veces tienen que caminar 20 kilómetros con las bolsas de arpillera al hombro.

“El calendario tiene contenidos propios de la zona, implica el saber de las prácticas y conocimientos de los recursos disponibles junto con la ritualidad y la cultura que le da sustento a todo eso. La idea es difundir y rescatar los saberes para fortalecer a las comunidades a través de un proceso de diálogo”, detalló Álvaro Penza –jefe de la Agencia de Extensión Rural de Santa Victoria Este, Salta– y agregó: “Los tiempos del calendario están marcados por la naturaleza: las flores, el viento, la sequía, las estrellas y las lluvias. Estos eventos se presentan año tras año, en una sucesión cíclica”.

“Wichí Lahäk” surge como parte de un proceso de investigación-acción-participativa para indagar en las diferentes prácticas productivas y estrategias comunitarias conectadas con la producción y el consumo de alimentos de diferentes comunidades caracterizadas como las más vulnerables en la zona de emergencia socioalimentaria de la provincia de Salta. “El proyecto surge en el marco del proyecto ‘Por una Alimentación de Vida’, a partir del aumento de casos de mortalidad infantil por desnutrición”, señaló Penza.

El primer producto de esta investigación es una producción colectiva entre distintas instituciones, organizaciones y comunidades indígenas que surgen de un diálogo intercultural: el calendario de alimentación tradicional wichí. “En el calendario wichí tenemos las mismas cuatro estaciones del calendario blanco: chelchup, fwiyetil, inawop y yachup”, describió Díaz.

Para la creación del calendario se incluyeron a los tres tipos de economías y modos de vida de la zona: comunidades cazadoras-recolectoras (que incluyen a los pueblos wichí, chorote, qom, chulupi), comunidades agricultoras (guaraní y tapiete) y comunidades pastoras (campesino - criollas).

Se trata de un proyecto que promueve estrategias de producción y consumo de alimentos tradicionales de la región, difunde prácticas ancestrales que no dañan el ambiente y generan procesos de autonomía y reivindicación cultural para las comunidades indígenas. La clave es revalorizar los productos para volver a conseguir parte de la diversidad en la alimentación que se perdió, lo que implica mejorar la calidad nutricional de la dieta actual

“Elegimos algunas comunidades de la zona en emergencia e hicimos un muestreo para tratar de dar cuenta de toda la diversidad de situaciones que existe dentro de nuestro territorio. Empezamos por trabajar en talleres participativos, tratando de identificar los problemas, averiguar cuál fue el proceso de transición alimentaria”, describió Penza.

En particular, aquellas donde son más recurrentes problemas graves de desnutrición (cazadores-recolectores) se diferenciaron cuatro tipos distintos, según sus características demográficas y de formas de usos de los recursos naturales: una comunidad pequeña de la costa, una comunidad del monte una comunidad urbana integrada a un pueblo rural mediano y un colectivo con representantes de comunidades periurbanas de la ciudad de Tartagal.

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