Organizaciones campesinas e indígenas, junto a instituciones del norte del país reclaman urgente apoyo de los gobiernos frente a las inclemencias climáticas, y mayores definiciones sobre políticas públicas para el sector.
Está en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas y de los agricultores familiares, abastecedores de alimentos de calidad y a precios justos para toda la sociedad.

A la deriva

“El tornado nos trató bastante mal, destruyó la chacra y nos dejó sin las estructuras para la producción de tomates, morrones y otras verduras”, explica Matilde Parodi, de la Feria agroecológica de Bella Vista, Corrientes, localidad que en los últimos días del mes de diciembre pasado sufrió un demoledor temporal.
Acerca de ayudas gestionadas, Matilde expresó que “con la Asociación de Ferias no tenemos contacto, los técnicos del INAFCI están, pero no se está haciendo ningún trabajo en particular, y en la Municipalidad repiten lo que dice el presidente: “no hay plata”.
En el Chaco, el cambio climático se hace sentir con la seca: “Hemos perdido todo el maíz, mandioca, batata y zapallo. Nos defendemos con nuestros animalitos, produciendo carne y huevos” aclara Regino Altamirano, de la APPCH (Asociación Pequeños Productores del Chaco).
En cuanto al diálogo con los gobiernos explica: “Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta de los funcionarios locales y provinciales. Seguimos a la deriva”.

Sequía Chaco

Acerca de la visión de las instituciones y organizaciones sobre el actual contexto, charlamos con Juan Carlos “Tato” Figueredo, técnico de INCUPO: “Vemos con preocupación la escasa atención que los gobiernos prestan a la crítica situación de las familias campesinas e indígenas. Se reclama mayor reconocimiento al trabajo conjunto que venimos realizando hace años, organizaciones e instituciones, para lograr leyes y normativas a favor del sector, como ser el cumplimiento efectivo de la Ley de Reparación histórica de la agricultura Familiar”.
Asimismo, en el área de Pueblos Indígenas, se habla de cambios en la estructura y funcionamiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), sin previa consulta con las organizaciones indígenas.

“Planteamos como desafío la necesidad de respetar los derechos constitucionales de los Pueblos Indígenas referidos al acceso a la tierra y al agua”, expresó Figueredo.
Y en cuanto a la Agricultura Familiar, destacó: “Frente al alto costo que tienen los alimentos para la población se hace necesaria una mayor valorización del aporte de la Agricultura Familiar como proveedora de alimentos de calidad y a precios justos, facilitando su acceso a la ciudadanía través de ferias, almacenes populares y cooperativas, con formas de producción cuidadosas de la salud humana y ambiental”.

La siembra urgente y necesaria

“Este año empezó complicado. La mayoría de los jóvenes están optando por irse del campo, y esto no es de ahora. Somos pocos los que quedamos para seguir luchando, pero hace falta un mayor impulso”, explica Valentino Villarreal, joven productor avícola del departamento Avellaneda, Santiago del Estero.

Valentino, forma parte de “Jóvenes ATR”, un espacio acompañado por INCUPO que integra a organizaciones de jóvenes en contextos rurales de 5 provincias del noreste.
Una de sus actividades es la gestión de proyectos productivos como cría de animales, cultivo de plantas, carpintería, fabricación de ropa y hasta pesca artesanal.
“El intercambio de conocimientos que adquirimos en este espacio, junto a la gestión de proyectos fortalecen nuestro arraigo al territorio”, destaca Valentino.

Por su parte, dirigentes de la MOWITOB, organización integrada por representantes de los pueblos Moqoit, Wichí y Qom, del Chaco, plantean “respuestas urgentes a la emergencia alimentaria que sufren las familias indígenas de la provincia”, y “acciones del gobierno para frenar la extracción ilegal de madera de la “Reserva Grande”, unas 300 mil hectáreas al norte de la provincia, reclamadas históricamente por las familias indígenas.

Frente a la crisis climática y económica que amenaza la subsistencia de las familias, se hace necesaria la unidad del sector campesino e indígena, para insistir con sus reclamos históricos: acceso a la tierra y al agua, aplicación efectiva de las leyes, apoyo a la agroecología y a la comercialización de sus productos, entre otras medidas urgentes y necesarias para construir un país con más justicia y más pan.

Fuente aquí

"La tierra del Chaco, quebrachera y montaraz" a la que le cantó Ramón Ayala, en su inmortal “El cosechero”, ya no existe. El quebracho colorado, emblema identitario de los bosques chaqueños, quedó reducido a su mínima expresión, tras sucumbir bajo el hacha implacable de la explotación forestal, ya durante las primeras décadas del siglo XX. Y el monte, herido por topadoras, cede al avance voraz de un modelo productivo basado principalmente en la exportación de soja y la ganadería.

En esta dinámica, el cultivo tradicional de algodón, que hasta principios de la década del noventa representó el principal motor de la actividad económica en la provincia, fue quedando relegado dentro de un esquema agrario atravesado por la fuerte predominancia de cultivos de cereales y oleaginosas (fundamentalmente soja, girasol, maíz y trigo) hacia el centro occidental; un desarrollo pecuario que se afianza especialmente en el este provincial; y la expansión de la producción arrocera (que pasó de 174 mil a 217 mil hectáreas en los últimos tres años), junto a la cría de pacú como actividad combinada en el noreste chaqueño.

El entramado actual, con el continuo avance de las fronteras agrícolas, encuentra a las poblaciones indígenas, a los pequeños productores y al campesinado en una encrucijada contra el modelo de economía capitalista neoliberal, mientras las experiencias agroecológicas intentan ganar terreno y afianzar sus redes de organización y comercialización.

El gobierno de Chaco informa la existencia aproximada de 1,8 millón de hectáreas sembradas, que generan 4,5 millones de toneladas de once cultivos diferentes: soja, maíz, algodón, sorgo, trigo, girasol, cártamo, tártago, garbanzo, arroz y centeno.

En el mapa productivo irrumpe además la ganadería, con 1.870.000 de cabezas distribuidas en 9.254 explotaciones, de acuerdo a datos del último Censo Nacional Agropecuario realizado por el Indec.

En su más reciente actualización, el informe estadístico elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, presentado bajo el título "Estimaciones agrícolas", da cuenta de un total de 646.350 hectáreas sembradas de soja durante el período 2021/2022, lo que implica un cuatro por ciento del área sembrada de soja en todo el país. La cosecha se vio reflejada, en la producción de 1.649.432 toneladas de soja. Siempre en el mismo periodo, Chaco alcanzó las 306.400 hectáreas sembradas de maíz. En cuanto al algodón, con 200.270 hectáreas sembradas, la provincia se sitúa cómo la productora del 40 por ciento del total del cultivo de esta fibra vegetal en Argentina.

Caracterización del ámbito rural en la Argentina


Si bien se ha incrementado en los últimos años su cobertura, la educación secundaria en la región y en la Argentina continúa siendo objeto de análisis y de acción política porque aún mantiene niveles de desigualdad en el acceso y no logra resolver la retención, la terminalidad y la calidad de los aprendizajes para todos los adolescentes y jóvenes que asisten a ella.

Se considera como educación rural aquella que se imparte en el ámbito rural definido demográfica y geográficamente. En relación con la educación secundaria, el foco está puesto en la educación común, que se organiza en planes de estudio de cinco, seis o siete años de duración según las estructuras académicas del nivel en las jurisdicciones.

Esta decisión implicó establecer una diferencia con los modos en que las áreas educativas a cargo de la “modalidad” o del “contexto” rural caracterizan el universo que gestionan. En este caso, tanto la Ley de Educación Nacional (LEN) como los documentos que de modo específico se refieren a la enseñanza en estos contextos construyen nuevas definiciones.

A la complejidad habitual señalada por geógrafos/as y especialistas en torno a la definición de la ruralidad es necesario agregar las “especificidades” que asume en el ámbito educativo y otras que provienen de los estudios sociales, enfatizando el aspecto dinámico y multidimensional que discute con descripciones más cristalizadas de la ruralidad. Esas cristalizaciones no hacen referencia únicamente al medio sino también al tipo de instituciones que, en el sentido común, son referidas como “escuelitas”.

El aislamiento es otro de los atributos con el que se caracteriza a la ruralidad y a sus escuelas, sobre todo aquellas que están en parajes distantes, para las cuales las restricciones de la accesibilidad se transforman en fuertes condicionantes. De allí que algunas propuestas desarrollen estrategias “de llegada” o de traslado y asistencia (de estudiantes y docentes) que resultan las únicas posibles de ser implementadas. Del mismo modo, la existencia de escuelas sedes con anexos (estructura radial) o el agrupamiento de escuelas constituyen otros modos de solución que dialogan con esa condición (estos aspectos serán desplegados en la segunda parte del estudio).

En términos demográficos, el ámbito rural se define en función de la cantidad de habitantes, de modo que aquellos territorios que tienen menos de 2.000 habitantes se consideran rurales. A su vez, se identifican como rurales agrupados y dispersos, siendo estos últimos los espacios habitados en campo abierto o que no conforman un poblado y tienen hasta 499 habitantes (Steinberg y otros, 2011).

Esta definición es utilizada con fines estadísticos, pero también con fines administrativos. En el año 2010, según el último censo de población, el 8,9% de la población argentina habitaba en áreas rurales; y de ella, el 64% lo hacía en el ámbito rural disperso (INDEC, 2010).

El sistema estadístico del sector educación sigue esta definición para clasificar a las escuelas según su ámbito de emplazamiento. De esta clasificación se deriva, por ejemplo, la participación en programas educativos, la asignación de pagos adicionales a los y las docentes designados, las normativas que regulan el funcionamiento o los tipos de organización de los servicios educativos en esas localidades y parajes. Sin embargo, esta dicotomía resulta insuficiente cuando se requiere describir de modo cualitativo el ámbito rural considerando otras variables.

De la crisis yerbatera de 1935 al megadecreto de Milei, de las grandes empresas a la lucha campesina y el histórico "tractorazo" que conmovió a Misiones. Radiografía de una disputa centenaria y el recuerdo del "Plan Ñande Yerba”, iniciativa estatal que beneficiaba a las familias productoras pero que fue boicoteada por las corporaciones del agro.

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó el fallo de primera instancia que suspendía el artículo del Decreto 70/2023 que le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la potestad de fijar los precios de la hoja verde. Sin embargo, abril comenzó con la nueva modalidad de fijación de precios sin la mediación del INYM y con las familias productoras libradas a la voluntad del poderoso emporio molinero. Advierten que con la desregulación del mercado yerbatero, impulsada por el Gobierno, se busca imponer un nuevo modelo agrario en Misiones, similar a lo ocurrido en la década del noventa. Pasado y presente de la disputa por el "oro verde".

Volver al pasado

Desde el 1 de abril, y como consecuencia directa de la vigencia —pese a su rechazo en el Senado de la Nación— del Decreto 70/2023, el mercado de la yerba mate en Argentina quedó completamente desregulado, retrotrayendo la situación del sector al año 1991, cuando otro decreto (2284), había eliminado la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. Estos entes tenían competencias similares al ahora acéfalo e incierto INYM, herramienta que desde 2002 mediaba entre los actores de la cadena, en la fijación del precio de la materia prima.

“Resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”, expresa textualmente en sus fundamentaciones el decreto firmado por Javier Milei y redactado por Federico Sturzenegger.

Una última novedad en materia judicial tuvo lugar el pasado 9 de abril, cuando la Cámara La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el recurso de amparo que el 12 de enero suspendió los artículos del DNU 7023 y que le impedían al INYM fijar los precios de referencia. Por estas horas, asesores jurídicos del INYM analizan la decisión judicial y los pasos a seguir en pos de recuperar las funciones que le fueron extirpadas.

Ante este panorama —que favorece decidida y exclusivamente al poderoso sector molinero—, pequeños productores y cooperativas de yerba mate (cultivo que se concentra en un 90 por ciento en Misiones) advierten que las consecuencias esperables de la desregulación no son ni serán otras que las que ya se vivieron en la década del noventa, ya que se trata de políticas calcadas.

“La desregulación nos deja en un estado de angustia y debilidad ante la cadena superior de la industria. Porque no se fija más el precio, y el mercado no nos reconoce los aumentos de los costos del 10 de diciembre para acá. Habrá algún productor que no entiende lo que va a pasar y que quizá festeja, pero cuando empiece la cosecha gruesa, que es a partir de marzo o abril, se va a dar cuenta que la libertad no llegó para todos sino que solo para los grandes empresarios", le dice a Agencia Tierra Viva el productor yerbatero Cristian Klingbeil, que hasta el 2023 fue presidente dela Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM).

“Van a desaparecer todos los pequeños productores y van a subsistir solamente los grandes: Los pequeños vamos a perder rendimiento y van a venir a comprar nuestra chacras, y va a desparecer la economía regional. Esto ya nos pasó, en los años noventa, desregularon el precio, vinieron multinacionales, compraron todas las chacras con yerba y llenaron de pino. Hoy esos ex productores de yerba son empleados de esas empresas”, advierte por su parte Ariel Steffen, presidente de la Cooperativa Siete Estrellas, del municipio norteño de San Pedro, un espacio que impulsa la producción de yerba mate a partir de la actividad de 96 pequeños productores de la zona, cuyas chacras oscilan entre las 13 y las 20 hectáreas cada una, es decir “microyerbales”, aquellas unidades que fueron las primeras en extinguirse cuando hace más de dos décadas se desreguló la actividad.

Menos yerba, más monocultivo de pinos

La referencia que hace Steffen, más allá de las negociaciones desiguales —o inexistentes— que se abran de aquí en más entre el sector molinero y los productores para la fijación del precio de la hoja verde, remite a un contexto que hace 23 años marcó el viraje del modelo productivo de la provincia desde la predominancia de la agricultura familiar y la yerba mate, hacia la expansión desmedida del modelo forestal basado en capitales extranjeros.

Los datos actuales son elocuentes: una sola empresa de origen chileno (Arauco) ostenta la posesión jurídica del doce por ciento del total de la superficie territorial de la provincia.

“La desregulación de la actividad yerbatera durante la década de 1990 acarreó mutaciones estructurales en la economía rural provincial: las crisis de sobreproducción, la caída de los precios pagados por kilogramo de hoja verde, la concentración del capital y las prácticas abusivas de intermediarios comerciales y agroindustriales implicaron la tala rasa de yerbales y su sustitución por pinares; o bien la venta a precios irrisorios de las desvalorizadas chacras yerbateras a grandes compañías forestales extranjeras”, explica Sebastián Gómez Lende, doctor en Geografía e Investigador del Conicet, quien estudió el caso de Arauco en Misiones.

Pero la desregulación del mercado yerbatero no fue la única herramienta que favoreció al proceso de despojo de los pequeños productores y acumulación de capitales forestales. Otras medidas de la reforma neoliberal del Estado fueron la apertura irrestricta a los flujos financieros externos, la laxitud en materia de regulaciones ambientales y la eliminación del Instituto Forestal Nacional (Ifona).

Entre los años 1991 y 2000, la Inversión Extranjera Directa (IED) que el complejo foresto-industrial argentino recibió fue de 3.500 millones de dólares, en su mayoría provenientes de Chile (46 por ciento), Estados Unidos (31 por ciento), y Canadá (15 por ciento), entre otros países. Un 40 por ciento del total de esas inversiones se concentraron en Misiones, en consonancia con la decadencia del sector productivo primario de la yerba mate.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, el Parlamento Mapuche de Río Negro y el Serpaj llegaron hasta Suiza para denunciar el rol de entidades financiaras y países europeos en el extractivismo que arrasa territorios de Argentina. "Los campesinos y las campesinas sabemos que somos la alternativa a la crisis climática", afirmaron desde la comitiva.
En Europa, organizaciones campesinas e indígenas denunciaron el impacto del extractivismo en el sur.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST) visitó Suiza, Italia y Bélgica junto a Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche de Río Negro, y Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). Quienes participamos de esta gira relatamos las luchas que estamos llevando a cabo contra el extractivismo en Argentina y fortalecimos lazos de cooperación internacional. La invitación fue hecha por el colectivo ambiental suizo BreakFree.

En este viaje buscamos visibilizar que las democracias cada vez más frágiles que estamos viviendo, por ejemplo en Argentina, tienen un objetivo hecho a la medida del capital financiero. El saqueo de nuestros bienes naturales requiere normativas y modificaciones legislativas que les permitan un mayor avance. Por eso apuntamos a reflexionar junto a organizaciones sociales, jóvenes, activistas y representantes gubernamentales sobre la transición energética, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos e indígenas.

Realizamos varias actividades. Una de ellas fue llevar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, la gravedad de la crisis alimentaria que vivimos y de las violaciones a los derechos humanos, específicamente de los pueblos indígenas y campesinos. Mantuvimos una reunión con ese organismo y nos comprometimos a entregar un informe que brinde elementos acerca de cómo se está afectando el derecho al alimento en nuestro país.

Por otro lado, denunciamos ante el Banco Suizo el impacto del fracking, actividad financiada por esa entidad. También en Suiza participamos de la Huelga por el Clima. Allí analizamos cómo la crisis climática afecta a los pueblos del sur. Mantuvimos varias reuniones con representantes del gobierno suizo y del gobierno local de Ginebra con los que discutimos sobre políticas públicas agrarias y sobre las alternativas que protegen los derechos campesinos y el derecho a un alimento sano y a precio justo.

En Italia expusimos las vulneraciones que genera la explotación del litio en Jujuy, ante el encuentro de ministros de Energía del G7 (Grupo de los 7). En Bélgica mantuvimos reuniones con parlamentarios europeos, parlamentarios belgas y una reunión con organizaciones de la Vía Campesina europea en la que expusimos nuestros argumentos contra el Tratado Mercosur-Unión Europea, acuerdo de libre comercio pensado a favor del modelo de producción agroalimentaria industrial.

Durante la visita estrechamos lazos con las organizaciones socioambientales y campesinas, fortaleciendo esta resistencia que sabemos que tiene que ser global, que nos una desde nuestras identidades diversas y que, frente a las falsas soluciones que nos proponen los poderosos del mundo, podamos generar espacios de encuentro y articulación.