Greenpeace México

El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, siendo un momento para reflexionar acerca del legado que ellos han heredado de sus ancestros, sus prácticas bioculturales, su manera de relacionarse con la gente y la naturaleza. Pero no solo eso. Retienen además esquemas sociales, culturales, económicos y políticos distintos de los dominantes en la sociedad mexicana y que, lamentablemente, enfrentan grandes retos y problemáticas a la hora de proteger sus derechos individuales y colectivos como pueblos diferentes.

Los pueblos originarios han buscado por años el reconocimiento y respeto de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus tierras y territorios, así como la lucha por la defensa de sus recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia sus derechos han sido violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas por el modelo de desarrollo promovido por años.

El caso particular de las comunidades mayas radicadas en Hopelchen, Campeche, no es la excepción. El permiso 07_2012 otorgado a la empresa Monsanto en 2012 para la siembra comercial de 253,500 hectáreas de soya genéticamente modificada (GM) para 7 estados del país, incluyendo los de la Península de Yucatán vino a trastocar la economía, la convivencia y relativa paz en la región. A pesar del impacto negativo y la transformación sustancial que la siembra de soya transgénica conlleva en los modos de vida de los campesinos de la región, las comunidades indígenas afectadas no fueron informadas y mucho menos consultadas sobre el permiso otorgado a la empresa; tampoco sobre la pertinencia de sembrar esta oleaginosa, principalmente destinada para producción de aceites y grasas, así como alimentos para animales.

En 2019 las comunidades mayas viven en resistencia frente a distintas afectaciones vinculadas a dicho cultivo: su principal actividad económica, la apicultura, exportada en su mayoría a la Unión Europea, ha sufrido mermas, no solo por el abuso de agroquímicos sino por la reducción de zonas de pecoreo para las abejas debido a la tala ilegal de montes y selvas, siendo el municipio de Hopelchen de los más deforestados en todo el país. Hay que reconocer que las abejas no son las únicas víctimas de este modelo de desarrollo depredador sino también la flora y fauna de la región, junto con los cultivos de las propias comunidades.

El crecimiento acelerado de las áreas de cultivo para el establecimiento de grandes extensiones de monocultivos no solo trae como consecuencia la deforestación. Se han abierto a la agricultura zonas de selvas inundables (no aptas para el uso agrícola) en donde se han desecado aguadas y se construyen pozos de absorción de agua ilegales para evitar que los cultivos se inunden. Estos pozos de absorción actúan como desagües a través de los cuales enormes cantidades de residuos de agrotóxicos, incluyendo el potencialmente cancerígeno glifosato, contaminan el agua en los mantos freáticos, de la cual se abastecen las comunidades para consumo humano, sin que ninguna autoridad les informe sobre las afectaciones en su salud a mediano y largo plazo.

Por otro lado, el descontrolado incremento de fumigaciones aéreas con agroquímicos muy cercanas a poblados como Suc Tuc, Ich-Ek, Poste y Sahcabchen, del municipio de Hopelchén, pone en evidencia el nulo control de las avionetas que pasan cerca de las comunidades, rociándolas con agroquímicos, omitiendo la aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias adecuadas, provocando no solo que los habitantes perciban el olor de los químicos sino que algunos reporten dolor de cabeza, mareos y vómito. El riesgo para la salud humana que esto implica es muy grande. Además se observan graves daños en la apicultura y las selvas de los ejidos que colindan con las áreas fumigadas.

Los peligros que conlleva el actual modelo agroindustrial basado en semillas transgénicas, monocultivos y agroquímicos, ha violentado diversos derechos humanos de las comunidades mayas, como el derecho a la salud, al agua libre de sustancias químicas, al medio ambiente sano, a la alimentación, a ser informados, escuchados y consultados, entre otros. Las comunidades mayas de Hopelchén, apoyadas por investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, han venido denunciando desde hace ocho años las afectaciones y los riesgos asociados a este modelo depredador.

“Estos dos modelos de desarrollo hoy confrontan a los pobladores de Hopelchén, ejerciendo presión de un grupo sobre otro que, incluso, alcanzan niveles preocupantes de descalificaciones y acusaciones falsas, como el que las comunidades mayas en resistencia “son marionetas de ambientalistas”. Estas declaraciones buscan acallar las voces de líderes indígenas y de sus familias, vulneran su integridad y se dan en un contexto de omisión por parte de las autoridades al no asumir su responsabilidad en la aplicación y cumplimiento de la ley, atentando contra el derecho a emprender la defensa de los derechos humanos ¡Esto debe parar ya¡”, señaló Carlos Escoffié, abogado del Colectivo de Comunidades de Los Chenes.

“Las corporaciones deben responsabilizarse por sus impactos al ambiente y a la salud de las poblaciones, respetando sus derechos humanos; mientras que los agentes del Estado deben prevenir, investigar, sancionar y reparar, así como defender y garantizar esos derechos humanos, actuando en favor de los pueblos y comunidades indígenas en lugar de apoyar los intereses económicos empresariales”, explicó Maria Colin, campañista legal de Greenpeace México. “El gobierno mexicano debe cambiar las políticas agrícolas erróneas que promueven un modelo basado en monocultivos, plaguicidas y transgénicos y, en vez de ello, apoyar a los agricultores y comunidades indígenas que producen alimentos sanos mediante un buen manejo sustentable de sus recursos naturales, en armonía con la naturaleza”, señaló Colin.

Suscriben: Greenpeace México, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Cohesión Comunitaria e Inovación Social, El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. y el Colectivo de Comunindades Mayas de los Chenes.

Mayor información:

Greenpeace | Angélica Simón | 5534313544

Colectivo de Comunidades de Los Chenes | colectivo.maya.chenes@gma

12 de agosto de 2024

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este fin de semana con varios líderes indígenas para abordar formas de detener la actual violencia contra los pueblos originarios en Mato Grosso do Sul, estado del sudoeste de Brasil fronterizo con Bolivia y Paraguay.

El mandatario recibió en la sede de la Presidencia a líderes de la etnia guaraní-kaiowá, una de las más numerosas del país, una semana después de que varias personas quedaras heridas en dos ataques de pistoleros contra campamentos montados por los indígenas en tierras que les pertenecen pero cuya delimitación no ha sido concluida por el Gobierno.

"Recibí una comitiva de líderes guaraní-kaiowá para tratar los conflictos en Mato Grosso do Sul, que se intensificaron en los últimos días", afirmó Lula en un mensaje que publicó en las redes sociales junto con una fotografía del encuentro.

En el encuentro, Guajajara se comprometió con nuevas medidas para reducir la tensión en la región de Douradina, en donde los indígenas vienen ocupando tierras que forman parte de su reserva y enfrentando a colonos y hacendados que el Gobierno aún no ha desalojado.

El Gobierno ya envió miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad a la región para garantizar la tranquilidad y anunció gestiones en la Funai para intentar acelerar el proceso de demarcación de la reserva de los guaraní-kaiowá en Douradina y la expulsión de los actuales ocupantes de la llamada Tierra Indígena Panambi-Lagoa Rica.

Los indígenas aprovecharon el encuentro para pedirle al Gobierno desmonte un campamento montado por hacendados dentro de la reserva y desde donde, aseguran, son ordenados los ataques contra los guaraní. Esta Tierra Indígena, con cerca de 12.196 hectáreas y un perímetro de 63 kilómetros, fue creada por la Funai en 2011, pero su homologación fue suspendida por un tribunal.

La muerte de Tuíre Kayapó

En otro mensaje en sus redes sociales, Lula lamentó la muerte de Tuíre Kayapó, una de las principales líderes de la etnia kayapó y de los pueblos originarios de la Amazonía.

"Hoy perdimos a la líder Tuíre Kayapó, una referencia en la defensa de los pueblos originarios de nuestro país. Solidaridad a sus familiares y amigos", dijo el mandatario. La dirigente, de 54 años, murió este sábado víctima de un cáncer en el útero en Redençao, municipio del estado amazónico de Pará.

Kayapó se destacó en las décadas de 1980 y 1990 por su lucha contra la construcción de la gigantesca hidroeléctrica de Belo Monte y aparece en una antológica foto de 1989 en la que recuesta un cuchillo en la cara del entonces presidente de Eletrobras, la eléctrica estatal responsable por la presa.

En la época la líder tenía 19 años y con sus protestas y sus amenazas en la lengua kayapó consiguió interrumpir por al menos diez años las obras de la hidroeléctrica construida en medio de la selva.

Fuente aquí

Un artículo de Carolina Llorens

El Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, el Parlamento Mapuche de Río Negro y el Serpaj llegaron hasta Suiza para denunciar el rol de entidades financiaras y países europeos en el extractivismo que arrasa territorios de Argentina. "Los campesinos y las campesinas sabemos que somos la alternativa a la crisis climática", afirmaron desde la comitiva.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST) visitó Suiza, Italia y Bélgica junto a Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche de Río Negro, y Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). Quienes participamos de esta gira relatamos las luchas que estamos llevando a cabo contra el extractivismo en Argentina y fortalecimos lazos de cooperación internacional. La invitación fue hecha por el colectivo ambiental suizo BreakFree.

En este viaje buscamos visibilizar que las democracias cada vez más frágiles que estamos viviendo, por ejemplo en Argentina, tienen un objetivo hecho a la medida del capital financiero. El saqueo de nuestros bienes naturales requiere normativas y modificaciones legislativas que les permitan un mayor avance. Por eso apuntamos a reflexionar junto a organizaciones sociales, jóvenes, activistas y representantes gubernamentales sobre la transición energética, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos e indígenas.

Realizamos varias actividades. Una de ellas fue llevar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, la gravedad de la crisis alimentaria que vivimos y de las violaciones a los derechos humanos, específicamente de los pueblos indígenas y campesinos. Mantuvimos una reunión con ese organismo y nos comprometimos a entregar un informe que brinde elementos acerca de cómo se está afectando el derecho al alimento en nuestro país.

Por otro lado, denunciamos ante el Banco Suizo el impacto del fracking, actividad financiada por esa entidad. También en Suiza participamos de la Huelga por el Clima. Allí analizamos cómo la crisis climática afecta a los pueblos del sur. Mantuvimos varias reuniones con representantes del gobierno suizo y del gobierno local de Ginebra con los que discutimos sobre políticas públicas agrarias y sobre las alternativas que protegen los derechos campesinos y el derecho a un alimento sano y a precio justo.

En Italia expusimos las vulneraciones que genera la explotación del litio en Jujuy, ante el encuentro de ministros de Energía del G7 (Grupo de los 7). En Bélgica mantuvimos reuniones con parlamentarios europeos, parlamentarios belgas y una reunión con organizaciones de la Vía Campesina europea en la que expusimos nuestros argumentos contra el Tratado Mercosur-Unión Europea, acuerdo de libre comercio pensado a favor del modelo de producción agroalimentaria industrial.

Durante la visita estrechamos lazos con las organizaciones socioambientales y campesinas, fortaleciendo esta resistencia que sabemos que tiene que ser global, que nos una desde nuestras identidades diversas y que, frente a las falsas soluciones que nos proponen los poderosos del mundo, podamos generar espacios de encuentro y articulación.

La lucha por la justicia climática, las luchas campesinas, las luchas de los pueblos indígenas y las luchas feministas pueden ser mucho más poderosas contra este sistema si podemos tejernos juntos y organizarnos tanto en lo local, en lo nacional y en lo global para enfrentar este proyecto de muerte que quieren imponernos. Y que hoy, en nuestro país, está teniendo una dimensión de una gravedad y una crueldad inconmensurables. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer esta cooperación y esta articulación para sostener la resistencia.

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Organizaciones campesinas e indígenas, junto a instituciones del norte del país reclaman urgente apoyo de los gobiernos frente a las inclemencias climáticas, y mayores definiciones sobre políticas públicas para el sector.
Está en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas y de los agricultores familiares, abastecedores de alimentos de calidad y a precios justos para toda la sociedad.

A la deriva

“El tornado nos trató bastante mal, destruyó la chacra y nos dejó sin las estructuras para la producción de tomates, morrones y otras verduras”, explica Matilde Parodi, de la Feria agroecológica de Bella Vista, Corrientes, localidad que en los últimos días del mes de diciembre pasado sufrió un demoledor temporal.
Acerca de ayudas gestionadas, Matilde expresó que “con la Asociación de Ferias no tenemos contacto, los técnicos del INAFCI están, pero no se está haciendo ningún trabajo en particular, y en la Municipalidad repiten lo que dice el presidente: “no hay plata”.
En el Chaco, el cambio climático se hace sentir con la seca: “Hemos perdido todo el maíz, mandioca, batata y zapallo. Nos defendemos con nuestros animalitos, produciendo carne y huevos” aclara Regino Altamirano, de la APPCH (Asociación Pequeños Productores del Chaco).
En cuanto al diálogo con los gobiernos explica: “Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta de los funcionarios locales y provinciales. Seguimos a la deriva”.

Sequía Chaco

Acerca de la visión de las instituciones y organizaciones sobre el actual contexto, charlamos con Juan Carlos “Tato” Figueredo, técnico de INCUPO: “Vemos con preocupación la escasa atención que los gobiernos prestan a la crítica situación de las familias campesinas e indígenas. Se reclama mayor reconocimiento al trabajo conjunto que venimos realizando hace años, organizaciones e instituciones, para lograr leyes y normativas a favor del sector, como ser el cumplimiento efectivo de la Ley de Reparación histórica de la agricultura Familiar”.
Asimismo, en el área de Pueblos Indígenas, se habla de cambios en la estructura y funcionamiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), sin previa consulta con las organizaciones indígenas.

“Planteamos como desafío la necesidad de respetar los derechos constitucionales de los Pueblos Indígenas referidos al acceso a la tierra y al agua”, expresó Figueredo.
Y en cuanto a la Agricultura Familiar, destacó: “Frente al alto costo que tienen los alimentos para la población se hace necesaria una mayor valorización del aporte de la Agricultura Familiar como proveedora de alimentos de calidad y a precios justos, facilitando su acceso a la ciudadanía través de ferias, almacenes populares y cooperativas, con formas de producción cuidadosas de la salud humana y ambiental”.

La siembra urgente y necesaria

“Este año empezó complicado. La mayoría de los jóvenes están optando por irse del campo, y esto no es de ahora. Somos pocos los que quedamos para seguir luchando, pero hace falta un mayor impulso”, explica Valentino Villarreal, joven productor avícola del departamento Avellaneda, Santiago del Estero.

Valentino, forma parte de “Jóvenes ATR”, un espacio acompañado por INCUPO que integra a organizaciones de jóvenes en contextos rurales de 5 provincias del noreste.
Una de sus actividades es la gestión de proyectos productivos como cría de animales, cultivo de plantas, carpintería, fabricación de ropa y hasta pesca artesanal.
“El intercambio de conocimientos que adquirimos en este espacio, junto a la gestión de proyectos fortalecen nuestro arraigo al territorio”, destaca Valentino.

Por su parte, dirigentes de la MOWITOB, organización integrada por representantes de los pueblos Moqoit, Wichí y Qom, del Chaco, plantean “respuestas urgentes a la emergencia alimentaria que sufren las familias indígenas de la provincia”, y “acciones del gobierno para frenar la extracción ilegal de madera de la “Reserva Grande”, unas 300 mil hectáreas al norte de la provincia, reclamadas históricamente por las familias indígenas.

Frente a la crisis climática y económica que amenaza la subsistencia de las familias, se hace necesaria la unidad del sector campesino e indígena, para insistir con sus reclamos históricos: acceso a la tierra y al agua, aplicación efectiva de las leyes, apoyo a la agroecología y a la comercialización de sus productos, entre otras medidas urgentes y necesarias para construir un país con más justicia y más pan.

Fuente aquí