"Ser mujer indígena en Latinoamérica es ser valiente y luchadora frente a las desigualdades, la exclusión, y las brechas sociales y de género que aún aquejan a cada país", sostiene Janet Nina Cusiyupanqui, integrante del pueblo quechua, desde el Departamento de Cusco, en Perú.

Y su percepción es compartida más allá de las fronteras nacionales. "Aquí en La Paz, nos siguen viendo de manera peyorativa. Creen que las indias retrasamos el avance de una sociedad urbana", indica Yola Mamani Mamani, del pueblo aimara, desde Bolivia.

"Las indias son las ignorantes, las que no saben comportarse en una ciudad, las que no tienen educación, las que son ladronas y sucias. Nos echan la culpa de todo", relata Mamani Mamani, sobre los prejuicios que deben enfrentar.

"Esta sociedad, que es racista y clasista, quiere que los indígenas nos mantengamos en la Edad de Piedra, para decir: 'tenemos un pueblo auténtico, que guarda la identidad nacional', ironiza la joven Mamani Mamani, estudiante de sociología y conductora de un espacio radial. "Pero cuando una decide salir de ese espacio y rebelarse contra los mandatos, entonces la sociedad comienza a decirte: 'tú no tienes que hablar'", completa.

Lo personal es político

"Mi abuela siempre usó una trenza larga hasta la cintura, y la portaba con orgullo, pero recibió muchas humillaciones por eso", cuenta, por su parte, conmovida aun hoy, Georgina Diédhiou Bello, descendiente de mixtecas y zapotecas por parte de madre, y afrodescendiente por parte de padre.

"La sociedad se encarga de recordarte constantemente que ser una persona indígena es malo, que te tienes que sentir avergonzada de tu lengua, de tu aspecto, de tu color de piel y de tu origen", dice Diédhiou Bello, miembro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Consejera Consultiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México.
Con todo, y en los diferentes ámbitos sociales, familiares, económicos y políticos, su rol es esencial.

"Sabemos sobrellevar toda la responsabilidad del cuidado del hogar —aunque esta no sea reconocida ni remunerada—, nos ocupamos del cuidado de los recursos naturales, de salvaguardar y transmitir los saberes a nuestros hijos e hijas, de mantener nuestras costumbres vivas, y del cuidado de las semillas, para poder seguir cultivando nuestros alimentos", detalla Cusiyupanqui, agricultora e ingeniera agrónoma.

Además, sus recorridos y sus historias son diferentes y particulares, y así reclaman ser consideradas: "No solamente somos personas indígenas: tenemos nombre y apellido, y pertenecemos a diferentes grupos étnicos", puntualiza Diédhiou Bello. En México, "existen más de 68 lenguas diferentes y estamos representados en los 32 Estados de la República", agrega.

Así las cosas, ¿cuál sería el mayor deseo con motivo de este día? "Los Gobiernos deberían dejar de lucrar con los pueblos originarios", responde la lideresa mexicana. "Lucran con nuestra cultura, con nuestra ropa, con nuestras prendas, con nuestros textiles, con nuestros territorios y con la extracción de bienes sustentables", enumera.

"Y deberían dejar de simular que trabajan a favor de la igualdad y los derechos humanos, y realmente enfocarse en cambiar la vida de estas poblaciones y en preservar su identidad", completa.

"Que se respeten los derechos de los pueblos originarios y, sobre todo, de las mujeres", reclama, desde Perú, Cusiyupanqui. "Y que se reconozca que desempeñamos un papel fundamental en la preservación del medioambiente", agrega. Y concluye: "No pierdo la esperanza".

Fuente aquì

Tenían entre un mes de vida y dos años; cuatro de ellos fallecieron por desnutrición severa; organizaciones civiles denuncian la falta de políticas públicas “hace años”

La peor noticia se repite otra vez en el norte del país, la muerte de chicos por hambre. Dos niñas y tres niños de la comunidad Wichí murieron la semana pasada en diferentes hospitales de Salta, en un intervalo de cinco días: cuatro de los pequeños tenían un cuadro de desnutrición.

Los niños fallecieron entre el 12 y el 16 de marzo y tenían entre un mes de vida y dos años. Todos vivían en distintas zonas del municipio de Santa Victoria Este, que se encuentra dentro del departamento Rivadavia, donde vive la mayor cantidad de comunidades wichis. Rivadavia, junto con San Martín y Orán, se encuentran desde 2020 en emergencia sociosanitaria por los graves problemas de salud que enfrenta la niñez ante la falta de alimentos y agua potable.

La titular del Área de Medicina Social del Ministerio de Salud de la provincia, Gabriela Dorigato, confirmó los cinco fallecimientos y, ante semejante emergencia, aseguró que este jueves se encontraba en Santa Victoria Este junto con el ministro de Salud, Federico Mangione, para chequear las necesidades que no se estaban cubriendo en el hospital zonal, que depende del propio Gobierno provincial. De todos modos, se excusó con que “los recortes de Nación en lo que es fondos para alimentación para la provincia repercuten en la salud de la comunidad”.

Dorigato explicó a este medio que estas familias suelen tener como principales ingresos la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, además de bolsones alimentarios, todos programas que depende de Nación y que “si antes las ayudas alimentarias les servían para 20 días, ahora no las reciben o no les alcanzan para 10 días”. Luego, prometió que la semana que viene se reforzará la entrega de bolsones de comida desde la provincia.

No obstante, organizaciones sociales que trabajan en la zona afirman que no solo el faltante de comida es un factor que afecta a las comunidades de la zona.

Las organizaciones civiles, como Pata Pila, indican que el gobierno provincial y el nacional deberían hacer políticas fuertes para evitar la mortalidad infantil en el norte extremo de Salta

Cuántos muertes hay al año

Las organizaciones sociales que trabajan en la zona y fueron consultadas por LA NACION afirman que no solo el faltante de comida es un factor que afecta a las comunidades de la zona.

“Entre 2022 y 2023 fallecieron 300 niños y niñas y se está poniendo más brava la situación porque hace años no hay una decisión política de los gobiernos provinciales y nacionales para que no mueran más chicos. Los recortes del Gobierno nacional, en lo que hace a alimentos y obras públicas, empeoran todo”, dijo indignado Diego Bustamente, quien en Salta dirige la asociación civil Pata Pila, que junto a un equipo interdisciplinario de pediatras y trabajadoras sociales ayuda a las comunidades originarias de la zona en lo que es prevención y atención de la salud.

Con respecto a la cantidad de fallecimientos, Dorigato coincidió en que fueron cerca de 300 niños los que murieron en la provincia por diferentes razones, entre ellas por desnutrición, pero que “la tasa de mortalidad ha ido bajando de 10.8 a 8.09″.

Falta de agua, alimentos y políticas

“El tema de la desnutrición en el norte tiene que ver primero con la barrera de acceso al agua, lo que por ende no permite la producción de alimentos”, explicó Bustamente, quien también señaló el abandono como una causa que agrava la situación. “No hay una política pública en infraestructura, en caminos, en atención hospitalaria, en capacitación de profesionales porque los chicos necesitan un seguimiento. Y así como entran a los hospitales, salen y vuelven a entrar, porque sus condiciones de vida son las mismas y son justamente las que los enfermaron”, detalló Bustamante.

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El papel de la mujer en La Vía Campesina forma parte de lo que hace que este movimiento sea único tanto en la historia de los movimientos campesinos como entre otros movimientos sociales y organizaciones internacionales.

El trabajo, las perspectivas, el análisis, la energía, el liderazgo y la presencia de las mujeres en La Vía Campesina han transformado y reforzado el movimiento.

Las mujeres rurales e indígenas tienen una larga historia de opresión y de luchas. Han logrado importantes mejoras en algunos contextos y regiones.

Las luchas feministas han dado como resultado el reconocimiento de los derechos humanos, el derecho a la educación y a los recursos y han mejorado la situación social de algunas mujeres. Sin embargo estas mejoras aún están muy lejos de ser universales.
El poder patriarcal y las injusticias continúan siendo la realidad cotidiana que viven la mayoría de las mujeres. La creciente concentración de tierras y recursos en manos de empresas privadas hace que la lucha de las mujeres rurales por conseguir el acceso a la tierra resulte aún más difícil. Cuantas más familias son desplazadas, menos seguridad tienen las mujeres y más vulnerables son a la violencia y a la explotación.

Las mujeres de La Vía Campesina empezaron y continúan siendo claves para la Campaña de las semillas. Debido a que las empresas multinacionales están usurpando la propiedad de las semillas y manipulando su genética con las tecnologías de los organismos modificados genéticamente, la lucha por las semillas se ha convertido en una lucha por la soberanía alimentaria así como por los elementos básicos de la vida misma. Las mujeres campesinas e indígenas cuentan con una larga tradición de recolección y protección de las semillas, mejorando su diversidad y adaptabilidad. A lo largo de la existencia de La Vía Campesina, las mujeres han estado presentes y han participado de manera activa en todos los temas y en todas las luchas: dedicándose a la organización, marchando de manera valiente y pacífica, enfrentándose a los más poderosos en conferencias nacionales e internacionales, sufriendo detenciones y encarcelamientos y haciéndose oír sobre temas importantes.
Codo con codo y en solidaridad con los hombres de La Vía Campesina, ofrecen análisis político, experiencia y energía para el objetivo compartido de crear un futuro que sea más justo, igualitario, pacífico, ecológico y vivificante.

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De la crisis yerbatera de 1935 al megadecreto de Milei, de las grandes empresas a la lucha campesina y el histórico "tractorazo" que conmovió a Misiones. Radiografía de una disputa centenaria y el recuerdo del "Plan Ñande Yerba”, iniciativa estatal que beneficiaba a las familias productoras pero que fue boicoteada por las corporaciones del agro.

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó el fallo de primera instancia que suspendía el artículo del Decreto 70/2023 que le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la potestad de fijar los precios de la hoja verde. Sin embargo, abril comenzó con la nueva modalidad de fijación de precios sin la mediación del INYM y con las familias productoras libradas a la voluntad del poderoso emporio molinero. Advierten que con la desregulación del mercado yerbatero, impulsada por el Gobierno, se busca imponer un nuevo modelo agrario en Misiones, similar a lo ocurrido en la década del noventa. Pasado y presente de la disputa por el "oro verde".

Volver al pasado

Desde el 1 de abril, y como consecuencia directa de la vigencia —pese a su rechazo en el Senado de la Nación— del Decreto 70/2023, el mercado de la yerba mate en Argentina quedó completamente desregulado, retrotrayendo la situación del sector al año 1991, cuando otro decreto (2284), había eliminado la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. Estos entes tenían competencias similares al ahora acéfalo e incierto INYM, herramienta que desde 2002 mediaba entre los actores de la cadena, en la fijación del precio de la materia prima.

“Resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”, expresa textualmente en sus fundamentaciones el decreto firmado por Javier Milei y redactado por Federico Sturzenegger.

Una última novedad en materia judicial tuvo lugar el pasado 9 de abril, cuando la Cámara La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el recurso de amparo que el 12 de enero suspendió los artículos del DNU 7023 y que le impedían al INYM fijar los precios de referencia. Por estas horas, asesores jurídicos del INYM analizan la decisión judicial y los pasos a seguir en pos de recuperar las funciones que le fueron extirpadas.

Ante este panorama —que favorece decidida y exclusivamente al poderoso sector molinero—, pequeños productores y cooperativas de yerba mate (cultivo que se concentra en un 90 por ciento en Misiones) advierten que las consecuencias esperables de la desregulación no son ni serán otras que las que ya se vivieron en la década del noventa, ya que se trata de políticas calcadas.

“La desregulación nos deja en un estado de angustia y debilidad ante la cadena superior de la industria. Porque no se fija más el precio, y el mercado no nos reconoce los aumentos de los costos del 10 de diciembre para acá. Habrá algún productor que no entiende lo que va a pasar y que quizá festeja, pero cuando empiece la cosecha gruesa, que es a partir de marzo o abril, se va a dar cuenta que la libertad no llegó para todos sino que solo para los grandes empresarios", le dice a Agencia Tierra Viva el productor yerbatero Cristian Klingbeil, que hasta el 2023 fue presidente dela Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM).

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