La selva amazónica es casi única por su biodiversidad, pero a menudo se pasa por alto a los millones de personas que viven en la región.
Los habitantes de la región amazónica han vivido durante siglos de forma sostenible sin dañar la selva.
Darles voz podría desatar posibles soluciones climáticas y fomentar el desarrollo económico local sostenible.
Abarcando nueve países latinoamericanos y nueve estados brasileños -el 60% del territorio del país-, la selva amazónica es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta.

La cuenca del Amazonas también es esencial para mantener el equilibrio climático mundial. Sin embargo, el discurso en defensa de la región pasa por alto con demasiada frecuencia el hecho de que también es el hogar de 29 millones de personas.

En muchos círculos de discusión, poco se oye o se cuestiona sobre la relación de esta población con la Amazonia, sus experiencias o sus conocimientos ancestrales. Pero ahí reside una posible respuesta a la crisis climática y al uso sostenible de la selva.

El poder del conocimiento ancestral

Las poblaciones indígenas poseen a menudo vastos conocimientos poco utilizados; llevan cientos de años viviendo en armonía con la selva. Entre estas poblaciones se encuentran los "ribeirinhos" (ribereños), un pueblo nacido de la mezcla de poblaciones negras, indígenas y europeas con una identidad "caboclo''.

En el municipio de Iranduba, situado a unos 60 km de Manaos, la capital del estado de Amazonas, estas comunidades se han desarrollado gracias al turismo sostenible y comunitario. Con ello, han demostrado la importancia de la sabiduría ancestral y la cultura local y han defendido sus valores.

El Proyecto Quelônios do Rio Negro es un proyecto de recuperación de especies dirigido por Viceli Costa, que aplica en la práctica los tres pilares de la sostenibilidad -social, ambiental y económico- mediante la educación ambiental, la recuperación de especies y la generación de ingresos para las poblaciones implicadas en la causa. El proyecto consta de tres etapas: recogida de los huevos de quelonios, como las tortugas, seguimiento de los primeros meses de vida y devolución a la naturaleza.

Cheiro da Floresta, marca de cosmética natural creada por Suele Andrade, aplica la sabiduría ancestral en sus fórmulas y utiliza materias primas del bosque en sus creaciones. Cheiro da Floresta crea productos únicos y utiliza materias primas naturales extraídas del bosque, generando ingresos y proporcionando a los recolectores de aceites y otras materias primas los productos de forma sostenible.

Gisele Silva preserva la cultura de la curación a través de las hierbas medicinales. Utiliza su conocimiento de las hierbas transmitido por sus antepasados para conectar a los turistas con la cultura local y valora la sabiduría ancestral. Gisele imparte educación ambiental a través de las plantas a los viajeros que la visitan, conectándolos con los conocimientos tradicionales mediante remedios y baños de hierbas.
Doce Amazônico, creado por Alessandra Alves, utiliza frutas regionales para elaborar dulces que no se encuentran en ningún otro lugar. Alessandra utiliza sus conocimientos sobre frutas para crear diferentes dulces con combinaciones únicas, como cupuaçú con nueces de Brasil, cupuaçú con jengibre y otros.
Meliponário Flor do Táxi promueve la educación climática entre los turistas que visitan la región mediante la cría de abejas sin aguijón. El Meliponário Flor do Táxi no solo vende productos derivados de las abejas, como miel y polen, sino que también abre el espacio y acoge a los viajeros para que conozcan las abejas e infórmense más sobre las cuestiones climáticas y los principales impactos en la vida y el día a día de la población ribereña y de las abejas.
Caboclos House, dirigida por Nilde Silva, es un ecolodge con características ribereñas que valora la arquitectura regional y utiliza la cocina ribereña para promover la cultura caboclo. El alojamento acoge a viajeros de todo el mundo y apoya el turismo comunitario, generando ingresos para toda la comunidad y la región, directa e indirectamente.

Todos estos empresarios locales demuestran la posibilidad de generar desarrollo económico en la región en armonía con el bosque. Nos demuestran que el bosque vale más en pie que talado.

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"Diálogos a quince años de la Ley de Bosques Nativos. ¿Qué ley tenemos y qué ley necesitamos?", fue el título del encuentro de investigadoras e investigadores de universidad públicas y del Conicet. Desde su aprobación, se desmontaron en Argentina 4,2 millones de hectáreas. Entre sus responsables figuran el agro, la ganadería y la especulación inmobiliaria.

La deforestación es uno de los problemas ambientales que generan mayor preocupación a nivel global, debido a su impacto en el cambio climático, en la pérdida de diversidad biológica y cultural, y en la alteración de los ciclos del agua, entre otros aspectos. Entre los años 2000 y 2020 la reducción neta de bosques en el mundo fue de 101 millones de hectáreas, de los que 3,6 millones corresponden a la Argentina, según datos de la organización Global Forest Watch. Esto coloca al país en el séptimo lugar a nivel mundial en cuanto a la superficie neta deforestada.

La Ley de Bosques (26.331), sancionada en 2007, no sacó a la Argentina de esta triste nómina: desde el año de su aprobación y hasta 2021, la Dirección Nacional de Bosques registra una deforestación de 4.260.511 hectáreas en todo el país. El 83 por ciento de este total corresponde a los bosques de la región chaqueña, característicos del centro norte del país (provincias de Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y de Córdoba, y este de Tucumán, Catamarca y La Rioja).

Sin embargo, también otras regiones han sufrido importantes pérdidas en relación a su tamaño. Los principales motores de esta deforestación son la agricultura y la ganadería a gran escala que se expanden en zonas previamente cubiertas por bosques, pero en años recientes los incendios han cobrado creciente importancia. En el sur del país, como en el delta del Paraná, la mayor parte de la pérdida de bosques obedece a esa causa. A su vez, los proyectos inmobiliarios con fines de urbanización y de turismo, aunque afecten extensiones de bosques más reducidas, tienden a concentrarse en zonas ambientalmente frágiles como las sierras cordobesas o las laderas patagónicas, y a vulnerar también los derechos de las poblaciones preexistentes, pertenecientes en muchos casos a pueblos originarios.

¿Qué Ley de Bosques tenemos?

La Ley de Bosques es un hito fundacional en la política ambiental de Argentina. Contribuyó decisivamente a visibilizar la cuestión de los bosques nativos en la opinión pública, generando debates, producción de conocimientos, acuerdos y desacuerdos políticos en todas las provincias. Ninguna otra ley ambiental ha tenido un despliegue comparable en todas las provincias, con el fortalecimiento de los organismos encargados de aplicarla, la formación de una comunidad de diálogo académica, política y social en torno a sus desafíos, y recursos destinados anualmente a su cumplimiento.

Sin embargo, en los quince años de su implementación ha tropezado con numerosos obstáculos y dificultades. Uno de los principales es la insuficiencia de esos recursos, reflejo de la baja prioridad que tiene la protección de los bosques en la agenda política nacional.

Si bien la Ley de Bosques estipula que debe destinarse a su cumplimiento como mínimo el 0,3 por ciento del presupuesto nacional, la cifra que el Congreso le otorga año tras año está muy lejos de alcanzar ese piso. Este año (2022) no alcanzó siquiera al 0,01 por ciento del presupuesto nacional, o sea, treinta veces menos de lo exigido por la ley.

Esto reduce tanto la capacidad operativa de los órganos de control y de asistencia técnica como los incentivos que pueden ofrecerse a quienes cuidan sus bosques.

Otra falencia clave es que las poblaciones que conviven a diario con el bosque —indígenas, campesinas, productores familiares— encuentran persistentes dificultades para que sus intereses sean tomados en cuenta en el diseño y la implementación de una política que las afecta directamente. Sus saberes y valoraciones sobre los bosques pasan a un segundo plano frente a las decisiones de funcionarios asesorados por lejanos expertos. Esto, evidentemente, resta legitimidad a la política y dificulta su aplicación efectiva, porque las decisiones frecuentemente terminan siendo incompatibles con las realidades del territorio.

La jornada "Diálogos a quince años de la Ley de Bosques Nativos" se realizó el 14 de noviembre en Córdoba
A esto se suma la falta de control efectivo de la deforestación por parte de las provincias, ya sea por escasez de recursos y capacidad técnica o de voluntad política e incluso, como se ha denunciado en varios casos, por corrupción y tráfico de influencias. En efecto, cuando se llegan a sancionar las transgresiones, las multas que se aplican son insuficientes para disuadir a potenciales infractores.

Por esta razón, diferentes organizaciones ambientalistas y actores políticos proponen reforzar la disuasión mediante una sanción penal que incluya penas de cárcel.

También es notoria la reaparición de conflictos y controversias al momento de la actualización de los ordenamientos territoriales ("OTBN") provinciales, con intentos de revisión francamente regresivos que atentan contra el principio de no regresividad consagrado en la normativa ambiental.

Todas estas dificultades —y otras— no deben, sin embargo, opacar la importancia de la Ley de Bosques como una herramienta fundamental de nuestra política ambiental. Más bien, deben servir de incentivo para defender y profundizar su implementación y sus alcances.

Mucho más que producción o conservación

Es necesario pensar al bosque desde múltiples dimensiones y escalas. No basta con una mirada binaria que oponga “producción” y “conservación”. Tampoco con considerar al bosque meramente como fuente de bienes, como la madera, o incluso como proveedor de variados servicios ecosistémicos como la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad o la moderación de los ciclos hídricos.

Los bosques son lugar de producción y reproducción de formas de vida diversas, con sus economías, sus saberes y sus equilibrios dinámicos, en algunos casos muy frágiles. En ellos conviven, de forma no siempre armoniosa, una multiplicidad de actores con diferentes proyectos, prácticas y cosmovisiones.

Por esta razón, la gestión de los bosques nativos no puede ser solamente una cuestión técnica. Implica una dimensión político-distributiva que pone en juego derechos e intereses, muchas veces enfrentados.

La articulación entre esos intereses y la traducción entre diversos saberes y lenguajes de valoración, en algunos casos inconmensurables entre sí, es un desafío que no se saldará con una solución unívoca y definitiva, sino que exigirá un diálogo continuado y abierto, con acuerdos provisorios, resultados ambiguos y aprendizajes progresivos.

Este camino exige facilitar espacios de participación genuina para los actores más vulnerables y menos poderosos. Supone en especial atender a las particularidades culturales y lingüísticas de los pueblos originarios, sin encorsetarlos en procesos de decisión poco compatibles con sus hábitos. Esto, entre otras cosas, se refiere a los tiempos, muchas veces demasiado acelerados, a los que se acotan los procesos participativos promovidos desde el Estado. Supone también adoptar una perspectiva de género que visibilice las prácticas del cuidado de la vida, trascendiendo una valoración productivista de la naturaleza.

Protagonismo social y mirada integral

Tanto la sanción de la Ley de Bosques como el control de su implementación se deben en gran parte a procesos de movilización social protagonizados por pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales y asambleas ambientalistas, organizaciones campesinas y de pequeños productores y productoras, entre otros colectivos. Mediante acciones de protesta, participación en instancias de consulta, reclamos ante el Poder Judicial, producción y difusión de información, contribuyeron de manera decisiva a visibilizar en la esfera pública la deforestación y degradación de los bosques, y a exigir la efectiva aplicación de la Ley.

Todos estos colectivos continúan interpelando a responsables técnicos y políticos a profundizar la defensa de los bosques.

Pero una ley ambiental parcial, como lo es la Ley de Bosques, necesita formar parte de un ordenamiento ambiental integral del territorio, tal cual lo exige la Ley General del Ambiente (25.275). De lo contrario, sistemas naturales que funcionan de manera interdependiente —y que así son concebidos por sus habitantes— corren peligro de quedar regulados por políticas inconexas o incluso contradictorias, y la protección de unos ecosistemas puede conducir a una mayor presión sobre otros.

La construcción de este ordenamiento integral debe nutrirse de la experiencia de estos quince años en la implementación de la Ley de Bosques, con sus aciertos y sus errores. En lo inmediato, un nuevo peldaño en esa construcción lo propone el proyecto de Ley de Humedales, cuya sanción consideramos urgente.

A quince años de la sanción de la Ley de Bosques resaltamos, entonces, la importancia que ha tenido como dinamizadora de la política ambiental en Argentina y como palestra de aprendizaje para las organizaciones, los organismos públicos y quienes hacemos investigación. Pero advertimos, también, los enormes desafíos para hacer de esta Ley un instrumento eficaz dentro de una política ambiental integral, en el contexto de emergencia climática global. En especial, frente a la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra, suscrita este año en Glasgow por la Argentina y otros 140 países, que incluye el compromiso de alcanzar la deforestación cero a partir de 2030.

*Lorenzo Langbehn (Indes-UNSE/Conicet), Alma Tozzini (IIDyPCa UNRN/Conicet), Carlos Ortega Insaurralde (Inenco-UNSa/Conicet), Constanza Casalderrey Zapata (IIDyPCa-UNRN/Conicet), Cristian Schneider (ACEN/FTA-UPC), Gabriel Stecher (Ausma-UNCO), Ignacio Alonso (CIPAF-INTA), Luján Ahumada (E.Ftal.V.Dolores-INTA), Malena Castilla (UNLaM/Conicet), Walter Mioni (INTA Salta/UNSa), Mariana Schmidt (IIGG UBA/Conicet), Lucas Figueroa (IIP-Unsam/Conicet), Adrián Gustavo Zarrilli (CEAR- UNQ/Conicet), Ricardo Gutiérrez (IIP-Unsam/Conicet).

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Desde la Red de Educación a Distancia y Ruralidad (REDYR) más de 4 mil personas a se capacitaron en distintas temáticas que afianzan el desarrollo rural y el arraigo territorial.

Con una visión innovadora, hace poco más de diez años nacía la Red de Educación a Distancia y Ruralidad (REDYR), con el objetivo de generar un espacio de “aprendizaje, conocimiento e intercambio, que apunte al desarrollo local y al bienestar de los territorios rurales respetando su cultura local”, explica Norma Carosio, fundadora y coordinadora General de esta red regional.

Carosio recuerda que la propuesta surgió en el año 2012 en México, durante uno de los trece seminarios anuales de educación a distancia, tecnología y ruralidad que organizó como vicepresidenta para Cono Sur (Uruguay, argentina y chile), y luego como representante legal de la oficina del CREAD en Argentina, en el marco del evento Virtual Educa. “Con la idea de generar más de un encuentro por año, propuse realizar charlas y capacitaciones para tratar diversos temas como educación, tecnología, conectividad rural, género, comunidad y comunicación”. Así, aplicó su experiencia de 22 años de trabajo en el INTA donde creó el programa de educación a distancia PROCADIS, y junto a un equipo de profesionales de distintas áreas y el apoyo de empresas, universidades e instituciones de la región, comenzó a hacer realidad su proyecto.

Surge así la propuesta de trabajar bajo la temática de género vinculada a la mujer rural como eje transversal de la Red y nace el Programa “La Mujer Rural Hoy” con el que ya llevan una década cumpliendo con el propósito de contribuir al empoderamiento y fortalecimiento de la mujer rural latinoamericana desde la educación a distancia y las tecnologías de la información y comunicación.

Esta iniciativa que hoy reúne a más de 800 mujeres, es coordinada por la oficina de CREAD Argentina (Consorcio Red de Educación a Distancia) y cuenta con cinco nodos distribuidos en Colombia, Guatemala, Puerto Rico, Uruguay y México.

Empoderar a través de la capacitación

Con la cercanía que permite la virtualidad, desde REDYR ya reunieron a más de 4 mil mujeres rurales de toda Latinoamérica que participaron de seminarios, conferencias, conversatorios y los encuentros anuales “La mujer Rural Hoy”.

Su coordinadora afirma que con cada actividad buscan afianzar “el empoderamiento de las mujeres y que puedan ver que si una lo hizo, otra puede hacerlo, sin importar la actividad o el grado de profesionalismo que cada una tenga” y agrega que al hablar de mujer rural se hace referencia a todas aquellas que estén vinculadas con la ruralidad, “ya sean profesionales, campesinas, indígenas, pequeñas o grandes productoras”.

Enfocadas en la búsqueda de un denominador común entre estas mujeres, trabajan desde la solidaridad y el acompañamiento para ofrecer herramientas que aporten a la valoración de su trabajo, su rol en el sistema agroalimentario, el cuidado de la seguridad alimentaria, la salud y el medio ambiente. “Una vez que se acordó la temática, buscamos un profesional que aporte el marco conceptual, pero además siempre tienen que haber mujeres que cuenten su experiencia en relación al tema”, dice Norma. En cada encuentro “la idea es que las mujeres puedan conocerse, dialogar entre sí, descubrir otras realidades. Nos propusimos que sea un espacio de mujeres para las mujeres”, asegura.

Todas las actividades que se realizan en REDYR son desde el voluntariado, por lo que se encuentran en la búsqueda de recursos económicos como el apoyo de empresas sponsors que les permitan sumar a una persona en el área de comunicación para coordinar las inscripciones y difusión de los cursos. “Para este año queremos trabajar el tema de ecología y medio ambiente a través de los jóvenes, con propuestas que tengan impacto en la comunidad, y de cuidados de la salud y nutrición”, expresa la referente de Argentina.

La mujer rural hoy

De acuerdo a datos compartidos por la Red, las mujeres rurales constituyen un tercio de la población global, son responsables del 43% de la producción de alimentos del mundo y el 27% lo hace trabajando en forma directa. Además, solo el 4% percibe un ingreso propio, y se rigen por leyes y prácticas que las discriminan solo por su condición de mujer.

En este sentido, Carosio detalla que “Argentina y Uruguay tienen una ruralidad muy semejante con pequeñas y medianas productores, pero al alejarnos hacia Centro y Norte América se ve más el campesinado y la población indígena y de raza negra”. Asimismo, destaca que existen elementos en común como “las dificultades que han tenido para ser valoradas en su trabajo”.

Sin embargo, en los últimos años la profesional observa que “algo que las caracteriza también es que se unen y tienden a agruparse en redes” y resalta que “están cada vez más profesionalizadas y han comenzado a salir de la producción hacia el agregado de valor”.

Sin dudas, dice, “en la mujer en general, y especialmente en la rural, hay un empoderamiento cada vez mayor. Es más consciente de quién es, de lo que puede hacer, se está fortaleciendo, se está capacitando mucho más. La mujer se está plantando mucho más fuerte, con más certezas y seguridad frente a esta realidad”. De esta forma, visibilizando las habilidades personales a través de las oportunidades que brinda la capacitación a distancia, esta red educativa pone en primer plano los valores de la ruralidad con las mujeres como protagonistas.

Por Paola Papaleo

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Habrá nueva línea de crédito con beneficios en tasas de interés para pequeños, medianos y grandes agricultores

El Gobierno colombiano anunció que para 2024 hay buenas noticias para el campo, ya que se destinará más dinero que nunca para apoyar a los campesinos y mejorar la agricultura en todo el país, así lo reveló NotiCentro 1 CM& en su habitual sección Secreto CM&.

Para acceder al subsidio Renta Ciudadana debe pertenecer al grupo A del Sisbén - crédito Prosperidad Social

Este año, el Ministerio de Agricultura dispondrá de 9,1 billones de pesos, más de lo que se había invertido en años anteriores, aclaró el noticiero nacional. Especificando que estos recursos serán usados para comprar terrenos y avanzar en la reforma rural, que es una promesa muy importante que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando estaba en campaña.

En el mismo sentido, recordó que hay varios retos que el sector agrícola tiene que afrontar este año. Por ejemplo, el fenómeno de El Niño, que puede dañar muchos cultivos, pero el Gobierno quiere ayudar a los campesinos para que puedan superar estos problemas.

Uno de los planes es otorgar más dinero para que los agricultores puedan pedir préstamos a través del Banco Agrario y Finagro. Se espera entregar hasta 26 billones de pesos en 2024 para que se pueda producir más comida y mejorar la agricultura.

También se van a construir molinos y plantas donde se procesa la comida para ayudar a que los campesinos puedan trabajar mejor y conseguir más beneficios de sus cosechas.

Sobre los créditos, el Ministerio de Agricultura confirmó que en 2023 la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que es un grupo que decide sobre los préstamos en el campo, tuvo una reunión muy relevante.

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y la viceministra de Hacienda, María Fernanda Valdés, acordaron crear una nueva línea de crédito para cambiar y mejorar la producción en el campo. Además, se aprobó un plan que permite entregar entre 25 y 26 billones de pesos en préstamos para la agricultura este año.

Los campesinos van a ser los más beneficiados con estos préstamos. El Gobierno quiere dar entre 4,8 billones y 5,5 billones de pesos a los pequeños productores y a quienes tienen menos recursos. Este dinero lo manejará Finagro y viene con unos beneficios especiales, como intereses bajos, para ayudar a los productores a cambiar sus maneras de trabajar, cuidar el medioambiente y conseguir que más mujeres, jóvenes y comunidades que han sufrido por el conflicto y otras injusticias puedan trabajar en la agricultura.

También habrá tasas de interés muy bajas para grupos como mujeres y jóvenes del campo, indígenas y afrocolombianos, así como para aquellas personas que están regresando a la vida civil después de haber estado en el conflicto.

Ángela María Penagos, presidenta de Finagro, sostuvo que con estas decisiones se busca que más campesinos y pequeños agricultores puedan acceder a préstamos con intereses bajos, que les ayudarán a mejorar sus cultivos y su manera de trabajar.

“Se priorizan los campesinos, campesinas y pequeños productores con un crédito barato que permita impulsar las transformaciones que requiere el sector agropecuario”, añadió.
Por último, también se entregarán más recursos para el Incentivo a la Capitalización Rural, que es un beneficio que le baja la deuda a los campesinos cuando piden préstamos para proyectos. Con esto, a un campesino que no tiene muchos recursos se le podría bajar hasta el 40% de lo que debe de su préstamo, un campesino normal hasta el 30% y uno más grande hasta el 25%.

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