Comunidades Wichí del Chaco salteño enviaron junto a profesionales sanitaristas, sendas misivas a la presidenta de MSF para América del Sur, Josefina Martorell. “Este es un genocidio sostenido en el tiempo e invisibilizado por los distintos gobiernos”, le dijo a Conclusión Carlos Trotta, ex Presidente de Médicos Sin Fronteras para América Latina.
Desde la conformación del Estado Nación, la vida de los distintos pueblos indígenas de Argentina se ha transformado en un verdadero calvario. Embaucados, perseguidos, masacrados, esclavizados y corridos hacia los márgenes de una historia escrita con la pluma de los poderosos, los hermanos y hermanas pelean por sobrevivir ante la mirada esquiva de las mayorías.
Los libros de historia, testimoniados en su gran mayoría por los escribas de la época, plumas al servicio de las élites dominantes, no dudaron en definir como “conquistas” los territorios ocupados por quiénes ancestralmente se ubicaban en el lugar. El avasallamiento cultural se plasmó de distintas formas pero siempre partiendo de la imposición de la fuerza, logrando así que la autodeterminación de los pueblos se fuera apagando lentamente.
El 16 de abril de 1870 el teniente coronel Napoleón Uriburu saldría de Jujuy con 250 hombres montados en mula, pertenecientes a un regimiento que había formado con reclutas de Salta con la intención de adentrarse en el Chaco. Luego de 1.250 km recorridos en 56 días, lograría su cometido, someter a once caciques y miles de indígenas que serían destinados a la zafra de caña de azúcar.
Cabe destacar que luego sería la figura de Benjamín Victoria, un militar asiduo a las cacerías de indígenas, quién terminaría el “trabajo” en el Chaco entre 1881 y 1884. Una persona que no dudaría en exhibir durante la fundación de uno de los pueblos, la cabeza de <Yaloschi>, cacique Toba asesinado por sus huestes. “Para saludar el estandarte nacional de la expedición, terminada nuestra campaña, le enastamos en la lanza sangrienta del último cacique toba que pagó con su vida el delito de haber asaltado a uno de nuestros soldados”, escribiría en su diario Benjamín Victorica.
Un derrotero tan implacable como desprejuiciado, la llegada del <progreso> y la industrialización, solo traería pobreza, enfermedades y olvido. Aquellos que sobrevivieron a las distintas matanzas, volvieron a conformarse en comunidades, otros con menos suerte, serían explotados en distintos campos y ofrecidos como servidumbre a las familias de la élite. El sendero de libertad y dignidad, encontraría en su estoico paso, diferentes formas de sometimientos y condenas, algo que sigue vigente en la actualidad.
La muerte por desnutrición interpela medularmente a la sociedad en su conjunto.
Brindar una cifra de niñas y niños fallecidos por desnutrición dentro de la Comunidad Wichí, representaría un grosero error, debido a que muchos de ellos no poseen DNI y ni siquiera representan un número para el Estado provincial o nacional.
La inexistencia de un diagnóstico certero sobre la situación que atraviesan los pueblos indígenas, aleja considerablemente la posibilidad (si es que existe tal compromiso) de que pueda llegar cualquier tipo de ayuda en forma de política pública.
La FIL dedica por primera vez un pabellón propio a las lenguas indígenas mexicanas, muy debilitadas por el empuje del español y el inglés
CARMEN MORÁN BREÑA, Guadalajara (México)
La bisabuela Juana hablaba náhuatl, los abuelos dejaron de hablarlo y los padres marcharon a la ciudad. Alejandra Arellano es la cuarta generación de aquella ranchería en San Diego Cuentla, en el Estado de México. Cuando se licenció sintió la necesidad de volver a los orígenes mediante el idioma y empezó a estudiarlo. Hoy es la directora de Políticas Lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y su árbol genealógico ilustra el camino hacia la insignificancia que están recorriendo peligrosamente las 68 lenguas de México, algunas tan debilitadas que a sus hablantes se les conoce por el nombre, como a doña Leonor, la señora que habla kiliwa en Baja California; o el oluteco de Veracruz con el que don Diósforo Prisciliano se dirige a su mujer, Juanita, por ver si ella lo acaba aprendiendo.
Mujeres indígenas reclaman más políticas públicas al Estado
Trabajo, acceso a sanidad y medicina, educación y becas para los jóvenes, y garantía de tierras fueron algunas de las exigencias planteadas tras la celebración del II Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas del Paraguay.
A través de conversatorios y debates en la ciudad de Luque (Gran Asunción), las más de 110 asistentes intercambiaron y analizaron los problemas de sus comunidades, con presencia de 15 pueblos indígenas, para trazar una hoja de ruta común para mejorar sus condiciones de vida.
En esos encuentros, organizados por la articulación Mujeres Indígenas de Paraguay (MYPY), las asistentes se encontraron con problemas comunes como “la persistencia de la extrema pobreza”, “la falta de acceso a un sistema de agua potable” o una “deuda histórica en materia de salud y educación”.
A eso añadieron otras complicaciones, como el aumento de los casos de abuso sexual y drogadicción, el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar o los escasos espacios de poder con los que cuentan las mujeres indígenas, “con apenas 6% de cacicas y lideresas”.
Ante esa realidad, las mujeres indígenas demandaron al gobierno que mejore los servicios y las infraestructuras en estas comunidades, y que canalice y atienda los pedidos que hacen ante el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
En cuanto a la cuestión del territorio, una de las principales preocupaciones de los pueblos indígenas, solicitaron el “aseguramiento de tierras y transferencia de títulos”, para evitar el alquiler de esos lugares, así como “proyectos de vivienda digna”, que sirvan para potenciar el trabajo y la artesanía local.
Las mujeres reivindicaron también “centros de salud para niños y jóvenes”, así como capacitación para ellas mismas sobre las leyes que atañen a sus comunidades.
En resumen, demandaron “un trabajo mancomunado entre todas las instituciones del Estado para desarrollar las políticas públicas que necesitamos”.
No obstante, las mujeres de este encuentro también expresaron en este manifiesto una lista de compromisos por su parte, como la lucha por una mejor calidad de vida para sus descendientes, la defensa y el mantenimiento de la cultura de los pueblos originarios y la denuncia de las situaciones de injusticia.
Esta fue la segunda ocasión en que las mujeres indígenas se reunieron en este Encuentro, cinco años después de la realización del primer evento, en el que también redactaron un documento con peticiones al Estado, de las que un lustro después dicen no haber visto resultados.
La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76% de las cuales vive en situación de pobreza extrema y de marginación, debido principalmente a la apropiación indebida de sus tierras, según datos oficiales.
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Mural de Tlacolulokos en Tlacolula de Matamoros (Oaxaca). COLECTIVO TLACOLULOKOS
Los jóvenes creadores formados en escuelas reivindican la artesanía de sus antepasados pero dan el salto a los museos
A mediados de este año que ahora acaba, la diseñadora Carolina Herrera presentó una colección de vestidos inspirados en los diseños textiles de los pueblos indígenas mexicanos, que se sintieron plagiados y mostraron públicamente una indignación que, como todo hoy en día, dio la vuelta al mundo en unas horas. “Lo indio está de moda, el buen salvaje es bonito”, dice con sorna el artista Darío Canul, zapoteco por parte de madre y maya por vía paterna. Y no anda desencaminado. Sin que pueda precisarse el origen de un fenómeno así, sin duda han influido factores como el turismo globalizado; un mundo occidental gastado que busca nuevos valores en aquellas poblaciones que los encarnan; la vuelta a la naturaleza como combate al cambio climático; o quizá un gesto de rebeldía hacia la igualdad que ya inició el movimiento zapatista en 1994. A este resurgir de lo originario se ha sumado con fuerza el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que presenta su mandato con ínfulas de cambio histórico y coronó su toma de posesión con una ceremonia prehispánica en el corazón indígena de México. No es extraño que ahora le toque al arte, con su vocación de intervención en el espacio público y político, traer a la actualidad la plástica de los pueblos indígenas.
La sociedad mexicana también está transitando el camino que ya recorrieron otros países, como Australia y Canadá en los noventa, para traer a la luz el arte de sus pueblos y equipararlo con el canon occidental imperante.
“En México hubo algún acercamiento en los años 50, con Frida Kahlo y Diego Rivera, pero muy medido, sin evolución artística. México todavía no se ha incorporado a una narrativa compleja que permita la entrada de ciertas prácticas indígenas al corpus del arte. Australia tiene grandes colecciones y en Canadá hay toda una retórica del arte contemporáneo indígena”, dice Helena Chávez, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció esta semana que presentará un proyecto de ley en el Parlamento que permitiría la explotación de recursos en tierras indígenas protegidas. La iniciativa —que incluye la minería, la extracción de petróleo y gas, la construcción de hidroeléctricas y la exploración de tierras para agricultura, ganadería y el extractivismo forestal— será enviada al Congreso para su tramitación, donde se enfrentará al rechazo de la comunidad indígena y de los ambientalistas, que califican la propuesta de “genocida”.
La Constitución de Brasil prevé la minería en estas reservas, pero hasta el momento no se ejecuta porque prescinde de un desarrollo normativo que la regule y además debe contar con la aprobación de la población indígena. Por estas causas, no hay declarada ninguna mina oficial en las 619 áreas indígenas localizadas en el país, aunque esté probada la existencia ilegal de decenas de ellas, principalmente en la región amazónica, donde mineros que practican la actividad de forma ilícita han asesinado a indígenas de la región.
El proyecto de Bolsonaro también prevé que se permita la exploración de tierras de los pueblos originales para el turismo, la agricultura, la ganadería o el extractivismo forestal. Y sugiere que el Parlamento consulte a los indígenas sobre su propuesta, pero que se les impida ejercer su derecho a veto, una solicitud que iría en contra de la Constitución del país.
El presidente, que anunció la incitativa durante la celebración de sus 400 días en el poder, presionó al Legislativo para que apruebe su propuesta y declaró que, si pudiera, encerraría a los ambientalistas en la Amazonia. “Este gran paso depende del Parlamento, que sufrirá la presión de los ambientalistas. Esos del medio ambiente”, dijo con su habitual estilo de desprecio a los defensores de la naturaleza. “Si un día pudiera, los encierro en la Amazonia, ya que les gusta tanto el medio ambiente, así dejan de molestar a los amazónicos aquí desde dentro de las áreas urbanas”, señaló.
En su discurso alegó que los indígenas son “seres humanos”. “Exactamente iguales que nosotros. Tienen corazón, sentimientos, tienen alma, deseos, y son tan brasileños como nosotros”, añadió. La frase refuerza la idea del actual Gobierno —que evoca al pasado de la dictadura militar— de que los indígenas deben “integrarse” a la sociedad no indígena.
Según el comunicado emitido por el Ministerio de la Casa Civil, las comunidades indígenas afectadas por la industria minera percibirían indemnizaciones de las empresas que exploten las áreas y se contaría con consejos de vigilantes que estarían compuestos únicamente por indígenas. El texto prevé también que los indígenas puedan explorar las áreas en las que residen. El pasado enero, el Ministerio de Minas y Energía brasileño ya había realizado una reunión para presentar el proyecto a todos los embajadores europeos en Brasilia y dejar claro que Bolsonaro va a insistir en su objetivo.
Entidades vinculadas a las comunidades indígenas protestaron contra la medida y recordaron que Bolsonaro está obligado a respetar los derechos constitucionales de los indígenas, incluido el de mantener las particularidades de sus modos de vida. La ONG Observatorio do Clima advirtió a los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia; y del Senado, David Alcolumbre, de que rechazarían este tipo de propuestas. “Esperamos que cumplan sus palabras y no acepten este proyecto genocida. Ambos se habían comprometido a no someter a votación aquellas propuestas que amenazasen a los bosques ni a los pueblos tradicionales. Es hora de poner a prueba esa determinación”, escribió la asociación en una nota.
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