El director del Comité por la Libre Expresión, Edy Tábora, afirmó que cerca del 20 por ciento de las concesiones mineras y de producción de energía e hidrocarburos en Honduras se encuentra en territorios indígenas y negros, aumentando la conflictividad en el país considerado uno de los más peligrosos para la defensa del medioambiente.
Comunidades Pech, Tolupanes, Misquitos, Chortis, Lencas, Tawahkas y garífunas han sufrido criminalización, judicialización, despojo y asesinatos de algunos de sus líderes.
Tábora indicó que el procedimiento para la instalación de los proyectos extractivistas y la resistencia de los pueblos siempre es de la misma manera, es decir, el Congreso Nacional (CN) da una licencia a una concesión sin hacer ninguna consulta a los Pueblos Indígenas o a las comunidades.
Después de eso, las municipalidades dan un permiso de operaciones también inconsulta y luego las comunidades se organizan, hacen resistencias, y las empresas privadas presentan las denuncias ante el Ministerio Público, criminalizando a los defensores, manifestó.
En Honduras hay 101 concesiones mineras en intersección con territorios habitados y reconocidos por los pueblos Indígenas y afrodescendientes. De estas, hay 47 concesiones de pequeña escala clasificadas como artesanal, banco de préstamo o pequeña minería.
Igualmente, hay 54 concesiones y reservas mineras de mayor escala dentro de tierras indígenas y afrodescendientes. De estas, 8 están en estado de explotar, 33 en explorar, incluyendo 2 zonas de reserva minera y 26 en solicitud.
Es decir, si todas las concesiones en estado de exploración, solicitud y suspenso se suman a las concesiones en explotación, se vería un aumento del 575 por ciento de minas en tierras indígenas y afrodescendientes.
En cantidad de concesiones, el pueblo indígena Lenca se ve más afectado, tiene 34 concesiones en territorios designados lencas, y otras 23 en zonas multiétnicas aledañas a tierras lencas.
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El ingrediente mapuche se sumó a la rebelión popular desde cárceles y territorios ocupados, con sus propias demandas contra un mismo adversario político, el gobierno de Sebastián Piñera con sus “pacos” y “milicos”. A su vez, los manifestantes usaron esa bandera como principal seña de identificación. La Coordinadora Arauco Malleco llamó a levantarse “más que nunca” con las reivindicaciones territoriales. Entre los muertos hay miembros de los pueblos originarios, y un desaparecido.
“Arauco tiene una pena que no la puedo callar:
son injusticias de siglos que todos ven aplicar.
Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar.
¡Levántate, Huenchullán!” Violeta Parra
Ciego quien no quiera ver, en el mar de banderas que acompañan la histórica rebelión popular en Chile hay tantas enseñas de ese país como de la nación Mapuche. Los integrantes de este pueblo originario participan activamente en las asambleas de organizaciones sociales, estudiantes, trabajadores, docentes universitarios y ciudadanía en Temuco y otras localidades chilenas. Al menos tres del total de personas asesinadas en la represión del gobierno de Piñera son indigenas y entre los desaparecidos, reclaman por Leonardo Curinao Huañaco, visto por última vez cuando un grupo de carabineros y militares lo subían a una camioneta. “Miles de banderas mapuche coronaron las marchas, las jornadas de protesta, fue por lejos la principal seña de identificación de los manifestantes que ven en ella un emblema de rebeldía y resistencia la modelo neoliberal”, dijo a Ojos Vendados Pedro Cayuqueo, periodista y escritor especializado en asuntos indígenas. En tanto, la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco (CAM) realizó un llamado a las comunidades a levantarse “con más fuerza que nunca con las reivindicaciones territoriales”. También convocaron a crear nuevas ORT (Organos de resistencia Territorial) para “combatir al enemigo en común que mantiene empobrecido al Wallmapu (territorio mapuche, suelo, aire, ríos, fuerzas y espíritus)”.
“Los mapuche desde hace décadas venimos cuestionando el modelo chileno y hemos pagado un alto precio por ello; cárcel, muerte, persecución política. Lo saben las nuevas generaciones de chilenos y chilenas y tal vez por ello nos eligieron como símbolo”, agregó desde Santiago. Según dijo el colega, el nivel de participación mapuche en esta semana de protesta social en Chile fue muy significativa. “Hubo numerosos pronunciamientos de importantes organizaciones mapuche en el sur apoyando las demandas ciudadanas y llamando a sumarse a las movilizaciones, cosa que aconteció en diversos territorios”.
Cayuqueo también remarcó que “fue masiva también la participación de ciudadanos mapuche en las marchas que tuvieron lugar en las principales ciudades de Chile, somos los mapuche un pueblo mayoritariamente urbano en la actualidad y se notó aquello en las movilizaciones”. Sin embargo, donde mayormente quedó reflejado este nexo entre las luchas de ambos pueblos fue en la utilización, por parte del movimiento social, de la bandera mapuche como símbolo. “Miles de banderas mapuche coronaron las marchas, las jornadas de protesta, fue por lejos la principal seña de identificación de los manifestantes que ven en ella un emblema de rebeldía y resistencia la modelo neoliberal”. El autor de Historia Secreta Mapuche explicó que su pueblo desde hace décadas viene cuestionando el modelo chileno. “Y hemos pagado un alto precio por ello; cárcel, muerte, persecución política, lo saben las nuevas generaciones de chilenos y chilenas y tal vez por ello nos eligieron como símbolo”.
Dos pueblos oprimidos, una misma rebelión
Los voceros mapuche afirman, en momentos de estado de excepción y brutal represión, que en sus territorios la virulencia de los carabineros y el Ejército es aún mayor. La conflictividad por las demandas de sus pueblos originarios adquiere dimensiones muy superiores del otro lado de la cordillera en comparación con la que hay en la Patagonia.
Hace poco más de un año, Facundo Jones Huala —lonko de la Lof en Resistencia de Cushamen donde desapareció Santiago Maldonado– fue extraditado a Chile y permanece detenido en la cárcel de Temuco en una causa por un incendio de 2016 en el que los demás imputados fueron absueltos. Aunque ya habían exigido garantías por sus condiciones de detención, ayer reclamaron expresamente la “libertad para los prisioneros políticos mapuches defensores de la Mapu (tierra) que son acusados bajo montaje político chileno”, tal la bandera que plantaron frente al penal sus familiares. En esa prisión están alojados doce de los 30 presos políticos mapuches detenidos.
En tanto, esta criminalización sistemática sufrió un duro revés con el denominado Operativo Huracán: un procedimiento investigativo policial iniciado por Carabineros bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, que en septiembre de 2017 condujo a la detención de ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile, asociados con la cúpula de la CAM y Weichan Auka Mapu. En enero de 2018, el Ministerio Público informó que había descubierto mediante pericias técnicas que Inteligencia de Carabineros manipuló las pruebas que incriminaban a los detenidos, mediante la intervención fraudulenta de mensajes en teléfonos celulares, razón por la que abrió una investigación contra la propia policía uniformada para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita.
En Chile las políticas de criminalización de la protesta indígena vienen de los años ‘90, en dos décadas hubo más de 200 presos políticos y los procesados ascienden al triple. Ricardo Lagos en 2001 inauguró el uso de la ley Antiterrorista para perseguir a militantes indígenas. Los presos mapuches son condenados y procesados por demandas por la tierra o protesta social violenta, sabotaje y otras acciones de resistencia. “Es una ley que hizo Augusto Pinochet en 1984 para perseguir a opositores políticos y hacerlos desaparecer y en la actualidad se aplica de manera sistemática. Hubo enjuiciamientos a lonkos que fueron condenados y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló la sentencia, porque se denunció el uso arbitrario y discriminatorio de esa ley contra militantes indígenas. Aunque las condenas se terminan cayendo, los fiscales la emplean para encarcelar preventivamente hasta dos años, como una condena anticipada”, había explicado Cayuqueo en una entrevista con este diario en septiembre del año pasado.
La protesta social mapuche no encontró cauce político desde el retorno de la democracia, y derivó en manifestaciones de violencia política, que son habituales también en marchas estudiantiles o feministas, destrozos urbanos como la quema de un microbús. A menudo son sabotajes a la propiedad privada industrial, camiones forestales, las comunidades pelean con el rubro forestal y las grandes industrias madereras porque tienen mucho territorio usurpado que reclaman como propio los pueblos originarios. “El blanco de las acciones de resistencia generalmente son maquinarias forestales, que no califica en ninguna parte del mundo como terrorismo, según la doctrina internacional son daños a propiedad privada. No es un fenómeno de insurgencia armada, ni guerrilla rural lo que se vive en el sur de Chile, pero en forma mediática se genera una estigmatización funcional a las estrategias de represión a movimientos que tienen legitimidad democrática. De hecho, en otras regiones del mundo la demanda mapuche por autonomía, territorio, cultura y participación política ha sido resuelta”, dijo el periodista.
Aunque la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su gobierno intentó demonizar a la agrupación RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), ésta sería de ínfimas proporciones respecto de la CAM, aunque se reivindican como organizaciones afines. “Para la prensa de Chile la CAM es la organización enemiga número uno del Estado”, apuntó Cayuqueo. Y para los mapuche, es a la inversa, más aún luego del asesinato del weichafe (guerrero) Camilo Catrillanca, en noviembre de 2018, tal como quedó en evidencia durante su funeral.
Rabia y dignidad
“A nuestro pueblo nación mapuche, en solidaridad con el pueblo chileno en lucha, como Coordinadora Arauco Malleco, declaramos que “frente al estallido del pueblo chileno contra el orden establecido, la institucionalidad burguesa opresora y sus prácticas neoliberales, en primer lugar, nos solidarizamos con las justas demandas sociales que, si bien entendemos, no tienen conducción política de la izquierda revolucionaria, sí representan el justo y digno clamor de un pueblo oprimido por esas políticas que ya hizo crisis por la avaricia y la ambición de los poderosos, quienes no dudan en imponer a sangre y fuego sus políticas neoliberales, extractivistas y depredadoras, arrasando así los territorios y los derechos de la gente en general”, expresó la CAM en su comunicado.
“En el marco de estas luchas impregnadas de rebeldía, rabia y dignidad, reivindicamos el legítimo derecho a la rebelión por parte del pueblo chileno oprimido, toda vez que la gobernanza neoliberal impone políticas económicas sólo en beneficio de los grandes grupos económicos y que, a la hora de las movilizaciones, no tardan en responder con feroz represión en contra de las resistencias, sacando inclusive a los militares a la calle, quienes en su historial sólo cargan genocidio al pueblo mapuche y masacres a la clase trabajadora y los sectores populares organizados, y quienes sin pudor, aún muestran sus manos llenas de sangre de la dictadura de Pinochet, siempre con el objetivo de proteger la oligarquía opresora tanto de chilenos como mapuche”, agregó la Coordinadora Arauco Malleco. E hizo un llamamiento “a dar continuidad con mayor fuerza a la disputa territorial y la resistencia en contra del poder burgués, como lo venimos haciendo hace más de dos décadas”.
La propuesta de esta agrupación mapuche es “luchar sin tregua y sin temor hasta el desalojo total de las forestales, centrales hidroeléctricas y todas las demás inversiones capitalistas amparadas en este régimen colonial, cuyo objetivo sólo se logra a través de las expresiones de resistencia y organizaciones consecuentes de nuestro pueblo nación mapuche unidas en una propuesta política y revolucionaria para la liberación nacional mapuche, sustentada en nuestras líneas estratégicas para la reconstrucción nacional a través de la resistencia y control territorial”. A su criterio, “este proceso de liberación nacional mapuche se vislumbrará mejor cuando las y los oprimidos del pueblo chileno comiencen a levantar un verdadero proyecto de izquierda de raigambre y representación popular, de los trabajadores y revolucionarios, que no caiga en las formas ya desgastadas de hacer política, con pseudos líderes pequeño burgueses, traidores y lacayos representados por el Frente Amplio y la Nueva Mayoría”.
La Bandera mapuche se transformó en símbolo de la explosión social
La bandera del pueblo nación mapuche empezó a flamear el 5 de octubre de 1992 y se la conoce como Wenufoye (canelo del cielo). Fueron 500 los diseños para confeccionarla que se presentaron tras el llamado de la organización Aukin Wallmapu Ngulam o Consejo de Todas las Tierras, y hoy es la más reconocida como símbolo de la resistencia y reivindicación territorial de los mapuches en el país.
En las marchas, concentraciones y protestas que vivimos por la explosión social derivada de la inequidad y desigualdad, la Wenufoye fue levantada por miles de manifestantes, tanto mapuches como chilenos. Ello es reflejo que hoy existe un alto nivel de comprensión de las demandas del pueblo mapuche por parte de las personas y que la persistencia de las comunidades del Wallmapu en la lucha por la recuperación de los territorios ancestrales es vista como un ejemplo a seguir por parte de los sectores postergados del sistema neoliberal.
La bandera mapuche se transformó en sinónimo del aukin (el ser rebelde) que expresa su hartazgo e indignación con los abusos en el weichán o lucha por sus derechos. La década de los 90 inauguró un nuevo ciclo represivo del Estado contra los mapuches y en el que no hay diferencias significativas entre los gobiernos de uno u otro signo político.
Esta agresión obedece al último y más violento embate del neoliberalismo en el Wallmapu. La acción de las grandes empresas forestales ha depredado los ecosistemas que habitan las comunidades, relegándolas a pequeñas reducciones cuya extensión y baja calidad de suelos no posibilita la reconstitución de la forma de vida mapuche, basada en el respeto a la Ñuke Mapu (Madre Tierra).
En la gran mayoría de las acciones de control territorial ejecutadas por diversas organizaciones, tales como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) o la Alianza Territorial Mapuche (ATM), la Wenufoye está presente.
La bandera es también una representación antisistémica, una forma de decir “otra forma de vida es posible”, cuyo fundamento es la cooperación y los lazos sociales comunitarios, elementos básicos de la cultura mapuche, y no la competencia individual y la acumulación económica sin límites del capitalismo.
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El primer Foro Internacional de los Pueblos Indígenas se extendió hasta el jueves 31 de octubre.
El encuentro internacional forma parte de las líneas estratégicas para la integración de los pueblos emanadas del XXV Foro de Sao Paulo.
El primer Congreso Internacional de los Pueblos Originarios avanzó este miércoles en Venezuela, como una actividad que forma parte de las líneas estratégicas y de trabajo del XXV Foro de São Paulo que se realizó el pasado mes de julio en este país suramericano.
En este foro participaron representantes de 20 países, quienes debatieron durante tres días diversas temáticas relativas a la lucha de los pueblos indígenas.
Como parte de los proyectos que se discutieron está la conformación de un Movimiento Internacional de Pueblos Originarios y la construcción de una agenda colectiva de lucha contra el injerencismo, extractivismo y por los derechos de la madre tierra.
“Ustedes y yo somos los protagonistas del cambio, de un cambio que sea con justicia y equidad social para todos los pueblos originarios del mundo, que nos permita reconstruir desde las bases, desde las raíces, un nuevo orden social”, afirmó en el encuentro Maritza Centeno, representante del Movimiento Indígena de Nicaragua.
El rol político y las estrategias de unidad son los temas a debatir por indígenas de todo el mundo en el I Encuentro Internacional de Pueblo Originarios que se desarrolla en el Parque La Llovizna
Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para Asuntos Internacionales, Adán Chávez, aseguró que este escenario sirve para seguir avanzando la integración que permita construir y fortalecer las luchas de los aborígenes por la libertad y soberanía.
Adán Chávez: El proyecto de Chávez fue para lograr un cambio en el país comprometiéndose directamente con los pueblos indígenas y lograr que se concretaran sus derechos desde la Constitución.
En este primer Congreso Internacional de Pueblos Originarios participan 400 delegaciones de Venezuela y 60 internacionales, provenientes de Kenia, Perú, Estados Unidos, Cuba, Brasil, Honduras, EL Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Chile, Isla Canarias, Belice, entre otros.
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El informe divulgado por ese organismo registra, además, 1.152 personas detenidas y 1.340 heridas desde el inicio de las manifestaciones el pasado 3 de octubre
La Defensoría del Pueblo de Ecuador elevó este domingo a siete el número de muertos en las violentas protestas contra los ajustes económicos aplicados por el gobierno de Lenín Moreno que se desataron el pasado 3 de octubre.
En su sexto informe ejecutivo difundido este domingo en su portal web, la Defensoría del Pueblo indicó que ha registrado, además, un total de 1.152 personas detenidas y 1.340 heridas.
La Defensoría precisó los nombres de los siete fallecidos: Raúl Chilipe, Marco Otto, José Daniel Chaluisa, Inocencio Tucumbi, José Rodrigo Chaluisa, Vega Caizaguano y Silvia Marlene Mera.
Asimismo, explicó que de la información registrada desde el 3 de octubre se contabilizan 1.152 personas detenidas, el 97 por ciento de las cuales corresponde a hombres y el resto a mujeres.
El mayor número de personas detenidas tuvo lugar en la provincia de Pichincha cuya capital es Quito, con 499 aprehensiones; seguida de la costera de Guayas (cuya capital es Guayaquil) con 309, Tungurahua (Ambato) con 59 y Azuay (Cuenca) con 55.
Además, la Defensoría registró un total de 1.340 personas heridas, la mayoría de ellas (913) en Pichincha, seguido de 122 en Azuay y de 46 en Guayas.
El organismo indicó que “continúa monitoreando la situación de derechos humanos”, en el marco de la manifestación nacional convocada por el movimiento indígena y otras organizaciones sociales, así como por la declaración del “Estado de excepción” aplicada el pasado 3 de octubre por el presidente del país, Lenín Moreno.
Las cifras de la Defensoría aún no han sido confirmadas ni replicadas por las autoridades del gobierno central, que desde el pasado viernes han mantenido el registro de cuatro personas fallecidas y más de 650 detenidas.
Ecuador cumple mas de once días desde que se desatara una oleada de manifestaciones de protesta contra el incremento de los precios de los combustibles, a través de un decreto ejecutivo que eliminó el subsidio a las gasolinas, como parte de las condiciones puestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un crédito de 10.000 millones de dólares.
Además, en Quito, foco de las protestas, rigió un “toque de queda”, que se unió a un estado de restricción parcial de la movilidad aplicado en todo el país.
Justamente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas precisó que la restricción de movilidad en el distrito metropolitano de Quito se levantarría temporalmente hasta las ocho de la noche, con el objetivo de facilitar el proceso de diálogo que buscaba poner fin a la paralización de actividades.
No obstante, indicó que mantendría la restricción total de circulación en algunas áreas del centro de la capital, donde las Fuerzas Armadas prestarían todas las garantías para la movilización de los dirigentes indígenas que se encontraran en la zona.
Ellos prevén participar en una mesa de diálogo directo con el presidente del país, Lenín Moreno, encuentro auspiciado por Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
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Llegarían a destino el próximo 12 de octubre, fecha que se conmemorará el día de la Diversidad Cultural.
Integrantes de unas 60 comunidades indígenas de la provincia de Jujuy emprenderán este viernes la cuarta caminata denominada “Qhapac Ñan”, que recorre más de 280 kilómetros en defensa del agua y la vida de los territorios que habitan.
La Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de Jujuy iniciará la caminata desde el pueblo de Yavi, en el extremo norte del país, con destino a la capital jujeña previsto para el próximo 12 de octubre, fecha que se conmemorará el día de la Diversidad Cultural.
Los colectivos originarios bordearán la ruta nacional 9 durante nueve días y en los 283 kilómetros que separan a San Salvador con la ciudad fronteriza de La Quiaca, se sumarán más de 60 de comunidades indígenas, estimaron, según informó Télam.
“La tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de la humanidad, pero no las ambiciones de unos cuantos”, es una de las consignas de los pueblos ancestrales que elevarán en su manifestación.
A ella se suman reflexiones por el “derecho a pensar y vivir diferente”, “por la libre determinación de los pueblos”, “la paz en nuestros territorios”, “por el agua, por la vida y la cultura”.
De los reclamos participarán comuneros de Yavi, La Quiaca, Piedra Negra, Abra Pampa, Negra Muerta, Hornaditas, Azul Pampa, Humahuaca, Yacoraite, Huacalera, Angosto del Perchel, Tilcara, Purmamarca, Tumbaya, Volcán, Reyes, entre otras comunidades.
Fuente 1: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/unas-60-comunidades-indigenas-caminaran-mas-de-280-kilometros-en-defensa-del-agua-y-vida
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