Abril, 2020
En las entrañas de la selva colombiana y atrincherados para restringir el ingreso a sus resguardos, los pueblos indígenas del país buscan refugios para evitar el contagio y la propagación de la COVID-19 en sus territorios y echan mano de sus conocimientos ancestrales para enfrentar la pandemia.
Las comunidades indígenas, que representan el 4,4 % de la población colombiana (1.905.617 de habitantes), han establecido una estrategia de prevención nacional que incluye, entre otras medidas, el bloqueo de vías permitiendo únicamente el ingreso de vehículos que transporten alimentos y productos de primera necesidad para su subsistencia.
“La estrategia de prevención y contención la dividimos en tres acciones específicas: pedagogía para entender la pandemia, control territorial a través de las guardias indígenas y movilización del conocimiento de los sabedores en medicina indígena”, explicó a Efe Ángel Jacanamejoy, secretario general de las Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia.
La guardia indígena, un organismo de defensa de los derechos, el territorio y la autonomía de las comunidades étnicas, se organizó desde La Guajira hasta el Amazonas para impedir el ingreso de personas ajenas a las poblaciones como turistas, visitantes de instituciones privadas, delegados de ONG o cooperantes internacionales.
Las primeros en hacerlo fueron las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habitan pueblos como los arhuacos, kogis,wiwas o kakuamos, quienes pidieron al Gobierno que prohibiera el ingreso de turistas al Parque Nacional Tayrona, uno de los grandes atractivos de Colombia.
La medida se extendió por casi todo el país y los pueblos fueron cerrando poco a poco sus fronteras, advirtiéndole al Gobierno de las necesidades de muchas de sus comunidades, algunas de ellas sin un acceso al agua que garantice su higiene para evitar el contagio.
Contingencia para una bomba de tiempo
La comunidad indígena es uno de los grupos más vulnerables ante la pandemia de la COVID-19, pues según un informe del 2016 del Ministerio de Salud, las infecciones respiratorias agudas son la tercera causa de muerte en estas poblaciones.
Además, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de la mitad de esta población vive bajo la línea de pobreza y más del 40 % se encuentra en la pobreza extrema, lo que dificulta su acceso a servicios básicos tan necesarios para enfrentar la pandemia.
Por esa razón, la Organización Indígena de Colombia (ONIC) puso en marcha un plan de contingencia para “evitar que la pandemia llegue y se propague en los territorios indígenas” de la mano del personal de salud, los médicos tradicionales, la guardia indígena y estructuras del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
La estrategia, articulada con autoridades nacionales, pretende fortalecer los sistemas de medicina tradicional de los pueblos a través de sus plantas, usos y costumbres, y gestionar con el Gobierno la ayuda humanitaria para que las comunidades puedan recibir alimentación, prevención y agua potable.
Hoy más que nunca, los indígenas promueven la práctica de sus conocimientos ancestrales, de su propia medicina y de los rituales con los que se conectan con la naturaleza para ahuyentar, dicen ellos, a los espíritus.
Las comunidades incluyeron, entre sus medidas de prevención, danzas ancestrales y bebedizos con plantas medicinales como sahumerio, ruda, romero y manzanilla, a los que les han atribuido propiedades sagradas.
“Todo esto hace parte de un gran fortalecimiento de la espiritualidad como el elemento que históricamente nos ha permitido ser fuertes física y emocional”, detalló Jacanamejoy.
Por su parte, los indígenas Nukak, en el departamento del Guaviare, solicitaron al Gobierno nacional dotaciones de alimentos y medicamentos para aislarse en sus reservas ecológicas, muchas de ellas erigidas en las montañas del país.
En un fallo inédito, la Corte dictamina que el país sudamericano debe emitir un título propietario único para 132 comunidades de la provincia de Salta
Existen cientos de reclamos de pueblos indígenas al Estado argentino para que reconozca la propiedad ancestral de las tierras, pero es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expide en uno. Se trata del conflicto más grande y antiguo en este país, involucra 400.000 hectáreas del Chaco salteño (noreste del país) habitadas por unas diez mil personas. “Argentina es responsable por violar los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a un ambiente sano, a la identidad cultural, a la alimentación y al agua”, se afirmó desde la CIDH. Las víctimas son 132 comunidades originarias a quienes Argentina deberá expedir un título de propiedad colectivo y reparar en varios aspectos. Por ejemplo, garantizándoles acceso al agua potable y a una alimentación adecuada. La zona es crítica, allí se vive en la indigencia y los niños mueren regularmente de hambre, sed o infecciones.
“Estoy contento, fue una lucha larga. Las comunidades se sienten bien, tranquilas. Saben ahora que su territorio es recuperado”, dijo Francisco Pérez, cacique de la comunidad Cañaveral y uno de los coordinadores de la asociación Lhaka Honhat. “La sentencia es muy importante: acepta la razón de nuestro pedido. Estamos contentos. Faltaría pensar cómo vamos a desarrollar, a usar nuestro territorio para el futuro. Para nuestros hijos”, sostuvo Pérez en Lhapakas (“Nuestras voces”, en wichí), una emisora popular indígena.
Abril 2020
En el mundo, la población femenina produce la mitad de los alimentos, pero siete de cada 10 pasa hambre. Es hora de abordar los retos a los que se enfrentan las campesinas.
Abordar las desigualdades y reducir las brechas que afrontan las mujeres rurales requiere conocer la situación que ellas viven todos los días como productoras, reproductoras e integrantes de organizaciones.
“Esa creencia de que la mujer rural es invisible es para los que no quieren ver”
Mujer indígena: la desigualdad de género en Colombia
Políticas públicas sólidas, programas y acciones afirmativas que incorporen el enfoque de género al ámbito rural requieren también, junto a estrategias adecuadas, una gran coalición social capaz de sensibilizar sobre un aspecto crucial para el mundo moderno.
Las mujeres que viven en el campo se caracterizan por la diversidad: son indígenas, afrodescendientes, campesinas, pescadoras, artesanas, migrantes, jóvenes y adultas. En América Latina y el Caribe viven 60 millones de mujeres rurales, de las cuales 17 millones están registradas como económicamente activas y solo 4,5 millones son consideradas como productoras agrícolas. A pesar de que muchas son grandes productoras, exportadoras y líderes de organizaciones, todavía se las considera “la esposa del productor” o una “ayudante”, relegándolas a un rol subordinado.
En el mundo las mujeres producen la mitad de los alimentos, pero siete de cada 10 personas con hambre son de sexo femenino.
Las mujeres poseen menos del 15% de las tierras y menos del 2 % de las propiedades en los países en desarrollo. Además, reciben solo el 10 % de los ingresos en el mundo pese a realizar dos tercios de todo el trabajo. De 800 millones de personas analfabetas, las mujeres rurales constituyen hasta dos tercios y representan el 43 % de la mano de obra agrícola en el mundo.
Más del 60 % de las familias más pobres están encabezadas por mujeres y viven en tierras marginales, sin acceso a los avances tecnológicos.
En el caso de las jóvenes, trabajan más horas, pero menos horas remuneradas, por lo que suelen carecer de ingresos propios, lo que las hace más dependientes de sus padres, hermanos o parejas. Esto deriva en muchos casos en situaciones de abuso y control, y otras expresiones de violencia de género.
Las mujeres en las zonas rurales tienen los peores índices de empleo y de acceso a los servicios básicos, y predominan en los trabajos informales y de más baja remuneración. Si tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, el rendimiento de sus cosechas aumentaría hasta un 30%, con una reducción del hambre de hasta un 17%.
Más del 60 % de las familias más pobres están encabezadas por mujeres y viven en tierras marginales, sin acceso a los avances tecnológicos que permiten una producción de más alto rendimiento. Su pobreza incluso les impide acceder a los insumos básicos para la producción, como fertilizantes, pesticidas y maquinaria básica para participar en las cadenas productivas y de comercialización. Estas desigualdades afectan directamente la productividad de los territorios rurales y la seguridad alimentaria del mundo.
La subrepresentación política y la exclusión digital son otros aspectos de esta realidad.
Se trata de un escenario que nos obliga a pasar a la acción y promover decididamente, con la participación de gobiernos, organismos internacionales, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, el ejercicio de ciudadanía de todas las mujeres en los territorios rurales de nuestra América.
Una acción rápida, consistente y con visión a largo plazo producirá un enorme y beneficioso impacto social.
Las mujeres que reciben ingresos son más propensas que los hombres a invertir en la alimentación y una mejor educación para sus hijos e hijas. Por eso, además de inmoral, la discriminación es ineficiente. No se puede esperar más.
Manuel Otero es director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
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Marzo, 2020
“La situación de salud de los pueblos indígenas por enfermedades infecto contagiosas introducidas ya es grave debido a su alta prevalencia y el muy deficiente servicio de salud. El coronavirus agravaría más esta situación”, dice la antropóloga peruana Beatriz Huertas, especializada en pueblos indígenas, sobre las condiciones de salud y los riesgos que deben enfrentar ahora los pueblos amazónicos ante la presencia del COVID-19 o coronavirus.
Una pandemia que tiene en vilo a la población mundial y que ha llevado a varios países de América Latina al cierre de fronteras y la declaración del estado de emergencia, como medidas de contención frente el aumento de los casos de personas infectadas por el virus.
En Perú, el presidente Martín Vizcarra decretó estado de emergencia nacional por 15 días; mientras que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cuarentena en siete estados del país. Ecuador también dispuso restricciones para la movilización de personas y vehículos, mientras los aeropuertos están prohibiendo la llegada y salida de vuelos a diferentes partes del mundo.
Dentro de este paquete de medidas no se ha mencionado cómo tienen planeado los gobiernos de Latinoamérica atender a las poblaciones indígenas. Se ha comenzado a conversar con expertos y líderes de estos grupos para tener un panorama claro de los riesgos que enfrentan estas comunidades y, sobre todo, los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la región.
En riesgo permanente
La situación de los pueblos indígenas es de extrema vulnerabilidad. Huertas menciona que en las comunidades indígenas la prevalencia de enfermedades como la hepatitis B, la tuberculosis, la malaria o el dengue es alta. “¿Cómo afrontarán el COVID-19? Además, las altas tasas de anemia afectan su sistema inmunológico y los dejan sumamente expuestos a las enfermedades”.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más del 50% de los indígenas mayores de 35 años padece diabetes tipo 2. Además, los pueblos indígenas experimentan altos niveles de mortalidad materna e infantil, desnutrición, afecciones cardiovasculares, VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas —como el paludismo y la tuberculosis—, se menciona en la página web del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
“Los pueblos indígenas tienen una salud mucho más precaria, más probabilidades de quedar discapacitados y de que su calidad de vida disminuya y, en última instancia, de morir más jóvenes que los demás pueblos”, explican desde la ONU.
25 marzo, 2020 por Luis Hallazi / Rebelion
La paradoja de los pueblos indígenas ha sido sobrevivir a epidemias sin provocarlas, lo han venido haciendo desde la llegada del Imperio español que trajo consigo la viruela, la gripe y el sarampión que provocó el colapso de la civilización amerindia. Además de resistir a otros “virus” sociales como el colonialismo, la esclavitud y el racismo como formas de control, las epidemias foráneas han sido una constante. La historia republicana, no fue la excepción a epidemias como la fiebre amarilla, malaria o cólera focalizadas en población nativa y originaria, que se alternaron con la explotación esclavista y extractiva como ocurrió en la época del caucho, donde se calcula que murieron cuarenta mil indígenas y otros miles fueron desplazados. Es tan grande la discriminación que hay poca información sobre los impactos de infecciones foráneas a poblaciones indígenas a lo largo de la historia de Perú y Latinoamérica.
La historia reciente sigue escondiendo diversos mecanismos de explotación hacia los pueblos indígenas y hacia la naturaleza que se dan por la sobre explotación de recursos naturales que continúan dejando una huella violenta en territorios indígenas. Recordemos la exploración del proyecto de gas de Camisea a inicios de los 80, hecha por la multinacional Shell, que llevó a la muerte de la mitad del pueblo Nahua, debido a la alta vulnerabilidad de su sistema inmunológico. En el Perú hay aproximadamente diez pueblos en aislamiento voluntario en circunstancias similares, cuya manera de protegerlos por parte del Estado, sigue siendo insuficiente y las pocas medidas implementadas son constantemente quebrantadas por normas de excepción a favor de actividades extractivas.
De la misma manera, las cerca de diez mil comunidades campesinas y nativas de nuestro país han estado expuestas a la intromisión de empresas extractivas en sus territorios, que de acuerdo a su codicia han ido modificando y destruyendo ecosistemas enteros, generando impactos irreversibles. Nuevas investigaciones científicas vienen corroborando la relación que existe entre dicha destrucción y nuevas mutaciones de virus, producto del hacinamiento de diversas especies animales en espacios reducidos por efecto de la deforestación o contaminación de ríos y suelos. La historia del ébola y ahora el Covid-19 tiene relación con estas alteraciones a los ecosistemas[1].
Hoy estamos en medio de una cuarentena planetaria para evitar más contagios del Covid-19, a la que nuestros sistemas sanitarios no podrían resistir, donde si bien las poblaciones rurales son las menos expuestas, son sin duda las más vulnerables. Es el caso del Estado peruano es poco lo que podría hacer al respecto si la epidemia llegará a la Amazonia o a zonas alto andinas. A esa situación hay que agregarle la irracionalidad del poder fáctico que socava nuestro débil Estado, cuando el Decreto Supremo 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional para detener el brote del Covid-19 es burlado por las empresas extractivas de minerales y otras, que no lo acataron y al día siguiente lograron corregir el decreto para que se exceptuara la actividad minera. Esa es la historia reciente del Perú: la excepción a la norma para favorecer al poder corporativo, aunque haya vidas en riesgo.
Tomemos en cuenta que dentro del 35% de las tierras de comunidades campesinas se explora y explotan recursos mineros. Muchos de los campamentos están alejados, como también lo están las comunidades, sin embargo el personal que trabaja allí, tiene una alta movilidad. Lo mismo ocurre en la cuenca amazónica donde el 12% del territorio está destinado a concesiones de hidrocarburos, que se superponen a 412 comunidades. Un brote del virus en estas zonas donde no existe un sistema de salud o el que existe se reduce a una posta médica, sin insumos ni personal sanitario, sería catastrófico para esas poblaciones.
Los límites de nuestro Estado en esas zonas se hacen notar por ejemplo respecto al subsidio de S/ 380 donde solo se cuenta con información para la población urbana en pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a través de su Sistema Nacional de Focalización de Hogares (SISFOH), mas no para la población de las comunidades campesinas y nativas. Lo que nos demuestra que las herramientas para proteger a los pueblos indígenas siguen siendo insuficientes y limitadas, puesto que no se trata tan solo de traducir información en las 48 lenguas indígenas, lo cual es importante, sino en asegurar que esa información en su lengua materna llegue y se entienda en dichas poblaciones.
La actual situación de pandemia ha desnudado por completo la fragilidad de nuestro Estado y la perversión del sistema capitalista en su versión neoliberal. La pandemia del coronavirus extendida por todo el planeta nos hace vulnerables a todos y todas en cualquier rincón del mundo, lo que no debe confundirse con no reconocer la alta vulnerabilidad por la situación de exclusión histórica de los pueblos indígenas, población que se entiende como parte de la naturaleza, y que guarda en su conocimiento secretos para hacer frente a las múltiples crisis del futuro inmediato, sea sanitario, ambiental, climático o pandémico.
Lo que estamos viviendo hoy en nuestro aislamiento social no tiene parangón, nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente sana tuvo que internarse en sus viviendas para evitar el contagio de un virus, aún no es tiempo de evaluaciones pero sin duda, ésta es la oportunidad para enfrentar otro futuro posible. Lo cierto es que no podremos volver a la normalidad de nuestra anterior rutina de consumo desbocado a costa de la destrucción de la naturaleza, porque ese precisamente es el problema y si logramos entender lo que nos estamos jugando, otra paradoja está a punto de cumplirse: el fin del modelo neoliberal que padecemos y posibles mejoras ecológicas.
Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Fuente: https://rebelion.org/naturaleza-y-pueblos-indigenas-en-tiempos-de-coronavirus/
Mas información https://argentina.indymedia.org/2020/03/25/naturaleza-y-pueblos-indigenas-en-tiempos-de-coronavirus-2/
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