Pueblos originarios reclaman políticas públicas propias
En medio de la emergencia, haciendo tan oici tiempo que tres niños wichi murieron por desnutrición, referentes indígenas de siete pueblos se reunieron en Tartagal para debatir sobre su realidad.
Representantes de pueblos originarios de la provincia de Salta reclamaron la aplicación de leyes sobre salud intercultural, agricultura familiar y acceso al agua. También el cumplimiento de la ley 26160, que ordena relevar la propiedad comunitaria indígena, y la entrega de los títulos comunitarios de sus territorios.
Estas exigencias surgieron como conclusión del Primer Congreso de Políticas Públicas Indígenas Propias realizado el 15 y 16 de enero dde 2020 en la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín y del que participaron representantes de los pueblos chulupi, tapiete, chane, chorote, guaraní, wichi y toba.
Los asistentes debatieron en torno a tres ejes: social, territorial e institucional.
En la emergencia, con tres niños muertos por causas vinculadas a la malnutrición, la cuestión social se impuso en el inicio del intercambio. En primera instancia hubo acuerdo en que es hora de que el Estado habilite la "participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las decisiones de las políticas públicas que (las) afecten", en cumplimiento del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Concretamente, sobre las falencias en la atención de la salud estuvieron de acuerdo en exigir la reglamentación y aplicación plena de la ley provincial 7856, que crea una “Red de apoyo sanitario intercultural e interinstitucional para los Pueblos Originarios Sumaj Kausai (buen vivir)”, que busca “garantizar una adecuada y equitativa atención médica y accesibilidad a la alta complejidad médica” de integrantes de comunidades originarias “en el marco de un ambiente de respeto a sus valores culturales y ancestrales”. Esta ley, que también prevé la existencia de facilitadores interculturales bilingües en los hospitales, fue sancionada en noviembre de 2014 y publicada en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, sigue sin reglamentarse.
Los congresistas también coincidieron en que debe reglamentarse la ley nacional 27118, que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena y crea un régimen de reparación histórica para ese sector. Esta norma fue sancionada en diciembre de 2014 y promulgada en enero de 2015.
El último punto del ámbito social fue sobre el acceso al agua y, bajo la consigna "sin agua no hay vida", hubo coincidencia en que deben darse soluciones de fondo.
En cuanto al territorio, los referentes comunitarios no necesitaron de mucho intercambio para acordar en que debe cumplirse la ley 26160, que declara la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y dispone un relevamiento territorial con el objetivo de regularizar la ocupación ancestral.
Esta ley fue sancionada a fines de 2006 con una vigencia de cuatro años en los que se debían realizar las tareas dispuestas para cumplir con su finalidad. Sin embargo, todavía no se concluyó con el relevamiento y la situación de emergencia de la propiedad comunitaria indígena es cada vez más acuciante debido a la presión de empresas que buscan expandir la frontera agropecuaria.
Por estos motivos, la ley 26160 ya se prorrogó tres veces, en 2009, 2013 y 2017, esta última vez mediante la ley 27400, que tiene vigencia hasta noviembre de 2021. En el Congreso de Tartagal los pueblos originarios presentes concluyeron que debe aprobarse urgente una ley de entrega de títulos comunitarios de los territorios indígenas.
Instituto indígena, intervención estatal
En el eje institucional, los congresistas analizaron la situación del Instituto de Pueblos Originarios de la Provincia de Salta (IPPIS) y coincidieron en exigir que se haga la "elección de los vocales dentro de los 60 días solicitados por representantes de Tartagal y Santa Victoria Este".
Es que en las comunidades provocó malestar la decisión del gobierno de Gustavo Sáenz de prorrogar por otros seis meses la intervención del organismo. Mediante el decreto 56, del 10 de enero, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia prorrogó la no normalización con el argumento de que "subsisten los motivos que generaron originariamente la intervención" porque "no han podido subsanarse las observaciones señaladas por la Sindicatura, no encontrándose las autoridades del IPPIS en condiciones de asumir la correcta conducción del ente”.
El IPPIS es un órgano estatal, pero su conducción está a cargo de un directorio indígena de nueve miembros (uno por cada pueblo oficialmente reconocido), uno de ellos (elegido por el directorio) es promovido a la presidencia.
Los congresistas también estuvieron de acuerdo en exigir la modificación y actualización de la ley 712, de "Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta".
Hubo un capítulo dedicado a considerar la situación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dado que las comunidades pretenden que se elijan a los representantes al Consejo de Participación Indígena (CPI), por el cual se promueve la institucionalización de la participación indígena, una decisión que tuvo gran incidencia en el territorio, con la presencia de los consejeros o "Cepeís", como los llaman. En las conclusiones del Congreso se añadió sobre este particular que "se respete la reglamentación del INAI"
Asimismo, las siete pueblos participantes del Congreso proponen la "Creación de un organismo provincial manejando por un equipo de dirigentes y profesionales jurídicos de pueblos originarios con capacidad de fiscalizar y hacer respetar los derechos indígenas".
Embarcación pide espacio
A pedido de la delegación Embarcación, se hará un segundo congreso en esa localidad, en fecha a determinar.
Las comunidades originarias que habitan en Embarcación vienen planteando una zonificación del IPPIS, por entender que la cantidad de habitantes originarios y la complejidad de las cuestiones que les atañen ameritan una representación zonal en el Instituto Indígena de la provincia.
De hecho, en estos momentos los referentes comunitarios de esta zona analizan la posibilidad de iniciar una medida de fuerza en reclamo de la pronta regularización del IPPIS y de la instalación de una oficina de este organismo en Embarcación.
El Primer Congreso tuvo sus antecedentes en otros encuentros o asambleas realizados en Embarcación, Santa Victoria y Tartagal. La decisión de realizarlo en esta última ciudad se refrendó el 13 de enero, en un acta firmada por representantes de los pueblos chorote, chulupi, chane, tapiete, guaraní, wichi y toba.
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El informe que las organizaciones presentarán ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 3 de marzo detalla el desmantelamiento de la política ambiental e indigenista
FEB 2020
Tres ONG advierten en la ONU sobre el creciente riesgo para los indígenas aislados de BrasilLos pueblos indígenas, el vínculo fundamental en la lucha por el planeta
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Son los más vulnerables entre los vulnerables. Tres ONG brasileñas se han aliado para alertar ante Naciones Unidas sobre el grave riesgo que supone el desmantelamiento de la política medioambiental de Brasil para los indígenas aislados, los que no tienen contacto permanente con la sociedad. Advierten estas organizaciones que el aumento de la deforestación y de las invasiones de mineros y madereros ilegales ha sido mucho más acentuado en las tierras donde ha sido confirmada su presencia o donde se sospecha que viven estas minúsculas comunidades especialmente sensibles a enfermedades y a la desaparición de la flora y la fauna.
El Instituto Socioambiental, la Comisión Arns y Conectas Derechos Humanos han elaborado un informe que “detalla el proceso de desmantelamiento de las políticas ambientales e indigenistas por parte de este Gobierno” que, encabezado por Jair Bolsonaro, tomó posesión hace casi 14 meses. Ya desde la campaña electoral, el militar retirado anunció su intención de permitir la explotación económica de las tierras indígenas -el proyecto de ley está en el Congreso— y debilitar la política ambiental. El líder indígena David Kopenawa Yanomami será el encargado de presentar el estudio ante la comisión de derechos humanos de la ONU el próximo 3 de marzo en Ginebra (Suiza).
Brasil es el país con más indígenas aislados. Está confirmada la presencia de 28 comunidades y la existencia de otras 87 está en fase de estudio, según el informe de ISA, la Comisión Arns y Conectas, que menciona cifras oficiales.
Una de las medidas que mejor encarna el giro impulsado por Bolsonaro es el nombramiento de un misionero evangélico para dirigir el órgano dedicado a la protección de los indígenas aislados y recién contactados.
Las enfermedades de los blancos y los evangelizadores son dos de las grandes amenazas a estos grupos desde el desembarco de los jesuitas con la conquista portuguesa. Ricardo Lopes Dias trabajó durante muchos años con una organización estadounidense denominada Missão Novas Tribus, un culto centrado en indígenas y de agresivas tácticas. Según la ONG Survival, proclaman que pretenden llegar hasta la última tribu porque solo entonces Cristo regresará.
Esta especie de SOS que quieren lanzar a la ONU se asienta sobre los alarmantes balances del año pasado. “Más de 21.000 hectáreas fueron destruidas solamente en 2019 en tierras con indígenas aislados, lo que supone un aumento del 113%. Es un incremento muy superior a los valores medios en la Amazonia y las áreas protegidas (por ley) en general, lo que indica el aumento de ilegalidades e invasiones y la gravedad del problema”, afirma el detallado estudio.
Las ONG apuntan cuatro casos de peligro inminente: la presencia constante de misioneros en el valle del Jabari, la tierra indígena con más pueblos aislados, unida al asesinato de un antiguo empleado de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y al tiroteo de una de sus bases; en la tierra Yanomami la amenaza son los 20.000 garimpeiros (mineros ilegales) que han degradado 300.000 hectáreas y que, con su mercurio, contaminan los ríos; los 60 indígenas aislados awa, filmados recientemente, viven en una reserva donde los madereros ilegales ya han construido más de mil kilómetros de vías para extraer su botín y donde un indígena de una patrulla de vigilancia de la flora fue asesinado; y el cuarto grupo en grave peligro fue avistado por última vez cuando huía de los incendios en la isla de Bananal.
En línea con las conclusiones de una cumbre de líderes indígenas celebrada en la Amazonia brasileña este enero, el trío de ONG alerta del creciente riesgo de etnocidio (eliminación de una cultura) y de genocidio aunque ninguno de los dos términos aparece en el documento que será presentado ante la ONU.
Las ONG reclaman a la ONU que exija al Gobierno brasileño que fortalezca los órganos oficiales de protección de los indígenas (la Funai), del medio ambiente (el Ibama), de la biodiversidad (el Instituto Chico Mendes) y los encargados de la fiscalización, notablemente debilitados en los últimos meses por una serie de medidas que lograron reunir a todos los anteriores ministros de Medio Ambiente vivos para expresar juntos su preocupación. También piden una mayor inversión para localizar a indígenas aislados y que los procesos de demarcación de tierras indígenas (que les brinda una protección legal) sea retomado.
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Comunidades Wichí del Chaco salteño enviaron junto a profesionales sanitaristas, sendas misivas a la presidenta de MSF para América del Sur, Josefina Martorell. “Este es un genocidio sostenido en el tiempo e invisibilizado por los distintos gobiernos”, le dijo a Conclusión Carlos Trotta, ex Presidente de Médicos Sin Fronteras para América Latina.
Desde la conformación del Estado Nación, la vida de los distintos pueblos indígenas de Argentina se ha transformado en un verdadero calvario. Embaucados, perseguidos, masacrados, esclavizados y corridos hacia los márgenes de una historia escrita con la pluma de los poderosos, los hermanos y hermanas pelean por sobrevivir ante la mirada esquiva de las mayorías.
Los libros de historia, testimoniados en su gran mayoría por los escribas de la época, plumas al servicio de las élites dominantes, no dudaron en definir como “conquistas” los territorios ocupados por quiénes ancestralmente se ubicaban en el lugar. El avasallamiento cultural se plasmó de distintas formas pero siempre partiendo de la imposición de la fuerza, logrando así que la autodeterminación de los pueblos se fuera apagando lentamente.
El 16 de abril de 1870 el teniente coronel Napoleón Uriburu saldría de Jujuy con 250 hombres montados en mula, pertenecientes a un regimiento que había formado con reclutas de Salta con la intención de adentrarse en el Chaco. Luego de 1.250 km recorridos en 56 días, lograría su cometido, someter a once caciques y miles de indígenas que serían destinados a la zafra de caña de azúcar.
Cabe destacar que luego sería la figura de Benjamín Victoria, un militar asiduo a las cacerías de indígenas, quién terminaría el “trabajo” en el Chaco entre 1881 y 1884. Una persona que no dudaría en exhibir durante la fundación de uno de los pueblos, la cabeza de <Yaloschi>, cacique Toba asesinado por sus huestes. “Para saludar el estandarte nacional de la expedición, terminada nuestra campaña, le enastamos en la lanza sangrienta del último cacique toba que pagó con su vida el delito de haber asaltado a uno de nuestros soldados”, escribiría en su diario Benjamín Victorica.
Un derrotero tan implacable como desprejuiciado, la llegada del <progreso> y la industrialización, solo traería pobreza, enfermedades y olvido. Aquellos que sobrevivieron a las distintas matanzas, volvieron a conformarse en comunidades, otros con menos suerte, serían explotados en distintos campos y ofrecidos como servidumbre a las familias de la élite. El sendero de libertad y dignidad, encontraría en su estoico paso, diferentes formas de sometimientos y condenas, algo que sigue vigente en la actualidad.
La muerte por desnutrición interpela medularmente a la sociedad en su conjunto.
Brindar una cifra de niñas y niños fallecidos por desnutrición dentro de la Comunidad Wichí, representaría un grosero error, debido a que muchos de ellos no poseen DNI y ni siquiera representan un número para el Estado provincial o nacional.
La inexistencia de un diagnóstico certero sobre la situación que atraviesan los pueblos indígenas, aleja considerablemente la posibilidad (si es que existe tal compromiso) de que pueda llegar cualquier tipo de ayuda en forma de política pública.
La FIL dedica por primera vez un pabellón propio a las lenguas indígenas mexicanas, muy debilitadas por el empuje del español y el inglés
CARMEN MORÁN BREÑA, Guadalajara (México)
La bisabuela Juana hablaba náhuatl, los abuelos dejaron de hablarlo y los padres marcharon a la ciudad. Alejandra Arellano es la cuarta generación de aquella ranchería en San Diego Cuentla, en el Estado de México. Cuando se licenció sintió la necesidad de volver a los orígenes mediante el idioma y empezó a estudiarlo. Hoy es la directora de Políticas Lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y su árbol genealógico ilustra el camino hacia la insignificancia que están recorriendo peligrosamente las 68 lenguas de México, algunas tan debilitadas que a sus hablantes se les conoce por el nombre, como a doña Leonor, la señora que habla kiliwa en Baja California; o el oluteco de Veracruz con el que don Diósforo Prisciliano se dirige a su mujer, Juanita, por ver si ella lo acaba aprendiendo.
Mujeres indígenas reclaman más políticas públicas al Estado
Trabajo, acceso a sanidad y medicina, educación y becas para los jóvenes, y garantía de tierras fueron algunas de las exigencias planteadas tras la celebración del II Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas del Paraguay.
A través de conversatorios y debates en la ciudad de Luque (Gran Asunción), las más de 110 asistentes intercambiaron y analizaron los problemas de sus comunidades, con presencia de 15 pueblos indígenas, para trazar una hoja de ruta común para mejorar sus condiciones de vida.
En esos encuentros, organizados por la articulación Mujeres Indígenas de Paraguay (MYPY), las asistentes se encontraron con problemas comunes como “la persistencia de la extrema pobreza”, “la falta de acceso a un sistema de agua potable” o una “deuda histórica en materia de salud y educación”.
A eso añadieron otras complicaciones, como el aumento de los casos de abuso sexual y drogadicción, el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar o los escasos espacios de poder con los que cuentan las mujeres indígenas, “con apenas 6% de cacicas y lideresas”.
Ante esa realidad, las mujeres indígenas demandaron al gobierno que mejore los servicios y las infraestructuras en estas comunidades, y que canalice y atienda los pedidos que hacen ante el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
En cuanto a la cuestión del territorio, una de las principales preocupaciones de los pueblos indígenas, solicitaron el “aseguramiento de tierras y transferencia de títulos”, para evitar el alquiler de esos lugares, así como “proyectos de vivienda digna”, que sirvan para potenciar el trabajo y la artesanía local.
Las mujeres reivindicaron también “centros de salud para niños y jóvenes”, así como capacitación para ellas mismas sobre las leyes que atañen a sus comunidades.
En resumen, demandaron “un trabajo mancomunado entre todas las instituciones del Estado para desarrollar las políticas públicas que necesitamos”.
No obstante, las mujeres de este encuentro también expresaron en este manifiesto una lista de compromisos por su parte, como la lucha por una mejor calidad de vida para sus descendientes, la defensa y el mantenimiento de la cultura de los pueblos originarios y la denuncia de las situaciones de injusticia.
Esta fue la segunda ocasión en que las mujeres indígenas se reunieron en este Encuentro, cinco años después de la realización del primer evento, en el que también redactaron un documento con peticiones al Estado, de las que un lustro después dicen no haber visto resultados.
La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76% de las cuales vive en situación de pobreza extrema y de marginación, debido principalmente a la apropiación indebida de sus tierras, según datos oficiales.
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