2021 CHUBUT
El presidente de la comunidad mapuche, integrada por familias que sobreviven en las serranías de la precordillera, describe en diálogo con Télam: "los que amamos esta tierra tenemos una obligación ancestral de permanecer acá".

Pocitos de Quichaura es una comunidad mapuche integrada por 41 familias que sobreviven en las serranías de la precordillera de Chubut, a 420 kilómetros al oeste de Rawson, la capital provincial, donde "damos pelea por la sangre; porque si abandonamos, dejamos todo por lo que lucharon mis abuelos y mis padres", explica Simón Ñanco.

El poblador, de 45 años, es el único de ocho hermanos que se quedó en la parcela de la propiedad comunitaria para sostener los pocos bienes de su familia porque "con lo que sacamos acá apenas podemos pucherear, el pelo de chiva no cuesta mucho y además no tenemos hacienda en cantidad, pero si me voy y abandono ya no queda más nadie".

Sus padres, ya ancianos, fueron retirados de la zona y llevados a las poblaciones cercanas para evitar los rigores del invierno y acortar distancias con el hospital.

Ñanco vive en una de las tantas construcciones que se distribuyen entre las sierras, donde se aprovechan al máximo las vertientes de agua que no abundan.

El presidente de la "comunidad aborigen Pocitos de Quichaura", Aníbal Mariñanco, describe: "los que amamos esta tierra tenemos una obligación ancestral de permanecer acá".

"Sabemos que es difícil, sobre todo para los jóvenes que quieren tener su auto, ir a la ciudad, buscar otros horizontes, pero quienes queremos la tierra de verdad nos quedamos acá", asegura tajante.

El dirigente se lamenta porque "por esto de la pandemia no pudimos hacer parlamentos como nos hubiera gustado y discutir los temas pendientes, pero ya llegará el momento".

Mariñanco recuerda que "acá pasaron dos cosas muy importantes, además de nuestro reconocimiento como comunidad, y es que le dieron la jubilación a los pobres viejos que trabajaron toda la vida y no tenían aportes, y también por las viviendas que son dignas y eso merecerá nuestro reconocimiento eterno al kirchnerismo, y en esto no hago política, describo".

"Lo que tenemos que lograr ahora es que tengamos más conciencia comunitaria, porque algunos venden el pelo de chiva y lana a los acopiadores por su cuenta, sin entender que si trabajamos en cooperativas juntamos más, vendemos a mucho mejor precio", explica.

Guillermo Huchamán (83) vive a pocos metros de su hija Mabel, quien se encuentra en pleno arreo de chivas mientras hace ruido con un saco con piedras para acelerar la marcha de la "punta" de animales que se corren de la huella.

"Mi padre era chileno y se juntó con mi madre en la cordillera, vinieron para acá sobre principios del siglo pasado y se quedaron. Antes se andaba mucho a caballo, ahora los muchachos si no andan en camioneta parece que no caminan... no se atajan ni los mocos de ellos" dice con tono de reproche el anciano, quien se emociona ante el recuerdo de sus padres.

Guillermo se alejó una sola vez de su tierra, cuando lo convocaron para el servicio militar obligatorio en un destino del Ejército con asiento en Esquel, evoca con el gesto castrense de cuadrarse y hacer la venia, ante la sonrisa de su hija que sigue divertida la conversación.

Otro poblador, Armando Calfuquir, acompaña al cronista a un pequeño galpón, construido con madera, de techo abovedado: "esta es la única capilla que tenemos acá, pero hace rato que no viene el cura, antes venía de Esquel" explica con nostalgia.

La población en la zona cada vez se "avejenta" más, porque los jóvenes se van buscando nuevos horizontes en ciudades o pueblos que les ofrecen otro perfil de oportunidades.

Y otros se van buscando una "changa" en los oficios propios del campo, como esquiladores o alambradores, todas tareas duras que se realizan a la intemperie pero que "rinden si se le metemos hora" explican.

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“El Estado es indolente hacia tantas cosas que estamos pasando”, denuncia Berlin Diques, uno de los dirigentes que en diciembre alertó al Gobierno de amenazas de muerte contra líderes indígenas.
El dirigente Berlín Diques, quien denunció las muertes, participa en una reunión el viernes con representantes del Ejecutivo.
El dirigente Berlín Diques, quien denunció las muertes, participa en una reunión el viernes con representantes del Ejecutivo.PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE PERÚ - Lima - 27 FEB 2021

Dos líderes indígenas de la etnia cacataibo, Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano, han sido asesinados en Perú, según denunció el apu (jefe) Berlín Diques. Se trata del última de una serie de asesinatos de dirigentes indígenas y mestizos de las regiones amazónicas Ucayali y Huánuco que, en los últimos años, han denunciado a invasores que cultivan coca destinada al narcotráfico y a traficantes de tierras.

El propio Diques fue uno de los ocho dirigentes que alertó en diciembre a los ministros de Interior y de Justicia y a la Fiscalía de que seis líderes estaban amenazados de muerte, pero no obtuvo respuesta. En ese encuentro, representantes de las etnias cacataibo, ashaninka y shipibo también reportaron que ocho comunidades indígenas estaban en mayor riesgo: una de ellas era Sinchi Roca, en Ucayali, de la que García Grau, uno de los asesinados esta semana, era dirigente.

”El Estado es indolente ante tantas cosas que estamos pasando. Mientras nosotros acatamos las medidas del Gobierno por la pandemia, estos ilegales siguen avanzando con sus ambiciones en territorios de comunidades tituladas y otras no tituladas por problemas en el Ministerio de Agricultura [que emite los títulos de propiedad de la tierra]. Éstas son más propensas a que continúen bajo amenazas”, ha lamentado el dirigente.

Según un comunicado de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que preside Diques, García Grau, de 28 años, fue secuestrado el jueves en Sinchi Roca. Un día después apareció su cuerpo. Según el dirigente, el día de su secuestro, el líder indígena estaba haciendo un recorrido por las zonas “para ver si los invasores seguían en esas áreas comunales”.

“A las autoridades poco o nada les importa. Nadie hizo caso a nuestras denuncias”, lamenta el líder de ORAU. La comunidad donde se produjo el secuestro ha solicitado que se actualicen sus sus títulos comunales, pero, según denuncia, “la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali se ha negado sistemáticamente a concluir este proceso, y esto contribuye a los intereses de los invasores, traficantes y demás delincuentes que utilizan esta zona como ruta de tránsito para sus negocios ilegales”.

Por su parte, Yenes Ríos Bonsano fue asesinado cuatro días antes que García Grau, según la información preliminar con la que cuenta Diques, pero su cuerpo no podrá ser recuperado hasta el lunes. Ríos Bonsano era miembro de la comunidad nativa de Puerto Nuevo, en la provincia de Coronel Portillo, a unas cinco horas de Pucallpa, capital de la región Ucayali.

El presidente de ORAU exige a las autoridades leyes que protejan “de verdad los derechos colectivos y de territorio” para detener el avance del narcotráfico. Además, solicitó una reunión multisectorial con autoridades de varios ministerios para resolver la falta de georreferenciación y la existencia de pistas de aterrizaje del narco. ”Todos conocen y saben, sobre todo la policía, pero no hay acciones, hay mucha corrupción”, añade.

Según el líder amazónico, la autoridad forestal calcula que 42.000 hectáreas han sido deforestadas en las tierras de comunidades indígenas, principalmente por causa del narcotráfico. Ricardo Pérez, miembro del equipo de Amazon Watch en Perú, indica que algunos de los apus amazónicos amenazados han solicitado garantías, pero la policía solo les da protección en las ciudades. “En las comunidades están enfrentándose a los narcos que quieren sembrar coca, todos los días están frente al peligro”, afirma.

Impunidad instalada

En octubre, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupción y violación de derechos de defensores indígenas, una ONG peruana presentó cuatro denuncias al respecto, entre ellos una en la comunidad cacataibo. “En ella se planteaba de manera frecuente que el narcotráfico, la tala, la minería ilegal y la impunidad frente a estas ilegalidades tiene como consecuencia el asesinato de los líderes”, apunta Magaly Ávila, socióloga de la ONG Proética.

“En diciembre, debido al avance imparable del narcotráfico en Huánuco y Ucayali, acompañamos a los líderes indígenas a reunirse con los ministerios y la procuraduría medioambiental y en los diferentes espacios se indicó que iban a tomar cartas en el asunto”, agrega la socióloga. “En la práctica el Estado ha hecho muy poco o nada, pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana”, sostiene Ávila.

Nadie ha sido sancionado por los crímenes de los defensores medioambientales e indígenas en Ucayali. En 2014, Edwin Chota y otras tres autoridades de su comunidad fueron asesinados por una mafia de tala ilegal a la que Chota denunció ante la Fiscalía, con fotografías que él mismo tomó. En abril del año pasado, durante la pandemia, las mafias asesinaron a Arbildo Meléndez, jefe cacataibo de la comunidad indígena de Unipacuyacu (en el límite de Ucayali con la región Huánuco).

Zulema Guevara, la esposa de Meléndez, comentó entonces a la prensa que el líder empezó a recibir amenazas cuando decidió retomar los trámites de titulación de la comunidad que la burocracia congeló en 1995. La mujer y los hijos de la exautoridad de Unipacuyacu tuvieron que mudarse a Pucallpa, la capital de Ucayali, para proteger sus vidas. Dos semanas después, fue muerto el comunero ashaninka Benjamín Ríos, en Kipachari, distrito de Tahuanía. Un comunicado de ORAU reportó entonces que la víctima había recibido amenazas de muerte y hostigamientos de personas ligadas al narco y las invasiones.

A raíz de los asesinatos de García y Ríos, las organizaciones indígenas amazónicas temen por la vida del apu Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), quien también ha vuelto a recibir amenazas.

Desde 2011, 220 personas defensoras han sido asesinadas y 960 criminalizadas en Perú según el informe ‘Socavando derechos’, que presentaron el jueves el Observatorio de la Organización Mundial contra la Tortura y la FIDH, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

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Su preservación va más allá de los derechos lingüísticos e incluso de la valoración de las culturas autóctonas. Se trata también de la protección de un conocimiento intransferible

La Carta Cultural Iberoamericana está disponible en 12 idiomas, incluyendo el aymara, quechua, guaraní, gallego, euskera y catalán. RUSLANA IURCHENKO / SHUTTERSTOCK
ANA PAULA LABORINHO

El 21 de febrero de 1952, estudiantes y activistas de Bengala Oriental, la actual Bangladés, se enfrentaron a los militares paquistaníes para exigir el reconocimiento de la lengua bengalí como oficial. Esta fecha se conoció como el Día de los Mártires de la Lengua y su lucha contribuyó a la creación del estado soberano de Bangladés, que se separó de Pakistán en 1971.

Lenguas indígenas, un legado en extinción - Más allá del español: 500 lenguas corren peligro en América Latina

Sin embargo, el bengalí tenía una larga tradición literaria, e incluso un Premio Nobel, concedido en 1913 a Rabindranath Tagore, el primer escritor asiático en recibir tal distinción, y sus obras contribuyeron al reconocimiento del bengalí. Sobre todo, se ha convertido en un símbolo del derecho humano a la lengua materna.

La celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, establecido por la Unesco en 1999, marca un derecho fundamental, pero también nos alerta sobre las lenguas que están desapareciendo. La plataforma más conocida de estadísticas lingüísticas, Ethnologue (2020), indica la existencia de 7.117 lenguas en uso en el mundo, seis más que en su edición anterior, pero no deja de subrayar que alrededor del 40% de ellas están en peligro de extinción, mientras que 23 representan más de la mitad de la población humana.

El 21 de febrero de 2018 Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, advirtió: “Una lengua es mucho más que un medio de comunicación: es la condición misma de la humanidad. Es la base de nuestros valores, nuestras creencias y nuestra identidad. Gracias a ella transmitimos nuestras experiencias, nuestras tradiciones y nuestros conocimientos. La diversidad de las lenguas refleja la riqueza irreductible de nuestra imaginación y nuestras formas de vida”.

Y, de hecho, una lengua es mucho más que un medio de comunicación, porque es transversal a todos los ámbitos de la actividad humana.

En 2021, la Unesco propone como lema para este día Fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad. En un año marcado por una pandemia que ha sacado a millones de niños y jóvenes de la escuela, con gran impacto sobre todo entre los más desfavorecidos que tienen grandes dificultades para optar a medios alternativos para acceder al conocimiento, es fundamental centrarse en la inclusión educativa.

Si bien es importante acelerar el acceso a la educación digital, la cuestión de los idiomas también es crucial, sobre todo en un momento en que todas las dificultades son factores de riesgo para el abandono escolar. Si los niños utilizan su lengua materna en el hogar o en la educación preescolar tienen más probabilidades de ser alfabetizados en su lengua materna y de aprender también una segunda lengua (por ejemplo, la lengua nacional) e incluso una tercera lengua con mayor facilidad.

El reconocimiento de la creciente importancia de las lenguas maternas en los resultados del aprendizaje ha llevado al desarrollo de proyectos centrados en las lenguas nativas.

En 2009 Unicef, en colaboración con la Aecid y la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Multiculturalidad (FUNPROEIB Andes), lanzó el Atlas Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América Latina, contribuyendo a hacer visible la diversidad cultural y lingüística de la región. El atlas recoge información de 21 países, 522 pueblos indígenas y 420 lenguas. Si bien su objetivo fundamental era recopilar información sobre los pueblos indígenas para poder intervenir más eficazmente en las políticas de educación y salud, se ha convertido en una herramienta central para lograr una educación intercultural y bilingüe.

Otros proyectos han aprovechado las capacidades de la tecnología. En Perú, el Ministerio de Cultura ha desarrollado una aplicación móvil para difundir la diversidad cultural y lingüística del país, que permite un acceso práctico a la información sobre las 47 lenguas indígenas o autóctonas, los lugares donde se hablan y el número de sus hablantes. Esta aplicación se basa en el Mapa Estadístico Sonoro de las Lenguas Indígenas y Originarias, disponible en versión digital, que recibió en 2015 el Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Pública.

También en Bolivia, como parte de un proyecto apoyado por la Organización de Estados Iberoamericanos, se lanzó en 2019 una herramienta digital para el aprendizaje recreativo de cinco lenguas nativas. En este caso, se trata de una pequeña muñeca, Nayra (New AymaraRoboticAssistant), vestida con trajes locales, que es el primer robot con reconocimiento de voz de lenguas nativas.

Las lenguas no son neutrales y su uso está estrechamente ligado al pensamiento y también a las representaciones del poder

La OEI siempre ha prestado especial atención a esta dimensión educativa, tanto más importante en una región donde coexisten tantas lenguas. Cuando se trabaja en la educación inclusiva, se convierte en una dimensión que repercute en los resultados escolares y en la forma de aprender otras lenguas. Además, representa uno de los mayores activos de la región iberoamericana, como pone de manifiesto la Carta Cultural Iberoamericana, que este año celebra su 15º aniversario, y cuyos objetivos, principios y alcance no han perdido vigencia desde su aprobación en 2006 por los Jefes de Estado y de Gobierno que integran esta comunidad. Demostrando el valor de esta multiplicidad de identidades, la carta está disponible en 12 idiomas, incluyendo el aymara, quechua, guaraní, gallego, euskera, catalán.

Pero la preservación de las lenguas va más allá de los derechos lingüísticos e incluso de la valoración de las culturas autóctonas. También se trata de la protección de un conocimiento intransferible. Por eso, estas hablas se resisten a la traducción automática y a las capacidades de la Inteligencia Artificial. Cuanto más se alejen estas de las tecnologías emergentes, más tenderán a desaparecer o a convertirse en lenguas menores, y en esa lista podemos incluir al portugués y al español.

Asistimos a una peligrosa tendencia al monolingüismo o a la reducción de las lenguas de aprendizaje, privando a las comunidades de sus idiomas maternos. Las lenguas no son neutrales y su uso está estrechamente ligado al pensamiento y también a las representaciones del poder.

Desde una lengua se puede ver el mar, las montañas, las nubes, según el lugar en el que uno se encuentre. Por eso, preservar la diversidad lingüística es también una forma de mantener nuestra dimensión de humanidad.

Ana Paula Laborinho es directora General de Bilingüismo y Difusión de la Lengua Portuguesa de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

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Esta pequeña comunidad indígena de la Amazonía boliviana se encuentra en peligro de extinción. La pandemia se suma a la deforestación y al despojo de su territorio
Salomon Quispe es un pescador yuqui. Cada miembro de la comunidad tiene una especialidad; algunos son cazadores, otros, recolectores. Las mujeres generalmente se dedican a la artesanía y otros, como Salomon, pescan para alimentar a las familias.
Salomon Quispe es un pescador yuqui. Cada miembro de la comunidad tiene una especialidad; algunos son cazadores, otros, recolectores. Las mujeres generalmente se dedican a la artesanía y otros, como Salomon, pescan para alimentar a las familias.SARA ALIAGA TICONA / EL PAÍS

Cochabamba (Bolivia) - 12 ENE 2021

Para llegar a la comunidad de Bia Recuaté, donde vive el pueblo yuqui, hay que cruzar senderos y caminos estrechos que conectan varias aldeas. Casi todas estas localidades están habitadas por colonos que llegaron desde otras partes de Bolivia. El viaje dura unas cinco horas desde la ciudad de Cochabamba. Luego de cruzar el Puente Roto se empieza a sentir el olor de la humedad de la selva amazónica y uno va perdiendo la noción del tiempo.

Bia Recuaté, que es el nombre de la comunidad que habita el pueblo Yuqui, parece ser un lugar sin tiempo y con un movimiento constante. Es un territorio muy rico en flora y fauna que protegen y valoran.

Este mismo bosque ha sido testigo de las luchas del pueblo yuqui contra aquellos que intentaron arrebatarles su territorio a finales de los años cincuenta, cuando el Gobierno boliviano inició el proyecto de colonización de extensas áreas en la provincia del Chapare. Antes de eso, esta comunidad vivía recolectando frutas, pescando y cazando en lo profundo de la Amazonía.

En los sesenta llegaron los misioneros del grupo evangélico Misión Nuevo Tribo (MNT), con sede en Estados Unidos. Ese fue el primer contacto de los yuqui con el mundo exterior. Según estudios antropológicos del científico boliviano Roy Querejazu Lewis, recibieron nombres bíblicos por parte de los misioneros y aprendieron, aseguran, de los religiosos a cultivar diferentes tipos de plantas. No fue hasta mediados de los noventa cuando sus miembros recuperaron apellidos referentes a elementos de la selva, como flores, frutos o animales, para fortalecer su conexión con la naturaleza y afirmar su identidad y su cultura como comunidad de cazadores y recolectores.

Los yuqui habitan, sobre todo, en la comunidad Bia Recuaté, en la provincia Chapare, una región conocida por ser una de las principales zonas de producción de hoja de coca en Bolivia. Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y de acuerdo con datos del Estado Plurinacional de Bolivia, en junio del 2019 —todavía bajo el gobierno de Evo Morales— la mayor parte de esta producción estuvo vinculada con el narcotráfico.

Bia Recuaté está a unos 260 kilómetros de Cochabamba. Este es un territorio donde conviven al menos tres pueblos indígenas diferentes: yuquis, yuracarés y trinitarios. Su territorio fue declarado oficialmente un TCO, es decir, Tierra Comunitaria de Origen, de acuerdo con la terminología estatal y, en los últimos años, ese nombre devino en una adaptación: TIOC, Territorio Indígena Originario Campesino.

Existen 298 TIOC en Bolivia y constituyen aproximadamente un 25% de la Amazonía boliviana. Son territorios destinados para la vida de pueblos indígenas, se distinguen de las propiedades individuales porque están amparados en el derecho colectivo sobre el territorio y son reconocidos como tales por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y por el Convenio 169 de la OIT que reconoce los derechos de los pueblos y los territorios indígenas. El TCO yuqui-CIRI comprende 115.924.86 hectáreas en total.

La covid-19, nueva enemiga de los yuqui

Carmen Isategua es la cacique mayor, la autoridad máxima de la comunidad. A sus 35 años —el rostro preocupado, la mirada inquieta—, ella relata cómo la covid-19 enfermó a la comunidad. “Pero no hemos muerto porque somos fuertes”, dice.

Los yuqui son uno de los pueblos indígenas más pequeños de Bolivia, con tan solo 360 habitantes. Según estudios del International Work Group for Indigenous Affairs (Iwgia) y según la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), están considerados altamente vulnerables e incluidos en la categoría de Contacto Inicial, un apartado adicional para los que se describen como población en aislamiento voluntario.

Como medidas de bioseguridad y debido a la falta de sistemas de comunicación tecnológicos en el territorio yuqui, se optó por poner en los puntos de ingreso carteles, pidiendo el uso de barbijos. Pincha en la imagen para ver toda la fotogalería.
Como medidas de bioseguridad y debido a la falta de sistemas de comunicación tecnológicos en el territorio yuqui, se optó por poner en los puntos de ingreso carteles, pidiendo el uso de barbijos. Pincha en la imagen para ver toda la fotogalería.SARA ALIAGA TICONA
Bajo los criterios de vulnerabilidad construidos con el aporte de varias instituciones y validados por la Cidob, se identifica a este pueblo como el de mayor vulnerabilidad del territorio boliviano, priorizando los criterios inmunológicos o de salud, y el criterio territorial.

Los yuqui reconocen que la amenaza a sus territorios ya no es la única que deben enfrentar. La precaria atención de salud, que ya arrastra una cadena de enfermedades como la tuberculosis, que mermó a una parte de su población, se agudizó desde que llegó el coronavirus.

A pesar del optimismo de Isategua, según el Secretario de Salud de Bia Recuaté, Leandro Quispe, hasta finales de octubre se habían registrado 19 casos de contagio y un muerto en la comunidad. La situación preocupó también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en junio ya advirtió mediante su cuenta oficial en Twitter que esta minoría estaba en peligro ante la pandemia, la cual “podría representar un grave riesgo para la supervivencia del pueblo indígena”. Al menos, desde entonces no se han detectado nuevos casos. Sí que se les ha dado acceso a pruebas rápidas, pero no ha habido sintomáticos para covid-19, según confirma la doctora de la comunidad, Gimena Torrico. Ahora, se preparan para auto aislarse como medida de prevención ante la segunda ola, tal y como están haciendo otros pueblos indígenas de la Amazonía.

La enfermedad y la muerte son asuntos de todos

Cuando un familiar yuqui está internado en algún hospital fuera de la comunidad, cuenta Isategua, los miembros de la comunidad acostumbran a acompañar al enfermo hasta que reciba el alta. Esta líder se molesta mucho ante la incomprensión de los abba (en su lengua, este vocablo nombra a las personas externas a la comunidad) y de los médicos, porque no les permiten quedarse junto al enfermo. “Cuando nos enfermamos no va uno, va toda la familia a vigilarle porque esa es nuestra costumbre. En cambio, los abba se enferman y dejan a sus parientes. Nosotros no somos así. Se enferman y los perseguimos. Les miramos qué le están haciendo, hacemos su seguimiento, estamos al lado de ellos”, proclama enérgica.

Al llegar a la comunidad se encuentran muy pocas familias. La mayoría de las casas están vacías y con un candado en la puerta. Los vecinos que aún residen allí explican que algunos se han ido al bosque a cazar o a pescar. “Es casi que imposible saber dónde un yuqui se va a encontrar mañana. Son libres y no siguen lógicas”, explica el líder Abel Laira. “Se van de un momento a otro, desaparecen y no hay cómo ubicarlos porque no hay señal para llamarles. Algunos se van para el monte y otros a lugares que no se sabe”.

Los yuqui tienen una visión colectiva muy profunda de la muerte. El fallecimiento de una persona se convierte en una pena que involucra a toda la comunidad. Como muestra de respeto y dolor por el luto, los miembros de la comunidad pueden dejar de comer durante días. “Es una tristeza recordar, muy doloroso. Un hermano que perdamos aquí es como perder cien yuquis”, cuenta Jhonathan Isategua, un hombre de 52 años, ex cacique de la comunidad.

Los yuqui usaron el aislamiento voluntario para evitar el coronavirus, pero esta medida devino en una grave crisis alimentaria
La llegada de la pandemia les causó mucho miedo al principio. Como ocurrió con muchos otros pueblos indígenas amazónicos, los yuqui usaron la estrategia de aislamiento voluntario para evitar contacto con personas de afuera de su comunidad. Pero esta medida también devino en una grave crisis alimentaria. Al cumplir con el aislamiento, los dirigentes no pudieron salir a comprar los productos que distribuyen comúnmente entre los pobladores de la comunidad. Ese déficit en sus rutinas alimentarias provocó su debilitamiento y el estado de salud ya vulnerable de muchos comuneros empeoró. El temor por el nuevo coronavirus se sumó a los varios casos de tuberculosis, anemia y micosis que hay entre los miembros.

Luchando por la luz

Aunque Bia Recuaté es una comunidad que conserva las tradiciones de cazar, pescar y recolectar frutas, su alimentación se complementa con el consumo de otros productos que requieren de refrigeración, pues el intenso calor de la Amazonía acelera la putrefacción de los alimentos. Pero aquí no hay energía eléctrica. El único punto de conexión a la electricidad y a Internet que tienen los yuqui está en un pequeño corredor del aula del colegio. Un cable alargador de tres enchufes sirve para que los pocos que tienen un teléfono móvil, entre ellos el personal de salud, recargue la batería de sus aparatos electrónicos y se conecte a la Red de manera intermitente.

Bia Recuaté, que es el nombre de la comunidad que habita el pueblo yuqui, parece ser un lugar sin tiempo y con un movimiento constante. Es un territorio muy rico en flora y fauna que protegen y valoran.
Algunos jóvenes creen que es indispensable tener energía eléctrica, pero la cacique mayor, Carmen Isategua, cree que esto afectaría a la economía de las familias que no tienen recursos para pagar las facturas mensuales, resultado del congelamiento de sus recursos con la implementación del Plan de Manejo de territorio TCO yuqui-CIRI, un instrumento que establece el aprovechamiento sostenible y legal de los recursos forestales del territorio indígena.

La sanitaria de la comunidad, Gimena Torrico, dice que más importante que la energía eléctrica es el agua potable. “Si bien cuentan con agua del río Chimoré, solo les sirve para bañarse y lavar ropa”, explica. El río está contaminado a causa de las aguas servidas provenientes de pueblos aledaños, como Chimoré y varios pobladores han reportado ya constantes molestias estomacales.

El narcotráfico

Como parte del mismo territorio amazónico, el pueblo yuqui y el pueblo yuracaré comparten recursos forestales de su TCO yuqui-CIRI. El aprovechamiento de los recursos del TCO ha sido planificado de forma sostenible y responsable. Con apoyo de la Usaid (La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo), ingenieros forestales y la Organización Indígena Forestal (OIF) Yagua Samu, que se encarga de la administración del Plan de Manejo y del censo forestal, se ha calculado cuántos y qué árboles se puede talar y cuáles no se debe tocar, para preservar el equilibrio ecológico de la selva.

El Plan de Manejo establece el aprovechamiento legal de los recursos forestales del territorio a través de mecanismos y procedimientos técnicos avalados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Estos recursos sirven para solventar gastos dentro de la comunidad como la subvención de alimentos que se le da a cada familia cada lunes, la manutención de niños del internado y medicamentos que faltan en la posta médica. Pero actualmente el Plan de Manejo se encuentra congelado debido a varios desacuerdos y conflictos entre los dos pueblos indígenas, luego de que los yuqui denunciaran la existencia de cultivos ilegales de coca, narcotráfico y tala ilegal de madera en el área correspondiente a los yuracaré.

El ex cacique Jhonathan Isategua no teme alzar la voz a pesar de los riesgos: “Ellos trabajan cosas ilegales. Hemos puesto una tranca de control y hemos decomisado paquetes de coca (cocaína)”.

Tres comunarios yuquis encuentran un árbol ilegalmente talado y laminado dentro de su territorio TCO Yuqui-CIRI. El TCO consiste en 125.000 hectáreas y conviven al menos tres pueblos indígenas diferentes: los yuquis, los yuracarés y los trinitarios. Existen 298 TCO (ahora llamados TIOC) en Bolivia y representan casi el 25% de la Amazonía boliviana. Pincha en la imagen para ver toda la fotogalería.
Tres comunarios yuquis encuentran un árbol ilegalmente talado y laminado dentro de su territorio TCO Yuqui-CIRI. El TCO consiste en 125.000 hectáreas y conviven al menos tres pueblos indígenas diferentes: los yuquis, los yuracarés y los trinitarios. Existen 298 TCO (ahora llamados TIOC) en Bolivia y representan casi el 25% de la Amazonía boliviana. Pincha en la imagen para ver toda la fotogalería.SARA ALIAGA TICONA
El puesto de control al que se refiere Jhonathan es un punto de delimitación del TCO yuqui-CIRI. En julio del 2020, su comunidad presentó incluso una demanda oficial ante la Asamblea Departamental de Cochabamba sobre la presencia de narcotráfico en su territorio y la existencia de una pista ilegal dentro del mismo TCO.

Pero las autoridades también constataron la presencia del narcotráfico que el pueblo yuqui denunció. En agosto del 2020, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), junto al entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, descubrió una pista clandestina que había sido usada para el traslado de droga producida en un laboratorio ubicado en esa misma zona, y que, según publicó la prensa local, habría sido protegida por “un lugarteniente de Evo Morales”. A la vez, el ministro denunció la tala indiscriminada que se había realizado para la construcción de la pista.

La resistencia

Tanto la llegada del nuevo coronavirus como las amenazas de los colonos a sus territorios, la tala ilegal, el narcotráfico y la desidia estatal constituyen un largo historial de violación de los derechos de los yuqui. La salud y la educación dependen de los recursos del Plan de Manejo que se suspendió y, como consecuencia, el orfanato del pueblo, donde albergan a 35 niños y niñas que quedaron huérfanos luego de que sus padres murieran, víctimas de una epidemia de tuberculosis que ocurrió en 2012, ha quedado a la deriva.

Al inicio de la pandemia, los yuqui tuvieron que comprar sus propios medicamentos para poder combatir la enfermedad, pues las autoridades gubernamentales llegaron tarde. La pandemia solo fue la última de una larga serie de amenazas para este pequeño pueblo indígena de la Amazonía boliviana que se ha declarado en resistencia. El pueblo yuqui se empeña en cuidar su identidad, sus costumbres y su selva a costa de lo que sea.

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