En el contexto del confinamiento preventivo y obligatorio, existe otra pandemia que tiene que ver con lo que viven habitantes de nuestro país, particularmente en la provincia de Santiago del Estero, frente a la embestida de empresarios y el agronegocio.

Los movimientos campesinos están llevando adelante distintos relatos a modo de informes de las violaciones a los derechos humanos y de las resistencias campesinas e indígenas ante la embestida de empresarios en los montes santiagueños durante el aislamiento. 

Juan Chazareta, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), afirma que “los empresarios están violando la cuarentena aprovechando el confinamiento y entrando a las comunidades campesinas a seguir violando los derechos. Digo que aprovechan porque hay complicidad policial de los controles y también violan el decreto presidencial y entran a territorios campesinos. Las comunidades han tenido una actitud de respeto al confinamiento y de solidaridad con los pueblos”.

Las comunidades campesinas producen alimentos sanos para las comunidades locales, pero entienden las restricciones de la cuarentena.

El integrante del MOCASE, además, refiere a la situación particular de la pandemia que agrava el contexto ya preexistente de conflicto para las comunidades campesinas. Dentro de una serie de informes producidos por la organización sobre historias de resistencias de los pueblos campesinos, Chazareta refiere al caso de la comunidad de La Guayaca.

“Las comunidades campesinas tienen el rol histórico de abastecer a los mercados regionales con alimentos.
Las comunidades están en su lugar con el rol histórico y social que es la producción de alimentos sanos para los mercados populares. Pero los compañeros y compañeras son estrictos en esto de no estar moviéndose de pueblo en pueblo. En realidad el día a día, en la vida cotidiana, no cambió mucho con la pandemia. Sí hay algunas cuestiones de transporte y problemáticas preexistentes”, afirma Chazareta.

Los países más de corte neoliberal y de derecha están teniendo una cantidad de muertos impresionante, y los gobiernos de tinte más popular están atendiendo más a la salud pública y no tanto a la repercusión económica. Por todo esto es importante el rol de los movimientos sociales y populares.

El integrante de MOCASE habla sobre cómo los países están tratando la expansión del virus: “Es importante el rol de los movimientos sociales y populares en esta pandemia, porque los que bancamos la olla somos nosotros. Sí, a veces el Estado manda mercadería e insumos, pero somos nosotros, porque en Santiago del Estero, en los pueblos, hay mucha gente que depende de su día a día y hoy está todo cortado. Creo totalmente que la pandemia y el virus están íntimamente relacionados a la producción de alimentos del capitalismo que acá tenemos, de igual manera con el tema de los agrotóxicos que nos envenenan”.

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El 12 de octubre es una fecha de luto para los pueblos indígenas de América. Pero también de resistencia y lucha, que en Argentina se expresa en la defensa del territorio y el rechazo a la explotación de litio e hidrocarburos, contra la megaminería y el agronegocio transgénico. Denuncian que en el país se incumplen los derechos establecidos en leyes nacionales y convenios internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos originarios. A 527 años de la llegada de Cristóbal Colón a Abya Yala (nombre reivindicado por las comunidades como previo a América) los pueblos indígenas se movilizan y comunidades mapuches llaman a resistir desalojos.

La Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres de Jujuy inició el 4 de octubre una “caminata por el agua y la vida” que termina este sábado en San Salvador de Jujuy. Durante ocho días atravesaron una decena de ciudades en rechazo a la megaminería y por la falta de aplicación de los derechos indígenas. Partieron de la localidad de Yavi, pasaron por La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, Tumbaya, entre otras. “Gobernador Gerardo Morales basta de violar los derechos indígenas”, se lee en la bandera que encabezaba la marcha.

Un “repartimiento de indios” de 1582, conservado en el Archivo General de la Nación.
“Con la invasión de 1492 el Abya Yala fue sometida a sangre y fuego. Y las naciones originarias fueron despojadas. Hoy la historia continúa con las políticas extractivistas y saqueadoras de los neoliberales”, denunciaron desde la Biblioteca Andina Ñawpayachaykuna, que es parte del reclamo. Raúl Sajama, de la Asamblea de Comunidades, aclaró que el reclamo va dirigido tanto a los actuales gobernantes (provinciales y nacionales) como a los que asuman el 10 de diciembre.

Esta semana se conoció el Premio Nobel de Química para los científicos desarrolladores de las baterías de litio. Notas periodísticas celebraron que Argentina cuenta con grandes reservas del mineral y académicos de diversos rubros publicitaron sus trabajos con propuestas de explotación. No hubo mención a las consecuencias ambientales y sociales que genera en los territorios. En las Salinas Grandes (Jujuy y Salta) las comunidades Kollas y Atacama rechazan desde hace una década la invasión de empresas, que intentan explotar el lugar de vida y trabajo de las comunidades.

La Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes exige que se cumplan los derechos vigentes (Convenio 169 de la OIT), que obliga a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Implica que ninguna empresa ni gobierno puede ingresar a territorio indígena sin el visto bueno de la comunidad.

En tiempos que la crisis climática y la figura de Greta Thunberg ganaron espacio mediático, poco se consulta a los pueblos indígenas, que luchan y protegen la biodiversidad del planeta. “Desde siempre alertamos del desastre al que nos llevan gobiernos y multinacionales, pero no quisieron ni quieren escucharnos”, afirmó Argentina Paz Quiroga, autoridad del Pueblo Warpe de San Juan. Recordó que el cambio climático tiene responsables directos, con distintos rostros según cada región: “Barrick Gold, la megaminería, es un ejemplo claro de la destrucción climática. Y lamentablemente es política de Estado, atraviesa los distintos colores partidarios”.

En el sur, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro realizó un llamado de urgencia a desconocer fallos judicial y resistir los intentos de desalojos. “En un hecho de gravedad institucional inusitada la Justicia rionegrina pretende desalojar comunidades en plena vigencia de la Ley Emergencia Comunitaria Indígena (26160), que expresamente suspende cualquier sentencia de desalojo”, denuncia en el comunicado la Coordinadora Mapuche.

En un hecho inédito, en cinco días distintos jueces (Natalia Costanzo, Diego de Vergilio y Sergio Pichetto-Marcos Burgos) ordenaron el desalojo de las comunidades Pino Quiñe (costa del río Colorado), Newen Kurruf (Catriel) y Buenuleo (Bariloche). La organización mapuche pidió formalmente una reunión al Superior Tribunal de Justicia para “saber si el derecho indígena tiene vigencia” en Río Negro o si el Poder Judicial local ha decidido dejar de lado las leyes nacionales y tratados internacionales.

Recordaron el intento de desalojo, con Prefectura Naval, en la comunidad Lafken Winkul Mapu, con el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel. “No nos queda más opción que la resistencia al accionar policial que va a pretender desalojarnos. No estamos en condiciones de avalar pasivamente el atropello que pretenden hacer, desconociendo la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, leyes provinciales”, alertó la Coordinadora del Pueblo Mapuche.

Amnistía Internacional impulsa desde hace cuatro años un mapa colaborativo de conflictos territoriales indígenas. Ya contabilizó un piso de 250 casos muy variados: litio en Jujuy, Salta, Catamarca y San Luis; petróleo en Vaca Muerta (Neuquén, Río Negro, Mendoza); agronegocio en toda la región del Chaco argentino; megaminería en la Cordillera; hidroeléctricas en Misiones, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. Son algunas de las amenazas que sufren los territorios indígenas. El mapa, al que se puede acceder vía territorioindigena.com.ar, cuenta con la colaboración del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), entre otras organizaciones. “Las comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo –entre otras–), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, denuncia Amnistía Internacional.

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El cono sur del continente americano está en su periodo más seco, con el mayor riesgo de propagación de incendios intencionados de dimensiones dramáticas. Hay millares que afectan al Pantanal y a los biomas de la Amazonía, Cerrado y Gran Chaco. Algunos pueblos originarios los sufren especialmente

Rio de Janeiro 1 OCT 2020

“Alguien vino a quemar la casa de los aislados. El bosque es una casa que protege, que da vida, que da alimentos, da agua”, afirma Aquino Picanerai, indígena ayoreo y líder de la comunidad Campo Loro en el norte de Paraguay. Los ayoreo, que llevan años pleiteando con los gobiernos para que les reconozcan oficialmente sus tierras ancestrales, habitan en la región del Gran Chaco paraguayo y boliviano, y una parte de sus numerosos subgrupos permanecen hasta hoy en situación de aislamiento voluntario. En América Latina existen registros de 185 pueblos indígenas en tal situación (PIAs), 66 de ellos confirmados, según Land is Life. Esta organización alerta de la gran amenaza que suponen los incendios para la supervivencia de los PIAs, en el recién lanzado Informe Trinacional: Incendios y Deforestación en Territorios con Registros de Pueblos Indígenas aislados en Bolivia, Brasil y Paraguay.

La destrucción de los territorios donde viven puede abocarlos a una escasez de alimentos y otros recursos básicos, y a situaciones de contactos forzados con otras poblaciones o con los equipos anti incendios. Esto puede desencadenar, además, la transmisión de enfermedades para las que no tienen inmunidad desarrollada, entre ellas la covid-19. Y las partículas microscópicas suspensas en el humo pueden penetrar en los pulmones. “Esto provoca un proceso inflamatorio, un efecto sistémico, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, una infección respiratoria”, explica la epidemiologista Sandra Hacon, de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, en una investigación recién publicada por el Instituto Socioambiental (ISA). El estudio demuestra que hubo ya un aumento de 25% de los ingresos hospitalarios de indígenas con problemas respiratorios en agosto de 2019 como consecuencia del elevado número de incendios en los municipios amazónicos brasileños. Estos agravantes de salud podrían ser fatales para los pueblos en aislamiento.

“Nuestros hermanos ayoreo en aislamiento voluntario no tienen un lugar fijo para vivir, ellos tienen que moverse en los bosques para poder sobrevivir. Si salen también van a acabar como nosotros que estamos sufriendo mucho”, afirma Picanerai, quien denuncia la ausencia de ayuda del gobierno paraguayo ante la escasez de agua, alimento y trabajo en que vive actualmente su comunidad por el largo periodo de sequía que comenzó en enero y al que se le sumaron la crisis provocada por la pandemia y los estragos ocasionados por los incendios de 2019. Según los ancianos ayoreo, esas áreas quemadas en el Chaco paraguayo tardarán entre 60 y 70 años en regenerarse y estiman que sus hermanos en situación de aislamiento podrían demorar décadas en volver a las inmediaciones de las tierras afectadas donde antes habitaban.

La expansión agropecuaria, el principal detonante

En 2019, Land is Life registró el mayor índice de incendios ilegales en las zonas con presencia de pueblos indígenas en aislamiento, un total de 36.034 focos. El balance de los fuegos descontrolados en la Amazonía, Cerrado, Chiquitanía y Gran Chaco de 2019 fue especialmente dramático entre agosto y septiembre, dos de los meses más secos en el cono sur latinoamericano. Este es el momento del año en el que se suele provocar el mayor número de fuegos intencionados para limpiar terrenos con fines agropecuarios, y muchos afectan criminalmente a tierras indígenas o áreas naturales protegidas donde suelen vivir los PIAs. Actualmente en Brasil hay más de 160.000 focos activos en 84 áreas protegidas; en Bolivia afectan a 41 áreas naturales reservadas, y en Paraguay a 12, según datos satélite del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE) a 30 de septiembre.

En lo que va de año, el total de focos de incendios en Brasil ha aumentado 11% en relación con el mismo periodo de 2019, en Paraguay 63% y en Bolivia se han reducido 40%, de acuerdo al INPE. Una de las regiones actualmente más amenazadas es el Pantanal de Brasil, considerado el mayor humedal del mundo y reconocido como Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO, donde el fuego ha destruido el 23% de la extensión total del bioma durante dos meses de incendios continuados, de acuerdo con los datos del 27 de septiembre del Laboratorio de Aplicaciones de Satélites Ambientais (LASA) de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

El área quemada corresponde a 3,4 millones de hectáreas, lo que equivale a más de la mitad de la extensión de un país como Suiza que tiene 4,1 millones. Este es el mayor récord registrado en este bioma húmedo, una situación extremadamente crítica para las poblaciones urbanas y rurales, así como para los habitantes indígenas y para los animales, lo que ha llevado a los gobiernos estatales de la región a decretar el estado de emergencia. En el Pantanal los incendios se han multiplicado en 201% en relación al año pasado y 13% en el bioma de la Amazonia.

Si bien existen prácticas agrícolas tradicionales de quemas de vegetación a pequeña escala, los incendios a mayor escala son resultado de acciones criminales para el acaparamiento de tierras tanto en la Amazonia como en el Cerrado brasileño, Pantanal y Gran Chaco. “El común denominador en el origen del incremento de los fuegos forestales es la acción humana, impulsada por situaciones tales como prácticas expansivas de los agronegocios y de las industrias extractivas. Esto, aunado a la falta de marcos regulatorios efectivos para la protección de los pueblos indígenas aislados, hace que la situación de estos sea cada vez más precaria”, afirma el informe trinacional.

La constante huída de los pueblos indígenas aislados

Los grupos en aislamiento voluntario son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria y que, además, suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo, según define el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Para ellos el aislamiento no ha sido una opción voluntaria sino una estrategia de supervivencia. “Viven en constante migración como modo de defensa, esto se debe a los traumáticos contactos que tuvieron previamente y que los llevaron a aislarse”, explica Antenor Vaz investigador especializado en pueblos indígenas en aislamiento y autor principal del informe sobre incendios y PIAs para Land is Life.

Estas poblaciones dependen íntegramente del conocimiento del entorno que tradicionalmente han habitado pero actualmente están expuestas a “una situación de fuga permanente y desesperación”, según cita el informe que achaca las responsabilidades al actual modelo económico. Entre las principales presiones que sufren los PIAs figuran la construcción de carreteras e hidroelétricas, extracciones ilegales de madera o minerales, narcotráficantes o guerrilleros que se esconden en los bosques y selvas, destrucción directa de los territorios donde viven por deforestación e incendios, así como el recuerdo de epidemias pasadas.

“Si hoy la sociedad mundial está sintiendo lo que significa aislamiento voluntario por miedo a contagiarse del coronavirus, la mayoría de los PIAs viven en tal situación desde hace siglos por el miedo constante a morir de cualquier enfermedad externa o a recibir un tiro de un traficante o un maderero que invade sus territorios”, relata Vaz, poniendo el foco sobre la presión psicológica a la que están sometidos. Según añade, algunos grupos pueden incluso optar, en situaciones de amenaza, por evitar hasta los embarazos ya que el llanto de los bebés podría alertar a los invasores.

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Un grupo de bordadores peruanos pasa de coser coloridos trajes a confeccionar barbijos contra los contagios de la covid-19. La suspensión de sus espectaculares fiestas folclóricas les golpea el bolsillo y también el alma.

Las mascarillas están hechas de tela y encima llevan los hilos dorados típicos de las máscaras originales de la Diablada, incrustaciones y el rostro que representa a una deidad prehispánica.

“Nos duele mucho, es como vivir con una espada clavada en el corazón”, cuenta Alfonso Nahuincha con cierta melancolía, desde su casa en Puno, una ciudad enclavada en el sur andino del Perú, frente al lago Titicaca, el cuerpo de agua navegable más alto de mundo (3.812 metros sobre el nivel del mar). Sus palabras suenan sinceras y traen un eco que viene de siglos atrás.

Desde que la pandemia provocada por la covid-19 llegó por esas alturas, hacia mediados de marzo como en todo el Perú, el oficio de bordador de trajes para el riquísimo folclore puneño se ha paralizado de manera dramática. Los numerosos contratos que tenía, para confeccionarlos o alquilarlos, quedaron suspendidos. Y su alma de artesano también sintió el golpe.

Cuando llega la ola

El 15 de julio llegó la ola mayor. Debido al desborde pandémico se suspendió la Fiesta de la Virgen de la Candelaria del año 2021, la mayor celebración de esta región, que se realiza a comienzos de febrero y convoca a miles de bailarines y personas del país y del mundo. Que incluso fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2014.

Alfonso entonces reaccionó de una forma creativa y algo inesperada para resistir: transformó la recargada máscara que usan los bailarines de la Diablada, una de las danzas más espectaculares de este país, en una mascarilla para protegerse de los contagios. Una tradición casi milenaria fue, de pronto, a transformarse en ese atuendo sanitario que hoy se usa prácticamente en todo el planeta.

“Estoy fabricando 400 y ya logré vender unas 60”, comenta. Comenzó a promocionarlas entre las personas que pertenecen a las asociaciones de bailarines, de bordadores o entre los ciudadanos que, durante varios meses, no podrán ver pasar las cuadrillas de danzantes por las calles o los fastuosos concursos que, durante la fiesta, se realizan en el estadio Torres Belón. Este es el mayor recinto cerrado de la ciudad de Puno donde, durante el Concurso de Danzas Autóctonas, pueden presentarse hasta más de 100 grupos, cada uno de los cuales puede tener cerca de 1.000 integrantes. En la Fiesta de la Candelaria de este año 2020, que se realizó casi al filo de la cuarentena, se presentaron 121 conjuntos en este rubro, con las más diversas danzas.

En el Concurso de Trajes de Luces, donde se presentan los grupos de Diablada, o de Morenada y Caporales (otros bailes puneños), los grupos este año fueron 85. Entraron a escena por cientos causando el asombro y devoción de siempre, por la inmensa y desbordante parafernalia que usan, llena de corazas, máscaras y hasta hilos de oro. Una parte baila ahora en los barbijos.
Una tradición casi milenaria fue, de pronto, a transformarse en ese atuendo sanitario que hoy se usa prácticamente en todo el planeta.

Todo eso ahora está suspendido, como también están suspendidas las fiestas que son el mercado de trabajo para los más de 110 talleres de bordadores que hay en Puno, considerada la Capital del Folclore Peruano por su dispendiosa riqueza folclórica. “Nos cayó como un balde de agua fría”, agrega Alfonso, desde esta ciudad donde la temperatura a veces baja por debajo de los 0 grados.

Una herida emocional
La pérdida para Alfonso no solo es monetaria, sino también emocional. “Para mí es mi vida, lo que yo quiero, y por esto tengo que soportar este tiempo”, dice sin perder un aire de esperanza. No son palabras de circunstancia. Puno y todo el altiplano peruano, como el boliviano (especialmente en Oruro), no se entienden sin la Virgen mamita Candelaria y su fiesta.

“Como cualquier acto cultural esto es un juego, y ahora no podemos jugar”, sentencia Edwin Nahuincha, otro maestro bordador de trajes, que no ha incursionado en el negocio de los barbijos. El juego comenzó desde la Colonia cuando los españoles llegaron a estas tierras con sus tradiciones católicas y se encontraron con un mundo que tenía otros referentes espirituales.

Un traje de Diablada en todo su esplendor consta de máscara, espaldar, coraza, pantalón y botas. Cuando la Festividad de la Virgen de la Candelaria en Perú, o el Carnaval de Oruro en Bolivia, se desarrollan de manera normal, son el alma de la fiesta.
Los diablos de la danza de la Diablada, por ejemplo, no son los típicos demonios occidentales que hasta ahora asustan a algunos. Más bien remiten a una antigua deidad prehispánica aún hoy identificada como el Anchanchu, Muqui o Chinchilico, que vive dentro de las minas. A ella, el hombre prehispánico le hacía ofrendas que, según Alfonso, podían ser fetos de alpaca.

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