(Harare, Mayo de 2020)
El hostigamiento en el marco de la pandemia del COVID-19 se suma a las violencias históricamente practicadas contra los pueblos. El foco de las noticias sobre la pandemia no puede hacernos olvidar la violencia sistémica y sistemática ejercida en contra de las y los campesinos y demás trabajadores del campo, y las violaciones a sus derechos.
En búsqueda de un ingreso digno y de asegurar sus medios productivos, trabajadores y trabajadoras del campo de diferentes partes del mundo se enfrentan constantemente a hostilidades, violencia, persecución y criminalización. Esta situación se exacerba bajo el establecimiento de las medidas excepcionales frente al virus. Hoy más que nunca afirmamos.

En su crisis, el capital personificado en las empresas transnacionales de minería, del agronegocio, del hidronegocio, ya acosaba a los pueblos del campo, de las aguas y de los bosques. Con la pandemia, los gobiernos sometidos a esas grandes empresas justifican la persecución.

La preocupación no es salvar vidas, sino intentar salvar la economía capitalista que se asienta en la sangre de miles de trabajadores en todo el mundo.

Para el campesinado, los pueblos pescadores y de los bosques, la lucha a diario bajo el COVID-19 no es sencilla. En diversos países, al tratar de acceder a los mercados para vender sus cosechas o productos, campesinas y otros productores de alimentos enfrentan sanciones económicas o criminales por circular fuera de sus comunidades. Mercados locales, ferias, etc. fueron cerrados como medida preventiva, pero las grandes superficies son estimuladas a seguir funcionando, explotando a sus trabajadoras y a veces especulando con los precios de alimentos y otros productos como las mascarillas.

El campesinado es capaz de adoptar medidas rigurosas de higienización de modo a evitar contaminar y ser contaminado.

En el trabajo agrícola las personas que fueron llevadas a utilizar productos tóxicos, como pesticidas, plaguicidas y otros, integran ahora el grupo de mayor riesgo ante el COVID-19, por la debilidad física y enfermedades que estos productos químicos provocan.

Comunidades afrodescendientes, pueblos originarios, indígenas, migrantes, personas LGBTI, empobrecidos urbanos y mujeres, son algunos de los grupos de personas que sufren el impacto desproporcionado de la crisis sanitaria, social y económica.

La violencia doméstica se ha intensificado con el confinamiento, los hogares se han vuelto más peligrosos para aquellas mujeres, niñas, niños y personas mayores que ya eran víctimas de violencia. Colectivos feministas que apoyan a las personas afectadas por la violencia tienen su labor limitada por la reclusión forzada y sufren ataques a su libertad de expresión en los medios digitales.

La situación también golpea a las y los migrantes internacionales y desplazados internos, en especial en los campamentos de refugiados en estado de hacinamiento. Adultos y niños/niñas enfrentan una detención arbitraria y prolongada, y un trato abusivo en condiciones insalubres y degradantes, además del abuso policial. Personas involucradas en la ayuda alimentaria han sido multadas en países del Norte y perseguidas en países con regímenes autoritarios.

Desde el estallido del COVID-19, los gobiernos de todo el mundo han aplicado restricciones más o menos drásticas a la libertad de movimiento y la libertad de asamblea.
Una pandemia se combate con información, cuidados, salud pública universal y gratuita, no con policías y ejércitos atacando a las personas. Algunos gobiernos se esconden detrás de esta crisis para atacar o dejar atacar, específicamente, a las y los líderes sociales y defensores de los territorios. Muchos periodistas o escritores/escritoras también han sido atacados por difundir críticas a los gobiernos, algunos han sido silenciados. Al mismo tiempo, grandes medios de comunicación han seguido jugando un papel importante en la difusión de la discriminación y los discursos de odio hacia determinados grupos sociales.

La construcción colectiva es fundamental para enfrentar el mundo de ahora y del futuro. La crisis también ha puesto de relieve la solidaridad y la construcción de alternativas, existentes y nuevas, que tienen que ser el motor de acciones colectivas futuras. No volveremos a la “normalidad” de la violencia, a situaciones precarias. El capitalismo no tiene nada que ofrecer a los pueblos, sólo violencia, explotación y muerte. Lo que hoy afirmamos era fundamental ayer y lo será mañana. Es hora de promover nuevos valores, es hora de apropiarnos del conocimiento a través del estudio y fecundar los saberes ancestrales, produciendo en nuestros territorios, alimentando el mundo y preservando el planeta y la humanidad.

¡Es hora de fortalecer la solidaridad, de ejercitar la resistencia, de cultivar la esperanza!

¡Primero la vida, no el lucro!

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"EL INDIO ES, CADA VEZ MAS, UN SER IGUAL A NOSOTROS" Jair Bolsonaro.

Aunque parezca increíble, el presidente del vecino país de Brasil hace declaraciones insólitas.

Bolsonaro es actualmente eje de una nueva polémica por sus declaraciones, mas allá de su pobre actuación política en relación con el tema de la pandemia por el Covid 19.

El presidente brasileño dijo que “el indio es, cada vez más, un ser igual a nosotros”.

Obviamente, luego de estas palabras el mandatario fue criticado por organizaciones indígenas, que lo denunciaron penalmente por racismo.

¿Cómo es posible que los pueblos elijan este tipo de persona para dirigir los destinos de una nación?

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Pascuala Vázquez, Consejera comunitaria de Chilón, Chiapas, señala que las autoridades los han ignorado totalmente en materia sanitaria por lo que no cuentan con cuidados preventivos frente al COVID-19.

El Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) presentó un amparo frente a la justicia federal exigiendo atención preventiva y sanitaria en sus lenguas de origen.

Servicios de salud, medicamentos y medidas de seguridad son los grandes faltantes en más de las 600 comunidades que están en el proceso de lucha por el reconocimiento de sus derechos a la libre determinación como pueblos originarios de Chilón. Asimismo, a través de un video subido a Youtube, la Consejera del gobierno local apunta que, de no ser atendidos, morirán en silencio.

Migrantes que solían trabajar en zonas turísticas, como Playa del Carmen o zonas agrícolas como Sonora, al regresar a sus comunidades de origen pasan por las comunidades chiapanecas, mientras que la población local, que trabaja en el campo y sale a vender en los mercados de la zona es considerada como riesgo ante la pandemia.
Las comunidades lidian lo mejor que pueden con los recursos que tienen.

Los mismos grupos locales se han organizado para entregar termómetros y formar pequeñas brigadas de monitoreo entre sus paisanos, ayuda humilde entre la que se encuentran medicamentos como el paracetamol, que por supuesto es señalado por parte de las comunidades como insumo insuficiente para la gente y que a su vez, toman sus propias medidas de seguridad con sus medicinas herbolarias.

Una completa falta de acción de trabajadores de salud, tanto locales como federales, se ha visto entre dichas comunidades, situación que la población de la zona califica de apariencia cuando reportan el estado en el que se encuentran ellos, que en realidad han sido abandonados a su suerte.

Otro punto importante a señalar es que no hay campañas de prevención ni información que se encuentre en las lenguas de los pueblos originarios, a fin de que sepan cómo atenderse y evitar los contagios por coronavirus en las 600 comunidades de la etnia Tseltal.

El impacto del virus en la zona se hizo evidente con la muerte de una de las 33 personas que han adquirido el COVID-19, un migrante que estuvo trabajando en Tijuana. Baja California, quien a finales de marzo regresó a su pueblo de origen en el municipio de La Independencia y murió el pasado 6 de abril.

Ante tal situación las mismas comunidades han planteado la posibilidad de aislar a los migrantes que estén de vuelta y, en situaciones extremas, el no permitirles regresar, hecho que Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) han confirmado como una realidad a la que se están enfrentando los indígenas migrantes que quieren volver a sus casas. Este grupo no cuenta con monitoreo ni con alggún tipo de cuidado o lugar de regreso, por lo que si enferman no cuentan con los medios necesarios para salir adelante.

El Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), es decir, parte del pueblo local organizado, presentó un amparo frente a la justicia federal, del que hasta el momento se sabe que se giró una orden a las autoridades estatales y sanitarias de Chiapas para que atiendan a la población demandante. Esto se hizo con mediación de la jueza Julissa González Rojas, quien ordenó que la información fuera provista en las lenguas maternas de los pueblos, tsotsil, tseltal, chol y zoque.

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El servicio de salud pública del país está colapsado, según el testimonio de los agentes sanitarios, y esto se confirmó con la muerte por Coronavirus de al menos seis personas por falta de atención en las calles, frente a los centros asistenciales o en sus casas.

15 junio de 2020
Las denuncias médicas sobre el colapso de los hospitales en Bolivia comenzaron a confirmarse con la muerte por coronavirus de al menos seis personas por falta de atención en las calles, frente a los centros asistenciales o en sus casas, registradas en La Paz, Cochabamba y Beni, mientras que en Santa Cruz los enfermos deben esperar que alguien fallezca para ser internados.

“No nos atendieron. Estábamos aquí (en la puerta del hospital Cochabamba) desde las siete de la mañana. Nos han dicho que están haciendo rotación de personal”, lamentó el nieto de una mujer de la tercera edad que era sospechosa de tener Covid-19 y murió ayer en la puerta de ese centro asistencial.

Los testimonios del nieto y otras personas que estaban en el lugar coinciden en que al ver que la anciana se ahogaba pidieron asistencia a los gritos, que alguien sacara un tubo de oxígeno al menos, pero que no obtuvieron respuesta.

También se conoció el deceso de una persona en camino hacia una clínica privada. “Aparentemente tuvo un cuadro respiratorio y dejó progresar la enfermedad -como la mayoría de la gente está haciendo- y no pudo llegar a una atención oportuna. Falleció en el camino”, indicó al medio paceño el jefe de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo.

El secretario de relaciones del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) Cochabamba, Carlos Nava, lamentó que en los últimos días se estén registrando decesos en las puertas de hospitales, domicilios y calles, pero aseguró que eso se debe a que el servicio de salud pública está colapsado.

“Lamentablemente, eso sucede porque la gente no cumple las medidas de bioseguridad”, dijo.

Castillo confirmó que los hospitales están saturados. “Las 18 camas de UTI (terapia intensiva) están siendo utilizadas al momento”.

En Santa Cruz un testimonio recogido ayer también da cuenta del colapso de las hospitales. Una mujer, identificada como Pamela afirmó que pidió ayuda para su esposo, de 33 años, que dio positivo en el test de coronavirus pero no consiguió que lo internaran en el hospital Pampa de la Isla.

“Los médicos me comunicaron que no había espacio y debía esperar a que un paciente fallezca para que mi esposo ingrese a la intubación endotraquial”, relató la mujer al diario digital Clave300.

En La Paz la situación es similar. Las 14 camas de UTI de los hospitales que atienden casos Covid-19 están llenas. Por esa razón, el viernes una persona peregrinó por diferentes hospitales, pero cuando llegó al Hospital de Cotahuma falleció.

La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva advirtió hace unos días que Bolivia tiene un poco más de 100 camas para Covid-19, cuando se requiere al menos siete veces más, y también se precisa duplicar la cantidad de médicos terapistas intensivos, que actualmente son 210.

Frente a este cuadro, el gobierno anunció que entregará un lote de 30 respiradores a la Gobernación de Santa Cruz para UTI, que fueron adquiridos con un crédito del Banco Mundial.

Este fin de semana la Gobernación instaló 16 camas de UTI “prestados de la Udabol” en uno de los domos que se construyó en el Hospital de Santa Cruz, pero hasta ayer no fueron usados.

“Gracias a Dios no fueron utilizados esos ventiladores debido a que los pacientes mostraron estabilidad, no ingresaron a la fase crítica del coronavirus”, señaló el ministro de Gobierno y delegado gubernamental en Santa Cruz, Arturo Murillo.

Por el momento Bolivia tiene cerca de 18.500 casos de coronavirus positivos y suma 611 muertes por la enfermedad, según el conteo global que lleva adelante la universidad estadounidense Johns Hospkins.

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