La apuesta indígena de López Obrador nace entre interrogantes
La Cámara de Diputados aprueba la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero persisten las dudas sobre la agenda del nuevo Gobierno en este ámbito
Noviembre de 2018
Ver a Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente electo de México, con un collar de flores fue una imagen frecuente durante la campaña. Antes de su triunfo, prometió pagar la deuda que tiene la sociedad con los pueblos originarios.
“Porque es mucha la pobreza en Chiapas, en Oaxaca y, sobre todo, en las comunidades indígenas”, declaró. Este jueves, el Congreso mexicano ha dado un primer paso en esa dirección. La Cámara de Diputados, controlada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha aprobado por 430 votos a favor y una abstención, la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Así se materializa una de las principales apuestas del futuro mandatario en la materia, aunque su agenda indígena permanece sembrada de interrogantes.
La nueva institución, un organismo descentralizado con autonomía financiera y administrativa, es vista como un avance respecto a su antecesora, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). “Significa pasar de un centro de trámites a uno de gestión”, dice la Dra. Martha Singer, profesora en ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Frente a la percepción de lejanía de la CDI, el nuevo ente contará con un centenar de coordinaciones regionales sobre el terreno para atender al 10% de mexicanos con orígenes indígenas.
El abogado Adelfo Regino, elegido para llevar este nuevo organismo a buen puerto, apunta alto. Su prioridad es que una reforma constitucional retome reivindicaciones históricas como la sexta circunscripción electoral para los pueblos originarios.
La propuesta también incluirá el derecho a la consulta previa y la consideración de los pueblos indígenas como sujetos de “derecho público” y no de “interés público”. Saltar del texto constitucional a la calle supone un desafío. “Tendrán que reformarse algunas leyes secundarias para que esto tenga aplicabilidad en la vida cotidiana”, reconoció.
Regino habla de un “sentido de urgencia”, pero el calendario de la futura reforma aún es difuso. Primero se quiere abrir un proceso de consulta, todavía sin fecha de cierre. “Tenemos que ser respetuosos con los tiempos de nuestros pueblos”, argumentó.
Jujuy: reprimen a comunidades indígenas y detienen a comunicador
Las fuerzas de seguridad de Jujuy reprimieron a las comunidades indígenas que realizaban desde ayer un corte de ruta en Tilcara en defensa del agua y contra el avance de la megaminería.
Además se detuvieron varios manifestantes, entre ellos a Enzo Cabana, corresponsal de FM La Voz del Cerro, mientras estaba realizando la cobertura del corte de ruta.
Enrique González, miembro de la comunidad Cueva del Inca de Tilcara, denunció que la policía desplegó la represión sobre niños, mujeres y abuelos.
Tras la represión y las detenciones comentó que “hay gente de la comunidad resistiendo, cortando media calzada con un cordón de infantería observando”. González denunció que se trata de una “provocación” por parte de las fuerzas de seguridad.
El comunicador Enzo Cabana envió un mensaje desde la comisaría donde estaba detenido, en el que comentó que la policía retuvo a varios comuneros violentamente y que la comunidad Cueva del Inca sigue apostada en la ruta. “Hay una niña y un abuelo que está descompuesto y no acceden a llevarlo a la enfermería o llamar al SAME”, explicó desde la seccional de Tilcara.
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Vuta Travún, Toay, La Pampa. Pueblo Nación Rankulche (17 y 18 noviembre 2018). Inauguración del Mercado Ranquel
El Consejo de Lonkos, el CPA y la Secretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa auspiciaron un Encuentro los días 17 y 18 de noviembre de 2018 con el objetivo de celebrar la Cultura Ancestral.
El lugar de la convocatoria fue el predio de la Comunidad Willi Antu, y el cronograma del encuentro fue el siguiente:
- 9.00 hs. Inicio del Gran Parlamento de Lonkos de todas las comunidades.
- 20.30 hs Ceremonia Inaugural del Mercado Rankel.
Una ruta hacia la justicia
Las comunidades indígenas que fueron expulsadas de sus tierras por una hidroeléctrica en Guatemala hace cuatro décadas comienzan a recibir infraestructuras
Guatemala 4 NOV 2018 - 21:10 ART
Para entender el significado de los 17,5 kilómetros de camino rural que unen Chitomax y Pajales, dos comunidades mayoritariamente indígenas del interior de Guatemala, hay que remontarse 40 años atrás, concretamente a 1978, cuando empezaron los estudios de una hidroeléctrica que, poco después, provocaría el desalojo de 2.329 familias.
Donde vivían 33 comunidades se construyó un pantano de más de 50 kilómetros en una época de represión de indígenas que las dejó, dejándolas sin lugar a donde ir. La única persona que se resistió fue masacrada: de hecho, ocurrieron 444 asesinatos por quedarse en la tierra que les pertenecía.
Quienes pudieron, se reubicaron donde pudieron, sin orden ni ayuda oficial. La mayoría se instaló en las cercanías de la presa, dispersos por los montes que la rodean, prácticamente incomunicados salvo por tortuosos caminos de tierra, solo aptos para ser transtados a pie, caballo o moto, para los más intrépidos. Ni un puente cruzaba el pantano que los había separado; ni siquiera les llegaba la electricidad que generaba la hidroeléctrica, a la que accedieron décadas después.
“La carretera rural de Chitomax a Pajales es el resultado de la valentía y lucha incansable de las familias de 33 comunidades sobrevivientes de las graves violaciones de los Derechos Humanos por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy”, como reza un cartel al comienzo de la misma.
Son 17,5 kilómetros que comunican a las alrededor de 10.000 personas que viven hoy en las tierras de las seis comunidades que atraviesa: Chitomax, Pichal, Pachijul, Chibaquito, Pajales-Cubulco y Pajales-Chicamán, todas en el departamento de Baja Verapaz, excepto la última, en Quiché.
La mayoría de estas personas vive de la agricultura. Buena parte cultiva solamente maíz y frijol para subsistir. Este año, con la sequía, ni siquiera habrá suficientes granos para ellos. Pero, cuando sobra, comercian con estas materias primas. Algunos también reciben ingresos mediante la creación de artesanías, que venden en las ciudades próximas.
La nueva carretera reduce a media hora un trayecto que hasta hace meses se tardaba en completar en tres o cuatro jornadas a pie.
Conseguir la carretera no ha sido fácil. Juan de Dios García, director de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (Adivima) recalca que el Gobierno de su país no tuvo “ningún interés” por las condiciones de vida de las comunidades afectadas. En 2004 consiguieron sentarse al más alto nivel con el Ejecutivo para trazar un plan de reparación que no estuvo listo hasta 2010. Establecía responsabilidades y obligaba al país a indemnizar con 1.200 millones de quetzales (136 millones de euros) a las víctimas: 200 millones en ayudas directas y 1.000 que irían destinados a proyectos productivos en la zona.
La carretera no solo servirá para que las comunidades indígenas recuperen derechos. Abre también una nueva vía de comunicación en el centro de Guatemala que trazará nuevas rutas comerciales
En esa misma localidad viven la mayoría de los profesores que enseñan en los colegios de las comunidades por donde pasa el camino. Ellos serán algunos de los grandes beneficiados. La mayoría completaba el trayecto en moto, lo que suponía “caídas seguras”, según José Santiago, director de la Escuela Rural Mixta de la aldea Los Pajales. “Sobre todo en invierno, cuando esa parte se pone bien lodosa”.
Una de las culpables de que las comunidades finalmente accedieran a ceder terrenos o permitir el paso del camino fue Norma Paz Jiménez, parte del equipo social del proyecto. Se ha instalado en el terreno para gestionar día a día todos los reclamos de los vecinos. “Ha habido mucho problema con los derechos de paso. Muchos se opusieron porque decían que iba demasiado cerca de sus casas. Fue un reto. Pero cuando vieron el camino, están pidiendo que hagan terraplenes junto a sus casas porque quieren montar negocios”, explica.
Porque la carretera no solo servirá para que las comunidades indígenas recuperen derechos. Abre también una nueva vía de comunicación en el centro de Guatemala que trazará nuevas rutas comerciales. Para ello, ya está en marcha un puente que cruzará el río Blanco, que separa las comunidades del departamento de Quiché. Y, en estudio, otro sobre el Río Negro, que acompañará al peatonal que hay desde hace tres años. Ha habido que esperar cuatro décadas para que se haga algo de justicia para estas comunidades mayas que vieron sus derechos pisoteados.
Fuente aquí
En el campo, el trabajo es la condición de la igualdad
“El paraíso, tal como hoy lo entendemos, fue seguramente la invención de una clase relativamente desocupada.
En el sueño campesino, el trabajo no deja de ser necesario.
El trabajo es la condición de la igualdad.
Los ideales de la igualdad marxista y burgués presuponen un mundo de abundancia; exigen la igualdad de derechos para todos delante de una cornucopia; la cornucopia que construirán la ciencia y el desarrollo del conocimiento. Lo que cada uno de ellos entiende por igualdad de derechos es, por supuesto, muy diferente.
El ideal campesino de igualdad reconoce un mundo de escasez, y su promesa es la de una ayuda mutua fraternal en la lucha contra ésta y un reparto justo del producto del trabajo.”
(John Berger, 1979)
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