La Universidad Intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador Amawtay Wasi estará de nuevo en funcionamiento "en algún momento del año 2020", anunció la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Senescyt firmaron el acuerdo para impulsar la reapertura de esa Universidad, que fue cerrada en el año 2013 durante el régimen de evaluación llevado a cabo en el gobierno del anterior presidente, Rafael Correa. En ese momento, el consejo de educación superior ecuatoriano consideró que no contaba con los parámetros de calidad establecidos, aunque la comunidad indígena lo vio como una venganza política de Correa, a quien habían retirado su apoyo. En una rueda de prensa, el presidente de Conaie, Jaime Vargas, y el secretario de la Senescyt, Adrián Bonilla, confirmaron la intención de reabrir la Universidad con su oferta de titulaciones inicial, y afirmaron que 2019 será un año dedicado a la planificación de lo necesario para que este centro funcione. Bonilla explicó que se deben seguir una serie de pasos el próximo año antes de pedir un presupuesto en el proyecto de cuentas para el 2020 en el que se incluya el gasto en infraestructuras, personal docente y administrativo, sueldo de la comisión gestora, etcétera.

"Esta Universidad es rehabilitada con todos sus derechos y tiene un carácter público comunitario, es decir, va a ser una Universidad pública que va a trabajar en su estructura de Gobierno con las comunidades a las cuales esta Universidad está sirviendo", aclaró el representante del gobierno.

El director de la cátedra Unesco de la Untref, Daniel Mato, afirmó en San Luis que la Argentina "ratificó el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos originarios" y ahora "le toca cumplirlo".

El doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director de la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior, visitó ayer la Universidad Nacional de San Luis y mantuvo un encuentro con el pueblo nación Huarpe Pynkanta en un tautau (asamblea en círculo).

El especialista valoró el encuentro con la organización territorial y resaltó que se diera en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis, con la asistencia del rector de la UNSL, Félix Nieto Quintas, y la secretaria de Extensión de Casa de Estudios, Mónica Bussetti.

Mato aseguró que el respeto por los derechos de los pueblos originarios "no es un problema de gobiernos neoliberales" sino de Estados con una historia "colonial muy densa", que tenemos que revertir "para descolonizar".

Explicó que existen gobiernos no neoliberales en América latina que "han continuado los errores históricos de sus estados" y que los avances "han sido relativamente pocos".

En un repaso de lo hecho por distintos gobiernos de América latina, recordó el de Lula Da Silva, en Brasil, que avanzó en la creación de 21 licenciaturas con fondos del Estado Federal para formar educadores en pueblos indígenas.

Con respecto al de Evo Morales, en Bolivia, dijo que se "ha avanzado un poco aunque con algunas contradicciones" ya que se creó la universidad Unibol Guaraní con la carrera de ingeniería en petróleo, con la que "los originarios no están de acuerdo".

En el caso de Ecuador, apuntó que el gobierno de Rafael Correa cerró la Universidad Intercultural de las Nacionalidades de Pueblos Indígenas, Amawtay Wasi, y agregó que el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, "echó al rector" de la Universidad El Caño Tauca, cuando hizo unas "declaraciones críticas" de las políticas mineras del estado Venezolano.

Sobre la participación e iniciativa de los pueblos en los procesos de "descolonización", indicó que son "imprescindibles".

Por su parte el "Omta" (máxima autoridad huarpe), Roque Miguel Gil, afirmó que el encuentro fue una escucha atenta ante la latente y directa "negación y discriminación que recibimos de la dirigencia política y diferentes personalidades en el diario vivir" que "repara y da esperanza de seguir luchando".

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"La Asamblea General de la ONU ha aprobado nuestra propuesta por unanimidad. El 21 de junio es, a partir de hoy, el Día Internacional de Celebración del Solsticio", informó el embajador Sacha Llorenti. El presidente Evo Morales celebra

La luz solar se asoma a través de la Puerta del Sol. Foto: José Lavayén

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz. 2019

De manera unánime, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró al 21 de junio como Día Internacional de la Celebración del Solsticio y reconoció al Willkakuti boliviano como parte relevante de esta fecha, informó el embajador de Bolivia en ese organismo, Sacha Llorenti.


"La Asamblea General de la ONU ha aprobado nuestra propuesta por unanimidad. El 21 de junio es, a partir de hoy, el Día Internacional de Celebración del Solsticio", celebró el diplomático en Twitter sobre la resolución del organismo supranacional que se emitió a 24 horas de que Bolivia celebre el Willka Kuti 5527, el Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco, conocido como "el retorno del sol".

¿Dónde recibir el Año Nuevo Andino 5527? Existen 223 'sitios sagrados' del país.

La decisión fue adoptada en el septuagésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. El punto uno de la resolución reseña que el organismo "reconoce el 21 de junio como Día Internacional de la Celebración del Solsticio en sus diferentes manifestaciones".

En el punto dos, el bloque "alienta a los Estados Miembros a que se esfuercen por dar a conocer la celebración del solsticio en sus diferentes manifestaciones, entre otras el Inti Raymi, el We Tripantu, el Willkakuti y el Yasitata Guasú, y que organicen eventos anuales para celebrarlo, según proceda".

"Agradecemos a los Estados miembros de @ONU_es por su apoyo a la iniciativa boliviana para reconocer al 21 de junio como Día Internacional de la Celebración del Solsticio; especialmente a #Chile, #Ecuador y #Perú por el trabajo conjunto. Nuestra cultura es reconocida en el mundo", reseño el presidente Evo Morales.

En declaraciones a La Razón Digital, Llorenti explicó que la resolución fue adoptada por "unanimidad" y contó con el respaldo inicial de Perú, Chile y Ecuador.

"Esta resolución ha sido promovida por Bolivia e inicialmente hemos sumado los apoyos de los países andinos -Ecuador, Perú y Chile- y luego a éstos se sumaron otros países incluso de otras regiones", contó.

Añadió que uno de los fines del documento es revalorizar las tradiciones indígenas y en este caso el Año Nuevo Andino Amazónico. "La resolución hace mención expresa al Willkakuti y a la denominación de los pueblos guaraníes sobre el año nuevo", sostuvo.

Más información en la edición impresa de La Razón, este viernes. (20/06/2019)

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Desde los 16 años, Josefa Pérez ha trabajado en casas particulares de la Ciudad de Guatemala para mantener a su familia. En cuarenta años de vida dedicados al servicio doméstico, esta mujer maya k’iché, originaria de la aldea Canel, Quezaltenango, ha pasado por todas las situaciones posibles: sueldos miserables, mala comida, cuartos insalubres, insultos racistas, reclamos, despidos, y hasta un intento de violación por parte del nieto de una de sus empleadoras.

También ha conocido experiencias buenas, familias o personas para quienes le dio gusto trabajar. Una regla, dice, la ha guiado: “donde me tratan bien me quedo, donde no, me voy y busco otro trabajo”. Pero basta con que cuente parte de su vida para entender que esa regla no siempre se puede aplicar. Muchas veces ha callado y aguantado maltratos pensando en el dinero que tiene que mes a mes tiene mandar a su aldea natal.

—A veces, uno se pone a pensar: si hay tantos ladrones puede ser por lo mal que lo tratan a uno. Tal vez ir a robar es más fácil que aguantar la humillación que uno sufre en casas. Es duro. Una trabaja, piensa en sus hijos, en qué estarán haciendo. Cuando empiezan a estudiar, uno no puede ayudar con las tareas. Mi pequeño, con dos años y medio lo dejé, y solo podía volver cuatro o cinco días cada cuatro meses, reflexiona esta migrante interna que tuvo que dejar a sus dos hijos al cuidado de la abuela para poder mantenerlos.

Para Maritza Velásquez, directora de la asociación de trabajadoras del hogar, a domicilio y de maquila (Atrahdom), “el trabajo doméstico es una de las ramas más vulnerables. Es una forma de esclavitud moderna”.

Es, en efecto, un sector en el cual, todas las normas laborales que pretenden convertir el trabajo en una institución moderna, se han topado con un sistema paralelo de servidumbre que atraviesa todas las clases sociales.

Los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2016 muestran que, en promedio, las trabajadoras domésticas ganan Q831, es decir, el 27% del salario mínimo de ley, US$107 por trabajar un mes entero. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014 recuerda que el 98.9% de las trabajadoras del hogar carecen de contrato laboral. El 13% de las trabajadoras del hogar son menores de edad. Es decir, en Guatemala, hay más de 40 mil niñas y adolescentes trabajando en casas ajenas.

Esta situación debería inundar el Ministerio de Trabajo con denuncias por violación a todas las normas laborales. No es el caso. Datos obtenidos mediante la ley de acceso a la información muestran que, entre 2015 y 2019, el Ministerio recibió a penas 720 denuncias por parte de 727 trabajadoras domésticas, sector que emplea a 240 000 mujeres. Estas denuncias corresponden al 0.6% de las denuncias recibidas por el Ministerio, cuando las trabajadoras domésticas constituyen el 3.9% de los trabajadores en Guatemala.

Para el abogado laboralista Alejandro Argueta, ese bajo número de denuncias se explica por el bajo nivel educativo de unas trabajadoras y por el miedo que aún define a la sociedad guatemalteca. La ineficiencia y corrupción de las instituciones, agrega, también alejan a las trabajadoras del hogar.

La directora Maritza Velásquez complementa:

—Ellas no denuncian. Hay veces en que el empleador las ha amenazado. Les dice que él tiene amigos, poder. Ellas creen que si ponen denuncia ya no van a encontrar trabajo en otro lado.

En ocasiones, ante una denuncia de su empleada, los patronos responden denunciándola a ella, generalmente por robo. Con lo cual, cualquier intento de hacer valer sus derechos o buscar justicia, se pone rápidamente cuesta arriba.

Fidelia Castellanos, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Doméstica, Similares y A Cuenta Propia (Sitradomsa), explica que ellas ayudan a las trabajadoras del hogar a plantear las denuncias ante el Ministerio de Trabajo. El caso más común es que, al ser despedidas, o al renunciar a su trabajo, el empleador no les paga el pasivo laboral al que tienen derecho. A partir de la declaración de la trabajadora, el inspector de trabajo hace el cálculo del dinero que se le debe en base al salario mínimo, las vacaciones, aguinaldo, horas extra, y luego convoca al empleador a una reunión de conciliación con la empleada.

En teoría, en esta reunión, las dos partes deben negociar el monto de la prestación en base al cálculo del auditor, y, tras ponerse de acuerdo, saldar cuentas. Pero en la práctica, y aunque Sitradomsa ha logrado 30 conciliaciones en cuatro años desde 2015, este sistema raras veces funciona.

De las 720 denuncias recibidas en cuatro años por el Ministerio de Trabajo, sólo se resolvieron 176 de manera conciliada, el 24% de los casos. Los casos en que o no se llegó a un acuerdo, o en que una de las partes no acudió a la citación, o en que la trabajadora “no siguió la denuncia” son más numerosos (246 casos, 34%). Otro tercio de los casos, incluso los que fueron interpuestos en 2015, siguen “en trámite”.

Si el Ministerio de Trabajo no logra resolver un reclamo laboral, la trabajadora debería acudir al Ministerio Público a poner una denuncia formal. Pero esto raramente sucede. Según la secretaria general Fidelia Castellanos, “las compañeras se resisten a ir a denunciar porque a veces los casos se alargan. Ellas tienen que trabajar, buscan un trabajo nuevo, y en ese nuevo ya no les dan permiso de acudir a las audiencias”.

Es por esta razón que el sindicato, durante las conciliaciones con los empleadores, recomienda a la empleada sacrificar una parte de su pasivo por no alargar un proceso judicial eterno al que, probablemente, no podrán dar seguimiento.

El peso de la colonia: ¿Usted es indígena?

—‘¿Usted, como mujer indígena, cree que los maltratos que ha sufrido tienen que ver con racismo?’, me preguntó una vez una patrona—, recuerda Josefa Pérez.

—Bien (sí), uno lo siente. A veces a una le dicen así: ‘como usted es una india’. ¿Y usted qué es?, me preguntaba. Sabe que todos somos hijos de Dios. Dios no mira diferencias, ama a los hijos sean como sean. A una la discriminan por el traje. Muchas veces me han dicho ‘¿por qué no se quita el traje, se pone pantalón, usa vestido, se corta el pelo?’. Yo digo, me siento bien con mi traje. ¿Por qué me lo voy a quitar si nos sentimos orgullosos del traje que es nuestro?

El 60% de las trabajadoras del hogar en Guatemala son indígenas. Esto lleva, según la antropóloga Aura Cumes, quien escribió su tesis de doctorado sobre el trabajo doméstico, a que en el imaginario de la población se haya arraigado una homología: “las mujeres indígenas son sirvientas y las sirvientas son indígenas”. Esto es una herencia más de la Colonia. “Durante la Colonia es cuando nos convertimos en sirvientas. Es la colonización la que pone a las blancas en la condición de patronas y a las indígenas en la de servidumbre,” explica Cumes, quien es maya kakchiquel.

Las trabajadoras domésticas mayas, migrantes internas, son blanco de burla y discriminación racial. Para la antropóloga Cumes, el racismo atávico de la sociedad guatemalteco tiene múltiples formas. Va desde los casos extremos de violencia, golpes, encierros, insultos, hasta formas más o menos conscientes de discriminación disfrazada de benevolencia.

—Existen esas patronas que, dentro de un marco maternalista, dicen cosas como ‘yo la casé, le hice su fiestecita, le di su regalito’… con esos diminutivos que muestran que no ven a la empleada como una igual.

Pero, aquí también, las denuncias por discriminación racial siguen siendo excepcionales. Según los datos facilitados por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo mediante la ley de acceso a la información, la institución solo ha recibido dos quejas por parte de trabajadoras domésticas, una 2013 y la otra en 2018. Ambas ‘siguen en investigación’ en el Ministerio Público.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pary, inauguró el jueves la Primera Reunión de Cooperación Sur-Sur para analizar la creación del Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas, que fue encomendada en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.

«Esta reunión regional que iniciamos hoy en Centro de Formación de Agencia Española de Cooperación Internacional tiene una vital importancia para la reafirmación cultural a través de la recuperación, preservación y la revitalización de las lenguas de los pueblos indígenas de Latinoamérica y el Caribe, para graficar la importancia de las lenguas indígenas», manifestó en un acto público.

Pary hizo mención a un discurso del presidente Evo Morales en la Asamblea General de la Naciones Unidas, donde dijo que «ejercer la lengua es uno de los derechos más importantes de los pueblos indígenas».

El Canciller del Estado agregó que la lengua es cultura y proyecta una cosmovisión y forma de vincularse con el resto del mundo.

«Si desaparecen las lenguas desaparecerán las memorias y las culturas de los pueblos», recalcó.

Ese evento, que se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz, marca una ruta para la creación del Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas, misión que está a cargo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura (OEI), al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Filac), y a la Secretaría Iberoamericana (Segib).

Por su parte, el Coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Mauricio Ramírez, ponderó el liderazgo que tiene Bolivia en la defensa de los pueblos indígenas y sus lenguas, mediante la Constitución Política del Estado.

«Bolivia es uno de los países más diversos de la región, con 36 naciones reconocidas que representan el 43% de la población boliviana», agregó.

La presidenta del Filac, Myrna Cunningham destacó la presencia de expertos vinculados a la etnolingüística en América Latina y El Caribe en ese evento, lo que permitirá salvar muchos idiomas que se encuentran en peligro de desaparecer.

«De los 500 idiomas indígenas que se hablan en la región, por lo menos el 25% está en peligro de desaparición. Si perdemos nuestro idioma perdemos la cultura y sabiduría (…), por eso es necesario crear el Instituto de la Lenguas Indígenas».