“La pobreza de mi comunidad es producto de un moderno despojo colonial”
La lideresa indígena ch’orti’ Elodia Castillo Vásquez lucha para defender el derecho a la tierra de su comunidad en Guatemala y aboga para que ellas tomen las riendas de la causa.
El agua es al mismo tiempo una bendición y una condena para los guatemaltecos, según la defensora de los derechos humanos Elodia Castillo Vásquez. Cuatro millones de personas —alrededor de un cuarto de la población— no disponen de agua potable en su domicilio, a pesar de la riqueza de recursos hídricos del país. Esta paradoja afecta en particular a la comunidad indígena ch’orti’, de la que Castillo es uno de los rostros más conocido como portavoz de la lucha por el control del territorio.
La representante legal de la Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral de la Región Ch´orti´(Comundich) denuncia que la pobreza y la inseguridad alimentaria que afectan a su comunidad son producto de un “despojo colonial” que priva a los indígenas de sus tierras, que empezó a finales del siglo XIX y sigue adelante. Esta situación de vulnerabilidad, denuncia Castillo, es fruto de trabas burocráticas y un recrudecimiento de la represión hacia los que denuncian esta situación.
“Guatemala no tiene una ley de agua. Esto impide sancionar hechos como la contaminación de ríos con productos químicos o que grandes empresas productoras de caña de azúcar desvíen los recursos hídricos, privando a las familias de agua. Para nosotros el agua es la base física y espiritual de la vida”, explica en la Semana Mundial del Agua, celebrada a finales de agosto en Estocolmo.
En los últimos años, al menos siete campesinos de la zona han sido asesinados y varias autoridades indígenas han denunciado persecución y detenciones. Este clima de violencia no es una característica exclusiva de Guatemala: el año 2017 ha sido el más letal para activistas y defensores de la tierra y el medio ambiente en 22 países, según la ONG británica Global Witness. Al menos 207 líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas fueron asesinados por proteger sus comunidades de la minería, la agricultura a gran escala y otros negocios que ponen en peligro sus medios de vida.
Alrededor de un cuarto de la población de Guatemala no dispone de agua potable en su domicilio
Las leyes también se ponen del lado de las grandes empresas, sostiene la activista. “El Estado permanece ausente para atender las necesidades básicas de las comunidades indígenas, mientras que atiende a las grandes empresas”. Un reciente informe del World Resources Institute respalda su denuncia al demostrar que las compañías privadas pueden adueñarse de los recursos naturales de manera mucho más ágil y rápida que los mismos indígenas. Una empresa puede obtener la concesión de una tierra en un mes, mientras que un indígena tarda cinco años o no la recibe nunca.
Castillo, de 32 años, empezó desde muy joven a hacerse eco de las reivindicaciones de los más vulnerables, primero entre los alumnos de su escuela y luego a escala comunitaria, recuerda. “La juventud estaba muy poco involucrada en la defensa de los derechos del pueblo y las mujeres aún menos”, cuenta envuelta en un chal blanco y negro que que deja entrever su vestido tradicional verde. “Al principio, en las negociaciones, no me tomaban en serio, pero hoy estamos rompiendo paradigmas. Más mujeres se han sumado a la causa y están en la primera línea de la lucha derecho a la tierra, pese a estar marginalizadas por sociedad. Es una lucha colectiva, pero en cuanto mujeres tenemos que tomar las riendas junto con los hombres”.
Todo lo que sabe, sostiene la ganadora del premio para defensores de derechos humanos Alice Zachmann de 2017, lo aprendió sobre la marcha. Su familia no disponía de muchos recursos económicos, por eso dejó los estudios tras el bachillerato y tuvo que abandonar la idea de empezar la carrera de trabajo social. Se convirtió en la primera mujer en ostentar el cargo de alcaldesa de la ciudad maya Ch’orti’ in, no muy lejos de la frontera con Honduras, donde viven cerca de 50.000 personas, un cargo que sigue ejerciendo.
La lección más dura la aprendió en 2007, cuando mataron a su hermana. “Se equivocaron: el verdadero blanco de los asesinos era yo, ya me habían amenazado en varias ocasiones”. Las intimidaciones nunca lograron que diera un paso atrás, ni en ese entonces ni lo han conseguido en la actualidad. “Fue muy duro, pero tuvo que ser así. Eso me motivó aún más a levantar la voz. Quiero que nos escuchen porque ya no es tiempo de vivir en la esclavitud”.
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Colombia: asesinan a otro líder indígena y ya van 36 en el gobierno de Duque
La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- denunció que de lo que va del gobierno de Iván Duque han sido asesinados 36 personas entre hombres y mujeres. En la madrugada del sábado la gobernadora indígena Awá, Lidia Gómez, fue víctima de un atentado con arma de fuego en su propia casa del cual salió ilesa. La ONIC ha reiterado la solicitud de medidas para proteger la vida de los pueblos indígenas.
La ONIC denunció que, desde el 7 de agosto, los pueblos indígenas han tenido un herido por mina "antipersona", 20 atentados, 61 amenazas y 36 homicidios.
A esto se suma el reciente atentado que sufrió la gobernadora Awá, Lidia Gómez, del Resguardo Santa Clara en Ricaurte, Nariño. Salió ilesa del atentado perpetrado por hombres armados que dispararon contra la gobernadora.
La ONIC condenó el asesinato del indígena Nasa en el norte del Cauca, Edwin Dagua Ipia, de 25 años de edad, quien era la Autoridad Tradicional del Resguardo Indígena de Huellas Caloto, departamento del Cauca en Colombia. Lamentablemente, es el número 36 de la lista de personas indígenas asesinados desde el 7 de agosto en el gobierno actual.
El líder indígena fue asesinado en la vereda La Buitrera, sobre la vía que conduce al sector de El Palo en zona rural del municipio de Caloto. Este hombre ya había denunciado amenazas de muerte, sin que recibiera ningún tipo de protección.
El pasado 4 de diciembre fue asesinado el comunero Edison de Jesús Naranjo Navarro, quien era esposo de una de las hijas de la gobernadora del resguardo indígena de Cañamomo Lomaprieta, Arnobia Moreno Andica. Naranjo, de 41 años, ya había sido amenazado. y Higinio Obispo, secretario general de la ONIC dijo, “como comunero, Edison se dedicaba a los cultivos, también al apoyo del ejercicio del gobierno propio y la guardia indígena”.
El pasado dos de diciembre fueron asesinados Héctor Ramiro García y Arturo García, del pueblo Awa. El 5 de diciembre las comunidades indígenas realizaron un sentido homenaje.
Ante los asesinatos recientes, varias comunidades indígenas se han declarado en asamblea permanente. Exigen justicia y que existan medidas reales para la vida de los pueblos ancestrales. Reclaman el derecho a la vida, que se investigue diligentemente los hechos ocurridos, y que la comunidad internacional se pronuncie sobre estos acontecimientos. Aún no existen medidas especiales por parte del gobierno nacional.
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Pueblos indígenas a Bolsonaro: “No admitimos ser tratados como seres inferiores”
El miércoles 5 de diciembre, el presidente electo Jair Bolsonaro (PSL) hizo una declaración general y descuidada sobre los pueblos indígenas, irrespetando las convenciones, diversidades y pluralidades de esos pueblos e individuos. Frases semejantes fueron proferidas también durante la campaña, provocando preocupación e indignación de indígenas en todo el país.
“Los indios quieren integrarse a la sociedad. Algunos sectores de la prensa hicieron una maldad conmigo. Voy a contarla aquí. Los indios quieren energía eléctrica, quieren médico, quieren dentista, quieren internet, quieren jugar fútbol. Quieren lo que nosotros queremos. (…) Aquí en Brasil, algunos quieren que los indios continúen dentro de una reserva como si fueran animales en zoológico. Yo no quiero eso. Yo quiero tratar a los indios como seres humanos, como ciudadanos”, dijo Bolsonaro.
La declaración motivó la movilización de organizaciones del área, como la APIB (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil), que difundió una carta exhaustiva con demandas y exigencias al político de extrema derecha.
“No admitimos ser tratados como seres inferiores, como ha resonado en declaraciones de Vuestra Excelencia. Somos diferentes solamente, siendo obligación del gobierno federal según la Constitución, respetar nuestra “organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones” (artículo 231 de la Constitución). Repudiamos, por lo tanto, su peyorativo y reducido entendimiento de considerarnos animales en zoológicos”, protestó la APIB.
El documento fue entregado el jueves 6 de diciembre en la sede del gobierno de transición, en el Centro Cultural Banco de Brasil (CCBB) de Brasilia (DF). Al establecer 11 prioridades para el nuevo gobierno, la asociación pide el respeto a los derechos fundamentales y la continuidad de las políticas públicas.
Restitución del Museo de La Plata
Los restos de Sam Slick ya están en Loma Torta.
Luego de concretarse la restitución en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, los restos de Sam Slick, hijo del cacique tehuelche Casimiro Biguá, llegaron ayer cerca de las 16.40 a Loma Torta, donde se dio inicio a la vigilia.
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Derechos de los Campesinos
El 28 de septiembre de 2018 el Consejo de Derechos Humanos trató el proyecto de Declaración de los Derechos de los Campesinos.
El pasado mes de mayo se presentó ante la ONU el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Campesinos.
Este documento sin precedentes reconoce el papel de la agricultura familiar en los desafíos globales del desarrollo sostenible, desde la eliminación del hambre hasta la conservación de la bio-diversidad. Un grupo numeroso de expertos mundiales se han unido a la iniciativa liderada por Olivier De Schutter –ex-Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación entre los años 2008 y 2014–, que firma esta carta dirigida a los gobiernos que deben votar la declaración.
España ha expresado dudas con respecto a su voto, en contraste con Portugal, que ha hecho pública su postura favorable. Esto podría tener repercusiones negativas en la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición de Madrid.
En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos toma posición sobre el seguimiento del proyecto de Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. La declaración ha sido negociada desde 2013 en un grupo de trabajo intergubernamental, en un clima bastante tenso. El momento que llega es decisivo.
El 3 de julio, el Parlamento adoptó, por una amplia mayoría de 534 votos contra 71 (y 73 abstenciones), una resolución en la que instaba a los Estados miembros de la Unión Europea a apoyar el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.
En todo el mundo, los campesinos y campesinas se enfrentan a la especulación inmobiliaria y al acaparamiento de tierras. Los agricultores y agricultoras que forman parte de las cadenas agroalimentarias dominantes se enfrentan a una concentración cada vez mayor. Esto sucede tanto en el sector de la agroquímica y de las semillas, que proporcionan insumos, como entre la industria de procesamiento y distribución agroalimentaria, que compran los cultivos. Aquellos y aquellas, cada vez más numerosos, que se unen a las cadenas de suministro cortas, hacen frente a regulaciones inadecuadas que han sido diseñadas para la agricultura industrial y a un sistema de subsidios que favorece a las granjas más grandes. A estos campesinos se les hace creer que deben ampliar sus explotaciones o desaparecer. En Europa, dos tercios de las granjas han desaparecido en los últimos treinta años y los ingresos de los pequeños agricultores apenas les permiten sobrevivir. Los paisajes están muriendo.
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