Los ocho obstáculos al desarrollo sostenible de América Latina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha identificado ocho frenos que impiden el desarrollo social de la región y que van desde la enquistada pobreza a la desigualdad crónica, pasando por la falta de inversión en el tejido social y los impactos del cambio climático. Para superarlos, propone crear políticas centradas en los derechos y la igualdad, siguiendo los pasos marcados por la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

Los países de América Latina y el Caribe están ante el desafío de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo basado en la igualdad, la inclusión social y laboral, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico.

Hacer frente a este desafío implica impulsar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la social, la ambiental y la económica.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que lo social no se juega en lo social exclusivamente, sino también en la economía, la política y el medioambiente.

Durante la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que concluye este jueves en la Ciudad de México, el organismo de la ONU presentó un estudio de 70 páginas en el que identifica ocho obstáculos que impiden el desarrollo social en la región:

1. La persistencia de la pobreza

En 2017, el número de personas en situación de pobreza en América Latina llegó a los 184 millones, equivalente al 30,2% de la población, de los cuales 62 millones, un 10,2%, vivían en la pobreza extrema.

Además, en 2016, el 41,7% de las personas ocupadas en América Latina recibían ingresos laborales inferiores a los salarios mínimos nacionales. Este porcentaje era especialmente elevado entre las mujeres jóvenes, un 60,3%.

Aunque, entre 2002 y 2014, la pobreza bajó del 44,5% al 27,8% y la pobreza extrema, del 11,2% al 7,8%; entre 2015 y 2016 se registraron aumentos sucesivos de ambos indicadores, lo que representó un retroceso significativo. Las cifras de 2017 revelaron un incremento adicional de la pobreza extrema y un estancamiento de la tasa de pobreza registrada en 2016.

A pesar de las diferencias que se observan de país en país, la pobreza presenta rasgos comunes en toda la región:

- mayor incidencia entre las mujeres
- mayor incidencia entre los menores
- mayor incidencia entre las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y las personas con discapacidad

Luchar contra la pobreza y la desigualdad es, según la CEPAL, clave para un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

2. Las desigualdades estructurales y la cultura del privilegio

“Los altos niveles de desigualdad existentes en la región conspiran contra el desarrollo y son una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad democrática”, asegura la CEPAL.

Y añade que “la desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica”.

Entre 2002 y 2017, la desigualdad en la distribución del ingreso, expresada mediante el índice de Gini del Banco Mundial -que mide la desigualdad de ingresos de los ciudadanos en un país-, se redujo de 0,534 a 0,466, lo que es un resultado significativo.

Los altos niveles de desigualdad existentes en la región conspiran contra el desarrollo.

Sin embargo, el ritmo de la disminución entre 2014 y 2017 se ha ralentizado y, a pesar de los avances, América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo.

Más allá del apartado económico, las desigualdades abarcan la desigualdad en el ejercicio de los derechos, las capacidades y los niveles de autonomía. También incluye la desigualdad de género, la étnica y raciales, y la territorial, entre otras.

Esas desigualdades se ven acentuadas y bloqueadas por la llamada cultural del privilegio que naturaliza las jerarquías sociales y las profundas asimetrías de acceso a los frutos del progreso, la deliberación política y los activos productivos.

3. Las brechas en educación, salud y de acceso a servicios básicos

La CEPAL observa que, en las últimas décadas, América Latina ha experimentado importantes avances en ámbitos como la salud y la educación, así como en el acceso a la vivienda, los servicios básicos tales como el agua potable, la electricidad y el saneamiento, e internet.

Sin embargo, persisten las brechas. A nivel regional, 6 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 24 años concluyeron la educación secundaria, lo que muestra una mejora desde comienzos de la década de 2000, pero que aún debe ampliarse para universalizar la conclusión de este nivel educativo. En ese sentido, es necesario fortalecer las estrategias para prevenir la temprana deserción del sistema escolar.

Además, la educación superior sigue reservada para una proporción reducida de la población: en promedio, en 2016, mientras que más de un 40% de los jóvenes de entre 25 y 29 años del quintil de mayores ingresos concluyeron al menos cuatro años de educación terciaria, solo el 3,6% de quienes pertenecen al quintil de menores ingresos alcanzaron ese nivel.

Lo mismo ocurre con la salud, donde los indicadores generales han mejorado, pero donde la región aún enfrenta grandes desafíos, especialmente con respecto a ciertas poblaciones.

Como ejemplo, la CEPAL señala que, en algunos países, la mortalidad infantil entre los afrodescendientes llegaba a ser hasta 1,6 veces mayor que la registrada en el caso de los no afrodescendientes, mientras que la tasa de mortalidad entre los niños indígenas casi duplica las de los no indígenas.

Los indígenas conforman el 8 por ciento de la población total de América Latina y el Caribe. Foto: PNUD/Honduras
Los indígenas conforman el 8 por ciento de la población total de América Latina y el Caribe. Foto: PNUD/Honduras

4. La falta de trabajo y la incertidumbre del mercado laboral

“El trabajo es la llave maestra para la igualdad, el desarrollo personal y el crecimiento económico”, asegura el documento.

Sin embargo, la estructura y las dinámicas de los mercados de trabajo en la región siguen caracterizándose por su incapacidad para generar empleos productivos y un trabajo decente, rasgo que nuevamente hunde sus raíces en las profundas desigualdades de género, raza y edad.

El trabajo infantil “representa una de las antítesis más claras de la noción de trabajo decente.

En América Latina, los ingresos de los ocupados en sectores de baja productividad no alcanzan a la mitad de los que perciben los ocupados en los sectores de productividad media y alta. Además, la tasa de pobreza entre las personas ocupadas en empleos de baja productividad (30,4%) triplica la de los ocupados en empleos de alta productividad.

El desempleo juvenil es motivo de especial preocupación, mientras el trabajo infantil “representa una de las antítesis más claras de la noción de trabajo decente y un fuerte obstáculo para el desarrollo social inclusivo”.

Al reto de proporcionar mejores empleos, se añade ahora la incertidumbre que crea el impacto de los cambios tecnológicos. No obstante, puede ser un momento de oportunidad a condición de que se combine con políticas dirigidas a la promoción del trabajo decente.

5. Acceso parcial y desigual a la protección social

A pesar de que la protección social es un derecho y es clave para eliminar la pobreza, que evita la marginación; y a pesar de los grandes avances registrados, la capacidad efectiva de los Estados de América Latina para proveer garantías universales de protección social a lo largo del ciclo de vida sigue siendo limitada.

La CEPAL destaca que la protección social representa una de las funciones más relevantes del gasto público, a la que en 2016 se destinó un monto equivalente en promedio al 4,1% del PIB, según datos de un conjunto de 17 países de América Latina y el Caribe.

También se ha hecho un gran esfuerzo en la afiliación o cotización a sistemas de salud de los ocupados de más de 15 años, ya que entre 2002 y 2016, aumentó del 36,8% al 57,3% en 14 países.

No obstante, los avances, persisten las brechas de cobertura, sobre todo entre los trabajadores pertenecientes a los estratos de ingreso más bajos, aquellos que viven en zonas rurales y las mujeres.

Por ejemplo, en 2016, mientras que el 65,1% de los ocupados de 15 años y más del quintil de mayores ingresos estaban afiliados o cotizaban a un sistema de pensiones, solo el 19,4% de los ocupados del primer quintil de ingresos estaba en esa situación, proporción que se reducía al 16,3% en el caso de las mujeres de este grupo.

6. La institucionalización de política social aún en construcción
Desde el punto de vista de la Agenda 2030, la institucionalidad es el marco en el que deberían expresarse los compromisos para su cumplimiento, a través de la implementación de políticas a largo plazo y con amplia legitimidad social.

Esto, sin embargo, está lejos de ser una realidad, y más bien constituye un proceso en curso en la mayoría de los países de la región.

“En muchos casos, las políticas y programas sociales en general, y la protección social en particular, descansan sobre bases institucionales frágiles y están sujetas a cambios abruptos de orientación, a una limitada capacidad de coordinación entre los actores gubernamentales relevantes y a poca claridad en sus objetivos y alcance”, explica la CEPAL.

7. Una inversión social insuficiente

Financiar las políticas sociales es un factor clave para el logro del desarrollo social inclusivo, así como transformar la idea de gasto corriente en la de inversión social.

Un elemento clave para destinar recursos a políticas sociales es la carga tributaria. En 2017, los ingresos tributarios totales en América Latina y el Caribe ascendieron al 22,8% del PIB, en comparación con un promedio del 34,2% del PIB en el caso de los países de la OCDE.

Además de aumentar la tributación, parte del problema del financiamiento de las políticas sociales podría resolverse mejorando la efectividad de la recaudación.

Este es un gran desafío para la región, considerando que el nivel de evasión fiscal en América Latina ascendió a un total del 6,3% del PIB, el equivalente a un total de 335.000 millones de dólares en 2017.

“Si los países pudieran reducir una parte de este incumplimiento, esos ingresos adicionales podrían dar un ímpetu importante para lograr las metas sociales y económicas incorporadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, resalta la CEPAL.

8. Obstáculos emergentes

A los obstáculos anteriores, la CEPAL añade cinco trabas emergentes para el de desarrollo social:

La violencia: América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, algo inesperado dado su nivel de desarrollo económico, político y social. Por ejemplo, la tasa de homicidios de la región es cinco veces mayor que el promedio mundial. La violencia no solo se refiere a homicidios, sino también a otras expresiones de violencia, como asaltos e incidentes de violencia sexual.

Los desastres naturales y el cambio climático: La mayor frecuencia con que ocurren desastres naturales y fenómenos extremos relacionados con el calentamiento global hace que sea indispensable diseñar estrategias para reducir la exposición de la población.
La transición demográfica: Si bien existen grandes diferencias entre los países de la región respecto del descenso de la fecundidad, las tasas de fecundidad pasaron de un promedio de 5,5 hijos por mujer entre 1965 y 1970 a 2,05 hijos entre 2015 y 2020. Al proyectar estas tendencias, se espera que en el futuro las tasas de dependencia aumenten debido al incremento en la proporción de personas mayores.
Las migraciones: Las nuevas presiones en el entorno mundial, comenzando por la actual política migratoria estadounidense, han imprimido mayor urgencia a esta temática. A su vez, la región no está exenta de flujos migratorios forzados por desastres naturales y climáticos poco predecibles, así como por crisis económicas e inestabilidad política.
Los cambios tecnológicos: Las transformaciones tecnológicas están teniendo notables efectos en la educación y la formación. De no universalizar el acceso para aprovechar las nuevas herramientas, continuará reforzándose la desigualdad.

Al concluir la reunión de la Conferencia Regional en México, aprobaron una agenda regional encaminada a avanzar hacia la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que “América Latina y el Caribe tiene que demostrarle al mundo que tiene un compromiso profundo con el desarrollo social, con el combate a la desigualdad, a la pobreza y a la pobreza extrema, a pesar de los problemas, obstáculos y dilemas económicos, políticos y sociales por los que atravesamos”.

Bárcena enfatizó que “no podemos bajar la guardia porque la economía nos está imponiendo restricciones muy severas. Los programas sociales deben seguir siendo prioridad para los países de nuestra región”.

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Honduras: al menos 137 concesiones mineras invaden territorios indígenas

El director del Comité por la Libre Expresión, Edy Tábora, afirmó que cerca del 20 por ciento de las concesiones mineras y de producción de energía e hidrocarburos en Honduras se encuentra en territorios indígenas y negros, aumentando la conflictividad en el país considerado uno de los más peligrosos para la defensa del medioambiente.

Comunidades Pech, Tolupanes, Misquitos, Chortis, Lencas, Tawahkas y garífunas han sufrido criminalización, judicialización, despojo y asesinatos de algunos de sus líderes.

Tábora indicó que el procedimiento para la instalación de los proyectos extractivistas y la resistencia de los pueblos siempre es de la misma manera, es decir, el Congreso Nacional (CN) da una licencia a una concesión sin hacer ninguna consulta a los Pueblos Indígenas o a las comunidades.

Después de eso, las municipalidades dan un permiso de operaciones también inconsulta y luego las comunidades se organizan, hacen resistencias, y las empresas privadas presentan las denuncias ante el Ministerio Público, criminalizando a los defensores, manifestó.

En Honduras hay 101 concesiones mineras en intersección con territorios habitados y reconocidos por los pueblos Indígenas y afrodescendientes. De estas, hay 47 concesiones de pequeña escala clasificadas como artesanal, banco de préstamo o pequeña minería.

Igualmente, hay 54 concesiones y reservas mineras de mayor escala dentro de tierras indígenas y afrodescendientes. De estas, 8 están en estado de explotar, 33 en explorar, incluyendo 2 zonas de reserva minera y 26 en solicitud.

Es decir, si todas las concesiones en estado de exploración, solicitud y suspenso se suman a las concesiones en explotación, se vería un aumento del 575 por ciento de minas en tierras indígenas y afrodescendientes.

En cantidad de concesiones, el pueblo indígena Lenca se ve más afectado, tiene 34 concesiones en territorios designados lencas, y otras 23 en zonas multiétnicas aledañas a tierras lencas.

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La “liberación de la nación mapuche” de la mano de la chilena

El ingrediente mapuche se sumó a la rebelión popular desde cárceles y territorios ocupados, con sus propias demandas contra un mismo adversario político, el gobierno de Sebastián Piñera con sus “pacos” y “milicos”. A su vez, los manifestantes usaron esa bandera como principal seña de identificación. La Coordinadora Arauco Malleco llamó a levantarse “más que nunca” con las reivindicaciones territoriales. Entre los muertos hay miembros de los pueblos originarios, y un desaparecido.

“Arauco tiene una pena que no la puedo callar:
son injusticias de siglos que todos ven aplicar.
Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar.
¡Levántate, Huenchullán!” Violeta Parra

Ciego quien no quiera ver, en el mar de banderas que acompañan la histórica rebelión popular en Chile hay tantas enseñas de ese país como de la nación Mapuche. Los integrantes de este pueblo originario participan activamente en las asambleas de organizaciones sociales, estudiantes, trabajadores, docentes universitarios y ciudadanía en Temuco y otras localidades chilenas. Al menos tres del total de personas asesinadas en la represión del gobierno de Piñera son indigenas y entre los desaparecidos, reclaman por Leonardo Curinao Huañaco, visto por última vez cuando un grupo de carabineros y militares lo subían a una camioneta. “Miles de banderas mapuche coronaron las marchas, las jornadas de protesta, fue por lejos la principal seña de identificación de los manifestantes que ven en ella un emblema de rebeldía y resistencia la modelo neoliberal”, dijo a Ojos Vendados Pedro Cayuqueo, periodista y escritor especializado en asuntos indígenas. En tanto, la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco (CAM) realizó un llamado a las comunidades a levantarse “con más fuerza que nunca con las reivindicaciones territoriales”. También convocaron a crear nuevas ORT (Organos de resistencia Territorial) para “combatir al enemigo en común que mantiene empobrecido al Wallmapu (territorio mapuche, suelo, aire, ríos, fuerzas y espíritus)”.

“Los mapuche desde hace décadas venimos cuestionando el modelo chileno y hemos pagado un alto precio por ello; cárcel, muerte, persecución política. Lo saben las nuevas generaciones de chilenos y chilenas y tal vez por ello nos eligieron como símbolo”, agregó desde Santiago. Según dijo el colega, el nivel de participación mapuche en esta semana de protesta social en Chile fue muy significativa. “Hubo numerosos pronunciamientos de importantes organizaciones mapuche en el sur apoyando las demandas ciudadanas y llamando a sumarse a las movilizaciones, cosa que aconteció en diversos territorios”.

Cayuqueo también remarcó que “fue masiva también la participación de ciudadanos mapuche en las marchas que tuvieron lugar en las principales ciudades de Chile, somos los mapuche un pueblo mayoritariamente urbano en la actualidad y se notó aquello en las movilizaciones”. Sin embargo, donde mayormente quedó reflejado este nexo entre las luchas de ambos pueblos fue en la utilización, por parte del movimiento social, de la bandera mapuche como símbolo. “Miles de banderas mapuche coronaron las marchas, las jornadas de protesta, fue por lejos la principal seña de identificación de los manifestantes que ven en ella un emblema de rebeldía y resistencia la modelo neoliberal”. El autor de Historia Secreta Mapuche explicó que su pueblo desde hace décadas viene cuestionando el modelo chileno. “Y hemos pagado un alto precio por ello; cárcel, muerte, persecución política, lo saben las nuevas generaciones de chilenos y chilenas y tal vez por ello nos eligieron como símbolo”.

Dos pueblos oprimidos, una misma rebelión

Los voceros mapuche afirman, en momentos de estado de excepción y brutal represión, que en sus territorios la virulencia de los carabineros y el Ejército es aún mayor. La conflictividad por las demandas de sus pueblos originarios adquiere dimensiones muy superiores del otro lado de la cordillera en comparación con la que hay en la Patagonia.

Hace poco más de un año, Facundo Jones Huala —lonko de la Lof en Resistencia de Cushamen donde desapareció Santiago Maldonado– fue extraditado a Chile y permanece detenido en la cárcel de Temuco en una causa por un incendio de 2016 en el que los demás imputados fueron absueltos. Aunque ya habían exigido garantías por sus condiciones de detención, ayer reclamaron expresamente la “libertad para los prisioneros políticos mapuches defensores de la Mapu (tierra) que son acusados bajo montaje político chileno”, tal la bandera que plantaron frente al penal sus familiares. En esa prisión están alojados doce de los 30 presos políticos mapuches detenidos.

En tanto, esta criminalización sistemática sufrió un duro revés con el denominado Operativo Huracán: un procedimiento investigativo policial iniciado por Carabineros bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, que en septiembre de 2017 condujo a la detención de ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile, asociados con la cúpula de la CAM y Weichan Auka Mapu. En enero de 2018, el Ministerio Público informó que había descubierto mediante pericias técnicas que Inteligencia de Carabineros manipuló las pruebas que incriminaban a los detenidos, mediante la intervención fraudulenta de mensajes en teléfonos celulares, razón por la que abrió una investigación contra la propia policía uniformada para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita.

En Chile las políticas de criminalización de la protesta indígena vienen de los años ‘90, en dos décadas hubo más de 200 presos políticos y los procesados ascienden al triple. Ricardo Lagos en 2001 inauguró el uso de la ley Antiterrorista para perseguir a militantes indígenas. Los presos mapuches son condenados y procesados por demandas por la tierra o protesta social violenta, sabotaje y otras acciones de resistencia. “Es una ley que hizo Augusto Pinochet en 1984 para perseguir a opositores políticos y hacerlos desaparecer y en la actualidad se aplica de manera sistemática. Hubo enjuiciamientos a lonkos que fueron condenados y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló la sentencia, porque se denunció el uso arbitrario y discriminatorio de esa ley contra militantes indígenas. Aunque las condenas se terminan cayendo, los fiscales la emplean para encarcelar preventivamente hasta dos años, como una condena anticipada”, había explicado Cayuqueo en una entrevista con este diario en septiembre del año pasado.

La protesta social mapuche no encontró cauce político desde el retorno de la democracia, y derivó en manifestaciones de violencia política, que son habituales también en marchas estudiantiles o feministas, destrozos urbanos como la quema de un microbús. A menudo son sabotajes a la propiedad privada industrial, camiones forestales, las comunidades pelean con el rubro forestal y las grandes industrias madereras porque tienen mucho territorio usurpado que reclaman como propio los pueblos originarios. “El blanco de las acciones de resistencia generalmente son maquinarias forestales, que no califica en ninguna parte del mundo como terrorismo, según la doctrina internacional son daños a propiedad privada. No es un fenómeno de insurgencia armada, ni guerrilla rural lo que se vive en el sur de Chile, pero en forma mediática se genera una estigmatización funcional a las estrategias de represión a movimientos que tienen legitimidad democrática. De hecho, en otras regiones del mundo la demanda mapuche por autonomía, territorio, cultura y participación política ha sido resuelta”, dijo el periodista.

Aunque la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su gobierno intentó demonizar a la agrupación RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), ésta sería de ínfimas proporciones respecto de la CAM, aunque se reivindican como organizaciones afines. “Para la prensa de Chile la CAM es la organización enemiga número uno del Estado”, apuntó Cayuqueo. Y para los mapuche, es a la inversa, más aún luego del asesinato del weichafe (guerrero) Camilo Catrillanca, en noviembre de 2018, tal como quedó en evidencia durante su funeral.

Rabia y dignidad

“A nuestro pueblo nación mapuche, en solidaridad con el pueblo chileno en lucha, como Coordinadora Arauco Malleco, declaramos que “frente al estallido del pueblo chileno contra el orden establecido, la institucionalidad burguesa opresora y sus prácticas neoliberales, en primer lugar, nos solidarizamos con las justas demandas sociales que, si bien entendemos, no tienen conducción política de la izquierda revolucionaria, sí representan el justo y digno clamor de un pueblo oprimido por esas políticas que ya hizo crisis por la avaricia y la ambición de los poderosos, quienes no dudan en imponer a sangre y fuego sus políticas neoliberales, extractivistas y depredadoras, arrasando así los territorios y los derechos de la gente en general”, expresó la CAM en su comunicado.

“En el marco de estas luchas impregnadas de rebeldía, rabia y dignidad, reivindicamos el legítimo derecho a la rebelión por parte del pueblo chileno oprimido, toda vez que la gobernanza neoliberal impone políticas económicas sólo en beneficio de los grandes grupos económicos y que, a la hora de las movilizaciones, no tardan en responder con feroz represión en contra de las resistencias, sacando inclusive a los militares a la calle, quienes en su historial sólo cargan genocidio al pueblo mapuche y masacres a la clase trabajadora y los sectores populares organizados, y quienes sin pudor, aún muestran sus manos llenas de sangre de la dictadura de Pinochet, siempre con el objetivo de proteger la oligarquía opresora tanto de chilenos como mapuche”, agregó la Coordinadora Arauco Malleco. E hizo un llamamiento “a dar continuidad con mayor fuerza a la disputa territorial y la resistencia en contra del poder burgués, como lo venimos haciendo hace más de dos décadas”.

La propuesta de esta agrupación mapuche es “luchar sin tregua y sin temor hasta el desalojo total de las forestales, centrales hidroeléctricas y todas las demás inversiones capitalistas amparadas en este régimen colonial, cuyo objetivo sólo se logra a través de las expresiones de resistencia y organizaciones consecuentes de nuestro pueblo nación mapuche unidas en una propuesta política y revolucionaria para la liberación nacional mapuche, sustentada en nuestras líneas estratégicas para la reconstrucción nacional a través de la resistencia y control territorial”. A su criterio, “este proceso de liberación nacional mapuche se vislumbrará mejor cuando las y los oprimidos del pueblo chileno comiencen a levantar un verdadero proyecto de izquierda de raigambre y representación popular, de los trabajadores y revolucionarios, que no caiga en las formas ya desgastadas de hacer política, con pseudos líderes pequeño burgueses, traidores y lacayos representados por el Frente Amplio y la Nueva Mayoría”.

La Bandera mapuche se transformó en símbolo de la explosión social

La bandera del pueblo nación mapuche empezó a flamear el 5 de octubre de 1992 y se la conoce como Wenufoye (canelo del cielo). Fueron 500 los diseños para confeccionarla que se presentaron tras el llamado de la organización Aukin Wallmapu Ngulam o Consejo de Todas las Tierras, y hoy es la más reconocida como símbolo de la resistencia y reivindicación territorial de los mapuches en el país.

En las marchas, concentraciones y protestas que vivimos por la explosión social derivada de la inequidad y desigualdad, la Wenufoye fue levantada por miles de manifestantes, tanto mapuches como chilenos. Ello es reflejo que hoy existe un alto nivel de comprensión de las demandas del pueblo mapuche por parte de las personas y que la persistencia de las comunidades del Wallmapu en la lucha por la recuperación de los territorios ancestrales es vista como un ejemplo a seguir por parte de los sectores postergados del sistema neoliberal.

La bandera mapuche se transformó en sinónimo del aukin (el ser rebelde) que expresa su hartazgo e indignación con los abusos en el weichán o lucha por sus derechos. La década de los 90 inauguró un nuevo ciclo represivo del Estado contra los mapuches y en el que no hay diferencias significativas entre los gobiernos de uno u otro signo político.

Esta agresión obedece al último y más violento embate del neoliberalismo en el Wallmapu. La acción de las grandes empresas forestales ha depredado los ecosistemas que habitan las comunidades, relegándolas a pequeñas reducciones cuya extensión y baja calidad de suelos no posibilita la reconstitución de la forma de vida mapuche, basada en el respeto a la Ñuke Mapu (Madre Tierra).

En la gran mayoría de las acciones de control territorial ejecutadas por diversas organizaciones, tales como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) o la Alianza Territorial Mapuche (ATM), la Wenufoye está presente.

La bandera es también una representación antisistémica, una forma de decir “otra forma de vida es posible”, cuyo fundamento es la cooperación y los lazos sociales comunitarios, elementos básicos de la cultura mapuche, y no la competencia individual y la acumulación económica sin límites del capitalismo.

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Encuentro de pueblos originarios en Venezuela

El primer Foro Internacional de los Pueblos Indígenas se extendió hasta el jueves 31 de octubre.

El encuentro internacional forma parte de las líneas estratégicas para la integración de los pueblos emanadas del XXV Foro de Sao Paulo.

El primer Congreso Internacional de los Pueblos Originarios avanzó este miércoles en Venezuela, como una actividad que forma parte de las líneas estratégicas y de trabajo del XXV Foro de São Paulo que se realizó el pasado mes de julio en este país suramericano.

En este foro participaron representantes de 20 países, quienes debatieron durante tres días diversas temáticas relativas a la lucha de los pueblos indígenas.

Como parte de los proyectos que se discutieron está la conformación de un Movimiento Internacional de Pueblos Originarios y la construcción de una agenda colectiva de lucha contra el injerencismo, extractivismo y por los derechos de la madre tierra.

“Ustedes y yo somos los protagonistas del cambio, de un cambio que sea con justicia y equidad social para todos los pueblos originarios del mundo, que nos permita reconstruir desde las bases, desde las raíces, un nuevo orden social”, afirmó en el encuentro Maritza Centeno, representante del Movimiento Indígena de Nicaragua.

El rol político y las estrategias de unidad son los temas a debatir por indígenas de todo el mundo en el I Encuentro Internacional de Pueblo Originarios que se desarrolla en el Parque La Llovizna
Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para Asuntos Internacionales, Adán Chávez, aseguró que este escenario sirve para seguir avanzando la integración que permita construir y fortalecer las luchas de los aborígenes por la libertad y soberanía.

Adán Chávez: El proyecto de Chávez fue para lograr un cambio en el país comprometiéndose directamente con los pueblos indígenas y lograr que se concretaran sus derechos desde la Constitución.

En este primer Congreso Internacional de Pueblos Originarios participan 400 delegaciones de Venezuela y 60 internacionales, provenientes de Kenia, Perú, Estados Unidos, Cuba, Brasil, Honduras, EL Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Chile, Isla Canarias, Belice, entre otros.

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