En Córdoba, el 27 y 28 de febrero se realizará el evento “Camino al Foro Mundial de DDHH 2023”.

Durante el encuentro se elaborarán propuestas de cara al Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 que se realizará en marzo en la Ciudad de Buenos Aires.

Las temáticas a tratar, todas con orientación al derecho de los pueblos indígenas, serán: Educación; Salud y Ambiente; Memoria y derechos; Comunicación; Cultura e Identidad y Violencia Territorial, entre otras.

Fabricio Silva, delegado de las comunidades mapuches de Mendoza y uno de los organizadores del evento, agradeció el espacio brindado por la Universidad Nacional de Córdoba para la realización del evento: “también es producto de articulación, de trabajo, de empezar a entender, a deconstruir ese pensamiento colonial sobre todo en las instituciones en cuanto a la propuesta y a la dinámica de nuestra mirada de cómo hacer las cosas”.

Además resaltó que se ha permitido practicar una forma propia de organización: “empezar a charlar acerca de la reparación histórica, de la reconstrucción de la memoria, tiene que ver con un estudio intercultural en donde nos debemos una charla más profunda entre el conocimiento tradicional, el conocimiento de nuestra memoria como pueblo y hacer esos acercamientos”

El encuentro se propone redefinir y fortalecer los vínculos entre las organizaciones y comunidades indígenas con las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Se pretende también crear una comisión permanente de investigación de delitos de lesa humanidad contra los pueblos indígenas, promover una política de reparación histórica y de reconocimiento de sitios de la memoria de pueblos originarios.

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La desigualdad de género es más profunda en las zonas rurales. Así es cómo ellas se involucran en actividades productivas que les dan autonomía y espacios de libertad fuera del hogar.

Desde hace cinco años, las mujeres del interior profundo de Argentina, donde persisten arraigados patrones culturales patriarcales, dan sus primeros pasos en el feminismo popular y campesino. Allí, en las zonas rurales alejadas y olvidadas, la división del trabajo en los hogares sigue siendo rígida y, ellas, las principales responsables de la seguridad alimentaria.

El campo reproduce las desiguales de las ciudades en el país: las estancias de miles de hectáreas de trigo y soja contrastan con los humildes caseríos del campesinado sin servicios básicos, que aún pelea por la posesión de sus tierras.
Las mujeres de este “otro campo”, suelen ser siluetas invisibilizadas que cargan de lunes a lunes con las tareas de la casa, de la crianza y del trabajo en terreno, sin descanso ni recreación.

Los datos del último Censo Nacional Agropecuario indican que en Argentina hay casi 158 millones de hectáreas de uso agropecuario. Dos de cada diez productores son mujeres y el 38% de la población residente y trabajadora en la explotación agrícola y ganadera para exportación es femenina. En contrapartida, el campesinado monte adentro no figura en gran parte de las estadísticas. Sin datos, faltan políticas públicas y acceso a derechos.

La información del último Censo Nacional 2010 (falta procesar el censo 2022) indica que la población rural en Argentina representa el 8,9% del total y las mujeres son minoría (45%) porque migran y padecen el desarraigo.

“Las desigualdades y las violencias estructurales que sufren las mujeres campesinas se caracteriza por las dificultades del trabajo digno reconocido monetariamente, y la falta de acceso a la titularidad de las tierras que son necesarias para la producción y para la vida cotidiana”, explica Carolina Moyano, miembro del Movimiento Campesino Córdoba y del equipo de feminismo campesino y popular.

La inequidad en el acceso al trabajo rentado y las condiciones de extrema exigencia en la cosecha de la papa en el oeste de la provincia de Córdoba, y de otros cultivos en varias provincias, sirvieron de motor para la búsqueda de alternativas de empoderamiento a través de emprendimientos.

Se desarrolló el Segundo Congreso de sanadores y sanadoras originarios, en el cual diferentes pueblos originarios intercambiaron conocimientos sobre prácticas medicinales ancestrales.

Sanadora y sanadores de los pueblos kolla, huarpe, amaicha, diaguita, charrúa, guaraníes y mapuche, compartieron sus saberes en el Museo Arqueológico Adán Quiroga y en el sitio Pueblo Perdido.

La capital de Catamarca fue la sede el pasado fin de semana del Segundo Congreso de Medicina Ancestral, organizado por el Consejo de Sanadores Indígenas de Argentina (Cosindia). El Consejo reúne a sanadores y sanadoras de los pueblos originarios y se formó hace 4 años como un espacio de transmisión intercultural. El primer encuentro se celebró en Los Toldos en Provincia de Buenos Aires.


Mamay Kantuta Killa, de la comunidad quechua Ayllu Mayu Wasi, integrante de Cosindia y del Consejo de Amautas indígenas del Tawantinsuyu comenta:

“Brindamos atención a la interculturalidad y transmitimos los conocimientos de esta medicina ancestral a todos los hermanos y hermanas y para toda la comunidad también, con la intención de que se brinde un servicio de salud más integrativo y pluricultural”, dijo la sanadora en su visita a Catamarca.

Mamay explicó que la medicina ancestral es la aquella que se transmite de generación en generación en los pueblos originarios. “No se mezcla con conocimientos de terapias alternativas ni con otras culturas. No somos curanderos tampoco, porque los curanderos mezclan con la santería”, señaló la mujer.

En este sentido explicó las variantes que existen: “Nuestra medicina ancestral se practica con medicina de las plantas en tizanas, preparados, macerados, emplastos; con la medicina de los animales, con sus grasas, por ejemplo; con la medicina de las piedras, con la vibración de su energía; con los elixires; con la medicina del fuego; con la medicina de la palabra también, porque sanamos la parte psicológica con la palabra espiritual; con la medicina de la tierra, cataplasmas con barros medicinales; con la medicina del agua para equilibrar las aguas internas, para depurar, hacer baños de florecimiento, baños medicinales; hay muchísimas prácticas de medicina ancestral y son todas medicinas de la madre tierra, nuestra Pachamama, no son medicinas químicas”.

Una de las actividades del Congreso consistió en una caminata de reconocimiento de plantas nativas medicinales.

Mamay señaló que, a través de los encuentros, buscan poner en valor una forma alternativa de sanar con “una medicina que nos brinda nuestra Madre Tierra y que no es costosa, simplemente debemos conocerla y conocer a los sanadores y sanadoras de nuestros pueblos que estamos en el territorio".

En este sentido expresó la importancia de "conocer los centros interculturales de salud indígenas que existen al servicio de la salud ancestral originaria que se complementa con la medicina universitaria".

También estuvieron presentes Tayta Wari Rimachi (Pueblo Quechua Kolla), Tayta Antonio Cruz (Pueblo Diaguita Calchaquí), Abuela Ernestina Valderrama (Pueblo Amaicha), Tayta José Charquiagu Jofre (Huarpes) y el Abuelo Mario Toro (quechua).

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La relación entre la artesanía y los grupos de mujeres indígenas es mucho más que un recurso económico, es una forma de reivindicarse dentro y fuera de sus comunidades

En la zona norte de Argentina, en la provincia de Salta, se encuentra la comunidad del pueblo wichi denominada “Kilómetro 6″. Su nombre se debe a que se encuentra a esa distancia de Tartagal, la ciudad más grande cercana a la comunidad, en dirección al norte. En este lugar hablamos con una integrante de un grupo de mujeres wichi que se han organizado para vender sus artesanías y para mucho más.

Para entender la importancia de esta iniciativa, debemos partir de la base de que existe discriminación laboral para las mujeres y no hay corresponsabilidad en los cuidados. Pero las estructuras patriarcales se sienten con más fuerza cuando se realiza un análisis interseccional de las vulnerabilidades, como dice la escritora, antropóloga y activista feminista argentina Rita Segato. Además, estamos hablando de la región con más problemas económicos del país, del pueblo originario que sufre mayor discriminación, especialmente las mujeres.

Sin embargo, estas vulnerabilidades, como expresaba la antropóloga argentina Dolores Juliano, son muchas veces los contextos más adecuados para que las mujeres activen estrategias colectivas de reivindicación.
La herramienta que se está utilizando en este caso es uno de los saberes ancestrales de esta población, el uso del chaguar. La búsqueda y recolección de la planta chaguar con fines textiles, así como el proceso de extracción de la fibra, el hilado, la tinción y el posterior tejido, son actividades realizadas casi exclusivamente por las mujeres. Uno de los productos estrella son las famosas bolsas denominadas yicas.

La artesanía ha sido siempre un trabajo de mujeres en la comunidad, que se ha transmitido generación tras generación. Aunque, como reclama Lucrecia, nunca ha sido un trabajo reconocido públicamente, no hay maestras en ninguna escuela, ni ninguna que reciba un sueldo por transmitir esta técnica. Por ello, sienten que se están imponiendo los estudios oficiales para las menores, debido a que la educación primaria y secundaria es obligatoria, y se deja poco tiempo para la transmisión de estos saberes, que están fuera de la educación oficial.

Sin embargo, la mayoría de las jóvenes de la comunidad no se encuentran trabajando. Por un lado, las normas de la comunidad todavía son reacias a que las mujeres trabajen en espacios públicos, fuera del hogar. Luego, la tasa de embarazos adolescentes es muy alta, por lo que tienen que atender los trabajos de cuidados desde muy jóvenes.
El Anuario Estadístico del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta informó que, de un total de 12.939 partos en 2018, 2.922 fueron de niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, un 22,6% del total. Y sufren discriminación en el mercado laboral.

La artesanía es una de las formas de los pueblos indígenas de reivindicar su cultura, sus tradiciones, su historia. Por lo que es muy importante que sea contado, o tejido, por voces de mujeres

Enero 2023
La abogada Luz Estella Romero Villalba huyó de su país después de que policías armados trataran de secuestrar a su hijo en Barranquilla para que dejara de abogar por los derechos de las campesinas, la mujer ha sido galardona por el Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia que otorga la Iglesia sueca, posa en centro histórico de la ciudad española de Cáceres.

Luz Estella Romero Villalba (Baranoa, Colombia, 45 años) ha vivido gran parte de su vida rodeada de violencia. Creció en el departamento de Magdalena (norte), uno de los más peligrosos del país latinoamericano, en mitad de un conflicto armado que entre 1985 y 2018 ha provocado la muerte de más de 450.000 personas, según la Comisión de la Verdad, la entidad surgida del acuerdo de paz con las FARC. Las barbaries que la guerrilla, el paramilitarismo y las propias fuerzas públicas cometieron contra la población civil, y de las que esta abogada ecofeminista asegura haber sido testigo, hicieron que la resistencia contra las violaciones de derechos humanos se convirtiera en su vocación. Con un doble objetivo: frenar los desplazamientos forzosos de civiles de sus propias tierras —la Comisión de la Verdad cifra en casi 753.000 las personas obligadas a abandonar su hogar entre 1985 y 2019—y situar a la mujer como pilar del desarrollo. En 2022 fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia que otorga en Bogotá la iglesia sueca con el apoyo de Suecia. Pero también la ha obligado a exiliarse a España junto a su hijo, que en 2019 sufrió un intento de secuestro por parte de policías colombianos en Barranquilla.

La defensa de los derechos humanos es “lo más hermoso que uno puede hacer en la vida”, asegura Romero Villalba durante una entrevista en la ciudad española de Cáceres. Ha dedicado su energía a esta tarea desde que era estudiante, cuando comenzó a ayudar a la gente de su comunidad, a “sus vecinos de siempre”. El contexto que se vivía en aquella Colombia rural de los noventa, una década en la que el país sufrió un recrudecimiento del conflicto armado —entre 1995 y 2004 se concentra el 45% de las víctimas mortales, según la Comisión de la Verdad—, era de una gran crisis humanitaria. Es entonces, concretamente en 1998, cuando la activista, todavía estudiante de Derecho, creó junto con otras universitarias el Colectivo de Mujeres al Derecho (COLEMAD). Su primer caso fue el de una señora demandada por miles de millones de pesos colombianos para despojarla de sus tierras, un proceso que aunaba el doble objetivo de Romero, propiedad y género.

La verdadera raíz del problema radica en la invisibilización de la mujer en las leyes colombianas

“Estoy hablando de una época en que no se hablaba todavía de despojo. Empezamos a analizar las leyes, los proyectos, los tratados internacionales de libre inversión, e intuimos que detrás de todo esto había poderes económicos desconocidos hasta el momento”, explica la abogada. Pero la verdadera raíz del problema, según considera, radica en la invisibilización de la mujer en las leyes colombianas. El más claro ejemplo está en la propiedad de tierras. Como explica Romero, el enfoque familiar de las leyes rurales privilegia al hombre sobre la mujer y provoca que ellas nunca obtengan la titularidad. “Soy feminista por decisión y convicción. Por eso creo que la ley tiene que tener un enfoque feminista para transformar la realidad de un mundo excluyente que no incluyó a las mujeres y a las niñas”, afirma.

COLEMAD descubrió que el Estado estaba enjuiciando a familias mediante la invención de causas, como abandono o presuntas deudas, para justificar la expropiación de sus tierras, según cuenta la abogada. Y las del departamento de Magdalena no solo eran ricas en petróleo, sino que los terrenos son tan productivos que permiten prácticamente cualquier tipo de cultivo. Sin embargo, según relata la activista, quienes acaparaban aquellas propiedades, plantaban principalmente palma aceitera, un cultivo utilizado en muchos casos para ocupar la superficie o como tapadera para la producción de base de coca. Magdalena, además de fértil, alberga la Ciénaga Grande de Santa Marta, un enclave geoestratégico por su salida al mar, ya que facilita el tráfico de esta sustancia.

Como buena conocedora de las leyes, Romero Villalba se empeñó en demostrar casos concretos en los que el Estado colombiano no estaba cumpliendo la convención internacional que había firmado del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en su sigla en inglés) de Naciones Unidas. Su artículo 14 establece que “los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios”.

La discriminación histórica que las mujeres habían sufrido hasta entonces en Colombia jugó, sin embargo, a favor del colectivo COLEMAD, según recuerda Romero, ya que cree que les facilitó adentrarse en los territorios sin levantar sospechas para probar que las mujeres estaban siendo víctimas de desplazamientos forzosos. En un primer momento, lograron detener 23 procesos de expropiación. Después, documentaron el caso de 55 comunidades que estaban a punto de perder sus tierras y lo llevaron al Congreso para demostrar que las mujeres estaban sufriendo un despojo de sus propiedades. Era legal, según la legislación colombiana, pero contrario a las convenciones internacionales. El año pasado lograron que un juez condenara al antiguo Gobierno del expresidente Iván Duque por aquel caso y que obligara al Estado a entregar 1.500 hectáreas de tierra a aquel grupo de campesinas. Pero no cualquier tierra, reclama Romero, que exige que se han de tener en cuenta “sus formas de producción, porque el Estado normalmente manda a las mujeres para una tierra sin pensar que unas son agricultoras, que otras se dedican a la pesca o a la artesanía”.

El riesgo de defender la tierra

El activismo contra los desplazamientos forzosos está plagado de riesgos. Entre 2012 y 2021, fueron asesinados 322 defensores de la tierra y del medio ambiente, según la ONG Global Witness. Y los crímenes continúan: en el primer semestre de 2022 fueron documentadas en Colombia 42 agresiones contra estos activistas, que se traducen en 11 asesinatos, 19 amenazas, cuatro desplazamientos y ocho atentados, según una investigación realizada por la Corporación Regional Yariguies Grupo de Estudios Sociales Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY-GEAM) junto con la Fundación Conflict Responses (CORE) y la organización Extinction Rebellion Colombia.

Romero también ha sido víctima de esta violencia. La primera amenaza que COLEMAD enfrentó en la Magdalena ocurrió a nivel local, como sucedía en muchas otras regiones colombianas. La abogada relata que los paramilitares y otros grupos armados establecieron vínculos con los poderes públicos de la región, como alcaldes, gobernadores, jueces y funcionarios. Y a partir de 2008, la amenaza también comenzó a llegar desde sectores militares y policiales. “Entonces llegan estos actores de las Fuerzas Armadas con la intención de intimidar a las comunidades para que dejen los procesos, y nosotras también empezamos a tener vigilancia militar. Nuestros vecinos nos avisaban de que había soldados que preguntaba por nosotras, empezamos a tener rondas policiales que nunca habíamos pedido o un coche de la policía que estaba siempre enfrente de nuestra oficina,” denuncia.

Nuestros vecinos nos avisaban de que había soldados que preguntaba por nosotras y había un coche patrulla que estaba siempre enfrente de nuestra oficina
A partir de 2018, las amenazas llegaron directamente desde actores privados. Romero denuncia que sufrió el robo de sus documentos informáticos y que fue intimidada de forma directa para sentarse a negociar. Pero lo más grave, y lo que le ha obligado a abandonar su país para exiliarse en España, fue que su familia se convirtiera en objetivo de los ataques. En diciembre de 2019, un grupo de al menos seis policías armados trataron de llevarse a su hijo en una zona pública de Barranquilla sin dar ninguna explicación.

“Como no me habían podido callar, decidieron atacar a mi hijo”, lamenta Romera. Ahora el joven es solicitante de asilo. “Lo voy a dejar en España, y a todas las personas que tengo aquí les pido que me lo protejan porque yo me voy a regresar a Colombia a seguir luchando por ganar estos casos. Porque si no puedo lograr este sueño, los sueños no me dejarán dormir,” sentencia Luz evidentemente emocionada.

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