Decreto 729/2022
DECNU-2022-729-APN-PTE - 03/11/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-105743299-APN-DGDA#MEC, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificaciones), las Leyes Nros. 26.737 y 27.118 y su modificatoria, el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el Prólogo de Recomendaciones de Política para la Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe publicadas en 2014 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (F.A.O.) de la ORGANIZACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS (O.N.U.) sostiene que la agricultura familiar es un sector clave para lograr la erradicación del hambre y el cambio hacia sistemas agrícolas sostenibles en todo el mundo.

Que, en ese sentido, allí se destacó que los pequeños agricultores y las pequeñas agricultoras son aliados y aliadas de la seguridad alimentaria y actores protagónicos y actoras protagónicas en el esfuerzo de los países por lograr un futuro sin hambre, señalando asimismo que en la región de América Latina y el Caribe el 80 % de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural.

Que, asimismo, el citado documento remarcó que los referidos agricultores y las referidas agricultoras no solo producen la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países de la región, sino que habitualmente desarrollan actividades agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, razón por la cual el año 2014 fue declarado por la 66ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas como el “Año Internacional de la Agricultura Familiar (A.I.A.F.)”.

Que, a tal efecto, se estableció como meta posicionar a dicho sector en el centro de las políticas agrícolas, ambientales y sociales en las agendas nacionales, identificando desafíos y oportunidades para promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado.

Que los resultados alentadores obtenidos durante el Año Internacional de la Agricultura Familiar (A.I.A.F.) se consideraron la mejor garantía para prever un período de gran utilidad para los agricultores y las agricultoras familiares alrededor del mundo, razón por la que poco tiempo después se proclamó la solicitud de un Decenio para la Agricultura Familiar.

Que, por ello, en 2019 la F.A.O. conformó el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028) con el objetivo de aportar una nueva perspectiva sobre lo que significa ser un agricultor o una agricultora familiar en un mundo que cambia rápidamente y destacar el importante papel que desempeñan los campesinos y las campesinas familiares en la erradicación del hambre y en la construcción de nuestro futuro alimentario.

La pandemia por COVID-19 afecto desproporcionadamente a más de 800 pueblos indígenas con sobrerrepresentación en la informalidad y entre los más pobres, pocas oportunidades de trabajo decente, así como obstáculos a su acceso a educación y participación política, dice nuevo informe de la OIT

15 de diciembre de 2022. LIMA


La crisis provocada por la COVID-19 puso en evidencia la vulnerabilidad en la que viven más de 800 pueblos indígenas en América Latina, y replanteó el desafío de lograr una mejor cobertura de los sistemas de protección social en toda la región, destacó hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La crisis ha afectado desproporcionadamente a los pueblos indígenas, poniendo de relieve las barreras preexistentes a que dichos pueblos se enfrentan en el acceso a la atención de salud y a la seguridad social”, dice un nuevo informe elaborado por la Oficina Regional de OIT, al señalar que esto ha sido “consecuencia de la discriminación y marginación histórica”.

“Las brechas preexistentes en el acceso a la protección social han colocado a estos pueblos en una situación de mayor vulnerabilidad enmarcada en el contexto pandémico”, añade.

El documento titulado “Panorama laboral de los pueblos indígenas en América Latina: La protección social como ruta hacia una recuperación inclusiva frente a la pandemia de COVID-19 ” tiene como objetivo presentar un panorama sobre las características socioeconómicas de los pueblos indígenas en América Latina y el estado de su acceso a la protección social.

En la región hay casi 55 millones de mujeres y hombres indígenas, “representando el 8,5 por ciento del total de la población” latinoamericana.

Se advierte que “hay tendencias globales que se reproducen en la región, como la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas en la economía informal y entre los más pobres, el bajo acceso al trabajo decente, así como los obstáculos a su acceso a la educación y a la participación política”.

Se destaca que entre los pueblos indígenas se está produciendo una tendencia importante, como es el crecimiento de la población indígena que vive en centros urbanos. En la actualidad aproximadamente el 52 por ciento de la población indígena vive en zonas urbanas, el 48 por ciento vive en zonas rurales.

La migración hacia zonas urbanas está impulsada por un lado por la búsqueda de mejores oportunidades de generación de ingresos y, por otro lado por factores impulsores como el despojo de tierras, el cambio climático, el deterioro ecológico, los desplazamientos debido a conflictos y violencia, entre otros.

Con respecto a la situación en el empleo, datos de la OIT demuestran que un 85 por ciento de las mujeres y hombres indígenas en América Latina y el Caribe están ocupados en la economía informal, muy por encima de la tasa de alrededor de 50 por ciento para la población ocupada en general.

Los trabajadores indígenas tienden a ser más autoempleados y trabajadores familiares no remunerados que el resto de la población. De acuerdo con los datos disponibles el 16 por ciento de los indígenas en edad de trabajar están en el trabajo familiar no remunerado, el porcentaje para sus contrapartes no indígenas es del 4 por ciento.

Además, América Latina es la región con la mayor brecha de ingresos laborales. Los salarios indígenas equivalen a un 33 ciento de los que perciben no indígenas.

Los datos recopilados por OIT provienen de información recogida en las encuestas de hogares de los países. Aún así, de los 18 países de América Latina y el Caribe que disponen de información de encuestas de hogares y empleo, solo 8 cuentan con información étnica de las personas, indagando sobre su pertenencia a pueblos indígenas, a saber, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú.

La OIT considera que esto genera una situación de “invisibilidad estadística”, que constituye “el primer peldaño dentro de una secuencia de tratos no igualitarios que pueda recibir este segmento de la población”.

“Al no estar representados en las estadísticas oficiales es más difícil incluirlos dentro de los indicadores de metas de desarrollo de los países, y su condición de bienestar tiene menos probabilidades de ser materia de políticas públicas”, advierte el documento.

Garantizar el acceso a oportunidades de trabajo decente para las personas indígenas, así como su acceso a la protección social, son pasos decisivos para corregir la situación de postergación, dice el informe.

En cuanto a la protección social, los pueblos indígenas de la región son en menor proporción aportantes y pensionistas que los no indígenas, y tienen menor acceso a los sistemas de salud, dice el informe. Al mismo tiempo, “en los países analizados, las mujeres y hombres indígenas dependen más de los sistemas de ayuda social que sus homólogos no indígenas”.

Frente a este escenario socioeconómico, la OIT considera que “el establecimiento de sistemas de protección social, incluidos los pisos de protección social, que consideren las particularidades de los pueblos indígenas es fundamental para acortar la brecha de las desigualdades y vulnerabilidades que los afectan”.

El documento recuerda que la Recomendación núm. 202 de OIT indica que los pisos de protección social deberían comprender por lo menos las cuatro siguientes garantías básicas:
La protección social de la infancia: beneficios familiares y por niño
La protección social de las mujeres y de los hombres en edad de trabajar: prestaciones de maternidad y discapacidad, protección en caso de accidentes laborales, enfermedad profesional y desempleo, pensiones de invalidez, prestaciones de enfermedad
La protección social de las mujeres y de los hombres mayores: las pensiones de vejez y sobrevivientes
La protección de la salud
La necesidad de garantizar una mayor protección en materia de seguridad social y en salud a los pueblos indígenas también está claramente establecida en el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT .

 

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En América latina y el Caribe, las comunidades indígenas constituyen más del 8,5 por ciento de la población total regional. Las prácticas discriminatorias y la falta de posibilidades afectan en general a las etnias nativas.

Desde 1994, el 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La fecha fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre las múltiples Poblaciones de Pueblos Originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, celebrada en 1982.

El órgano asesor del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas recuerda que hay más de 476 millones de personas que pertenecen a pueblos indígenas repartidos en 90 países; representan alrededor del 6,2 por ciento de la población mundial.

En América latina y el Caribe los pueblos originarios constituyen más del 8,5 por ciento de la población, la proporción más elevada de todas las regiones del mundo. También son los que tienen el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza extrema, según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca de la aplicación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169; se trata de un compromiso adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989 y ratificado por 22 estados miembro del organismo especializado de la ONU que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales.

De los países firmantes, 15 son de América latina y el Caribe; entre ellos, la Argentina.

Artífices de su destino

El objetivo de este convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos originarios y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas, previstas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por los 193 dirigentes mundiales que participaron en la cumbre de la ONU en Nueva York.

El plan global contiene seis referencias específicas a los pueblos indígenas, incluido el compromiso de duplicar la productividad agrícola de los pequeños agricultores indígenas, y de garantizar el acceso igualitario a la educación para los niños indígenas. Además, hace menciones directas a las aspiraciones de las comunidades originarias en las esferas económica, social y ambiental.

En la sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas realizada del 19 al 30 de abril último en Nueva York, se actualizó información relacionada con la situación de los pueblos indígenas en el mundo.

En la oportunidad, se remarcaron las desigualdades existentes y las injusticias históricas que enfrentan los pueblos indígenas, cuestiones que se agudizaron de manera sensible desde la irrupción de la pandemia de Covid-19.

Pobreza extrema

El trabajo de la OIT mencionado con anterioridad en esta nota destaca además que a partir de la información suministrada por nueve países de la región se estableció que el 30 por ciento de la población censada vive en situación de pobreza extrema, cuando el promedio mundial es del 19 por ciento.

La problemática en el continente está asociada al género. De acuerdo con la OIT, el 85 por ciento de las mujeres indígenas trabajan en la economía informal y reciben una paga inferior a la de sus homólogas no indígenas.

Además, los pueblos indígenas tienen posibilidades muy acotadas de conseguir empleo de calidad.

El documento señala también que el salario de las personas indígenas con empleo remunerado está un 31 por ciento por debajo del de otros trabajadores, la mayor brecha salarial de las personas indígenas en el mundo.

Otra desigualdad manifiesta se advierte en el plano de la educación. Mientras el 47 por ciento de las personas indígenas que trabajan no tienen estudios, las no indígenas que se encuentran en esa situación representan el 17 por ciento.

Como se dijo, la pandemia de Covid-19 expuso con crudeza y exacerbó las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a poblaciones de todo el mundo que ya sufrían pobreza, enfermedades, discriminación, inestabilidad institucional y otros males.

Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el contraste es aún más marcado.

De ahí que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas insistirá hoy con la necesidad de revisar el contrato social en los países signatarios del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169 de la OIT, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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Santo Domingo de los Tsáchilas, octubre del 2022

Con el objetivo de aportar al fortalecimiento de la medicina ancestral-tradicional y su articulación con el Sistema Nacional de Salud, se realizó el Encuentro Nacional de Hombres y Mujeres de Sabiduría de la Medicina Ancestral entre el 27 y 28 de octubre, en el centro Shino Pi Bolon de la comuna Tsáchila Colorados del Bua. Esta actividad contó con la cooperación técnica de la Oficina de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Ecuador.

En el encuentro se realizaron diálogos intra e interculturales con los participantes y puntos focales de salud intercultural de las nueves coordinaciones zonales del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En los grupos de trabajo se abordaron temas de interés como: código de ética de la medicina ancestral tradicional, falsedad en esta práctica y procesos de autorregulación. En el segundo día se definieron compromisos entre organizaciones practicantes, propuestas sobre salud de pueblos y nacionalidades, medicinas ancestrales.

El ministro de Salud Pública, José Ruales, estuvo presente en la inauguración del encuentro y participó en un ritual ancestral Tsáchila. Consistía en una sanación con elementos de la naturaleza, como piedras, plantas y flores. «La medicina tradicional y la occidental son complementarias. Estamos dando valor a estas prácticas culturales y ancestrales que tienen las comunidades”.

Explicó además que se trabaja en proyectos para facilitar la comunicación con personas que hablen diferentes lenguas. También se busca adaptar características propias de las comunidades de la Amazonía, Sierra y Costa al modelo de salud, con el objetivo de mejorar las condiciones para la población.

Mateo Calazacón, gobernador Tsáchila, participó en el encuentro y comentó que “la medicina ancestral debe estar a la par de la occidental. Nuestros médicos han trabajado de generación en generación para el bienestar común. Por eso estamos contentos en este espacio de saberes y conocimientos”.

La cooperación de la OPS/OMS se suma también a otros encuentros y programas que fortalezcan la acción conjunta de la medicina ancestral y tradicional, en beneficio de la atención oportuna y de calidad a las personas. Con estas acciones se ratifica el compromiso con el fortalecimiento integral de la salud pública en Ecuador.

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La Defensoría del Pueblo denunció que la EPS no la remitió a una unidad de cuidados intensivos por la falta del documento de identidad necesario para la afiliación. El papel se expidió una hora después de su muerte

Bogotá

Se llamaba María Camila, había nacido hacía apenas dos meses en un resguardo indígena de Tierralta, en el departamento de Córdoba y murió porque la Entidad Promotora de Salud (EPS) que la debía atender no la quiso remitir a una unidad especializada. Su pecado, no tener registro de nacimiento, el documento de identidad. El papel se expidió una hora después de su muerte.

Su historia, ha denunciado la Defensoría del Pueblo, es la muestra de cómo en Colombia mueren niños por negligencia. “Resulta inconcebible que por obstáculos administrativos se pierda la vida de una bebé que debió recibir atención sin importar si estaba o no afiliada oficialmente al sistema de salud y que, además, por pertenecer a un grupo étnico, debió ser tratada con protección reforzada”, ha dicho el defensor del Pueblo, el cordobés Carlos Camargo.

María Camila sufría de desnutrición severa y llegó al hospital después de que sus padres sortearan dificultades para salir del resguardo, que no tiene centro médico: seis horas en lancha hasta Tierralta y luego una hora más por carretera para llegar a Montería, la capital del departamento. Fue atendida en el hospital San Jerónimo, pero necesitó ser remitida a una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica. Sin embargo, según la Defensoría, la Nueva EPS no autorizó el traslado porque la menor no estaba afiliada por no tener registro civil de nacimiento.

Nadie tuvo en cuenta la barrera a la que se enfrentan los indígenas que no tienen a la mano un registrador. Usualmente, cuando nacen niños en los resguardos, los gobernadores indígenas los anotan en un certificado como “nacidos vivos” y luego, con ese papel los padres buscan una oficina de la Registraduría. Pero estas no están cerca de sus territorios y en ocasiones no entienden la lengua de las comunidades. En Koredó, donde nació Maria Camila, hay al menos 12.000 indígenas y de ellas solo 8.400 están afiliados al sistema de salud; del resto no se sabe.

Mientras intentaban expedir el documento para afiliarla, la niña falleció. Según cuentan funcionarios de la Defensoría, los padres metieron a su bebé en una caja de cartón y regresaron al resguardo. “En un estado social de derecho no puede permitirse que, por negligencia y trámites ordinarios, sigan poniéndose en riesgo la vida de los niños y las niñas”, agregó Camargo. La Nueva EPS difundió un comunicado asegurando que ellos sí garantizaron la atención de la niña. El caso ya está en la Superintendencia de Salud, que se lo confirmó a este diario.

En ese mismo hospital se vivió otra situación similar. Allí permanecía otro menor indígena de 4 meses que tenía una infección respiratoria y esperaba ser trasladado a una clínica de mayor complejidad. Como María Camila, Lian Erick Pernia, de la comunidad embera, no tenía afiliación por falta del documento. Lian tuvo mejor suerte: lograron registrarlo y afiliarlo en tiempo récord y lo trasladaron a una UCI donde se recupera.

Barreras estructurales

A las barreras administrativas como estas se suman la desnutrición y el dificil acceso a agua potable, que son estructurales y ponen en riesgo la vida de los indígenas, reconoce la Defensoría del Pueblo. Jairo Montañez, líder wayú y defensor de derechos humanos, dice que esa es una situación que no solo afecta a la comunidad embera, sino que se extiende a otros pueblos indígenas y dificulta que los niños sean atendidos. “Hay niños que nacen en los territorios y solo tienen un certificado de nacido vivo sin muchos detalles; a veces, los padres indígenas no tienen documentos o no los cargan con ellos y, en tercer lugar, muchos tienen dificultades para acceder a las notarías donde deben sacar el registro de nacimiento de los hijos”.

La denuncia se da cuando inicia el debate sobre la reforma a la salud que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro y que se dirige hacia la eliminación o reforma de las EPS, las empresas privadas o públicas que funcionan como aseguradoras y pagan a los prestadores de servicios médicos. Creadas en la década de los 90, manejan recursos públicos. Según la ministra de Salud e impulsora de la reforma, Carolina Corcho, la mayoría no cumplen las exigencias. “No es que las queramos eliminar, es que se han estado eliminando”, dijo en octubre a este medio y agregó que de las 30 EPS que existen, 14 están en proceso de liquidación. Corcho también aseguró que el sistema actual de salud “discrimina por raza y por ingresos económicos” y que los mayores problemas están en las zonas rurales.

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