Paraguay: luchas prolongadas contra el desalojo y encarcelamiento de pueblos campesinos e indígenas
3 MAYO 2022
Militantes de Conamuri denuncian la criminalización de quienes luchan por el derecho a la tierra en Paraguay y señalan experiencias de resistencia
Estamos en una jornada de luchas exigiendo que se derogue la ley 6.830, conocida como Ley Zabala-Ribera, que criminaliza a las personas que luchan por su derecho a la tierra. La ley modifica el artículo 142 del Código Penal y eleva de cinco a diez años la pena máxima en cárcel para la invasión de propiedad privada, sin que hayan juicios. El cambio se aprobó en menos de ocho días. Los grandes terratenientes de la soja y la ganadería, organizados en los gremios de productores, inciden en las políticas públicas y cambian las leyes a su favor para desalojar poblaciones.
Una vez que la ley fue aprobada, en septiembre de 2021, un conjunto de comunidades indígenas fue desalojado forzosamente. Las personas pasaron a vivir en las calles de la capital. Las mujeres, en especial las jóvenes, se ven ahora en situación de explotación sexual. La niñez practica la mendicidad. Sin embargo, las personas que luchan en defensa de sus territorios son criminalizadas y acusadas de invadir la propiedad privada.
Ya no hay protocolo de desalojo con previo aviso, lo que permitía a las personas que defendieran su producción, sus animales, sus casas. El desalojo ocurre sin aviso, con las Fuerzas Armadas y empresarios, que llegan ya quemando las casas y la topadora va plantando soja. Queman cementerios ancestrales y, por encima de ellos, plantan la soja.
A menos de un mes de la aprobación de la ley, ya fue desalojada por segunda vez una comunidad llamada Ka’a Poty. Salieron a marchar las comunidades y pueblos indígenas en favor de esta comunidad. Hubo enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y sus antimotines, y varias personas resultaron heridas. La ley da aún más poder a las Fuerzas Armadas de Paraguay, porque los guardacostas de las ganaderas extensivas son los militares.
Oficialmente, son más de 800 asentamientos y comunidades indígena a desalojar. Esa cifra es resultado de la inacción de las instituciones, como INDI (Instituto Paraguayo del Indígena), el Ministerio de Agricultura y la Fiscalía; y de la existencia de las tierras «mal habidas», tierras fiscales que se distribuyeron a aliados del gobierno en la época de la dictadura. La derogación de la ley no va a cambiar por completo esa situación. Por eso, se exige el freno de los desalojos por lo menos por un año, durante el cual podamos avanzar en la regularización de los asentamientos.
El punto clave de una nueva jornada de luchas
En 2021 las organizaciones sociales y campesinas se reunieron para analizar lo que se movió en nuestra situación durante ese tiempo de pandemia. Se cambiaron cuestiones políticas, económicas, sociales, hay leyes que se aprobaron en plena pandemia. En cuanto al económico, el producto es el avance del agronegocio en nuestro territorio. A eso obedece el cambio de ley.
Estamos en una situación muy desventajosa en cuanto a la justicia. Vivimos la opresión y la represión, que resulta en prisiones políticas por las luchas por la tierra. La fiscalía general del Estado es uno de los tres poderes nacionales, y está apoyando fuertemente la narcopolítica y los desalojos forzosos en comunidades indígenas. Paraguay se ha convertido en un Estado narco. Es con este rostro del capitalismo que nos enfrentamos.
Supuestamente, las comunidades indígenas tenemos INDI (Instituto Paraguayo del Indígena), pero esta institución tampoco tiene poder para defender a las comunidades cuando un juez o un fiscal de la zona ordena el desalojo forzoso.
En Paraguay existen 21 pueblos indígenas de diferentes culturas e idiomas. Los que tienen un territorio fértil, con bosques y aguas nacientes son los elegidos por las empresas transnacionales para su producción de soja transgénica y la ganadería extensiva. Afortunadamente, es cada vez más común el sicariato en el campo. Para impedir la lucha por la tierra indígena, se queman ranchos, casas y comunidades. Han quemado instituciones educativas y el lugar sagrado donde los ancianos y ancianas hacen sus oraciones culturales. Se derribaron viviendas construidas hace años, bien como los cultivos. Es muy simbólico también que, cuando hacen desalojos, destruyen las fuentes de agua y los pozos.
Todo eso nos unió. En noviembre llegamos a un gran plenario nacional reuniendo personas campesinas, indígenas, urbanas. Hicimos una movilización el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Fuimos miles en las calles reclamando el fin de las violaciones. Allí anunciamos que en marzo íbamos a tener grandes movilizaciones.
Empezamos con el 8 de marzo, Día Internacional de Lucha de las Mujeres, y el 9 nos quedamos a seguir las luchas prolongadas. Las llamamos «luchas prolongadas» porque no van a terminar, y porque sabemos que, sin fuerza popular, no vamos a derogar la ley de criminalización.
El 24 de marzo, realizamos una marcha campesina indígena y popular, unificando nuestros esfuerzos. Fue una marcha histórica que reunió 20 mil personas, una masa en donde el espíritu de valentía no dejó espacio para el cansancio y el hambre. 20 mil personas movilizadas en Asunción no es una cosa fácil: implica un proceso organizativo extraordinario. Gran parte de ese proceso de articulación tiene que ver con La Vía Campesina y sus organizaciones nacionales: La Coordinadora Nacional de Organización de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas (Conamuri), Federación Nacional Campesina (FNC), Organización de Lucha por la Tierra (OLT), que son las que lideran la conducción política de la marcha.
Sin unidad y organización, una no puede estar segura por sí misma.
La lucha prolongada tuvo 16 días de actividades. En ellos, se ha visto cómo resiste el pueblo, sean niños, jóvenes o dirigentes, que se han puesto al lado de su pueblo. Hubo cierre de ruta en 60 lugares en todo el país durante estos días. En la carpa, tuvimos necesidades básicas, vivimos lluvias y tormentas, pero también bellas asambleas populares. Resistimos a todo, y ahora damos el cuarto intermedio, es decir, volvemos a nuestros territorios para prepararnos mejor y seguir.
Reivindicaciones de las luchas prolongadas
Exigimos hablar con los tres poderes del Estado. Logramos sentarnos a hablar, pero no se llegó a ningún acuerdo permanente. El cese de desalojo fue acordado por ahora, pero no sabemos hasta cuándo.
Es urgente la liberación de las personas presas a causa de la lucha por la tierra. Exigimos discutir una política de reforma agraria para regularizar los asentamientos.
Dentro de nuestras reivindicaciones, también está el tema de negociación de la usina hidroeléctrica Itaipú Binacional, una vez que el 2023 será el año de nuevos acuerdos referentes a sus bases financieras. Pedimos la representación de nuestro sector popular en las negociaciones y estamos en defensa de la soberanía de Itaipú y de la soberanía energética del pueblo paraguayo. La Ruta Bioceánica, que viene de Brasil y sale por Bolivia, también es un tema que nos alerta, pues pasa por las comunidades indígenas y las destruye por completo.
También demandamos políticas públicas para el tema de la producción, una vez que el cambio climático se siente con fuerza en nuestro país. Pasamos sequía en la época de producción, perdemos semillas y producciones. Los grandes productores tienen subsidios; sin embargo, las organizaciones campesinas, indígenas y populares no tienen ni una respuesta del gobierno. No logramos todavía que haya una política pública de aseguramiento de la producción campesina indígena, más allá de las políticas de asistencialismo y distribución de canastas básicas por cortos periodos de tiempo.
El cambio climático también afecta la vida de las mujeres. Nuestra economía feminista y solidaria, con ferias locales y venta de productos, es nuestra forma de ingreso. Pero, ahora que no tenemos producción, ni semillas, ni insumos para la artesanía, la pobreza nos afecta mucho más a las mujeres, especialmente a las compañeras indígenas.
Conamuri, 2022
Organización masiva
La participación de los pueblos indígenas dentro de esta lucha prolongada fue muy impactante. La fuerza de organización conjunta de los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas se enmarca después de 20 años desde el proceso de articulación contra la privatización, en 2002, cuando seis leyes sobre privatizaciones estaban en discusión en simultáneo en el parlamento. De allá hasta ahora, han habido cientos de movilizaciones de todo tipo, con el tema central de la tierra y la reforma agraria. Pero una lucha articulada es lo que se repite ahora.
Nos hartamos y la gente se sentía muy satisfecha por haber aportado está lucha de cuerpo a cuerpo. Cuando el pueblo se harta de todas esas injusticias, como nosotros estamos pasando ahora, cuando se levanta y alza su voz, ya no hay nadie quien pueda decir «basta», hasta llegar al objetivo. El factor subjetivo de fortalecimiento de un sujeto político colectivo es fundamental para el campesinado.
Esa relación machista que reclamamos con nuestras parejas es la misma que nos tiene el Estado con relación a los pueblos. En muchos medios de prensa salió que esta lucha tuvo la cara de las mujeres. Muchísimas mujeres están haciendo frente en el asentamiento, en la comisión sin tierra, en el asentamiento urbano, en las comunidades indígenas. Las organizaciones mixtas que estuvieron con nosotras en las carpas hablaron mucho sobre temas de violencia durante las asambleas populares. Esa atención a los temas feministas en espacios mixtos es algo nuevo y muy interesante.
Marzo, además de ser el mes de las mujeres, es un mes de luchas históricas del campesinado. La primera gran marcha campesina después de la caída de la dictadura fue en marzo de 1994 reunió 50 mil campesinos y campesinas en Asunción. Acá, el 8 de marzo fue el día de la movilización de las mujeres, y las jornadas empezaron el 9. Fue un ejercicio de reconocimiento y consideración, que demuestra un paso más de nuestros compañeros hombres. También las compañeras feministas campesinas y urbanas que estaban en el liderazgo de la movilización asumieron las propuestas del campesinado como suyas. Y recibimos mucha solidaridad promovida por las compañeras feministas, en una conexión en buena parte impulsada por Conamuri.
En estas jornadas, ha habido un protagonismo extraordinario de las compañeras. La carpa implica un proceso de aprendizaje respecto al trabajo colectivo, a cómo convivir en situaciones muy extremas, pero también a cómo las cuestiones políticas y cotidianas se resuelven colectivamente.
Las mujeres siempre estuvimos en grandes procesos de lucha, pero nunca nos reconocieron. Ahora, hay este reconocimiento porque hay un trabajo colectivo: las mujeres toman la palabra, reclaman, proponen, insisten.
17 de Abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas
La lucha por soberanía alimentaria, derechos campesinos, unidad y solidaridad contra el hambre marcan la convocación de La Vía Campesina este 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas. Desde 1996, La Vía Campesina conmemora esa fecha para mantener la memoria viva y denunciar los ahora 26 años de impunidad de la masacre de Eldorado do Carajás, en Brasil, donde asesinaron a 21 personas sin tierra. Historias como estas, aun hoy, se repiten en países como Colombia, Paraguay, Filipinas, Brasil y Honduras con miles de personas campesinas e indígenas criminalizadas y asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes para sembrar alimentos sanos para sus pueblos.
Con la consigna “30 años de luchas colectivas, esperanza y solidaridad”, La Vía Campesina conmemora su nacimiento como movimiento global, y llama a la unidad de acción en todo el mundo. Están previstas acciones simbólicas durante todo el mes de abril, como donación de alimentos, ferias, debates, plantación de árboles nativos, intercambio de semillas. Las acciones forman parte de la denuncia al sistema alimentario industrial y el agronegocio.
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Desigual y letal: Datos y cifras de abril del 2022
Impacto económico de la COVID-19 en América Latina y el Caribe
La región ha soportado el 28% del total de muertes por COVID-19 en el mundo, pese a que sus habitantes sólo representan el 8,4% de la población mundial.
Desde el comienzo de la pandemia, el número de personas que viven en la pobreza sigue siendo 14 millones mayor que en 2019.
Desde el comienzo de la pandemia, el número de personas que viven en la pobreza extrema en América Latina y el Caribe ha aumentado en 16 millones.
América Latina y el Caribe fue la región que experimentó el descenso más drástico del empleo en 2020. Las mujeres, las personas jóvenes y las personas que trabajan en el sector informal han sido las más afectadas.
Casi el 60% de los niños y niñas que perdieron un curso escolar completo en el mundo estaban en América Latina y el Caribe.
44 millones de personas pasaron a sufrir inseguridad alimentaria, de los cuales 21 millones se hallaban en situación de inseguridad alimentaria severa.
La COVID-19 agravada por la desigualdad
La región de América Latina y el Caribe sigue siendo la más desigual del mundo. En 2019, el 20% de las personas más ricas de la población concentraba casi la mitad del total de ingresos, mientras que el 20% más pobre disponía de menos del 5% de ese total.
El 1% de las personas más ricas de la región concentra casi la cuarta parte del total de ingresos.
Existe una relación entre los niveles de ingresos más altos, la desigualdad y el impacto de la pandemia en términos de pérdida de vidas. Los países más desiguales de la región (como Perú, México, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay) tuvieron cifras muy altas de muertes por COVID-19 por millón de habitantes.
En 2019, el 30% de los hogares de la región eran considerados hogares hacinados. El 50% de los hogares de personas que vivían en la pobreza tenían condiciones de hacinamiento.
Menos de un tercio de los hogares vulnerables tienen acceso a una computadora en casa.
Respuestas de protección social y salud durante la COVID-19
En 2019, sólo el 47,2% de las personas empleadas estaban afiliadas o contribuían a sistemas de pensiones. Una de cada cuatro personas de más de 65 años no percibía una pensión.
En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las medidas de protección de emergencia social adoptadas cubrían a menos de dos tercios de la población.
Un total de 64 programas de transferencias monetarias se implementaron en 24 de los 33 países. Sin embargo, más de la mitad de las intervenciones beneficiaron directamente a menos del 10% de la población, y consistieron en transferencias de ingreso inferiores al salario mínimo mensual.
En América Latina y el Caribe, el 30% de la población no tiene acceso a atención de la salud pública gratuita, debido a la falta de cobertura de seguro de salud.
Ningún país de la región de América Latina y el Caribe amplió el seguro de salud o habilitó un seguro de emergencia durante la pandemia.
Excepto Argentina, Cuba y Uruguay, ningún otro país de la región gasta el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) en salud pública, cantidad ésta considerada mínima para asegurar la atención de la salud universal establecida por la Organización Panamericana de la Salud.
Debido a la falta de acceso efectivo a salud gratuita y pública, millones de familias cubren sus gastos en salud con sus ahorros. Los gastos pagados del propio bolsillo representan el 28% del total de gasto en salud en la región.
Fiscalidad y desigualdad en América Latina y el Caribe
Los países de América Latina y el Caribe recaudan menos impuestos en porcentaje del PIB que los países con un nivel de desarrollo semejante. Por término medio, la región sólo recauda el 22% del PIB en impuestos, frente al 33% de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En América Latina y el Caribe, la recaudación depende en gran medida de los impuestos indirectos, como son los que gravan el consumo, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y otros grupos que están sobrerrepresentados entre las personas pobres.
En 2019, los países de la región recaudaron, por término medio, el 46% de sus ingresos totales mediante impuestos indirectos, frente a sólo un tercio de impuestos directos.
La evasión fiscal en América Latina y el Caribe ha dado lugar a la pérdida de cientos de miles de millones de dólares de ingresos públicos. En 2018, los países de América Latina y el Caribe perdieron aproximadamente 350.000 millones de dólares estadounidenses, el 6,1% del PIB de la región. Esta cantidad sería suficiente para cubrir los recursos mínimos destinados a asegurar la salud universal en la región.
Se calcula que los países de América Latina y el Caribe pierden anualmente 40.100 millones de dólares estadounidenses debido a fraude tributario de las empresas. Se calcula que con los ingresos que se han perdido en los últimos 10 años, la región podría haber garantizado el acceso a agua potable de 492.632 personas o haber impedido la muerte de 42.281 niños y niñas.
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La verdad sea dicha
Rosa Grilo tiene más de 100 años. No sabe exactamente cuántos, pero recuerda que era una niña el 19 de julio de 1924.
Recuerda también el ruido del avión que volaba bajito y lanzaba desde el aire caramelos hacia el monte achaparrado. Y que cuando los indígenas corrían tras ellos les disparaban con una ametralladora. “Pensaban que era mercadería. Y dice mi abuelito: ‘No vayan, porque ese está llevando la bomba, vamos a huir’.
Fue la gente a buscar la mercadería, y cuando están todos juntos largan la bomba”, recuerda. Las prevenciones del abuelo salvaron a Rosa Grilo, la última sobreviviente de la masacre de Napalpí, una cacería humana que terminó con 500 indios qom y moqoit muertos a tiros y machetazos.
Grilo está lúcida y vive con sus hijos en un paraje rural de la provincia de Chaco, en el norte argentino. Su voz grabada se escuchó este martes en el inicio de un juicio sin precedentes en América Latina, que intenta echar luz sobre lo ocurrido en aquel paraje argentino perdido en el tiempo.
Ya no quedan policías ni terratenientes ni políticos responsables vivos; por eso no habrá consecuencias penales. Pero el juicio servirá para que una nueva historia oficial entierre a la aún vigente, esa que dice que los muertos en Napalpí fueron consecuencia de un enfrentamiento entre tribus.
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La OIT solicita documentos que contribuyan a acabar con la discriminación racial en el trabajo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pide a personas expertas en igualdad, profesionales, instituciones académicas, centros de investigación y activistas de todo el mundo que compartan sus ideas y recomendaciones sobre cómo eliminar la discriminación racial en el trabajo.
18 de marzo de 2022
La convocatoria de trabajos está abierta hasta el 1 de julio de 2022. Los autores de hasta 20 trabajos seleccionados recibirán un premio de 500 USD y serán invitados a presentar sus trabajos en un simposio en línea. Con esta iniciativa, la OIT espera estimular los debates políticos mundiales y nacionales sobre el tema.
A pesar del reconocimiento universal del derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, la discriminación racial, de género, así como la discriminación por otros motivos, afectan a millones de trabajadores que se enfrentan obstáculos para encontrar empleo, trabajo decente y oportunidades profesionales.
La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado aún más las desigualdades preexistentes en el mercado laboral. Los trabajadores de las minorías étnicas y los trabajadores migrantes, así como las personas indígenas, incluidos aquellos que trabajan en la economía informal, enfrentan graves amenazas para su subsistencia. Los que trabajan en empleos de primera línea, incluidos los sectores de los cuidados y el comercio minorista, en los que predominan las mujeres, han experimentado mayores niveles de estrés, así como violencia y acoso.
"Es crucial que creemos una base de conocimientos exhaustiva sobre los obstáculos y las medidas en materia de igualdad racial, que demos voz a los afectados y que promovamos el diálogo social para que surjan acciones nuevas e innovadoras para combatir la discriminación racial en el mundo del trabajo", afirma Chidi King, Jefa del Servicio de Género, Igualdad, Diversidad e Inclusión de la OIT.
La convocatoria de ponencias se centra en ámbitos políticos clave relacionados con la economía formal e informal, la medición de la discriminación, la exclusión socioeconómica, el acceso a una protección jurídica efectiva y las formas de abordar las nuevas esferas de discriminación en el contexto de la digitalización y la inteligencia artificial.
Las propuestas que surjan del simposio contribuirán a reforzar la aplicación de los instrumentos existentes de la OIT, como el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) , que exige a los países que adopten medidas específicas para la eliminación de la discriminación, incluida la racial. El Convenio ha sido ratificado por 175 de los 187 Estados miembros de la OIT.
El principal órgano decisorio de la OIT, la Conferencia Internacional del Trabajo, ha hecho un llamamiento a favor de un programa mundial transformador en materia de igualdad, diversidad e inclusión como parte de una recuperación de la pandemia de la COVID-19 centrada en el ser humano.
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La Justicia anuló concesiones mineras en México por no haber consultado a las comunidades
El fallo supone un nuevo revés para esa industria en México después de que la Suprema Corte cancelase otros dos permisos hace un mes con el mismo argumento
Tras ocho años de lucha, el pueblo indígena maseual de la Sierra Norte de Puebla ha conseguido evitar que la minería se abra paso en sus montañas. En una decisión inapelable, un tribunal federal ha anulado esta semana tres concesiones que autorizaban al Grupo Ferrominero extraer oro y cobre a cielo abierto en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan porque las autoridades no consultaron a las comunidades antes de dar los permisos. La decisión supone un nuevo varapalo para la industria minera en México después del histórico fallo del Tribunal Supremo, que por primera vez canceló dos concesiones mineras en Tecoltemi, también en el Estado de Puebla, bajo el mismo argumento de no contar con el consentimiento de la población.
El camino hasta aquí no fue sencillo. Ofelio Julián Hernández, uno de los indígenas maseuales que impulsaron la batalla legal, cuenta que en su comunidad nadie sabía bien lo que era la minería a cielo abierto cuando escucharon por primera vez sobre las concesiones, en mayo de 2014. Los siguientes cuatro años celebraron más de treinta asambleas informativas en decenas de pueblos de la sierra para informar sobre los peligros ambientales que implican ese tipo de proyectos. “El polígono (minero) solamente afectaba a un 10% del territorio de Cuetzalan. Pero nos movilizamos rápidamente porque se situaba en la parte alta del municipio, donde están las principales montañas que alimentan con los arroyos a las comunidades de abajo”.
Ofelio, que por entonces rondaba los veinte años, se unió al Consejo Maseual Altepetajpianij. En su lengua, ‘Altepetaj’ significa montaña y agua. ‘Pianij’ significa guardián. Con ellos aprendió que, “si las mineras usaban cianuro en esas altas montañas, terminarían contaminando los arroyos, manantiales y ríos de los que dependen las comunidades”. Los años de lucha, como ocurre en casi cada esquina del país, conllevaron amenazas. A finales de 2017, el edificio que albergaba la unión de cooperativas local sufrió un incendio provocado. No hubo heridos, pero tomaron sus precauciones: en las asambleas se irían rotando, para que ninguno destacase entre los demás. “Sabemos que ese tipo de ataques no son por accidente, sino que había una intención de detener las acciones que estábamos realizando en contra de la minería y la energía hidroeléctrica”.
El empuje del Consejo fue surtiendo efecto. En 2015, presentaron un amparo con la ayuda del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la jueza otorgó una suspensión provisional mientras se resolvía el juicio, lo que logró que sus montañas hayan permanecido intactas. El argumento principal que esgrimieron en la demanda fue que las concesiones violaban el derecho a la consulta que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También alegaban que la Ley Minera estaba atropellando su derecho al territorio, al acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados y al agua.
Tanto Grupo Ferrominero como la dirección general de minas de la Secretaría de Economía esgrimieron que la concesión “no altera en nada la situación de derechos de la comunidad indígena, y sería en posteriores etapas que podría haber algún tipo de impacto, pero ello son hechos futuros de realización incierta”. El Tribunal Colegiado ha desechado ahora ese argumento, en línea con lo que dice la OIT, afirmando que “el otorgamiento de títulos de concesión mineras dentro del territorio de pueblos indígenas (…) sí genera afectaciones directas e inmediatas que impactan su autodeterminación, territorios y recursos naturales”.
Sin embargo, como ocurrió con el fallo del Tribunal Supremo, la Ley Minera queda intacta. La estrategia legal buscaba que algunos de los artículos de esa norma fuesen declarados inconstitucionales porque establecen que la minería es prioritaria frente a cualquier otro interés en un territorio. En cualquier caso, Xavier Martínez, director operativo de CEMDA, celebra que el fallo del tribunal colegiado conocido esta semana sí reconozca que los intereses de la minería se solapan con los de los pueblos indígenas. “Por una parte, el dominio pertenece al Estado Mexicano. Sin embargo, el propio Convenio reconoce como parte de los derechos de las comunidades indígenas la participación en su utilización, administración y conservación”, dicta la sentencia.
Martínez ve las últimas decisiones judiciales respecto de la minería en México como una señal de que algo está cambiando. “Empezamos a tener este rosario de sentencias que van a tener que transformar la forma en que se hace minería en México. Y, a fin de cuentas, también la Ley Minera”.
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