Rosa Grilo tiene más de 100 años. No sabe exactamente cuántos, pero recuerda que era una niña el 19 de julio de 1924.

Recuerda también el ruido del avión que volaba bajito y lanzaba desde el aire caramelos hacia el monte achaparrado. Y que cuando los indígenas corrían tras ellos les disparaban con una ametralladora. “Pensaban que era mercadería. Y dice mi abuelito: ‘No vayan, porque ese está llevando la bomba, vamos a huir’.

Fue la gente a buscar la mercadería, y cuando están todos juntos largan la bomba”, recuerda. Las prevenciones del abuelo salvaron a Rosa Grilo, la última sobreviviente de la masacre de Napalpí, una cacería humana que terminó con 500 indios qom y moqoit muertos a tiros y machetazos.

Grilo está lúcida y vive con sus hijos en un paraje rural de la provincia de Chaco, en el norte argentino. Su voz grabada se escuchó este martes en el inicio de un juicio sin precedentes en América Latina, que intenta echar luz sobre lo ocurrido en aquel paraje argentino perdido en el tiempo.

Ya no quedan policías ni terratenientes ni políticos responsables vivos; por eso no habrá consecuencias penales. Pero el juicio servirá para que una nueva historia oficial entierre a la aún vigente, esa que dice que los muertos en Napalpí fueron consecuencia de un enfrentamiento entre tribus.

Fuente aquí

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pide a personas expertas en igualdad, profesionales, instituciones académicas, centros de investigación y activistas de todo el mundo que compartan sus ideas y recomendaciones sobre cómo eliminar la discriminación racial en el trabajo.

18 de marzo de 2022
La convocatoria de trabajos está abierta hasta el 1 de julio de 2022. Los autores de hasta 20 trabajos seleccionados recibirán un premio de 500 USD y serán invitados a presentar sus trabajos en un simposio en línea. Con esta iniciativa, la OIT espera estimular los debates políticos mundiales y nacionales sobre el tema.

A pesar del reconocimiento universal del derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, la discriminación racial, de género, así como la discriminación por otros motivos, afectan a millones de trabajadores que se enfrentan obstáculos para encontrar empleo, trabajo decente y oportunidades profesionales.

La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado aún más las desigualdades preexistentes en el mercado laboral. Los trabajadores de las minorías étnicas y los trabajadores migrantes, así como las personas indígenas, incluidos aquellos que trabajan en la economía informal, enfrentan graves amenazas para su subsistencia. Los que trabajan en empleos de primera línea, incluidos los sectores de los cuidados y el comercio minorista, en los que predominan las mujeres, han experimentado mayores niveles de estrés, así como violencia y acoso.

"Es crucial que creemos una base de conocimientos exhaustiva sobre los obstáculos y las medidas en materia de igualdad racial, que demos voz a los afectados y que promovamos el diálogo social para que surjan acciones nuevas e innovadoras para combatir la discriminación racial en el mundo del trabajo", afirma Chidi King, Jefa del Servicio de Género, Igualdad, Diversidad e Inclusión de la OIT.

La convocatoria de ponencias se centra en ámbitos políticos clave relacionados con la economía formal e informal, la medición de la discriminación, la exclusión socioeconómica, el acceso a una protección jurídica efectiva y las formas de abordar las nuevas esferas de discriminación en el contexto de la digitalización y la inteligencia artificial.

Las propuestas que surjan del simposio contribuirán a reforzar la aplicación de los instrumentos existentes de la OIT, como el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) , que exige a los países que adopten medidas específicas para la eliminación de la discriminación, incluida la racial. El Convenio ha sido ratificado por 175 de los 187 Estados miembros de la OIT.

El principal órgano decisorio de la OIT, la Conferencia Internacional del Trabajo, ha hecho un llamamiento a favor de un programa mundial transformador en materia de igualdad, diversidad e inclusión como parte de una recuperación de la pandemia de la COVID-19 centrada en el ser humano.

Fuente aquí

El fallo supone un nuevo revés para esa industria en México después de que la Suprema Corte cancelase otros dos permisos hace un mes con el mismo argumento

Tras ocho años de lucha, el pueblo indígena maseual de la Sierra Norte de Puebla ha conseguido evitar que la minería se abra paso en sus montañas. En una decisión inapelable, un tribunal federal ha anulado esta semana tres concesiones que autorizaban al Grupo Ferrominero extraer oro y cobre a cielo abierto en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan porque las autoridades no consultaron a las comunidades antes de dar los permisos. La decisión supone un nuevo varapalo para la industria minera en México después del histórico fallo del Tribunal Supremo, que por primera vez canceló dos concesiones mineras en Tecoltemi, también en el Estado de Puebla, bajo el mismo argumento de no contar con el consentimiento de la población.

El camino hasta aquí no fue sencillo. Ofelio Julián Hernández, uno de los indígenas maseuales que impulsaron la batalla legal, cuenta que en su comunidad nadie sabía bien lo que era la minería a cielo abierto cuando escucharon por primera vez sobre las concesiones, en mayo de 2014. Los siguientes cuatro años celebraron más de treinta asambleas informativas en decenas de pueblos de la sierra para informar sobre los peligros ambientales que implican ese tipo de proyectos. “El polígono (minero) solamente afectaba a un 10% del territorio de Cuetzalan. Pero nos movilizamos rápidamente porque se situaba en la parte alta del municipio, donde están las principales montañas que alimentan con los arroyos a las comunidades de abajo”.

Ofelio, que por entonces rondaba los veinte años, se unió al Consejo Maseual Altepetajpianij. En su lengua, ‘Altepetaj’ significa montaña y agua. ‘Pianij’ significa guardián. Con ellos aprendió que, “si las mineras usaban cianuro en esas altas montañas, terminarían contaminando los arroyos, manantiales y ríos de los que dependen las comunidades”. Los años de lucha, como ocurre en casi cada esquina del país, conllevaron amenazas. A finales de 2017, el edificio que albergaba la unión de cooperativas local sufrió un incendio provocado. No hubo heridos, pero tomaron sus precauciones: en las asambleas se irían rotando, para que ninguno destacase entre los demás. “Sabemos que ese tipo de ataques no son por accidente, sino que había una intención de detener las acciones que estábamos realizando en contra de la minería y la energía hidroeléctrica”.

El empuje del Consejo fue surtiendo efecto. En 2015, presentaron un amparo con la ayuda del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la jueza otorgó una suspensión provisional mientras se resolvía el juicio, lo que logró que sus montañas hayan permanecido intactas. El argumento principal que esgrimieron en la demanda fue que las concesiones violaban el derecho a la consulta que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También alegaban que la Ley Minera estaba atropellando su derecho al territorio, al acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados y al agua.

Tanto Grupo Ferrominero como la dirección general de minas de la Secretaría de Economía esgrimieron que la concesión “no altera en nada la situación de derechos de la comunidad indígena, y sería en posteriores etapas que podría haber algún tipo de impacto, pero ello son hechos futuros de realización incierta”. El Tribunal Colegiado ha desechado ahora ese argumento, en línea con lo que dice la OIT, afirmando que “el otorgamiento de títulos de concesión mineras dentro del territorio de pueblos indígenas (…) sí genera afectaciones directas e inmediatas que impactan su autodeterminación, territorios y recursos naturales”.

Sin embargo, como ocurrió con el fallo del Tribunal Supremo, la Ley Minera queda intacta. La estrategia legal buscaba que algunos de los artículos de esa norma fuesen declarados inconstitucionales porque establecen que la minería es prioritaria frente a cualquier otro interés en un territorio. En cualquier caso, Xavier Martínez, director operativo de CEMDA, celebra que el fallo del tribunal colegiado conocido esta semana sí reconozca que los intereses de la minería se solapan con los de los pueblos indígenas. “Por una parte, el dominio pertenece al Estado Mexicano. Sin embargo, el propio Convenio reconoce como parte de los derechos de las comunidades indígenas la participación en su utilización, administración y conservación”, dicta la sentencia.

Martínez ve las últimas decisiones judiciales respecto de la minería en México como una señal de que algo está cambiando. “Empezamos a tener este rosario de sentencias que van a tener que transformar la forma en que se hace minería en México. Y, a fin de cuentas, también la Ley Minera”.

Fuente aquí

Investigadores del CONICET participaron de un trabajo que retrata las dificultades de comunidades de todo el país.

Quinientas páginas, cien autores y 30 pueblos indígenas relevados en menos de dos meses. Son los números que grafican un completo informe elaborado por grupos de investigación en antropología del CONICET y universidades nacionales de todo el país. El trabajo se desprende del relevamiento del impacto de la medida social de aislamiento que el gobierno nacional solicitó a la Unidad Coronavirus COVID-19 a mediados de marzo pasado y que revela la realidad de las comunidades indígenas que habitan el suelo argentino en medio de una invisibilización histórica y reclamos territoriales, lingüísticos y culturales sostenidos, en algunos casos, desde hace más de un siglo.

“Los lineamientos bajo los cuales se pensó el documento eran expresos: queríamos aclarar que no son sectores vulnerables, sino pueblos cuyos derechos han sido sistemáticamente vulnerados; y tampoco se trata solamente de víctimas: son personas que tienen la capacidad de pensar, soñar y organizarse, y eso les permite seguir existiendo a pesar de todo lo padecido”, relata Liliana Tamagno, investigadora del CONICET actualmente jubilada y directora del Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social de la Universidad Nacional de La Plata (LIAS, UNLP). Sus integrantes fueron invitados a participar por un equipo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) liderado por el investigador del CONICET Sebastián Valverde apenas la idea del informe empezaba a cobrar vida.

Sorprendida por el grado de adhesión y concordancia que evidencian los aportes vertidos en el informe por cada grupo participante, Tamagno admite que al principio sintió cierta desconfianza en el éxito que pudiera tener un proyecto con tantos autores. “Son docentes, investigadores y becarios que se acercaron porque querían sumar el resultado de años de estudios. El producto es lo que nosotros entendemos como una construcción colectiva de conocimiento junto con los pueblos indígenas, con quienes hemos realizado trabajo de campo durante décadas”, repasa la especialista, y agrega: “Un texto de esta extensión escrito colaborativamente entre cien personas excede lo que indican los protocolos académicos, como por ejemplo podría encontrarse en un volumen firmado por una o dos personas, o en una recopilación de capítulos individuales”.

Titulado “Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina. Segunda etapa, junio 2020”, el trabajo incluye registros de comunidades que habitan las regiones Metropolitana, Pampeana, Noroeste, Noreste, Cuyo y Patagonia. La dinámica se basó en comunicaciones constantes a través de conversaciones telefónicas, redes sociales, la aplicación WhatsApp y videollamadas con los referentes de cada pueblo para hacer un seguimiento de la cotidianidad en el contexto de pandemia en cuanto a problemáticas de ambiente y salud, alimentación, y acceso a la educación, información y justicia. En todos los casos se describen situaciones de necesidad, especialmente de agua potable y elementos de higiene, dificultades económicas por la imposibilidad de salir a trabajar, y deserción escolar.

“Esta segunda parte no es un mero diagnóstico, sino que es un trabajo propositivo en el que se brindan recomendaciones y líneas de acción concretas para proceder ante este acontecimiento del COVID-19 que, insistimos, viene a profundizar muchas desigualdades que existían previamente, así como la criminalización y estigmatización histórica que sufren por su condición sociocultural”, explica Sofía Silva, becaria de la UNLP e integrante del LIAS. Cabe mencionar que en la mayoría de los casos se trata de poblaciones migrantes, ya sea de otras provincias como de países limítrofes, que han ido habitando la periferia de las ciudades pero siempre en constante relación con sus lugares de origen, lo que los habilita a reconocerse como pueblos más allá de donde se encuentren.

Para las autoras hay dos cuestiones fundamentales que quedan plasmadas a lo largo de todo el informe. “En primer lugar, cuán fuerte impacta el COVID-19 en los pueblos indígenas, las dificultades que atraviesan y los modos en que la crisis contribuye a ponerlas de relieve. Esto obliga a revisar trabajos antropológicos que se centran en la cultura pero no tienen en cuenta las desigualdades sociales y de clase, cuando en realidad son aspectos inescindibles”, señala Tamagno, y añade: “Se habla de la necesidad de tener una educación bilingüe o una salud intercultural tal cual lo dispone la legislación, pero son prácticas difíciles de llevar a cabo en contextos de desigualdad. La interculturalidad por la que tanto se brega solo va a ser posible cuando se reviertan las inequidades. Es el único modo ya que, si los medios o dispositivos de comunicación son limitados, si no hay conectividad, si los maestros no tienen posibilidades de capacitarse, ¿cómo se va a lograr un proceso de interacción y diálogo que implique a toda la sociedad?”.

El otro tema que aparece con claridad en el informe de comienzo a fin –coinciden las especialistas– es el del racismo. “Nos preguntamos por qué razón esta práctica, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denuncia desde 1946, sigue presente”, apunta Tamagno, y reflexiona en consonancia con la teoría del antropólogo argentino radicado en México Eduardo Menéndez, que la ha definido como el modo de relación establecido por el capitalismo. “¿Cómo expropiar, explotar y hambrear al otro si no se lo supone inferior, si no se lo cosifica? Hay que entender la desigualdad como algo producido por el interés del gran capital que se hace realidad en los agronegocios, la minería y el megaturismo que avanzan depredando y violentando la naturaleza, la vida y los derechos de los pueblos indígenas, a quienes no se valora como al resto de los ciudadanos”, expresa.

Para finalizar, las especialistas destacan algo constitutivo de las comunidades originarias que retrata su identidad más profunda. Así, se refieren a las formas de organización y la reflexión sobre sí mismos, la vida humana y la naturaleza que tienen sus miembros. “Los pensamientos hacia el futuro, lo que quieren para ellos, sus hijos y nietos. Ahí aparecen sus saberes y utopías, que siguen en pie a pesar de todas las expropiaciones, arrinconamientos y explotaciones sufridas. Ellos denuncian esas situaciones pero también desean que se valoren los modos en que transmiten sus conocimientos de generación en generación”, sintetizan en alusión a un aspecto que no quieren dejar de mencionar: “Sin caer en una mirada romántica, subrayamos el sentido de lo colectivo comunitario que los guía y les permite seguir existiendo. El sentido de reciprocidad: la idea del dar y recibir, pensar en el otro y ser de alguna manera ese otro, resistiendo a la lógica de la acumulación y las leyes del mercado que organizan la sociedad individualista en la que vivimos”.

Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social de la Universidad Nacional de La Plata (LIAS)

El LIAS es un espacio que desarrolla investigaciones junto a pueblos indígenas desde hace mas de 30 años, luego de comenzar con el acompañamiento de familias qom migrantes en las periferias de las ciudades de La Plata, Buenos Aires y Rosario. Las líneas de investigación “Etnicidad/ interculturalidad/diversidad-desigualdad. Indígenas en ciudad” que dirige Liliana Tamagno y “Etnografía de procesos escolares en los distintos niveles formales/ Prácticas escolares-Escolarización/Educación Indígena que dirige Stella Maris Garcia, se complementan y enriquecen. Los avances de sus investigaciones se sintetizan en el Protocolo de Actuación para Organismos Gubernamentales de la Provincia de Buenos Aires que reciben demandas de personas, comunidades y pueblos indígenas por la efectivización de sus derechos del año 2017, redactado conjuntamente con referentes indígenas.

Por Mercedes Benialgo
Fuente aquí