El uso de semillas transgénicas y agroquímicos fue aprobado en la Argentina en 1996, pero hasta hoy no hay cifras oficiales sobre su uso. Informes privados indican que, en 2018, se utilizaron 525 millones de litros de herbicidas, mientras se acumulan los estudios sobre los perjuicios que generan en la salud y el ambiente.

El 3 de diciembre de 1984 ocurrió un desastre sanitario por la filtración de toneladas de gas de una planta de la compañía Dow Chemical en India. El resultado fue 25.000 muertos y 100.000 personas con enfermedades crónicas. La Red de Acción en Plaguicidas, que reúne a 400 organizaciones de 60 países, dispuso esta fecha para conmemorar el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas. A 36 años de aquella masacre, 10 hechos para debatir el uso de agrotóxicos en la Argentina:

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es un ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Luego de un año de trabajo de 17 expertos de once países, en marzo de 2015, entregó un estudio por el cual el glifosato fue categorizado en el «Grupo 2A» que, en parámetros de la Organización Mundial de la Salud, significa: «Probablemente cancerígeno para los seres humanos». La reclasificación del IARC-OMS fue un gran respaldo para las comunidades que luchan contra la afectación que producen los agrotóxicos.

El informe Antología Toxicológica del Glifosato +1000, recopilado por Eduardo Martín Rossi y editado por la ONG Naturaleza de Derechos, reúne 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del glifosato en el ambiente y en la salud. Entre ellos, más de 200 trabajos científicos son de universidad públicas de la Argentina. La antología recoge informes que vinculan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. También investigaciones que lo asocian a mecanismos de fisiopatología celular (promotor el cáncer), apostosis celular (muerte celular programada), genotoxicidad y trastornos en el sistema endocrino. Y, por último, su afectación en los sistemas reproductivo, inmunitario, digestivo, nervioso, renal y cardiovascular.

El glifosato es el agrotóxico más utilizado en el mundo, el primero creado por Monsanto para utilizar en el paquete químico junto a la «soja RR», aprobada en la Argentina el 23 de marzo de 1996, antes que en ningún otro país de la región. La resistencia generada por las “malezas” fueron promoviendo el uso de otros complementos y sustitutos químicos: Atrazina; 2,4D, Endosulfán, Paraquat, Glufosinato de amonio, Dicamba.
El uso de agrotóxicos en la Argentina a impulsado, entre 2003 y 2019, al menos 28 fallos judiciales que prohíben o limitan las fumigaciones con agrotóxicos en ocho provincias. Uno de los casos emblemáticos es el de Entre Ríos, que en 2018 protegió a todas las escuelas rurales de la provincia alejando las fumigaciones terrestres a 1.000 metros de distancia, y 3.000 metros cuando se trata de fumigación aérea. En 2019, el gobernador Gustavo Bordet desoyó el fallo, emitió un decreto que permite fumigar a solo 100 metros y consiguió el visto bueno del Supremo Tribunal provincial, que había emitido cinco fallos consecutivos para proteger a la población.
La materia Práctica Final de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (Argentina) cuenta con una experiencia inédita que consiste en un «campamento sanitario» para analizar el impacto del uso de agrotóxicos en la Argentina. Llevan realizados 37 campamentos en cuatro provincias (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba). Entrevistaron a 115.000 personas (el 65% de los habitantes de los lugares estudiados). «El incremento de abortos espontáneos, malformaciones congénitas, así como de las enfermedades oncológicas (cánceres de distintos tipos, linfomas, leucemias) y su diferencia con los datos de los registros nacionales fue algo que nos hizo pensar en la necesidad de profundizar el análisis acerca de los procesos de determinación de la salud de estas comunidades”, señala el informe del Instituto de Salud Socioambiental (Inssa).

ONG Naturaleza de Derechos

El Estado ha renunciado a su función de contralor en registrar la cantidad de litros/kilos de agrotóxicos que se usan efectivamente en la agricultura industrial. Todo se rige por resoluciones de despachos administrativos que trascienden a los gobiernos, autorizan transgénicos y hacen oídos sordos a todas las evidencias científicas. Por ejemplo, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) fue creada en 1991 y su confirmación se mantuvo en secreto hasta 2017. De 34 miembros de la comisión, 26 representaban a empresas del agronegocio o tenían conflicto de intereses.

En Argentina el uso de herbicidas se incrementó en un 1.279 por ciento en un período de 20 años (de 1991 a 2011), según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se trata de un dato aislado de un organismo estatal, ya que no hay registros oficiales del uso de agrotóxicos. La ONG Naturaleza de Derechos sistematizó datos en base a información de las empresas y a los datos recogidos de los diarios donde se publicita el agronegocio, y concluyó que durante el año 2018 llegaron a usarse 525 millones de kg/l de herbicidas.

En 2015 se utilizaron 427 millones de kg/l de agrotóxicos: un promedio de 9,7 kg/l por persona. En 2016 el uso ascendió a 460 millones de kg/l (10,4 por persona). En 2017 aumentó a 480 millones de kg/l (10,9 por persona), y en 2018 llegó a los 525 millones de kg/l (promedio de 11,9 por persona). Según la misma ONG -siempre en base a datos oficiales y de las empresas del agronegocio- el promedio de herbicida aplicado por hectárea cultivada también aumentó. En 1996 se utilizaban 4 kg/l por hectárea, en 2003 aumentó a 7 kg/l, en 2010 alcanzó los 10 kg/l por hectárea, y en 2018 llegó a los 13 kg/l por hectárea.
El Espacio Multidisciplinario de Interacción Ambiental (EMISA) de la Universidad de La Plata, coordinado por el profesor Damián Marino, publicó en 2015 el estudio Plaguicidas en alimentos, donde revelaron el residuo de plaguicidas en frutas y verduras del Mercado Central platense. Entre noviembre de 2014 y abril de 2015 analizaron lechuga, acelga, zanahoria, morrón, naranja y mandarina.El 80 por ciento dieron positivas para al menos 1 compuesto agrotóxico. 3 de cada 10 tenían al menos 3 compuestos. El más encontrado fue el endosulfán, que se encuentra prohibido.
En noviembre de 2018, la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU entregó un informe sobre la Argentina en el que instó al Poder Ejecutivo a «tomar en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción de la agricultura industrial en relación con el suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras» y advirtió que el glifosato «se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías». Como contrapunto, la Relatoría insistió en «la importancia de la agricultura familiar para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos» y subrayó que «las prácticas agroecológicas han demostrado ser exitosas en varias partes del mundo».

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El Gobierno de Piñera insiste en extender el estado de excepción en la llamada macrozona sur de Chile
Santiago de Chile - 04 NOV 2021

En una semana especialmente violenta en la Araucanía chilena, en un conflicto por las tierras ancestrales del pueblo mapuche que solo se ha intensificado desde fines de los años noventa, el Ministerio Público confirmó este jueves la muerte de un comunero en la región del Biobío, donde otra persona quedó herida de gravedad. En una zona que se encuentra bajo control militar desde el 12 de octubre pasado, cuando el presidente Sebastián Piñera decretó un estado de excepción constitucional “por la grave alteración del orden público”, funcionarios de Carabineros y de la Armada habrían respondido a ataques de grupos armados, aunque tanto las circunstancias como el origen de las balas está siendo investigado por los fiscales.

El presidente Piñera respaldó a los uniformados desde el Palacio de La Moneda. “Quiero decirlo en forma muy fuerte y clara: en esta difícil y necesaria labor, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), con el apoyo de la Fuerzas Armadas, cuentan con todo el respaldo de este presidente, de nuestro Gobierno y estoy seguro que de la gran mayoría de chilenas y chilenos que queremos vivir con mayor paz, tranquilidad y seguridad”, sostuvo Piñera.
El mandatario aseguró que se incautaron armas de fuego, un fusil, municiones de guerra y un vehículo con encargo por robo. “Lamentamos profundamente todas las pérdidas de vidas y la existencia de heridos y víctimas de la violencia”, aseguró el presidente, arropado por el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, y del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que anoche en una comparecencia desde el mismo palacio de Gobierno replicó lo dicho inicialmente por la Fiscalía de que había dos muertos, lo que el Ministerio Público corrigió con el paso de las horas.

El Gobierno ha pedido cautela y prudencia para esclarecer los hechos, porque uno de los principales conflictos que ha enfrentado en la Araucanía, a unos seiscientos kilómetros al sur de Santiago de Chile, se originó justamente por apoyar a las policías sin esperar la investigación de los acontecimientos. A fines de 2018, en el primer año de este segundo mandato de Piñera, La Moneda respaldó la versión de Carabineros, que luego se demostró que había asesinado con un tiro por la espalda a un joven mapuche de 24 años, Camilo Catrillanca. Fue una de las principales crisis iniciales del Ejecutivo, que por este caso perdió a uno de los principales colaboradores del presidente, Andrés Chadwick, que como ministro del Interior fue acusado constitucionalmente en el Parlamento y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2024.

De acuerdo con la versión oficial, este miércoles hubo dos graves incidentes en la ruta que une a las localidades de Cañete y Tirúa, en la provincia de Arauco. Tanto Carabineros como la Armada habrían sido atacados por desconocidos con armas de guerra. Aunque por estos hechos hubo dos personas detenidas y otros dos heridos, no está claro si fue en este contexto en que se produjo la muerte del comunero mapuche identificado como Jordan Llempi Machacan, de 23 años. El herido de gravedad se trataría de Claudio Iván Porm, de 44 años, que permanece ingresado en un hospital. Luego de los incidentes del miércoles, grupos armados quemaron esta madrugada siete máquinas de una empresa constructora y amenazaron con “más acciones de sabotaje”. A través de un vídeo, una treintena de integrantes armados de la organización guerrillera mapuche Weichan Auka Mapu (WAM) asegura que la fuerza policial y militar debe abandonar el territorio, “porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas”.

Han sido jornadas violentas lo que se conoce en Chile como la macrozona sur, donde está radicado el conflicto entre los mapuches y el Estado chileno, que ha derivado en otros fenómenos, como el robo de madera de las forestales o narcotráfico. El martes, desconocidos descarrilaron un tren de carga en la región de La Araucanía y luego lo quemaron. El ataque sucedió poco antes de que pasara un ferrocarril con pasajeros, con capacidad para unas 400 personas, por lo que las autoridades se refirieron a “un atentado contra la vida humana”. Dejaron un lienzo para exigir que los militares abandonen la zona, aunque no son los planes del Gobierno.

Luego del atentado del tren, Piñera anunció que pedirá al Congreso que se extienda el estado de excepción en el sur. En su comparecencia de este jueves, el mandatario chileno ha insistido en que los últimos hechos de violencia “ratifican” la necesidad de mantener esta zona militarizada, pese a que la medida ha sido criticada desde diferentes sectores. En paralelo, la Gobernación regional de La Araucanía y la agrupación de municipios de la zona han organizado una consulta ciudadana para este viernes, sábado y domingo sobre la presencia de los militares en la zona, para que el Parlamento tome una medida considerando la opinión de los habitantes.

Entre los críticos a la permanencia de los uniformados en la Araucanía están los 17 convencionales de pueblos originarios que redactan una nueva Constitución. “Como hemos denunciado en múltiples ocasiones, los hechos que lamentamos son consecuencia de la política estatal que mantiene en estado de emergencia gran parte del territorio histórico mapuche, que militariza y criminaliza la legítima demanda territorial de nuestra gente”, aseguraron en un comunicado. Mientras, el conflicto se toma la carrera presidencial, cuya elección se realizará el 21 de noviembre. El candidato de la derecha extrema, José Antonio Kast, aseguró que en Chile “no podemos seguir permitiendo la acción ilegítima de grupos de quieren secuestran la democracia”.

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Organizaciones sociales formaron un corredor de asistencia, pero también quedaron rodeados
"Llegaron los policías, me apuntaron, me tiraron al piso, y me pusieron una rodilla en la espalda, quiero que todos sepan lo que estamos pasando". Antu Morales es mapuche, tiene 8 años y es parte de la Lof Quemquemtrew, una comunidad de Río Negro que la fiscal Betiana Cendón ordenó desalojar el 24 de septiembre a la madrugada. Más de cincuenta efectivos de la Policía de El Bolsón ingresaron violentamente al territorio recuperado, y a los tiros y golpes se llevaron detenidos a Alejandro Morales, Mauro Vargas y Lautaro Cárdena. La disputa entre la familia Rocco, que ocupa las tierras de recuperación ancestral, estaba en una instancia de diálogo. Pero una falsa denuncia de encapuchados en la zona y el procedimiento policial tensaron la situación. Organizaciones sociales, de derechos humanos y de pueblos originarios armaron un corredor humanitario porque quienes resistieron el desalojo quedaron encerrados tras un cerco policial, sin comida ni ropa. Una comisión intentó llevarles provisiones y abrigo pero también los sitiaron y los reprimieron, de modo que la ayuda no llegó a su destino.

"Pedí adelantar la audiencia para ingresar la ayuda humanitaria con alimentos y abrigo, pero la mantuvieron firme para mañana (miércoles 29) a las 13, no quieren la mesa de diálogo, han hecho provocaciones para romperla y quieren un muerto, es muy grave", dijo a Página/12 Orlando Carriqueo, secretario de la Coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro. En una nota dirigida a la fiscal Cendón, al Procurador y a la Defensoría Penal, Carriqueo expresó que "atento a la gravedad de la situación alimentaria y de abrigos en que se encuentran, rodeados de fuerzas de seguridad y teniendo en cuenta las temperaturas bajo cero durante la noche, es que solicito se adelante la audiencia a los efectos que se dé urgente tratamiento a la ayuda humanitaria solicitada". Sin embargo, Carriqueo no logró apurar los tiempos de la fiscalía.

Adolfo Pérez Esquivel y autoridades nacionales se comunicaron con la gobernadora de esa provincia, Arabela Carreras, para interceder en el tenso conflicto. Antes de perderse en el cerro, donde no tendrá señal en su celular, Carriqueo explicó que se trata de "una tierra fiscal, no hay titular como dicen algunos medios". Y agregó que "el Gobierno de Río Negro no respeta a las comunidades viejas ni a las nuevas, hay otra orden de desalojo para una familia de la comunidad Cañumil, que tiene más de 130 años en el territorio y todos los papeles en regla: el relevamiento de la ley 26.160 y la carpeta técnica". Es precisamente esa norma la que debería impedir los desalojos de las comunidades de pueblos originarios, cuya prórroga ya cuenta con dictamen en el Senado.

La Lof Quemquemtrew había realizado la recuperación de territorio ancestral que ocupa Rolando Rocco, cabeza visible de un entramado empresarial mayor que obtuvo un extrañamente generoso permiso para explotar un predio durante 90 años, condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables para la tala rasa del bosque, y la implantación de pinos. Con esa maniobra, explicada en detalle por Gustavo Figueroa en Wallmapu, periodismo de mar a mar, Rocco se atribuye la propiedad de una zona que es mapuche por excelencia. El fiscal Francisco Arrien de El Bolsón se hizo presente el martes 21 y mantuvo un intercambio con la Lof, y se comprometió a esperar la realización de un trawun de comunidades, a partir del cual se comunicaría la decisión adoptada en conjunto el lunes 27. Se le había solicitado a Arrien el cese del hostigamiento por parte de la policía que merodeaba al territorio, y la garantía de que no se acose ni impida el acceso de los integrantes de las distintas Lof que se acercarían al trawun. Sin embargo, la fiscal en jefe de Bariloche Betiana Cendón solicitó al juez Ricardo Calcagno una orden de identificación de personas que devino en desalojo.

"El viernes 24 se desató una cacería violenta contra la comunidad, vulnerando y violando sistemáticamente los derechos humanos. Más de 50 efectivos de la policía pertenecientes a la COER (Cuerpos de Operaciones Especiales y Rescate) fueron responsables de la balacera, en un procedimiento que está prohibido por leyes y pactos internacionales respecto del tratamiento de pueblos indígenas. Los cuatro detenidos estuvieron en tres comisarías diferentes de Bariloche, permaneciendo desaparecidos por horas, pese a la búsqueda insistente por parte de comunidades y vecines", expresaron en un comunicado desde la comunidad violentada. Los detenidos fueron liberados pero se les abrieron causas judiciales, otra estrategia repetida de hostigamiento contra personas del pueblo mapuche desde 2017.

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El 29 de septiembre, cerca de 1.500 indígenas de 13 pueblos originarios desplazados a Bogotá por el conflicto armado, se asentaron en esta zona verde para exigir al Gobierno políticas públicas que les garanticen la vivienda y otros servicios básicos. Este jueves, 23 días de manifestación después, la decisión de desalojo fue avalada por el inspector de la Policía Javier Orozco, quien otorgó a la Alcaldía un plazo de 48 horas para hacer la caracterización de estas comunidades y, además, pidió usar “la menor cantidad de fuerza posible”.

El proceso de caracterización y catastro empezó la mañana del viernes mediante un equipo de la Administración pública en terreno aunque, según varios líderes comunitarios consultados, con inconvenientes lingüísticos, ya que muchos de los integrantes de la protesta no hablan español. Jairo Montáñez, líder y defensor de los Derechos Humanos del Pueblo wayuu es muy crítico: “El proceso presenta muchas irregularidades. No es legítimo ni real, esto es una estrategia más para legitimar la intervención violenta para recuperar el espacio público. Es inconcebible que la dignidad humana esté por debajo de eso”.

Fruto del frío, 20 personas han sido trasladadas al hospital, seis niños estuvieron ingresados en la UCI y tres embarazadas están hospitalizadas por posibles abortos, aseguran los líderes.

Los indígenas en protesta son desplazados por el conflicto armado interno y llegaron a Bogotá –algunos hace años, otros apenas hace unos meses– desde diferentes departamentos. Aquí se instalaron con subsidios del Distrito que finalizaron el 30 de septiembre. Ahora, reclaman garantías y viviendas dignas que les “devuelvan sus derechos”. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, informó mediante un comunicado a los medios que, “por ley, no se pueden extender las ayudas”: “Los subsidios de arrendamiento solidario y los apoyos a las víctimas de conflicto armado tienen un término de un año. La ley impide que este tipo de apoyo se dé de manera indefinida”. Sin embargo, animó a que estas reivindicaciones escalaran a ámbito nacional. “La unidad nacional de víctimas sí puede entrar en otro proceso de reparación. Estamos a la espera de que, ojalá, sea muy pronto”.

La Alcaldía de Bogotá ha destinado 1.895 millones de pesos (aproximadamente 430.000 euros) desde marzo de 2020 para atender a los pueblos indígenas a través del pago de alquileres y bonos de alimentación. “La solución integral y la salida estructural de esta situación, le corresponde al Gobierno Nacional de manera inmediata”, indicó la institución el martes en un comunicado.

No somos de otro país. Somos colombianos y estamos desplazados porque somos víctimas, no porque queremos

“¿Para dónde me voy?”, se pregunta Damari Teresa Eva Valencia, de 27 años, desde la caseta en la que vive con sus tres hijas de diez, ocho y cuatro años, desde hace dos semanas. “Me fui del Chocó porque me amenazaron de muerte y vivo acá, en el barrio de Santa Rosa, desde hace cuatro meses. Hace dos que no recibo ayudas. No tengo de qué vivir y soy madre soltera”, cuenta mientras ellas rebuscan juguetes entre las mochilas que trajeron. Desde que dejaron de subvencionar la vivienda, el casero echó a su familia a la calle y se instalaron aquí, según manifiesta. “Solo me dejaron guardar el colchón”. Rosmira Campo Murillo, indígena embera de 32 años, criticala falta de “voluntad política y compromiso”: “Solo queremos un techo para vivir tranquilos. Ellos se comprometieron. No somos de otro país. Somos colombianos y estamos desplazados porque somos víctimas, no porque queremos”.

Tanto Valencia, como el resto de indígenas, exigen una mesa de diálogo con la Administración y la presencia en el Parque Nacional de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien insistió el miércoles en que se trasladasen al Parque de Florida: ”Es un albergue con techo seguro, alimentación y puesto de salud. Para los líderes como Montáñez, mudarse no es una opción: “aún estando ante este inclemente frío tenemos más garantías acá”.

Las condiciones en las que han habitado casi 1.500 personas (de las cuales, la mitad eran niños) han sido muy precarias. Hacinados en casetas de lonas de plástico negro y sin casi abrigo ni mantas han aguantado lluvias y granizos. Los pequeños corretean descalzos y sucios entre el humo de las hogueras de leñas en las que las familias cocinan los ingredientes que han ido dejando decenas de donantes. Fruto del frío, al menos 20 personas han sido trasladadas al hospital, seis niños estuvieron ingresados en la UCI (uno de ellos sigue crítico) y tres embarazadas hospitalizadas por posibles abortos, aseguran los líderes. “Sentimos que para el Gobierno somos basura”, dice Campo.

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