En tiempos llamativamente cortos y bajo el argumento de una supuesta “gravedad institucional”, la Corte Suprema le ordenó al Estado nacional no implementar una sentencia que les reconocía la propiedad sobre las tierras donde vive esa comunidad mapuche. El máximo tribunal debe convocar a una audiencia pública y escuchar a los pueblos indígenas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado nacional no implementar una sentencia que le reconocía a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue la propiedad sobre las tierras en las que viven. Una vez más, las comunidades indígenas ven postergado su derecho a la posesión y propiedad comunitarias de sus territorios ancestrales, reconocido en la Constitución nacional desde 1994. La decisión de la CSJN llega, además, en un contexto de mensajes racistas de distintos sectores políticos contra los pueblos originarios como, por ejemplo, la aprobación en la Legislatura de Mendoza de una declaración para no reconocer al pueblo mapuche como pueblo originario.

La comunidad, integrada por 6 familias, vive desde siempre en la ladera oeste del Cerro Otto, a 8 kilómetros del centro de Bariloche, y a un kilómetro del Lago Gutiérrez. Son pequeños agricultores y ganaderos familiares que conservan y protegen el bosque milenario del despojo forestal andino. También en ese territorio, un machi (médico mapuche) atiende a más de 100 personas cada vez que visita la región. Las tierras que la comunidad reclama desde hace ya muchos años, habían sido tituladas a nombre de la Administración de Parques Nacionales, luego de la mal llamada Campaña del Desierto, y en la década de 1940, esas tierras pasaron a estar registradas a nombre del Ejército Argentino. Durante todo ese tiempo, sin reconocimiento formal alguno, la comunidad continuó habitando el territorio que hoy reivindica.

En el año 2020, el Juzgado Federal de Bariloche le ordenó al Estado nacional que le entregue a la comunidad mapuche Millalonco Ranquhue el título de propiedad comunitaria de sus tierras, en el marco de una acción de amparo iniciada por la comunidad. El territorio donde vive había sido relevado por el INAI en 2012, en el marco de la ley 26.160 de emergencia territorial indígena. El INAI reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de esa comunidad sobre una superficie de 180 hectáreas. Sin embargo, casi 10 años después, el Estado no había realizado ninguna acción concreta para que ese relevamiento se transforme en un instrumento jurídico (título de propiedad comunitaria, por ejemplo) que les otorgue un nivel mayor de seguridad jurídica en la tenencia de las tierras. Ante un desalojo parcial en 2020, la comunidad decidió iniciar la acción de amparo para de una vez por todas contar con su título de propiedad.

El Ministerio de Defensa apeló este fallo. Por haberlo hecho fuera de plazo, la Cámara de segunda instancia rechazó la apelación y, por este motivo, el Procurador General de la Nación Interino y el Ministerio de Defensa de la Nación se presentaron con un recurso de queja ante la CSJN y le solicitaron que de manera inmediata suspenda la ejecución de la sentencia y no se le otorgue la propiedad comunitaria a la comunidad.

Desde el CELS nos presentamos como amicus ante la CSJN y solicitamos que se llame a una audiencia pública. En la presentación sostuvimos que, de hacer lugar al recurso de queja, se estaría incumplimiento con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, en su resolución del 29 de marzo, la CSJN hizo lugar a la solicitud de la Procuración y el Ministerio de Defensa y dictó, en tiempos llamativamente cortos, la suspensión de la implementación de la sentencia, amparándose en una supuesta “gravedad institucional”, sin fundamentarla.

La Corte Suprema debería convocar a una audiencia pública para resolver el caso y escuchar ampliamente a comunidades indígenas y a otras organizaciones, de modo de hacer valer los compromisos constitucionales y los asumidos a nivel internacional con los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus derechos territoriales. Hace ya tres años, la Corte IDH, en el caso “Lhaka Honhat contra la Argentina”, le reclamó al Estado una ley que reconozca el derecho a la propiedad comunitaria indígena y la obligación de contar con una legislación sobre consulta libre, previa e informada.

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Acceso a la tierra, inflación, dolarización de insumos, sequía, cambio climático y falta de recursos destinados al sector.

Hablar de agricultura familiar es hablar de un modelo económico y alimentario que se contrapone al del campo que solo produce commodities. Hoy en día, en Argentina, el 60% de los alimentos que consumimos son producidos por familias campesinas. A pesar de esto, el 70% de ellas no son dueñas de sus tierras.

Las problemáticas son variadas y diversas. En San Juan, el acceso a la tierra, la inflación, la dolarización de los insumos, la sequía, el cambio climático y la falta de recursos destinados por parte del Estado para apoyar a los pequeños productores son los principales problemas de un listado mucho más amplio. Si no fuera por las organizaciones que luchan día a día por la soberanía alimentaria, la situación sería peor.

Vera Pérez – Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) – Somos Tierra (San Juan)

Desde el movimiento, venimos trabajando fuertemente en la Mesa Agroalimentaria, que ya se ha lanzado en varias provincias y que prontamente se presentará en San Juan. Esta mesa fomenta llevar la voz del sector del campo que alimenta teniendo como objetivo la Ley de Acceso a la Tierra y la producción de alimentos agroecológicos.

No hay en el país suficientes políticas públicas para las y los trabajadores de la agricultura familiar, por eso, desde el MNCI, estamos trabajando para fortalecer nuestra organización.

Con respecto a la comercialización, acá en San Juan, estamos por inaugurar un almacén campesino, para fomentar el comercio justo y visibilizar las pequeñas producciones locales de la agricultura familiar, campesina e indígena. Esto es un canal de comercialización donde se produce un comercio justo y se eliminan muchos intermediarios, entonces llega a las góndolas del consumidor y de la gente de la ciudad que no puede acceder a estos alimentos directo de sus productores.

En este almacén, van a poder encontrar todos los productos de los distintos sectores y comunidades, como, por ejemplo, la comunidad Talquenca en El Encón, a quienes se les imposibilita por las distancias tener un lugar fijo para vender sus producciones. Hay también pequeños productores de Pocito que forman parte del movimiento y la gran feria Punta de Rieles, que si bien es una organización urbana, hay muchos trabajadores de la economía social y solidaria con la idea de fomentar la producción local y contar con productos de provincias que también forman parte de este movimiento.

El pasado 17 de abril, reafirmamos la posición y nuestras banderas de lucha que tienen que ver con la soberanía alimentaria mediante la práctica de la agroecología y su papel como respuesta a la crisis climática, a la producción local de alimentos y la autodeterminación de los pueblos, el feminismo campesino y popular.

Mayo 2023

El libro "Campesinado y contrahegemonía" retoma las voces de quienes trabajan la tierra con sus propias manos. Lejos de la narrativa estatal que señala la "ausencia" del movimiento campesino en Argentina, el escrito visibiliza y analiza las diversas militancias que se desarrollan en la ruralidad del país. Una publicación de Editorial El Colectivo.

Un artículo de Oscar Soto
Pensar el mundo rural implica reencauzar el problema de las clases sociales y las formas de reproducción de la subsistencia en los territorios. En esa dirección, la cuestión de las resistencias en el campo es un elemento central en la evolución histórica de la lucha de clases sociales, así como su conformación y la articulación de las identidades políticas en los movimientos sociales organizados. Comprender a las clases que trabajan, como ejercicio antropológico fundamental, es un paso necesario para discernir la producción y reproducción de la sociedad; sin embargo, las formas que adoptan los grupos y comunidades al interior de las sociedades son las que contribuyen a su especificidad.

En cierto modo, si bien las clases trabajadores resisten al capital y su forma de clasificar, es en el transcurso de la lucha que los grupos sociales se conciben a sí mismos como clase, justamente porque las relaciones de fuerza económicas son el primer momento de las relaciones de fuerza sociales. Sin pretender cierres teóricos, creemos que la triangulación de la clase social, el trabajo y los sujetos campesinos/indígenas en las bases de una sociedad capitalista constituye un eje central para entender la ruralidad en contextos de hegemonía neoliberal.

Así como la conformación de una clase involucra la participación de determinadas relaciones de propiedad y producción, en el caso de la “clase” campesina/indígena organizada existe una composición diversa, fundada no tanto por individuos como sí por entidades colectivas: familias, comunidades, sectores productivos, asociaciones, redes. No hablamos aquí de “experiencias-modelo”. Las comunidades rurales, en toda su diversidad, dan lugar a una identidad y a un tipo de experiencia de clase social realmente existente, una de cuyas principales connotaciones es la de ser una anomalía y una alteración del orden capitalista de la economía y el trabajo.

Tal vez, si tenemos en cuenta que la heterogeneidad que asumen las modalidades del trabajo es previa al mismo modo de producción capitalista —para el caso de la disputa “capital versus trabajo” tal como la conocemos— la contraposición entre los modos de acumulación permitirá detectar la pervivencia de varios componentes de la llamada acumulación originaria. Con relación a ello es que la separación de las poblaciones respecto de sus medios históricos de producción explica el surgimiento del trabajo asalariado y la constante reproducción de los mecanismos de acumulación, así como el cercamiento de los bienes comunes, diferenciando viejos de nuevos alambrados. Tal como sostiene el mexicano Armando Bartra, América Latina es reservorio de lucha indígena y campesina, entre otras cosas porque el capitalismo se presenta como una forma de desposesión de la vida rural.

El propósito del programa, que llega a 1505 familias víctimas del conflicto armado en Colombia, es fortalecer las capacidades productivas y socioeconómicas de la población víctima del conflicto armado que se encuentre ubicada en las zonas rurales del país.

Mayo de 2023

Teniendo como base fundamental el núcleo familiar, dicho programa surgió como una medida de atención diferencial debido a que, de las nueve (9) millones de víctimas caracterizadas en el Registro Único de Víctimas – RUV, el 63% se encuentran en situación de desempleo. Son 1505 las familias participantes del programa en 27 municipios de Colombia.

El programa El Campo es Paz Total, cuenta con una ruta de atención integral pensada para potenciar el crecimiento de la población afectada por el conflicto. A través de esta ruta se proyecta, no solo crear iniciativas favorables para el desarrollo económico rural, sino además mejorar las dinámicas ya existentes, con el acompañamiento técnico respectivo en cada una de sus fases de desarrollo.

Con el programa se podrá incrementar de forma eficaz el autoempleo desde la consolidación de sus perfiles productivos; y a su vez, con la conexión efectiva de los participantes del programa con los mercados locales, regionales y nacionales, para generar sinergias con todas las esferas del sector productivo y ello se traduzca en planes de negocios y la materialización de una ruta de generación de ingresos.

De esta manera, se promueve el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el trabajo decente, así como el entendimiento y diálogo social para el avance de las relaciones laborales y el fomento de la paz total en el campo colombiano.

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La iniciativa, que hace parte de las reformas agrarias del Gobierno Petro, pasó su último debate en sesión plenaria de la Cámara de Representantes

El acto legislativo reconoce al campesinado como sujeto de derechos y fue aprobado en su último debate, de ocho que pasó en el Congreso de la República. El texto contó con 149 votos a favor y cero en contra, luego de debatirse en sesión plenaria de la Cámara de Representantes.

Lo que hace esta iniciativa es modificar el artículo 64 de la Constitución Política, al cual se le añadiría la mención que reza que, “el campesinado es sujeto político de derechos y de especial protección” y que “las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos”.

Lo último, “en garantía de la seguridad y soberanía alimentaria, conforme a la economía campesina, agricultura familiar (...) mejorar la productividad de sus cultivos, las tecnologías para su transformación y las estrategias de comercialización que permitan darle valor agregado a sus productos y la protección del ambiente, así como en tradiciones y costumbres compartidas que los distinguen de otros grupos sociales”, se lee en el texto aprobado.

Aunque en el texto la modificación es pequeña, significa un gran avance para el movimiento campesino del país, que ha venido reclamando este reconocimiento desde hace años. Así lo reconoció Diogenes Quintero, coordinador ponente del proyecto y representante de las curules de paz por la Circunscripción Especial de Paz (CITREP) por el Catatumbo, Norte de Santander:

La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, respaldó desde la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo para reconocer al campesinado colombiano como sujeto de derechos y especial protección. @MinAgricultura/Twitter

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, igualmente se refirió a la decisión de la Cámara: “por unanimidad la sesión de plenaria de Cámara aprobó en su último debate de la segunda vuelta el acto legislativo que reconoce al Campesinado como sujeto Especial de Protección Constitucional. Gana el campesinado. Un avance histórico que nos permite sentar las bases como Gobierno del Cambio para saldar una deuda de muchos años con nuestros territorios”.

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