Cerca de 3.000 campesinos e indígenas en Nariño están huyendo de sus territorios por enfrentamientos armados
Estos desplazamientos se concentran en los municipios Samaniego y Santacruz, en el occidente del departamento de Nariño

En el occidente del departamento de Nariño, específicamente en los municipios de Samaniego y Santacruz, la crisis humanitaria se ha agravado debido a un desplazamiento masivo que ha afectado a más de 800 indígenas del resguardo del Sande y a más de 2.000 campesinos. Esta situación ha sido causada por los intensos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN en su lucha por el control territorial.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, indicó que es clave escuchar a todos los actores para que se pueda alcanzar la tan anhelada paz estable y duradera después de tantas décadas de violencia y conflicto armado - crédito Defensoría del Pueblo
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En Samaniego, el casco urbano ha acogido a 2.025 campesinos que han estado desplazados durante más de un mes. Estos campesinos provienen de 18 veredas ubicadas en la zona montañosa del municipio. La escalada de violencia ha obligado a estas comunidades a abandonar sus hogares y buscar refugio en el área urbana.

El resguardo indígena awá El Sande emitió un comunicado informando que este último desplazamiento se debió a combates entre grupos armados que comenzaron el 13 de septiembre. En este éxodo forzado se encuentran 800 indígenas, incluyendo mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Se espera que otras 600 personas se unan a ellos a lo largo del día.

La situación ha sido reportada a las autoridades locales, incluyendo el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, y el secretario de Gobierno, José Obregón. Se ha solicitado la activación de rutas de atención de emergencia humanitaria, de acuerdo con una publicación del periódico colombiano El Tiempo.

Las comunidades afectadas han expresado que, debido a los violentos enfrentamientos, hay informes de población civil herida. Además, en las veredas Claraval y Campoalegre en el municipio de Santacruz, varias familias se encuentran confinadas en sus viviendas. Han colocado banderas blancas como señal de paz para evitar ataques de grupos armados en sus espacios de convivencia civil, de acuerdo con ese medio de comunicación.

70 familias en Riohacha fueron desplazadas por enfrentamientos entre grupos armados

La Defensoría del Pueblo alertó por la ola de violencia que vive el municipio de Riohacha y el aumento del desplazamiento forzado a causa de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la región de La Guajira.

A través de la Alerta Temprana de Inminencia 025 de 2023 emitida por la entidad el pasado 21 de junio de 2023, con la cual advirtió el escenario de riesgo que se venía configurando en el departamento, se informó del desplazamiento de 70 familias que tuvieron que emigrar de sus corregimientos Tigreras y Matitas.

Durante agosto de 2023, la Defensoría registró masivos asesinatos y secuestros que afectaron a la población en general asentada en sus áreas urbana y rural.

Estos hechos de violencia se atribuyen a los constantes combates entre dos principales guerrillas: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC), las cuales están en disputa por el control territorial.

“Los hechos violentos son el resultado de la disputa entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el frente Francisco José Morelos Peñate, bloque Nelson Darío Hurtado Simanca, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Estos dos grupos armados están enfrentados por el control territorial de la Troncal del Caribe y sus áreas circundantes”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, tan solo en los primeros seis meses del 2023 se presentaron 59 desplazamientos masivos, que equivalen a 18.755 personas sacadas a la fuerza de sus territorios por culpa de la violencia - crédito Indepaz

Tras la incursión de hombres armados en Tigreras y el asesinato subsiguiente de un hombre de 31 años el 13 de agosto de 2023, las autoridades informaron la liberación de una persona en el mismo corregimiento. Este tuvo lugar en el contexto de un enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y miembros de las Autodefensas. Según la Defensoría, el incidente resultó en la captura de seis presuntos miembros del grupo ilegal y ha sumido a la comunidad en un estado de incertidumbre y temor.

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El día 11 de octubre, en el marco de la conmemoración del último día de la libertad de los pueblos americanos, se comenzó con la pintura de un mural en el Campus de la UNICEN, sede Olavarría. 

Dicha obra fue pensada y plasmada a la pared por los miembros de la Comunidad Mapuche Urbana Pillán Manké, con el auspicio de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Desde el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos de la FACSO UNICEN, agradecemos a la mencionada comunidad por su participación. Ahora el campus Universitario exhibe una valiosa obra, elaborada participativa y comunitariamente, que representa aspectos centrales de la cultura Mapuche. 

 

Las dos propuestas de organizaciones de Costa Rica seleccionadas en la Convocatoria IberCultura Viva de Apoyo a Redes y Proyectos de Trabajo Colaborativo 2023 son proyectos que tratan de la defensa de la tierra y de los derechos de pueblos originarios y comunidades campesinas. Uno de ellos es el Encuentro Nacional en Defensa de la Cultura de la Tierra, presentado por la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad. El otro, presentado por Coordinadora de Lucha Sur Sur, se llama “Derechos humanos colectivos: Encuentros de los pueblos Bribri, Cabécar y Brörán desde sus identidades y prácticas culturales en el trabajo y cuido de la tierra y los bienes comunes”. A continuación, detallamos las dos propuestas que recibirán un apoyo de aproximadamente 5 mil dólares cada una para utilizar en los gastos de producción y comunicación de los eventos.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) es un espacio de encuentro, solidaridad y articulación que desde 2007 reúne a organizaciones sociales, pueblos originarios y comunidades campesinas de la Zona Sur Sur de Costa Rica. Su objetivo principal es potenciar las capacidades organizativas, de defensa de los derechos humanos, territorios, bienes comunes e identidades culturales de las organizaciones participantes por medio de la articulación y el trabajo colaborativo.

El proyecto que la CLSS presenta a la Convocatoria IberCultura Viva de Apoyo a Redes y Proyectos de Trabajo Colaborativo 2023 busca fortalecer la defensa de los derechos e identidades culturales de los pueblos Cabécar, Bribri y Bröran, de la Zona Sur de Costa Rica, mediante encuentros e intercambios de experiencias.

Entre junio y noviembre se realizarán cuatro encuentros comunitarios (de un día y medio, un encuentro por territorio) en el Territorio Cabécar de China Kichá (Pérez Zeledón, San José); en los Territorios Bribris de Salitre y Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), en la Finca San Andrés y Comunidad Crun Shurín del Territorio Brörán de Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas.

La intención es que cada uno de los encuentros cuente con delegaciones de los otros tres territorios para que todos participen de las discusiones y reflexiones propuestas. Entre los temas que serán abordados se encuentran: violencia, discriminación y violación a los derechos humanos de los pueblos originarios; ataques a las normas culturales sobre pertenencia e identidad cultural; pérdida de conocimientos, saberes y prácticas culturales relacionadas al trabajo y cuido de la tierra y los bienes comunes.

Las actividades tendrán registro audiovisual y se realizarán en idiomas propios y en español. También están previstas diversas actividades culturales durante y al final de los eventos, y un intercambio de semillas y productos agropecuarios mediante un recorrido de dos días y medio por los cuatro territorios participantes.

Las organizaciones participantes

Cuatro organizaciones que presentan este proyecto en nombre de la Coordinadora de Lucha Sur Sur son de pueblos originarios y comunidades campesinas de Buenos Aires de Puntarenas, y una de Pérez Zeledón, en San José. Son ellas: Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre, fundado en 1979 en el Territorio Bribri de Salitre; Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kàtá, del Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra); Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba, que desde 2015 ha trabajado en la defensa del Territorio Brörán de Térraba y de la comunidad Finca San Andrés; Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba, y Recuperadoras/es Cabécar de China Kichá, de Pérez Zeledón.

Nombre de la red o articulación: Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad

Nombre del proyecto: Encuentro Nacional en Defensa de la Cultura de la Tierra

El Encuentro Nacional en Defensa de la Cultura de la Tierra, presentado por la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad en la Convocatoria IberCultura Viva de Apoyo a Redes 2023, pretende ser un espacio donde personas defensoras de la tierra, el agua, las semillas y los bosques se encuentren para fortalecer sus vínculos y posibilidades de organización.

El evento, a realizarse en San José entre julio y octubre de 2023, tiene como objetivo crear tres mesas de trabajo conjunto, con la presencia de cerca de 40 líderes comunitarios. La red proponente espera lograr una convocatoria amplia, con participación de las siete provincias de Costa Rica (Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas y San José), para generar un encuentro nacional y al menos tres productos de comunicación.

Para incentivar el diálogo entre comunidades indígenas, campesinas, de la ciudad y organizaciones ambientales, se deben usar estrategias variadas, desde charlas y mesas magistrales hasta conversaciones colectivas y espacios lúdicos, creativos, de intercambio cultural. También se harán entrevistas a las principales personas participantes para colgar en redes sociales así como en el sitio web www.agroecologa.org.

Con este proyecto la red espera reactivar las redes de personas defensoras de la cultura campesina (desarticuladas con la pandemia de Covid-19) y revitalizar los canales de comunicación entre las organizaciones.

La red

La Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) es una organización creada en 1998, donde confluyen campesinos, ecologistas y académicos de universidades públicas. La tarea de la RCB se enfoca en generar investigación sobre distintos fenómenos relacionados a las políticas públicas en materia de biodiversidad y de las comunidades que dependen de ella.

Además de ser parte de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, la red pertenece a la Alianza Biodiversidad, una red latinoamericana de más de 13 organizaciones que editan y publican la Revista Biodiversidad Sustento y Culturas. La RCB trabaja de forma colaborativa con otras organizaciones de base, como la Red de Mujeres Rurales, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, CoecoCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica y la Unión Nacional de Pequeños Agricultores.

El proyecto seleccionado en esta edición de la convocatoria fue presentado en conjunto con la Red de Mujeres Rurales, fundada en 2007 en Cartago, y las Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOceiba Amigos de la Tierra), de Heredia, que desde 1995 tienen entre sus actividades la facilitación y articulación de organizaciones de base en materia ambiental y la investigación en biodiversidad y pueblos indígenas.

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Se estima que en América Latina habitan alrededor de 42 millones de personas pertenecientes a comunidades indígenas, según el informe del Banco Mundial titulado "Latinoamérica indígena en el siglo XXI". Entre los países con las mayores poblaciones indígenas se encuentran México, Guatemala, Perú y Bolivia, los cuales en conjunto representan más del 80 % del total regional, es decir, aproximadamente 34 millones de individuos indígenas.

La pobreza afecta al 43 % de la población indígena en la región, cifra que supera más del doble la proporción de personas no indígenas en la misma situación. Además, un 24 % de todos los individuos indígenas viven en condiciones de pobreza extrema, una proporción que es 2,7 veces mayor que la de las personas no indígenas en esa misma condición. Esta desigualdad se agrava, ya que el simple hecho de nacer de padres indígenas incrementa significativamente la probabilidad de crecer en un hogar empobrecido, lo que contribuye así a un círculo de pobreza que obstaculiza el pleno desarrollo de los niños indígenas.

En muchos casos, las comunidades indígenas carecen de un reconocimiento formal sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Además, suelen ser los últimos en recibir inversiones públicas destinadas a servicios básicos e infraestructura, enfrentando múltiples obstáculos para participar plenamente en la economía formal, acceder a la justicia y tener voz en los procesos políticos y de toma de decisiones.

Esta herencia de desigualdad y exclusión ha dejado a los Pueblos Indígenas más expuestos a los impactos del cambio climático y a las amenazas naturales, incluyendo brotes de enfermedades como la COVID-19.

Cuando escribimos el informe en 2015, nos impactó que, a pesar de los avances de las décadas pasadas en términos de marcos legales y representación, los pueblos indígenas seguían rezagados detrás de todos los demás en casi todos los aspectos. Desde entonces, las cosas han empeorado aún más, debido a los efectos acumulativos de la pandemia, el cambio climático y el crecimiento de la desigualdad. Los pueblos indígenas necesitan estar al volante de su propio desarrollo para que este sea sostenible y resiliente

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El trabajo infantil y la exclusión de los niños indígenas de la educación son consecuencia directa de la marginación de las comunidades indígenas, según un nuevo análisis.

Un nuevo análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que los niños de las comunidades indígenas corren un riesgo significativo de ser víctimas del trabajo infantil y a menudo carecen de acceso a la educación.

El estudio concluye que los niños indígenas enfrentan desventajas educativas que los hacen más vulnerables al trabajo infantil. En los países estudiados, los niños indígenas, y en particular las niñas indígenas, tienen tasas de asistencia a la escuela inferiores a las de otros niños.

El "Documento temático sobre el trabajo infantil y la exclusión educativa de los niños indígenas " muestra que los niños indígenas están sobrerrepresentados en trabajos peligrosos. La mayoría de ellos trabajan en la agricultura, pero también en la construcción, el comercio, la industria manufacturera y el trabajo doméstico.

El análisis revela importantes diferencias regionales. En Perú, el trabajo infantil indígena es casi tres veces superior a la media, mientras que en Ecuador, los niños indígenas tienen unas 11,6 veces más probabilidades de realizar trabajos peligrosos que la media nacional de todos los niños.

Según el documento, el trabajo infantil indígena es consecuencia directa de la marginación social, económica y cultural de las comunidades indígenas. Estas comunidades tienen tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema. A menudo son desposeídas de sus tierras, soportan el peso del cambio climático y los conflictos, tienen un acceso limitado a los servicios esenciales y se enfrentan a obstáculos para mantener sus modos de vida tradicionales.

Esta situación puede obligar a los niños indígenas a trabajar para ayudar a sus familias, convirtiéndose en un elemento vital para su supervivencia. También puede tener otras consecuencias, como la explotación de las niñas indígenas por parte de traficantes que se aprovechan de la ruptura de los lazos familiares y comunitarios.

Para superar el trabajo infantil y la exclusión escolar se necesitan respuestas que incluyan también la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en general, señala el análisis. Esto incluye intensificar los esfuerzos para establecer mecanismos de participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, el diseño y la aplicación de políticas y programas, el acceso a una educación de calidad culturalmente apropiada, el acceso a la protección social y la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Este documento se basa en anteriores investigaciones y orientaciones políticas de la OIT. Fue elaborado con financiación del Departamento de Trabajo de EE.UU. y analiza datos de informes de todo el mundo, grupos de discusión con organizaciones de pueblos indígenas (en Camboya, Kenia, la Federación Rusa, Nepal y Tanzania) y datos cuantitativos nacionales de seis países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú).

El documento se presentó el 25 de septiembre durante una mesa redonda organizada en la sede de la OIT a la cual asistieron el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay, y la Directora Ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, Teresa Zapeta.

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