El papel de la mujer en La Vía Campesina forma parte de lo que hace que este movimiento sea único tanto en la historia de los movimientos campesinos como entre otros movimientos sociales y organizaciones internacionales.

El trabajo, las perspectivas, el análisis, la energía, el liderazgo y la presencia de las mujeres en La Vía Campesina han transformado y reforzado el movimiento.

Las mujeres rurales e indígenas tienen una larga historia de opresión y de luchas. Han logrado importantes mejoras en algunos contextos y regiones.

Las luchas feministas han dado como resultado el reconocimiento de los derechos humanos, el derecho a la educación y a los recursos y han mejorado la situación social de algunas mujeres. Sin embargo estas mejoras aún están muy lejos de ser universales.
El poder patriarcal y las injusticias continúan siendo la realidad cotidiana que viven la mayoría de las mujeres. La creciente concentración de tierras y recursos en manos de empresas privadas hace que la lucha de las mujeres rurales por conseguir el acceso a la tierra resulte aún más difícil. Cuantas más familias son desplazadas, menos seguridad tienen las mujeres y más vulnerables son a la violencia y a la explotación.


Las mujeres de La Vía Campesina empezaron y continúan siendo claves para la Campaña de las semillas. Debido a que las empresas multinacionales están usurpando la propiedad de las semillas y manipulando su genética con las tecnologías de los organismos modificados genéticamente, la lucha por las semillas se ha convertido en una lucha por la soberanía alimentaria así como por los elementos básicos de la vida misma. Las mujeres campesinas e indígenas cuentan con una larga tradición de recolección y protección de las semillas, mejorando su diversidad y adaptabilidad. A lo largo de la existencia de La Vía Campesina, las mujeres han estado presentes y han participado de manera activa en todos los temas y en todas las luchas: dedicándose a la organización, marchando de manera valiente y pacífica, enfrentándose a los más poderosos en conferencias nacionales e internacionales, sufriendo detenciones y encarcelamientos y haciéndose oír sobre temas importantes.
Codo con codo y en solidaridad con los hombres de La Vía Campesina, ofrecen análisis político, experiencia y energía para el objetivo compartido de crear un futuro que sea más justo, igualitario, pacífico, ecológico y vivificante.

 

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De la crisis yerbatera de 1935 al megadecreto de Milei, de las grandes empresas a la lucha campesina y el histórico "tractorazo" que conmovió a Misiones. Radiografía de una disputa centenaria y el recuerdo del "Plan Ñande Yerba”, iniciativa estatal que beneficiaba a las familias productoras pero que fue boicoteada por las corporaciones del agro.

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó el fallo de primera instancia que suspendía el artículo del Decreto 70/2023 que le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la potestad de fijar los precios de la hoja verde. Sin embargo, abril comenzó con la nueva modalidad de fijación de precios sin la mediación del INYM y con las familias productoras libradas a la voluntad del poderoso emporio molinero. Advierten que con la desregulación del mercado yerbatero, impulsada por el Gobierno, se busca imponer un nuevo modelo agrario en Misiones, similar a lo ocurrido en la década del noventa. Pasado y presente de la disputa por el "oro verde".

Volver al pasado

Desde el 1 de abril, y como consecuencia directa de la vigencia —pese a su rechazo en el Senado de la Nación— del Decreto 70/2023, el mercado de la yerba mate en Argentina quedó completamente desregulado, retrotrayendo la situación del sector al año 1991, cuando otro decreto (2284), había eliminado la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. Estos entes tenían competencias similares al ahora acéfalo e incierto INYM, herramienta que desde 2002 mediaba entre los actores de la cadena, en la fijación del precio de la materia prima.

“Resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”, expresa textualmente en sus fundamentaciones el decreto firmado por Javier Milei y redactado por Federico Sturzenegger.

Una última novedad en materia judicial tuvo lugar el pasado 9 de abril, cuando la Cámara La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el recurso de amparo que el 12 de enero suspendió los artículos del DNU 7023 y que le impedían al INYM fijar los precios de referencia. Por estas horas, asesores jurídicos del INYM analizan la decisión judicial y los pasos a seguir en pos de recuperar las funciones que le fueron extirpadas.

Ante este panorama —que favorece decidida y exclusivamente al poderoso sector molinero—, pequeños productores y cooperativas de yerba mate (cultivo que se concentra en un 90 por ciento en Misiones) advierten que las consecuencias esperables de la desregulación no son ni serán otras que las que ya se vivieron en la década del noventa, ya que se trata de políticas calcadas.

“La desregulación nos deja en un estado de angustia y debilidad ante la cadena superior de la industria. Porque no se fija más el precio, y el mercado no nos reconoce los aumentos de los costos del 10 de diciembre para acá. Habrá algún productor que no entiende lo que va a pasar y que quizá festeja, pero cuando empiece la cosecha gruesa, que es a partir de marzo o abril, se va a dar cuenta que la libertad no llegó para todos sino que solo para los grandes empresarios", le dice a Agencia Tierra Viva el productor yerbatero Cristian Klingbeil, que hasta el 2023 fue presidente dela Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM).

¿Por qué la perspectiva Intercultural es una herramienta necesaria en la defensa de la Educación Pública? ¿Qué tenemos para aportar los Pueblos Originarios en este debate?

En el marco de la Semana de los Pueblos Originarios de América, los invitamos a este conversatorio virtual que reunirá las voces de distintos actores y territorios donde se abordará los logros y desafíos de los Pueblos Originarios en materia de Educación Intercultural Bilingüe y políticas lingüísticas, en los últimos 18 años desde la sanción de la Ley de Educación Nacional.

En un contexto de extrema preocupación y alerta por la situación de la Educación Pública y por la difusión de discursos de odio racial y racismo institucional, nos encontraremos para debatir el rol de la Interculturalidad en la defensa de la Educación Pública.

Contaremos con la presencia de:

MELI CABRAPAN DUARTE- Confederación Mapuche de Neuquén (Xawvnko), quien nos comentará la experiencia de la Universidad Nacional del Comahue, la primera Universidad Intercultural de Argentina.

ÁLVARO GUAYMÁS, GRACIELA ROMERO, CLAUDIA LEAL Y SUSANA MORENO- Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de la Pcia de Salta, quienes presentarán el proceso de co-construcción de lineamientos curriculares con perspectivas interculturales.

CINTIA LOPEZ, SANTIAGO CHARA Y PABLO BADANO de Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar ( Buenos Aires), quienes charlarán sobre las políticas de revitalización lingüística en el Conurbano bonaerense.

ALBA THEA- Docente y miembro de la MTAEI de la Pcia de Buenos Aires, quien compartirá la experiencia en Interculturalidad y Educación Popular en el marco del Plan Fines, educación secundaria y de adultos.

🗓 Sábado 20 de abril
⏰ 18 hrs.

Inscripciones 👇🏾
https://forms.gle/mNSpHzXBtj9c9f618

MTAEI
Desde el 2012 trabajamos por aulas libre de racismo

La selva amazónica es casi única por su biodiversidad, pero a menudo se pasa por alto a los millones de personas que viven en la región.
Los habitantes de la región amazónica han vivido durante siglos de forma sostenible sin dañar la selva.
Darles voz podría desatar posibles soluciones climáticas y fomentar el desarrollo económico local sostenible.
Abarcando nueve países latinoamericanos y nueve estados brasileños -el 60% del territorio del país-, la selva amazónica es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta.

La cuenca del Amazonas también es esencial para mantener el equilibrio climático mundial. Sin embargo, el discurso en defensa de la región pasa por alto con demasiada frecuencia el hecho de que también es el hogar de 29 millones de personas.

En muchos círculos de discusión, poco se oye o se cuestiona sobre la relación de esta población con la Amazonia, sus experiencias o sus conocimientos ancestrales. Pero ahí reside una posible respuesta a la crisis climática y al uso sostenible de la selva.

El poder del conocimiento ancestral

Las poblaciones indígenas poseen a menudo vastos conocimientos poco utilizados; llevan cientos de años viviendo en armonía con la selva. Entre estas poblaciones se encuentran los "ribeirinhos" (ribereños), un pueblo nacido de la mezcla de poblaciones negras, indígenas y europeas con una identidad "caboclo''.

En el municipio de Iranduba, situado a unos 60 km de Manaos, la capital del estado de Amazonas, estas comunidades se han desarrollado gracias al turismo sostenible y comunitario. Con ello, han demostrado la importancia de la sabiduría ancestral y la cultura local y han defendido sus valores.

El Proyecto Quelônios do Rio Negro es un proyecto de recuperación de especies dirigido por Viceli Costa, que aplica en la práctica los tres pilares de la sostenibilidad -social, ambiental y económico- mediante la educación ambiental, la recuperación de especies y la generación de ingresos para las poblaciones implicadas en la causa. El proyecto consta de tres etapas: recogida de los huevos de quelonios, como las tortugas, seguimiento de los primeros meses de vida y devolución a la naturaleza.

Cheiro da Floresta, marca de cosmética natural creada por Suele Andrade, aplica la sabiduría ancestral en sus fórmulas y utiliza materias primas del bosque en sus creaciones. Cheiro da Floresta crea productos únicos y utiliza materias primas naturales extraídas del bosque, generando ingresos y proporcionando a los recolectores de aceites y otras materias primas los productos de forma sostenible.

Gisele Silva preserva la cultura de la curación a través de las hierbas medicinales. Utiliza su conocimiento de las hierbas transmitido por sus antepasados para conectar a los turistas con la cultura local y valora la sabiduría ancestral. Gisele imparte educación ambiental a través de las plantas a los viajeros que la visitan, conectándolos con los conocimientos tradicionales mediante remedios y baños de hierbas.
Doce Amazônico, creado por Alessandra Alves, utiliza frutas regionales para elaborar dulces que no se encuentran en ningún otro lugar. Alessandra utiliza sus conocimientos sobre frutas para crear diferentes dulces con combinaciones únicas, como cupuaçú con nueces de Brasil, cupuaçú con jengibre y otros.
Meliponário Flor do Táxi promueve la educación climática entre los turistas que visitan la región mediante la cría de abejas sin aguijón. El Meliponário Flor do Táxi no solo vende productos derivados de las abejas, como miel y polen, sino que también abre el espacio y acoge a los viajeros para que conozcan las abejas e infórmense más sobre las cuestiones climáticas y los principales impactos en la vida y el día a día de la población ribereña y de las abejas.
Caboclos House, dirigida por Nilde Silva, es un ecolodge con características ribereñas que valora la arquitectura regional y utiliza la cocina ribereña para promover la cultura caboclo. El alojamento acoge a viajeros de todo el mundo y apoya el turismo comunitario, generando ingresos para toda la comunidad y la región, directa e indirectamente.

Todos estos empresarios locales demuestran la posibilidad de generar desarrollo económico en la región en armonía con el bosque. Nos demuestran que el bosque vale más en pie que talado.

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"Diálogos a quince años de la Ley de Bosques Nativos. ¿Qué ley tenemos y qué ley necesitamos?", fue el título del encuentro de investigadoras e investigadores de universidad públicas y del Conicet. Desde su aprobación, se desmontaron en Argentina 4,2 millones de hectáreas. Entre sus responsables figuran el agro, la ganadería y la especulación inmobiliaria.

La deforestación es uno de los problemas ambientales que generan mayor preocupación a nivel global, debido a su impacto en el cambio climático, en la pérdida de diversidad biológica y cultural, y en la alteración de los ciclos del agua, entre otros aspectos. Entre los años 2000 y 2020 la reducción neta de bosques en el mundo fue de 101 millones de hectáreas, de los que 3,6 millones corresponden a la Argentina, según datos de la organización Global Forest Watch. Esto coloca al país en el séptimo lugar a nivel mundial en cuanto a la superficie neta deforestada.

La Ley de Bosques (26.331), sancionada en 2007, no sacó a la Argentina de esta triste nómina: desde el año de su aprobación y hasta 2021, la Dirección Nacional de Bosques registra una deforestación de 4.260.511 hectáreas en todo el país. El 83 por ciento de este total corresponde a los bosques de la región chaqueña, característicos del centro norte del país (provincias de Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y de Córdoba, y este de Tucumán, Catamarca y La Rioja).

Sin embargo, también otras regiones han sufrido importantes pérdidas en relación a su tamaño. Los principales motores de esta deforestación son la agricultura y la ganadería a gran escala que se expanden en zonas previamente cubiertas por bosques, pero en años recientes los incendios han cobrado creciente importancia. En el sur del país, como en el delta del Paraná, la mayor parte de la pérdida de bosques obedece a esa causa. A su vez, los proyectos inmobiliarios con fines de urbanización y de turismo, aunque afecten extensiones de bosques más reducidas, tienden a concentrarse en zonas ambientalmente frágiles como las sierras cordobesas o las laderas patagónicas, y a vulnerar también los derechos de las poblaciones preexistentes, pertenecientes en muchos casos a pueblos originarios.

¿Qué Ley de Bosques tenemos?

La Ley de Bosques es un hito fundacional en la política ambiental de Argentina. Contribuyó decisivamente a visibilizar la cuestión de los bosques nativos en la opinión pública, generando debates, producción de conocimientos, acuerdos y desacuerdos políticos en todas las provincias. Ninguna otra ley ambiental ha tenido un despliegue comparable en todas las provincias, con el fortalecimiento de los organismos encargados de aplicarla, la formación de una comunidad de diálogo académica, política y social en torno a sus desafíos, y recursos destinados anualmente a su cumplimiento.

Sin embargo, en los quince años de su implementación ha tropezado con numerosos obstáculos y dificultades. Uno de los principales es la insuficiencia de esos recursos, reflejo de la baja prioridad que tiene la protección de los bosques en la agenda política nacional.

Si bien la Ley de Bosques estipula que debe destinarse a su cumplimiento como mínimo el 0,3 por ciento del presupuesto nacional, la cifra que el Congreso le otorga año tras año está muy lejos de alcanzar ese piso. Este año (2022) no alcanzó siquiera al 0,01 por ciento del presupuesto nacional, o sea, treinta veces menos de lo exigido por la ley.

Esto reduce tanto la capacidad operativa de los órganos de control y de asistencia técnica como los incentivos que pueden ofrecerse a quienes cuidan sus bosques.

Otra falencia clave es que las poblaciones que conviven a diario con el bosque —indígenas, campesinas, productores familiares— encuentran persistentes dificultades para que sus intereses sean tomados en cuenta en el diseño y la implementación de una política que las afecta directamente. Sus saberes y valoraciones sobre los bosques pasan a un segundo plano frente a las decisiones de funcionarios asesorados por lejanos expertos. Esto, evidentemente, resta legitimidad a la política y dificulta su aplicación efectiva, porque las decisiones frecuentemente terminan siendo incompatibles con las realidades del territorio.

La jornada "Diálogos a quince años de la Ley de Bosques Nativos" se realizó el 14 de noviembre en Córdoba
A esto se suma la falta de control efectivo de la deforestación por parte de las provincias, ya sea por escasez de recursos y capacidad técnica o de voluntad política e incluso, como se ha denunciado en varios casos, por corrupción y tráfico de influencias. En efecto, cuando se llegan a sancionar las transgresiones, las multas que se aplican son insuficientes para disuadir a potenciales infractores.

Por esta razón, diferentes organizaciones ambientalistas y actores políticos proponen reforzar la disuasión mediante una sanción penal que incluya penas de cárcel.

También es notoria la reaparición de conflictos y controversias al momento de la actualización de los ordenamientos territoriales ("OTBN") provinciales, con intentos de revisión francamente regresivos que atentan contra el principio de no regresividad consagrado en la normativa ambiental.

Todas estas dificultades —y otras— no deben, sin embargo, opacar la importancia de la Ley de Bosques como una herramienta fundamental de nuestra política ambiental. Más bien, deben servir de incentivo para defender y profundizar su implementación y sus alcances.

Mucho más que producción o conservación

Es necesario pensar al bosque desde múltiples dimensiones y escalas. No basta con una mirada binaria que oponga “producción” y “conservación”. Tampoco con considerar al bosque meramente como fuente de bienes, como la madera, o incluso como proveedor de variados servicios ecosistémicos como la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad o la moderación de los ciclos hídricos.

Los bosques son lugar de producción y reproducción de formas de vida diversas, con sus economías, sus saberes y sus equilibrios dinámicos, en algunos casos muy frágiles. En ellos conviven, de forma no siempre armoniosa, una multiplicidad de actores con diferentes proyectos, prácticas y cosmovisiones.

Por esta razón, la gestión de los bosques nativos no puede ser solamente una cuestión técnica. Implica una dimensión político-distributiva que pone en juego derechos e intereses, muchas veces enfrentados.

La articulación entre esos intereses y la traducción entre diversos saberes y lenguajes de valoración, en algunos casos inconmensurables entre sí, es un desafío que no se saldará con una solución unívoca y definitiva, sino que exigirá un diálogo continuado y abierto, con acuerdos provisorios, resultados ambiguos y aprendizajes progresivos.

Este camino exige facilitar espacios de participación genuina para los actores más vulnerables y menos poderosos. Supone en especial atender a las particularidades culturales y lingüísticas de los pueblos originarios, sin encorsetarlos en procesos de decisión poco compatibles con sus hábitos. Esto, entre otras cosas, se refiere a los tiempos, muchas veces demasiado acelerados, a los que se acotan los procesos participativos promovidos desde el Estado. Supone también adoptar una perspectiva de género que visibilice las prácticas del cuidado de la vida, trascendiendo una valoración productivista de la naturaleza.

Protagonismo social y mirada integral

Tanto la sanción de la Ley de Bosques como el control de su implementación se deben en gran parte a procesos de movilización social protagonizados por pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales y asambleas ambientalistas, organizaciones campesinas y de pequeños productores y productoras, entre otros colectivos. Mediante acciones de protesta, participación en instancias de consulta, reclamos ante el Poder Judicial, producción y difusión de información, contribuyeron de manera decisiva a visibilizar en la esfera pública la deforestación y degradación de los bosques, y a exigir la efectiva aplicación de la Ley.

Todos estos colectivos continúan interpelando a responsables técnicos y políticos a profundizar la defensa de los bosques.

Pero una ley ambiental parcial, como lo es la Ley de Bosques, necesita formar parte de un ordenamiento ambiental integral del territorio, tal cual lo exige la Ley General del Ambiente (25.275). De lo contrario, sistemas naturales que funcionan de manera interdependiente —y que así son concebidos por sus habitantes— corren peligro de quedar regulados por políticas inconexas o incluso contradictorias, y la protección de unos ecosistemas puede conducir a una mayor presión sobre otros.

La construcción de este ordenamiento integral debe nutrirse de la experiencia de estos quince años en la implementación de la Ley de Bosques, con sus aciertos y sus errores. En lo inmediato, un nuevo peldaño en esa construcción lo propone el proyecto de Ley de Humedales, cuya sanción consideramos urgente.

A quince años de la sanción de la Ley de Bosques resaltamos, entonces, la importancia que ha tenido como dinamizadora de la política ambiental en Argentina y como palestra de aprendizaje para las organizaciones, los organismos públicos y quienes hacemos investigación. Pero advertimos, también, los enormes desafíos para hacer de esta Ley un instrumento eficaz dentro de una política ambiental integral, en el contexto de emergencia climática global. En especial, frente a la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra, suscrita este año en Glasgow por la Argentina y otros 140 países, que incluye el compromiso de alcanzar la deforestación cero a partir de 2030.

*Lorenzo Langbehn (Indes-UNSE/Conicet), Alma Tozzini (IIDyPCa UNRN/Conicet), Carlos Ortega Insaurralde (Inenco-UNSa/Conicet), Constanza Casalderrey Zapata (IIDyPCa-UNRN/Conicet), Cristian Schneider (ACEN/FTA-UPC), Gabriel Stecher (Ausma-UNCO), Ignacio Alonso (CIPAF-INTA), Luján Ahumada (E.Ftal.V.Dolores-INTA), Malena Castilla (UNLaM/Conicet), Walter Mioni (INTA Salta/UNSa), Mariana Schmidt (IIGG UBA/Conicet), Lucas Figueroa (IIP-Unsam/Conicet), Adrián Gustavo Zarrilli (CEAR- UNQ/Conicet), Ricardo Gutiérrez (IIP-Unsam/Conicet).

 

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