La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- denunció que de lo que va del gobierno de Iván Duque han sido asesinados 36 personas entre hombres y mujeres. En la madrugada del sábado la gobernadora indígena Awá, Lidia Gómez, fue víctima de un atentado con arma de fuego en su propia casa del cual salió ilesa. La ONIC ha reiterado la solicitud de medidas para proteger la vida de los pueblos indígenas.
La ONIC denunció que, desde el 7 de agosto, los pueblos indígenas han tenido un herido por mina "antipersona", 20 atentados, 61 amenazas y 36 homicidios.
A esto se suma el reciente atentado que sufrió la gobernadora Awá, Lidia Gómez, del Resguardo Santa Clara en Ricaurte, Nariño. Salió ilesa del atentado perpetrado por hombres armados que dispararon contra la gobernadora.
La ONIC condenó el asesinato del indígena Nasa en el norte del Cauca, Edwin Dagua Ipia, de 25 años de edad, quien era la Autoridad Tradicional del Resguardo Indígena de Huellas Caloto, departamento del Cauca en Colombia. Lamentablemente, es el número 36 de la lista de personas indígenas asesinados desde el 7 de agosto en el gobierno actual.
El líder indígena fue asesinado en la vereda La Buitrera, sobre la vía que conduce al sector de El Palo en zona rural del municipio de Caloto. Este hombre ya había denunciado amenazas de muerte, sin que recibiera ningún tipo de protección.
El pasado 4 de diciembre fue asesinado el comunero Edison de Jesús Naranjo Navarro, quien era esposo de una de las hijas de la gobernadora del resguardo indígena de Cañamomo Lomaprieta, Arnobia Moreno Andica. Naranjo, de 41 años, ya había sido amenazado. y Higinio Obispo, secretario general de la ONIC dijo, “como comunero, Edison se dedicaba a los cultivos, también al apoyo del ejercicio del gobierno propio y la guardia indígena”.
El pasado dos de diciembre fueron asesinados Héctor Ramiro García y Arturo García, del pueblo Awa. El 5 de diciembre las comunidades indígenas realizaron un sentido homenaje.
Ante los asesinatos recientes, varias comunidades indígenas se han declarado en asamblea permanente. Exigen justicia y que existan medidas reales para la vida de los pueblos ancestrales. Reclaman el derecho a la vida, que se investigue diligentemente los hechos ocurridos, y que la comunidad internacional se pronuncie sobre estos acontecimientos. Aún no existen medidas especiales por parte del gobierno nacional.
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El miércoles 5 de diciembre, el presidente electo Jair Bolsonaro (PSL) hizo una declaración general y descuidada sobre los pueblos indígenas, irrespetando las convenciones, diversidades y pluralidades de esos pueblos e individuos. Frases semejantes fueron proferidas también durante la campaña, provocando preocupación e indignación de indígenas en todo el país.
“Los indios quieren integrarse a la sociedad. Algunos sectores de la prensa hicieron una maldad conmigo. Voy a contarla aquí. Los indios quieren energía eléctrica, quieren médico, quieren dentista, quieren internet, quieren jugar fútbol. Quieren lo que nosotros queremos. (…) Aquí en Brasil, algunos quieren que los indios continúen dentro de una reserva como si fueran animales en zoológico. Yo no quiero eso. Yo quiero tratar a los indios como seres humanos, como ciudadanos”, dijo Bolsonaro.
La declaración motivó la movilización de organizaciones del área, como la APIB (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil), que difundió una carta exhaustiva con demandas y exigencias al político de extrema derecha.
“No admitimos ser tratados como seres inferiores, como ha resonado en declaraciones de Vuestra Excelencia. Somos diferentes solamente, siendo obligación del gobierno federal según la Constitución, respetar nuestra “organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones” (artículo 231 de la Constitución). Repudiamos, por lo tanto, su peyorativo y reducido entendimiento de considerarnos animales en zoológicos”, protestó la APIB.
El documento fue entregado el jueves 6 de diciembre en la sede del gobierno de transición, en el Centro Cultural Banco de Brasil (CCBB) de Brasilia (DF). Al establecer 11 prioridades para el nuevo gobierno, la asociación pide el respeto a los derechos fundamentales y la continuidad de las políticas públicas.
Los restos de Sam Slick ya están en Loma Torta.
Luego de concretarse la restitución en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, los restos de Sam Slick, hijo del cacique tehuelche Casimiro Biguá, llegaron ayer cerca de las 16.40 a Loma Torta, donde se dio inicio a la vigilia.
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El 28 de septiembre de 2018 el Consejo de Derechos Humanos trató el proyecto de Declaración de los Derechos de los Campesinos.
El pasado mes de mayo se presentó ante la ONU el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Campesinos.
Este documento sin precedentes reconoce el papel de la agricultura familiar en los desafíos globales del desarrollo sostenible, desde la eliminación del hambre hasta la conservación de la bio-diversidad. Un grupo numeroso de expertos mundiales se han unido a la iniciativa liderada por Olivier De Schutter –ex-Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación entre los años 2008 y 2014–, que firma esta carta dirigida a los gobiernos que deben votar la declaración.
España ha expresado dudas con respecto a su voto, en contraste con Portugal, que ha hecho pública su postura favorable. Esto podría tener repercusiones negativas en la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición de Madrid.
En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos toma posición sobre el seguimiento del proyecto de Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. La declaración ha sido negociada desde 2013 en un grupo de trabajo intergubernamental, en un clima bastante tenso. El momento que llega es decisivo.
El 3 de julio, el Parlamento adoptó, por una amplia mayoría de 534 votos contra 71 (y 73 abstenciones), una resolución en la que instaba a los Estados miembros de la Unión Europea a apoyar el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.
En todo el mundo, los campesinos y campesinas se enfrentan a la especulación inmobiliaria y al acaparamiento de tierras. Los agricultores y agricultoras que forman parte de las cadenas agroalimentarias dominantes se enfrentan a una concentración cada vez mayor. Esto sucede tanto en el sector de la agroquímica y de las semillas, que proporcionan insumos, como entre la industria de procesamiento y distribución agroalimentaria, que compran los cultivos. Aquellos y aquellas, cada vez más numerosos, que se unen a las cadenas de suministro cortas, hacen frente a regulaciones inadecuadas que han sido diseñadas para la agricultura industrial y a un sistema de subsidios que favorece a las granjas más grandes. A estos campesinos se les hace creer que deben ampliar sus explotaciones o desaparecer. En Europa, dos tercios de las granjas han desaparecido en los últimos treinta años y los ingresos de los pequeños agricultores apenas les permiten sobrevivir. Los paisajes están muriendo.
La Cámara de Diputados aprueba la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero persisten las dudas sobre la agenda del nuevo Gobierno en este ámbito
Noviembre de 2018
Ver a Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente electo de México, con un collar de flores fue una imagen frecuente durante la campaña. Antes de su triunfo, prometió pagar la deuda que tiene la sociedad con los pueblos originarios.
“Porque es mucha la pobreza en Chiapas, en Oaxaca y, sobre todo, en las comunidades indígenas”, declaró. Este jueves, el Congreso mexicano ha dado un primer paso en esa dirección. La Cámara de Diputados, controlada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha aprobado por 430 votos a favor y una abstención, la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Así se materializa una de las principales apuestas del futuro mandatario en la materia, aunque su agenda indígena permanece sembrada de interrogantes.
La nueva institución, un organismo descentralizado con autonomía financiera y administrativa, es vista como un avance respecto a su antecesora, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). “Significa pasar de un centro de trámites a uno de gestión”, dice la Dra. Martha Singer, profesora en ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Frente a la percepción de lejanía de la CDI, el nuevo ente contará con un centenar de coordinaciones regionales sobre el terreno para atender al 10% de mexicanos con orígenes indígenas.
El abogado Adelfo Regino, elegido para llevar este nuevo organismo a buen puerto, apunta alto. Su prioridad es que una reforma constitucional retome reivindicaciones históricas como la sexta circunscripción electoral para los pueblos originarios.
La propuesta también incluirá el derecho a la consulta previa y la consideración de los pueblos indígenas como sujetos de “derecho público” y no de “interés público”. Saltar del texto constitucional a la calle supone un desafío. “Tendrán que reformarse algunas leyes secundarias para que esto tenga aplicabilidad en la vida cotidiana”, reconoció.
Regino habla de un “sentido de urgencia”, pero el calendario de la futura reforma aún es difuso. Primero se quiere abrir un proceso de consulta, todavía sin fecha de cierre. “Tenemos que ser respetuosos con los tiempos de nuestros pueblos”, argumentó.
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