El constante aumento de la canasta básica, la violencia económica, la sequía histórica, el desmonte y la falta de políticas públicas: todos los reclamos de las mujeres rurales.

–En marco del Día Internacional de La Mujer, la Asociación de Mujeres de La Tierra (AMUTI) publicó un comunicado que resume todos los reclamos del área de género de las productoras de alimentos, flores, plantas y biodiversidad.

Como principal consigna “La deuda es con nosotras”, en el comunicado se detallan múltiples razones como justificación, nombrando problemáticas que afectan a las mujeres trabajadoras de la tierra en todo el país, como “las productoras frutilleras de Corrientes que cada vez ganan menos por su producción y gastan más en insumos dolarizados”

Rosalia Pellegrini, integrante de la comisión directiva de AMUTI, expresó a ANSOL: “Creo que hay dos puntos muy importantes que nos afectan: uno tiene que ver con el aumento de la canasta básica familiar. En nuestra organización hay muchas compañeras muchas mujeres rurales campesinas que han logrado terminar con vínculos de violencia, sin embargo, no pudieron cortar con la violencia económica de un sistema productivo”.

Asociación de Mujeres de la Tierra: "Ninguna política pública apunta a la mujer rural"
“A los precios de los insumos dolarizados y la falta de tierra también se suma la sequía, estamos en ante una crisis climática”, aseguró Pellegrini. En este sentido, comentó la situación de las trabajadoras cebolleras de Pedro Luro, cuyas producciones se mandan a Brasil y “a ellas se les siguen pagando monedas, 30 pesos el kilo de cebolla”, cuando en el pueblo se accede a “una cebolla de mala calidad a un precio cada vez más alto”.

“Estas son consecuencias del modelo productivo, la falta de planificación productiva, genera que hoy la canasta básica esté por arriba de los 160 mil pesos y por otro lado ese mismo modelo de desmonte ha deteriorado y eso está generando estas olas de calor y una sequía histórica que no da para más. Entonces nosotras decimos: Ahora es cuando reforma agraria en Argentina y un programa de reforestación nacional”, agregó la integrante de la Asociación.

Como otro punto de reclamo, Rosalia Pellegrini destacó: “Seguimos insistiendo que ninguna política pública por parte de los ministerios de las mujeres apunta a la mujer rural. Nosotras hace años que venimos planteando que políticas de igualdad tienen que traducirse en cuestiones concretas como bueno que las mujeres rurales aprendan a manejar y sacan el registro”

“¿Por qué no se puede hacer un convenio entre vialidad, entre los distintos que otorgan la licencia de conducir para que se le dé prioridad a las mujeres que viven en un territorio rural, que no tenés transporte público? Cansadas de exigirlo, desarrollamos nuestro propio curso en convenio con academias de conducción y logramos que nuestras referentes puedan hacer el curso de manejo y este año saquen el registro”, detalló Pellegrini.

Por último, la integrante de la asociación agregó sus dos ejes de trabajo fundamentales, por un lado “la agroecología para reemplazar los insumos dolarizados y dejar de producir alimento con veneno”. Y por otro, contó que están construyendo una red de mujeres productoras de plantas nativas “para proponer una política pública de reforestación nacional en el territorio ante el desmonte. La idea es que el estado le compre al sector de la economía popular las plantas para esa reforestación”.

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Con reclamos de que se destinen más fondos, el Senado le dio media sanción al proyecto que modifica la ley que creó el Programa de Regularizacion Dominial y Asistencia al campesinado. Así se da otro plazo de un año para avanzar con este proceso.

El Senado de Salta (norte argentino) aprobó por unanimidad el proyecto de ley que modifica el artículo 9° de la Ley 7658, del Programa de Regularizacion Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales. De esta manera se prorroga por un año más la suspensión de desalojos.

El artículo 9 quedó redactado ahora de esta forma: “Suspéndase hasta el 31 de diciembre de 2024, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial”

Al momento de presentar la iniciativa, su autor, el senador Miguel Calabró (La Caldera, Evita Conducción), recordó que es “una prórroga más” de una ley “que se viene trabajando en la Legislatura hace más de diez años”. Es la intervención de la Legislatura salteña “para frenar los desalojos compulsivos, legales, de pequeños productores”. Aunque la conflictividad por la tierra se encuentra en todo el territorio provincial, la gran mayoría están concentrados en los departamentos Rivadavia y San Martín.

Calabró repasó que esa conflictividad emergió cuando el boom de la soja, el trigo, el maíz y demás cultivos extensivos, y demás emprendimientos productivos en gran escala, valorizó estas tierras. Señaló también que hay conflictos que comprenden a tierras fiscales, otros en tierras en manos de particulares que tienen títulos de propiedad perfectos y otros en tierras en manos de campesinos y campesinas que tienen la posesión por muchos años, de varias generaciones, pero no cuentan con títulos de propiedad.

"A valorizarse estas tierras", "empresas como la de Gianfranco Macri, la de Molinos Cañuelas, por nombrar algunos, pero hay muchos otros, compraban" propiedades a veces sin visitarlas siquiera, pero sabiendo que podía haber ocupantes, y luego, cuando pretendieron avanzaron con sus proyectos productivos, y desolojar a las familias poseedoras, se suscitaron los conflictos.

Con el agravante de que “Algunos jueces, fundamentalmente del distrito Tartagal", comenzaron a fallar sistemáticamente a favor de los grandes titulares registrales. Por eso urgió la aprobación de esta ley. Calabró afirmó que si no fuera por esta ley "más de 12 mil familias campesinas ya estarían desalojadas".

El año pasado, al prorrogarla por un año, la Legislatura le agregó la creación de una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que se encarga de la regularización dominial en la provincia, un proceso que viene llevándose a cabo de manera lenta, en gran parte, debido a la complejidad de estos procesos, pero también por la falta de recursos para llevar a cabo una política más activa de solución del conflicto.

El senador caldereño explicó que la prórroga se acordó solo por un año más porque "la prórroga en sí misma no resuelve el conflicto dominial”. Pero tampoco lo resuelven los fallos judiciales, y por eso es necesario poner el foco en el trabajo de la UEP, afirmó.

"Si no existiera esta ley habría una gran conflictividad", añadió. Para dar una idea, contó que ahora mismo 67 mil hectáreas se están negociando con unas 80 familias que habitan los lotes 16, 21 y 20 del extenso departamento Rivadavia. Añadió que la Unidad Unidad Ejecutora ya llevó a cabo 16 mesas en las que se sientan a negociar titulares registrales con poseedores. Y hay un caso en que un titular registral negocia con una comunidad originaria.

“(Las y los técnicos de la UEP) Van avanzando, pero necesitan más tiempo, por eso el pedido de esta prórroga”, agregó. Pero también necesitan mayor presupuesto, porque deben hacerse mensuras y planos, se necesitan vehículos para recorrer el territorio. “Este es un proceso que necesita inversión”, insistió Calabró. Esa más, considera que la UEP debería tener una oficina descentralizada, ubicada tentativamente en Embarcación, un lugar a donde poseedores y titulares puedan ir y haya un trato más cercano, que se pueda generar la confianza necesaria para avanzar en este proceso, porque, por distintas razones, “hay una gran desconfianza de los productores".

El senador Walter Wayar (Cachi, FdT), que preside la Comisión de Seguimiento del trabajo de la UEP, recordó a su turno que esta ley abarca a la totalidad de la provincia, entonces comprende distintas problemáticas y distintas formas de encararlas. Explicó que es muy difícil llegar a acuerdos entre privados, y hasta es difícil avanzar en la entrega de tierras estatales. “El resultado es escaso. Necesitaríamos otros 40, 50 años de democracia, para poder resolver el problema, al paso que vamos. Porque es una cuestión de recursos”, aseguró.

Por eso instó: “El Ejecutivo debe pensar en el presupuesto", que debe contemplar un monto que "sirva para empezar a resolver estos problemas. Lo que se necesite, en lo humano, lo tecnológico y en lo financiero". El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para que lo revise.

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A pesar de garantizar alimentos para sus familias y comunidades, la gran mayoría no tiene derechos sobre los territorios que cultiva.

Una investigación realizada por LatFem y WeEffect en torno a las desigualdades en el acceso a la tierra de las mujeres campesinas en América Latina demostró que 7 de cada 10 mujeres rurales tienen acceso a tierra para producir alimentos, pero en sólo 3 de cada 10 casos la tierra está a su nombre.

El informe “Ellas alimentan al mundo”, de reciente publicación, se centra en Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Según la Comisión Interamericana de Mujeres, que pertenece a la Organización de los Estados Americanos (OEA), las mujeres son responsables del 50 por ciento de la fuerza laboral formal de producción de alimentos en el mundo.

Sin embargo, son quienes menos derechos tienen sobre los territorios donde producen. A pesar de garantizar alimentos para sus familias y comunidades, la gran mayoría no tiene derechos sobre los territorios que cultiva.

En ese sentido, el informe explica que para que las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes se conviertan en dueñas de su tierra la mayoría tiene que enviudar, divorciarse o separarse de su pareja. En efecto, el derecho sobre las parcelas es adquirido a través de la herencia, al quedar viudas o huérfanas.

En Bolivia, esto sucede en el 38 por ciento de las encuestadas, en Guatemala representa al 24 por ciento, en El Salvador el 23 por ciento, en Colombia representa al 16 por ciento y en Honduras equivale al 14 por ciento.

El informe expresa además que entre las afrodescendientes, los registros son prácticamente inexistentes. En estas encuestas, solo ocho mujeres de este grupo aparecen como propietarias y de menos de un cuarto de hectárea.

“La falta de acceso y control sobre la tierra impacta directamente sobre la autonomía económica de as mujeres rurales, campesinas, indígenas, originarias y afrodescendientes. También repercute en el ejercicio de otros derechos económicos, políticos, sociales y culturales”, sostiene la investigación.

Testimonios

Ana Rosalía Tiul, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC) en Guatemala incluido en el informe.
“La mujer indígena tendría que tener ese título de propiedad porque es ella la que se mantiene en el hogar, es ella la que lucha, es ella la que vela por la sostenibilidad de su familia, para que a los hijos no les haga falta nada, pero para adueñarse de sus tierras tiene que quedar viuda o divorciada o separada. Solo de esa manera la mujer puede lograr su tierra: no es lo mismo tener la co-propiedad con el esposo”.

Wilma Mendoza Miro, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).

“La tierra significa todo para nosotras porque, sin la tierra, ¿dónde estoy? Nosotras siempre decimos eso: si no tenemos un espacio donde pisar suelo, no somos nadie. La tierra y nuestro territorio es fundamental, y luego podemos hablar de nuestra autonomía, de nuestro territorio personal y de todo lo demás que queramos. La tierra es vida”.

Yasmín López, coordinadora General del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) de Honduras.
“Los desalojos violentos han sido históricos en este país. Con el golpe de Estado en el 2009 se profundizó esta técnica que ya venía dándole resultado a los gobiernos neoliberales, que ha sido una forma de perseguir a los líderes y a las lideresas. La lucha por la tierra en Honduras es una cosa bien difícil, pero es también un tema de sobrevivencia”.

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DOCUMENTO DE POSICION POLITICA DE LAS COMUNIDADES MAPUCHE –
TEHUELCHE Y PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ante las
expresiones vertidas por el gobernador de Chubut, Ignacio Agustín Torres.
1 de febrero de 2024. Provincia de Buenos Aires. Argentina
Distintas comunidades y Pueblos Originarios de la provincia de Buenos Aires, nos
pronunciamos ante la grave situaciónn del incendio en el Parque los Alerces en la ciudad de
Esquel, Provincia de Chubut.
Nos duele profundamente ver dañada la madre tierra con el fuego que la arrasa, y que, sin
dudas, es producto del descuido o intencionalidad. Es desgarrador ver asesinar la naturaleza,
nuestra ñuke mapu (madre tierra) milenaria, cuidada y resguardada por el Pueblo Mapuche-
Tehuelche.
Nos preocupan profundamente las expresiones irresponsables vertidas por el Gobernador del
Chubut, Ignacio Torres, que con tanta facilidad señala que fue el Pueblo Mapuche el
responsable de dicho incendio. Acusa, en particular, a la Comunidad Mapuche “Pillan
Mahuiza”; y en ella, indica a la lamngen (hermana) Moira Millan. Es de tal ignorancia política y
territorial, como mala es la intencionalidad de culpabilizar a la hermana mapuche por los
incendios. El gobernador en sus dichos da por hecho que nuestra lamgen es la autora
intelectual
En sus dichos el gobernador alude a la RAM, organización INEXISTENTE,inventada por los
medios de comunicación y por sectores del gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich,
entre 2015 y 2019.
En el siglo XXI no se pueden sostener semejantes mentiras. Es de suma gravedad que un
mandatario público exprese odio racial a través de los medios de comunicación, como el
diario La Nación. Esto posibilita y profundiza el racismo, hostigamiento y criminalización hacia
el Pueblo Mapuche que hemos sufrido durante más de 120 años. Vemos con mucha
preocupación cómo se acentúa una campaña de estigmatización y difamación, a través de
mentiras y dichos irresponsables, en contra el pueblo Mapuche.
Claramente ésta es otra campaña más de odio racial, orquestada por aquellos descendientes
de los colonizadores que invadieron nuestros territorios por la fuerza, territorios que nos
usurparon, despojaron, y expropiaron. Esos usurpadores continúan con la misma metodología
que usaron los ideólogos fundantes del Estado Nacional, como Domingo Faustino Sarmiento,
Bartolomé Mitre y Julio argentino Roca, ejecutores de la cruel invasión y parcial exterminio de
nuestro pueblo.
Esta campaña de distorsión, difamación y confusión hacia la sociedad argentina sobre la
historia de nuestro pueblo no es casual, está perfectamente pensada en marco de una
coyuntura política que estamos viviendo, dentro del marco de debate por del Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, que intenta imponer el gobierno; con la venta y extranjerización de los territorios. Observamos que se está manipulando a la opinión pública que está
bastante desinformada al respecto. Los incendios en los territorios del sur existen y los
lamentamos. No son nuestros/as hermanos/as quienes queman los bosques y la vida que ellos
resguardan. Para nosotros/as la tierra y los seres que las habitan (humanos/as y no
humanos/as) son nuestros/as hermanos/as (pu lamgen); allí viven los newen (fuerzas) que nos
dan alimento y vida. Por eso hemos vivido durante milenios sin destruir los entornos donde
fuimos paridos por nuestras madres.
Quienes ven en el territorio, sus bosques y cursos de agua un simple “recurso” o “mercancía”
para comprar y vender, no somos nosotros/as. Esa clase de gente que instrumentaliza la vida
humana y los seres que habitan el planeta se llaman “empresarios”, “comerciantes” que basan
su existencia en la ganancia y el negocio. Quemar para ellos el territorio es transformarlo en
tierra ociosa, lista para ser parcelada y vendida. Es el mercado y sus agentes, políticos y
económicos, el que arrasa con la gente y su territorio; no somos el pueblo mapuche.
Repudiamos las expresiones xenófobas de parte del Gobernador y de todos aquellos que
niegan nuestra preexistencia a lo largo de los territorios de la actual República Argentina.
Nos solidarizamos con la lamngen Moira Millán y el LOF PILLAN MANHUIZA, y con todas las
comunidades Indígenas que resisten el despojo de sus territorios en la zona de la Patagonia.
Abrazamos a la Ñuke Mapu, pu newén (fuerzas) de cada territorio, como nos enseñaron
nuestros ancestros y ancestras; resguardando cada lugar, y nos reafirmamos en nuestro andar
con la palabra y el buen vivir.

¡¡Marici weu!! ¡¡Marici weu!!

Firmas de los Pueblos / comunidades que adhieren:

- Comunidad Tribu Ignacio Coliqueo de los Toldos
- Comunidad Trawünko, Punta Indio.
- Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke – Olavarría
- Integrante del grupo Intercultural Wün Reñma de la ciudad de Lobos
-Comunidad Ñuke Mapu, Los Toldos
- Comunidad Mapuche Calfulafken de Carhue
- Comunidad Lof Cayulao, Tres Arroyos
- Colectivo Raíces Originarias (estudiantes, docentes y graduados con raíces originarias) de la
Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).
- Lof Cacique Pincén, Trenque Lauquen
- Comunidad urbana guaraní Mbo'ehara Jasy Rendy de José C. Paz
- Comunidad perteneciente al Pueblo Quechua Ayllu Mink'akuy Tawantinsuyupaq.
Hurlingham, Provincia de Buenos Aires
- Comunidad Multiétnica Tres Ombúes. Cdad. Evita, Provincia de Buenos Aires
- Comunidad Indígena Punta Querandí de Tigre y Escobar.
- Comunidad Guaraní tata GUASU de San Martin- Simón Romero mburuvicha ( presidente)
- Comunidad Guaraní AreteGuasu Bs As.
- Asociación Encuentro Indígena de Tres Arroyos.
- Comunidad Qadhuoqte Pueblo Qom- Rosario Santa Fe.
- Comunidad Mapuche kumelen Newen Mapu de Bahia Blanca.
- Adhiere al documento como organización a nivel nacional EPI KAMBA (ESPACIO
PLURINACIONAL INDIGENA) integrado por las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Entre Ríos,
Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires.
Firmas de Adhesiones de otras instituciones:
- Asociación Civil Radio Comunitaria de Punta Indio
- Ay! La Meme! Medio de comunicación – Junín Pcia Bs As
- Cátedra del Seminario Temático III: Pueblos Originarios, Territorio, Derechos Humanos,
Derechos Culturales e Interculturalidad del UNMa.
- SISAS. Medio de comunicación indígena, antirracista y antipatriarcal.
- Prof. Maria Alejandra Ballester FCH-Unicen
- H.I.J.OS de Punta Indio.
- Martín Raninqueo artista y miembro del CECIM LA PLATA.

La propuesta responde a un exhorto de la Cámara de Diputados para promover, preservar y fortalecer las lenguas indígenas a nivel estatal.

La Paz, Baja California Sur.- En una sesión ordinaria celebrada este jueves, el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por consenso la iniciativa presentada por la diputada Eufrocina López Velasco, que establece que el mes de abril del año 2024 sea designado como “Abril, Mes en el que las Lenguas Indígenas toman Tribuna en Baja California Sur”. Esta conmemoración especial tendrá lugar durante las tres primeras sesiones ordinarias del mencionado mes, en la Sala de Sesiones “General José María Morelos y Pavón”.

La propuesta, respaldada por los legisladores locales, establece que durante las sesiones ordinarias de abril de 2024, se otorgará un espacio a tres personas hablantes de lenguas indígenas que residen en el estado. Estos representantes de los pueblos originarios expresarán en su lengua materna sus opiniones sobre temas cruciales como el uso oficial de las lenguas indígenas, la preservación y recuperación de estas, las políticas públicas para incentivar su uso, la fortaleza cultural de los pueblos originarios, así como la persistente discriminación que enfrentan los hablantes de lenguas originarias.

La diputada Eufrocina López Velasco fundamentó su propuesta haciendo referencia al Oficio del 26 de abril del mismo año, emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. En dicho documento, se exhorta a los Congresos locales a considerar la réplica de la iniciativa “Las lenguas Toman Tribuna”, con el objetivo de promover, preservar y fortalecer las lenguas indígenas en todo el territorio nacional.

Cabe destacar que, como parte de esta conmemoración, todos los documentos oficiales emitidos o remitidos por los tres poderes del Estado o los cinco ayuntamientos durante el mes de abril de 2024 llevarán la leyenda: “Abril, Mes en el que las Lenguas Indígenas Toman Tribuna en Baja California Sur”, en su parte superior. Esta medida busca enfatizar el compromiso del estado en la promoción y valorización de la riqueza lingüística y cultural de sus pueblos indígenas.

 

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